El reciente compromiso de la comunidad internacional para reconocer que los actos de violencia contra las mujeres atentan contra los derechos humanos, acabar con la discriminación de hecho y de derecho de las mujeres y con la impunidad para el uso extendido de la violencia sexual en la guerra y en los conflictos armados fue difícil de asumir en 1998. Tras cobrar importancia después de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos, celebrada en 1993, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, los avances significativos realizados por el movimiento de derechos humanos de la mujer corrían peligro de llegar a un impasse, en vista de que los ataques contra los derechos humanos de la mujer persistieron en 1998.

Pese a estos ataques, en 1998, la presencia y la incidencia de las activistas de los derechos humanos de la mujer contribuyeron sustancialmente a apuntalar las normas de protección de los derechos de la mujer y a garantizar que los artífices de las políticas se sintieran obligados a reconocer e incluso a responder a las violaciones de los derechos de la mujer. Por ejemplo, el Tratado de Roma para la creación de un tribunal penal internacional permanente (TPI, en sus siglas en español) define la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzosa, los embarazos forzosos y la esterilización forzosa como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El mismo tratado condena la persecución en razón de género - una primicia.

Como consecuencia directa de la exhaustividad y la eficacia del movimiento de los derechos humanos de la mujer, países de todo el mundo, así como organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales parecieron entender que los derechos humanos de la mujer no podían ser ignorados por más tiempo. No obstante, en 1998, no siempre se asignaron muchos recursos financieros al avance de los derechos humanos de la mujer, ni la mayoría de las mujeres tuvieron acceso directo a reparación por violaciones de los derechos. Pese a ello, quedó manifiesto que algunos gobiernos e instituciones estaban empezando a integrar los análisis de los movimientos de mujeres con respecto a la relación entre el desarrollo económico, la ausencia de discriminaciones, y el acceso a la justicia tanto en su retórica como en sus programas, aunque no siempre en sus acciones.

Naciones Unidas

De las negociaciones para establecer un tribunal penal internacional hasta el lento recorrido para dar a las víctimas de discriminación sexual el derecho a solicitar reparaciones, haciendo una demanda ante la Comisión sobre la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres (CEDAW), pasando por la imposibilidad de la ONU a mantenerse firme en las negociaciones sobre derechos de la mujer con los talibanes, los estados miembros de la ONU se mostraron reacios a cumplir su promesa de respeto de los derechos humanos para la mujer. Incluso cuando se avanzó fue necesario luchar mucho para lograr la victoria.

En la conferencia diplomática de junio y julio de Roma para crear un tribunal penal internacional, se pidió a los estados miembros que se aseguraran de poner fin a la impunidad de la que gozaban los delitos de género y de violencia sexual como principio básico del tratado. No obstante, esta propuesta clara se vio comprometida desde el principio ya que un pequeño grupo de naciones trabajaba con la Santa Sede para socavar las posibilidades de que el TPI hiciese justicia eficazmente para las víctimas de violencia sexual y de género. Su ataque intentó excluir del tratado una lista en la que se especificaban los delitos de violencia sexual que quedarían cubiertos, sobre todo cualquier referencia al delito de embarazos forzados. Estas iniciativas fueron rechazadas cuando los gobiernos actuaron para poner fin a la ausencia histórica de enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual, especificando esos delitos.

En los últimos días de la negociación, debido sobre todo a la defensa infatigable del Caucus de Mujeres para la Justicia de Género y al apoyo incondicional de Canadá, Bosnia y Australia, se consiguieron tres objetivos fundamentales: la violación y otros delitos de violencia sexual figuraron en la definición de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; las persecuciones en razón de género formaron parte de la definición de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; y el término "género" que había sido criticado por el Vaticano y por un grupo de países de la Liga Árabe, se mantuvo. Pese al uso generalizado del término "género" por las Naciones Unidas durante al menos quince años, el delegado sirio, en representación de su grupo de estados, insistió que el concepto de género ponía en peligro la existencia misma de la civilización, al cuestionar el concepto de que el tratamiento diferente no se justificaba por diferencias biológicas. Pese a las graves fallas del estatuto, sobre todo en los límites de la jurisdicción y la estipulación de exclusión de los crímenes de guerra, el tratado supuso un paso significativo en la lucha para poner fin a la impunidad de los delitos de violencia sexual y de género.

