VI. La Respuesta del Gobierno Colombiano

Pese a su clara obligación de actuar para impedir el surgimiento de los grupos sucesores y la amenaza que suponen, hasta el momento la respuesta del gobierno colombiano ha sido deficiente e ineficaz. El gobierno aún no ha adoptado medidas adecuadas para enfrentar y desarticular a los grupos, proteger a la población civil de abusos o prevenir tolerancia de los grupos sucesores por parte de agentes del estado, para lo cual debe investigar y juzgar con firmeza a los funcionarios contra quienes pesan denuncias creíbles de que han tolerado a estos grupos o de algún modo actuado en connivencia con ellos.

 

Obligación de brindar protección contra los grupos sucesores

Los grupos sucesores han sido catalogados de distintas maneras, como paramilitares, bandas criminales, grupos armados ilegales y carteles de narcotráfico. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de una “nueva generación de paramilitares” o “nuevos grupos paramilitares” [320] . La MAPP/OAS habla de “estructuras armadas ilegales de perfil delincuencial”, así como “grupos armados ilegales” y “facciones armadas, estrechamente relacionadas con el desarrollo de economías ilegales” [321] . El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace mención de “grupos armados ilegales surgido[s] después de la desmovilización” [322] .

Por su parte, el gobierno colombiano se niega a referirse los grupos sucesores como paramilitares —dado que afirma que los paramilitares se han desmovilizado— y, en cambio, los clasifica como “bandas criminales emergentes” o BACRIM. Algunas fuentes han explicado que la negativa del gobierno colombiano a catalogar de paramilitares a los grupos sucesores se debe a que el gobierno quiere impedir que estos grupos puedan reclamar el estatus de grupo armado ilegal para efectos de beneficios en futuras negociaciones con el gobierno. [323]   Pero esta explicación es inadecuada, ya que el gobierno colombiano ha participado en negociaciones en el pasado con organizaciones criminales—tales como el cartel de Medellín, de Pablo Escobar—ofreciéndoles beneficios sin importar su estatus como criminales o grupos armados.   

Sin embargo, como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “independientemente de su denominación, [los grupos] constituyen fuente de legítima preocupación porque continúan ejerciendo violencia contra la población civil” [324] . Y más allá de cómo sean catalogados, el gobierno colombiano tiene responsabilidades específicas de hacer frente a la amenaza que representan para la población civil. Entre estas obligaciones se incluyen proteger a los civiles frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar el juzgamiento de los abusos ocurridos [325] . El grado de responsabilidad del estado por los abusos de los grupos sucesores se incrementará en función de la medida en que los agentes del estado toleren a estos grupos o colaboren con ellos.

Independientemente de la decisión del gobierno colombiano de no calificar a estos grupos como paramilitares, algunos podrían considerarse grupos armados a efectos de las leyes de guerra (derecho internacional humanitario, DIH). En la práctica, los grupos sucesores tienen distintos niveles de organización y control territorial, y algunos están más ligados al conflicto entre las fuerzas de seguridad colombianas y las FARC y el ELN que otros.

Los grupos que pueden señalarse como vinculados al conflicto con la guerrilla, que operan bajo la dirección de un mando responsable y que ejercen sobre un territorio un control tal “que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” se consideran grupos armados a efectos del derecho internacional humanitario y deben estar sujetos a este. [326] Varios de los grupos sucesores, como Nueva Generación en Nariño, así como los grupos que operan en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, se encuadran en esta descripción, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia [327] . Es plausible sostener que los otros grupos de Nariño, al igual que los de Urabá, sobre los cuales se ha informado que suelen enfrentarse a algunas de las guerrillas y que cuentan con una presencia territorial significativa, también se encuadran en la descripción.

Otros grupos, con un menor grado de control territorial y organización, o que no estén alineados con el conflicto, pueden ser simples “organizaciones criminales” respecto de las cuales el estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación [328] .

Combatir a los grupos

La decisión de usar a la Policía en vez del Ejército para combatir a los grupos sucesores

Mediante una directiva emitida en 2009, el Ministerio de Defensa ha asignado la principal responsabilidad de combatir a los grupos sucesores a la Policía Nacional de Colombia, y ha limitado estrictamente el rol del Ejército. Esta decisión se fundamentó en la posición del gobierno de que los grupos sucesores son simples bandas criminales (o BACRIM), y que combatirlos es una misión propia de la policía, y no del Ejército.

La directiva de 2009 del Ministerio de Defensa dispone que “la Policía Nacional tendrá primacía en la lucha contra las BACRIM.  Cuando lo considere necesario, podrá requerir apoyo de las Fuerzas Militares conforme al procedimiento establecido en [otra sección de la directiva] ]” [329] . Concretamente, cuando la policía requiera asistencia, el Director de la Policía Nacional podrá pedir una reunión con un Grupo Asesor a cargo del Comandante de las Fuerzas Armadas, el cual determinará el nivel de fuerza que podrá utilizarse para responder a dichos requerimientos [330] . La directiva dispone asimismo que el Grupo Asesor determinará qué BACRIM serán objeto de los operativos militares efectuados en respaldo de la Policía Nacional, si bien señala que “en cualquier caso, en cumplimiento del deber constitucional de las FFMM de proteger a la población, cuando las unidades militares desplieguen operaciones y tengan contacto con un grupo de BACRIM que no haya sido identificado como objeto de operaciones... el uso de la fuerza se hará en legítima defensa.” [331]

La unidad de policía encargada de llevar a cabo la mayoría de los operativos contra los grupos sucesores es la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural [332] . Son cinco las zonas que han sido asignadas como el foco principal de los operativos de los Carabineros. Cada zona tiene varios escuadrones móviles de Carabineros (cada uno integrado por 3 oficiales, 10 suboficiales y 107 guardias) [333] . Fuentes policiales señalaron que en total había 71 escuadrones móviles, 20 de los cuales pertenecían a la Dirección de Antinarcóticos y eran usados con fines de erradicación, y no para luchar contra grupos sucesores. Los otros 51 estaban en la unidad de Carabineros, y fueron asignados a la lucha contra grupos sucesores en las zonas rurales.

