La respuesta internacional a la Primavera Árabe

Por Kenneth Roth

La triste realidad es que la política occidental dominante con respecto al pueblo árabe se ha centrado tradicionalmente en la contención. Hoy en día, muchos aplauden que la población de la región se eche a las calles para reclamar sus derechos, sin embargo, hasta hace poco, los gobiernos occidentales actuaban a menudo como si hubiera que temer, contener y controlar al pueblo árabe. En otras regiones la democracia se expandió, pero no en Oriente Medio y África del Norte, donde Occidente pareció contento con respaldar a toda una serie de autócratas árabes siempre y cuando apoyaran los intereses occidentales. En el resto del mundo se espera que los gobiernos sirvan a su pueblo, al menos en principio, pero Occidente confió en que los monarcas y caudillos del mundo árabe garantizarían la "estabilidad" y mantendrían acalladaslas demandas populares. La promoción de los derechos humanos en el mundo tenía una excepción árabe.
 
La Primavera Árabe demostró que muchas personas en la región no estaban de acuerdo en la cómoda complacencia occidental con el régimen autocrático. Ya no estaban dispuestas a someterse pasivamente a gobernantes que solo buscaban su beneficio propio, y comenzaron a insistir en convertirse en ciudadanos de pleno derecho en sus países y a tomar las riendas de su destino. En un país tras otro, un acto de represión desencadenó la indignación popular contra un régimen que había adoptado demasiadas medidas brutales. Esta vez, el muy debatido y largamente acallado movimiento callejero árabe se levantó y derribó al viejo orden. En la búsqueda de su voz y poder colectivos, la gente de la región transformó sus ideales políticos hasta un punto del que no será fácil dar marcha atrás.
 
En Túnez, el elemento catalizador fue la autoinmolación del frutero Mohamed Bouazizi, después de un caso de humillación habitual por parte de la policía. En Egipto, fueron las fotos de la cara deformada de Khaled Said, un joven golpeado hasta la muerte por la policía. En Siria, fue la tortura de adolescentes por pintar grafitis contra el régimen. En Libia, fue la detención de Fathi Terbil, abogado de las víctimas de la masacre de 1996 en la prisión de Abu Salim. Estos ejemplos del abuso cotidiano se sumaron a muchos otros y provocaron lo que se convirtió esencialmente en una serie de revoluciones en favor de los derechos humanos, impulsadas por la demanda de que los gobiernos fueran finalmente elegidos por su pueblo, respetaran sus derechos y estuvieran sometidos al imperio de la ley.
 
Occidente todavía se está ajustando a esta transformación histórica. Muchas de las principales democracias del mundo, aunque generalmente se oponen a la represión violenta de manifestaciones pacíficas, siguen manteniendo una alianza reticente con los manifestantes, debido a la preocupación que supondría poner estos países de importancia fundamental en manos de sus ciudadanos.
 
Y si bien los gobiernos occidentales se han mostrado renuentes a abandonar a sus amigos autocráticos, muchos otros países se han mostrado directamente hostiles en contra de las rebeliones. Era previsible que los gobiernos dictatoriales se atemorizaran ante el precedente del derrocamiento popular de los regímenes autoritarios. China adoptó medidas extraordinarias para prevenir "las manifestaciones del jazmín", inspiradas en la Revolución del Jazmín de Túnez. Corea del Norte tenía tan claro que quería mantener desinformada a su población acerca de la Primavera Árabe que impidió el regreso al país de sus trabajadores en Libia. Desde Zimbabue a Irán, Sudán a Uzbekistán, Cuba a Rusia, Etiopía a Vietnam, los autócratas viven atemorizados por la clase de poder popular demostrado en la Primavera Árabe.
 
Su aprehensión tiene fundamentos. Los levantamientos demuestran que la reclamación de los derechos tiene un gran atractivo y es capaz de unir a elementos dispares de la sociedad y generar una poderosa fuerza colectiva para el cambio. Las viejas herramientas de represión—la censura, la detención arbitraria, la tortura, el asesinato—sólo lograron envalentonar a los manifestantes una vez que ganaron confianza en su poder de convocatoria. En vez de infundir miedo y aquiescenciaa regañadientes, la represión mostró las verdaderas intenciones de los autócratas y puso de relieve la justificación de la causa de los manifestantes. Esto supuso una advertencia escalofriante para los regímenes que llevan mucho tiempo confiando en la idea de que su capacidad represiva siempre eclipsaría el descontento popular.
 
La respuesta a la Primavera Árabe de algunos gobiernos democráticos de países meridionales, como Brasil, India y Sudáfrica, ha sido más decepcionante. Actuaron aparentemente guiados por más por su compromiso con visiones desfasadas de soberanía nacional que por las aspiraciones del pueblo árabe, aun cuando esto significó salvaguardar a regímenes represivos de la tan necesaria presión internacional. A pesar de haber logrado gobiernos responsables y el imperio de la ley en sus países, estas democracias meridionales sólo mostraron un interés esporádico en ayudar a la población del mundo árabe, que estaba luchando por lograr el mismo objetivo. Su justificación más frecuente para no ejercer su influencia sobre infractores graves de los derechos humanos fue la posible utilización indebida de estos derechos como elemento de presión, o el miedo a que pudieran servir como una herramienta de dominio por los países septentrionales.
 
Esta indiferencia de muchos sectores ante los derechos de la población de la región tiene que acabar. El firme respaldo a las poblaciones de Oriente Medio y África del Norte cuando reclaman sus derechos legítimos es la mejor manera de ejercer presión sobre sus opresores para detener el derramamiento de sangre. Una insistencia basada en principios sobre el respeto por los derechos humanos es también la mejor manera de ayudar a estos movimientos populares a alejarse de la intolerancia, la anarquía y los impulsos de venganza, que corren el riesgo de ocurrir durante y después de una revolución.
 
