II. Casos ilustrativos

 

Ramón Velásquez Toranzo [1]

Ramón Velásquez Toranzo inició su marcha por Cuba el 10 de diciembre de 2006, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Junto a él se encontraban su esposa Bárbara y su hija Rufina, de 18 años. Cada uno llevaba un cartel,  con los siguientes mensajes: “respeto para los derechos humanos”, “libertad a los presos políticos” y “no más represión contra la oposición pacífica”. Su objetivo era atravesar toda la isla de Cuba a pie, de Este a Oeste.

Emprendieron su marcha en silencio. Durante la noche, dormían en los costados del camino, en paradas de autobuses, o en las viviendas de las personas que los alojaban. Luego de algunos días, los agentes de seguridad comenzaron a vigilarlos. En las afueras de Holguín, fueron rodeados por un grupo vinculado con el gobierno conocido como la “brigada de respuesta rápida” cuyos miembros llevaban bates y barras de metal. Llamaron a Velásquez y su familia “mercenarios” y “putas”, y amenazaron con violar a Bárbara y a Rufina. La policía observó la situación pero no intervino.

La familia fue arrestada por agentes de seguridad cuando cruzaban Holguín a pie. Velásquez fue encarcelado, y su esposa e hija obligadas a regresar a su hogar en Las Tunas. Cuando Velásquez fue liberado cuatro días después, continuaron marchando en dirección Oeste. En dos ocasiones, estuvieron a punto de ser atropellados por automóviles que intentaban alcanzarlos, y debieron alejarse de la carretera para evitar ser arrollados. Fueron hostigados por nuevas brigadas y fueron amenazados por agentes de seguridad. Pese a esto, continuaron su marcha.

Cuando llegaron a Camagüey el 19 de enero de 2007, fueron detenidos nuevamente. Velásquez fue retenido durante cuatro días y luego trasladado a un tribunal municipal. No importó que no hubiera cometido ningún delito; según la ley de “peligrosidad” de Cuba, las personas pueden ser encarceladas simplemente si los tribunales determinan que son proclives a cometer un delito en el futuro.

La única prueba del estado en su contra fue una serie de “advertencias oficiales” por desempleo —emitidas durante el período en que se encontraba realizando la caminata— y que nunca antes había visto. Su abogado, a quien conoció unos pocos minutos antes del juicio, lo defendió enérgicamente al comienzo de la audiencia. Luego, el juez llamó a un receso e invitó al abogado defensor a su despacho. Cuando regresó, el abogado abandonó la defensa de Velásquez y no habló durante el resto del juicio.

El juicio duró menos de una hora, y el juez condenó a Velásquez a tres años de prisión. Fue trasladado a prisión en un autobús, y una vez allí lo desvistieron y, en ropa interior, lo confinaron a una celda de aislamiento. En la pequeña celda no había cama, solamente un piso de cemento que se inundaba cada vez que llovía. Cuando su familia le traía alimentos para complementar las magras raciones de la prisión, los guardias sistemáticamente dejaban que se pudrieran fuera de la celda. 

Su esposa, Bárbara, entró en una profunda depresión luego de su encarcelamiento, y no pudo levantarse de la cama durante semanas, mientras que su hijo René fue despedido de su empleo sin ningún tipo de preaviso. Su hija Rufina, quien continuó monitoreando la sitación de derechos humanos y denunciando abusos, fue objeto de vigilancia constante. Las autoridades le advirtieron que sufriría el mismo destino que su padre si no modificaba su conducta. Finalmente escapó a Estados Unidos, donde vive actualmente.  

En noviembre de 2009, Velásquez aún estaba cumpliendo su condena.

Alexander Santos Hernández [2]

Alexander Santos Hernández fue enjuiciado por sus actividades políticas por primera vez en noviembre de 2004. Estaba trabajando para el Proyecto Varela, una campaña pacífica destinada a juntar firmas de ciudadanos cubanos para exigir el cambio democrático, y había organizado encuentros abiertos en su vivienda de Gibara, Holguín, para debatir sobre el proyecto. Un día, mientras se retiraba de una reunión, un agente de policía le indicó que debía acercarse a la delegación policial para ser interrogado. Como no se presentó, fue condenado a seis meses de trabajo forzado por “desobediencia a la autoridad”. Entonces tenía 29 años.

Cuando Santos completó su condena, retomó su participación en actividades políticas de carácter no violento. Se sumó a dos grupos políticos poco numerosos que no son reconocidos por el gobierno (y, por lo tanto, ilegales): el Movimiento Liberal Cubano y la Alianza Democrática Oriental. Ambos se dedicaban a promover el cambio político y el respeto por los derechos básicos en Cuba. Asistió a encuentros, expresó sus críticas contra el gobierno y documentó abusos cometidos por funcionarios del gobierno.

