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La política de justicia penal de Estados Unidos continúa planteando serias preocupaciones con respecto a los derechos humanos. En 2008 se reanudaron las ejecuciones, después de una interrupción de siete meses, y la población reclusa de Estados Unidos, que ya era la mayor del mundo, continuó creciendo. También en 2008, Human Rights Watch confirmó que hay más de 2,500 presos condenados a cadena perpetua sin posibilidad de liberad condicional por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años; ningún otro país impone esta pena a delincuentes juveniles. En la parte positiva, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley que impedía a los prisioneros de Guantánamo cuestionar la legalidad de su detención, y el Departamento de Justicia dictó su primer auto de procesamiento conforme a una ley de 1994 que permite juzgar en los tribunales estadounidenses a un ciudadano o cualquier persona presente en Estados Unidos por actos de tortura cometidos fuera del país.

Pena de muerte

Desde septiembre de 2007 a mayo de 2008 no se celebró ninguna ejecución en Estados Unidos, mientras la Corte Suprema consideraba si la inyección letal (el método empleado en todos los estados que permiten la pena de muerte) constituía un castigo cruel e inusual. En abril de 2008, la Corte decidió que no es así en el caso Baze versus Rees, y las ejecuciones se reanudaron rápidamente. Entre mayo y octubre de 2008, se ejecutó a 30 personas, la mitad de ellas en Texas. No obstante, los tribunales y las asambleas legislativas estatales continúan limitando el alcance de la pena capital. En diciembre de 2007, Nueva Jersey abolió la pena de muerte, algo que ningún estado había hecho en 40 años. En junio de 2008, en el caso Kennedy versus Louisiana, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte no podía imponerse por ningún crimen contra otra persona que no se saldara con la muerte. Los tribunales estadounidenses dictaron 110 nuevas condenas a muerte en 2007, la cifra más baja desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. Entre enero y octubre de 2008, cuatro reclusos del corredor de la muerte fueron exculpados y puestos en libertad, lo que lleva a 130 el total presos condenados a muerte exonerados desde 1973 debido a la presentación de pruebas de su inocencia. En 2008 se vivió un retroceso en el caso de los extranjeros condenados a muerte sin poder ponerse en contacto con las autoridades consulares de su país, como dispone la Convención de Viena sobre relaciones consulares. El 5 de agosto, Texas ejecutó al ciudadano mexicano José Medellín, a pesar de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que pedía a Estados Unidos que reexaminara dichos casos, y la orden del presidente George W. Bush de que los tribunales estatales cumplieran la sentencia de la CIJ.

Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores de edad

En 2008, Human Rights Watch aumentó a 2,502 su estimación de personas condenadas en Estados Unidos a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por delitos cometidos siendo menores de 18 años. También pudimos comprobar que esta condena no se ha impuesto a ningún delincuente juvenil en ningún otro país del mundo. Los esfuerzos por poner fin a estas condenas impuestas a menores en Estados Unidos continúan con la presentación de proyectos de ley en el Congreso y las asambleas legislativas de California, Florida, Louisiana, Michigan y Nebraska. En 2008, en vista del número desproporcionado de cadenas perpetuas impuestas a individuos pertenecientes a minorías raciales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas recomendó a Estados Unidos que cesara esta imposición para los delitos cometidos por menores de 18 años y revisara la situación de las personas que ya estaban cumpliendo este tipo de condenas.

