El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Las tácticas aplicadas en 2014 incluyen procesos penales por difamación y sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación críticos, así como intentos agresivos de desacreditar a defensores de derechos humanos en el país.
En septiembre, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en Quito, sometiendo a manifestantes y transeúntes a graves abusos físicos. El gobierno también ha aplicado una legislación imprecisa sobre terrorismo para perseguir penalmente a manifestantes y líderes indígenas que han cuestionado proyectos extractivos. En diciembre de 2013, el gobierno clausuró de forma arbitraria una importante organización no gubernamental (ONG) dedicada a la promoción de derechos ambientales y de pueblos indígenas.
El Consejo de la Judicatura, actualmente integrado totalmente por ex miembros del gobierno de Correa, ha nombrado y destituido a cientos de jueces a través de métodos sumamente cuestionables, lo cual representa una grave amenaza para la independencia judicial.
En octubre, la Corte Constitucional determinó que la Asamblea Nacional podía iniciar un proceso para modificar 16 artículos de la Constitución, incluidas reformas que otorgarían a las Fuerzas Armadas la facultad de participar en operativos de seguridad pública, concederían al gobierno amplias facultades reglamentarias sobre las “comunicaciones” al considerarlas un “servicio público”, y permitirían la reelección indefinida del presidente.
Problemas persistentes incluyen las deficitarias condiciones carcelarias y las limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
En septiembre, la respuesta de integrantes de las fuerzas de seguridad a manifestaciones mayormente pacíficas en Quito incluyó numerosos casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes. Decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas, al ser arrestados y durante su detención. Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la Policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos.
Dentro de las 24 horas posteriores a su detención, más de 100 detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como “ataque o resistencia” a la autoridad y “daño a bien ajeno”. Los detenidos no fueron informados de los cargos en su contra antes de las audiencias, y tampoco tuvieron contacto con sus familiares o sus abogados hasta inmediatamente antes de estas.
El gobierno respondió a las denuncias y señalamientos de abusos felicitando públicamente a la Policía Nacional por su rol durante las manifestaciones, amenazando con perseguir legalmente a abogados que denunciaban violaciones de derechos humanos, y cuestionando a medios de comunicación que publicaron información sobre los abusos.
Libertad de expresión
La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 le concede al gobierno una amplia potestad para limitar la libertad de expresión. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita la censura, al permitir que el gobierno decida qué información cumple con estos criterios imprecisos. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Y la ley prohíbe la censura previa, cuya definición incluye el deber de los medios privados de difundir temas que el gobierno considere de “interés público”. En septiembre de 2014, la Corte Constitucional rechazó varios recursos que cuestionaban la constitucionalidad de artículos clave de la ley.
La Superintendencia de la Información y Comunicación, un organismo gubernamental regulatorio creado por la Ley Orgánica de Comunicación, ha ordenado retieradas veces que medios de comunicación y periodistas se rectifiquen u ofrezcan una disculpa pública por haber publicado información y opiniones que este organismo consideró falsas. Por ejemplo, en enero, el organismo ordenó que un caricaturista conocido como Bonil “rectificara” una caricatura donde se representaba a policías allanando el domicilio de un periodista que había sido condenado por difamar a Correa. La Superintendencia también dispuso que el periódico El Universo, que había publicado la caricatura, pagara una multa de aproximadamente US$ 140.000.
El nuevo Código Penal que entró en vigor en agosto de 2014 elimina varias disposiciones sobre difamación, pero mantiene el delito de calumnias, que ha sido utilizado numerosas veces por Correa para acosar a sus críticos.
