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Colombia

Eventos de 2008

El conflicto armado interno de Colombia sigue estando acompañado de numerosos abusos por parte de grupos armados irregulares y fuerzas de seguridad del estado.  En el 2008, el estado colombiano dio importantes golpes a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, las guerrillas continuaron participando en prácticas abusivas como el secuestro, la utilización de minas antipersonales y el reclutamiento de niños para el combate, entre otras. Nuevos grupos armados que han reemplazado a los paramilitares, que nunca se desmovilizaron completamente, dieron muestras de ser cada vez más activos, amenazando y asesinando a civiles, entre ellos sindicalistas y defensores de derechos humanos. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por militares continuaron siendo frecuentes. El desplazamiento interno de la población civil se ha incrementado en forma sostenida durante los últimos años; se informa que a mediados de 2008 la cantidad de personas afectadas puede haber alcanzado su nivel más alto en varias décadas.

Las instituciones de justicia de Colombia comenzaron a lograr avances importantes en el esclarecimiento de la verdad acerca de los abusos cometidos por los paramilitares y sus cómplices. Sin embargo, en 2008 el gobierno del Presidente Álvaro Uribe en varias oportunidades adoptó medidas que podrían obstaculizar las investigaciones.

Avances y amenazas a la justicia en relación con los cómplices de los paramilitares

Los grupos paramilitares colombianos son responsables de delitos de lesa humanidad e incontables otras atrocidades. Asimismo, han acumulado un inmenso patrimonio y una fuerte influencia, en parte a través de alianzas mafiosas con miembros de las fuerzas militares, políticos y empresarios.
 
Las instituciones de justicia de Colombia han comenzado recientemente a esclarecer parte de la verdad acerca de los abusos de los paramilitares y sus cómplices. La Corte Suprema de Justicia ha realizado avances sin precedentes en la investigación de las denuncias de colaboración de los miembros del Congreso colombiano con los paramilitares. Más de 60 congresistas, casi todos ellos pertenecientes a la coalición del Presidente Uribe, están siendo investigados. Y, en sus confesiones ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de la "Ley de Justicia y Paz", que ofrece penas reducidas a cambio de confesiones plenas y veraces, entre otras condiciones, los jefes paramilitares comenzaron a revelar información sobre algunas de las atrocidades que cometieron y a identificar a sus cómplices.
 
Sin embargo, el gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones. Varios altos funcionarios del gobierno han atacado públicamente a la Corte Suprema y a sus miembros a título personal, en algunos casos formulando acusaciones que, como luego se comprobó, eran infundadas, en lo que se parece cada vez más a una campaña dirigida a desacreditar a la Corte. A mediados de 2008 el gobierno incluso propuso una serie de reformas constitucionales que podrían haber excluido las llamadas investigaciones de la "parapolítica" de la competencia de la Corte Suprema, pero en noviembre retiró la propuesta. El gobierno bloqueó también el denominado proyecto de ley de la "silla vacía", que hubiera reformado al Congreso para sancionar a los partidos que habían respaldado a políticos vinculados con los paramilitares. 

Extradiciones de los líderes paramilitares

En mayo de 2008, Colombia extraditó a la mayoría de los principales líderes paramilitares a los Estados Unidos. Las extradiciones son positivas en cuanto pueden ayudar a quebrar las cadenas de mando de estos grupos e incrementan la posibilidad de que estos jefes cumplan largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico.

No obstante, las extradiciones podrían significar un golpe fatal para el juzgamiento de otras atrocidades cometidas por los paramilitares, ya que se produjeron en un momento en que varios de los jefes estaban empezando a responder a preguntas de los fiscales y tribunales colombianos acerca de los abusos cometidos y de sus cómplices. Las repentinas extradiciones han interrumpido el proceso de las confesiones en Colombia y han eliminado los principales incentivos para que los jefes paramilitares colaboren con las investigaciones en dicho país.

En octubre, dos de los extraditados, conocidos como "Cuco Vanoy" y "Gordolindo", recibieron penas de más de 20 años de prisión cada uno por sus delitos de narcotráfico, como resultado de acuerdos de rebaja de penas en Estados Unidos. Han dejado de proporcionar información a las autoridades colombianas acerca de sus crímenes vinculados con los derechos humanos, y no se sabe si los acuerdos de rebaja de penas que negociaron requieren su cooperación en este sentido.