La Primavera Árabe es un momento de transformación, la oportunidad histórica de un pueblo largamente oprimido para tomar control de su destino. Sin embargo, la transformación no será fácil. Los habitantes de la región, como los del resto del mundo, merecen el respaldo mundial a sus derechos mientras se embarcan en esta aventura largamente esperada. Es hora de poner fin a la excepción árabe.
 

Aceptación occidental de los autócratas árabes

Los gobiernos occidentales permitieron la excepción árabe porque creyeron que la promesa ilusoria de "estabilidad" de los gobernantes autoritarios era mejor para sus intereses en la región que las incertidumbres de un gobierno electo. Cinco razones fundamentales explican la aceptación occidental en el pasado de estos aspirantes a presidentes y monarcas vitalicios.
 
La primera fue la intención de contener cualquier amenaza del islam político contra los intereses occidentales. Los gobiernos occidentales y sus aliados siempre han tenido una cierta ambivalencia con respecto al islam político: lo promueven cuando lo consideran útil contra un enemigo más temido (los muyahidines contra los soviéticos, Hamas contra la Organización de Liberación Palestina), o cuando se alinea con los intereses occidentales (como en Arabia Saudita). Sin embargo, cuando el islam político ha desafiado a gobiernos amigos, Occidente se ha mostrado sumamente cauteloso.
 
Un detonante importante de esta desconfianza fue un país no árabe: Irán, tal como surgió después del derrocamiento del Sha, apoyado por Occidente. El temor a "otro Jomeini"—de hostilidad de Irán contra Estados Unidos, de brutalidad con respecto a su propio pueblo y de apoyo a Hezbollah y Hamas—hizo que muchos gobiernos occidentales desconfiaran del islam político cuando adoptó la forma de un movimiento opositor a un aliado.
 
Esta desconfianza alcanzó su nadir a principios de la década de 1990, cuando, después de una breve apertura política en Argelia, el Frente Islámico de Salvación parecía estar al borde de la victoria electoral. Un golpe militar interrumpió el proceso electoralcon escasas protestas occidentales. Los partidarios del golpe argumentaron que el programa secreto de los islamistas era permitir "un hombre, un voto, una vez".
 
Muchos partidos islámicos han adoptado de hecho posiciones inquietantes que subyugarían los derechos de la mujer y restringirían las libertades religiosas, personales y políticas. Pero también lo han hecho muchos de los regímenes autocráticos respaldados por Occidente. Asimismo, los movimientos islámicos no son ni mucho menos monolíticos ni se oponen implacablemente a los derechos humanos. Sin embargo, en lugar de entablar un diálogo con ellos para exigir el respeto de los derechos, los gobiernos occidentales los han tratado a menudo como intocables.  Esa desconfianza convirtió en una burla el apoyo ocasional occidental a la democracia en la región. Por ejemplo, en un intento de justificar a posteriori su invasión a Irak como un acto de promoción de la democracia, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ejerció brevemente presión para que se celebraran también elecciones en otras partes de la región. Sin embargo, este programa de democratización terminó rápidamente cuando Hamas se impuso en unas elecciones imparciales en Cisjordania y Gaza en 2006, y cuando la Hermandad Musulmana ganó la mayoría de las representaciones disputadas en las elecciones parlamentarias de Egipto en 2005.
 
A pesar de la prudencia occidental, el islam político ha ganado adeptos, ya que se ha convertido en un modo importante para expresar descontento hacia los gobernantes corruptos e irresponsables de la región. Dado que la mezquita ha sido a menudo la institución más libre dentro de una sociedad civil de otro modo reprimida, también se ha convertido en un punto natural de encuentro para la disidencia. En general, los líderes árabes sólo han tenido que usar la amenaza de ser sustituidos por islamistas hostiles para poder garantizarse el apoyo de Occidente en la represión y eludir las demandas de elecciones.
 
Una segunda razón de la complacencia occidental con los caudillos árabes fue la percepción de que esto podría contribuir a combatir la amenaza del terrorismo. Los extremistas árabes no ostentan de ninguna manera el monopolio del terrorismo, pero los diseñadores de políticas occidentales consideraron que ciertos grupos árabes constituían una amenaza especial porque asesinaron a civiles no solo en sus propios países, sino también en Occidente. En nombre de la protección de sus ciudadanos, los gobiernos occidentales estaban dispuestos a promover a los autócratas árabes que prometieron luchar contra estos terroristas. El hecho de que estos autócratas torturaran o reprimieran también a su propio pueblo se consideró como algo secundario. Se ignoró que esta represión fomentó con frecuencia el apoyo a los grupos extremistas violentos.
 
En tercer lugar, Occidente confió más en los autócratas árabes que en el pueblo árabe para llegar a un modus vivendi con Israel, un factor que fue particularmente importante en la política con respecto a Egipto, Jordania y, en cierta medida, Siria y Líbano. A muchos árabes les consternó naturalmente la represión de Israel contra el pueblo palestino, y a menudo protestaron. Los autócratas de la región se dieron cuenta pronto de que permitir estas protestas, e incluso alentarlas, era una buena manera de desviar el descontento lejos de su propio desgobierno. En la medida en que los dictadores árabes mantuvieron las protestas bajo control, contaron con el apoyo de Occidente. Los que fueron más allá y firmaron un acuerdo de paz con Israel recibieron una ayuda masiva de Estados Unidos, independientemente de sus políticas nacionales.
 