Esta manera de enfrentar a los grupos sucesores ofrece algunas ventajas, ya que es más factible que la policía realice investigaciones y capturas. El Ejército es más propenso a usar la fuerza, y es sabido que ha cometido ejecuciones extrajudiciales, como ha quedado exhaustivamente documentado por numerosas organizaciones y el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales [334] .

Sin embargo, la actual división de responsabilidades ha generado algunas consecuencias problemáticas en la práctica.

En primer lugar, la policía carece de presencia territorial fuerte, en especial en las zonas rurales, y por lo tanto simplemente no está activa en muchas regiones en las cuales operan los grupos sucesores. Normalmente, la policía opera en áreas urbanas y sólo las unidades de carabineros están presentes en las zonas rurales. No obstante, en la mayoría de las zonas rurales que visitó Human Rights Watch y donde estaban activos los grupos sucesores, los residentes no habían notado ninguna señal de la presencia de las unidades de carabineros. Lo mismo se constató en sectores de Meta, Urab á y Nariño. Si bien la policía afirma que cuenta con recursos suficientes para cumplir su misión, algunos altos funcionarios del Ministerio de Defensa comentaron en las reuniones con Human Rights Watch que la policía no tenía la capacidad ni los recursos necesarios para enfrentar efectivamente a los grupos sucesores en las zonas rurales [335] . Por ejemplo, en Meta, la policía de Vistahermosa dijo a Human Rights Watch que habían sido asignados a trabajar únicamente en las zonas urbanas y que no se ocupaban de los grupos sucesores en las zonas rurales vecinas, como la pequeña localidad de Santo Domingo, donde pese a que los residentes denunciaban continuamente abusos por parte de los hombres de Cuchillo, no había ninguna unidad de carabineros para enfrentar a este grupo [336] .

En segundo lugar, si bien la directiva dispone que el Ejército puede combatir a los grupos sucesores para proteger a la población civil en áreas donde la policía no está presente, al menos algunos sectores del Ejército no lo están haciendo.

Human Rights Watch observó este patrón en Meta, donde pese a numerosas denuncias de residentes y autoridades civiles de que los hombres de Cuchillo estaban operando en Vistahermosa, representantes tanto de la policía como del Ejército negaron que Cuchillo tuviera una presencia significativa en la región. Peor aún, ambas entidades señalaron a la otra como responsable de hacer frente a estos grupos. Cuando hablamos con la policía de Vistahermosa, negaron que hubiera grupos vinculados con los paramilitares en la zona, sino solamente guerrillas. “Cuchillo no está en Vistahermosa, tal vez esté en otras partes de Meta”, dijo el comandante del Departamento de Policía de Vistahermosa [337] . Afirmó que su unidad de policía no era responsable de patrullar las zonas rurales, y que esa tarea es responsabilidad del Ejército.

El Coronel Correa, Comandante de la Brigada Móvil N.°12, dijo que había alguna presencia de crimen organizado en la región, “pero es una situación que debe manejar la policía, y no el Ejército, porque son bandas criminales. No son grupos contrainsurgentes... Si los grupos crecen demasiado, entonces sería normal que la policía pidiera ayuda al Ejército, pero los grupos no son tan grandes... Debe haber 15 ó 20 hombres armados, y otros 20 informantes. Cuchillo está en Guaviare, no en Meta” [338] . El Coronel señaló que su Brigada tenía 1.600 soldados en Vistahermosa.

Resultados mixtos y obstáculos en la lucha contra los grupos

La policía ha logrado algunos importantes resultados, como la captura de altos mandos de los grupos sucesores. Por ejemplo, el grupo conocido como “Los Nevados”, que operaba en la costa del Atlántico en zonas que anteriormente estaban bajo el control del Bloque Norte de las AUC, fue debilitado sustancialmente luego de la muerte de uno de sus líderes, Víctor Manuel Mejía Munera, y la detención de su hermano Miguel Ángel [339] . Del mismo modo, la detención de “Don Mario” en Urabá por la policía y de numerosos líderes de la Oficina de Envigado y otros grupos en Medellín ha significado un fuerte embate contra estos grupos.

No obstante, la policía parece haber librado una batalla inútil contra estos grupos. En palabras de un oficial de la MAPP/OEA (y también las palabras de Alexander Pulgarín, de Medellín), “un rey muerto es [...] rey puesto”. A medida que los líderes de las organizaciones son capturados, suelen ser reemplazados por nuevos líderes, como aparentemente sucedió en Urabá luego de la detención de Don Mario. Y en casos en que se han asestado fuertes golpes a estos grupos, otros han ocupado su lugar. Por ejemplo, según uno de los fiscales especializados encargados de investigar a los grupos sucesores, luego de la muerte y detención de los mellizos Mejía Munera, los Nevados fueron absorbidos por los Paisas en Magdalena y Barranquilla [340] . El reclutamiento constante permite a estos grupos reemplazar fácilmente a los miembros que pierden.

Como se señaló precedentemente, las cifras oficiales de la policía indican que la cantidad de miembros de estos grupos ha sido casi la misma desde 2006 (con un leve crecimiento de 4.000 a 4.037 entre 2006 y mediados de 2009). Y su presencia territorial se ha incrementado, de 110 municipios a 173.

Esto resulta particularmente preocupante dado que durante el mismo período las fuerzas de seguridad afirman haber capturado a 6.403 miembros de los grupos sucesores y haber dado de baja a 1.184. (De este total, la policía capturó a 4.244 miembros de los grupos y mató a 39, el Ejército arrestó a 1.823 y dio muerte a 1.138, la Marina arrestó a 155 y mató a 1, el DAS arrestó a 179 y mató a 6 y el CTI arrestó a 2 [341] .)

