29 de Mayo de 2009

II. Antecedentes

Las personas  trans de Honduras sufren ataques en todos los frentes. En un país donde la pobreza y la violencia son endémicas, la comunidad transgénero se encuentra en riesgo permanente de sufrir maltrato y acoso. La arraigada cultura patriarcal y el conservadurismo religioso también contribuyen a crear una atmósfera de intolerancia que muchas veces engendra violencia. Las leyes que existen no son suficientes para proteger a las personas transgénero y, en algunas ocasiones, sirven de excusa para abusar de ellas.

Honduras tiene una población estimada de casi 7,6 millones de habitantes.[1] Aproximadamente la mitad (3, 5 millones) vive en zonas urbanas.[2] De acuerdo con el Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP), un 65 por ciento de la población es pobre y un 45 por ciento vive en situación de pobreza extrema.[3]

Honduras tiene niveles de violencia muy altos, dentro de los cuales se incluyen muchos casos registrados de hechos violentos cometidos por la policía. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras fijó la tasa nacional de homicidios en 57,9 por 100.000 habitantes (como referencia, nótese que la tasa de asesinatos en Guatemala es de 45 por cada 100.000 habitantes y en la ciudad de Nueva York, de siete por cada 100.000 habitantes). [4] El Observatorio también registró 6.609 casos de agresiones físicas, 378 de los cuales fueron responsabilidad de personal policial.

De acuerdo con el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT, Centro para la Prevención de la Tortura) -ONG con sede en Honduras-  entre 2006 y 2008, la policía maltrató a un setenta por ciento de las personas a las que detuvo. El informe elaborado por el CPTRT también revela que al 99 por ciento de las personas detenidas no se les permite realizar una llamada telefónica en el momento de su arresto, privándolas así de un derecho reconocido por la ley hondureña.[5]

En 2001, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó Honduras y recibió información sobre los asesinatos de al menos cinco personas transgénero en San Pedro Sula y de más de 200 integrantes de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) ocurridos entre 1991 y 2001. Observó un patrón en la falta de investigación acerca de estos abusos. Las autoridades hondureñas no respondieron a su informe. [6] En 2005 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer envió varios llamamientos urgentes al estado de Honduras relacionados con agresiones y asesinatos de que fueran víctimas mujeres transgénero. Las autoridades nunca le respondieron.[7]

Las ONG hondureñas también han denunciado la violencia que sufren las personas transgénero en el país. En un informe alternativo de 2004 acerca del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del estado hondureño, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), documentó reiterados allanamientos y detenciones de personas LGBT y de personas transgénero que ejercían el trabajo sexual y determinó que éstas constituían una violación al artículo 2(1) del PIDCP. [8] En el 2006, en informes alternativos presentados al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas—que supervisa el cumplimiento del PIDCP y determina cuándo éste ha sido violado—varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también mencionaron violaciones a los derechos de las personas transgénero.[9]

Las personas transgénero, como lo confirman varios entes nacionales e internacionales y como lo demuestra este informe, son víctimas constantes de violencia por parte de la policía y de actores no estatales. Estas violaciones tienen lugar en una atmósfera de violencia generalizada en Honduras, donde aproximadamente el noventa por ciento de los abusos policiales no son investigados. [10] Esta violencia y la ausencia de investigaciones rigurosas de los ataques tienen un impacto significativo sobre las personas transgénero, que ya están sujetas a marginación y estigma social. “La comunidad está aterrada,” dijo Indyra Mendoza—una activista lesbiana que trabaja muy cerca de la comunidad—, después de la muerte más reciente de una activista trans. [11] “Ellas [las personas transgénero] no confían en la policía ni en la justicia”. [12]

Legislación Nacional Relevante

El poder y la discrecionalidad considerables de que goza la policía gracias a las disposiciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social facilitan los abusos policiales y las detenciones arbitrarias de las personas transgénero. [13] Todas las personas trans corren riesgo de ser sometidas a abusos y a detenciones arbitrarias por parte de la policía, se encuentren o no ejerciendo el trabajo sexual.[14]

El trabajo sexual en sí mismo no es ilegal en Honduras, pero la ley contiene zonas grises que la policía puede utilizar para detener a personas que considere “moralmente” sospechosas, categoría en la que suelen posicionar a  las personas transgénero. Aquellas que ejercen el trabajo sexual temen ser perseguidas tanto por su identidad como por el trabajo que realizan. Por su parte, el artículo 321 del Código Penal, que incluye protecciones generales en contra de la discriminación, resulta ineficaz debido al estigma y la negligencia que rodean a la violencia en contra de las personas trans.

