Violaciones a los Derechos Humanos y la Guerra Anti-Drogas


(New York: Human Rights Watch, 1995)

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

El Presidente Clinton, al igual que sus predecesores republicanos, ha convertido a los países andinos de Bolivia, Colombia y Perú en el foco de su estrategia internacional anti-drogas. Dentro de esta triada, Bolivia (que ocupa el segundo lugar después de Perú como productor de hoja de coca, y el segundo puesto después Colombia como productor de cocaína refinada) ha sido el mayor receptor de asistencia, personal y presión anti-drogas por parte de los EE. UU. El impacto de todos estos factores sobre Bolivia no puede ser mayor: el gobierno boliviano ha aprobado leyes, creado instituciones y adoptado estrategias anti-drogas delineadas por los intereses estadounidenses, y que dependen del financiamiento de este país. Los EE. UU. financian y equipan a la policía especial anti-drogas boliviana, y tienen destacado a un gran número de agentes de la Agencia de Lucha Anti-Drogas (DEA, siglas en inglés) en Bolivia para entrenarla y asesorarla. Los Estados Unidos también financian y brindan asistencia técnica a todas las agencias bolivianas que participan en actividades anti-drogas.

Robert Gelbard, Sub-Secretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, insiste en que "la asistencia anti-drogas [estadounidense] puede ser una fuerza poderosa para lograr el avance, en lugar de retardar, los objetivos de derechos humanos en el continente..."(1) Sin embargo, la asistencia anti-drogas de los EE.UU. en Bolivia ha apoyado programas y políticas empañados por graves abusos a los derechos humanos:

  • Según la Ley 1008, que regula los esfuerzos anti-drogas en el país, los ciudadanos bolivianos acusados por delitos relacionados al tráfico de drogas, cualquiera sea la magnitud de la acusación, son encarcelados sin derecho a libertad previa al juicio y deben, en el caso de ser exculpados, permanecer en prisión hasta que la sentencia del tribunal sea revisada por la Corte Suprema, proceso que a veces tarda años. Durante ese tiempo, los prisioneros son mantenidos en cárceles que ofrecen condiciones de hacinamiento y miseria escandalosas.

  •  
  • En el Chapare, área rural donde se cultiva la mayor cantidad de hoja de coca y se produce el mayor volumen de pasta básica de cocaína, la policía anti-drogas abusa contra la población, ingresando sin autorización en sus viviendas en mitad de la noche, practicando registros a personas y propiedades a su entera voluntad, maltratando e incluso golpeando a los pobladores, robando sus bienes y dinero. Los arrestos y detenciones arbitrarios son cosa de rutina.

  •  
  • Varios ciudadanos bolivianos detenidos bajo cargos de narcotráfico afirman haber sufrido abusos por parte de miembros de las fuerzas del orden de su país. También aseguran que la DEA es cómplice en interrogatorios donde se perpetran abusos. El personal de la DEA reconoce que no interviene para poner alto a los abusos que se cometen.

  •  
  • La impunidad es la norma ante los abusos cometidos por la policía anti-drogas. Hasta las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura, son rara vez investigadas. Las acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte de agentes de la DEA ni siquiera merecen respuesta. Un velo de impunidad diplomática y secreto institucional impide la investigación y fiscalización públicas.

  •  
Las autoridades bolivianas y estadounidenses presentan excusas o tratan de justificar las violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra anti-drogas. Altos funcionarios bolivianos reconocen la existencia de profundos problemas respecto a la Ley 1008, pero insisten en que los EE. UU., que han impulsado la promulgación de la legislación, se opondrían a reformarla. Por su parte, las autoridades estadounidenses reconocen que en la Ley 1008 hay aspectos inconsistentes con los derechos a la libertad personal y debido proceso, pero les preocupa que cualquier reforma legislativa a los dispositivos que infringen tales principios vaya acompañada por esfuerzos para debilitar el marco sustancial de la ley, la cual sostiene a todas las actividades anti-drogas del país.

