Con el objetivo declarado de luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos ha armado, entrenado, y asesorado a las fuerzas armadas colombianas, a pesar de su desastroso historial en materia de derechos humanos. Fortalecidos por los años de apoyo estadounidense, las fuerzas armadas colombianas y sus socios paramilitares han librado, en cambio, una guerra contra la guerrilla y los sospechosos de apoyarla dentro de la sociedad civil; como miembros de partidos políticos legales, sindicalistas, activistas comunitarios, y observadores de derechos humanos. En lugar de dedicarse a enfrentar el creciente costo humano de esta guerra, Estados Unidos aparentemente ha hecho oídos sordos ante los abusos y se está dedicando a aumentar las entregas de ayuda militar, como armamento, a Colombia.

Cuando el apoyo militar estadounidense a El Salvador decayó a finales de los ochenta y principios de los noventa, Colombia se convirtió en el primer receptor del hemisferio de ayuda militar estadounidense. Desde 1989, Estados Unidos ha entregado a Colombia 322 millones de dólares en ayuda militar, casi toda a fondo perdido.⁽²⁹¹⁾

Estados Unidos no sólo tuvo un papel inquietante al apoyar la reorganización de la inteligencia militar, que desembocó en graves violaciones de los derechos humanos; sino que la ayuda, armas, equipo, y formación de Estados Unidos, concebidas para la lucha antidroga, han sido destinados en cambio a unidades implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, un hecho que Estados Unidos conoce pero que no ha denunciado. Además, oficiales colombianos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos han recibido formación de EE.UU., como entrenamiento patrocinado por la CIA en Panamá y en la Escuela de la Américas, y han sido instructores en la Escuela de las Américas y en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C.

Las ventas de armas de Estados Unidos a Colombia no solamente continúan sin cortapisas, sino van a alcanzar un récord histórico. La ayuda militar estadounidense a Colombia ha sido utilizada para compras de armas a los Estados Unidos, que totalizaron 73 millones de dólares en el año fiscal 1992, 45 millones en el año fiscal 1993, 88 millones en el año fiscal 1994, y 31 millones en el año fiscal 1995. El Pentágono estima que en el año fiscal 1996 habrá ventas por valor de 84 millones de dólares, y en el año fiscal 1997 de 123 millones -- la cifra más alta hasta ahora.⁽²⁹²⁾

Mientras que la retórica de la campaña presidencial estadounidense se enfocaba en las drogas, la Administración Clinton informó al Congreso de su intención de vender doce helicópteros Black Hawk, veinticuatro ametralladoras M-60, 920.000 balas de 7,62 mm. (M80), y otros materiales al Ejército de Colombia, por un valor total de 169 millones de dólares.⁽²⁹³⁾ En la sesión sobre la propuesta de venta, funcionarios de la administración admitieron que el ejército colombiano no tenía ninguna obligación de utilizar la ayuda exclusivamente para fines antidroga. Cuando el Congresista Lee Hamilton (demócrata por Indiana) preguntó si los helicópteros podrían ser utilizados "100 por cien para contra insurgencia" si así lo decidía el ejército colombiano, el Asistente del Secretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, Robert Gelbard, le respondió: "En teoría, podrían."⁽²⁹⁴⁾ Aunque algunos congresistas expresaron sus reservas, el Congreso no bloqueó la venta.

Posteriormente, la Administración Clinton anunció que enviaría al ejército Colombiano gratuitamente, sirviéndose del poder especial presidencial para decretar entregas de excedentes, nueve lanchas de patrullaje fluvial, materiales de comunicación, equipo de campo, y vehículos para entrenamiento y servicio, por un valor de 40 millones de dólares, y ostensiblemente para operaciones antidroga.⁽²⁹⁵⁾

Es más, se prevé que a estas entregas a fondo perdido y ventas de armas de gobierno a gobierno se sumen suministros significativos procedentes de los canales privados comerciales de armamento (directamente de las compañías privadas estadounidenses a Colombia). Habitualmente, durante la década pasada, los suministros comerciales de armas a Colombia sólo han llegado a uno o dos millones de dólares por año, sin embargo se han estimado oficialmente para el año fiscal 1996 en 35 millones, y en 21 millones para el año fiscal 1997.⁽²⁹⁶⁾

De hecho, funcionarios de la administración alegan ahora que la lucha antidroga y la contra insurgencia forman parte de la misma estrategia. En una entrevista con Human Rights Watch en 1995, el General Barry McCaffrey, entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos, sugirió que ya que tanto el ELN como las FARC participan en el tráfico de drogas, las operaciones de contrainsurgencia y antidroga son "dos caras de la misma moneda" y ambas merecen el apoyo de Estados Unidos.⁽²⁹⁷⁾