La ley de policía y de convivencia social

Según el artículo 5 de esta ley, aprobada en 2001, la policía tiene como función “[l]a preservación y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres”.[15] El artículo 142 (3) de la Ley incluye disposiciones específicas que le otorgan poder a la policía para detener a cualquier persona que “se exhiba en absoluta desnudez o ... atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública” o a quien “por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos”.[16]

El artículo 99 de la Ley incluye sanciones contra grupos particulares de personas, incluyendo a los “vagos,” definidos como “las personas que no tengan modo honesto de vivir conocido.” La ley entiende como vagos a los”mendigos sin patente, los rufianes, prostitutas ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahúres”.[17]

No hay más explicaciones en la ley o en decisiones judiciales que delimiten lo que se entiende por acciones que van “en contra de la modestia, las buenas costumbres y la moral pública” o qué comportamiento es suficiente para convertir a alguien en un “mendigo,” un “rufián,” una “prostituta ambulante,” un “drogadicto,” un “ebrio,” o un “tahúr” que amerite ser arrestado/a.

El Centro para la Prevención de la Tortura (CPTRT), una organización hondureña de derechos humanos, considera que esta ley es inconstitucional porque los términos y las definiciones ambiguas eliminan restricciones al ejercicio arbitrario del poder e invitan a una aplicación de la ley no solamente arbitraria sino discriminatoria por parte de la policía. El CPTRT también manifiesta preocupación porque esta ley promueve una atmósfera de terror entre los grupos a los que apunta.[18] 

El lenguaje equívoco no permite que las personas entiendan qué conductas están prohibidas. Como se verá más adelante, estas cláusulas abiertas pueden resultar, y con frecuencia resultan, en un trato discriminatorio y arbitrario en contra de las personas transgénero que se encuentra prohibido por el derecho internacional. [19]

Es posible encontrar leyes similares en otros países de la región, como Guatemala, y también a nivel estatal/provincial en México y Argentina.[20] Pero en otros países de América Latina la justicia ha establecido que leyes similares que se basan en los conceptos de “moralidad pública” o “buenas costumbres” son inconstitucionales porque recurren a conceptos demasiado amplios e invitan a un trato discriminatorio.[21]

Varias organizaciones han señalado los efectos de largo alcance que tiene la Ley de Policía y de Convivencia Social sobre la comunidad LGBT y, en particular, sobre las personas transgénero. El informe alterno de 2006, anteriormente mencionado, y presentado al Comité de Derechos Humanos por varias organizaciones nacionales e internacionales, incluye ejemplos de personas transgénero detenidas de forma arbitraria, acosadas y golpeadas invocando esta norma.[22] El Comité de Derechos Humanos ha dicho que su artículo 26 prohíbe los actos y las políticas que sean discriminatorias en su efecto, así como aquellas que tengan la intención de discriminar. [23] Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el Comité de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación acerca de las “disposiciones (como las ‘ Ordenanzas Contravencionales ’ de carácter local) utilizadas para discriminar en contra de las personas por su orientación sexual. [24]

Estas disposiciones colocan a grupos específicos de personas en situaciones en las que corren un riesgo mayor de violencia y maltrato. El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), encargado de investigar las quejas presentadas invocando la Convención contra la Tortura—ratificada por Honduras en 1996—, ha manifestado su preocupación sobre leyes análogas [25] y ha hecho un llamado a los Estados a que eliminen normas penales similares que invitan a una aplicación discriminatoria o que permiten detenciones fundamentadas en prejuicios. [26] El CAT también  les ha solicitado a los Estados datos desagregados y completos sobre las denuncias por maltratos y torturas contra personal policial, incluyendo aquellas originadas en la orientación e identidad de género de las víctimas. [27]