Las autoridades estadounidenses desestiman o restan importancia a los abusos cometidos por las fuerzas anti-drogas bolivianas que reciben apoyo de los EE. UU. En cierta medida, ello es el resultado de una comparación de los antecedentes recientes de Bolivia en materia de derechos humanos, con otros países de la región andina. Desde el término del gobierno militar en 1982, Bolivia se ha visto mayormente libre de graves incidentes de violencia política y abusos a los derechos humanos;(2) es preciso reconocer que Bolivia ha estado a salvo de las brutales masacres y desapariciones que han plagado a Colombia y Perú.(3) Sin embargo, la actitud de los EE. UU. parece reflejar una decisión de no apartarse de la meta principal de luchar contra el tráfico de drogas, y una voluntad de omitir las violaciones a los derechos humanos que aparecen en la búsqueda de tal objetivo. Cuando Human Rights Watch/Americas preguntó a un alto funcionario de la DEA en Bolivia sobre la realización de interrogatorios donde se perpetran abusos por parte de la policía boliviana, éste reconoció el problema pero dijo simplemente que "los bolivianos tienen su manera de hacer las cosas" y que "no nos corresponde interferir". Las autoridades estadounidenses están muy al tanto de la fama de "ladrones y rufianes" de que goza la UMOPAR, policía anti-drogas rural, pero se resisten a hacer valer la influencia de los EE. UU. para presionar por reformas adecuadas. Los esfuerzos realizados por los EE. UU. para mejorar el historial de UMOPAR en materia de derechos humanos ha consistido básicamente en incluir un componente de derechos humanos en la capacitación básica de la agencia, tratar de asegurarse de que los puestos principales sean ocupados por "buenos hombres", y tomar parte en supervisión específica, necesariamente limitada a los casos más flagrantes.

Human Rights Watch/Americas considera que los Estados Unidos deben prestar más atención al problema de la conducta abusiva por parte de la policía anti-drogas. No descartamos, sin embargo, la importancia de los esfuerzos estadounidenses en otras áreas relacionadas a los derechos humanos. El financiamiento y asistencia técnica por parte de los EE. UU. contribuyen al fortalecimiento de las instituciones que pueden favorecer la adhesión al imperio de la ley en Bolivia. Los Estados Unidos han proporcionado asistencia técnica y financiamiento para modernizar y mejorar la eficiencia y efectividad de los tribunales bolivianos que actualmente trabajan bajo anacrónicos sistemas de manejo de casos y anticuados procedimientos legales, para profesionalizar la capacidad investigativa y de acopio de información de inteligencia policial, y para capacitar a fiscales sobre cómo organizar procesos legales contundentes respaldados por evidencias sólidas. Además, los EE. UU. están brindando asistencia técnica para ayudar a desarrollar el recientemente creado sistema de defensores públicos.

* * *

Después de más de un siglo de inestabilidad política, incluyendo 20 años de gobierno militar que acabaron en 1982, Bolivia ha iniciado recientemente la difícil tarea de consolidar un gobierno democrático. Promover tal esfuerzo es uno de los principales objetivos de política exterior estadounidense en Bolivia, el cual, en opinión de las autoridades de los EE.UU., es complementado por el objetivo de la lucha anti-drogas. De hecho, al justificar ante el Congreso su última solicitud de fondos para Bolivia del presupuesto de la Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, el Departamento de Estado insistió en que "ni una democracia más robusta ni una economía estable y floreciente son posibles bajo las constantes amenazas del crimen, violencia y corrupción vinculados a las drogas, abuso Interno de estupefacientes y daño ambiental causado por la producción y tráfico ilegal de narcóticos".(4)

No hay duda de que el tráfico de drogas amenaza la democracia y el imperio de la ley en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina. El narcotráfico subvierte y corrompe las esferas de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas. Sin embargo, también es cierto que, tal como lo reconocen algunas autoridades estadounidenses y bolivianas, las actividades anti-drogas que no respetan los derechos humanos pueden en sí mismas subvertir el objetivo mayor de promover los valores democráticos.

Hechos recientes ocurridos en Bolivia subrayan los riesgos que las actividades anti-drogas suponen para la democracia y el respeto a los derechos humanos, y el papel desafortunado que los EE.UU. juegan en exacerbar tales peligros. El 2 de marzo pasado, los EE.UU. informaron a Bolivia que cortarían la asistencia a este país y votarían en contra del otorgamiento de préstamos por parte de la banca multilateral si el gobierno boliviano no adoptaba ciertas medidas anti-drogas, incluyendo la erradicación de 1,750 hectáreas de cocales antes del 30 de junio. Tal ultimátum, que provocó furor en los círculos políticos bolivianos, llegó en momentos en que el gobierno de ese país se encontraba ya fuertemente apremiado por otras tensiones políticas domésticas. El 18 de abril, en medio de tensiones políticas crecientes, el gobierno declaró un estado de sitio, suspendió ciertas garantías constitucionales y empezó a tender un cerco alrededor de los dirigentes sindicales que tenían un papel destacado en la oposición pública a iniciativas gubernamentales. No disponemos de cifras precisas, pero se estima que aproximadamente 400 personas fueron arrestadas; la mayoría fueron detenidas administrativamente y enviadas --sin acusación previa o revisión judicial-- a establecimientos públicos, incluyendo cuarteles militares ubicados en zonas remotas del país.