En la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CSW, en sus siglas en inglés) tuvo lugar otra lucha encarnizada, pero esta vez, la justicia llegó a un punto muerto. Cinco años después de que los gobiernos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidieran a la CSW que adoptara un protocolo opcional que daría a las víctimas de discriminación sexual el derecho a interponer una demanda ante la CEDAW, el proceso volvió a estancarse en las negociaciones sobre la habilitación de las organizaciones no gubernamentales para presentar una denuncia ante la CEDAW. De no otorgarse esa habilitación a las ONG, las mujeres podrían sufrir riesgos de represalias por presentar una denuncia ante la CEDAW y, de hecho, a la gran mayoría de las víctimas de discriminación sexual, que carecen de otros opciones a nivel nacional, se le negaría el acceso a la CEDAW para obtener reparación.

Pero recordemos una situación más positiva: se hizo historia cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR, en sus siglas en inglés) declaró culpable a Jean?Paul Akayesu, antiguo alcalde del pueblo de Taba, en Ruanda, de nueve cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Con esta sentencia fue la primera vez que un tribunal internacional castigó la violencia sexual perpetrada en una guerra civil y que la violación se consideró un acto de genocidio. Incluso este importante paso para garantizar la responsabilidad ante los actos de violencia cometidos contra las mujeres se logró únicamente después de una lucha prolongada. Cuando en 1996 se acusó por primera vez a Akayesu, los doce cargos que se le imputaban no incluían la violencia sexual - pese a que Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos habían documentado las violaciones generalizadas durante el genocidio, en particular en el pueblo de Taba. Gracias a la presión ejercida por grupos de derechos internacionales y ruandeses, en 1997, la Oficina del Fiscal enmendó los cargos imputados a Akayesu para incluir la violencia sexual. Durante el juicio a Akayesu, celebrado de manera intermitente del 9 de enero de 1997 al 23 de marzo de 1998, mujeres ruandesas declararon haber sido sometidas a violaciones repetidas por miembros de la milicia en la oficina del pueblo de Taba y en los alrededores, incluso en presencia de Akayesu.

La sentencia de Akayesu no supuso necesariamente un cambio radical a la hora de garantizar que el ICTR seguiría investigando los crímenes de violencia sexual de manera eficaz. A finales de 1998, el ICTR había condenado a treinta y cinco acusados de crímenes de guerra, y sólo dos de ellos (uno de los cuales era Akayesu) por violencia sexual. Este escaso número de condenas por violencia sexual resalta la debilidad de las políticas y las actuaciones del tribunal.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY, en sus siglas en inglés) siguió avanzando lentamente para cumplir su promesa de poner fin a la impunidad por las violaciones cometidas durante la guerra. Desafortunadamente, debido en parte a que la comunidad internacional no arrestó a los autores acusados de infracciones basadas en el género, el trabajo del ICTY se vio frustrado. De los veintisiete hombres acusados públicamente de violencia sexual por el tribunal, tan sólo ocho estaban detenidos cuando esté informe entró en prensa.

En 1998, el ICTY también vivió serios problemas respecto al programa de protección de testigos. El ICTY no ofreció protección a los testigos cuando más la necesitaban, es decir, antes y especialmente después de testificar. Las mujeres refugiadas temían las represalias si se las hacía volver a Bosnia después de haber testificado. Hasta la fecha, el tribunal no se les ha ofrecido garantía alguna de ayuda para intentar conseguir una residencia permanente en un país seguro. La situación de los testigos en Bosnia era más precaria aún. Un alto funcionario del tribunal admitió que no podían "garantizar que la policía local pudiera ofrecer realmente la protección necesaria". Admitió que la intimidación en territorio bosnio "dejó manifiesta nuestra imposibilidad de proteger a la gente".

Dentro de la ONU, los esfuerzos por que los derechos humanos de la mujer formaran parte de la corriente dominante de la organización y, sobre todo, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos siguieron su curso, en el marco más amplio de la reforma de la ONU. Una de las medidas positivas adoptadas por el Secretario-general y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, fue el hincapié en la integración de los derechos humanos de la mujer en todos los múltiples órganos y mecanismos de derechos humanos. En la reunión de abril de la Comisión sobre Derechos Humanos celebrada en Ginebra, se celebró una sesión sin precedentes para examinar con los delegados y las ONG cómo integrar los derechos humanos de la mujer en toda la ONU y cómo facilitar la compartición de conocimientos y información entre los diversos órganos y mecanismos por tratado que están aprendiendo sobre los derechos humanos de la mujer.