Las detenciones invocando la Ley de Policía y de Convivencia Social continúan.[28] En este informe Human Rights Watch documenta casos ocurridos entre 2006 y 2009 en los que la policía ha utilizado esta ley para acosar y arrestar a personas transgénero, de quienes podría afirmarse que ocupan el peldaño inferior de los “grupos vulnerables”, sufriendo agresiones y violencia por parte de la policía. Las mujeres trans, en particular, sufren una violencia doble y mayor cuando se las percibe como ejerciendo el trabajo sexual. [29]

Aplicar la Ley de Policía y de Convivencia Social de una manera discriminatoria viola las prohibiciones sobre la no discriminación que se encuentran en los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). [30] También atenta contra la legislación hondureña que gobierna las responsabilidades y obligaciones de la policía.

En su artículo 2, la Ley Orgánica de la Policía Nacional afirma que el accionar policial en Honduras se “fundamenta en los principios de legalidad, continuidad, profesionalismo ... igualdad, solidaridad ... bajo el respeto absoluto de los derechos humanos”.[31] La misma ley impone una serie de obligaciones y de prohibiciones a la policía y establece  consecuencias en caso de incumplimiento.[32] En la práctica, la Ley de Policía y de Convivencia Social contradice esas protecciones. Su lenguaje equívoco le confiere al personal policial una mayor libertad para actuar. La ausencia en el texto de la ley de prohibiciones y de sanciones claras para la policía, hace que los miembros de la fuerza sientan menos miedo a las consecuencias de sus actos.

Código penal de Honduras

El artículo 321 del Código Penal impone sanciones de tres a cinco años en prisión y una multa de entre 30.0000  y 50.0000 Lempiras [1.500 a 2.600 US$] a quien discrimine “por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”. [33] Este artículo no incluye de manera específica la orientación sexual, la identidad o la expresión de género como categorías protegidas. Pero a la luz de los precedentes sentados por la ONU, podría interpretarse que la orientación sexual y la identidad de género quedan incluidas en las referencias al “sexo” y a la “dignidad humana”. [34]

Sin embargo, la inclusión específica de la identidad y la expresión de género  (así como de la orientación sexual) en la ley tornaría explícita la protección a las personas transgénero. El Comité de Derechos Humanos ha exhortado a los estados a que aprueben legislación antidiscriminatoria que incluya de manera expresa la orientación sexual como categoría protegida. [35]

Organización de la Policía en Honduras

Honduras tiene tres fuerzas policiales: la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la Policía Municipal. La Policía Nacional Preventiva está presente en las ciudades de todo el territorio nacional. Su función es prevenir los delitos y garantizar la seguridad individual y colectiva de las personas.[36] La Policía Municipal está organizada por las autoridades locales en ciudades como San Pedro Sula, aunque cuenta con una coordinación a nivel central. Tiene funciones similares a las de la Policía Nacional Preventiva.[37] La DNIC actúa bajo el Ministerio Público investigando delitos comunes dentro del proceso judicial.

Los policías reciben formación básica en temas de derechos humanos en la Academia de Policía.[38] Personal policial en Tegucigalpa y San Pedro Sula refirió a Human Rights Watch que también es objeto de capacitación  por parte de diversas ONG en forma regular. Sin embargo, sus respuestas sugieren que dichos cursos tienen una impronta religiosa que excluye la mención acerca de ciertos grupos vulnerables, como la comunidad transgénero. El Comisionado Marthel Valle dijo que él había abierto las puertas tanto a grupos de derechos humanos como a grupos cristianos. “Los grupos cristianos, como el Ministerio de Jimmy Hughes [una organización evangélica], vienen a hablarle a los oficiales de policía sobre cómo llevar una vida cristiana. Yo considero importante unir a la comunidad, a la iglesia y a la policía. La iglesia católica también viene,” dijo.[39] Hasta donde sabemos, el plan de estudios de la policía no incluye formación específica en temas de identidad y expresión de género.