Que la cantidad de miembros de los grupos sucesores se mantenga constante, pese a la detención de más de 6.000 presuntos miembros, despierta dudas acerca de la efectividad de las medidas del estado para combatirlos.

Una explicación de estas cifras puede ser que algunas de las capturas no estén debidamente fundamentadas. Uno de los fiscales que investigan a los grupos sucesores señaló que había visto muchos casos en los cuales, para lograr resultados, la policía había detenido a personas por delitos que no guardaban relación con la actividad de los grupos sucesores (por ejemplo, por no pagar la cuota alimentaria) y los computaba como capturas de miembros de los grupos sucesores [342] . También es posible que estas capturas sean insuficientes para impedir el crecimiento de los grupos si no están acompañadas por investigaciones efectivas que lleguen a quienes financian a los grupos y frustren su capacidad de reemplazar a los miembros y líderes que son capturados.

Falta de rendición de cuentas

Como se señaló anteriormente, la Fiscalía General de la Nación ha creado una unidad especializada dedicada a la investigación de los grupos sucesores. El grupo comenzó a trabajar con cuatro fiscales y siete u ocho investigadores en Bogotá, en noviembre de 2008. También cuenta con algunos fiscales locales que trabajan para la Fiscalía en Medellín, Meta y Antioquia. Según uno de sus fiscales especializados, debido a la falta de recursos el grupo comenzó a centrarse en cuatro grupos principales: los Nevados, el ERPAC, los Urabe ñ os y los Paisas[343]. Dijo que aún no se habían concentrado en Nariño. Los grupos “mutan constantemente.  Hace 6 meses los más duros eran los Urabeños. Ahora son los Rastrojos. La judicialización es un proceso lento.  Estamos iniciando con los Rastrojos... Lo peor ahora son los Rastrojos, los Urabeños, los Paisas y el ERPAC”[344].

Las principales dificultades que enfrenta la unidad, según el fiscal, son: en primer lugar, la necesidad de contar con más fiscales e investigadores en la unidad. Un fiscal por grupo principal no es suficiente, señaló[345]. Las fuentes de la policía coincidieron con esta afirmación, y opinaron que los fiscales de la unidad son “fabulosos” y que podrían trabajar con el número que tienen, pero que sería mucho mejor si fueran más[346]. En segundo lugar, dijo que los fiscales a menudo no podían desempeñar su labor de manera efectiva porque los oficiales de otras instituciones del estado, como la policía y el Ejército, no hacían su trabajo. En tercer lugar, manifestó que los vínculos entre los grupos y varias instituciones del estado, como las autoridades de aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad pública, representan un grave problema. El fiscal explicó que su unidad también investiga estos vínculos, pero observó que era difícil iniciar procedimientos penales contra funcionarios públicos, ya que “tienen más que perder” que otras personas, de modo que los fiscales son más prudentes. En tercer lugar, dijo que su unidad necesitaba contar con mayor acceso a escuchas telefónicas y otro tipo de intervención de comunicaciones para poder investigar en forma efectiva a los funcionarios. “Nuestra mayor fortaleza investigativa son las interceptaciones.  Los testigos son difíciles, se retractan, los amenazan, no aceptan el programa de protección. Pero la prueba técnica está ahí. Lo de los cupos en las salas de interceptación es difícil porque nunca hay cupos.  No tenemos un cupo establecido, ” nos dijo[347]. En otras palabras, mientras algunos organismos o unidades de la Fiscalía General de la Nación tienen acceso permanente a tecnología de intervención telefónica que les permite interceptar llamadas de funcionarios, la unidad no cuenta con dicho acceso. Como resultado, a menudo debe esperar a que la tecnología se encuentre disponible para llevar a cabo intervenciones legítimas.

Desde octubre de 2008 hasta julio de 2009, la unidad había obtenido cerca de 300 órdenes de captura, la mayoría contra miembros de los Urabeños y el ERPAC. También, según uno de los fiscales del grupo, habían capturado entre 70 y 80 personas, y estaban negociando las penas de algunas de ellas. Otras unidades de la Fiscalía General de la Nación, como la Unidad de Antinarcóticos, también han efectuado algunas capturas (por ejemplo, el caso contra Don Mario está siendo llevado por la unidad de antinarcóticos).

Los procedimientos también se ven afectados por problemas generales en la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, en varias oportunidades fiscales han manifestado a Human Rights Watch la dificultad de obtener protección para los testigos, aún en casos sumamente sensibles que involucran a los grupos sucesores.

Tolerancia por parte de agentes del estado

Una de las explicaciones que dio la policía acerca de por qué no se ha podido detener el crecimiento de los grupos sucesores de los paramilitares es que su “poder de corrupción es fuerte. Han tocado al Ejército... fiscalías [regionales], y ni hablar de la de Medellín. Eso crea problemas cuando uno captura” [348] .

Uno de los fiscales especializados que investigan a los grupos sucesores también apuntó a supuestos vínculos entre los grupos y agentes del estado como uno de los problemas que existen en Urabá: “Existen vínculos con la fuerza pública, Fiscalía, Policía, DAS. Se mueven como pez en el agua. Cualquier operativo, les avisan y se van de la zona.  Eso impide que se hagan capturas.  Tienen una red de informantes muy compleja, desde la  señora de la tienda hasta el mototaxista. Con una llamada telefónica, ya. Están muy fortalecidos en las zonas” [349] . Según expresó, el problema también se manifestaría en Meta, donde “vínculos con la fuerza pública impiden las ordenes de captura de Cuchillo y del [conocido jefe del narcotráfico] Loco Barrera.... El problema de vínculos es dificil, dado que si no es una institución, es otra. En todas las instituciones hay gente muy buena y muy mala.  En cualquier nivel, la información puede ser útil para ellos” [350] .