Nuevos grupos armados

El gobierno de Uribe sostiene que ya no existen los paramilitares en Colombia. Pero si bien más de 30.000 personas ingresaron al proceso de desmovilización paramilitar del gobierno, investigadores Colombianos han encontrado pruebas que demuestran que muchas de ellas no eran paramilitares, sino civiles reclutados con el propósito de que se hicieran pasar por tales. Las autoridades por lo general no investigaron a estas personas.

Mientras tanto, han surgido por todo el país nuevos grupos armados, a menudo bajo el mando de jefes paramilitares de rango medio. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) a cargo de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos de esta naturaleza, con miles de integrantes. Estos grupos reclutan activamente a nuevos miembros y cometen numerosos abusos, como extorsión, amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados. En Medellín, por ejemplo, luego de que se registrara una reducción sostenida de los indicadores oficiales de violencia durante varios años, se produjo una nueva ola de homicidios perpetrados presuntamente por estos grupos.

Abusos de las guerrillas

Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra civiles.

Las fuerzas estatales dieron importantes golpes contra las FARC, como la detención o el asesinato de algunos de sus jefes. En junio, las fuerzas de seguridad rescataron a 15 rehenes en poder de las FARC, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt. El operativo se llevó a cabo sin pérdidas humanas, pero luego se supo que un miembro de las fuerzas militares que participaron en este llevaba el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja, en violación de los Convenios de Ginebra, lo que pone en peligro la capacidad de los trabajadores humanitarios de desempeñar su función de proteger a la población civil. Las FARC siguen cometiendo secuestros habitualmente, y aún mantienen a cientos de rehenes.

En agosto, funcionarios del gobierno acusaron a las FARC de colocar una bomba en una concurrida calle de la localidad de Ituango, que causó la muerte de siete personas y provocó heridas a más de 50.

Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonales con frecuencia. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República informó que fueron 153 las víctimas civiles de minas antipersonales entre enero y septiembre de 2008.

Desplazamiento interno

Se estima que la población desplazada dentro de Colombia supera los 3 millones de personas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El desplazamiento dentro de Colombia se ha incrementado en forma sostenida durante los últimos años. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), una organización no gubernamental que monitorea el desplazamiento, durante la primera mitad de 2008 se registró el índice más alto de desplazamientos en Colombia en 23 años, en tanto fueron más de 270.000 las personas desplazadas en seis meses (lo que representa un incremento del 41 por ciento respecto del primer semestre de 2007). Si bien las cifras oficiales correspondientes a este período son inferiores, continúan aumentando debido a que el plazo durante el cual las víctimas pueden denunciar al gobierno su desplazamiento continúa vigente.

Mediante una sentencia dictada en 2004, la Corte Constitucional determinó que las mujeres son especialmente vulnerables en situaciones de desplazamiento interno y que el gobierno, al no proteger adecuadamente a las mujeres, violaba sus derechos. En 2008, el gobierno adoptó las primeras medidas tendientes a cumplir la sentencia de la Corte y estableció programas para proteger a las mujeres desplazadas internamente.

Abusos e impunidad de las fuerzas militares

En los últimos años se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Ante la presión por demostrar resultados, los miembros del Ejército al parecer secuestran o detienen a civiles en su vivienda o lugar de trabajo, los asesinan y luego los disfrazan como combatientes muertos en enfrentamientos.

La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente un gran número de casos que afectan a más de mil víctimas desde 2003.  El Ministerio de Defensa ha impartido directivas que señalan que estos asesinatos son inadmisibles. Sin embargo, estas directivas se han visto frustradas habitualmente por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Presidente Uribe, quienes durante años negaron públicamente la existencia del problema y acusaron a los defensores de derechos humanos que denuncian las ejecuciones de formar parte de una campaña deliberada promovida por las guerrillas para desacreditar a las fuerzas militares. 

En septiembre de 2008, se desató un escándalo sobre la desaparición de 11 jóvenes de Soacha, un barrio de bajos recursos de Bogotá. Sus cuerpos fueron encontrados en el lejano departamento de Norte de Santander, al noreste del país. Las fuerzas militares, en un principio con el respaldo del Presidente Uribe, afirmaron que se trataba de muertes en combate. El Fiscal General de la Nación Mario Iguarán cuestionó esta versión. En octubre, el gobierno de Uribe anunció la destitución de 27 oficiales, entre ellos tres generales, en relación con los asesinatos.

Mario Montoya, comandante del Ejército, quien había sido acusado de cometer abusos y mantener vínculos con los paramilitares, renunció en noviembre de 2008.