El gobierno supuestamente declaró el estado de sitio para poner fin a las violentas manifestaciones perpetradas por los sindicatos de maestros. Pero también empleó la suspensión de las garantías constitucionales para silenciar a quienes se opusieran a la realización de las acciones anti-drogas exigidas por los EE.UU. Entre los detenidos se encontraban dirigentes de los campesinos cocaleros que habían luchado contra los intentos de erradicación del gobierno. El claro intento del gobierno era emplear la detención de estos dirigentes para ejercer presión sobre los cocaleros y sus aliados políticos en el marco de un debate sobre cómo respondería el gobierno ante el ultimátum de los EE. UU.

Creemos que el estado de sitio ilustra un patrón más amplio empleado en Bolivia, a través del cual la presión estadounidense por mostrar resultados en la lucha anti-drogas puede subvertir el imperio de la ley. Presionados con la pérdida del crítico apoyo económico por parte de los EE. UU. si no se decidían a combatir el cultivo de la hoja de coca, pero sin contar con un fuerte apoyo popular en favor de tal medida, el gobierno boliviano ha reaccionado eludiendo su obligación internacional de proteger los derechos humanos de su pueblo.

En momentos en que este documento ingresa a prensa, todos los detenidos bajo el estado de sitio habían sido liberados. La suspensión de las libertades bajo el estado de sitio debe concluir a mediados de julio, cuando expira el período de 90 días para la concesión de poderes de emergencia según la Constitución boliviana.

* * *

En este informe, Human Rights Watch/Americas evalúa el impacto que las políticas anti-drogas tienen sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Nos concentramos principalmente en los efectos de la Ley 1008 y en el respeto a los derechos humanos en la región del Chapare, que produce la mayor parte de la hoja de coca en Bolivia destinada a la producción de cocaína.

El gobierno boliviano tiene, por supuesto, la responsabilidad primordial por garantizar que sus agentes y leyes cumplan con las disposiciones internacionales de derechos humanos. Pero el gobierno de los Estados Unidos también es responsable por asegurar que sus funcionarios no facilitan o aprueban violaciones a los derechos humanos. Hay muchas reformas que mejorarían el respeto a los derechos humanos como parte de los operativos anti- drogas en Bolivia. Human Rights Watch/Americas considera que los siguientes son primeros pasos indispensables y practicables:

  • Reforma de la Ley 1008, y su aplicación. La Ley 1008 debe ser enmendada de modo que: 1) permita la libertad previa al juicio de personas acusadas por violaciones de las leyes anti-drogas, sujeta a las garantías necesarias para la comparecencia de los acusados ante los tribunales; y 2) de manera especial, solicitamos la liberación de los detenidos declarados inocentes durante el período en que sus veredictos exculpatorios estén siendo revisados por el sistema judicial, tal como manda la ley.

  •  
  • Criterios para registros y allanamientos. El personal anti-drogas debe desarrollar y aplicar estrictamente lineamentos claros para la determinación de las circunstancias en que el registro de personas y domicilios, así como los arrestos, son razonables.
  • Identificación de los agentes del orden. Se debe exigir que el personal anti-drogas porte insignias con sus nombres inscritos en ellas para que los ciudadanos puedan identificarlos.

  •  
  • Revisión y reforma de denuncias, y procedimientos disciplinarios. Debe crearse una comisión conformada por civiles (incluyendo líderes de la comunidad, activistas de derechos humanos y abogados defensores), funcionarios de las fuerzas del orden y representantes del Ministerio de Justicia y la Oficina del Procurador General, entre otros, para investigar la eficacia de los procedimientos internos existentes en la prevención de violaciones a los derechos humanos como parte de las operaciones anti-drogas, así como para disciplinar a los agentes anti-drogas que cometen abusos. Dicho panel debe hacer públicas recomendaciones sobre reformas. Entre otras reformas, recomendamos encarecidamente: 1) el establecimiento de procedimientos de denuncia adecuados, accesibles y ampliamente publicitados a través de los cuales el gobierno boliviano pueda recibir denuncias de abusos perpetrados por agentes del orden; 2) la asignación de un número adecuado de personal capacitado para investigar tales denuncias; y 3) la revelación pública de los hallazgos y resultados de las investigaciones administrativas. Asimismo, recomendamos desarrollar mecanismos para la participación de la ciudadanía en el proceso de revisión de denuncias.