No obstante, la ONU carecía de unos principios claros y coherentes con respecto a las violaciones de los derechos humanos contra mujeres, como demostró el hecho de que unas veces se comprometiera a promocionar los derechos básicos de la mujer en Afganistán y otras no. En julio, en negociaciones con los talibanes para permitir que las organizaciones de ayuda entraran en el país, la ONU convino en que los talibanes tuvieran derecho a vetar sus programas y empleados. Igual de sobrecogedor fue que, en mayo, la ONU dejara que los talibanes "hicieran que el acceso de la mujer a los cuidados médicos fuera gradual".

Europa

Varias instituciones europeas dieron pequeños pasos en 1998 para combatir la violencia, la desigualdad y el tráfico de mujeres. La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) respondió a una intensa presión por parte de las ONG internacionales y europeas y nombró una persona encargada de supervisar los derechos humanos de la mujer y garantizar la participación de mujeres en programas de la OSCE. La Unión Europea también tomó medidas para combatir los abusos de los derechos humanos relacionados con el tráfico de mujeres destinadas a prostitución forzosa. Ante los números crecientes de mujeres traficadas de los países de la antigua Unión Soviética y de Europa del Este, el programa para la democracia de la Unión Europea acordó 200.000 ecus (aproximadamente US$168.000) a la Fundación Holandesa contra el Tráfico (STV) en colaboración con La Strada-Polonia, La Strada-Ucrania y La Strada-República Checa. Estas ONG lanzaron campañas de lobbying y de prensa, campañas de prevención y educación, y programas para el respaldo de las víctimas en la región. Con la ayuda de estas ONG, en algunos casos las mujeres traficadas que, de otra manera, habrían sido deportadas como extranjeros ilegales recibieron asilo especial en Europa. Además los gobiernos europeos se comprometieron a una amplia gama de medidas de apoyo en la "Declaración ministerial de la Haya sobre las pautas europeas para tomar medidas eficaces para prevenir y combatir el tráfico de mujeres para su explotación sexual" adoptada en abril de 1997. Aunque varias ONG europeas de derechos humanos aplaudieron la clasificación del tráfico como una "flagrante violación de los derechos humanos de la mujer", criticaron el incumplimiento, por parte de los gobiernos, de los principios enunciados en la Declaración de la Haya.

La Unión Europea y el Consejo de Europa tomaron escasas medidas para influir en determinados países y en sus políticas de derechos humanos con respecto a la mujer. Algunas embajadas ofrecieron pequeñas subvenciones a las ONG que luchaban contra la violencia contra las mujeres en Rusia. En virtud de TACIS, el principal programa de financiación de la Comisión Europea, se concedió una subvención elevada a la Asociación Rusa de Centros de Acogida para Mujeres. No obstante, los estados europeos no cooperaron para hacer centrar sus acciones en la discriminación o los actos de violencia contra la mujer, dos temas de gran preocupación. En vez de ello, siguieron tratando los problemas a medida que iban surgiendo: no hubo ningún programa exhaustivo para coordinar los esfuerzos de la ayuda ni los programas bilaterales con los objetivos más generales de la UE.

Las iniciativas europeas en el Norte de África también reflejaron la escasa prioridad dada a los derechos humanos de la mujer. En 1998, la UE siguió siendo el principal socio comercial de Argelia. Si bien varios países europeos se mostraron alarmados por la escalada de la violencia en ese país, no se sirvieron de su considerable influencia como socios comerciales para presionar a fin de que hubiera una investigación independiente sobre los actos de violencia contra mujeres. Del mismo modo, aunque la UE asignó un presupuesto de US$585 millones a Marruecos para el año fiscal 1996-98, y pese a su financiación de algunos proyectos centrados en el género, la Unión Europea no utilizó su influencia para alentar a Marruecos a acabar con la discriminación de la mujer de hecho y de derecho.

Banco Mundial

En 1998, el nuevo interés del banco por cuestiones de género se quedó estancado a nivel retórico, con escasas excepciones. Pocos programas se centraron en eliminar las barreras a la participación de la mujer en la vida económica y social de sus países. El banco, que ha sostenido sistemáticamente que todas las mujeres se benefician directamente de sus programas de desarrollo y de prevención de la pobreza, no encaró serios impedimentos para los derechos de la mujer, como la discriminación y la violencia que limita su participación y aprovechamiento de esos programas.

