Los problemas que han afectado históricamente al sistema de justicia penal de Bolivia, como el uso arbitrario y extendido de la prisión preventiva y largas demoras en los procesos, socavan los derechos de los acusados y profundizan la grave sobrepoblación que existe en las cárceles. Persiste la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario que gobernó al país de 1964 a 1982.
El gobierno del Presidente Evo Morales continuó profiriendo agresiones verbales contra la prensa, y acusó a periodistas de tendencia crítica de faltar a la verdad motivados por intereses políticos.
Tras las protestas públicas que se produjeron luego del resonado asesinato de varias mujeres, el gobierno sancionó en marzo de 2013 una ley integral para combatir la violencia de género.
Juicios por abusos del pasado
Bolivia ha conseguido escasos avances en la investigación y el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982. Una de las causas ha sido la renuencia de las fuerzas armadas a brindar información que podría esclarecer el destino o paradero de personas asesinadas o desaparecidas durante este período.
Los planes para crear una comisión de la verdad anunciados por el gobierno de Morales en 2008 no se han concretado en la práctica. Bolivia no ha cumplido su compromiso de indemnizar a las víctimas de violencia política de ese período. Una ley de 2004 previó un presupuesto de fondos gubernamentales por US$ 3,6 millones para este fin, que alcanzarían para cubrir solamente el 20 por ciento de los costos propuestos. El resto de los fondos debían ser aportados por donantes privados, pero nunca fueron recaudados.
En abril de 2012, el Congreso sancionó una ley en la cual anunciaba pagos por única vez equivalentes a cerca del 20 por ciento de las cantidades aprobadas en 2004. En diciembre de 2012, 1.418 de los 1.714 beneficiarios aprobados habían recibido uno de estos pagos reducidos, según indicó el gobierno. Muchos otros potenciales beneficiarios indicaron que fueron rechazados debido a las evidencias documentales excesivamente rigurosas exigidas por la comisión gubernamental para evaluar las solicitudes.
Las demoras en los juicios contra líderes de oposición y funcionarios gubernamentales han obstaculizado la posibilidad de justicia para víctimas de los violentos enfrentamientos ocurridos en 2008 entre partidarios y opositores del Presidente Morales. Los reiterados cambios de jurisdicción y la ineficacia fiscal también han socavado el derecho de los acusados al debido proceso y a un juicio sin dilaciones. Hasta agosto de 2013, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, ex prefecto de policía del departamento de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008 por su rol en una masacre ocurrida en septiembre de 2008 y durante la cual perdieron la vida 13 personas. El juez suspendió el proceso reiteradas veces, ante la incomparecencia de los acusados.
A pesar de la consternación expresada a nivel internacional, el gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en 2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios implicados en una conspiración separatista. Murieron abatidos por disparos policiales luego de que esta fuerza irrumpiera en las habitaciones de un hotel de Santa Cruz donde estaban alojados. Los informes periciales de un patólogo del gobierno irlandés y un consultor forense independiente sugieren que al menos dos de ellos habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial.
Jurisdicción militar
En una decisión emblemática dictada en diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional determinó que el caso sobre la muerte de un conscripto ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, aparentemente a causa de que los instructores lo golpearon en la cabeza y el tórax, debía tramitar en la justicia penal ordinaria. El tribunal instó a los legisladores a reformar el Código Penal Militar para adecuarlo a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos, que disponen que todas las violaciones de derechos humanos deben ser juzgadas por tribunales de la justicia penal ordinaria.
Violaciones del debido proceso
La amplia discrecionalidad de los jueces para disponer la prisión preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han debilitado considerablemente los derechos de debido proceso de personas acusadas de delitos, especialmente entre los sectores pobres de Bolivia.Según un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),en septiembre de 2012 el 84 por ciento de los presos en Bolivia aún estaban a la espera de un juicio. El derecho boliviano contempla hasta tres años de prisión preventiva, si bien este límite muchas veces se transgrede en la práctica.
Algunos acusados que cobraron notoriedad también han sufrido violaciones al debido proceso y persecución judicial. En octubre de 2013, José María Bakovic, ex director del Sistema Nacional de Carreteras (SNC), murió de un ataque cardíaco a los 74 años y luego de que la fiscalía lo obligara a asistir a una audiencia en La Paz, a pesar de las advertencias de los médicos de que, debido a la altitud, el traslado hasta allí podía poner en riesgo su vida. Bakovic, quien trabajó enérgicamente para erradicar la corrupción en el SNC mientras ejerció como director, se convirtió él mismo en objeto de una investigación de corrupción luego de que el Presidente Morales asumiera en 2006. Antes de su muerte, afirmó que había tenido que defenderse en 72 causas iniciadas en distintas regiones de Bolivia, y finalmente en agosto de 2013 fue condenado a tres años de prisión por daño económico al Estado.
Condiciones en centros de detención
La ampliación de los períodos de prisión preventiva y las dilaciones en los juicios han agravado la sobrepoblación en las cárceles de Bolivia. Hasta septiembre de 2013, el gobierno informó que había 14.770 internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000. El 80 por ciento de estos presos, según fue señalado entonces por el Presidente Morales, se encontraban detenidos debido a “demoras en el sistema judicial”.
