Incidentes documentados y acusaciones

Las recientes acusaciones de casos de abuso sexual en centros de detención no son ninguna novedad. Los sumarios presentados a continuación reflejan las quejas de abusos cometidos en centros de detención en todo el país, incluyendo Texas, Florida, Nueva York, California y el estado de Washington. Mientras que la mayoría de los incidentes denunciados son de abusos cometidos a mujeres, incluyendo mujeres transgénero, también ha habido hombres que han denunciado agresión sexual. Los testimoniosseñalados aquí tuvieron lugar desde que se fundó el ICE en 2003, sin embargo, las denuncias de problemas de abuso sexual cometidos en detención se remontan a la agencia predecesora del ICE, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.[34]

Texas

Cinco mujeres detenidas en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel, en Texas, fueron agredidas en 2008 por el entonces guardia Robert Luis Loya, que  entró en cada una de sus habitaciones en la enfermería del centro de detención, donde estaban ingresadas, y les pidió, tras asegurar que actuaba bajo instrucciones médicas, que se quitaran la ropa, para luego tocarlas en partes íntimas del cuerpo. En abril de 2010, justo un mes antes de la denuncia más reciente de una supuesta agresión en Hutto, un juez federal condenó a Loya a tres años de prisión seguidos de supervisión comunitaria por las agresiones que cometió contra las mujeres inmigrantes en detención[35]. Según el Departamento de Justicia, Loya, que había sido contratado por una empresa privada para trabajar en el centro, admitió haber tocado sexualmente a las cinco mujeres. En su declaración de culpabilidad reconoció que solicitó trabajar en la unidad médica del centro de detención con el objetivo de poder acceder a las habitaciones de aislamiento médico. Las agresiones en cuestión ocurrieron en marzo y abril de 2008, pero Loya llevaba trabajando seis años y medio en el centro antes de ser despedido, una vez salieron a la luz pública estos abusos.

En mayo de 2007, cuando Hutto seguía operando como un centro de detención familiar, un niño pequeño dormía en una cuna dentro de la celda de su madre cuando un guardia entró y mantuvo contacto sexual con ella. El video de vigilancia captó al funcionario, empleado por la empresa privada Corrections Corporation of America (CCA), contratada por el ICE, arrastrándose por el suelo para salir de la celda en la mitad de la noche, en lo que parecía un intento infructuoso por evitar las cámaras de seguridad.[36] La CCA despidió al guardia, pero nunca enfrentó cargos penales por parte de las autoridades estatales ni federales. Según un representante del ICE, la investigación policial concluyó que el encuentro sexual fue consensual[37]. En cualquier centro de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, el mismo incidente habría constituido un delito porque la ley federal califica como delito penal el contacto sexual entre funcionarios del centro de detención y reclusos bajo su custodia.[38] Sin embargo, en ese momento, esta disposición particular del código penal federal sólo vinculaba a los centros bajo la autoridad del Departamento de Justicia. Los centros de detención inmigratoria se encontraban bajo la autoridad del DOJ hasta 2003, pero entonces fue traspasada al recién creado Departamento de Seguridad Nacional. Como consecuencia, la disposición establecida por ley no cubría la conducta sexual improcedente en los centros de detención del ICE en el momento en que tuvo lugar el incidente en Hutto. Más tarde, en 2007, se aprobó una enmienda legislativa para garantizar que la disposición cubriera a todos los centros federales.[39]

El Complejo de Detención del Sur de Texas, en Pearsall, Texas, también se ha visto perseguido por denuncias de abuso sexual de personas detenidas.[40] En 2008, los medios de comunicación reportaron que varias mujeres detenidas daban fe de que se cometían con frecuencia abusos sexuales en el centro. Uno de esos artículos establecía que una serie de documentos obtenidos a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) describía una investigación de una supuesta agresión de una reclusa de México por parte de un guardia de seguridad, que fue despedido por esta causa, pero no juzgado[41]. Según el artículo, los documentos también decían que otra reclusa había denunciado múltiples agresiones sexuales[42].

