Leyes y estándares nacionales e internacionales

Una serie de tratados internacionales que Estados Unidos ha ratificado prohíbe que las personas bajo custodia del Gobierno sufran malos tratos. Bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), ratificado por EE.UU. en 1992, “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”[17]. El Comité de Derechos Humanos, que supervisa la implementación del ICCPR, ha explicado que las personas detenidas conservan todos sus derechos enunciados en el pacto, “sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión”[18]. Esto incluye el derecho a la protección contra la tortura y maltrato. La Convención contra la Tortura, que Estados Unidos ratificó en 1994, obliga a los Gobiernos a adoptar medidas para prevenir actos que constituyan tratos degradantes cometidos por un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia. [19]Al examinar el cumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos, el Comité contra la Tortura expresó su inquietud por la existencia de “denuncias fidedignas de agresiones sexuales sufridas por reclusas cumpliendo condena, así como personas en el período de averiguación previa o en detención inmigratoria”, y recomendó al Gobierno que se asegure de que las “acusaciones de violencia en los centros de detención sean investigadas inmediatamente y de forma independiente, que los culpables sean llevados ante los tribunales y justamente sentenciados y que las víctimas puedan ser restituidas, como por ejemplo con una indemnización adecuada[20].

Además de tratar con la prohibición general de la violación y agresión sexual de personas detenidas, las autoridades internacionales de derechos humanos se han dedicado específicamente al tema de los registros bajo custodia. El Comité de Derechos Humanos determinó que proteger los derechos de los reclusos a la privacidad exige que los registros por parte de los funcionarios del Gobierno o personal médico sean llevados a cabo siempre por personas del mismo sexo[21]. Bajo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la vigilancia de las prisioneras “será ejercida exclusivamente por funcionarias mujeres”[22].

Las leyes internacionales también reconocen el derecho de las reclusas a recibir cuidados médicos que sean al menos comparables a los cuidados y servicios disponibles para las personas que se encuentran en libertad, lo que incluye la asistencia después de una violación. De acuerdo con el principio de equivalencia, articulado en los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, “los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica”[23]. Además, el comité que supervisa la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[24], un tratado que Estados Unidos firmó pero aún no ha ratificado, recomienda que los Gobiernos “establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia de género, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento”[25].

Al igual que las leyes internacionales, la Constitución de Estados Unidos y las leyes federales incluyen protecciones específicas para personas bajo custodia legal. La Octava Enmienda prohíbe los castigos crueles e inusuales, los cuales han sido interpretados para que incluyan la indiferencia deliberada por parte de los funcionarios penitenciarios a la violación y la agresión sexual de las personas reclusas. [26]Las personas en detención inmigratoria, que se encuentran bajo custodia administrativa, están protegidas de esa clase de trato bajo la Quinta Enmienda, que impone restricciones al tratamiento que se les da a las personas durante un proceso legal.[27] Además, las protecciones de la privacidad de la Cuarta Enmienda son relevantes en el contexto de las prácticas que pueden facilitar el acoso sexual de las personas en detención. Las cortes federales han sostenido que esas protecciones a la privacidad prohíben que funcionarios sometan a reclusas[28] a registros sin ropa, a registros donde se toque el cuerpo de los detenidos de manera intrusiva[29] o vigilancia visual improcedente[30]. La ley federal estipula castigos penales específicos tanto para la agresión sexual de personas reclusas y detenidas federales como para cualquier clase de contacto sexual entre personas en detención y funcionarios de los centros federales[31].

En reconocimiento de la urgente necesidad de combatir de forma proactiva el abuso sexual en los centros de detención, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2003 la Ley Nacional para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión.[32]Esta ley establece un plan para evaluar el alcance del problema de las violaciones en condiciones en que la víctima se encuentra en detención e incrementar las medidas de prevención y los esfuerzos de respuesta por parte del Gobierno. La ley creó una comisión de expertos encargados de estudiar el problema y de desarrollar estándares recomendados a seguir en las prisiones, cárceles y centros de detención. En junio de 2009, la comisión publicó sus hallazgos y recomendaciones, incluyendo secciones específicas para la detención inmigratoria.[33] Si bien la PREA ordenó que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitiera estándares dentro de un plazo de un año después de recibir las recomendaciones de la comisión, el DOJ aún tiene que hacerlo.