Una carta del Departamento de Defensa de EE.UU. al Senador Sam Nunn (demócrata por Georgia) explica:

En ciertas regiones de Colombia, guerrilleros y narcotraficantes suelen estar localizados en la misma área y tienen una relación cada vez más simbiótica. Los traficantes utilizan a la guerrilla para protección, y a cambio, los guerrilleros reciben financiación de los traficantes. En algunas áreas, la guerrilla también está realmente involucrada en los cultivos ilícitos (tanto de amapola de opio como de coca), en el procesamiento de la droga, y en el transporte tanto de drogas como de precursores y esenciales químicos. Tanto las unidades policiales como las militares que participan en misiones antidroga se han encontrado con la guerrilla cuando estaban cumpliendo con su deber.⁽²⁹⁸⁾

Human Rights Watch no discute que algunos guerrilleros puedan estar participando en el tráfico de drogas. Sin embargo, no se puede utilizar esta actividad para ignorar -- o apoyar encubiertamente -- la campaña de las fuerzas armadas colombianas contra la disidencia política.

De hecho, los funcionarios estadounidenses saben perfectamente que existen abusos a los derechos humanos en Colombia y el riesgo que supone enviar armamento a las fuerzas armadas colombianas. En 1994, Amnistía Internacional publicó un informe en el que solicitaba a Estados Unidos que suspendiera la ayuda militar a Colombia hasta que pudiera garantizar al Congreso de EE.UU. que no estaba llegando ninguna ayuda a las unidades implicadas en abusos a los derechos humanos. Aunque el Gobierno de Estados Unidos desmintió que la ayuda llegara a dichas unidades, se inició una investigación partiendo de una lista de unidades suministrada por Amnistía.⁽²⁹⁹⁾

Tres semanas después de que Amnistía solicitara la suspensión de la ayuda, el Juez Militar de Instrucción, Coronel Warren D. Hall III, envió un memorándum a sus superiores en el que evaluaba esta información. El memorándum es importante porque demuestra que los funcionarios estadounidenses no sólo son sensibles al peligro que supone armar y entrenar a unidades militares que violan los derechos humanos, sino que también son conscientes de las relaciones militar-paramilitares. El memorándum alerta de que la ayuda y capacitación estadounidenses pueden ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos, con posibles consecuencias "legales y políticas:

a. Las tácticas de infantería ligera que enseñan las tropas especiales de EE.UU. durante las misiones de entrenamiento antidroga pueden también ser utilizadas por las Fuerzas Armadas de Colombia dentro de sus esfuerzos contrainsurgentes. Si se despliega a las fuerzas del país anfitrión, entrenadas por USSOUTHCOM para conducir misiones antidroga, en misiones contrainsurgentes durante las cuales se cometan violaciones de los derechos humanos, existe la posibilidad de que Estados Unidos sea objeto de criticas.

b. Se produce un problema similar con relación al equipo suministrado para mejorar las capacidades antidroga del país anfitrión. Puede ser utilizado en operaciones contrainsurgentes durante las que pueden producirse violaciones de los derechos humanos. Existen varias limitaciones con relación al destino final de los equipos que se suministran a los países anfitriones. Sin embargo, el conflicto en Colombia involucra a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Colombia en el combate contra guerrilleros y narcotraficantes, con la participación de grupos paramilitares que apoyan a las diferentes partes en conflicto.⁽³⁰⁰⁾

Hall señala que bajo estas circunstancias no es "realista esperar que el ejército se limite a utilizar el equipo para operaciones contra narcotraficantes."⁽³⁰¹⁾

De hecho, según nuestra información, ninguna unidad de las fuerzas armadas colombianas se dedica exclusivamente a combatir narcotráfico. Hasta ahora, unidades que participan casi exclusivamente en operaciones contra insurgentes han recibido ayuda militar de EE.UU. concebida para la lucha antidroga. Según una investigación complementaria, iniciada al parecer por el Embajador Myles Frechette, la Misión Militar de Estados Unidos informó de que la Primera, Tercera, Quinta, Decimotercera, y Decimocuarta Brigadas; las Brigadas Móviles No. 1 y 2; y los Batallones Tarqui, José Hilario López, Numancia, Luciano D'Elhuyar, Ricuarte, Palacé, y La Popa -- todos ellos implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones asociadas con paramilitares, algunas de ellas descritas en este informe -- han recibido ayuda militar; incluidos vehículos militares, ametralladoras M-60 y M-60E3, pistolas, lanzagranadas, munición del calibre 7,62 mm. y 9 mm., y minas Claymore.⁽³⁰²⁾

Por poner un ejemplo, tan sólo el Batallón Palacé llevó a cabo las masacres de Trujillo y Riofrío, descritas en la sección sobre la impunidad. Las dos masacres, en las que fueron asesinadas al menos 120 personas, siguen claramente sin castigo.