En cuarto lugar, Occidente consideró que los autócratas árabes eran la mejor manera de mantener el flujo de petróleo. Por supuesto, inclusoel ayatolá Ruhollah Jomeini, en Irán, y Muammar Gadafi, en Libia, vendieron de buena gana petróleo a Occidente. Sin embargo, la contracción del mercado y el aumento de los precios, así como el cambio revolucionario, particularmente en Arabia Saudita, constituían un riesgo de perturbación económica a través de la interrupción del flujo de petróleo. Occidente tampoco deseaba que un país hostil como Irán tomara el control de las grandes reservas de petróleo de sus países vecinos del Golfo Pérsico. Para evitar estas situaciones, o cualquier otra amenaza para las cordiales relaciones que se desarrollaron entre las élites empresariales occidentales y árabes,Occidente prefirió a los caudillos conocidos que a los regímenes populares por conocer. Mientras tanto, los ingresos del petróleo, a menudo abundantes, dieron a estos autócratas los medios coercitivos para conservar el poder sin rendir cuentas a los contribuyentes.
 
Por último, Occidente, en particular la Unión Europea (UE), recurrió a los gobiernos autoritarios de la región para que ayudaran a frenar la migración. África del Norte es tanto una fuente como una importante ruta de tránsito para la migración irregular a Europa. Occidente recurrió a gobiernos complacientes para que ayudaran a frenar la migración: para impedir que los migrantes partieran de sus costas y aceptaran su devolución inmediata. Por su parte, la UE recompensó a estos gobiernos con diversos acuerdos sobre comercio y asistencia.             
 

La falacia de la "excepción árabe"

A pesar de sus motivos interesados, a los gobiernos occidentales no les gustaba admitir su preferencia por el autoritarismo árabe. En su lugar, se comportaron como si las caracterizaciones habituales y erróneas de la sociedad árabe fueran ciertas: que era pasiva en cuestiones políticas y estaba insuficientemente desarrollada, que la deferencia a la autoridad era inherente a la cultura árabe, que cierta combinación de la tradición árabe y el islam hacían que la población de la región no estuviera interesada o capacitada para la democracia. Los levantamientos que han sacudido al mundo árabe desmienten estas excusas convenientes para acoger a los déspotas de la región.
 
Irónicamente, ninguna de las fuerzas más temidas por Occidente está detrás del estallido de protestas populares del año pasado. El islam político estuvo poco presente como factor detonante o de apoyo a los levantamientos; surgió principalmente a posteriori, cuando una mejor organización y su tradicional papel de oposición brindó a los islamistas una ventaja competitiva frente a los nacientes activistas y partidos. La oposición a las políticas de Israel, el apoyo al terrorismo o el sentimiento antioccidental tampoco tuvieron ninguna prominencia en las protestas. Los levantamientos representaron la determinación de mejorar la vida internamente para no tener que huir a Europa.
 
El factor impulsor de las rebeliones fue la oposición al propio gobierno autocrático. Los tunecinos, los egipcios, los libios, los bahreiníes, los yemeníes, los sirios y los ciudadanos de otros países de la región estaban hartos de la represión, la corrupción, el clientelismo, la arbitrariedad y las sociedades estancadas de los autócratas. Fueron protestas por la indignación contra una élite desconectada de la realidad y autocomplaciente. Al igual que las revoluciones que desestabilizaron Europa del Este en 1989, las revueltas árabes estaban inspiradas en una visión de la libertad, el deseo de poder determinar su propio destino y la búsqueda de gobiernos que rindan cuentas a la población, fuera del control de una elite gobernante.
 

La ambivalencia internacional

Sin embargo, en ocasiones, los gobiernos occidentalestodavía se han mostrado ambivalentes respecto a estos movimientos y han ofrecido una respuesta selectiva, sin estar seguros de cómo reconciliar su comodidad respecto a los antiguos autócratas con la creciente realidad de que los días de estos déspotas están contados. Estados Unidos y la UE demostraron más principios y determinación a la hora de responder a la represión por dos gobiernos árabes, que en varios momentos habían sido considerados antagonistas. En el caso de Libia, impusieron sanciones e invocaron a la Corte Penal Internacional (CPI). Varios países europeos organizaron una rápida respuesta militar a lo consideraron un desastre inminente en materia de derechos humanos. En el caso de Siria, después de cierta vacilación, se alinearon con un movimiento opositor pacífico e impusieron sanciones selectivas al gobierno del presidente Bashar al-Assad.
 
En otros lugares, sin embargo, la estrategia occidental con respecto a los levantamientos de la región ha sido más vacilante e incierta. El Gobierno de Estados Unidos se mostró reacio a cuestionar al presidente de Egipto, Hosni Mubarak, considerado un baluarte de la "estabilidad" regional, hasta que su destino estuvo prácticamente sellado, y luego dudó durante mucho tiempo en presionar al consejo militar gobernante en Egipto para que se sometiera a un gobierno civil electo. De manera similar, Francia semantuvo fiel al presidente de Túnez Zine el-Abidine Ben Ali, hasta que esencialmente su gobierno terminó.
 
Asimismo, los gobiernos occidentales no impusieron ninguna consecuencia significativa por la muerte de manifestantes al gobierno del presidente de Yemen, Ali AbdullahSaleh, a quien consideraban un escudo contra Al Qaeda en la Península Arábiga. Condenaron la represión de Bahréin de su movimiento por la democracia, e instaron a algunas reformas, pero no ejercieron ninguna presión real sobre el gobierno, debido a la preocupación por el destino de la base de la Quinta Flota de Estados Unidos, y por cortesía hacia Arabia Saudita, cuyo gobierno estaba preocupado por la intromisión iraní en este país de mayoría chiita y temía la existencia de un modelo democrático frente a sus costas. Incluso dentro del Gobierno de Estados Unidos, los diseñadores de políticas se dividieron con respecto a la cuestión de Bahréin, y el Congreso de Estados Unidos bloqueó una venta de armas propuesta por el gobierno del presidente Barack Obama. Mientras tanto, los gobiernos occidentales instaron a reformas en otras monarquías de la región, tales como la reforma constitucional en Marruecos y las promesas de cambio en Jordania; pero casi nunca se pronunciaron cuando las monarquías habían adoptado medidas antidemocráticas, como la adopción de nuevas leyes represivas en Arabia Saudita y el encarcelamiento de cinco activistas que demandaban democracia en los Emiratos Árabes Unidos.
 