 

La Vida de una Persona Trans en Honduras

Mi papá era un verdadero macho. Todas mis actuaciones femeninas terminaban en golpizas, así que, en vez de recibir amor, recibí golpes. Mi mamá me apoyaba, pero sólo con su voz, pues vivía en los Estados Unidos. Aunque él [mi papá] me maltrataba, yo lo amaba. Lo entendía. Para él su apellido significaba trabajo y respeto. En mi mente me sentía culpable y me preguntaba, ‘Dios, ¿por qué me hiciste así?’ Yo sentía que era una vergüenza para mi papá.
—Fernanda Vallejo, San Pedro Sula, 18 de diciembre de 2008

Human Rights Watch escuchó historias similares a la de Fernanda por parte de las personas transgénero que entrevistamos en Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula. La mayoría de las entrevistadas dijo que se sintieron atraídas por los hombres a una edad temprana de sus vidas. Durante la pubertad muchas se consideraron gays, pero no fue sino hasta su adolescencia tardía que se atrevieron a cruzar los límites del género y comenzaron a identificarse como travestis. Dentro de la comunidad LGBT, a los hombres gay cuya apariencia es muy afeminada se les considera “gays obvios”. [40] La mayoría de las personas entrevistadas nos dijeron que pasaron de ser gays obvios a travestis. Existe una continuidad a la vez que una diferencia conceptual entre los hombres gays, que se definen como tales por su orientación sexual, y las mujeres trans que se definen como tales por su identidad y expresión de género.

El machismo en Honduras implica que los hombres que no actúan como hombres (o las mujeres que de alguna manera no son consideradas plenamente mujeres) se enfrentan al odio y a la violencia por no adaptarse a las identidades de género normativas. La misoginia que tiene raíces profundas es lo que muchas veces motiva ese odio e impone las normas de género. Las constricciones religiosas y las disposiciones jurídicas refuerzan la aversión y el rechazo, a la vez que ayudan a justificarlo. Muchas veces la discriminación comienza en la familia y numerosas personas transgénero abandonan sus hogares huyendo de unos padres represivos. Pero es raro que la vida en la ciudad les resulte más fácil: un círculo vicioso de desigualdades tanto económicas como sociales, las reduce a una ciudadanía de segunda clase.

Sin embargo, las personas transgénero forman sus propias comunidades y familias, reivindican sus libertades y luchan por sus derechos.

En Honduras, la discriminación y el prejuicio basados en la identidad y la expresión de género se evidencian desde temprana edad en las experiencias de las personas transgénero, y afectan la capacidad de muchas travestis de acceder a bienes y servicios básicos, entre ellos la educación.

En 2005, a sus 18 años, Deilin estaba en su tercer año del ciclo básico escolar en el Instituto José Trinidad Reyes. En diciembre de 2008 nos contó:

Me sacaron de la escuela por mi orientación sexual [en ese tiempo Deilin ya se identificaba como travesti],  así que me pasé al Liceo Morazánico. Durante mi primer año de administración salí como una trans. Primero me suspendieron por seis días, luego por doce días y luego indefinidamente. No pude graduarme. Fue gracias al trabajo sexual que logré terminar mi ciclo básico.[41]

Las personas transgénero también hablaron con Human Rights Watch sobre la dificultad permanente para conseguir empleo. Muchos posibles empleadores se rehúsan a contratarlas porque se visten como mujeres; otros las despiden si se enteran que violan las normas sociales vistiéndose como mujeres fuera del horario laboral. Muchas dijeron que con dificultad habían logrado mantener su empleo como hombres gay, pero que una vez que comenzaron a identificarse como mujeres trans lo habían perdido. Lisa, de 35 años de edad, trabajó para la oficina de seguridad social de San Pedro Sula como asistente administrativa. “Yo siempre sentí la necesidad de ser una mujer, pero tuve que dejar mi trabajo para hacerlo realidad. Trabajando en donde trabajaba no podía mantener mi identidad. Al día siguiente de mi renuncia me vestí como una mujer y salí a talonear [un término utilizado para hablar de trabajo sexual]”. [42]

