Cientos de menores extranjeros no acompañados provenientes de África alojados en centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos, señala Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.
Se estima que la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1.6 millones de niñas, niños y personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.