Introducción

Este informe intenta trazar un cuadro resumido de un movimiento de derechos humanos global. En un país tras otro, la gente se ha unido en torno a cuestiones de sexualidad y de género, organizándose contra la discriminación y los abusos, afirmando sus libertades y sus deseos. Estas y estos activistas han cambiado la política y la vida cotidiana en muchos lugares. Pero en algunas sociedades - incluyendo aquellas en las que la violencia y las violaciones son más graves- otros movimientos de derechos humanos todavía no los aceptan como pares. Han luchado por mantenerse unidos y han pagado un precio muy alto por ello, pero todavía los caminos que recorren ambos movimientos son diferentes.

Este informe se basa en las respuestas a preguntas que formuló Human Rights Watch (a través de una encuesta y de entrevistas individuales) a cien líderes activistas por los derechos sexuales de unos cincuenta países, tod*s [1]   ell*s con una amplia experiencia en el campo de la orientación sexual y la identidad de género. No intentamos realizar un análisis cuantitativo dado que lo que más queríamos era escuchar las palabras de l*s activistas, sus propias percepciones acerca de las situaciones que viven y las estrategias que están explorando para enfrentarlas. Los hallazgos de este informe están divididos en cinco capítulos regionales que se concentran en las condiciones reinantes en lo que se conoce como el Sur y el Este Globales – en oposición a Europa Occidental y América del Norte. Elegimos concentrarnos en las regiones mencionadas porque allí el activismo en torno a la sexualidad se ve sometido a presiones más intensas y a la vez cuenta con muchos menos recursos de los que existen en las otras regiones. El panorama que este informe presenta está destinado a públicos diversos. A l*s propi*s activistas, a quienes esperamos les muestre los contrastes y la conexiones entre el trabajo que se hace en distintos lugares. A las financiadoras que apoyan a organizaciones de derechos humanos, a quienes esperamos les revele la amplitud y la diversidad de estrategias y enfoques que existen. Y al público en general, a quien esperamos le sirva como introducción a estas voces importantes en los derechos humanos contemporáneos.

Una cuestión que surge en forma inmediata es la de identidad. Las palabras “lesbianas, gays, bisexuales y transgénero” (LGBT) aparecen en todo el informe. Much*s activistas utilizan esos términos para describir a las comunidades en las que están insert*s así como a las personas con las que se identifican y a las que defienden. Much*s otr*s no lo hacen. Aquí las utilizamos en un sentido que no pretende ser general ni excluyente. En Sudamérica, algun*s activist*s hablarán de identidades travestis mientras que en sur de Asia algun*s se referirán al “tercer género”. Algunas voces utilizarán “queer” o “minorías sexuales”, como términos paraguas. En otros lugares surgirán identidades autóctonas como hijras o metis. L*s activistas intersex – que critican los protocolos médicos utilizados en muchos países para determinar legalmente el sexo biológico, así como los procedimientos quirúrgicos y de otras clases que se emplean para imponer esas definiciones- también serán escuchad*s, y la letra “I” se sumará a la sigla.

Es importante tener en cuenta la diversidad porque identidades diferentes significan vidas y necesidades diferentes, así como diferentes medidas para abordarlas. Los hombres que se ven amenazados por las leyes de sodomía y la desigualdad social que se deriva de ellas necesitan un remedio diferente que las travestis que son arrestadas invocando disposiciones sobre “conducta escandalosa en espacios públicos”. Una activista trans peruana dice que en el mundo entero “los problemas y las agendas, los términos, las dificultades, las realidades son diferentes”. Pero agrega que “Necesitamos un consenso general ... que nos permita trabajar junt*s”.

Aunque las diferencias entre conceptos y comunidades siguen siendo reales y tienen una importancia crucial, lo que unifica el trabajo que se está haciendo, en un sentido general, son los derechos y no tanto las identidades; la creencia en valores que deben ser protegidos como la dignidad, la intimidad, la expresión y la autonomía (entre otros); la creencia en que todas las personas deberían tener tanto la libertad como el poder de tomar decisiones acerca de sus propios cuerpos y sexualidades.

A algunas personas, defender esas creencias puede costarles la vida.

La diversidad de experiencias que encontramos es enorme. Sin embargo, aparecen algunos rasgos comunes:

a)       Las organizaciones que trabajan en temas de orientación sexual e identidad de género todavía cuentan con insuficientes  recursos y están gravemente aisladas. Ese aislamiento puede ser letal. 

