29 de Mayo de 2009

IV. Fallas en la Protección y en la Investigación

En virtud del derecho internacional las autoridades hondureñas tienen la obligación de prevenir el comportamiento abusivo de la policía, así como de investigar, juzgar y ofrecer remedios efectivos cuando las violaciones hayan tenido lugar. [83]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el Estado tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. [84] La impunidad sólo puede ser combatida a través de la investigación, el enjuiciamiento y la provisión de remedios efectivos.

Los funcionarios hondureños que aplican con vigor las disposiciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social, que incluye vagas invocaciones a la moral, son mucho menos severos en la aplicación de leyes relacionadas con sus propias obligaciones. [85] Lo habitual es que la policía falle en cuanto a brindar protección a las personas transgénero.

Que no se investiguen los crímenes es algo común en Honduras. Según Amnistía Internacional, el gobierno aún no ha resuelto la desaparición de 184 personas durante la década de 1980. [86] Según organizaciones de derechos humanos como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), las violaciones de derechos humanos que afectan a ciertos grupos, entre los cuales se incluyen jóvenes, mujeres y personas con distintas vulnerabilidades, tienen menos probabilidades de ser investigadas que las violaciones a los derechos humanos de otras personas. [87] Nuestras entrevistas indican que los casos de las personas transgénero casi nunca son investigados.

Los prejuicios de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes pueden generar un trato discriminatorio en el transcurso de las investigaciones policiales sobre casos de violencia contra las personas transgénero. [88] El carácter independiente de dichas investigaciones también puede ponerse en riesgo cuando los perpetradores son miembros de la fuerza policial. [89]

Las entrevistadas le dijeron a Human Rights Watch que sus denuncias casi nunca son investigadas. La falta de respuesta policial socava el acceso a la justicia porque la gente pierde la poca fe que le quedaba en el sistema. Algunas personas ni siquiera se toman el trabajo de volver a presentar denuncias.

Falta de Investigación: La Pérdida de fe en el Sistema

Cynthia, de 21 años, le dijo a Human Rights Watch “me visto y me siento como una mujer” día y noche, y relató cómo un oficial de la Policía Nacional Preventiva de Tegucigalpa la atacó en septiembre de 2007.

Estaba en la calle y un carro paró cerca de mí como a las diez de la noche. El hombre que estaba dentro del carro me preguntó cuánto cobraba. Le dije que yo podía montarme en el carro y negociar el precio mientras le dábamos una vuelta a la cuadra. Arrancamos y le dije que yo cobraba 500 Lempiras [26 US$]. Él dijo ‘Sí, comienza con sexo oral’, pero yo le dije que tenía que pagarme por adelantado, como todos los demás. A él no le gustó esto y se enfureció. Comenzamos a discutir, sacó un arma y dijo ‘Ahora te voy a matar’. Forcejeamos y el arma se disparó. Luego, me golpeó en la cabeza con la parte de atrás del arma mientras me decía ‘Como no te puedo tener...’ No sé cómo, pero me las arreglé para saltar fuera del carro. Traté de componerme, caminé hasta mi apartamento y después tomé un taxi hasta el Hospital Escuela.
Recuerdo que era lunes porque el día anterior mi amiga Juliana fue atacada por el mismo hombre. Todavía recuerdo al tipo. Todavía lo veo por ahí, pero yo me escondo de él. Es policía... Esa noche me mostró su insignia y me dijo’Soy policía, ellos no me pueden hacer nada y, de todas maneras, tú no vales un centavo’.[90]

Cynthia fue a la oficina del fiscal en Tegucigalpa para interponer una denuncia en contra de su agresor y brindó su testimonio. Han pasado ya dos años y aún no ha tenido noticias de la oficina a pesar de sus repetidas solicitudes de información.[91] Human Rights Watch tiene en sus archivos la documentación de otras diez denuncias presentadas ante la DNIC y la oficina del Defensor del Pueblo por parte de  personas transgénero en 2008, de las cuales sólo una tiene fiscal asignado.[92]