Pero cierta clase de trabajos, en particular aquellos de baja remuneración en el sector servicios, ofrecen un nicho marginal en el que algunas personas transgénero pueden sobrevivir. A su vez, el ámbito restringido de estos nichos constriñe la percepción que las personas tienen de su identidad. Pía, de 18 años, se considera una transexual. Nacida en La Ceiba, salió del armario delante de sus padres hace dos años, el día en que comenzó a vestirse como mujer todo el tiempo. Pía se graduó en contaduría pero ahora está estudiando para estilista. “Quiero tener un salón de belleza,” nos comentó. [43] Cuando se le preguntó porqué quería ser estilista y no contadora, respondió que “la contaduría no es una carrera que me permita ser quién soy. El trabajo en belleza sí. Si me ven así sentada en un banco me van a hacer la vida imposible, pero en un salón de belleza, no” explicó. [44] Sasha, que se dedica a las labores del hogar y está en pareja con un taxista, con el que afirma que se “casaría” si legalmente pudiera hacerlo, está de acuerdo con Pía. Ella también sostiene que el Estado es el primero en discriminar. “Tú puedes trabajar en un salón de belleza, como diseñadora de interiores, modista, cocinera o ama de casa, pero solicita un empleo en el Estado y te será imposible conseguirlo. Ellos generalizan y nos ven como personas mundanas o trabajadoras sexuales. No hay trabajo para nosotras”. [45]

A algunas personas transgénero, el trabajo sexual les ofrece mayores ingresos, independencia y posibilidades que ningún otro; para otras es el único recurso que les queda cuando no les resulta posible acceder a ningún otro trabajo remunerado. Nicole, de 28 años de edad, viaja a San Pedro Sula desde su casa en otra ciudad para hacer trabajo sexual. En  su casa se viste como hombre, como una muestra de respeto hacia su tía. “He estado haciendo trabajo sexual por 10 años. No consigo trabajo acá por mi manera de ser, de modo que tengo que conseguir dinero a través de mi cuerpo y de lo que soy”. [46]

Algunas personas transgénero con las que hablamos dijeron que escogían el trabajo sexual debido a que una economía signada por fuertes estereotipos de género limitaba sus opciones. Otras comenzaron a hacer trabajo sexual como un medio para poder continuar con sus estudios o para ahorrar para el futuro. Y para otras la calle fue el único lugar en el que podían ser ellas mismas. [47] En diciembre de 2008, Cynthia Nicole, una activista líder de los derechos de las personas transgénero que luego fuera asesinada, nos dijo:

Tenemos el derecho a trabajar, ese derecho nos lo violan... tenemos que trabajar en las calles. Tenemos derecho a la educación... nos echan de las escuelas. Nos dejan una sola posibilidad, usar nuestras bellas virtudes para sobrevivir en este país discriminatorio. [48]

[1] Instituto Nacional de Estadísticas, “Trigésima Quinta Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM),” 2007, http://www.ine-hn.org/sociales/encuestas/ine/ephpm/septiembre07/survey0/index.html (consultado el 24 de mayo de 2009).

[2]Ibíd.

[3]Honduras, Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza “SIERP,” http://www.sierp.hn/sierp.web/site/Globaltable.aspx (consultado el 24 de mayo de 2009).

[4]En 2007 se registraron 3.574 asesinatos sólo en Tegucigalpa y en 2008, 4.473 en todo Honduras (313 de las víctimas fueron  mujeres y 4.160 hombres). Del total, 735 tuvieron lugar en San Pedro Sula, 675 en Tegucigalpa y 262 en La Ceiba. Los 2.801 restantes ocurrieron fuera de las ciudades capitales.

[5]CPTRT, “Informe Intermediario de las ONG Sobre Detenciones Arbitrarias en las Postas Policiales e Inconstitucionalidad de la Ley de Policía y Convivencia Social,” octubre de 2008, http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=842&Itemid=2 (consultado el 24 de mayo de 2009).