Encarcelamiento

Un informe de junio de 2008 de la Oficina de Estadísticas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos observó que la población encarcelada había alcanzado un máximo histórico de 2.3 millones; es decir, 762 de cada 100,000 habitantes. Estados Unidos sigue siendo el país con la mayor población reclusa y la tasa más alta de encarcelación del mundo. La población reclusa de Estados Unidos está compuesta desproporcionadamente por personas pertenecientes a minorías raciales y étnicas. Hay seis hombres negros por cada hombre blanco en prisión, y el 10.7 de todos los varones negros de entre 30 y 34 años se encuentran entre rejas en todo momento. En un informe de 2008 de Human Rights Watch, “Targeting Blacks” (Fijando el objetivo en la población negra), se observó que las disparidades raciales eran incluso mayores en el caso de los delitos de drogas: es casi 12 veces más probable que es un varón negro ingrese a prisión por un nuevo delito de drogas que lo haga un varón blanco, a pesar de que las tasas de consumo son similares entre negros y blancos. En marzo de 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas expresó su “preocupación por las persistentes desigualdades raciales que se constatan en el sistema de justicia penal…, en particular el porcentaje desproporcionado de personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas o raciales entre la población reclusa”, y recomendó a Estados Unidos “que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a la igualdad de tratamiento en los tribunales y en todos los demás órganos que administran justicia”. Uno de cada cinco reclusos en prisiones estatales de Estados Unidos está encarcelado por delitos relacionados con las drogas. Muchos presos, especialmente los condenados por posesión de drogas o delitos contra la propiedad, tienen un historial de consumo y adicción a las drogas. La prevalencia de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas por vía intravenosa como el VIH/SIDA y la hepatitis C es significativamente mayor entre la población reclusa que entre la población general. Sin embargo, las prisiones y las cárceles estadounidenses siguen resistiéndose, e incluso demuestran hostilidad, a la implementación de prácticas con resultados demostrados como la distribución de condones o la terapia con metadona, que han demostrado su eficacia para la reducción del contagio del VIH, la hepatitis C y las enfermedades de transmisión sexual, y para tratar la adicción a las drogas. La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (Prison Litigation Reform Act, PLRA) de 1996 plantea toda una serie de obstáculos a los presos que quieran reivindicar sus derechos ante los tribunales. Estas restricciones (que sólo se aplican a los reclusos) han llevado a la desestimación de demandas judiciales por abuso sexual y otras lesiones importantes. En noviembre de 2007, se introdujo un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para modificar o anular algunas disposiciones de la PLRA.

Castigo corporal en las escuelas públicas

Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, más de 200,000 alumnos de escuelas públicas recibieron castigos corporales al menos una vez durante el año escolar 2006-2007. El castigo corporal, que suele consistir en uno o más azotes con una pala de madera en las nalgas del castigado, es legal en las escuelas públicas de 21 estados. Un informe de 2008 de Human Rights Watch, “A Violent Education” (Una educación violenta) se centra en el castigo corporal en las escuelas de Texas y Misisipi, dos de los estados donde más predomina esta práctica. En el informe se observó que el castigo corporal puede producir graves lesiones y se emplea de manera desproporcionada contra los alumnos negros y de educación especial.

Derechos de la mujer

En 2008 se siguió luchando por la igualdad salarial de la mujer, y algunos congresistas intentaron revocar una sentencia dictada por la Corte Suprema en 2007, que interpretaba de manera estricta los plazos de presentación de las demandas judiciales contra empleadores por discriminación salarial. A pesar de la movilización generalizada de las organizaciones de derechos de la mujer, el Proyecto de Ley Lilly Ledbetter sobre el Salario Justo (Lilly Ledbetter Fair Pay Act) fue aprobado por la Cámara de Representantes pero no superó el Senado. No obstante, la diferencia salarial entre géneros se redujo a un mínimo histórico: las mujeres ganaron 78 centavos por cada dólar que ganaron los hombres. La asistencia internacional de Estados Unidos está plagada de restricciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 2008, el Congreso reautorizó el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA durante otros cinco años, pero continuó dirigiendo el financiamiento los programas orientados a promover únicamente la abstinencia y conservó el requisito de que las organizaciones beneficiarias declararan su oposición al trabajo sexual antes de recibir recursos económicos de Estados Unidos. Asimismo, la “ley mordaza global” continúa prohibiendo a las organizaciones extranjeras financiadas por Estados Unidos facilitar el aborto, asesorar a las mujeres sobre el aborto o participar en campañas a favor del aborto, aunque no se utilicen fondos estadounidenses para tales iniciativas.