Las condiciones en los centros de detención son deficientes: la infraestructura es precaria, la alimentación y la atención médica son insuficientes y el control interno a menudo lo ejercen los mismos presos. Al menos 35 internos fueron asesinados, y más de 50 resultaron heridos en un incendio provocado durante un enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en agosto de 2013 en la cárcel de Palmasola. Entre los muertos había un bebé de 18 meses que estaba pasando la noche en prisión con su padre, quien presuntamente falleció mientras intentaba protegerlo de las llamas.
En septiembre, el Presidente Morales firmó un decreto por el cual conmutó la pena de presos que cumplían condenas de hasta ocho años por otras menores, y estableció la posibilidad de liberar a quienes cumplían prisión preventiva por delitos que acarrean penas de cuatro años de prisión o menores y concederles una amnistía gubernamental. Si bien el gobierno estimó que esto afectaría a cerca de 2.000 presos, la Iglesia Católica de Bolivia consideró que solamente cerca de 600 internos en prisión preventiva reunirían los requisitos para la liberación, debido a las rigurosas condiciones de elegibilidad.
Violencia de género y derechos reproductivos
Numerosas mujeres y jóvenes de Bolivia están expuestas a un alto riesgo de violencia de género. Según estadísticas policiales informadas por la prensa, en 2012 hubo más de 140 asesinatos de mujeres en episodios de violencia de género, y se presentaron miles de denuncias vinculadas con estos hechos. A raíz de las protestas públicas organizadas tras los resonados homicidios de varias mujeres a comienzos de 2013, incluido el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, que fue apuñalada por su esposo —un ex policía— en febrero, el gobierno sancionó en marzo una ley integral contra la violencia de género. Antes del asesinato, Huaycho había denunciado abusos por parte de su esposo a las autoridades.
La nueva ley añade el término “feminicidio” al Código Penal (para el cual prevé una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto), crea un equipo de trabajo para combatir la violencia doméstica y exige la construcción de centros de acogida para mujeres, entre otras reformas.
En Bolivia, las víctimas de violencia sexual deben recibir autorización judicial para poder acceder a servicios de aborto legal. De lo contrario, podrían ser procesadas penalmente. Por ejemplo, una mujer indígena cumplió ocho meses de prisión en 2012 por someterse a un aborto sin autorización luego de haber quedado embarazada durante una violación.
Libertad de expresión
Si bien existe un dinámico debate público, algunas veces el Presidente Morales o sus ministros han expresado críticas agresivas contra la prensa, al acusar a periodistas de mentir y distorsionar la realidad impulsados por intereses políticos. En agosto de 2013, el ministro de la presidencia calificó al periódico Página Siete de La Paz de “indecoroso, malicioso, engañoso y mendaz” y de mantener vínculos con políticos de la derecha chilena. Los comentarios del ministro fueron vertidos luego de que, ese mismo mes, en un discurso conmemorativo del Día de la Independencia, el Presidente Morales acusara a ciertos periódicos —que no identificó— de posicionarse a favor de Chile (Bolivia mantiene históricamente una controversia marítima con Chile). En agosto de 2012, el gobierno presentó una denuncia penal contra Página Siete y otros dos medios por “incitación al racismo” luego de la publicación de un titular que supuestamente distorsionaba los dichos del presidente con respecto a la escasez de alimentos. En septiembre de 2013, la causa aún estaba abierta.
En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa estaba debatiendo un proyecto de ley presentado por el gobierno sobre transparencia y acceso a información pública. La Asociación Nacional de Prensa criticó varias de las causas de confidencialidad previstas en el proyecto, que concede a un amplio espectro de autoridades gubernamentales la potestad de establecer excepciones al acceso.
Actores internacionales clave
Bolivia apoyó una campaña de Ecuador destinada a debilitar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial sobre libertad de expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para este propósito durante la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual que otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente su intención de continuar impulsando estos cambios en el futuro.
En junio de 2013, el Comité contra la Tortura exhortó a Bolivia a adoptar legislación que tipificara a la tortura como un delito con entidad propia conforme a la definición del Comité contra la Tortura, y manifestó consternación por las demoras en la investigación de presuntos casos de tortura.
En octubre de 2013, en una versión preliminar de sus observaciones finales con respecto al tercer informe periódico de Bolivia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al país a implementar alternativas a la detención preventiva y a limitar rigurosamente la duración de estas medidas, así como a eliminar el requisito de autorización judicial previa para el aborto terapéutico y el aborto en casos de violación e incesto, entre otras recomendaciones.
En abril de 2013, el Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios de la ONU expresó preocupación ante la persistencia de actos de discriminación contra trabajadores migrantes y refugiados en Bolivia, y la falta de constancias de que los trabajadores migrantes cuyos derechos habían sido violados hubieran recibido algún tipo de reparación.
También en abril, Bolivia se convirtió en el segundo estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo en América Latina en ratificar el Convenio sobre Trabajadores Domésticos, que reconoce garantías fundamentales a millones de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres y jóvenes, que realizan tareas básicas del hogar en casas particulares.