[6]“Informe provisional de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,” A/57/138, 2 de julio de 2002, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.57.138.Sp?Opendocument (consultado el 24 de mayo de 2009).

[7]Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial, Sra. Asma Jahangir, Misión a Honduras, 59 período de sesiones, E/CN.4/2003/3/Add.2, 14 de junio de 2002, para. 68, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d40ca4f92862ff4ec1256c450054e84e/$FILE/G0214029.doc (consultado el 24 de mayo de 2009).

Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Adendo Comunicaciones para y de los Estados, E/CN.4/2005/72/Add.1, 18 de marzo de, 2005, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/821/document/es/dovs.text.doc, para. 180 (consultado el 24 de mayo de 2009).

[8] CIPRODEH, Informe Alternativo sobre los Avances del Estado de Honduras en Relación al Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agosto de 2004, (en los archivos de Human Rights Watch).

[9] Cattrachas, Comunidad Gay Sampedrana, Foro nacional de VIH/SIDA, Global Rights, Grupo KUKULCAN, Grupo Arcoiris, e IGLHRC, Informe Alternativo sobre Derechos de Lesbianas, Gays, personas Bisexuales y Transgénero en Honduras ante el Comité de Derechos Humanos, septiembre de 2006 (en los archivos de Human Rights Watch).

[10]Fundación Instituto Friedrich Ebert, Seguridad y Democracia, marzo de 2006, p. 108 (en los archivos de Human Rights Watch).

[11] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Indyra Mendoza, 10 de enero de 2009.

[12]Ibíd..

[13]Ley de Policía y de Convivencia Social, Decreto No. 226-2001, www.poderjudicial.gob.hn (consultado el 24 de mayo de 2009).

[14]El Código Penal establece como delito el tráfico y la trata de personas en el artículo 149.

[15]Ley de Policía y de Convivencia Social, artículo 5. El artículo 1 también establece como funciones de la policía “garantizar a los habitantes del territorio hondureño, el libre ejercicio de sus derechos y libertades, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que tienen por objeto proteger la vida, honra, bienes y creencias de las personas; mantener el orden público, las buenas costumbres y la armónica convivencia social; … preservar la moralidad pública, la salud así como el patrimonio histórico y cultural.”

[16]Ibíd., artículo 142 (3) y (9).

[17]Ibíd., artículo 99.

[18]Jenny Almandares, “Análisis de la Ley de Policía y Convivencia Social,”www.cptrt.org/pdf/Ley%20De%20Policia%20y%20Convivencia%20Social.pdf (consultado el 24 de mayo de 2009).

[19]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. Asamblea General 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) en 52, Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976 ratificado por Honduras el 25 de agosto de 1997, artículos 2 y 26.

[20]Un informe producido en 2005 por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) de México, reveló que más de 75 ciudades en México tenían regulaciones sobre “moralidad pública.” También mostró que en algunos estados estas normas se utilizan en contra de las personas LGBT de manera desproporcionada. Ver, Junta de Inmigración de Canadá, “Documento sobre México: Situación de Testigos de Delitos y de Corrupción, Mujeres, Personas Víctimas de Violencia y Víctimas de Discriminación con base en la Orientación Sexual,” http://www2.irb-cisr.gc.ca/en/research/ndp/ref/index_e.htm?docid=291&cid=0&sec=CH05 (consultado el 24 de mayo de 2009); Ver Colectivo Homosexual de Argentina, “Informe sobre la Situación Legal de la Comunidad LGBTI” (en los archivos de Human Rights Watch).