De hecho, en cada una de las regiones que visitó Human Rights Watch, recibió denuncias de que miembros de las fuerzas de seguridad pública u otros agentes del estado toleraban a los grupos sucesores y, en algunos casos, posiblemente actuarían en connivencia con ellos. Pero el gobierno colombiano aún no ha tomado medidas eficaces para investigar tales denuncias.

Representantes de la policía, la MAPP/OEA y la Fiscalía General de la Nación también señalaron que habían observado graves problemas que implicaban, como mínimo, tolerancia hacia los grupos sucesores y corrupción de los funcionarios del estado en el ámbito local. Aún no está claro cuál es el alcance del problema ni tampoco, en las fuerzas de seguridad pública, hasta qué nivel jerárquico de la cadena de mando llegaría.

Por ejemplo, un observador internacional que trabaja en Cúcuta indicó que, especialmente en Puerto Santander, un pueblo fronterizo, la policía habría reclutado a desmovilizados para que se incorporaran a los grupos sucesores de los paramilitares [351] . Otras fuentes de Cúcuta también comentaron que: “La gran dificultad es el grado de corrupción. En la Fiscalía General y en la policía no sabes con quién estás hablando. ...Lo más peligroso que puedes hacer es tener a la policía a tu lado” [352] . Representantes de una organización no gubernamental de Tibú, a unas horas de distancia de Cúcuta, expresaron que “la policía sólo tiene dos propósitos: cobrar una comisión a los distribuidores de gasolina, y cobrar la vacuna a quienes venden drogas” [353] .

En Urabá, según el relato de muchos pobladores, miembros del Ejército y de la policía local muchas veces parecen tolerar las actividades de los Urabeños, y en ocasiones sectores de la policía parecen colaborar con el grupo. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 2008, basado en una visita a la región, indica que se recibieron informes formales de la Procuraduría General de la Nación en los cuales se reconoce “la existencia de un riesgo permanente para los pobladores de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, derivado entre otros, de la actuación de grupos al margen de la ley en connivencia con miembros de la fuerza pública, que estarían obligando a la población a desplazarse o impidiéndole el acceso al territorio comunitario”[354].

“La fuerza pública no hace nada. Si hablas con alguien de las fuerzas militares, ellos le avisan al grupo. Aquí no se puede denunciar nada. Ellos controlan todo lo que se mueve, y la fuerza pública está allí”, explicó un miembro de la comunidad [355] .

Un funcionario nacional que hasta hace poco tiempo trabajó en la región de Urabá dijo: “No he notado que el Ejército colabore con los [grupos], pero he visto una tolerancia absoluta”. Según este funcionario, se suponía que el Ejército era responsable de combatir a los grupos sucesores de los paramilitares en las áreas rurales, mientras que la policía se encargaba de las áreas urbanas. Pero el Ejército “no los enfrenta”. El mismo funcionario informó que sectores de la policía de un pueblo, Belén de Bajir á , supuestamente colaboraba con las Águilas Negras. “Es todo muy evidente... La policía controla la entrada y la salida [del pueblo] y... comparten la inteligencia. Los paras controlan el área. Belén de Bajir á es muy importante porque por allí pasa la autopista. También es el lugar donde se concentra el poder económico y político de la región... el manejo del cultivo de palma, la ganadería, la madera” [356] . Otro hombre asintió y agregó que “en Pavarandó... las Águilas Negras realizan reuniones con la comunidad frente a la policía. En Belén de Bajirá, son lo mismo: la policía, el Ejército y las Águilas Negras” [357] . Relató que las Águilas Negras se habían llevado a 18 jóvenes, incluido su nieto, de Belén de Bajirá la semana anterior. Su nieto había logrado escapar.

El 15 de octubre de 2008, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (que, según los pobladores locales, son los mismos paramilitares que integran las Águilas Negras) convocaron a un paro armado regional “contra las FARC” distribuyendo panfletos en Turbo, Apartadó y Carepa [358] . Según lo refieren varias fuentes, gran parte de la región de Urabá dejó de trabajar. “Todo se detuvo. No podíamos hacer nada. Si algún comerciante abría su negocio y vendía algo, lo amenazaban”, relató un habitante de la zona [359] . “Las AGC anunciaron la huelga con panfletos y de boca en boca en la calle”, expresó una ex autoridad nacional que, en aquel momento, trabajaba en la región. También relató que “realizaban pintas en las paredes. Esa era su presentación pública. Las autoridades locales no reconocieron que el paro hubiera tenido lugar. La policía de Apartadó ayudó a llevarlo a cabo” [360] .

Varias fuentes describieron un contexto de gran corrupción entre las autoridades locales en el Urabá, muchas de las cuales presuntamente estaban siendo sobornadas por empresarios locales y por los grupos sucesores. “Tienen la ley y hacen con ella lo que quieren, porque su ley es el dinero”, expresó un habitante de la zona [361] .

De manera similar, en Meta, varias fuentes señalaron que el Ejército miraba para otro lado cuando se trataba de los grupos de Cuchillo. Un funcionario relató que recibía “constantes quejas de que el Ejército amenaza a la gente, diciendo que detrás venían ‘los Cuchillos’. En algunos casos, el Ejército se retira e ingresan los Cuchillos... Los Cuchillos y el Ejército tienen una clara presencia en Puerto Gaitán. Algunos de los Cuchillos se visten de civil y otros usan uniformes” [362] .

De hecho, una testigo dijo que miembros de la 12 ° Brigada le habían dicho: “No nos tengas miedo a nosotros, ten miedo a los que vienen detrás de nosotros”, en alusión al grupo de Cuchillo [363] . Recibimos información similar por parte de un habitante de Puerto Rico, Meta, que anteriormente había estado en Bajo Guaiamal. Relató que el Ejército lo había acusado de ser un guerrillero y le había dicho que, si no se desmovilizaba, vendrían los paramilitares: “Decían ‘no nos tengas miedo; ten miedo de los que vienen detrás’. En esa área hay hombres patrullando, con la insignia de las AUC, que se identifican como miembros de las AUC” [364] .