A principios de 2004, la organización LGBT de San Pedro Sula Comunidad Gay Sampedrana envió una carta a la Oficina del Ministerio Público pidiendo información sobre el estado de las investigaciones acerca de más de doscientos crímenes en contra de individuos LGBT.[93] La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reenvió la carta a la Unidad de Delitos Comunes el 17 de septiembre de 2004. Comunidad Gay Sampedrana nunca recibió una respuesta.[94] Así mismo, la Red Lésbica Cattrachas, un grupo con sede en Tegucigalpa, solicitó el 31 de mayo de 2008 una reunión con el Ministro de Seguridad Jorge Alberto Rodas para discutir la violencia en contra de las personas transgénero y la falta de investigación por parte de la policía, sin jamás recibir respuesta a su solicitud. [95]

Las y los activistas LGBT reconocen que existe una morosidad generalizada por parte de los organismos estatales para responder a las comunicaciones que reciben, mas en el caso de la comunidad LGBT las repuestas son del todo inexistentes. Esta apatía frente a las comunicaciones enviadas por estas organizaciones sugiere una falta de voluntad del Estado de Honduras para abordar la violencia que enfrentan las comunidades LGBT. Cuando se le preguntó por qué tan pocas denuncias interpuestas por las personas transgénero resultaban en enjuiciamientos, la abogada Grisel Amaya, miembro de la oficina del Fiscal General a cargo del Área de Mujeres, respondió que “el problema en el interior de la rama judicial es que si un hombre viene vestido de mujer, esa persona no es tomada en serio”. [96]

Cynthia Nicole, una destacada defensora de los derechos humanos/de las personas transgénero, de 32 años de edad cuando hablamos con ella, estuvo de acuerdo con Amaya. Y agregó:

Yo he radicado denuncias varias veces. Ninguna de las denuncias ha tenido una respuesta. Aquí en Honduras parece que los casos crecen y las autoridades sólo le hacen seguimiento a aquellos en los que cuentan con el respaldo firme de la gente de clase alta. Los casos de las minorías como nosotras no son tomados en cuenta. Los hacen a un lado y los archivan. Yo nunca he visto a nadie ir a prisión [por un caso de estos]. La policía es amigable conmigo, pero cuando les hablamos de resolver los casos, bueno, ya no lo son. Los abusos a nuestros derechos humanos no son una prioridad para ellos. [97]

Unas semanas después, en enero de 2009, Cynthia Nicole fue asesinada por desconocidos. [98] El proceso se encuentra en la primera fase de investigación en la nueva Dirección Nacional de Investigación Criminal –DNIC- pero ningún sospechoso ha sido apresado por el momento. [99] Un miembro de la DNIC nos dijo que un obstáculo interno en la investigación de éste y otros crímenes en contra de las personas transgénero es “el número de homofóbicos ahí [en la DNIC]”. [100]

El hecho de que el asesinato de Cynthia Nicole esté siendo investigado, según Sandra Ponce, “está por encima del promedio en lo que atañe a los casos de violencia contra personas transgénero”. [101] Esto es consistente con nuestros hallazgos: ninguna de las otras víctimas con las que hablamos estaba al tanto de investigaciones en curso respecto de sus casos, incluidas aquellas que los iniciaron ante el Ministerio Público.

Falta de Protección: Inacción Policial

Hombres desconocidos atacaron a Diana, una chicatrans -así se define ella misma- de 23 años de edad, unos días antes de que la entrevistáramos en 2008. La policía se detuvo y se limitó a observar.