Desde 1990, el año en que la comisión de asesores estadounidenses presentó recomendaciones para la reorganización de la inteligencia militar colombiana, el armamento estadounidense que llegó a manos del Ejército y Armada de Colombia incluyó: 2.020 pistolas M-9, 426 rifles M-16A2, 945 ametralladoras M-60E3, y 255 escopetas, así como varios vehículos militares y equipo de comunicaciones.⁽³⁰³⁾Entre 1990 y 1994, la Embajada de Estados Unidos informó de que el programa de asistencia de seguridad para el ejército colombiano había tenido un valor total aproximado de 66 millones de dólares.⁽³⁰⁴⁾

El año 1991, cuando se puso en vigor el plan de reorganización de la inteligencia militar colombiana, fue excepcional para las entregas de armas estadounidenses a la Armada e Infantería de Colombia: 10.000 rifles M-14, 700 rifles M-16, 623 lanzagranadas M-79, 325 ametralladoras M-60, 26.000 granadas de 60 mm., 20.000 granadas de 40 mm., 37.000 granadas de mano, 3.000 minas Claymore, y unas quince millones de balas para rifle.⁽³⁰⁵⁾

Según la Misión Militar de Estados Unidos, las unidades móviles reciben aún más entrenamiento y equipo de EE.UU., como la Brigada Móvil No. 1 y la Cuarta División de Meta; la Tercera Brigada de Cali; la Cuarta Brigada de Medellín; la Sexta Brigada de Ibague; la Octava Brigada de Armenia, Valle; la Novena Brigada de Neiva; la Décimo Primera de Antioquia; la Décimo Sexta Brigada de Yopal, Arauca; y las tres unidades de las Fuerzas Especiales.⁽³⁰⁶⁾ Todas estas unidades se dedican principalmente a labores de contrainsurgencia, y no a la lucha antidroga, y la mayoría han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos.

En total, por lo menos veinticuatro unidades del Ejército de Colombia, con un número significativo de tropas y dedicadas principalmente a las labores de contra insurgencia, recibieron armamento de Estados Unidos.

El abuso potencial por parte de las unidades de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos de la ayuda militar y el armamento estadounidenses ha sido una antigua preocupación de Human Rights Watch y de otros grupos nacionales e internacionales. En 1990, escribimos: "El comportamiento [de las fuerzas de seguridad colombianas] en las operaciones de contra insurgencia y seguridad interna hace que no sean merecedoras de ayuda, sea cual sea su comportamiento en operaciones antidroga."⁽³⁰⁷⁾

En respuesta a dicha crítica, el Congreso de EE.UU. intentó limitar la ayuda militar a las unidades que participan "principalmente" en operaciones antidroga, y no contra insurgentes, partiendo de la creencia de que las unidades anti narcóticos no hacen abusos a los derechos humanos. Con esta disposición, los legisladores esperaban poder poner una barrera entre las unidades antidroga y las unidades contra insurgentes. En 1994 y cada año desde entonces, el Congreso de EE.UU. ha exigido por ley, que para que Colombia reciba ayuda militar el Secretario de Estado debe certificar que los fondos se utilizaran "principalmente en actividades antidroga."⁽³⁰⁸⁾

Sin embargo, el Informe de 1994 del Ejército de Estados Unidos de Control del Uso Final (U.S. Military End-Use Monitoring Report) -- publicados después de las investigaciones que reconocían que unidades implicadas en violaciones de los derechos humanos habían recibido ayuda de Estados Unidos -- certificó que Colombia estaba cumpliendo con las leyes estadounidenses que limitan las ventas de armas y que "la asistencia de Estados Unidos se está utilizando efectivamente en actividades antidroga."⁽³⁰⁹⁾

Queda claro que dichas inspecciones no garantizan que la ayuda no está siendo utilizada para cometer violaciones de los derechos humanos o por las unidades que las cometen. Tampoco demuestran claramente que el ejército colombiano no transfiere armamento proveniente de Estados Unidos a fuerzas paramilitares.⁽³¹⁰⁾