Los países no occidentales han mostrado una incongruencia similar. Los gobiernos de la Liga Árabe han tratado históricamente de defenderse unos a otros frente a cualquier tipo de crítica en materia de derechos humanos. Hoy, su participación se ha vuelto más constructiva, motivados en diversos grados por los nuevos gobiernos posteriores a las rebeliones, las rivalidades regionales (especialmente con Irán) y un intento de mantener su relevancia entre los movimientos a favor de la democracia en la región. En Libia, el apoyo de la Liga Árabe a ejercer presión sobre Gadafi sentó las bases para las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Siria, la Liga Árabe protestó contra los asesinatos por motivos políticos y desarrolló un plan para poner fin a la violencia, que Siria aceptó teóricamente. Cuando Siria no cumplió su palabra, como era de esperar, la Liga Árabe le suspendió su membresía y anunció sanciones.
 
Por el contrario, la Unión Africana ha sido vergonzosamente complaciente. Esta organización, creada ostensiblemente para promover la democracia, ha actuado como un grupo de apoyo para dictadores y se ha puesto del lado de cualquier gobierno que estuviera en el poder, independientemente de su conducta. Mientras avanzaban las revoluciones en Túnez, Egipto y Libia, la actuación de la Unión Africana fue en el mejor de los casos irrelevante, y en el peor inútil. Solo la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un organismo independiente de la Unión Africana, ordenó en su primer caso sustantivo que Gadafi pusiera fin a las matanzas.
 
Rusia y China no toleraron la intervención internacional en Libia hasta que su aislamiento político hizo que el bloqueo pareciera una postura insensible. Cuando su indiferencia contó con aliados, como en el caso de Siria, no tuvieron reparos en vetar las medidas internacionales.
Brasil, India y Sudáfrica, las principales democracias meridionales con representación en el Consejo de Seguridad, aprobaron o toleraron la intervención internacional en Libia, aunque luego citaron que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) había rebasado su mandato de protección en este lugar para justificar su voto en contra incluso de las medidas simbólicas de presión sobre Siria en el seno del Consejo de Seguridad.
 
Esta ambivalencia internacional se produce en un momento en que las revoluciones de la Primavera Árabe están lejos de su conclusión. Los idealistas revolucionarios se enfrentan a graves presiones contrapuestas sin ninguna garantía de victoria. Asimismo, los propios revolucionarios han violado en ocasiones derechos, como en el caso de las ejecuciones sumarias de Muammar Gadafi y su hijo Muatassim, y la persecución de los trabajadores migrantes negros subsaharianos por parte de las milicias de Libia. La comunidad internacional podría contribuir de manera importante a contrarrestar estas amenazas al surgimiento de democracias en las que se respeten los derechos, ya sea procedentes de los viejos poderes como de las nuevas fuerzas revolucionarias.
 

Tres grupos de países en la región

Cuando se examina la región, es útil pensar en términos de tres grandes grupos de países.
El primer grupo, compuesto por Túnez, Egipto y Libia, ha derrocado a los autócratas que gobernaban desde hace mucho tiempo (aunque, como en el caso de Egipto, no al arraigado régimen militar) y, cuando se escribió este capítulo, se encuentra en el difícil proceso de construir un nuevo orden gubernamental. La tarea no es sencilla. Es más fácil derribar las instituciones autocráticas que sustituirlas por instituciones democráticas, lograr un consenso sobre la necesidad de derrocar al déspota que forjar una visión común de lo que debería reemplazarlo. Y, a diferencia de Europa oriental en 1989, no existe la atracción de la posible adhesión a la Unión Europea para alentar a los nuevos gobiernos a respetar los derechos (aunque la UE puede agitar otras zanahorias, como las preferencias comerciales y la liberalización de visados). Los regímenes represivos tampoco se están desmoronando tan rápidamente como en 1989, ni los opositores de estos regímenes están tan unidos. El cuento con moraleja se encuentra más bien en las dictaduras de Asia central de la era post-soviética, donde las fuerzas antidemocráticas prevalecieron y sustituyeron a sus predecesores comunistas con nuevos regímenes represivos.
 
Afortunadamente, los países de este primer grupo no llevan la carga del veneno de la lucha sectaria que tanto afectó al desarrollo de la nación iraquí, después de Saddam Hussein, y continúa asomando la cabeza en Siria, Bahréin y Arabia Saudita. Sin embargo, estos países corren el riesgo de que sus propias divisiones se inflamen: entre tribus en Libia, coptos y musulmanes en Egipto, y habitantes de la costa y el interior en Túnez. Especialmente en tiempos de incertidumbre, la población es más susceptible al temor y la provocación, sentimientos que alientan e el refugio en las identidades comunitarias, y siempre existen beneficiarios del viejo orden dispuestos a avivarlos. Por otra parte, si continúan las dificultades económicas, crece el peligro de que la población abandone los ideales democráticos y adopte políticas más desagradables y menos tolerantes.
 
Por el momento, Túnez parece estar en mejor posición para seguir adelante. Reformó las viejas leyes que restringían los partidos políticos y los derechos de asociación, reunión y expresión. Después de las elecciones para una Asamblea Constituyente, que se consideraron mayoritariamente libres y justas, el partido islámico al Nahda ("El Despertar") ganó una mayoría del voto, y sus líderes hicieron promesas alentadoras sobre la construcción de una amplia coalición de gobierno y el respeto de los derechos de los todos los tunecinos. Se trata de un comienzo prometedor, aunque, por supuesto, todavía hay demostrar las promesas.
 