El pasado martes [9 de diciembre], estaba parada detrás de Diunsa [una tienda fuera del centro de San Pedro Sula donde la gente transgénero hace trabajo sexual ] alrededor de las 10 de la noche. Los policías estaban a media cuadra de donde yo me encontraba. Yo estaba parada en la calle cuando un bus pasó. Un grupo de hombres se bajó del bus y empezó a tirarme piedras. Comencé a correr. Uno de los tipos me persiguió con un arma, cogió mi cartera y escapó. La policía estaba parada cerca del Hotel El Sauce. Comencé a gritar para pedir su ayuda, pero ellos se quedaron ahí parados. No interpuse una queja porque ya lo he hecho y no lleva a ninguna parte. Otra vez, hace más o menos tres años, llegué a la estación de policía llena de sangre y ellos ni siquiera me oyeron. Entonces, ¿qué sentido tiene? [102]

Diana no es la única que desconfía de la voluntad policial para protegerla o castigar a los que la atacan. Bibi, ahora de 23 años, comenzó como trabajadora sexual a los 16. Nos dijo que está acostumbrada al abuso, la violencia y la falta de respuesta por parte de la policía. El último incidente de violencia que vivió, en noviembre de 2008, ayuda a explicar porqué.

Trabajo cerca del Hotel Maya. Esa noche un carro blanco se detuvo cerca de mí. Mientras arrancábamos el tipo fue amable conmigo, pero después se puso agresivo. Me agarró del pelo y como yo tenía unos tragos no pude reaccionar. Empezó a ponerse muy violento. En un punto dado paró el carro y yo traté de salir. Pude abrir la puerta cuando él se bajó por un segundo, pero después se montó de nuevo con un arma en sus manos. Me tenía agarrada del pelo. Estaba realmente molesto y violento. Después oí un disparo. Me caí en la calle y vi como él se alejaba. Mi pierna comenzó a sacudirse y entre más me movía más sangraba. Comencé a gritar por ayuda. El carro de la policía paró, me miraron y se fueron. [103]

Cynthia, su amiga, que también es transgénero y ejerce el trabajo sexual, presenció los disparos:

Vi a un tipo en un carro blanco con vidrios polarizados hablándole a Bibi. En ese momento me subí en otro carro con un cliente. Minutos más tarde oí el disparo. Me bajé inmediatamente del carro. Cuando volví vi a Bibi en el piso, oí sus gritos y corrí para llamar a la policía. Fui a la estación de policía más cercana [ una estación de policía de mujeres ] , pero ellas no hicieron nada. [104]

Le preguntamos a Bibi sobre si tenía idea de por qué la policía no se había detenido. “No sé por qué,” respondió. “Indiferencia hacia alguien como yo, me imagino.” Bibi sentía alivio porque el hombre sólo le había disparado una vez. Estuvo 16 días en el Hospital Escuela, fue sometida a cirugía y le enyesaron la pierna. Bibi decidió que sería inútil presentar una denuncia en contra de su agresor o de los oficiales de policía que se negaron a ayudarla.

De manera similar, Mónica, de 18 años de edad, aún estaba impactada por el último ataque que sufrió en la parte trasera de Diunsa, sitio en el que usualmente trabaja.

Un cliente casi me mata. Quería sexo sin condón y yo le dije que [ no lo haría ] sin condón. Sacó un arma y la puso contra mi cabeza. Entonces, lo que hice fue darle el condón y decirle que leyera cuáles eran los riesgos para él y para mí. Mientras tanto me quité los tacones y cuando tuve la oportunidad abrí la puerta y salí corriendo. Me disparó, pero no logró darme. Recuerdo que estábamos en un lugar oscuro lejos de la ciudad. Eso fue un verdadero trauma para mí. Estaba tan asustada que no salí por dos meses por culpa del miedo. [105]

Cuando le preguntamos si había recurrido a la policía, respondió que pensaba que hacerlo no hubiera tenido sentido, y luego citó los nombres de cinco amigas  suyas que habían presentado denuncias sin resultado alguno.

[83] PIDCP, art. 2(3)(a); Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), artículos 1, 10 y 25. De manera similar, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a los estados a tomar “medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura” y “otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción” (artículo 6). Ver Comité de Derechos Humanos, “Observación General 31,” CCPR/VS.21/Rev.1/Add.13, para. 8. Ver también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Villagrán Morales vs. Guatemala (Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63) para. 139; Godínez Cruz vs. Honduras (Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5) para.185 y la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos humanos en X y Y v. Países Bajos, App. 8978/80, para. 32; Osman vs. Reino Unido, App. 87/1997, para. 107.