Los equipos estadounidenses que conducen dichas inspecciones tampoco han hecho ningún esfuerzo concreto por investigar (o comentar en sus informes) casos en curso de derechos humanos cuando visitaron las bases sospechosas de albergar actividad paramilitar.⁽³¹¹⁾

En septiembre de 1996, con la intención de reforzar la protección a los derechos humanos, el Senador Leahy añadió texto adicional a las leyes que rigen la asignación del Departamento de Estado de los programas de control internacional de narcóticos. La llamada "Ley Leahy," puesta en vigor el 30 de septiembre de 1996, estipula que la financiación de unidades concretas antidroga "debe ser suspendida si el Secretario de Estado tienen pruebas creíbles que demuestran que dicha unidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, a no ser que el Secretario determine e informe al Comité de Asignaciones (Appropiations Committee) que el gobierno de dicho país está emprendiendo iniciativas para llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones."⁽³¹²⁾

Aunque recibimos con agrado la iniciativa del Senador Leahy, creemos que las leyes actuales estadounidenses sobre la asistencia militar, incluida la asistencia antidroga, siguen sin cumplir con los estándares mínimos necesarios para la protección de los derechos humanos. Los legisladores estadounidenses ya no pueden alegar que limitar la ayuda y el entrenamiento militar a las unidades de las fuerzas de seguridad que participan "principalmente" en actividades antidroga ayuda a la disminución del apoyo a las fuerzas abusivas; tampoco pueden argumentar que la simple "toma de iniciativas" para lleva a los oficiales denunciados ante la justicia supone una detención eficaz de los abusos. Aunque está claro que dichas iniciativas son necesarias, consideramos que Estados Unidos debe poner el listón más alto. Lo primero y más importante es que Estados Unidos reclame un cese de los abusos a los derechos humanos por parte de las fuezas armadas colombianas y sus socios paramilitares, antes de reiniciar la ayuda. Si la Administración Clinton se toma en serio la defensa y promoción de los derechos humanos, debe emprender inmediatamente iniciativas para garantizar que no se destina ninguna ayuda adicional a las fuerzas involucradas en una práctica sistemática de abusos.

Algunas unidades militares colombianas portan otras armas estadounidenses, como los rifles semiautomáticos AR-15. El Gobierno de Colombia los compra directamente a firmas de EE.UU., que tienen licencia del Departamento de Estado para vender armas. Por ejemplo, de 1989 a 1993, el Departamento de Estado emitió treinta y nueve licencias de exportación de armas ligeras a Colombia a firmas estadounidenses, por un valor total de 643.785 dólares.⁽³¹³⁾ El Departamento de Estado, basándose en la propiedad de la información, ha clasificado los detalles sobre estas ventas, a pesar de la preocupación porque estas armas lleguen a manos de grupos conocidos por sus abusos a los derechos humanos. No obstante, se sabe que las cifras anteriores incluyen la venta de rifles AR-15 producidos por Colt Manufacturing Company en West Hartford, Connecticut, que tiene permanentemente en Colombia a un representante de ventas.⁽³¹⁴⁾ Las fuerzas paramilitares colombianas utilizan habitualmente los rifles AR-15, a pesar de que están prohibidos para el uso civil.⁽³¹⁵⁾

Human Rights Watch también ha obtenido el calendario de delegaciones de la Misión Militar de EE.UU. para el año fiscal 1996, incluido en el Apéndice 3. Éste demuestra que el personal militar estadounidense sigue asesorando y capacitando a las fuerzas armadas colombianas, incluida la Armada, y que trabaja en áreas donde los militares se asocian con paramilitares. Estados Unidos desplazó a Colombia a dos equipos compuestos por cincuenta y dos miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. para trabajar en dos misiones que empezaban a partir de enero y abril. La misión consistía en capacitar a los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia en capacidades de "mando subalterno" en combate. De las cuarenta misiones programadas para 1996, en las que participan 231 asesores militares y de inteligencia del Ejército de EE.UU., cuarenta y dos de ellas, en las que participan noventa y siete asesores, son de apoyo a la Armada. Estas misiones incluyen el destacamento de una oficina de la Inteligencia de la Armada de EE.UU. dentro de la Armada de Colombia, con sede en Santafé de Bogotá.⁽³¹⁶⁾

La Dirección de Operaciones de la CIA (CIA Directorate of Operations) también ha patrocinado entrenamiento, en Panamá, por parte de los Boinas Verdes de EE.UU. a unidades de las Fuerzas Especiales del ejército colombiano, ostensiblemente para la lucha antidroga.⁽³¹⁷⁾