Violencia sexual

En Estados Unidos, la violación es uno de los delitos violentos graves con tasas más bajas de arresto, enjuiciamiento y condena. En 2008, Human Rights Watch emprendió una investigación sobre el hecho de que las autoridades policiales fallan en conservar y analizar pruebas en los casos de violaciones. Cuando una víctima de un delito sexual violento presenta una denuncia, tiene que someterse a un examen, que dura de cuatro a seis horas, para reunir pruebas de ADN que, si son analizadas, pueden ayudar en la investigación criminal. Sin embargo, el Departamento de Justicia calcula que pueden existir hasta medio millón de estuches de examen de violación sin analizar en los laboratorios y centros de almacenamiento policiales de todo Estados Unidos. Solamente en Los Ángeles hay más de 7,300 estuches sin analizar, y cada mes se acumula una treintena más.

Discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género

La legislación estadounidense sigue sin ofrecer garantías nacionales contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, en el empleo o en otras áreas de la vida. La Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act), que prohíbe al gobierno federal reconocer legalmente las parejas formadas por personas del mismo sexo, sigue en vigor. En 2008, los tribunales supremos de California y Connecticut dictaminaron a favor de la igualdad de derechos a contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo en estos estados, pero un referendo estatal celebrado en noviembre anuló dicha sentencia en California. El Proyecto de Ley de Unión de las Familias Estadounidenses (Uniting American Familias Act), que permitiría el reconocimiento de las parejas entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros del mismo sexo para fines migratorios, no avanzó en el Congreso.

Derechos de los no ciudadanos

En Estados Unidos viven unos 38 millones de personas que no son ciudadanas estadounidenses, casi 12 millones de ellas carecen de documentos. En 2008, esta población se enfrentó a problemas de derechos humanos muy similares a los de años anteriores. Como se explica en nuestro informe de 2007, “Separación forzosa”, en Estados Unidos se deporta a personas que han inmigrado legalmente y llevan décadas viviendo el país, entre ellos residentes permanentes legales, por haber cometido algún crimen, incluso por delitos no violentos como el hurto o la posesión de una pequeña cantidad de droga, de acuerdo con leyes aprobadas en 1996. En los procesos de deportación, los jueces no pueden balancear la gravedad del delito cometido contra la presencia legítima del no ciudadano en Estados Unidos, sus relaciones familiares (aunque su conyugue y sus hijos menores de edad sean ciudadanos estadounidenses), su condición de empresario, sus contribuciones fiscales, su servicio en las fuerzas armadas o la posibilidad de persecución en el país al que va a ser deportado. En 2006, el último año para el que se disponen datos, el número de no ciudadanos deportados volvió a aumentar a 95,752, en comparación con 90,426 en 2005, lo que supone un total acumulado de 768,345 personas deportadas en virtud de estas leyes. En 2008, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos prosiguió con la estrategia iniciada en 2007 de efectuar redadas a gran escala en centros de trabajo en busca de trabajadores indocumentados. En agosto de 2008, en la redada más grande de la historia del país; alrededor de 600 no ciudadanos fueron arrestados en Laurel, Misisipi. De manera similar, en mayo de 2008, los agentes de inmigración detuvieron a 389 trabajadores indocumentados de una planta de procesamiento de carne en Postville, Iowa. Después de la redada, el fiscal general de Iowa presentó más de 9,300 cargos contra los propietarios y los gerentes de la planta por infracciones de las leyes laborales como el trabajo infantil o la prolongación de las jornadas sin pagar horas extraordinarias. No obstante, los fiscales también amenazaron con acusar a los trabajadores (algunos de los cuales habían utilizado documentos de identidad falsos para obtener el empleo) de robo de identidad con agravante, lo que acarrea serias condenas y se aplica normalmente a las personas que cometen robo mediante engaño, en lugar de inmigrantes indocumentados en busca de trabajo. Estados Unidos detiene aproximadamente a 300,000 no ciudadanos cada año, lo que supone un costo anual de 1,800 millones de dólares, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los no ciudadanos están recluidos en aproximadamente 300 centros de detención: alrededor de una docena de ellos dependen directamente del ICE, aunque algunos de ellos son administrados por empresas privadas, y el resto son cárceles y prisiones estatales o locales en las que el ICE contrata espacio para sus detenidos. La gran cantidad de no ciudadanos detenidos en Estados Unidos genera múltiples preocupaciones con respecto a los derechos humanos. En un informe de diciembre de 2007, “Indiferencia crónica”, observamos que el ICE no supervisa adecuadamente la atención médica de los detenidos con VIH, ni cumple con las directrices internacionales o nacionales para el tratamiento adecuado del VIH. En la investigación de Human Rights Watch sobre la atención médica de las mujeres en centros de detención de inmigrantes se observaron similares deficiencias en la atención regular ginecológica, las pruebas y el diagnóstico de cáncer de cuello uterino o de mama, los servicios de planificación familiar, la atención previa y posterior al parto, y los servicios para víctimas de violencia sexual y de género. En una serie de artículos publicados en el Washington Post en mayo de 2008 se reveló que 30 no ciudadanos habían muerto durante su detención, entre 2003 y 2008, como consecuencia de la acción o inacción del personal médico. Un avance positivo fue la anulación en el Congreso de una ley que lleva 15 años prohibiendo la entrada a Estados Unidos de no ciudadanos con VIH. Aunque el presidente Bush había confirmado la anulación, en el momento de escribir este informe, el gobierno aún no había aprobado los reglamentos para la revocación plena de esta prohibición.