A fines de 2008, el presidente Uribe cuestionó públicamente si la 4° División del Ejército estaba protegiendo al “Loco Barrera” y a Cuchillo. Según la revista Semana, grabaciones de conversaciones telefónicas del Loco Barrera mostraban que él estaba al tanto de diversos movimientos del Ejército, lo cual sugería que tenía contactos con este [365] .

Si bien se sabe que las fuerzas de seguridad pública se han enfrentado con algunos de los grupos sucesores en Nariño —particularmente con Nueva Generación desde 2008—, numerosas fuentes describieron casos en los cuales los soldados y la policía toleraron y, al menos en un caso —el del Batallón Boyacá del Ejército en 2006, que se describe a continuación—, aparentemente colaboraron en forma activa con grupos sucesores en Nariño.

Según lo señalan varias fuentes, en mayo de 2006, aproximadamente 10.000 personas de Nariño participaron en una manifestación masiva; en algunos casos, obligadas por las FARC. La Defensoría del Pueblo informó que, cuando los habitantes de Policarpa y Cumbitara comenzaron a trasladarse hacia el municipio de Remolinos para participar en la manifestación del 15 de mayo en la Carretera Panamericana, fueron agredidos por el grupo Nueva Generación [366] . Se informó que, una vez que los manifestantes llegaron a la carretera, las fuerzas de seguridad pública respondieron con violencia; 130 civiles resultaron heridos y 17 “desaparecieron” [367] . Debido a la respuesta de las fuerzas de seguridad pública, la Defensoría del Pueblo informó que 4.000 personas habían sido obligadas a ir a Pasto, donde habían permanecido varios días y habían recibido asistencia por parte de diversas autoridades y organizaciones internacionales [368] . Según relatos de testigos, durante la manifestación se vieron personas, a quienes identificaron como paramilitares, portando armas y desplazándose en camiones del Ejército [369] .

Además, días después de concluida la manifestación, varias organizaciones internacionales y autoridades locales conformaron una “misión humanitaria” para acompañar a los manifestantes en el regreso a sus hogares [370] . Human Rights Watch recibió versiones consistentes de que cuando la misión llegó al pueblo de Ejido y solicitó hablar con el jefe militar del área, les presentaron a “Armando Paz”, quien se identificó como jefe de Nueva Generación y les dijo que no se preocuparan, porque él garantizaría su seguridad para que los manifestantes pudieran retornar a sus lugares de origen [371] . Entonces, los hombres que se encontraban bajo el mando de Armando Paz procedieron a abrir dos retenes militares que había instalado en el camino. En las inmediaciones, la misión encontró los cuerpos de civiles y miembros de Nueva Generación: aparentemente, este grupo se había enfrentado con las FARC en la zona [372] .

Todos los testigos del encuentro de Ejido manifestaron que era evidente que el grupo trabajaba conjuntamente con el Ejército. “Se trasladaban en camiones del Ejército”, relató uno de ellos. “Y el Ejército también estaba presente en la entrada de Ejido, de manera que no había posibilidades de que no supieran de la presencia de Nueva Generación”, señaló el testigo [373] .

De manera más general, víctimas y otras personas relataron, en reiteradas oportunidades, haber visto a miembros del Ejército y de la Armada operando muy cerca de los grupos sucesores —a veces, a sólo diez minutos de distancia por una misma ruta— sin enfrentarse con ellos ni registrar su presencia [374] .

En particular, observadores relataron que, en 2006, habían advertido aparentes vínculos entre Nueva Generación y sectores del Batallón Boyacá del Ejército. Posteriormente, Human Rights Watch recibió información de que, con el ingreso de una nueva brigada móvil del Ejército a la cordillera, el Ejército se había enfrentado con Nueva Generación. Al mismo tiempo, la policía llevó a cabo la captura de varios líderes de Nueva Generación. Pero a medida que Nueva Generación se ha ido descomponiendo, los Rastrojos y las Águilas Negras parecen estar cobrando fuerza. Y Human Rights Watch recibió información de que, en varios casos, las fuerzas de seguridad pública parecían tolerar las actividades de estos grupos, especialmente de las Águilas Negras.

Un observador internacional expresó preocupación por la posibilidad de que el Ejército y la policía toleraran las actividades de las Águilas Negras en la cordillera de Nariño. “La policía se encuentra a 300 metros y no hace nada... Hay hombres armados junto a la estación de policía de Policarpa y Madrigal. Allí hay una fuerte presión militar por parte de las Águilas Negras” [375] . De manera similar, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo informó, en una nota de seguimiento a uno de sus informes de riesgo que, el 17 de marzo de 2009, el Batallón Boyacá del Ejército se había enfrentado con los Rastrojos en Santacruz, en la cordillera. Pero después de expulsar a los Rastrojos, parecía que sectores del Ejército habrían permitido que las Águilas Negras ingresaran y permanecieran en la zona:

De acuerdo a múltiples indagaciones el ingreso del Ejército coincidió con el arribo del nuevo grupo armado ilegal... “Águilas Negras”. El miércoles 18 de marzo, La Defensoría del Pueblo se percató que luego que Los “Rastrojos” fueron desalojados del caserío, las autodenominadas “Águilas Negras – AGN” habían ocupado las viviendas; reteniendo y llevándose en presencia de los pobladores a un morador. Actualmente, la comunidad se encuentra inmersa en un dilema, ya que salir desplazada representa incrementar sus condiciones de vulnerabilidad, y refugiarse en el monte significa ser declarado objeto de ataque por los actores armados. Situación de indefensión que se ahonda por la carencia de una efectiva labor de protección y prevención por parte de la Fuerza Pública.  En Consejo de Seguridad realizado el 19 de marzo de 2009 en la cabecera municipal de Policarpa,   las autoridades municipales, y los miembros de la Fuerza Pública confirmaron la presencia de Los “Rastrojos” en la zona ... A la par, la Fuerza Pública negó la existencia y presencia de las “Águilas Negras” en el municipio, mientras que las  autoridades locales alertaron sobre la existencia de pintas en las casas de Santacruz de “Águilas Negras” y de “Autodefensas Nueva Generación” [376] .