[84]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paniagua Morales et al. vs. Guatemala, Sentencia del 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, para. 173.

[85]El artículo 41 de la ley afirma que “Los policías están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se le pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida y honor, sus bienes, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad personal o su tranquilidad”. En el artículo 39 (2) se incluye la obligación de “impedir la inminente o actual comisión de delitos o infracciones de policía”.

[86]Amnistía Internacional, “Cero Tolerancia… a la impunidad: Ejecuciones Extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998, AMR 37/001/2003/s, febrero 23 de 2003, http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/001/2003/es/179e66d4-d752-11dd-b024-21932cd2170d/amr370012003es.pdf (consultado el 24 de mayo de 2009).

[87] Ver Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), “Crimen, Delincuencia e Impunidad. Manifestaciones de violencia y conflictividad social, Informe 2008, http://www.codeh.hn/investigacion.html (consultado el 24 de mayo de 2009).

[88]Ver Convención Contra de la Tortura, artículos 11 y 12; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 8; Comisión de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Nigel Rodley, rendido en cumplimiento de la resolución 2000/43, E/CN.4/2001/66 ,25 de enero de 2001 (consultado el 30 de abril de 2009), para. 1310 sobre el requisito de imparcialidad en cualquier investigación.

[89]Ver CIDH “Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, 24 de septiembre de 1998, OEA/Ser.L/V/II.100, par. 3233, sobre cómo la falta de independencia genera un impacto negativo en la imparcialidad. Esta posición fue confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Maritza Urrutia vs. Guatemala, par. 119.

[90] Entrevista de Human Rights Watch con Cynthia, Tegucigalpa, 18 de febrero de 2009.

[91]Ibíd., Oficina del Ministerio Público, Centro de Recepción de Reclamos, Caso No. 0801-2008-36722, en archivos de Human Rights Watch. Human Rights Watch preguntó a los fiscales acerca del caso, pero ellos respondieron que no estaba en sus archivos.

[92]Ver arriba, fn 63.

[93]Oficina del Ministerio Público, Memorándum No. FEESJ-039-4, 17 de septiembre de 2004, en archivos de Human Rights Watch.

[94]Entrevista de Human Rights Watch con Carlos, 18 de  febrero  de 2009.

[95]El Ministro emitió acuse de recibo de la carta el 3 de junio de 2008.

[96]Entrevista de Human Rights Watch con Grisel Amaya, Tegucigalpa, 2 de diciembre de 2008.

[97] Entrevista de Human Rights Watch con Cynthia Nicole, Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2008.

[98]Según testimonios de otras activistas, tres hombres desconocidos que se movilizaban en un automóvil azul pasaron frente a Cynthia Nicole y le dispararon. El hecho ocurrió en Barrio Guacerique, Comayagüela, una ciudad en las afueras de Tegucigalpa. Cynthia recibió tres disparos en el pecho y uno en la cabeza. Entrevista de Human Rights Watch con Indyra Mendoza, Tegucigalpa, 16 de febrero de 2009.

[99]El nombre anterior de la DNIC era Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Fue cambiado en noviembre de 2008.

[100] Entrevista de Human Rights con una persona cuyo nombre se mantiene en reserva, Tegucigalpa,17 de febrero de  2009

[101]Entrevista de Human Rights Watch con Sandra Ponce, Tegucigalpa, 16 de febrero de 2009.

[102] Entrevista de Human Rights Watch con Diana, San Pedro Sula, 11 de diciembre de 2008.

[103] Entrevista de Human Rights Watch con Bibi, Tegucigalpa, 8 de febrero de 2009.

[104] Entrevista de Human Rights Watch con Cynthia, Tegucigalpa, 8 de febrero de  2009.

[105]Entrevista de Human Rights Watch con Mónica, San Pedro Sula, 11 de diciembre de 2008.