En Libia, las autoridades de transición se han comprometido en repetidas ocasiones a respetar los derechos de los ciudadanos, imponer su control sobre todas las milicias y someterse al imperio de la ley. Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos será difícil, sobre todo en un país que Gadafi deliberadamente dejó sin instituciones de gobierno desarrolladas. Hasta ahora, las nuevas autoridades no han logrado imponer su control sobre las múltiples milicias con poder y los considerables arsenales de armas. Y a pesar de las intenciones declaradas de juzgar a Saif al-Islam Gadafi, el hijo del ex líder sobre el que pesa una orden de arresto de la CPI, no han desarrollado un sistema de justicia penal capaz de satisfacer los requisitos de la CPI sobre un juicio justo.
 
Egipto, el país más grande y líder desde hace mucho tiempo de la región, todavía tiene que superar las intensas divisiones internas entre las tres amplias agrupaciones: los militares que, a pesar del gran descontento popular, han permanecido en el poder después de sustituir a Mubarak; los izquierdistas y los liberales mayoritariamente seculares, que tuvieron un papel tan destacado durante el levantamiento en la Plaza Tahrir; y los islamistas, un gran número de los cuales se unieron a las manifestaciones en momentos clave y se han convertido en la fuerza política dominante. En varios momentos, cada uno de estos grupos ha estudiado con cautela la posibilidad de que los demás grupos se convirtieran en sus aliados y adversarios.
 
Los militares, bajo presión para renunciar al poder, han considerado en ocasiones que, dada su orientación social, los islamistas tenían menos probabilidades que los liberales de impedir su autonomía o de criticar su enorme presupuesto e intereses comerciales. Los liberales recurrieron (iliberalmente) a los militares para que impusieran límites al islam político, a la vez que se unían a los islamistas en un intento por derrocar a las fuerzas armadas. Los islamistas, que desconfían de las fuerzas armadas después de décadas de represión, esperaron que los liberales contribuirían a garantizar una transición democrática, aunque pudieran diferir de ellos con respecto a una serie de libertades sociales. Y para complicar más las cosas, los islamistas estaban divididos en su interpretación de la ley islámica y el papel que debe tener el islam en el gobierno del país. No está nada claro cómo se va a resolver este complicado estira y afloja.
 
El segundo grupo de países árabes, compuesto por Siria, Yemen y Bahréin, está inmerso en las luchas entre los gobiernos abusivos y la oposición que reclama gobiernos democráticos. Los sirios han demostrado una valentía notable y se han echado en repetidas ocasiones a la calle, a pesar de la omnipresencia de las fuerzas de seguridad que responden frecuentemente con el uso de la fuerza letal. Las protestas abrumadoramente pacíficas de Yemen se han visto gradualmente eclipsadas por los enfrentamientos armados entre las facciones rivales de elite, y es demasiado pronto para poder decir si un acuerdo para abandonar el poder, firmado por el presidente Saleh, es un paso hacia una verdadera reforma. Los gobernantes de Bahréin, apoyados por las fuerzas de seguridad dirigidas por la vecina Arabia Saudita, han utilizado toda una gama de instrumentos de represión—fuerza letal contra manifestantes pacíficos, tortura y malos tratos, juicios injustos, despido repentino de trabajadores y expulsión de estudiantes universitarios—pero solo han logrado dividir a la población, en la que muchos parecen estar contando los días hasta la próxima oportunidad para levantarse. El éxito de los movimientos de protesta en estos países sigue estando en gran medida en juego.
 
Por último, están las monarquías de la región que, a excepción de Bahréin, han evitado en gran medida los levantamientos a gran escala. Disfrutan de la ventaja de poder apagar el descontento popular mediante el despido de miembros del gobierno—el Gobierno de Jordania, por ejemplo, han pasado por una sucesión de primeros ministros—sin poner en peligro a  la monarquía. Algunos monarcas—de Marruecos, Kuwait y Qatar—han experimentado con la concesión de poderes limitados a los parlamentos electos, a la vez que mantienen el control de los engranajes más importantes del poder. Algunos países del Golfo Pérsico han intentado comprar la paz social mediante una lluvia de aumentos salariales y subsidios para la población descontenta. Estas tácticas, combinadas a veces con una fuerte dosis de represión, han aplacado ampliamente las protestas a gran escala.
 
Sin embargo, puede que esta paz social no dure mucho. Arabia Saudita, por ejemplo, cuenta con los elementos para su propio movimiento primaveral: líderes envejeciendo y una población joven y descontenta. (Lo mismo se puede decir del régimen no monárquico de Argelia, que reprimió las limitadas protestas organizadas en 2011). La familia real saudita ha preservado sabiamente su dominio hasta ahora, ya sea mediante el desembolso de dinero del petróleo o atizando los temores sectarios, pero esto solo le sirve para ganar tiempo.
 

El papel adecuado de la comunidad internacional

¿Cómo debe responder la comunidad internacional a este panorama complejo y variado? Antes de adoptar fórmulas, procede asumir cierto grado de humildad. Las revoluciones de la Primavera Árabe se han impulsado internamente, gracias sobre todo a los ciudadanos de esos países. Las fuerzas externas han tenido influencia, pero en la mayoría de los lugares esta influencia sólo ha sido marginal.
 
Dicho esto, la respuesta de los actores externos puede ser importante, y a veces decisiva. El hecho de que la Liga Árabe abandonara a Gadafi, cuando sus fuerzas abrieron fuego contra los manifestantes en Trípoli y amenazó con cometer una masacre en Benghazi, sentó las bases para que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara medidas para proteger a la población civil. En la primera fase la revolución, la presión de Estados Unidos, reforzada por la influencia de la ayuda a gran escala, contribuyó a convencer a los militares egipcios para que protegieran a los manifestantes de la Plaza Tahrir de los ataques de la policía y los partidarios de Mubarak. Las sanciones económicas selectivas impuestas a la élite siria constituyen una de las mejores oportunidades para convencer a sus miembros de que se desconecten de la estrategia brutal de represión de Assad.
 