  •  
  • Supervisión de Procedimientos Disciplinarios. El Ministerio de Justicia o el Defensor del Pueblo (de crearse según lo autorizado por la Constitución)(5) deben tener la facultad permanente de supervisión para garantizar el funcionamiento adecuado de los mecanismos disciplinarios internos del personal anti-drogas.

  •  
  • Presentación de Informes sobre Casos de Derechos Humanos. Deben prepararse informes periódicos sobre la situación de casos de supuestos abusos contra civiles por parte de agentes anti- drogas, que sean ventilados a través de procedimientos disciplinarios internos o que puedan haber sido puestos en manos de los tribunales. Tales informes deben darse a conocer públicamente y ser compartidos con la Embajada de los EE. UU.

  •  
Human Rights Watch/Americas hace un llamado al gobierno boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos mientras traza sus políticas nacionales anti-drogas, y urge al gobierno estadounidense a valerse de su influencia para fortalecer la voluntad y capacidad de su contraparte boliviana para el logro de este fin. Los EE. UU. deberían, cuando menos, insistir en el establecimiento de mecanismos para asegurar la investigación y procesamiento adecuado de casos de abusos por parte de las fuerzas anti-drogas que financian. Deben asimismo actuar enérgicamente — a nivel tanto público como privado — para buscar la eliminación de leyes y procedimientos que vulneran los derechos fundamentales de los bolivianos, cualquiera sea el objetivo anti-drogas a que sirvan dichas medidas.
CAPÍTULO II — ANTECEDENTES

1. Declaración de Robert Gelbard, Sub-Secretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, 22 de junio de 1994.

2. En consecuencia, las organizaciones internacionales de derechos humanos han prestado poca atención a Bolivia. Human Rights Watch/Americas publicó previamente dos informes cortos sobre Bolivia, ambos referidos al juicio contra el dictador General Luis García Meza. Ver los informes de Americas Watch "Bolivia: The Trial of Responsibilities; The García Meza Tejada Trial" [Bolivia: El Juicio de Responsabilidades; Juicio a Luis García Meza] (New York: Human Rights Watch, 1993); y "Bolivia: Almost Nine Years and Still No Verdict in the 'Trial of Responsibilities'" [Bolivia: Casi Nueve Años y Aún No Hay un Veredicto en el "Juicio de Responsabilidades"] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1992).

3. Human Rights Watch/Americas ha informado ampliamente sobre violaciones a los derechos humanos en Perú y Colombia, especialmente las ocurridas en el contexto de las tácticas de "guerra sucia" implementadas por el gobierno y fuerzas paramilitares contra la subversión. Ver, por ejemplo, los informes de Americas Watch titulados "State of War: Political Violence & Counterinsurgency in Colombia" [Estado de Guerra: Violencia Política y Contra-Insurgencia en Colombia] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993); "Political Murder and Reform in Colombia: The Violence Continues" [Asesinato Político y Reforma en Colombia: La Violencia Continúa] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1992); "The 'Drug War' in Colombia: The Neglected Tragedy of Political Violence" [La Guerra Anti-Drogas en Colombia: La Tragedia Olvidada de la Violencia Política] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1990); "Peru: Anatomy of a Cover-up. The Disappearences at La Cantuta" [Perú: Anatomía de un Encubrimiento. Las Desapariciones de La Cantuta] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993); "Human Rights in Peru: One Year After Fujimori's Coup" [Derechos Humanos en el Perú: Un Año Después del Golpe de Fujimori] (New York: Human Rights Watch/Americas, 1993).

4. Presentación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden ante el Congreso de los EE.UU. para el año fiscal 1996 (Washington: Departamento de Estado de los EE.UU., 1995), p. 1.

5. Según la Constitución boliviana, el Defensor del Pueblo tendría la responsabilidad expresa de velar por los derechos humanos y promover el respeto de los mismos por parte de las autoridades públicas. Ver Constitución Política del Estado, artículos 127-131.


CAPÍTULO II — ANTECEDENTES
REGRESAR AL PRINCIPIO
Copyright Human Rights Watch 2000, 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118 Estados Unidos