El banco sí pidió que se definieran provisionalmente "planes de acción en materia de género" para cada región, pero los derechos de la mujer siguieron siendo marginados en las transacciones del banco. En muchas de las recomendaciones del plan sobre cuestiones de género para Europa y Asia Central (ECA), definido en enero de 1997, se puso de relieve la necesidad de efectuar una investigación adicional, investigación que por ahora no ha sido efectuada. En 1998, el único proyecto sobre género del Banco Mundial en curso en esa región es el de cuidados de los niños en Rumania. Al examinar el plan de acción en materia de género de África se observó que tan sólo a cinco de los cuarenta y ocho "planes de acción en materia de género" específicos se les habían adjudicado partidas presupuestarias para su puesta en práctica.

El banco implantó un proceso de examen sistemático para las estrategias de ayuda por país (CAS): los principales documentos normativos redactados por personal del banco para orientar los planes de asistencia a países de todo el mundo. Pero a menudo, con este sistema, los expertos del banco sobre derechos de la mujer y género sólo podían intervenir una vez que la CAS había sido examinada y aprobada. El equipo encargado de las cuestiones de género, la unidad responsable de la supervisión de la corriente principal sobre este tema, evaluó los documentos CAS a tiempo para poder ejercer una incidencia sustancial tan sólo en una mínima parte de los casos. El equipo encargado de las cuestiones de género, en el que trabajaban principalmente siete empleados del banco, carecía de método alguno para supervisar los presupuestos o los resultados, a fin de determinar si las políticas de género se llevaban a la práctica. En los países en guerra, el banco carecía de procedimiento alguno de examen para las CAS posteriores a la guerra (documentos "de observación") o documentos de planificación. De algunos acontecimientos regionales se pudo concluir que el banco estaba empezando a aplicar realmente su retórica. En Marruecos, el banco determinó que la dificultad del acceso a agua potable era una de las principales causas del analfabetismo de las niñas: efectivamente, en el campo, las niñas no podían ir a la escuela porque se encargaban de ir a buscar el agua para la familia. En el año fiscal 1997?98, el banco asignó US$10 millones para un proyecto sobre el agua potable rural. De un programa de un total de US$560 millones (año fiscal 1996), US$140 millones se dedicaron a las "prioridades sociales", como la educación de las niñas de los pueblos. De este programa se desprende que, bien concebidos, los programas del banco podían establecer las relaciones entre los derechos humanos económicos e individuales de la mujer, pero también quedó claro cuánto camino le queda aún por recorrer al banco. Un funcionario del Banco Mundial admitió que los derechos de la mujer nunca se habían planteado ante las autoridades marroquíes, ni formaban "parte de las prioridades del banco".

En marzo de 1998, el economista principal del banco, Joseph Stiglitz, anunció que el banco efectuaría un informe de investigación sobre las directrices en materia de género que sentaría las bases de un ideario institucional integrado sobre los derechos de la mujer. Se redactó un borrador de este informe y se distribuyó a organizaciones no gubernamentales.

A este informe del banco le precedieron otros sobre los derechos de la mujer, por ejemplo un documento introductorio sobre los actos de violencia contra mujeres. Desafortunadamente, la redacción de documentos parece incidir poco o nada en absoluto consecuencias en las directrices reales del banco.

Estados Unidos

En 1998, se registraron algunos avances para que los derechos humanos de la mujer entraran a formar parte de la política de asuntos exteriores de los Estados Unidos. En una celebración en la Casa Blanca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Presidente y la Sra. Clinton, Madeleine Albright, Secretaria de Estado, y Janet Reno, Fiscala General, hicieron hincapié en que los derechos humanos de la mujer constituían una prioridad en la política interior y exterior e hicieron públicas iniciativas para contrarrestar los actos de violencia contra la mujer y el tráfico de mujeres y niñas. Al mismo tiempo, la experiencia demostró que iniciativas tan discretas no reflejaban una política general ni sistemática sobre los derechos humanos de la mujer. En vez de hacer que los derechos humanos de la mujer fueran considerados fundamentales, como prometieron el Presidente Clinton y la Secretaria de Estado, Albright, los Estados Unidos permitieron que los derechos de la mujer se convirtieran en una baza con la que jugar durante las negociaciones siempre que otros intereses, de comercio, de inversión, o de seguridad nacional, se presentaban.