En enero, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena por injurias contra el asambleísta opositor Cléver Jiménez, el dirigente sindical Carlos Figueroa y el periodista y sindicalista Fernando Villavicencio. Los tres habían solicitado que el fiscal general investigara a Correa por haber presuntamente ordenado la toma armada de un hospital durante un motín policial ocurrido en septiembre de 2010, que fue considerado un intento de golpe de estado por el gobierno. La corte condenó a Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión, y a Figueroa a 6 meses, y dispuso que los condenados debían ofrecer una disculpa pública al presidente y pagarle una indemnización de aproximadamente US$ 145.000. Figueroa fue detenido en julio, mientras que Jiménez y Villavicencio permanecían prófugos al momento de la redacción de este documento.
El gobierno de Correa frecuentemente exige a medios privados que transmitan mensajes oficiales en respuesta a informes de noticias u opiniones desfavorables. Por ejemplo, en diciembre de 2013, obligó a estaciones de radio a interrumpir sus programas matutinos de noticias para transmitir un mensaje oficial en respuesta a las declaraciones críticas de la Hermana Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. En el mensaje transmitido se aseveraba que Ecuador no había violados derechos humanos “ni [en] un solo caso”.
Proveedores de servicios en línea han bloqueado videos, imágenes y cuentas que criticaban al gobierno de Correa, luego de que una firma española reclamara que estos contenidos violaban legislación estadounidense sobre derechos de autor. Si bien las autoridades ecuatorianas han negado estar involucradas, las notificaciones enviadas para solicitar que se quitaran los contenidos indican que la sociedad representaba a actores estatales ecuatorianos. En octubre de 2013, YouTube bloqueó el acceso durante varias semanas a un documental que buscaba mostrar la persecución a la comunidad Íntag por su oposición a actividades de minería en la zona. La firma española adujo que el uso de imágenes de la televisión pública ecuatoriana suponía una violación a los derechos de autor.
Independencia judicial
Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un drástico proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos. No obstante, como parte de este proceso, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que debilitan la independencia judicial.
Un informe publicado en julio por tres ONG internacionales —la Fundación para el Debido Proceso Legal, Dejusticia y el Instituto de Defensa Legal— documentó la habitual intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para sancionar a jueces que tomaban decisiones inconsistentes con las políticas del gobierno de Correa.
Acusaciones penales desproporcionadas contra manifestantes
Las disposiciones excesivamente amplias del capítulo sobre “sabotaje y terrorismo” del Código Penal han sido aplicadas reiteradamente por fiscales contra manifestantes. Estas normas se han utilizado para condenar a más de 100 personas por haber participado en protestas presuntamente violentas durante el motín policial de septiembre de 2010.
En marzo de 2014, la estudiante universitaria María Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de prisión. Cevallos fue una de los numerosos manifestantes acusados de haber ingresado por la fuerza a la sede del canal de televisión pública ese día —luego de que el gobierno ordenara que todos los demás canales transmitieran su programación— para exigir que se le concediera la posibilidad de hablar al público. Otro estudiante fue condenado a dos años de prisión como cómplice debido a que “con su aplauso... exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social”.
En abril, tres mujeres que participaron en una protesta con otras personas, en su mayoría mujeres, a las afueras de una cárcel en Quito contra el traslado de un recluso, fueron detenidas y acusadas aplicando las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo. Según un parte policial, las manifestantes “gritaban ‘torturador’ [al ministro del interior] razón por la cual [este] dispuso la inmediata detención de las tres ciudadanas”. Las tres mujeres estuvieron 18 días en prisión, hasta que la fiscalía retiró los cargos.
Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil
En 2013, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo extremadamente amplio que le otorga al gobierno la potestad de intervenir en las actividades de las ONGs, incluida la posibilidad de disolver estas organizaciones cuando “afecten la paz pública” o hayan participado en actividades distintas a aquellas identificadas al momento de registrarse ante el gobierno.
En diciembre de 2013, el gobierno disolvió a la Fundación Pachamama, una ONG que durante más de 16 años se había dedicado a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, sobre la base de que varios de sus miembros supuestamente habían participado en una manifestación violenta contra la extracción de petróleo en la región del Amazonas. Pachamama no fue notificada anticipadamente sobre la disolución, y todas las acciones legales que planteó contra esta resolución fueron rechazadas.