En Colombia, los asesores militares estadounidenses también han impartido clases en la base del Ejército Colombiana en Cimitarra, Santander, a pesar de que los documentos de las autoridades de la ley colombianas citados en este informe han identificado claramente esta ciudad como centro de concentración de la asociación militar-paramilitares, con centros de entrenamiento cerca de bases militares. En 1995, funcionarios estadounidenses, entre ellos el Embajador Myles Frechette y el oficial de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos, volaron a Cimitarra para observar los entrenamientos.⁽³¹⁸⁾

Aunque en los últimos años, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha instruido a su propio personal para que informen de cualquier posible abuso a los derechos humanos que puedan observar, hasta la fecha, esta política ha tenido aparentemente muy pocos resultados. El año pasado, el Comando Sur de Estados Unidos, al mando del General McCaffrey, publicó nuevas directivas para el escenario de operaciones. Uno de los objetivos es:

garantizar que todo el personal militar estadounidense asignado a USSOUTHCOM o desplegado en el área de responsabilidad entiende su responsabilidad de objetar a cualquier posible abuso a los derechos humanos e informar de éste, sin importar la identidad de la víctima o el perpetrador.⁽³¹⁹⁾

El General McCaffrey también entregó a cada oficial y soldado bajo sus órdenes una tarjeta de tamaño carné titulada "Southcom Reporting Procedures: The Five Rs of Human Rights" (Procedimientos para los informes de Southcom: Las cinco erres de derechos humanos). Estas son: Recognize, Refrain, React, Record y Report (reconocer, abstenerse, reaccionar, registrar e informar). De manera similar, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, encabezada por el Embajador Myles Frechette, ha establecido un comité de coordinación en materia de derechos humanos que se reúne todas las semanas para discutir temas relacionados con los derechos humanos.⁽³²⁰⁾

Además, Human Rights Watch tiene informaciones fidedignas que demuestran que los servicios de inteligencia de Estados Unidos interceptan y graban regularmente las conversaciones por radio y teléfono celular de conocidos paramilitares, que también son narcotraficantes; en las que puede que hablen sobre asesinatos en el pasado, coordinaciones con los militares, y planes futuros. Aunque en el pasado, Estados Unidos compartió información con la Fiscalía de Colombia para procesar judicialmente a narcotraficantes; hasta donde sabemos, la información similar sobre paramilitares y sus capos militares nunca se ha entregado a las autoridades colombianas.⁽³²¹⁾

En una entrevista con Human Rights Watch, el Coronel Thomas R. Carstens, Comandante de la Misión Asesora Militar de Estados Unidos, comentó: "Nunca he hablado de paramilitares con [los colombianos]."⁽³²²⁾

Aunque, durante esta investigación, algunos funcionarios estadounidenses hablaron con Human Rights Watch sobre posibles abusos, nos dijeron que sus carreras podrían resentirse si informaban de ellos a sus superiores, como les habían instruido. "Dicen que están preocupados por los derechos humanos, pero no es cierto," dijo uno de ellos. "Te dicen que informes [sobre los abusos], pero realmente no quieren saber nada sobre eso," dijo otro.⁽³²³⁾

Dentro de este modelo de comentarios, el Embajador de Estados Unidos Frechette afirmó a Human Rights Watch: "Ocasionalmente, comandantes locales u oficiales deciden colaborar con grupos paramilitares. [Pero] no tengo ninguna información de que sea algo institucional."⁽³²⁴⁾

La Escuela de las Américas

Muchos de los mismos oficiales colombianos sospechosos de haber organizado y trabajado con los paramilitares, cuyos nombres se mencionan en este informe, estudiaron en la Escuela de las Américas, que operó en Panamá hasta que en 1984 se trasladó a Fort Benning, Georgia. Según documentos que recientemente han sido publicados por el Pentágono, en aquel tiempo, varios de ellos siguieron un plan de estudios que incluía manuales de entrenamiento que recomendaban a los soldados utilizar el soborno, y la tortura con los insurgentes. Aunque el Pentágono alega que ha destruido todos los materiales que contienen dichas recomendaciones, no está claro cuántos de ellos están todavía en manos del ejército colombiano.⁽³²⁵⁾

Entre los graduados de la Escuela de las Américas están:

- el General Harold Bedoya Pizarro, Comandante de las Fuerzas Armadas, estudió inteligencia militar en 1965 y fue profesor invitado en 1979.⁽³²⁶⁾ Bedoya también recibió capacitación en inteligencia militar en Fort Chaffee, Arizona.⁽³²⁷⁾ Bedoya sigue defendiendo públicamente a los paramilitares de la región del Chucurí;