Durante el verano de 2009, la Comisión de Mujeres Refugiadas recibió numerosas denuncias de agresiones sexuales en el Centro de Detención Willacy, en Raymondville.[43] En al menos uno de estos casos, la víctima interpuso una demanda, que fue referida al centro de Port Isabel después de que presentara la denuncia. Las acusaciones que recibió la Comisión de Mujeres Refugiadas no sólo incluían agresiones de guardias a mujeres, sino también un supuesto incidente en que un guardia encerró a una reclusa en una habitación con un prisionero al que “debía un favor”, para que éste pudiera violarla. Estas denuncias vinieron de varias fuentes, incluyendo ex empleados del centro que solicitaron permanecer en el anonimato. Estos supuestos episodios fueron denunciados a Dora Schriro en agosto de 2009, quien inmediatamente se digirió en persona a Willacy para llevar a cabo una investigación y hacer entrevistas.

Al parecer, los menores también han sido víctimas de supuestos abusos en los centros de detención inmigratoria en Texas, aunque su cuidado está bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en inglés), en vez del ICE. Nueve menores de Centroamérica, unode los cuales fue identificadocomo de 16 años, denunciaron abusos físicos y sexuales mientras permanecieron detenidos en el centro Texas Sheltered Care, un centro en Nixon, Texas, contratado por el DHHS.[44] Según las acusaciones presentadas en una demanda, los menores fueron acariciados, manoseados y obligados a realizar actos de sexo oral a uno de los guardias, y algunos fueron golpeados por otros funcionarios. Pese a que uno de los guardias fue finalmente juzgado y condenado por abuso sexual, la demanda asegura que, al principio, las acusaciones de los menores fueron recibidas con represalias y que el personal penitenciario intentó encubrir los hechos. Los menores que se quejaron fueron supuestamente transferidos como penalización a otros centros, se les privó de alimentos, obligó a dormir en el suelo y  negaron cuidados médicos.

Florida

En septiembre de 2007, una reclusa era trasladada de un centro de detención en Florida a otro cuando en el mismo estado el agente del ICE que la transportaba la llevó a su casa y la violó. “Temí por mi vida”, dijo la mujer en una entrevista con el Miami Herald. “Tenía una pistola. Es un tipo grande y yo estaba bajo su custodia. Esperaba que me protegiera, no que se aprovechara de mí”.[45] La mujer, madre de dos hijos, originaria de Jamaica y residente de Estados Unidos por 12 años, le contó a otra reclusa en el segundo centro lo que había pasado y ésta lo denunció a las autoridades. El agente del ICE, Wilfredo Vázquez, fue despedido y recibió cargos federales por agresión. En 2008, Vázquez y la fiscalía llegaron a un acuerdo para retirar el cargo más grave de abuso sexual agravado pero fue sentenciado a más de siete años de prisión por abuso sexual”.[46]

Michelle N.,[47] una víctima de tráfico humano, fue agredida sexualmente en 2007 en una cárcel de Florida con la que el ICE tenía un contrato de alquiler de espacio[48]. En este centro, las personas inmigrantes en detención eran alojadas en el mismo dormitorio que otras personas arrestadas por cargos penales. Otra reclusa le contó a su abogado que varias mujeres, detenidas por cargos penales, abusaron sexualmente de Michelle N., mientras se encontraba parcialmente incapacitada por los sedantes que le administró el personal médico del centro en base a sus preocupaciones por su salud mental. El abogado de Michelle denunció inmediatamente por escrito las acusaciones a la prisión y al ICE. Si bien la prisión trasladó a Michelle a otro dormitorio, las autoridades no contactaron a su abogado y, hasta donde llega su conocimiento, no tomaron ninguna otra medida.