La Bahía de Guantánamo, la detención indefinida y las comisiones militares

Aunque el presidente Bush dijo que le gustaría que el centro de detención de la Bahía de Guantánamo fuera cerrado, 255 hombres seguían recluidos ahí cuando se escribió este informe, y no se esperaba ninguna medida para el cierre del centro antes del cambio de gobierno. La gran mayoría de estos detenidos llevan casi siete años detenidos sin cargos. Más de la mitad están recluidos en centros de máxima seguridad donde pasan 22 horas al día encerrados en pequeñas celdas sin luz natural ni aire fresco y muy pocos entretenimientos. En su sentencia del caso Boumediene versus Bush de junio de 2008, la Corte Suprema revocó una ley que negaba a los presos de Guantánamo el derecho a presentar un recurso federal de hábeas corpus cuestionando la legalidad de su detención. Casi todos los detenidos presentaron peticiones de hábeas corpus, pero sus casos se han retrasado debido a una serie de cuestiones procesales y legales como la posibilidad de que puedan celebrarse en secreto. Más de dos docenas de detenidos que fueron puestos en libertad no pueden retornar a sus países de origen debido a la probabilidad de que sean torturados a su regreso. En octubre de 2008, un tribunal federal ordenó que Estados Unidos pusiera en libertad dentro del país a 17 chinos de la etnia uigur detenidos en Guantánamo. Estados Unidos había reconocido que los hombres no planteaban ninguna amenaza, pero no podían regresar a China por el riesgo de persecución. Un tribunal federal de apelaciones suspendió dicha orden y, en el momento de escribir este informe, el destino de estos hombres estaba en el aire. Estados Unidos ha continuado repatriando a otros reclusos de Guantánamo sin evaluar de manera significativa o independiente el riesgo de que sufran tortura o maltrato a su regreso. Aunque algunos detenidos obtuvieron órdenes judiciales para que se les informara con antelación de cualquier traslado, muchos reclusos no cuentan con dichas órdenes. Estados Unidos ha afirmado que las “garantías diplomáticas” (promesas de un trato humano) de los gobiernos receptores son una salvaguardia suficiente contra el abuso, a pesar de que las pruebas señalan lo contrario. El gobierno estadounidense sigue considerando un “combatiente enemigo” al ciudadano catarí Ali Saheh Kahlah Al-Marri, detenido en Estados Unidos sin cargos ni juicio. Al-Marri fue declarado combatiente enemigo en 2003, pocas semanas antes de la fecha de su juicio por fraude financiero y falsos testimonios. En 2007, un panel de la corte federal de apelaciones declaró ilegal la detención de Al-Marri, pero el pleno de la corte revocó la decisión. Al-Marri ha recurrido esta última sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno continúa procesando a los presos de Guantánamo en comisiones militares que carecen de garantías procesales fundamentales. En mayo de 2008, el gobierno de Estados Unidos formuló cargos ante una comisión militar pidiendo la pena de muerte para Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro detenidos considerados responsables de los atentados del 11 de septiembre. Los cinco habían estado detenidos en prisiones secretas de la CIA antes de su traslado a Guantánamo y, al parecer, sufrieron torturas y otros malos tratos durante años. No se ha fijado una fecha para su juicio. Estados Unidos persigue también casos contra otros 15 detenidos, entre ellos Omar Khadr y Mohammed Jawad, quienes eran menores de edad cuando los llevaron a Guantánamo hace casi siete años. En el momento de escribir este informe, las comisiones militares habían condenado únicamente a tres detenidos. En marzo de 2007, el australiano David Hicks se declaró culpable después de una negociación y ahora se encuentra en libertad en Australia. En julio de 2008, se celebró el primer proceso ante una comisión militar contra Salim Ahmed Hamdan, antiguo chofer de Osama Bin Laden. Hamdan fue absuelto de los cargos de conspiración y condenado por proveer apoyo material al terrorismo; a la pena impuesta de cinco años y medio le descontaron los cinco años que había permanecido en Guantánamo. Como ha afirmado con respecto a todos los detenidos en Guantánamo, el gobierno de Bush sostiene que Haman puede ser detenido incluso después de cumplir su condena. En noviembre de 2008, Ali Hamza Al Bahlul fue condenado por terrorismo a cadena perpetua.