- el General Manuel José Bonett Locarno, Comandante del Ejército, asistió a las clases en 1981.⁽³²⁸⁾ Reiteradamente, Bonett no ha investigado las denuncias de la relación de sus tropas con los paramilitares o permitido a los investigadores civiles que lo hagan, ni siquiera entre 1989 y 1990 cuando era el comandante de la Tercera Brigada, responsable del área de Trujillo, departamento del Valle, cuando estaban teniendo lugar los asesinatos de Trujillo;⁽³²⁹⁾

- el General Marino Gutiérrez Isaza, comandante de la Cuarta División en 1995, recibió un curso de inteligencia militar en 1973 y fue profesor invitado en 1985. El puesto de Gutiérrez al mando de la Cuarta División coincidió con la aparición de 'Serpiente Negra," un grupo paramilitar que, según se ha informado, dirige Victor Carranza;

- el General (ret.) Luis Eduardo Roca Maichel asistió a las clases en 1987. Cuando era Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Roca firmó la Orden 200-05/91;

- el General (ret.) Álvaro Hernán Velandia Hurtado asistió a las clases en 1980. En 1995, Velandia fue suspendido por la desaparición, en 1987, de Nydia Erika Bautista y ha sido relacionado con la actividad paramilitar en el Magdalena Medio;

- el General (ret.) Farouk Yanine Díaz asistió a las clases en 1969. En 1984, cuando era comandante de la Decimocuarta Brigada, Yanine fue relacionado con MAS, pero nunca fue investigado oficialmente. Se hicieron acusaciones similares contra él en 1988, cuando estaba al mando de la Segunda División. Sin embargo, Yanine nunca fue investigado oficialmente.⁽³³⁰⁾ En 1996, Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "Vladimiro," un líder paramilitar sentenciado a treinta años de cárcel por su participación en el asesinato de doce funcionarios judiciales en las cercanías de La Rochela, departamento de Santander, ofreció a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía suficiente información como para emitir una orden de arresto contra el General Yanine por su participación en los asesinatos por parte de paramilitares de diecinueve agentes de ventas en el Magdalena Medio, en 1987.⁽³³¹⁾ Después de su retiro, el General Yanine dio clases en el Colegio Interamericano de Defensa hasta que regresó a Colombia en octubre de 1996, donde se entregó a las autoridades civiles para que lo interrogaran.

- el Teniente Coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez recibió cursos de inteligencia militar en 1968. Posteriormente participó en las masacres de La Honduras/La Negra y Riofrío.

El Mayor Martel del Ejército de Estados Unidos, uno de los voceros de la Escuela de las Américas, dijo a Human Rights Watch que "ya no se ofrecen cursos de contrainsurgencia." Sin embargo, la mayoría de los graduados colombianos asistieron a otros cursos, como inteligencia militar. Martel dijo que, actualmente "hay sobre todo colombianos asistiendo a los cursos antidroga."⁽³³²⁾ Todos los oficiales nombrados anteriormente, a excepción de Becerra, también fueron agregados militares de la Embajada de Colombia en Washington, D.C..⁽³³³⁾

Human Rights Watch no está sugiriendo que toda la asistencia de Estados Unidos a Colombia ha contribuido a las violaciones de los derechos humanos. Una de sus influencias positivas ha sido el veto por parte de un equipo de la Embajada de Estados Unidos a oficiales colombianos que quieren asistir a cursos de capacitación en EE.UU.. En coordinación con el Ministerio de Defensa de Colombia, el equipo elimina de la lista de candidatos a los oficiales militares que han sido acusados por los investigadores del Gobierno de Colombia de cometer algún crimen. Ya que la capacitación en Estados Unidos se valora altamente y es esencial para ascender en la carrera militar, los oficiales del ejército colombiano se toman en serio dicho veto.⁽³³⁴⁾ El proceso de veto puede ayudar también a entender porqué algunos oficiales militares están escribiendo cartas defendiendo sus acciones, cuando aparecen pruebas que sugieren que unidades bajo su mando podrían haber cometido abusos.⁽³³⁵⁾

Sin embargo, también consideramos que Estados Unidos debe aumentar la presión sobre las fuerzas armadas colombianas, suspendiendo también los visados a oficiales con antecedentes de abusos a los derechos humanos. Incluso ahora, los oficiales implicados en crímenes graves viajan libremente a Estados Unidos. Además, Estados Unidos debe seleccionar no sólo a los individuos, sino también a las unidades involucradas en una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos, como el Batallón Luciano D'Elhuyar.⁽³³⁶⁾ Dichas unidades no deben recibir capacitación ni equipos hasta que el Gobierno de Colombia pueda aportar pruebas convincentes de que no sólo se han investigado completamente sus abusos en el pasado y se ha castigado a los responsables, sino también de que hay una supervisión eficaz para evitar que cometan abusos similares.