Tal como se señaló anteriormente, cuando Human Rights Watch le preguntó al jefe de la policía de Nariño por las Águilas Negras, este negó su existencia. No obstante, más tarde, la policía informó la captura de algunos miembros de este grupo.

En la costa de Nariño, también hubo testimonios de diversas fuentes que describieron situaciones de posible tolerancia hacia los grupos sucesores por parte de fuerzas de seguridad pública. “El problema se suscita con todas las autoridades. En Satinga, los policías son muy jóvenes y prácticamente no se mueven por temor. En la comunidad, hay personas que mueren cerca de los policías y ellos dicen [que no saben nada]. Creo que la policía actúa en connivencia y recibe dinero” de los grupos, señaló una fuente de Satinga [377] . En Salahonda, otro hombre nos informó que había “aproximadamente 30 paramilitares viviendo allí... En ese pueblo, esos hombres nos conocen a todos, porque es un lugar muy pequeño. Las fuerzas de seguridad pública conocen la situación, saben que esos hombres están allí, saben quiénes son y nunca hacen nada” [378] .

Lamentablemente, el gobierno colombiano aún no ha tomado medidas efectivas para prevenir y sancionar la supuesta tolerancia y posibles vínculos entre sectores de las fuerzas de seguridad u otros agentes del estado y los grupos sucesores.

En algunos casos, la policía pareció responder a denuncias de tolerancia simplemente trasladando a miembros de la fuerza a otros lugares, tal como ocurrió en el desplazamiento de residentes del vecindario de Pablo Escobar en Medellín, al cual nos referimos anteriormente. En esa circunstancia, miembros de la comunidad relataron que, pese a que la policía local había sido relevada en reiteradas oportunidades, seguían repitiéndose los mismos patrones de comportamiento.

Muy pocos agentes del estado han sido investigados o procesados por supuesta toleración o vínculos con los grupos sucesores. Las excepciones a esta regla normalmente han tenido que ver con acusaciones de connivencia que afectaban a autoridades civiles de altas esferas, que fueron objeto de gran difusión en los medios, y no con miembros de las fuerzas de seguridad pública.

Por ejemplo, el gobernador del departamento de Guaviare, Oscar de Jesús López Cadavid, está siendo investigado por su supuesta colaboración con Cuchillo. López, quien cumplió tres períodos como representante del Congreso Nacional y fue elegido gobernador en 2007, está acusado de mantener relaciones con paramilitares desde hace más de seis años. Se informó que la Fiscalía General habría revelado pruebas de que Cuchillo amenazó a otros candidatos al cargo de gobernador y ordenó a los electores que votarán por López [379] .

En un artículo recientemente publicado en Semana se informa que el jefe paramilitar desmovilizado Éver Veloza García, alias “H.H.”, dijo que Óscar López también habría trabajado con el líder paramilitar Vicente Castaño para obtener grandes extensiones de tierra en Casanare que le permitieran plantar palma africana. “Mientras los paramilitares intimidaban o desplazaban a los campesinos, supuestamente López y sus testaferros las iban adquiriendo, advirtió el ex paramilitar”. Semana también informa que López habría sido socio de Cuchillo y de uno de sus representantes en una empresa minera que López había creado en 2005. Según lo publicado en Semana, López afirmó haber aceptado a Cuchillo como socio porque estaba en el proceso de desmovilización; y de todos modos, más tarde Cuchillo cedió su participación en la empresa a otra persona [380] . De manera similar, Semana informa que las investigaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía General sugieren que el grupo de Cuchillo habría apoyado la elección del ex Coronel del Ejército Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como gobernador de Vichada. “Lo habría ayudado con recursos, presionado a las personas a votar por él y, en algunos casos... manejado los comicios y los resultados”. Según lo publicado en Semana, Ortiz, que se había desempeñado como comandante de la Brigada del Ejército en Vichada, se enfrenta a numerosas demandas penales en su contra por haber recurrido a un supuesto fraude electoral que le permitió ganar por sólo nueve votos [381] .

El ex Director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, está siendo juzgado por la Corte Suprema por su supuesta colaboración con el grupo de Don Mario en Medellín [382] . Fiscales señalaron que cuentan con 1.600 grabaciones de conversaciones en las cuales participan Valencia Cossio y John Freddy Manco (conocido por su alias “El Indio”), acusado de narcotráfico, así como el empresario Juan Felipe Sierra, que presuntamente implicarían a Valencia Cossio. En una de las llamadas interceptadas, Valencia habría prestado su consentimiento para eliminar a Manco de un diagrama de la policía que lo ubicaba como segundo miembro de mayor jerarquía en el grupo de Don Mario [383] . El general Marco Antonio Pedreros, jefe de la policía en Medellín, renunció a la fuerza policial como consecuencia del mismo escándalo, después de que las grabaciones revelaran una conversación que había mantenido con Sierra, pese a que Pedreros ha negado su participación en actividades delictivas [384] .

Durante años, el gobierno colombiano negó la existencia de vínculos entre las AUC e importantes sectores de las fuerzas militares. De hecho, las investigaciones de miembros de alto rango de las fuerzas militares en relación con dichos vínculos siguen avanzando muy lentamente. Los estrechos vínculos de los paramilitares con muchos miembros del Congreso han salido a la luz exclusivamente gracias a las investigaciones de la Corte Suprema de Colombia. Este es un tema que requiere un monitoreo constante y suma atención, así como medidas de prevención contundentes por parte del gobierno.

