Venezuela

Carta al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías

Washington, D.C., 30 de junio de 2004

Su Excelencia
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República
República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Caracas - Venezuela

Vía fax: 58212 806 3221

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación por la respuesta de su gobierno al informe de Human Rights Watch sobre las amenazas contra la independencia del Poder Judicial en Venezuela, que presentamos días atrás en la ciudad de Caracas. En lugar de responder al contenido de dicho informe, altos funcionarios de su gobierno recurrieron a una serie de infundios y acusaciones absurdas en mi contra y de la organización que represento.

Nuestro informe, titulado "Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela", examina los serios riesgos que afectan la independencia del sistema judicial venezolano y sus consecuencias sobre el Estado de Derecho. Específicamente, se describe nuestra preocupación por la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo que entró en vigencia el mes pasado. Esta ley permite que por mayoría simple la Asamblea Nacional cope de adeptos y purgue al Tribunal Supremo, socavando de esa manera la independencia del sistema judicial por medios que violan los principios fundamentales de la Constitución de Venezuela y el derecho internacional de los derechos humanos. El informe subraya cómo la ocupación política del Tribunal Supremo agravará aún más la falta de independencia de los jueces, quienes en su gran mayoría no gozan de estabilidad en sus cargos.

De otra parte, en el informe se expresa que Venezuela está a tiempo para salvar la independencia del sistema judicial y con ese propósito se recomiendan medidas urgentes que Su Excelencia y sus aliados en la Asamblea Nacional deberían adoptar para evitar un grave e irreparable daño a un poder del Estado. En concreto, creemos que es fundamental que se suspenda la implementación de la nueva ley y se deroguen las disposiciones que permiten el control político del más alto tribunal de justicia de Venezuela.

Ofrecimos la oportunidad de discutir nuestras conclusiones y recomendaciones directamente con S. E. y sus principales ministros, y escuchar sus puntos de vista sobre este importante asunto. Por esta razón, antes de viajar a Venezuela solicitamos entrevistas con el Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, el Ministro del Interior y de Justicia, Lucas Enrique Rincón Romero, el Canciller Jesús Arnaldo Pérez y con Su Excelencia. Lamentablemente, sólo el Canciller aceptó recibirnos, sin embargo canceló la reunión horas antes de la cita prevista.

El Canciller, además, señaló que no habíamos viajado a Venezuela "a dialogar, sino a proferir acusaciones sin fundamento". No obstante, fue él quien canceló la entrevista que concertamos para discutir el informe. Mientras tanto, el Vicepresidente Rangel, quien también se abstuvo de dialogar con Human Rights Watch, y aún sin conocer el contenido del informe, respondió con injurias y calificativos como "mercenario al servicio de los poderes imperiales" y "vocero del gobierno de George Bush", llegando al absurdo de inventarme conexiones con los servicios de inteligencia de Pinochet.

Los descalificativos del Vicepresidente contra Human Rights Watch y contra mí, en el sentido que representamos intereses del gobierno de Estados Unidos, resultan insólitos para cualquier persona elementalmente informada del desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional. Durante más de 20 años, Human Rights Watch ha sido uno de los críticos más rigurosos de las políticas norteamericanas que afectan la protección de los derechos humanos. Desde que George W. Bush llegó a la presidencia, hemos producido 27 informes que documentan abusos contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos, en comparación con dos informes sobre Venezuela que hemos publicado en este mismo período. Esos informes sobre Estados Unidos, entre otros asuntos, critican al gobierno actual por el trato contra los prisioneros de guerra y los presuntos terroristas detenidos en Guantánamo y otras partes del mundo. En su momento nuestras críticas también comprendieron las declaraciones del gobierno de Bush cuando responsabilizó a S. E. del golpe de estado de abril de 2002.

La acusación más reciente de su Vicepresidente en mi contra, sobre supuestas conexiones con la policía del General Pinochet, es igualmente infame. Durante más de 20 años, he participado activamente en iniciativas para llevar ante la justicia a Pinochet y a miembros de sus servicios de seguridad por las atrocidades cometidas durante la dictadura militar. Mi compromiso con la defensa de los derechos humanos en Chile y en el hemisferio es un asunto de dominio público.

Los agravios del Vicepresidente no sólo reflejan, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia de su parte, sino que afectan gravemente la credibilidad de su propio gobierno ante la comunidad internacional. Espero que S. E. repudie públicamente esas declaraciones y le recomiende que se abstenga de proferir acusaciones similares en el futuro.

Confiamos que S. E. y los miembros más razonables de su gobierno opten por atender de manera responsable y efectiva las graves denuncias que hemos formulado en nuestro informe, y se adopten medidas en el breve plazo para evitar el control político sobre el Poder Judicial. Al respecto, quisiera reiterar nuestra disposición a establecer un diálogo constructivo y respetuoso con las autoridades del gobierno de S.E.

Atentamente,

/s/
José Miguel Vivanco

Cc: Dr. José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República
Cc: Dr. Jesús Arnaldo Pérez, Ministro de Relaciones Exteriores
Cc. Gen. Jorge García Carneiro, Ministro de Defensa
Cc. Gen. Lucas Rincón Romero, Ministro del Interior y Justicia
Cc. Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República
Cc: Dr. Jesse Chacón, Ministro de Comunicación e Información
Cc. Dr. Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo


INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL AMENAZADA EN VENEZUELA (17 de junio de 2004)
LEÁ EL INFORME — MANIPULANDO EL ESTADO DE DERECHO
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
REGRESAR