De cara al futuro, para promover gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos, la comunidad internacional debe adoptar una estrategia regional más basada en los principios. Esto consistiría, sobre todo, en ponerse claramente del lado de los reformadores democráticos, incluso a costa de abandonar a amigos autocráticos. No hay excusa para que ningún gobierno tolere la represión mortal de Assad, cierre los ojos ante la opresión sistemática de Bahréin o exima a otros monarcas de la presión para emprender reformas. Todos los autócratas deben ser disuadidos de utilizar la represión para defender su poder y privilegios.
 
Este tipo de apoyo para los manifestantes, basado en los principios, también puede influir positivamente en las perspectivas de los nuevos gobiernos que intentan formar. La revolución puede ser una experiencia embriagadora que abra posibilidades antes inconcebibles para que la mayoría tome el control de su destino. Pero los revolucionarios también deben aceptar las limitaciones necesarias para los derechos que se deben imponer al gobierno de la mayoría, sobre todo cuando se trata de defender los derechos de las minorías, ya sean políticas, religiosas, étnicas o sociales.
 
El celo revolucionario puede conducir a impulsos de venganza o a la imposición de una nueva ortodoxia. Las continuas dificultades económicas pueden conducir a la búsqueda de chivos expiatorios e intolerancia. La afirmación internacional de la importancia de respetar los derechos de todos los ciudadanos puede contribuir a garantizar el surgimiento de verdaderas democracias. Condicionar la asistencia económica al respeto de esos derechos, de la misma manera que la UE condicionó a los países de Europa oriental su adhesión al bloque, puede ayudar a conducir a los nuevos gobiernos por el camino del respeto por los derechos.
 
De la misma forma, la comunidad internacional también debe llegar a un acuerdo con el islam político cuando representa una preferencia de la mayoría. Los partidos islamistas son verdaderamente populares en un gran segmento del mundo árabe, en parte porque muchos árabes han terminado considerando que el islam político es la antítesis de un gobierno autocrático, en parte porque los partidos islamistas han logrado generalmente distanciarse a través de programas sociales de la corrupción y la autocomplacencia estatales, en parte porque los islamistas gozaban de ventajas organizativas con las que no contaban sus homólogos seculares reprimidos desde hace tiempo, y en parte porque el islam político refleja el carácter conservador y religioso de muchas personas en la región. Hacer caso omiso de dicha popularidad violaría los principios democráticos.
 
Por el contrario, allí donde surgen los gobiernos inspirados por el islam, la comunidad internacional debe centrarse en fomentar los derechos fundamentales y, si es necesario, ejercer presión para este propósito—tal como se espera que hagan los partidos y gobiernos de Europa considerados cristianos. Abrazar el islam político no tiene por qué significar el rechazo de los derechos humanos, como demuestra elabismo entre los puntos de vista restrictivos de algunos salafistas y la interpretación más progresista del islam que defienden a líderes como Rashid Ghannouchi, jefe del Partido Nahdha deTúnez. Es importante fomentar los elementos del islam político respetuosos de los derechos, a la vez que se mantiene una posición firme contra la represión en su nombre. Siempre y cuando los gobiernos libremente elegidos respeten los derechos fundamentales, merecen el apoyo internacional a priori, independientemente de sucariz político o religioso.
 

La búsqueda de la libertad de expresión

También se requiere una defensa congruente del derecho a la libertad de expresión. Lasrevoluciones árabes solo fueron posibles cuando la sociedad civil fue capaz de organizarse y generar, mediante el uso del Internet, indignación popular eludiendo el monopolio estatal de la divulgación pública de información. La televisión por satélite, representada sobre todo por Al Jazeera, también contribuyó de manera esencial a galvanizar la indignación frente a la brutal represión que retransmitió regularmente por toda la región. De la misma manera que se debe seguir promoviendo la sociedad civil, también es necesario defender firmemente este medio esencial de comunicación, incluso cuando su mensaje pueda considerarse "anti-occidental".
 
La última frontera de la batalla por la libertad de expresión son los medios sociales. Los medios de comunicación social, aunque se encuentran limitados a una élite conectada y su significancia se ve superada por tecnologías más prosaicas como la televisión por satélite y los teléfonos móviles, desempeñaron un papel importante desde el principio. Esto permitió que movimientos aparentemente carentes de líderes fueran cobrando impulso gradualmente: los participantes se presentaron (por ejemplo, confirmando su apoyo en Facebook) sin necesidad de salir a las calles, hasta que consideraron que contaban con una fortaleza numérica suficiente. Los medios sociales como Twitter también ayudaron a los manifestantes a comunicarse entre ellos y con el mundo acerca de la represión policial y las maneras de abordarla. Los activistas utilizaron YouTube para publicar vídeos grabados en teléfonos móviles de la brutalidad militar y policial.
 
Sin embargo, los medios de comunicación social también pueden ser una herramienta para vigilar y reprimir a la oposición. Ese fue el cálculo del presidente Assad cuando propició el acceso a Facebook y YouTube en Siria durante el apogeo de la revolución de Egipto. Su apuesta de que su policía secreta podría mantenerse un paso adelante de la proliferación de usuarios fue errónea, pero otros países tanto de la región como de otras partes del mundo todavía están tratando de limitar la amenaza política que plantean los medios sociales, a menudo utilizando tecnología occidental.
 
Sigue sin estar claro quién ha ganado este juego del gato y el ratón, entre el censurador y el usuario, entre el vigilante represivo y los manifestantes por la libertad. Es necesario adoptar estrictas normas mundiales para mejorar la protección de la libertad y la privacidad de los usuarios de Internet. Y se debe impedir que las empresas internacionales vendan equipo y conocimientos a gobiernos, ya sea en el mundo árabe o en otros lugares, que les permitan espiar o reprimir a la ciudadanía.
 