En particular, el gobierno debe asegurar que las acusaciones de tolerancia hacia los grupos sucesores por parte de fuerzas de seguridad conduzcan a investigaciones penales serias, juzgamientos activos y el castigo de quienes sean declarados responsables; y que dichos conflictos no se solucionen simplemente trasladando a los miembros a otras regiones. El Ministerio de Defensa debería asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad pública que sean objeto de denuncias creíbles de haber colaborado con las actividades de los grupos sucesores o de haber tolerado su accionar sean suspendidos mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Falta de protección adecuada a los civiles

A través del Ministerio del Interior y de Justicia, el gobierno colombiano ha administrado durante años un programa de protección destinado a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas que se considera que están en riesgo. El programa ofrece diversos niveles de protección —desde teléfonos celulares hasta chalecos antibalas y escoltas— a sus beneficiarios. El programa ha ofrecido protección indispensable a personas que estaban en riesgo grave. Sin embargo, el programa de protección se centra en ciertos grupos vulnerables y no protege a ex víctimas de las AUC que intentan hacer valer sus derechos. Tampoco ofrece protección ni asistencia a la mayoría de los colombianos comunes que están siendo amenazados o atacados actualmente por grupos sucesores.

Protección inadecuada de víctimas de las AUC

Más de 200.000 personas se han registrado como víctimas a efectos de la Ley de Justicia y Paz [385] . Legalmente, estas víctimas tienen derecho a recibir asistencia, representación y protección del estado [386] . Sin embargo, el gobierno colombiano aún no ha creado un programa efectivo para protegerlas. En agosto de 2007, en respuesta a una petición de un grupo de víctimas, una jueza ordenó al gobierno “diseñar, implementar y hacer efectivo un Programa de Protección de Víctimas y Testigos de los Procesos de Esclarecimiento Judicial de la Ley de Justicia y Paz” en el plazo de treinta días [387] . En respuesta, el Presidente Uribe dictó un decreto por el cual ordenaba la creación de un programa de protección [388] . Sin embargo, el decreto ha suscitado controversias, en parte debido a que la protección inicial sería brindada mediante la asistencia de la policía local, en la cual muchas víctimas no confían debido a su percepción –muchas veces de larga data—de que existirían vínculos entre los paramilitares (o grupos sucesores) y la policía local [389] . “Tuvimos un caso de una persona que había sido amenazada en Barranquilla... pero esa persona estaba siendo perseguida por la policía de la región”, denunció un representante de un grupo de víctimas. “El decreto dice que la policía debe protegerlos... pero en este contexto de complicidad, es muy difícil” [390] .

A su vez, el gobierno apeló la sentencia que exigió el establecimiento del programa. Afortunadamente, luego de que el Consejo de Estado revocara inicialmente la decisión, la Corte Constitucional confirmó la sentencia inicial que exigía la creación de un programa de protección de testigos y ordenó al gobierno que estableciera un programa que tuviera en cuenta el género de las víctimas [391] .

Carlos Franco, quien trabaja en el Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, afirmó a Human Rights Watch que el gobierno está implementando actualmente un programa de protección a través de la Policía Nacional, que ha elaborado “mapas de riesgo” a fin de determinar qué nivel de protección debe brindarse a las víctimas en el marco del proceso de Justicia y Paz en todo el país [392] .

Según Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), la organización que planteó la necesidad de establecer un programa de protección de víctimas, la Policía de hecho ha desarrollado un mapa de riesgo con el fin de determinar dónde centrar su labor. Se supone que la policía debe incrementar su presencia y sus actividades en los municipios de alto riesgo. Los mapas, según se señala en un informe de IMP, muestran que de los 1.099 municipios colombianos, la gran mayoría (889) sólo presenta niveles “bajos” de riesgo, mientras que en otros 124 el riesgo es “inexistente”. Concluyeron que existía un riesgo “extraordinario” en tan sólo 23 municipios, y solamente en 40 determinaron que el riesgo era “alto”.  El IMP también señala que el gobierno ha brindado protección directa a algunas víctimas. Entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 el gobierno habría evaluado 412 casos de personas que solicitaban protección. Brindó asistencia en 106 de esos casos [393] .

Resulta positivo que el gobierno haya tomado algunas medidas destinadas a brindar protección a las víctimas de las AUC en el proceso de Justicia y Paz, y a reforzar la seguridad en algunos municipios. No obstante, la cantidad de municipios que se consideran como de nivel de riesgo “alto” y de personas que recibieron protección —al menos hasta mediados de 2008— parece relativamente baja, y suscita dudas en cuanto a si el programa alcanza efectivamente a todas las víctimas que participan en el proceso de la Ley de Justicia y Paz que están en riesgo. Asimismo, no todas las víctimas de las AUC están participando en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, y por lo tanto no están contempladas en el decreto. 

En respuesta a una solicitud presentada por Human Rights Watch para obtener información más detallada sobre el programa de protección, el gobierno colombiano expresó que si bien estaba implementando un programa en el marco del decreto original, había redactado un nuevo decreto cuya aprobación se encontraba en curso. El gobierno afirma que el nuevo programa será coordinado en forma central por el Ministerio del Interior, y tendrá una cobertura regional más amplia [394] .

Subregistro de desplazamientos provocados por los grupos sucesores

Human Rights Watch recibió información de varias fuentes que indicaban que, en algunos casos, oficinas locales de Acción Social se negaban a registrar como desplazados a personas que afirmaban haber sido obligadas por los paramilitares a abandonar su hogar. Como informó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre el Desplazamiento Forzado en su informe a la Corte Constitucional:

 [Las denuncias de desplazamientos causados por paramilitares registradas en el sistema de información oficial se han reducido, lo cual] ...puede obedecer, probablemente y entre otros factores, a las dificultades surgidas con motivo de los procesos de... inscripción en el registro... suscitadas con ocasión del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares... Como ha sido denunciado por varias organizaciones..., algunas de las Unidades Territoriales (UT) de Acción Social comenzaron a negar sistemáticamente el registro de personas y hogares que... señalaban a los grupos paramilitares como los autores del desplazamiento. De acuerdo con la situación denunciada, las UT partían de la presunción de que los grupos paramilitares, habiéndose desmovilizado, no podían señalarse como autores de desplazamiento[395].