Estado de Washington

Dos personas reclusas del Centro de Detención Northwest en Tacoma, Washington, se quejaron a estudiantes, profesores e investigadores de organizaciones no gubernamentales de que habían sido acosadas sexualmente. Estos incidentes de acoso incluían preguntas de un guardia sobre la actividad sexual de las personas detenidas y referencias a sus genitales, supuestas insinuaciones de otro guardia a una de las personas reclusas y las repetidas veces en que le restregó las nalgas “con el propósito de ‘despertarlo’”.[49] Estos episodios fueron documentados en un informe de julio de 2008 de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y OneAmerica a partir de entrevistas con personas reclusas entre septiembre de 2007 y abril de 2008. El informe también refleja las quejas de cinco mujeres en detención sobre los registros sin ropa, algunos de los cuales fueron llevados a cabo después de reunirse con sus asesores legales. Una de las reclusas citadas en el informe dijo: “Nos obligaron a quitarnos la ropa hasta quedarnos completamente desnudas. Una funcionaria del centro me dijo que separara bien las piernas para que pudiera mirar dentro de mi vagina. Después me pidió que me diera la vuelta y expusiera el ano (al separarme las nalgas con las manos), me dijo que tosiera varias veces mientras seguía en esta posición y me miraba las partes íntimas. Fuimos forzadas a someternos a este trato inhumano. Lloré durante varios días después del incidente y sigo teniendo pesadillas sobre cómo nos trataron”.[50]

Arizona

A mediados de 2006, Lydia S.,[51] una mujer de 41 años víctima de violencia doméstica y madre de dos hijos, estaba bajo custodia del ICE en un centro de detención contratado en Arizona.[52] Dado que otras agencias gubernamentales también tenían contratos de alquiler de espacio en este centro, la prisión aceptó un gran traslado de presos en custodia penal provenientes de California, durante el período de detención de Lydia. El centro transfirió a algunos de los prisioneros con cargos penales al mismo dormitorio donde se alojaban los inmigrantes detenidos por el ICE. Cuando llegaron los prisioneros, los guardias llevaron a cabo una inspección en busca de contrabando que todavía hizo temblar a Lydia cuando, dos años después, describió el episodio en una entrevista con Human Rights Watch. Según Lydia, las guardias obligaron a todas las personas en el dormitorio, incluidas las mujeres en detención inmigratoria que ya habían estado en custodia del centro, a que se desvistieran completamente y que caminaran en círculo pasando por delante de las guardias. Lydia se resistió pero una de las comandantes le exigió que se quitara la ropa. Después de caminar en círculo, ordenaron a las mujeres que se inclinaran hacia delante y tosieran para determinar si escondían drogas. La humillación de este examen afectó profundamente a Lydia e hizo que dejara de interactuar con el personal del centro. “No pedí ningún permiso durante dos semanas enteras”, dijo. “No hacía más que llorar. Estaba en shock”.

Rose L.,[53] bajo custodia del ICE durante más de 14 meses entre 2007 y 2008, fue llamada tres veces para un examen vaginal por un hombre en particular,miembro de la plantilla médica de un centro de detención en Arizona.[54] En ninguna de estas ocasiones Rose se había quejado de un problema ginecológico, y nunca estuvo presente una enfermera cuando el funcionario penitenciario llevó a cabo el examen. Rose le contó a Human Rights Watch que ella y otras seis reclusas que pasaron por experiencias similares presentaron una queja formal. “Decidí que me iba a quejar de ese hombre porque sentí que realmente estaba hiriendo mi orgullo como mujer”, dijo. La queja fue efectiva inmediatamente: Rose aseguró que dos días después el empleado fue despedido y escoltado hasta la salida del edificio. Aun así, no se hizo nada más para evaluar cómo le había afectado a Rose la agresión.

Nueva York

Durante una evaluación confidencial por parte del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), dos reclusas en un centro de detención en Queens reportaron que un guardia “había mostrado un comportamiento muy poco profesional hacia las reclusas a lo largo de varios años, citando como ejemplos ocasiones en las que se quitaba algo de ropa y simulaba actos sexuales con las detenidas, otras en las que bromeaba que quería tener relaciones sexuales con las reclusas, y su constante vocabulario vulgar. Cuando las mujeres se quejaron, el jefe de seguridad (del centro) pasó por alto las acusaciones, alegando que (el funcionario) estaba loco y que no podía hacer nada para ayudarlas.[55] Ni la queja que las reclusas presentaron a la dirección del centro ni la copia que mandaron al DOJ recibieron respuesta alguna. Las acusaciones de las detenidas salieron a la luz en un informe de julio de 2009 del Centro Nacional de la Ley de Inmigración que reveló información sobre cientos de documentos obtenidos durante la investigación de un litigio con el Gobierno, incluyendo la evaluación otrora confidencial del ABA de 2004.[56]