[21]Ver Juzgado Correccional de Necochea, Provincia de Buenos Aires, Caso No. 4493, Gustavo Fabián, septiembre de 2006, http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=30,447,0,0,1,0, en el que la corte declaró el artículo 72 del Decreto-Ley  8031/73 inconstitucional. El artículo 72 incluía una sanción de hasta 40 días de arresto para aquella persona que anduviera en público en estado de ebriedad. De acuerdo con la Corte, “el Estado no puede imponer al resto de la sociedad un modelo moral al  cual deban ajustarse los individuos.” Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido que las leyes de moralidad pública deben analizarse bajo un criterio estricto de proporcionalidad. “sólo si la finalidad corresponde verdaderamente a un principio de moralidad pública y, si es útil, necesaria y estrictamente proporcionada respecto de tal finalidad podrá resultar ajustada a la Constitución” También dijo, “una disposición penal que tenga como efecto la restricción de la libertad personal no puede tener como única fundamentación un principio de la moralidad pública.” Tales leyes que se predican sobre la moralidad pública pero no amparan principios constitucionales superiores reconocidos son inconstitucionales. Ver Corte Constitucional, Sentencia C-404/98, 10 de agosto de 1998, pp. 32-34.

[22]Informe Alternativo sobre Derechos de Lesbianas, Gays, personas Bisexuales y Transgénero en Honduras ante el Comité de Derechos Humanos, septiembre de 2006 (en los archivos de Human Rights Watch)..

[23]Comité de Derechos Humanos, "Observación General No. 18: No discriminación," 37mo período de sesiones, HRI/GEN/1/Rev.7, (1989), http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom18.html  (consultado el 24 de mayo de 2009) para. 12.

[24]Comité de Derechos Humanos, “Observaciones Finales: El Salvador,” CCPR/CO/78/SLV, 22 de julio de 2003, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/343/document/es/text.html (consultado el 24 de mayo de 2009) para. 16.

[25]Comité contra la Tortura, “Observaciones finales del Comité contra la Tortura:Costa Rica,” CAT/VS.CRI/CO/2, 7 de julio de 2008. http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/828/1409/document/es/text.html (consultado el 24 de mayo de 2009), para. 11. “El Comité considera que, en particular, la normativa sobre las buenas costumbres puede otorgar un poder discrecional a la policía y a los jueces que, junto con prejuicios y actitudes discriminatorias, puede resultar en abusos hacia este grupo poblacional (arts. 2, 11 y 16).

[26]CAT, “Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Egipto,” CAT/VS.CR/29/4, 23 de diciembre de 2002, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/828/338/document/es/text.html (consultado el 24 de mayo de 2009), para. 6: “El Comité recomienda que el Estado Parte: … (k) Elimine toda ambigüedad en la legislación que pueda dar lugar a la persecución de personas debido a su orientación sexual.”

[27]CAT, “Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Estonia,” CAT/VS.CR/29/5,  23 de diciembre de 2002, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/828/349/document/es/text.html (consultado el 24 de mayo de 2009), para. 7(c). “Presente datos estadísticos desglosados por sexo, edad, nacionalidad, origen, etc., sobre quejas de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, sobre los procesos iniciados como respuesta a esas quejas y sobre las decisiones penales y disciplinarias pronunciadas.”

[28] Entrevista de Human Rights Watch con Javier Medina (KuKulcán), Tegucigalpa, 10 de diciembre de 2008; entrevista de Human Rights Watch con Donny Reyes (Arcoiris), Tegucigalpa, 17 de febrero de 2009; entrevista de Human Rights Watch con Ramón Valladares, (Comunidad Gay Sampedrana) San Pedro Sula, 19 de febrero de 2009.

[29]El trabajo sexual no es ilegal en Honduras y no hay reglamentación que establezca en qué  lugares se lo puede o no ejercer.

[30]Comité de Derechos Humanos, Nicholas Toonen v Australia, CCPR/VS.50/D/488/1992, 25 de diciembre de 1991, para. 8.7, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.78.D.941.2000.Sp?Opendocument (consultado el 28 de abril de 2009). En el caso de Nicholas Toonen vs.Australia (1994), el Comité de Derechos Humanos de la ONU recibió una queja relacionada con una “ley de sodomía” que criminalizaba las conductas consensuadas entre adultos del mismo sexo en el estado  australiano de Tasmania. El Comité sostuvo que la “orientación sexual” era una categoría protegida contra la discriminación bajo el PIDCP. ya que la “referencia al ‘sexo’, que figura en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26, debe entenderse como incluyente de  la orientación sexual.”