Política de tortura

Durante los últimos tres años, el Congreso y los tribunales han repudiado el recurso a la tortura del gobierno de Bush como técnica de interrogatorio. En septiembre de 2006, el Pentágono anunció un nuevo reglamento aplicable a todos los interrogatorios de las fuerzas armadas estadounidenses y desautorizó las técnicas abusivas, como los simulacros de ahogamiento, la obligación a desnudarse o la provocación de hipotermia. En febrero de 2008, el Congreso aprobó legislación que obligaba a la CIA a acatar este mismo reglamento, pero el presidente Bush la vetó.

Prisiones secretas de la CIA

En abril de 2008, el Departamento de Defensa anunció el traslado a Guantánamo de un detenido recluido previamente por la CIA, lo que indicó que las prisiones secretas de la CIA seguían funcionando en ese momento. Entre dos y tres docenas de antiguos detenidos de la CIA siguen “desaparecidos” y se desconoce su paradero. Se cree que muchos de ellos han sido entregados ilegalmente a países como Siria, Libia, Pakistán y Argelia.

Negación de protección a los refugiados

Las leyes de Estados Unidos permiten a las autoridades negar el refugio a personas que puedan haber estado asociadas o hayan prestado “apoyo material” a ciertos grupos armados. Los amplios términos de la ley han hecho que las autoridades rechacen las solicitudes de individuos considerados refugiados por el derecho internacional, lo que incluye víctimas de violaciones que fueron obligadas a trabajar para grupos rebeldes. En enero de 2008, el Congreso aprobó una nueva legislación que permite al gobierno levantar dichas restricciones al refugio en casos que lo merezcan, pero el ejercicio de esta discrecionalidad ha sido terriblemente lento.

Enjuiciamiento de tortura cometida en el extranjero

Un acontecimiento positivo fue que el Departamento de Justicia procesara su primer caso en virtud de una ley de 1994 que permite a los tribunales de Estados Unidos juzgar casos de tortura cometidos en el extranjero por un ciudadano estadounidense o cualquier persona presente en este país. En octubre de 2008, un jurado de Miami condenó a Charles (alias Chuckie) Taylor, Jr., hijo del antiguo presidente liberiano y ciudadano de Estados Unidos, por varios cargos de tortura cometidos por una unidad militar de elite que dirigió en Liberia entre 1997 y 2003.

Actores internacionales clave

Al final de su visita de junio de 2008, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias recomendó a Estados Unidos mejorar su sistema de justicia militar y garantizar la aplicación imparcial y sin discriminación racial de la pena de muerte. El Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia expresó su preocupación por la segregación racial en las comunidades residenciales y el estado deficiente de la educación pública, después de visitar el país a mediados de 2008. Aunque la Unión Europea ha pedido a Estados Unidos que cierre el centro de detención de Guantánamo, no ha criticado públicamente las comisiones militares ni realizado propuestas concretas con respecto a los juicios o la puesta en libertad de los detenidos en Guantánamo. Por el contrario, la UE y sus Estados miembro han intervenido e intentado detener las ejecuciones en una serie de casos en Estados Unidos.