Los triunfos más importantes se han logrado superándolo. Donde se han alcanzado éxitos llamativos, como en América Latina, estos han surgido siempre de las negociaciones y las coaliciones entre movimientos sociales.

La integración con otras luchas por los derechos humanos tiene que ser la primera prioridad en el abordaje de los derechos sexuales. Nos hacen falta alianzas políticas más fuertes, así como marcos de referencia conceptuales en los que puedan quedar claros los aspectos que los diferentes temas tienen en común.

b)      Defensores de los derechos de las personas LGBT, y los derechos sexuales en general, se enfrentan a diario a niveles de violencia extraordinarios.

En Jamaica, una turba furiosa rodeó una iglesia en la que se estaba realizando el funeral de un hombre gay y golpeó a los asistentes. En Kenia un grupo nos dijo, sin darle demasiado énfasis al asunto, que sus integrantes habían sido “atacados por una turba furiosa que quiso lincharlos y tuvieron que ser evacuados bajo fuertes medidas de seguridad”.

Cualquier apoyo que se les brinde a est*s activistas debe tener en cuenta no sólo la atmósfera de peligro sino la posibilidad de que ese apoyo, sin proponérselo, la incremente. Es fundamental pensar con mucho cuidado de qué manera se puede realizar una defensa y promoción eficaz de los derechos humanos en una atmósfera cultural signada por el pánico moral.

c)      La sexualidad se ha convertido en un campo de batalla cultural y religioso.

El peligro proviene del peso, la importancia política y la emoción que cada vez más se adhieren a las cuestiones de género y sexualidad.  El “fundamentalismo” – es decir, la presión hacia un regreso forzado a lo que se postula como los fundamentos de una determinada religión o cultura- es un término moderno que tiene muchas definiciones. Una característica común de los llamados “fundamentalismos” –tal como lo propone Human Rights Watch en otro texto- es “la intención de apoderarse del Estado, concentrar su atención sobre la vida privada y convertirlo en agente de una ‘tradición’ de cuño reciente”[2]. Los fundamentalistas intentan utilizar el poder del Estado para imponer normas sociales y culturales que consideran que las familias y las comunidades ya no pueden sostener. Algunos gobiernos y figuras políticas intentan a su vez utilizar a los fundamentalistas para reforzar su propia autoridad.

Los fundamentalismos toman elementos de la religión, el nacionalismo y otras ideologías y tradiciones para inventar una “autenticidad cultural” que es fija, inalterable y monolítica, pero que también está amenazada por las influencias supuestamente corrosivas de los derechos humanos. Cada vez con mayor frecuencia, la sexualidad y el cuerpo son sus campos de batalla elegidos. Lo que resulta devastador es que este argumento “cultural” intenta colocar a las personas LGBT como seres que no pertenecen, que no pueden ser incluid*s y –como son intrínsecamente ‘cuerpos extraños’- ni siquiera se les puede escuchar o comprender.

Encontrar formas de responder a los fundamentalismos en términos de derechos humanos es complejo y de importancia fundamental. Muchos de los grupos con los que hablamos están llevando adelante su propio activismo cultural, que procura llegar al público a través del arte o de las imágenes.

Una activista por los derechos de las mujeres nos dijo que “necesitamos voces que surjan desde adentro” de las comunidades religiosas y de otros grupos que se atribuyen el monopolio de los significados. Y agregó: “No podemos luchar contra el fundamentalismo sólo en el plano legal. Tenemos que darles batalla en su propio terreno, que son los valores. Necesitamos recuperar la idea de que los principios no son monopolio de los sacerdotes o de los generales, sino que los derechos humanos también son una fuente de valores éticos y que además existen otras”.

d)      Cambiar las leyes sigue siendo una cuestión central – pero de muchas maneras diferentes.

En el mundo entero hay más de ochenta países que todavía cuentan con “leyes de sodomía” que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. Tenemos que tener en cuenta estas leyes pero también mirar más allá de ellas. ¿Por qué existen? Porque refuerzan el control estatal sobre la vida privada y la pública; dividen a la gente y marcan a algun*s como diferentes. Pero también hay muchas otras leyes, poderes que goza la policía, políticas y prácticas del Estado que se utilizan para controlar los cuerpos y las sexualidades de las personas.