Quizás el indicio más significativo de la atención prestada a los derechos humanos de la mujer en la política de los Estados Unidos en 1998 fue la mayor notoriedad y papel de la oficina de la coordinadora principal para asuntos internacionales de la mujer Theresa Loar, quien logró que se prestara atención a los derechos humanos de la mujer allí donde nunca había habido un interés por el tema. Por ejemplo, en febrero, la Secretaria de Estado planteó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu el problema del tráfico de mujeres rusas para su prostitución forzosa en Israel. Tras ello, se formó un grupo de trabajo estadounidense e israelí y unidades de la policía en Tel Aviv y Haifa ofrecieron protección y ayuda a las mujeres traficadas. Del mismo modo, en julio, funcionarios de los Estados Unidos presionaron a representantes del Gobierno de Indonesia para que declarasen responsables a los que habían cometido actos de violencia sexual durante y después de las revueltas de mayo.

Sin embargo, en asuntos capitales para la promoción de los derechos humanos de la mujer, sobre todo la discriminación sexual y los actos de violencia contra la mujer, el balance fue desigual. Una de las mayores decepciones se produjo en Roma en la conferencia para establecer un tribunal penal internacional (TPI). Los Estados Unidos no sólo hicieron lo que estuvo en su mano para frustrar la creación de un tribunal independiente y eficaz, sino que no defendieron la importancia de hacer extensiva la justicia a las mujeres víctimas de crímenes de guerra. Cuando el principio de la justicia por razón de género fue atacado por un pequeño grupo de naciones de la Liga Árabe, en estrecha colaboración con la Santa Sede, los Estados Unidos se mantuvieron al margen. Incluso más alarmante fue la oposición de los Estados Unidos a que el tribunal contara con un fiscal independiente y eficiente, absolutamente contraria al supuesto respaldo de los Estados Unidos para acabar con los crímenes de violencia sexual y de género. Los Estados Unidos se opusieron a la institución de un fiscal independiente con poder para iniciar investigaciones sobre la base de la información de las organizaciones no gubernamentales y de otros defensores de los derechos humanos. Esto, pese a las experiencias de los tribunales especiales de Ruanda y la antigua Yugoslavia, que demostraron la necesidad de un fiscal independiente con poder para insistir en investigar los crímenes de violencia contra la mujer cometidos durante conflictos armados, ante la oposición generalizada.

La falta de una política coherente para combatir los actos de violencia contra la mujer supuso la eliminación del asunto de la política exterior, excepto cuando había presiones directas. Por ejemplo, pese a los inquietantes informes sobre secuestros y agresiones sexuales de mujeres por extremistas armados en Argelia, al tratar con los funcionarios argelinos, los Estados Unidos no plantearon ni la violencia contra las mujeres ni la negativa del gobierno a resolver la difícil situación de las víctimas.

Algunos miembros del Congreso sí alzaron sus voces para condenar los diversos actos de violencia contra las mujeres. Mediante comparecencias y la legislación, condenaron la violación contra las mujeres de origen chino en Indonesia y pidieron que se investigaran exhaustivamente los crímenes; pidieron a la administración que la respuesta de los Estados Unidos al tráfico de mujeres y niñas en el país e internacionalmente fuera más firme; y se comprometieron a destacar y responder a la violencia y discriminación de la que son objeto las mujeres y los hombres en razón de su orientación sexual. Además, el Congreso solicitó que el gobierno de los Estados Unidos asignase US$1,5 millones a programas de capacitación para el cumplimiento de la ley sobre la violencia contra la mujer en Rusia en el año fiscal 1999.

En cuanto a discriminación sexual, los Estados Unidos denunciaron en voz alta el extremado sistema de discriminación impuesto por los talibanes a las mujeres de Afganistán, pero tardaron en presionar para que se pusiera fin a la discriminación en otros países donde seguía siendo un problema crucial. Los Estados Unidos, por ejemplo, no estaban dispuestos a abordar el asunto de la discriminación sexual cometida por las compañías estadounidenses en el extranjero y condonada por un socio comercial fundamental, México. Tan solo después de que organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas pidieran a la Oficina Nacional Administrativa de los Estados Unidos (U.S. NAO, es decir, la oficina encargada de examinar las denuncias contra México y Canadá, en virtud del Tratado de Libre Comercio), el gobierno de los Estados Unidos prestó atención a la extendida discriminación por razón de embarazo practicada en el sector de procesamiento para la exportación de México. Después de que la U.S. NAO descubriera a principios de 1998 que las alegaciones de discriminación sexual hechas por Human Rights Watch eran ciertas, como siguiente paso en el proceso de la U.S. NAO, los Estados Unidos prepararon un encuentro entre el Secretario de Trabajo, Alexis Herman y su homólogo mexicano para obtener aclaraciones sobre la obligación y el historial de México a la hora de aplicar las protecciones laborales de la mujer. A fines de octubre, el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con México en cuanto a los términos de las consultas sobre discriminación sexual. Ahora bien, en el acuerdo no se incluyó explícitamente la negociación de la discriminación por razones de embarazo en los procesos de contratación, pese a que sigue tratándose de una práctica generalizada y que, según las conclusiones de la U.S. NAO en enero de 1998, es un problema fundamental. Antes bien, el acuerdo le brinda a México, mediante seminarios, conferencias y otras reuniones públicas, una nueva ocasión de eludir sus responsabilidades.