De manera similar, Human Rights Watch recibió denuncias que indicaban que en algunas regiones Acción Social se negaba a registrar a personas desplazadas que afirmaban haber sido expulsadas por grupos sucesores, con el argumento de que dichos grupos eran “criminales”. Por ejemplo, tan sólo en Medellín, la Personería de Medellín recibió 206 declaraciones de víctimas de desplazamiento forzado dentro de la ciudad entre enero y junio de 2009. De ellas, 172 habían sido presentadas ante el Registro Nacional de Población Desplazada, a cargo de Acción Social. Sin embargo, según la Personería, el 50 por ciento de las declaraciones (que involucraban a 348) habían sido rechazadas por Acción Social. De acuerdo con la Personería, una de las principales razones por las cuales fueron rechazadas es que las víctimas señalaban que habían sido desplazadas por actores que Acción Social consideraba que pertenecían al “delito común” o al “crimen organizado”[396]. Una representante de Lutheran World Relief le informó a Human Rights Watch que en varias ocasiones su equipo en el departamento de Córdoba había observado el mismo problema, en el cual funcionarios del estado se negaban a registrar como desplazados a personas que informaban haber sido desplazadas por grupos sucesores. [397]

La falta de registro de estas personas como desplazadas podría significar una subestimación del problema del desplazamiento y obstaculizar el diagnóstico de sus causas, lo que dificultaría aún más la toma de medidas para evitar futuros desplazamientos. Más inquietante aún, las personas que no están registradas como desplazadas no reciben la protección ni la asistencia del estado que de otro modo les correspondería.

En un encuentro con grupos de derechos humanos, el titular de Acción Social señaló que “no hay ninguna orden de no registrar a las víctimas de bandas emergentes... No es una política [del estado]”[398]. No obstante, ante las denuncias de que esto estaba sucediendo en el ámbito local, se comprometió a investigar el problema.

Respuestas Inadecuadas y Recursos Insuficientes para el Sistema de Alertas Tempranas

Un organismo que ha desempeñado un papel sumamente importante en la identificación de los riesgos que generan los grupos sucesores para los civiles es el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Con frecuencia, los analistas regionales del SAT son los primeros y casi los únicos funcionarios públicos que se trasladan a regiones remotas donde existe una crisis humanitaria, amenazas contra la población civil u otros problemas de derechos humanos. El SAT elabora regularmente “informes de riesgo” sobre amenazas a la población civil en varias regiones. Los informes se envían a un comité gubernamental interinstitucional, integrado por el Vicepresidente de Colombia, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Defensa y el Director del DAS. Dicho comité (el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas o CIAT) evalúa el riesgo y determina si corresponde emitir una “alerta temprana” sobre la base del informe de riesgo, emite recomendaciones a las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad pública para que tomen medidas preventivas, y monitorea la implementación de las medidas y la evolución del riesgo [399] . El CIAT ha sido criticado por no emitir alertas tempranas a partir de informes de riesgo alarmantes en muchas ocasiones, algunas con consecuencias fatales [400] . De hecho, en el periodo 2008-2009, el CIAT solo emitió alertas tempranas sobre la base de la mitad de los informes de riesgo producidos por el SAT (es decir, hubo 110 informes de riesgo, pero el CIAT solo emitió 55 alertas tempranas). [401]

El SAT ha emitido varios informes de riesgo sobre las amenazas que suponen los grupos sucesores. En el periodo 2008-2009, el SAT señaló a los grupos sucesores como la fuente del riesgo en un número igual de veces que a las FARC (88 veces cada uno). [402] Sin embargo, en muchos casos los informes han sido controversiales y han tenido una recepción negativa en otros sectores del gobierno. Por ejemplo, en Meta, varias fuentes informaron a Human Rights Watch que el CIAT había emitido una alerta temprana pero decidió cancelarla luego de que se quejaran las autoridades locales.

La Oficina del Inspector General de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Office of the Inspector General of the US Agency for International Development, USAID) ha señalado que la independencia del SAT “se habría visto comprometida al reconocer autoridad decisoria” al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas ( CIAT), y que existen “algunas pruebas de que la participación del CIAT ha reducido la cantidad de alertas emitidas... Según varias fuentes, se han producido violaciones de derechos aún cuando el SAT ha remitido un informe de riesgo al CIAT”[403].  Por consiguiente, USAID ha recomendado que el gobierno colombiano reforme el sistema para garantizar la publicidad de los informes de riesgo; permitir la participación en el CIAT y el control de este por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación; implementar procedimientos tendientes a asegurar la comunicación efectiva y oportuna entre el SAT y el CIAT; y asegurar que el SAT establezca plazos internos para la elaboración y el envío de informes de riesgo[404].

El SAT también se ha visto perjudicado a causa de la falta de recursos o las demoras en el financiamiento, que han generado pérdidas de personal y dificultades para que los analistas lleven a cabo su labor. El SAT fue creado con importante ayuda estadounidense, pero con el tiempo USAID ha ido reduciendo los fondos con miras a lograr la “colombianización” del proyecto. Según representantes del SAT, el 21 de diciembre de 2009 USAID cesó su financiamiento del presupuesto operativo del SAT (si bien continuó proporcionando fondos para algunos gastos como uso de teléfonos celulares), y trasladó la responsabilidad por el presupuesto operativo exclusivamente al gobierno colombiano. Sin embargo, la reacción del gobierno colombiano para cubrir este déficit ha sido lenta, y gran parte del personal del SAT trabaja actualmente bajo la modalidad de contratos que se extienden sólo hasta julio de 2010. Como resultado, funcionarios del SAT expresaron preocupación por la estabilidad de sus empleos y señalaron que temían que sus cargos no fueran financiados luego de julio [405] .