Complicidad en la tortura

Incluso los controles más estrictos no pueden evitar que el aroma a libertad se introduzca en la conciencia popular, y las fuerzas de seguridad de la región han recurrido con demasiada frecuencia a la tortura. En principio, la comunidad internacional se opone firmemente a la tortura, como demuestran los numerosos tratados que la prohíben sin excepción. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo y el islam político llevó al aumento de la tolerancia internacional y, a veces, a una complicidad activa con respecto a la tortura. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush no sólo utilizó prácticas de tortura con ayuda de diversos aliados, sino que también envió a sospechosos de terrorismo para que fueran interrogados por las fuerzas de seguridad de la región, a pesar de su generalizado uso de prácticas de tortura. Esta complicidad inexcusable sentó un terrible precedente, al fortalecer las peores costumbres de las fuerzas de seguridad de la región y debilitar la credibilidad de las protestas ocasionales de Occidente.
 
El gobierno de Obama ordenó poner fin a esta complicidad en la tortura, pero no ha querido investigar, y mucho menos juzgar, a los funcionarios estadounidenses responsables de estos hechos. El razonamiento político a corto plazo detrás de esta negligencia en el cumplimiento del deber podría tener consecuencias políticas a largo plazo, ya que señala que la tortura es una opción de política, en lugar de un crimen. El Gobierno del Reino Unido ha autorizado al menos una investigación sobre la complicidad británica en la tortura en el extranjero, pero hasta el momento se trata de una investigación secreta y unilateral, un mal presagio para un examen honesto.
 
La mejor prueba de la hipocresía de Occidente con respecto a la tortura en la región es el uso de "memorandos de entendimiento", o "garantías diplomáticas", para justificar el envío de sospechosos de terrorismo a servicios de seguridad que probablemente los torturen. Los documentos de la CIA hallados por Human Rights Watch en una oficina del servicio de inteligencia de Libia ilustran su funcionamiento. Estados Unidos y el Reino Unido colaboraron ​​en el envío de sospechosos capturados en el extranjero para ser interrogados por los servicios de inteligencia de Libia, a pesar de su conocido historial de tortura. Aunque la CIA pidió debidamente garantías a los libios de que los sospechosos no serían maltratados, estas garantías no eran más que una apariencia. Teniendo en cuenta que el Gobierno libio ya estaba incumpliendo sus obligaciones de no torturar en virtud de tratados internacionales, como el propio Gobierno de Estados Unidos había señalado periódicamente, no había ninguna razón para esperar que respetara una promesa sigilosa entre diplomáticos o agencias de inteligencia. Sería una enorme contribución al cese de la tortura en el mundo árabe si Occidente dijera la verdad sobre su propia complicidad, sancionara a los responsables por el delito de ordenar o facilitar la tortura, y dejara explícitamente de usar las garantías diplomáticas para justificar el envío de sospechosos a países donde corren el riesgo de ser torturados.
 

La necesidad de acabar con la impunidad

Los movimientos revolucionarios necesitan ayuda para desarrollar las instituciones de gobierno que los autócratas dejaron deliberadamente débiles y subdesarrolladas, sobre todo las instituciones nacionales de justicia para que todos los funcionarios estatales respeten el Estado de derecho. Hasta que las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales tengan una expectativa razonable de que su conducta los va a llevar ante los tribunales, la tentación de recurrir a la corrupción y al abuso en la que cayeron los regímenes anteriores va a ser difícil de resistir.
 
Sin embargo, al menos en lo que respecta a la justicia internacional, la comunidad internacional todavía actúa a veces como si la mejor manera de promover las transiciones democráticas fuera barrer los abusos del pasado bajo la alfombra. Como han demostrado los levantamientos árabes, un precedente de impunidad no se olvida fácilmente y aumenta la probabilidad de que persistan los malos hábitos. Y el enjuiciamiento no impide el cambio democrático, como se supone tan a menudo.
 
Cuando la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Muammar Gadafi, su hijo Saif al-Islam, y su jefe de inteligencia, Abdullah Sanussi, algunos argumentaron que esta medida de justicia disuadiría a Gadafi de abandonar el poder. Sin embargo, al igual que la mayoría de los dictadores, Gadafi ya había dejado claro, incluso antes de que las órdenes de la CPI fueran emitidas, que tenía la intención de mantenerse en el poder hasta el amargo final, y de la misma forma su hijo Saif prometió que iban a seguir luchando hasta "el último hombre". En todo caso, las órdenes de detención aceleraron la caída de Gadafi al indicar a los miembros de su camarilla que no tenían ningún futuro político con él y era mejor que desertaran.
 
Sin embargo, Gadafi era un tirano al que era fácil abandonar y exigir cuentas. La postura de la comunidad internacional se basó menos en los principios en el caso de Saleh de Yemen. En una iniciativa lanzada por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), sin un rechazo claro del Consejo de Seguridad de la ONU, se ofreció inmunidad general ante la justicia a Saleh y a otros altos funcionarios a cambio de su renuncia. El efecto perverso fue que se dio luz verde al gobierno de Saleh para que siguiera matando a los manifestantes sin ninguna consecuencia. Incluso cuando Saleh accedió a renunciar a la Presidencia, sus seguidores continuaron matando, sabiendo que si lograban aferrarse al poder no tendrían que rendir cuentas, pues no se iban a enjuiciar ellos mismos, y confiando en que, en última instancia, el CCG había dicho que tampoco enfrentarían un juicio.
 