Como resultado, Santos fue objeto de innumerables formas de represión. En 2005, su jefe lo despidió de su empleo como instructor de artes marciales. Cuando Santos se acercó al centro de empleo del estado, un funcionario le dijo que “los gusanos no se merecen trabajo”. Santos fue objeto de seis actos públicos de repudio entre 2005 y 2006. Algunos grupos civiles afines al gobierno se concentraban afuera de su vivienda y lo insultaban, llamándolo “mercenario” y “traidor”. En más de una ocasión, violentaron su puerta y saquearon una colección de libros sobre democracia y otros temas “subversivos” que conservaba como parte de una biblioteca abierta al público.

En junio de 2006, Santos sostuvo que una “brigada de respuesta rápida”, un grupo que busca proteger al gobierno frente a amenazas de “contrarrevolucionarios”, lo había atacado en la vía pública. Sin que mediara ninguna provocación, ocho hombres de la brigada golpearon a Santos violentamente. El grupo era liderado por un mayor de la policía, a quien Santos conocía luego de haber sido detenido varias veces. El mayor le dijo a Santos que la próxima vez que lo viera manejando su motocicleta iba a atropellarlo.

El 5 de julio de 2006, la policía detuvo a Santos en su vivienda. Según Santos, “[La policía] me sacó a las 5:50am mientras dormía, y a las 8:30am ya me estaban dictando la sentencia”. Fue trasladado al Tribunal Municipal de Gibara, donde fue acusado de “peligrosidad”.

No se le asignó un abogado, y sus familiares no fueron notificados sobre la audiencia. El juicio, que duró entre 15 y 20 minutos, estuvo completamente cerrado al público. Según Santos, el único argumento del fiscal fue que él era un disidente y, por ende, representaba un peligro para la sociedad. El juez lo condenó a cuatro años de prisión por “peligrosidad”.  Santos dijo que se le permitió leer la sentencia y que esta tenía fecha del 3 de julio de 2006, es decir, dos días antes del juicio. La familia de Santos fue notificada de la decisión una vez que ya había sido emitida. Su madre contrató un abogado para que apelara la sentencia, pero el Tribunal Provincial de Holguín confirmó la condena de Santos.

Santos fue enviado a la prisión Cuba Sí! en Holguín donde, según relató, fue asignado a una celda con decenas de presos que habían sido condenados por delitos violentos. Sus compañeros de celda se encontraban cumpliendo condenas de entre 20 y 60 años, mientras que la de Santos era de cuatro años. Los alimentos eran insuficientes y estaban en mal estado, y en poco tiempo comenzó a tener problemas de salud, como fuertes afecciones estomacales y pústulas dolorosas en su rostro. Pese a sus reiterados pedidos, las autoridades no le permitieron ver a un médico. Como resultado, inició una huelga de hambre para exigir atención médica. No ingirió alimentos por 23 días, hasta que finalmente se le concedió la visita de un médico.

Santos presenció cómo otros presos políticos recibían golpizas en la prisión. La más grave aconteció en febrero de 2007, cuando el periodista Víctor Rolando Arroyo Carmona—una de las 75 personas arrestadas durante el operativo represivo de 2003—intentó llevarse las sobras de su almuerzo al retirarse del comedor. Arroyo, quien entonces tenía 55 años, padecía problemas digestivos y había recibido permiso de las autoridades para terminar de ingerir sus alimentos en la celda. Santos observó como un guardia de prisión detuvo a Arroyo y le preguntó por qué se estaba llevando los alimentos. Cuando Arroyo contestó y siguió caminando, el guardia le propinó un golpe en la nuca y, una vez que Santos cayó al suelo, continuó golpeándolo. Santos dijo que el oficial golpeó a Arroyo varias veces en el rostro y el cuerpo, y rompió sus gafas.

En 2008, el popular cantor cubano Silvio Rodríguez ofreció una serie de conciertos en las prisiones de Cuba. Según Santos, durante los días previos a su presentación en Cuba Sí!, los oficiales reunieron a todos los presos políticos y a los homosexuales y los trasladaron a otro establecimiento.

Santos recibió el beneficio de la libertad condicional en diciembre de 2008. Dijo que un policía vestido de civil fue asignado en forma permanente afuera de su vivienda, y que todas las personas que lo visitaban eran amenazadas. Las autoridades le dijeron a una de las amigas más cercanas de Santos que, si continuaba visitándolo, expulsarían a su hija de la escuela. Desde entonces, no ha vuelto a visitarlo.