Incluso en Afganistán, la posición de los Estados Unidos arrojó resultados desiguales. Los altos funcionarios estadounidenses afirmaron que los Estados Unidos no reconocerían a ningún gobierno afgano hasta que se respetaran los derechos fundamentales de la mujer. Sin embargo, cuando las Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento con los talibanes en mayo de 1998 a cambio de la posibilidad de que la ONU no trabajara en el país para que las mujeres y niñas accedieran a la educación y a los cuidados médicos, los Estados Unidos no dijeron una palabra.

Los Estados Unidos también demostraron que carecían de una política clara y coherente contra la discriminación por razones de sexo, al no reconocer, por ejemplo, que en otros países las mujeres eran tratadas como menores ante la ley durante todas sus vidas o que se les denegaba el acceso a la propiedad compartida con sus esposos. En Argelia, donde la lucha de las mujeres por reformar el discriminatorio código de la familia continuó pese a la escalada del conflicto, los Estados Unidos reconocieron los esfuerzos reformistas, pero no presionaron para que se produjera la reforma ni ofrecieron apoyo directo a las mujeres que luchaban por la igualdad. Del mismo modo, en Marruecos, los Estados Unidos prácticamente ignoraron los derechos de la mujer en las transacciones con el gobierno, considerado un importante baluarte contra el extremismo y un defensor de las políticas estadounidenses en el Oriente Medio. Los Estados Unidos sí apoyaron programas de poca envergadura destinados a mejorar el analfabetismo, los servicios médicos y la participación económica de la mujer, pero ninguno de estos aspectos resolvieron la desigualdad fundamental de la mujer ante la ley.

Otra manera clave de medir el compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos de la mujer, su actuación dentro de sus propias fronteras, resultó decepcionante en 1998. Los Estados Unidos reconocieron el problema de los actos de violencia contra las prisioneras, invitando a Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, para que investigara los abusos de los derechos humanos de las mujeres detenidas. El Departamento de Estado trabajó con la ONU y con los gobiernos de varios estados para garantizar que tendría acceso a las instalaciones y la ocasión de hablar con las mujeres detenidas. No obstante, en la Instalación para Mujeres de Valley State, en California, donde se denunciaron casos de acoso sexual en repetidas ocasiones y de agresiones sexuales de las mujeres en unidades especiales, a la relatora especial no se le permitió hablar con las mujeres de la unidad. En Michigan, el gobernador le retiró el permiso para visitar las prisiones y hablar con las mujeres, la víspera de la fecha en que tenía prevista su visita, lo que resultó especialmente preocupante a la luz de las continuas denuncias de abuso sexual y de represalias contra las mujeres a manos de los guardas.

Al mismo tiempo, pese al avance sustancial en el Congreso de cara a la adopción de una legislación federal para luchar contra los abusos sexuales de las mujeres en prisión, el Departamento de Justicia se opuso a la creación de un mecanismo eficaz para dar seguimiento a las denuncias de abuso presentadas por las mujeres e iniciar investigaciones conforme a la Ley sobre los Derechos Civiles de las Personas Encarceladas. Para las mujeres que se hallaban en cárceles federales, había buenas noticias: la Oficina federal de Prisiones convino en dejar de alojar a las mujeres prisioneras en las instalaciones de los hombres y en establecer un procedimiento eficaz de presentación agente de quejas que permitiera a las mujeres denunciar casos de abuso y agresiones sexuales sin riesgo de represalias por parte de los guardas nombrados.

Tanto el Congreso como el gobierno dejaron que los Estados Unidos iniciaran el año 1999 sin ratificar un tratado esencial sobre los derechos humanos de la mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Presidente y la Secretaria de Estado hicieron un llamamiento al Senado para que se pronunciara, llamamiento que fue ignorado durante mucho tiempo por el Senador Jesse Helms, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pese a ello, el Gobierno no tomó ninguna medida perceptible para hacer avanzar el proceso político.