La estrategia de la comunidad internacional con respecto a la justicia no se basó más en los principios en otras partes de la región. Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica se negaron autorizar la intervención de la CPI en Siria, a pesar de que el número de muertos superaban con creces al de Libia al momento de remitir la cuestión a la CPI. Y Occidente persistió en su exoneración habitual de Israel de las demandas de justicia, e insistió más recientemente en que si la Autoridad Palestina era aceptada como un Estado observador en el seno de la ONU no debería intentar acceder a la CPI. Estados Unidos se opuso incluso a una propuesta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de que el Consejo de Seguridad sometiera la cuestión de Siria a la CPI, por temor a que sentaría un precedente que podría utilizarse en contra de Israel.
 

El papel de Brasil, India y Sudáfrica

La respuesta internacional a las rebeliones árabes demuestra la importancia de crear coaliciones amplias en defensa de los derechos humanos. La presión multilateral para la reforma reafirma que los valores en cuestión son universales, y no se circunscriben a la limitada agenda de una región en particular. Al margen de la intervención militar tan cuestionada en Libia, la comunidad internacional ejerció una presión más firme sobre Gadafi cuando actuó al unísono. El hecho de que Brasil, India y Sudáfrica, respaldados por la Liga Árabe, se sumaran a las principales potencias occidentales para someter el caso de Libia a la CPI hizo difícil para China o Rusia mantener una oposición aislada. El resultado fue histórico — medidas tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU de manera unánime— y constituyó un poderoso mensaje para Gadafi, quien decidió ignorarlo por su cuenta y riesgo.
 
Lamentablemente, cuando llegó el momento de defender al pueblo sirio, Brasil, India y Sudáfrica retomaron su oposición reflexiva a la presión en materia derechos humanos y se negaron a apoyar las medidas del Consejo de Seguridad, incluso cuando el gobierno de Assad mató a miles de manifestantes. Brasil sólo apoyó una resolución crítica contra Siria en el seno de la menos poderosa Asamblea General de la ONU, mientras que la India y Sudáfrica se abstuvieron. Como se ha señalado anteriormente, su principal excusa para no apoyar las medidas del Consejo de Seguridad fue la supuesta extralimitación de la OTAN en Libia, ya que, según afirman, la OTAN fue más allá de su asignación de proteger a la población civil y adoptó una estrategia para el cambio de régimen. Sin embargo, nadie podría haber interpretado que el proyecto con tono moderado de la resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria que se negaron a apoyar autorizaba el uso de la fuerza militar. En su lugar, pidieron a la población de Siria que pagara en la práctica el precio por la supuesta mala conducta de la OTAN en Libia. Esta indiferencia ante la terrible situación de los sirios es especialmente decepcionante cuando se trata de países que gozan de una sólida gestión de gobierno democrática y han sufrido anteriormente la indiferencia de otros países hacia su propia lucha por la libertad.
 

El papel de Turquía

Tal vez la nueva presencia más interesante en la región es Turquía. A pesar de su particular historia, sigue siendo un gran ejemplo de un país con un gobierno electo religiosamente conservador que no ha usado el islam como pretexto para socavar los derechos fundamentales. Turquía ha aprovechado su creciente estatura para intervenir en la lucha política del mundo árabe. Turquía denunció, con más firmeza que sus vecinos árabes, la matanza política en Siria, abogó por un cambio democrático en Egipto y se opuso al bloqueo punitivo de Israel sobre Gaza.
 
Sin embargo, Turquía se enfrenta a varios retos para poder hacer realidad sus enormes posibilidades en el ámbito de los derechos humanos. ¿Va a utilizar su influencia creciente en los foros multilaterales para oponerse a la perspectiva anticuada de India, Brasil y Sudáfrica, que es en cierto modo imperialista, y ponerse del lado de personas que están arriesgando sus vidas para protestar contra la represión de sus gobiernos? ¿Promoverá Turquía el cambio democrático no solo entre los levantamientos del mundo árabe, sino también en Irán, que aplastó a su Revolución Verde en 2009, y en los países anquilosados y represivos de Asia central post-soviética? Y, ¿frenará Turquía el deterioro de su historial de derechos humanos dentro del país—que comprende las restricciones persistentes a la libertad de expresión y de asociación, un sistema defectuoso de justicia penal y el maltrato desde hace tiempo de su minoría kurda—para poder realizar una promoción menos comprometida de los derechos humanos en el extranjero? Turquía puede marcar una diferencia positiva en materia de derechos humanos en la región, si sus líderes adoptan las valientes decisiones a nivel nacional e internacional necesarias para promover esta causa.
 

Una responsabilidad global

El año pasado se produjeron revoluciones en el mundo árabe que pocos hubieran podido imaginar. Estos levantamientos ofrecen oportunidades extraordinarias para atender las peticiones de personas que hasta ahora se han beneficiado muy poco de los avances globales en materia de derechos humanos del último medio siglo. Sin embargo, teniendo en cuentas las fuerzas violentas que se resisten al progreso, es un error dejar la suerte del mundo árabe únicamente en manos de la población que se enfrenta a las armas. La comunidad internacional tiene que desempeñar un papel importante para contribuir al nacimiento de democracias respetuosas de los derechos en la región.
 
Hasta ahora, solo ha desempeñado ese papel de maneraequívoca. Todavía se permite demasiado a menudo que los intereses localistas a corto plazo se interpongan en el camino de una respuesta más útil y de principios. En última instancia, la comunidad internacional debe decidir lo que defiende—si valora losderechos y aspiraciones de las personas por encima del botín y las promesas de los tiranos. Mientras se aproxima el primer aniversario de las primeras rebeliones de laPrimavera Árabe, la comunidad internacionalayudará a determinar si los gobiernos violentos prevalecerán sobre los manifestantes que buscan una vida mejor, y si la visión de los manifestantes incluye el respeto no solo por sus propios derechos, sino también por los de todos sus conciudadanos. Se trata de una responsabilidad global el contribuir a que las valientes iniciativas del pueblo árabe para reclamar sus derechos concluyan de manera positiva, y asegurar que el derrocamiento de un régimen autocrático no lleve a su sustitución por otro.