El gobierno ha intentado reiteradamente desacreditar a organizaciones de la sociedad civil, acusándolas de que procuran desestabilizar al gobierno. En abril, Correa acusó a miembros de Yasunidos, una organización de base dedicada a temas ambientales, de ser mentirosos, incoherentes y “tirapiedras”. Yasunidos había reunido más de 700.000 firmas para que se llevara a cabo un referéndum sobre si debía permitirse que continuara la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en el Amazonas.
Juicios por abusos del pasado
Los esfuerzos para que funcionarios ecuatorianos rindan cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008 siguen avanzando lentamente. En 2014, un tribunal resolvió que las violaciones graves de derechos humanos son imprescriptibles, y el ex comandante de Policía Edgar Vaca, acusado de delitos de lesa humanidad durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), fue detenido en Estados Unidos. A la fecha de redacción de este informe, su extradición se encontraba pendiente.
En 2010, se creó una unidad de fiscalía especializada a la cual se encomendó la investigación de 118 casos sobre 456 víctimas (incluidas 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 17 de desapariciones forzadas) documentados por una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa. Al momento de la preparación de este informe, la fiscalía había formulado cargos en siete casos, incluidos dos en los cuales los presuntos responsables fueron condenados, y uno en el cual resultaron absueltos.
Derechos reproductivos
El derecho a realizar abortos se limita a aquellos casos en que la salud o vida de la mujer esté en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso a servicios de salud y a la atención luego de una violación para víctimas de violencia sexual. El temor a la persecución penal también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia sexual, según estadísticas oficiales.
Refugiados
Según las estadísticas oficiales más recientes disponibles, correspondientes a 2013, hay en Ecuador casi 55.000 refugiados registrados, una cantidad superior a la de cualquier otro país de América Latina. La mayoría son ciudadanos colombianos que escapan del conflicto armado.
En septiembre, la Corte Constitucional estableció que varias disposiciones de un decreto presidencial de 2012 que reglamenta los procedimientos de asilo eran inconstitucionales. La corte dispuso que la definición de “refugiado” contenida en el decreto era demasiado acotada y resultaba incompatible con la definición prevista en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. También extendió el plazo para presentar un pedido de asilo a tres meses a partir del ingreso del solicitante, y estableció garantías adicionales para apelar las decisiones sobre asilo, estableciendo que los refugiados no pueden ser devueltos hasta que un juez haya dictado una decisión definitiva sobre su caso.
No obstante, la sentencia confirmó otras disposiciones problemáticas del decreto, como procedimientos injustos para la determinación sobre qué pedidos de asilo deberían considerarse “manifiestamente infundados”, y facultades excesivamente amplias para revocar la condición de refugiado.
Condiciones en centros de detención
La sobrepoblación y las condiciones deficientes en centros de detención son dos problemas crónicos en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha invertido millones de dólares en la construcción de nuevos centros de detención. Sin embargo, la ubicación remota de estos centros y el carácter estricto y limitado del régimen de visitas dificultan que los internos mantengan contacto con sus familiares. Según ha trascendido, se habrían practicado inspecciones vaginales y rectales a personas que ingresan a estos centros como visitantes.
Actores internacionales clave
Con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador continúo impulsando una campaña internacional orientada a socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El gobierno no participó en audiencias públicas sobre Ecuador convocadas por la comisión, y anunció que no cumpliría con las medidas cautelares ordenadas por esta. En enero, Correa sugirió una vez más que Ecuador podría retirarse del sistema interamericano de derechos humanos.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), vinculada a un partido político alemán, cerraron sus oficinas en Ecuador en septiembre. USAID indicó que esto era “resultado de la decisión del gobierno de Ecuador de prohibir la aprobación de nuevos programas de asistencia de USAID”, mientras que KAS se refirió al “control y la influencia cada vez mayor del gobierno en la labor política que desarrollan fundaciones y ONG”.