June 12, 2012

La participación libre, activa y genuina de la población en las decisiones que afectan sus vidas constituye un aspecto integral del desarrollo sustentable. A poco tiempo de la Primavera Árabe, no podemos negar la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, el acceso igualitario a información y a procesos transparentes, la participación cívica y la rendición de cuentas para el desarrollo sustentable.

Lograr el ejercicio efectivo de los derechos humanos y alcanzar el desarrollo sustentable son metas que dependen una de la otra y se complementan recíprocamente. Los Estados deben asegurar que el Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable reconozca la importancia clave de los derechos humanos para el desarrollo sustentable y reafirme el marco internacional de protección de los derechos humanos.

Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional han comprobado que las iniciativas de desarrollo económico que no incorporan obligaciones ni principios de derechos humanos pueden incrementar la marginación, la discriminación y la injusticia. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de proyectos de infraestructura impulsados supuestamente con fines de desarrollo, actividades de industrias extractivas que han expulsado a poblaciones indígenas de las tierras que ocuparon tradicionalmente y políticas de desarrollo que han causado el desalojo forzadode personas que pertenecen a los sectores más pobres.

La exclusión y la discriminación continúan representando factores clave que favorecen y aumentan la pobreza. Por ejemplo, es común que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo sin respetar el derecho de las poblaciones indígenas a ser consultadas y a otorgar su consentimiento libre e informado en forma previa. Las violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas en el marco de iniciativas de “desarrollo” son el resultado de una discriminación arraigada. Se ha propagado una dicotomía falaz y peligrosa que sugiere que el desarrollo es incompatible con los derechos de los pueblos indígenas. Las consecuencias de esto han sido devastadoras: comunidades enteras pierden sus tierras ancestrales y sus medios de subsistencia, y se exponen a graves riesgos para la salud.

Las mujeres aún continúan siendo objeto de una marcada desigualdad y discriminación en el acceso a derechos, oportunidades y recursos. Se estima que, en todo el mundo, el 70 por ciento de quienes viven en la pobreza son mujeres. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han sido reconocidos ampliamente como condiciones indispensables para superar la pobreza y alcanzar un desarrollo sustentable. No obstante, pese a los compromisos retóricos, son muchos los casos en que los derechos humanos relativos a género y a la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, solamente tienen un rol aislado en las políticas y prácticas de desarrollo.

Cuando las políticas y los marcos sobre desarrollo no están alineados con los derechos humanos, a menudo los sectores más pobres y marginados no sólo no obtienen beneficios sino que además son empujados a una pobreza más profunda, a medida que su entorno se degrada, sus medios de subsistencia se ven menoscabados y quedan fuera del alcance de servicios vitales, como atención de la salud y el suministro de agua y saneamiento.

La participación libre, activa y genuina de la población en las decisiones que afectan sus vidas constituye un aspecto integral del desarrollo sustentable. A poco tiempo de la Primavera Árabe, no podemos negar la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, el acceso igualitario a información y a procesos transparentes, la participación cívica y la rendición de cuentas para el desarrollo sustentable.

El desarrollo sustentable debe además reconocer la relación entre la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos. Por ejemplo, la contaminación del agua, el suelo y el aire ha redundado en violaciones del derecho a un estándar de vida adecuado, alimentación adecuada, agua, vivienda digna, protección de la familia y el hogar, salud, un medioambiente saludable, y el derecho a la vida. Los organismos de vigilancia de derechos humanos y los tribunales internacionales, regionales y nacionales han reconocido progresivamente el daño ambiental como una causal de violaciones de derechos humanos y han establecido de manera inequívoca la responsabilidad del Estado en materia de protección ambiental. Human Rights Watch ha documentado violaciones del derecho a la salud de grupos vulnerables, incluidos niños que han estado expuestos a productos químicos tóxicos en el contexto de la minería, la producción industrial y la agricultura.

Por estas razones, instamos a los Estados a incluir las siguientes disposiciones en el documento final:

1. Reconocer las obligaciones de derechos humanos en el documento final

Consideramos sumamente positivo que el borrador establecido el 2 de junio de 2012 para el documento final reconozca la importancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y destaque la responsabilidad de todos los Estados de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Las normas internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ofrecen una serie de estándares universales que han sido adoptados por la gran mayoría de los países. Los compromisos generados a partir de esta conferencia deberían ajustarse a dicho marco previo.

En particular, los Estados deberían:

  1. Reafirmar la obligación jurídica de todos los Estados de respetar, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos, los cuales son indispensables para el desarrollo sustentable.
  2. Reafirmar que las políticas, los proyectos y las prácticas de desarrollo deben reflejar las obligaciones de derechos humanos de los Estados y que la asistencia técnica y financiera debe ser acorde con las obligaciones de derechos humanos.
  3. Reafirmar las obligaciones de derechos humanos de los Estados cuando estos actúan como accionistas de instituciones financieras internacionales (IFI). Los Estados deberían asegurar que las IFI aprueben únicamente aquellos proyectos que hayan sido objeto de evaluaciones efectivas sobre las posibles consecuencias para los derechos humanos y puedan mitigar los riesgos para los derechos humanos que se hayan identificado durante tales evaluaciones.
  4. Reafirmar el derecho de acceso a la información y participación. A fin de participar de manera efectiva en el proceso de desarrollo, las personas deben acceder a información relevante y procesos transparentes. El acceso a información y procesos de participación debería ser inclusivo y no discriminatorio. Los gobiernos deben proteger los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación.
  5. Reafirmar el principio de no discriminación en función de factores como raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad u origen social, propiedad, lugar de nacimiento, discapacidad u otra condición. Los Estados deberían renovar su compromiso de asegurar que la ayuda para el desarrollo sustentable llegue a los miembros más marginados de la sociedad. Esto debería incluir el compromiso de promover activamente los derechos de la mujer y la igualdad de género a través de políticas de desarrollo sustentable, que incluyan políticas para asegurar el acceso a servicios e información sobre salud reproductiva.
  6. Reafirmar los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos tribales y otras comunidades locales.
  7. Reafirmar que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, independientemente del lugar donde lleven a cabo sus actividades, ejercer la debida diligencia para evaluar, prevenir y mitigar las consecuencias para los derechos humanos y el medioambiente, y brindar un recurso accesible cuando se produzcan abusos. Asegurar el cumplimiento exigiendo a las empresas que establezcan procedimientos estrictos de debida diligencia y que den a conocer al público las consecuencias de sus acciones para los derechos humanos.

2. Comprometerse a ampliar la rendición de cuentas respecto de obligaciones de derechos humanos, en tanto se vinculan con el desarrollo sustentable

Si los gobiernos cumplen las obligaciones jurídicas que asumieron previamente en materia de derechos humanos y medioambiente, creemos que ello permitirá un desarrollo sustentable más viable, durable y provechoso para las numerosas personas afectadas por tales iniciativas. A fin de reconocer efectos concretos a su compromiso con el desarrollo sustentable, todos los Estados deberían:

  1. Promulgar y aplicar leyes internas para dar efectividad a los compromisos jurídicos internacionales sobre derechos humanos y medioambiente.
  2. Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un importante mecanismo de rendición de cuentas a nivel internacional.
  3. Asegurar que los objetivos y marcos de desarrollo se basen en las normas internacionales de derechos humanos.
  4. Establecer mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas para los compromisos asumidos en Río, a efectos de medir los avances y poder reconocer y subsanar las consecuencias negativas. Estos procesos deberían tener naturaleza inclusiva, asegurar la participación efectiva de las comunidades afectadas y la sociedad civil, y estar sujetos a escrutinio público.