[31]Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto No. 67-2008, Gaceta No. 31.749, 31 de octubre de 2008,.

[32]Ibíd.., artículos 24, 27, 32 y 33.

[33]Código Penal de Honduras, Decreto No. 144-83, entró en vigencia el 26 de septiembre de 1983.

[34]Ver Nicholas Toonen v Australia, 50ma Sesión, Comunicación No. 498/192, CCPR/vs.50/D/488/1992, 14 de abril de 1994, para 8.7.

[35]Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Eslovaquia,” CCPR/CO/78/SVK, 22 de agosto de 2003, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/544/document/es/text.html, para. 8; “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Namibia,” CCPR/CO/81/NAM, 13 de agosto de 2004, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/477/document/es/text.html, para. 22; “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Trinidad y Tobago,” CCPR/CO/70/TTO, 3 de noviembre de 2000, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/587/document/es/text.html, para. 11; “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Polonia,” CCPR/CO/82/POL, 2 de diciembre de 2004, http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/691/document/es/text.html, para. 18. (todos consultados el 24 de mayo de 2009).

[36]Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto No. 67-2008, Gaceta No. 31.749, 31 de octubre de 2008.

[37] Ibíd.., artículo 102.

[38]Entrevista de Human Rights Watch con Ambrosio Ordoñez, Jefe de la Policía Metropolitana de Tegucigalpa, Tegucigalpa, 23 de febrero de 2009; Mirna Suazo, Comisionada General de la Policía, presentación en el PrimerCongreso de Personas Trans sobre Derechos Humanos y Acceso Universal, 5 de diciembre de 2008. El currículo incluye un módulo sobre derechos humanos que se basa en una guía publicada por la ONG CIPRODEH. Recientemente CIPRODEH desarrolló una nueva publicación centrada en la discriminación, “Procedimientos Policiales con Enfoque en Derechos Humanos, Manual para Instructores, Módulo 3, No Discriminación en la Actuación Policial: Protección de Derechos de los Homosexuales”, pero este manual aún no ha sido incluido en el currículo. La publicación tiene un defecto: se centra sólo en los hombres gays, dejando de lado las otras identidades.

[39]Entrevista de Human Rights Watch con Wilmer Marthel Valle, Comisionado de Policía, Tegucigalpa, 23 de febrero de 2009.

[40]La descripción de lo que es un  gay obvio sería considerada  en algunas culturas como equivalente a la de una persona transgénero, combinando de alguna forma la orientación sexual con la identidad de género.

[41]Entrevista de Human Rights Watch con Deilin, San Pedro Sula, 4 de diciembre de 2008. El uso por parte de Deilin de “orientación sexual” muestra, una vez más, la continuidad que existe entre los términos orientación sexual e identidad de género.

[42]Entrevista de Human Rights Watch con Laura, San Pedro Sula, 8 de diciembre de 2008.

[43]Entrevista de Human Rights Watch con Pía Johnson, La Ceiba, 10 de diciembre de 2008.

[44] Ibíd.

[45]Entrevista de Human Rights Watch con Sasha, La Ceiba, 10 de diciembre  de 2008.

[46] Entrevista de Human Rights Watch con Nicole, San Pedro Sula, 8 de diciembre de 2008.

[47] En Tegucigalpa la gente hace trabajo sexual en las proximidades de la Universidad CEUTEC, del Hotel Maya, en el Barrio Guacerique y alrededor del Obelisco. El Hotel Maya está en Tegucigalpa central y se considera cercano a la zona turística. Barrio Guacerique y el Obelisco están en Comayagüela, un pueblo pequeño que queda pasando el río al sur de Tegucigalpa. En San Pedro Sula  trabajan a lo largo del Boulevard Morazán, cerca del centro de la ciudad, pero la mayoría está relegada a “El Tamarindo”, un distrito al sur de las vías del tren y otras áreas periféricas, como el almacén Diunsa.

[48]Entrevista de Human Rights Watch con Cynthia Nicole, Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2008.