Santos fue contratado brevemente como albañil luego de su liberación, pero informó a Human Rights Watch que desde entonces tenía dificultades para encontrar empleo debido a su reputación como disidente. Temía que las autoridades le revocaran su libertad condicional por estar desempleado, lo cual se considera una forma de “conducta antisocial” según la disposición sobre “peligrosidad”.

“Jorge Barrera Alonso” [3]

Jorge Barrera Alonso trabajaba en un comedor obrero, administrado por el estado, pero fue despedido sin ningún tipo de preaviso por su jefe, quien señaló que “no era idóneo” para el trabajo. Poco antes del despido, Barrera había comenzado a asistir a las reuniones de un grupo político no autorizado de postura crítica frente al gobierno cubano. Buscó un nuevo empleo durante varias semanas, pero ningún empleador lo aceptaba. Sin poder encontrar empleo, aceptó trabajar con un vendedor de vegetales que no contaba con licencia oficial del gobierno y era por lo tanto considerado ilegal.

Barrera continuó asistiendo a las reuniones del grupo no oficial y comenzó a participar en actividades públicas de concientización sobre derechos políticos. En 2006, él y un amigo se encontraban distribuyendo copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la calle cuando la policía llegó y arrestó a Barrera. Su amigo logró escapar y llamó a la esposa de Barrera, “Hilda Galán”,[4] para avisarle que había sido detenido. Galán se dirigió a todas las delegaciones policiales de la ciudad para ubicar a su esposo, pero todos los oficiales con los cuales habló afirmaban no tener información sobre él. Galán decidió entonces denunciar ante una oficina municipal que su esposo había desaparecido luego de ser detenido por la policía. Posteriormente, recibió un llamado de una de las delegaciones que había visitado informándole que Barrera se encontraba detenido allí.

Barrera estuvo detenido en instalaciones policiales durante cinco días, y sólo se le permitió una visita de 30 minutos de su esposa y su hija de dos años de edad. Durante la visita, un oficial estuvo junto a ellos y advirtió expresamente a Barrera y a su esposa que no hablaran de nada vinculado con su arresto o detención, amenazándolos con terminar la visita si lo hacían.

En el período previo al juicio, Barrera no tuvo acceso a un abogado y permaneció en una pequeña celda con presos que habían sido condenados por delitos violentos. La policía informó a Barrera sobre el juicio sólo tres horas antes. Se le permitió llamar a su esposa, quien apenas pudo llegar al tribunal a tiempo para la audiencia. Antes del comienzo del juicio, Barrera preguntó si podía designar a su propio abogado, pero las autoridades le respondieron que no podían demorar el juicio y que los abogados designados por el estado llevarían a cabo la misma función.

El juicio, en el cual el fiscal acusó a Barrera de “peligrosidad”, duró menos de una hora. Su esposa describió el proceso en los siguientes términos:

El juicio fue una locura. En primer lugar a él no le dejaron hablar. El fiscal habló de cosas que yo nunca había oído, que [mi esposo] andaba con personas peligrosas, delincuentes, que a él se le iba a dar esa sanción para prevenir que fuera hacer algo contra la propiedad de algunas personas ... que él no trabajaba, que él no estudiaba, que él no estaba integrado al proceso revolucionario.... Y él no es así. [5]

El estado no presentó pruebas ni testigos para fundamentar sus acusaciones, y el abogado que el estado había asignado a Barrera no objetó ninguno de los cargos. El juez denegó a Barrera el derecho a hablar en defensa propia, pese a que expresó su deseo de hacerlo. Barrera fue condenado a cuatro años de prisión.

Durante los siguientes dos años y medio, Barrera fue trasladado a tres prisiones distintas, todas ubicadas a una distancia considerable de su vivienda, lo cual dificultaba las visitas de su esposa. En cada una de estas prisiones, fue sometido a un régimen de aislamiento y a otros castigos por negarse a usar el uniforme asignado a los presos o participar en la “reeducación” obligatoria.

El 10 de diciembre de 2008, para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, Barrera intentó leer a sus compañeros de celda un libro que le había llevado su esposa llamado Tus Derechos, que incluye el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según la esposa de Barrera, a quien este le relató posteriormente el incidente:

Llegó un oficial y lo empujó, lo maltrató y le dijo que se tenía que comer el libro. [Barrera] le dijo que él no se iba a comer el libro, que él no era ningún animal para comerse ningún libro, y que ese libro no tenía nada de malo. [6]

Las autoridades confiscaron el libro y recluyeron a Barrera en una celda de aislamiento.