291. Se incluye la ayuda del año fiscal 1989 al año fiscal 1995. La ayuda ha sido entregada a fondo perdido, a excepción de un préstamo de 20 millones en el año fiscal 1991. La ayuda se entrega a través de la Financiación a Ejércitos Extranjeros (Foreign Military Financing), la fusión MAP, y los programas IMET, así como a través de la autoridad presidencial para hacer entregas de emergencia contemplada en la Sección 506 del Decreto de Asistencia al Extranjero (Foreign Assistance Act) de 1961. Agencia de Asistencia a la Seguridad (Security Assistance Agency) del Departamento de Defensa de EE.UU., Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance Facts, As of September 30, 1995 (Ventas a ejércitos extranjeros, ventas para la construcción de ejército extranjeros y datos sobre la asistencia militar, a 30 de septiembre de 1995) (1996).

292. Debido sobre todo a la preocupación del Congreso por el historial en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia, la ayuda militar disminuyó en los últimos años, de 56 millones en el año fiscal 1992, a 30 millones en el año fiscal 1993, a 8 millones en el año fiscal 1994, y a 10 millones en el año fiscal 1995. La falta percibida de cooperación a las iniciativas antinarcóticos condujo a la limitación de la ayuda militar para los años fiscales 1996 y 1997 a 900.000 dólares entregados a través del Programa Internacional de Educación y Capacitación Militar (International Military Education and Training Program). Ver presupuesto de la Administración de Defensa para Asistencia a la Seguridad (Defense Security Assistance Administration, DSAA) para los años fiscales 92-95. Las estimaciones para los años fiscales 96 y 97 son del Departamento de Estado de EE.UU., Congressional Presentation for Foreign Operations, Fiscal Year 1997 (Presentación ante el Congreso sobre las operaciones internacionales, año fiscal 1997), pág. 455.

293. Transmisión No. 96-71, "Notice of Proposed Issuance of Letter of Offer Pursuant to Section 36 (b) (1) of the Arms Export Control Act" (Comunicado sobre la propuesta de emitir una carta de oferta de acuerdo a la Sección 36 (b) (1) del Decreto sobre Control de la Exportación de Armas), entregada al Congreso de Estados Unidos el 12 de septiembre de 1996.

294. Transcripción de la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso (House International Relations Committee), Federal News Service, 11 de septiembre de 1996. (Traducción de HRW).

295. La Sección 506 (a) del Decreto de Ayuda al Extranjero (Foreign Assistance Act) otorga al Presidente la autoridad de dedicar hasta 75 millones de dólares por año fiscal en artículos, servicios, y capacitación para asistencia al control internacional de narcóticos. La Casa Blanca, "Fact Sheet: Defense Drawdowns to Aid Foreign Anti-Drug Programs" (Datos sobre las entregas en materia de defensa para ayudar a los programas extranjeros antidroga), 24 de septiembre de 1996.

296. Ibíd, pág. 461.

297. Entrevista de Human Rights Watch, Quarry Heights, Panamá, 30 de marzo de 1995. McCaffrey, conocido ahora como el zar de la droga (drug czar), se retiró posteriormente del ejército y dirige la consejería presidencial especial para antinarcóticos, un puesto que todavía ocupaba al cierre de este informe.

298. Carta del Departamento de Defensa de EE.UU. al Senador Nunn, 26 de agosto de 1994.

299. Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional EE.UU., 29 de octubre de 1996.

300. Departamento de Defensa, Comando Sur de Estados Unidos, Memorándum para el Comandante en Jefe, 8 de abril de 1994.

301. Ibíd.

302. "Equipment acquired through U.S. grants" (Equipo adquirido con financiación estadounidense), informe de la Misión Militar de Estados Unidos, 1994.

303. 1994 EUM Phase II Report for Colombia (Fase II del Informe sobre el Uso Final para Colombia).

304. 1994 End-Use Report, 1995.

305. End Use Monitoring (EUM) Report on Weapons and Munitions [for 1991] (Informe del Uso Final de Armas y Municiones [para 1991]).

306. 1994 End-Use Report, 1995.

307. Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, págs. 129-136, 133.

308. Ley Pública 103-306, 23 de agosto de 1994, 108 STAT. 1621.

309. 1994 End-Use Repot, 1995.