 

Nueva Jersey

Mujeres en detención inmigratoria en el Centro Correccional del Condado Hudson reportaron  a inspectores del DHS que un guardia utilizó la cámara de un teléfono celular para tomarles fotos cuando salían de la ducha y los baños y cuando estaban durmiendo. [57]Tras recibir la queja de las reclusas en julio de 2005, la Oficina del Inspector General del DHS entrevistó al funcionario, quien negó las acusaciones, y transfirió el caso a la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.

Wisconsin

Una mujer tailandesa detenida por cargos inmigratorios en una cárcel de Wisconsin fue agredida sexualmente por otras personas reclusas, pero no recibió ninguna ayuda por parte de los guardias de seguridad de la prisión pese a contarles lo que había pasado, según un informe de 2007 preparado por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), que proveyó servicios legales a la mujer.[58] El centro argumenta que la víctima no fue capaz de contarle  durante tres meses a su representante legal las agresiones que sufrió debido a que la cárcel no le concedió el permiso para mantener una conversación telefónica en privado. Durante ese período, los guardias no hicieron nada para ayudarla a evitar esos abusos, incluso después de que uno de los incidentes hizo que tuviera que ser hospitalizada.

California

Ante una audiencia de la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones en diciembre de 2006, Mayra Soto (cuyo nombre es ahora Esmeralda Soto) testificó sobrelas agresiones sexuales y otros malos tratos que sufrió siendo una mujer transgénero bajo custodia del ICE.[59] Soto estuvo recluida en el Centro de Detención de San Pedro en diciembre de 2003. Dice que mientras esperaba en una celda a poder hablar con su abogado, un guardia entró y la obligó a practicar sexo oral sobre él. Luego se marchó, pero al cabo de un rato volvió y le ordenó que lo volviera a hacer.

En su testimonio sobre la agresión, Soto enfatizó el trauma que le causó no solo el abuso sino todo lo que pasó después de denunciarlo. Declaró que seguía teniendo flashbacks de cuando tuvo que esperar una noche entera para poder lavarse la boca debido a los retrasos que hubo a la hora de concertar un examen de recopilación de pruebas de la agresión. La angustia y la depresión que sintió después de la agresión prácticamente no recibieron ninguna clase de atención médica ni psicológica y tuvo dificultades para comer y dormir. Alegó que se sintió presionada por los demás guardias del centro a retirar la acusación. El funcionario que abusó de ella fue despedido, pero llegó a un acuerdo durante el juicio, lo que resultó en una sentencia de apenas seis meses más libertad condicional.

Cuando volvió a ser detenida en el mismo centro en mayo de 2005, después de su deportación y consiguiente regreso a Estados Unidos, se enteró de que otra reclusa transgénero que había sido puesta en libertad y con la que la habían confundido, había sido asesinada en una aparente venganza por los cargos de violación que había presentado contra el guardia. Cuando Soto fue detenida en esta segunda ocasión, el centro la alojó en una unidad con la población general masculina, donde fue víctima de acoso sexual. Después de salir físicamente lastimada de una pelea entre dos reclusos que decían “poseerla”, fue colocada bajo custodia preventiva. Sin embargo, la protección se tradujo en confinamiento solitario.

En otro incidente, una inmigrante detenida en un centro contratado por el ICE, dirigido por la CAA en San Diego, denunció haber sido violada por un vigilante mientras estaba trabajando.[60] Según la Oficina del Inspector General del DHS, que documentó la denuncia en una inspección de cinco centros publicado en diciembre de 2006, el guardia fue despedido después de una investigación, pero el Departamento de Justicia declinó presentar cargos penales contra él.[61] La inspección también reveló una queja de diciembre de 2004 según la que un funcionario del centro de detención había llevado a cabo un “registro físicamente abusivo que fue seguido por un registro sin ropa llevado a cabo en la presencia de otros reclusos”.[62]