La derogación de las leyes de sodomía en toda América Latina en los últimos veinte años abrió nuevos espacios políticos para los movimientos LGBT. Pero siguen existiendo leyes sobre “escándalo en lugares públicos”, “ultraje a la moral”, “vestir las ropas del sexo opuesto” o trabajo sexual que permiten el hostigamiento policial generalizado hacia las personas transgénero. Cuando Sudáfrica derogó su ley de sodomía y consagró la no discriminación, se convirtió en un ejemplo de importancia mundial. Pero todavía no ha logrado crear un Estado plenamente comprometido con la igualdad en todos los planos o que sea capaz de reducir el número de incidentes de violencia sexual.

e)      Las identidades no lo son todo.

En muchos casos resulta más productivo hablar de cuestiones de derechos que de identidades. Hablar de ‘derechos de los gays’ en Egipto o en Irán no tiene sentido para la mayoría de los activistas ni tampoco para la sociedad en general. Pero hablar del derecho a la intimidad o a no ser torturad* ofrece un marco de referencia que mucha gente puede entender de inmediato.

En contraste, en algunos países de Europa del Este donde los derechos de las minorías han sido una cuestión política central desde hace dos décadas o incluso más, hablar de “minorías sexuales” sigue siendo valioso. No hay un solo conjunto de términos que se pueda aplicar en todas partes, y no se puede obligar a los movimientos a que encajen en un marco de referencia único.

f)        No se pueden barrer las diferencias debajo de la alfombra.

Los principios basados en los derechos pueden crear un terreno común para los movimientos LGBT pero los diferentes enfoques así como la multiplicidad de identidades siguen siendo reales. En todo momento es fundamental preguntar a quiénes se está dejando afuera y a quiénes se está incluyendo. Un activista trans nos recordó: “Las financiadoras deberían cuestionar lo que los grupos les dicen. Si una organización dice que trabaja con la comunidad LGBT, vale la pena preguntarle qué hace para cada sector de esa comunidad, cuáles considera que son sus necesidades específicas”.

Una activista señala que si las financiadoras “apoyan solamente una determinada clase de trabajo, por lo general van a financiar más a una identidad que a otras. Cualquier organización que quiera ser incluyente tendrá que utilizar diferentes estrategias para los diferentes sectores. En América Latina los grupos travestis hacen trabajo político pero también trabajo comunitario. Muchas lesbianas hacen trabajo cultural y artístico. Si, como financiadora, apoyas diferentes clases de estrategias, también vas a poder apoyar trabajos que lleguen a diferentes clases sociales, diferentes identidades, diferentes grupos”.

Por otro lado, las diferencias en materia de recursos crean divisiones constantemente. En todas partes, el trabajo sobre sexualidad y género recibe menos financiamiento del necesario.

Al hablar de los recursos que consiguen, los grupos muestran preocupaciones recurrentes y específicas. Reciben financiamiento para proyectos pero muy poco apoyo general, lo que perjudica su capacidad de conservar al personal o de planificar para el futuro. “Nuestras financiadoras no cubren beneficios sociales ni pensión, inclusive cuando pagan salarios”, explica una activista lesbiana. “Financian la producción de materiales pero no te dan dinero para pagar la electricidad que te va a permitir encender la computadora. Si yo fuera financiadora, pensaría en los proyectos de manera integral, es decir, tendría en cuenta todos los aspectos que son necesarios para que el proyecto pueda andar”.

La predominancia del financiamiento para trabajo en VIH obliga a los grupos a adoptar la salud como marco de referencia y los encasilla en la prestación de servicios, a veces a expensas del trabajo de defensa y gestión política. Una activista nos dijo: “Los grupos LGBT saben desde el comienzo que tienen que prestar servicios porque eso es algo necesario pero también porque es una vía para luego poder hacer otras cosas”. Pero agregó: “Cuando te dedicas a prestar servicios, pones menos énfasis en exigirle al Estado que sea él quien los brinde, ya se trate de atención a la salud o de asistencia jurídica. Entonces, más que financiar la prestación de servicios, yo –como financiadora- le preguntaría a los grupos qué posibilidades existen de presionar al Estado para que cumpla con sus responsabilidades. Y los financiaría para que puedan hacerlo”.

g)      Es fundamental construir mejores redes de apoyo y comunicación.