310. Tanto el Departamento de Estado como él de Defensa, de manera a cumplir con la exigencia de la utilización sea principalmente para fines antidroga, conducen inspecciones periódicas y redactan informes anuales sobre la comprobación del destino final. La Misión Militar de Estados Unidos ha elaborado informes sobre el destino final (aunque todavía no nos lo ha entregado todos) cada año, desde 1990. Según los informes que Human Rights Watch pudo revisar, toda la asistencia del Departamento de Defensa se ha contabilizado sobre el papel. Estas evaluaciones se basan en "inspecciones bimensuales sobre el terreno de las instalaciones colombianas" por parte de los oficiales de la Misión Militar, acompañados "habitualmente," por "observadores de la sección política de la embajada." Su finalidad es identificar "la localización del equipo suministrado por EE.UU. y distribuido a los destacamentos, como mínimo a nivel de las brigadas." Carta al Senador Nunn, 26 de agosto de 1994. (Traducción de HRW).

311. 1994 End-Use Report, 1995.

312. Ley Leahy, puesta en vigor el 30 de septiembre de 1996.

313. Cifras de la Agencia para el Control de Armas y el Desarme (Arms Control and Disarmament Agency), como se informa en "A Review of Arms Export Licensing" (Una revisión de las licencias a la exportación de armas), Comité de Asuntos Gubernamentales (Committee on Governmental Affairs), Senado de Estados Unidos, 15 de junio de 1994, pág. 37.

314. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Servicio de Atención al Cliente de Colt Manufacturing Company, West Hartford, Connecticut, 25 de marzo de 1996.

315. Entrevistas de Human Rights Watch con agentes de la ley colombianos, septiembre de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente nos impide revelar más datos.

316. Lista de misiones de la Misión Militar de Estados Unidos en Colombia (USMILGP COLOMBIA).

317. Entrevistas de Human Rights Watch con tres oficiales de la ley colombianos, septiembre de 1995. Nuestro acuerdo con la fuente no nos permite dar más datos.

318. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Susan Abeyta, Embajada de Estados Unidos, 28 de septiembre de 1995.

319. Política en materia de Derechos Humanos de USSOUTHCOM, Memorándum Político No. 1-95, 16 de junio de 1995, Comandante en Jefe, General McCaffrey.

320. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.

321. El acuerdo de compartir información en los casos de narcotráfico está suspendido y siendo revisado actualmente. "Colombia: Prosecutor General Meets Visiting U.S. Official", FBIS, El Tiempo, 5 de junio de 1996.

322. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 24 de agosto de 1995.

323. Entrevistas de Human Rights Watch con funcionarios estadounidenses, Santafé de Bogotá y Quarry Heights, Panamá, 1995.

324. Entrevista de Human Rights Watch, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.

325. Steven Lee Myers, "Old U.S. Army Manuals for Latin Officers Urged Rights Abuses", New York Times, 22 de septiembre de 1996.

326. Ejército Nacional, Hoja de Vida, Harold Bedoya Pizarro.

327. Entrevista de Human Rights Watch con el General Bedoya, Santafé de Bogotá, 20 de octubre de 1995.

328. En los expedientes de la Washington Office on Latin America hay una lista de los oficiales colombianos que se graduaron en la Escuela de las Américas.

329. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs 71-72.

330. Ibíd., págs. 371-373.

331. "¡ Acusado!" Semana, 3 a 10 de septiembre de 1996, págs. 24-28.

332. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 20 de febrero de 1996.

333. OMCT y otros, Terrorismo de Estado, págs. 59, 72, 166, 278, 373.

334. Entrevista de Human Rights Watch con el Capitán Rodrigo Cañas, Medellín, 5 de julio de 1996.

335. Una de esas cartas, que se cita en la sección de este informe sobre la Red de la Inteligencia de la Armada de Barrancabermeja, fue escrita por el General Marino Gutiérrez después de que una unidad bajo su mando fuera acusada de la desaparición de cuatro miembros de los escuadrones de la muerte de la Armada, que habían sido capturados en un control de carreteras del ejército.

336. Memorándum del Comando del Grupo Militar de EE.UU. (COMUSMILGP) a través del Subdirector de la Misión (Deputy Chief-of-Mission, DCM) al Embajador [Myles] Frechette; "Subject: U.S. ARMY Training and Equipping of COLAR [Colombian Army] Units accused of Human Rights violations" (Motivo: entrenamiento y entrega de equipo por parte del Ejército de Estados Unidos a las Unidades del Ejército de Colombia acusadas de violaciones de los derechos humanos); 11 de agosto de 1994.

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CAPÍTULO VII

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