Luego de varios días de aislamiento, según contó Barrera más tarde a su esposa, fue llevado a un tribunal municipal y fue juzgado por desacato. Se le negó la posibilidad de elegir a su propio abogado, el procedimiento estuvo cerrado al público y se llevó a cabo en forma sumaria, sin que se presentaran pruebas en su contra más allá de las acusaciones de los funcionarios penitenciarios. Su esposa no fue siquiera informada sobre el juicio. Barrera le comentó a su esposa que había recibido seis años más de prisión, lo cual, sumado a su condena anterior, representaba una condena de 10 años. Nunca recibió una copia de su sentencia, ni ninguna constancia de la celebración de la audiencia.

Luego de la condena, la mujer de Barrera ofreció una entrevista a la prensa extranjera en la cual denunció los maltratos sufridos por su esposo y que el juicio se había llevado a cabo a puertas cerradas. Tras la entrevista, señaló, los funcionarios penitenciarios cancelaron su derecho de visita y la posibilidad de llamar a su esposo.

Juan Luís Rodríguez Desdín [7]

Juan Luís Rodríguez Desdín, un disidente de Banes, Holguín, de 35 años, recibió varias advertencias oficiales sobre “peligrosidad” en 2006. Las advertencias, según afirmó, lo acusaban de “conducta antisocial”, y le aconsejaban que abandonara sus actividades “contrarrevolucionarias”. Rodríguez señaló que su “conducta antisocial” se debía a su participación en unos pocos grupos no oficiales de la sociedad civil que documentaban violaciones de derechos humanos y promovían el cambio político. Asistió a varios encuentros y habló abiertamente sobre el cambio democrático en Cuba.

El 6 de julio de 2006, cuatro policías se presentaron en su vivienda y lo arrestaron. Fue trasladado a una delegación policial, donde lo mantuvieron incomunicado durante cuatro días. No se le permitió consultar a un abogado ni recibir visitas familiares. Rodríguez fue llevado ante un juez de un tribunal provincial el 10 de julio y acusado de “peligrosidad”. Afirmó que el fiscal lo acusó de estar “desafecto del gobierno”, “en contra del proceso revolucionario” y, por lo tanto, de “no estar preparado para vivir en sociedad”. Fue condenado a cuatro años de prisión. Según señaló, no se molestó en apelar, ya que “cuando te sancionan por ese delito, no vale la pena apelar”. Fue enviado a la prisión Cuba Sí! 

Rodríguez comenzó a tener problemas con las autoridades carcelarias apenas llegó. No quería participar en las clases obligatorias de “reeducación” que, según señaló, tenían como finalidad el adoctrinamiento político. Como resultado, fue sometido a un régimen de aislamiento durante 17 días. En la celda, en el medio del piso, había un retrete totalmente expuesto, una plataforma de cemento que servía como cama y, a modo de manta, unas hojas de plátano.

Mientras no se encontraba en régimen de aislamiento, Rodríguez permanecía en una celda hacinada con entre 80 y 100 presos condenados por delitos violentos. Afirmó que él y otros presos políticos eran trasladados a diferentes celdas luego de unos meses, y que, según dijo, se trataba de una estrategia que apuntaba a exponerlos a la posibilidad de agresiones por parte de presos comunes que se mostraban hostiles con los recién llegados. También fue castigado reiteradamente por utilizar los llamados telefónicos para informar a defensores de derechos humanos fuera de la prisión sobre los abusos sufridos. Dijo que se le denegaron comidas, atención médica y la posibilidad de estar al aire libre, y que no había nadie a quien denunciar los abusos dentro de la prisión.

Luego de obtener la libertad condicional en julio de 2008, Rodríguez retomó su participación en el monitoreo de derechos humanos y continuó asistiendo a reuniones no autorizadas. Afirmó que vivía bajo vigilancia continua y que fue detenido varias veces por las autoridades, que lo amenazaban con volver a arrestarlo si no ponía fin a su “conducta antisocial”.

Su familia también fue víctima de hostigamiento constante. La esposa de Rodríguez recibió la visita de un oficial, quien le indicó que podía evitarse problemas si se divorciaba de su esposo. Su madre recibió citaciones y fue amenazada por oficiales, y la policía también investigó las actividades de su padre.

Human Rights Watch se comunicó con Rodríguez por última vez en abril de 2009. Según un defensor de derechos humanos de Cuba, al mes siguiente fue arrestado nuevamente y condenado a dos años de prisión por “desorden público” en un juicio sumario a puertas cerradas.[8]