Las diferentes agendas y metas de grupos ubicados en extremos opuestos del mundo se relacionan entre sí de maneras imprevistas. Puede suceder que en un determinado país l*s activistas estén luchando por poner fin a los abusos policiales y a las amenazas de ejecución, sin prestar la menor atención a los derechos matrimoniales. Pero cuando las “bodas gays” que tienen lugar en otro país relumbren desde las pantallas de sus televisores, es posible que se desate un pánico moral y que el gobierno lo utilice como pretexto para introducir nuevas medidas represivas.

No hay forma de evitar esa clase de intersecciones. Pero hay una gran necesidad de redes más fuertes para la comunicación permanente entre movimientos – en una misma región y en el mundo entero- para que los grupos puedan anticiparse a lo que está por venir y planifiquen juntos.

Cada sección de este informe ofrece, para cada región, un resumen de los patrones de abuso identificados por l*s activistas; un panorama de los desafíos y oportunidades para la acción que ell*s observaron; y un resumen de lo que los movimientos están haciendo. Por supuesto que se trata de una presentación esquemática e implica el riesgo de reducir todo lo que l*s activistas hacen a la mera respuesta ante las violaciones. En este esquema se omiten las partes de su trabajo que tienen que ver con la afirmación y no con las crisis. Esta distorsión probablemente resulte inevitable al aplicar una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, esperamos que  pueda servir como breve introducción a un corpus de trabajo enorme, variado e invaluable, que también incluye esperanzas, afanes y deseos.

Metodología y agradecimientos

Este informe fue escrito por Scott Long, director del Programa por los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) de Human Rights Watch. Se basa en 37 entrevistas (realizadas sobre todo por teléfono) con activistas de las regiones relevantes, la mayoría de las cuales estuvieron a cargo de Arvind Narrain y Alejandra Sardá, consultor y consultora de Human Rights Watch para este proyecto. Algunas entrevistas también fueron realizadas por Juliana Cano Nieto, Scott Long, e Iwona Zielinska, del Programa por los Derechos LGBT. Procuramos entrevistar a una amplia gama de personas, prestando particular atención a garantizar que las voces de las lesbianas y mujeres bisexuales, personas trans, trabajadoras sexuales y otras identidades marginadas estuvieran plenamente representadas.

Este informe también se basa en las respuestas a una encuesta de once preguntas que Human Rights Watch distribuyó, sobre todo por correo electrónico, a activistas y organizaciones en todas las regiones, en mandarín, inglés, francés, portugués y castellano, y para la que recibimos 63 respuestas en total. En el apéndice se incluye una versión de las preguntas de la encuesta en castellano.

Si bien intentamos ser fieles a las respuestas que recibimos, lo que queda reflejado a través de las conclusiones y de la forma en que organizamos el material es básicamente nuestro propio análisis.

El número total de personas que respondieron (cuestionarios y entrevistas) por región y por país es el siguiente:

África subsahariana : 13 (Burundi 1; Camerún 1; Kenia 1; Nigeria 4; República Democrática del Congo 1; Sudáfrica 4; Togo 1; Zimbabue 1)

Medio Oriente y norte de África: 7 (Argelia 1; Irán 1; Israel/Territorios Palestinos Ocupados 3; Líbano 1; Marruecos 1)

Europa del Este y Asia Central: 11 (Armenia 1; Bosnia y Herzegovina 1; Federación Rusa 1; Letonia 1; Polonia 1; regionales 2; Rumania 1; Serbia 1; Turquía 1; Ucrania 1)

Asia y el Pacífico: 23 (Australia 1; Bangladés 1; China 3; Corea 1; Filipinas 2; India 5; Nepal 1; Nueva Zelanda 1; Pakistán 1; regionales 2; Singapur 2; Sri Lanka 3)

América Latina y el Caribe: 29 (Argentina 4; Belice 1; Brasil 3; Chile 1; Colombia 1; Costa Rica 2; Ecuador 1; Guyana 1; Honduras 1; Jamaica 1; México 1; Nicaragua 1; Paraguay 1; Perú 3; regionales 2; República Dominicana 1; Venezuela 2)

Otr*s (internacionales, diáspora): 17

Grace Choi, John Emerson, Fitzroy Hepkins, Rita Hoekma, Andrea Holley, e Iwona Zielinska contribuyeron a la producción de este informe. Human Rights Watch desea expresar su profunda gratitud a la Fundación Arcus por su apoyo tanto conceptual como financiero.