Violencia contra sindicalistas

Durante años, Colombia ha sido el país en el mundo con las mayores cifras de asesinatos de sindicalistas.  Según datos de la Escuela Nacional Sindical, la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.600 los asesinatos denunciados desde 1986. Gran parte de estos asesinatos se atribuyen a grupos paramilitares, que han perseguido a sindicalistas en forma deliberada.

Si bien la cantidad de asesinatos cometidos cada año se ha reducido desde la década de 1990, época en que se registraron los índices más altos y en que tuvo lugar la violenta expansión de los paramilitares, más de 400 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Uribe. En 2008, la cantidad de asesinatos ascendió nuevamente,  llegando a 41 entre enero y octubre, según la Escuela Nacional Sindical. Muchas de las víctimas eran sindicalistas que trabajaban en el sector de la educación.

La impunidad por la violencia antisindical es generalizada: en cerca del 97 por ciento de los casos no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad. El índice de asesinatos de sindicalistas que recibieron condena durante el gobierno de Uribe fue sistemáticamente bajo hasta 2007, cuando la cantidad de condenas ascendió abruptamente a 43. En octubre, la Fiscalía General de la Nación informó que durante 2008 se habían dictado 53 condenas. Este repentino aumento responde principalmente a la presión ejercida por el Congreso de los Estados Unidos. 
 

Amenazas contra defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de paramilitares

Los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y las víctimas de los grupos paramilitares, al igual que los sindicalistas, reciben amenazas regularmente.

Poco tiempo antes de una manifestación contra la violencia paramilitar realizada el 6 de marzo, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria formuló acusaciones públicas contra los organizadores de la marcha.  Numerosos defensores de derechos humanos y sindicalistas denunciaron amenazas y agresiones poco tiempo antes de la manifestación y después de esta. Algunas de las personas que organizaron la marcha y participaron en ella fueron asesinadas. Además de los grupos de derechos humanos del país, las amenazas estuvieron dirigidas a la organización internacional Peace Brigades International, Proyecto Colombia, la revista de noticias Semana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones indígenas y políticos de la oposición. En la mayoría de los casos, las amenazas se realizaron en nombre de un grupo que se autodenomina Águilas Negras.

El Ministerio del Interior cuenta con un programa de protección para periodistas y sindicalistas, y durante 2008 estableció un programa separado para las víctimas que presentan denuncias en el marco del proceso de desmovilización paramilitar. En mayo, la Corte Constitucional exigió una revisión exhaustiva de este programa, que fue calificado por muchos grupos de víctimas como inadecuado.

Varios funcionarios del gobierno de alto rango continuaron formulando declaraciones públicas en las cuales acusaban a los grupos y defensores de derechos humanos de colaborar con las guerrillas. Estas declaraciones generan un clima de intimidación que impide que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo plenamente su trabajo legítimo.

Actores internacionales clave

Los Estados Unidos siguen siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2008, proporcionaron cerca de US$ 650 millones al gobierno colombiano, algo menos que en años anteriores. Si bien gran parte de la asistencia continúa siendo a través de ayuda militar o policial, en 2008 se destinó una proporción más importante de la ayuda a asistencia social y económica. Pese a que el 30 por ciento de la ayuda militar proveniente de los Estados Unidos está formalmente supeditada a condiciones en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no sido consistente al exigir el cumplimiento de estas condiciones. Los Estados Unidos también brindan apoyo financiero para el proceso de desmovilización paramilitar, con sujeción al cumplimiento, por parte de Colombia, de las condiciones pertinentes que establece la legislación estadounidense.
 
Los líderes demócratas del congreso estadounidense se han comprometido a postergar el debate del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que existan "pruebas concretas de resultados sostenidos" en relación con la impunidad respecto de la violencia contra sindicalistas y el papel de los grupos paramilitares.
 
Si bien el Reino Unido brinda asistencia militar a Colombia, el monto total de dicha asistencia no ha sido revelado. Por su parte, la Unión Europea brinda asistencia social y económica, y ha prestado ayuda a los programas de desmovilización paramilitar del gobierno.


La MAPP/OEA, responsable de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió informes en 2008 en los cuales manifestaba su preocupación por las actividades de nuevos grupos que habían logrado armarse nuevamente o de otros que nunca se habían desmovilizado.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra activa en Colombia, y tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali. La situación de Colombia fue evaluada según el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2008.