Colombia

Carta al Presidente Uribe

21 de abril de 2003

Washington, D.C.

S.E. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Carrera. 5a No. 15-80. Palacio de Nariño
Bogotá D.C., COLOMBIA

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E con el fin de solicitar tenga a bien disponer las medidas que estime pertinentes para garantizar que los organismos defensores de los derechos humanos puedan desarrollar sus actividades en defensa y promoción de estos derechos en un clima de respeto y tolerancia y no de persecución.

Formulo esta petición debido al grave riesgo que representa para la seguridad de dichos organismos la acusación continua y cada vez más reiterada de supuestos vínculos entre ONG de derechos humanos y guerrillas. Tales acusaciones han sido formuladas por diplomáticos, altos mandos militares y algunos particulares que, de una u otra forma, se encuentran en posiciones cercanas a las altas esferas oficiales del Gobierno de S.E.

En este sentido, cabe destacar el caso del Brigadier General José Arturo Camelo, Director Ejecutivo de la Dirección de Justicia Penal Militar, quien durante una conferencia auspiciada por el Ejército de los Estados Unidos y celebrada en Washington, D.C., el 10 de abril del presente año, acusó a las ONG de derechos humanos de llevar a cabo una "guerra jurídica" contra los militares. Más aún, denunció que dichas organizaciones eran "amigas de la subversión" y que formaban parte de una estrategia coordinada por las guerrillas.

Desafortunadamente estos pronunciamientos no son aislados. El actual Embajador de Colombia en Portugal, Sr. Plinio Apuleyo Mendoza, cuenta con un extenso record de acusaciones infundadas y ofensivas contra fiscales y organizaciones de derechos humanos, especialmente contra Human Rights Watch, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".

Para citar simplemente un ejemplo, después de aceptar su designación como representante diplomático en Lisboa del gobierno de S.E., el señor Apuleyo Mendoza publicó una columna de despedida el 24 de noviembre de 2002 en El Espectador en la cual afirmó:

    Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos encontraron su alma gemela en el marxista chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (...) En el caso de Vivanco se comprende tal fobia, pues, adolescente aún, debió haber quedado marcado para siempre por los desafueros atroces del general Pinochet y de sus compañeros de armas. Sólo que, llevado por un secreto furor vindicativo, ha hecho extensiva tal fobia a los militares colombianos. De esta manera, lograron enjuiciar a los mejores oficiales del Ejército, para alegría de Tirofijo y del Mono Jojoy.

En múltiples ocasiones los infundios del señor Apuleyo Mendoza han sido rectificados por Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas.

Como S.E. recordará, en una reunión que celebramos el año pasado en su despacho en el Palacio de Nariño, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de varios fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que estaban investigando graves casos de violaciones a derechos humanos. Con claridad y firmeza, S.E. ofreció el apoyo incondicional de su gobierno en favor de estos fiscales, aunque se encontraran fuera de la institución, posición que desde luego valoramos altamente.

El 26 de noviembre de 2002 se realizó, a instancias del Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, una reunión con organizaciones no gubernamentales en la que se solicitó la opinión del Gobierno sobre los pronunciamientos del señor Apuleyo Mendoza. Aunque el Vicepresidente sostuvo que el Gobierno no compartía las mencionadas afirmaciones, es evidente que su nombramiento puede ser interpretado como un respaldo.

Por otro lado, Cromos publicó una entrevista al señor Pedro Juan Moreno Villa, a quien comúnmente se le identifica como consejero de la confianza de S.E en materia de seguridad e inteligencia y quien fue Secretario de Gobierno durante el período en el que S.E. ocupó la Gobernación del Departamento de Antioquia. El señor Moreno se refirió a las ONG en los siguientes términos:

    [Una central de inteligencia debe buscar](...) una información que debe ser depurada por analistas que son conocedores y expertos en cada uno de los blancos: FARC, ELN, EPL, narcotráfico, Autodefensas, las ONG, delincuencia común (…) A las ONG también hay que hacerles inteligencia, porque son las que se han tirado este país. Hay muchas que son de izquierda. Esos son mecanismos que se inventaron la subversión y los violentos para poder posesionarse (…)

Tomando en consideración estos hechos, me permito solicitar respetuosamente a S.E. que se sirva ordenar a las autoridades, tanto civiles como militares y a todos los servidores públicos que se abstengan de calumniar, denigrar y proferir ataques o amenazas infundadas contra las ONG de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Dado el historial de acusaciones de este tipo que aún subsisten al interior de la fuerza pública, también quisiera solicitar a S.E. que ordene trasladar a la Fiscalía, la información que los organismos de seguridad del estado (DAS, Policía Nacional, Fuerzas Militares) posean sobre ONG de derechos humanos para que se inicie, con citación y con todas las garantías judiciales correspondientes, las investigaciones penales que sean pertinentes. Si en relación con alguna ONG de derechos humanos existen evidencias o se adelanta cualquier otra actuación, por parte de las autoridades de seguridad mencionadas, debido a que se presume o sospecha actividades delictivas de la ONG o de alguno de sus integrantes, estos hechos deben ser investigados cuanto antes por las autoridades judiciales competentes, para despejar cualquier duda sobre el trabajo de organismos que defienden los derechos humanos en Colombia.

Excmo. Sr. Presidente Dr. Alvaro Uribe Vélez, con el propósito de garantizar un clima de respeto y mayor seguridad para aquellos que valientemente se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia, le solicito de la manera más respetuosa emitir una Directiva Presidencial prohibiendo a todos los servidores públicos emitir comentarios o formular declaraciones genéricas o específicas de carácter ofensivo en contra de las ONG de derechos humanos legítimamente constituidas en Colombia.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar a S.E. las expresiones de mi mayor consideración y estima.

José Miguel Vivanco

cc: S.E. Francisco Santos, Vice-Presidente de la República de Colombia
Dr. Fernando Londoño, Minsitro del Interior y Justicia
Dra. Carolina Barco, Ministra de Relaciones Exteriores
Dra. Marta Lucía Ramírez, Ministra de Defensa
Embajadora Anne Patterson, Embajada de Estados Unidos
Embajador Luis Alberto Moreno, Embajada de Colombia


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