29 de Mayo de 2009

I. Resumen Ejecutivo

Dos policías me agarraron, me metieron en un carro y me pegaron un puño en la cara. Nos llevaron al Manchén [una estación de policía] y nos metieron en una bartolina [celda]. ... Desde que nos bajaron de la patrulla en la estación hasta que nos metieron en la bartolina, nos pegaron y nos arrastraron. Cuando llegamos a la estación y mientras nos anotaban en el libro, nos tiraron al suelo y nos pegaron en la cara con los bolillos. También trataron de empujarnos por las escaleras. Nos gritaban culeros. Camino a la bartolina uno de los policías me rompió un palo de escoba en la espalda.
— Joshua, 19 años, Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2008

En junio de 2008, Honduras apoyó la resolución sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género,” aprobada unánimemente por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Honduras, junto con el resto de la OEA, expresó su preocupación frente a los actos de violencia cometidos en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género y se comprometió públicamente a ponerles fin.

En junio de 2009, Honduras será la sede de la Trigésimo Novena  Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula bajo el lema “Hacia una Cultura de la No Violencia.” En el proyecto de declaración, los Estados miembros reiteran su “compromiso de promover, en el marco del estado de derecho, una cultura de paz y no violencia,” y específicamente se ñ alan “[l] a importancia de adoptar las medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad”.

Las autoridades de Honduras no han titubeado en firmar acuerdos internacionales en los que se comprometen a hacer que cese la violencia y a proteger a los grupos vulnerables. Sin embargo, los ataques en contra de las personas transgénero que muchas veces están en riesgo porque se considera que sus actos y su apariencia constituyen una afrenta a los estereotipos dominantes acerca de los roles sexuales—siguen siendo algo común en el país.

Prácticamente todas las mujeres transgénero entrevistadas por Human Rights Watch durante la investigación realizada en Honduras a fines de 2008 y comienzos de 2009, hablaron de abusos, golpizas y maltratos por parte de la policía. Y los ataques de particulares motivados por prejuicios en contra de las personas transgénero son algo endémico. Al menos diecisiete travestis han sido asesinadas en lugares públicos de Honduras desde 2004; muchas más han sido golpeadas, apuñaladas o les han disparado sin llegar a provocarles la muerte

Las personas trans también hablaron sobre la inacción policial y la falta de investigación de los casos que ellas han denunciado ante la policía.

Los problemas comienzan con la propia ley hondureña. El lenguaje de las disposiciones relevantes en la Ley de Policía y de Convivencia Social—una de las leyes más importantes que gobierna las funciones de policía en Honduras— es ambiguo e invita a su aplicación arbitraria por parte de la policía.

El artículo 99 le otorga la facultad a la policía de detener a individuos por ser “vagos”. La ley define como vagos a “los mendigos sin patente, los rufianes, las prostitutas ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahúres”. El artículo 142 le confiere a la policía la autoridad de arrestar a quien  “se exhiba en absoluta desnudez o ... atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública” o al que”por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos”. La ley no da mayor explicación sobre estos términos y no existe jurisprudencia que permita entender el sentido de los mismos.

En este informe queda evidenciada la manera cómo la policía hondureña frecuentemente utiliza estas disposiciones para justificar el acoso y la detención arbitraria de las personas transgénero. Esta legislación también fomenta las detenciones de las personas transgénero que se dedican al trabajo sexual, el cual no ha sido tipificado como delito en la legislación nacional.

De acuerdo con el derecho internacional, Honduras tiene la obligación de aplicar sus leyes de manera imparcial y sin discriminación. En otros países de América Latina, como Colombia y Argentina, los tribunales han revocado normas similares a la Ley de Policía y de Convivencia Social bajo el argumento de que conceptos como “moral pública” son demasiado vagos e invitan a un trato discriminatorio.

Otro factor que contribuye a la violencia permanente en contra de las personas transgénero es la impunidad. La ineficiencia y falta de eficacia en las investigaciones policiales son algo común a todos los procesos penales en Honduras pero se convierten  en un problema particular en los casos relacionados con violencia en contra de las personas trans. Human Rights Watch no tiene registro de que se haya producido condena alguna por ataques en contra de la comunidad transgénero en los últimos cinco años. Nadie ha sido detenido ni acusado por los diecisiete asesinatos de personas transgénero referidos anteriormente.

Cuando los casos no son investigados adecuadamente y a los perpetradores no se los captura ni sanciona, el gobierno envía un mensaje a la sociedad aprobando la violencia. También les dice a las víctimas que denunciar no tendrá como resultado ninguna condena ni reparación. La inacción generalizada por parte del Estado con respecto a los ataques contra personas transgénero en Honduras, alimenta la violencia y fomenta la discriminación hacia ellas por parte de actores estatales y no estatales.

El gobierno de Honduras debe garantizar que todos los ataques en contra de personas de la comunidad transgénero sean investigados y los responsables llevados ante la justicia. El Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC - antes Departamento General de Investigación Criminal), y el Ministerio Público deben responder de manera efectiva, eficiente y sin prejuicios a las denuncias presentadas por personas transgénero. La oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos debe darle seguimiento a estos casos y continuar siendo una voz que haga oír su apoyo a las personas transgénero así como a gays, lesbianas y personas bisexuales en Honduras.

Al apoyar la resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, Honduras se comprometió a proteger a las personas transgénero y ahora debe ajustar sus acciones a sus palabras. Honduras se enorgullece de ser una democracia joven. Como tal debe reafirmar la igualdad, la no discriminación, la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. En reiteradas oportunidades las personas transgénero en Honduras le dijeron a Human Rights Watch que todo lo que querían era ser vistas y tratadas como seres humanos. El estado hondureño tiene la obligación internacional de garantizar que esto suceda y de traducir en acciones el compromiso asumido ante la Asamblea General de la OEA.

Recomendaciones Generales

Los compromisos asumidos por Honduras de erradicar la violencia basada en la identidad y expresión de género deben traducirse en acciones concretas que reduzcan la violencia en contra de las personas transgénero.

Honduras debe hacer que cese la violencia contra personas transgénero perpetrada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizar que los actos de violencia contra personas transgénero cometidos por actores estatales y no estatales sean investigados y llevados a juicio.

Honduras debe revocar las disposiciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social que penalizan conductas en espacios públicos con base en criterios arbitrarios y definidos en forma ambigua. Las autoridades deben enviar un mensaje claro a todas las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes en cuanto a que la violencia contra  las personas transgénero - así como contra lesbianas, gays y personas bisexuales - no será tolerada. Además, Honduras debe investigar este fenómeno en términos generales, en forma independiente, imparcial y efectiva, así como también  las denuncias concretas de brutalidad policial, extorsión y maltrato en contra de personas transgénero, permitiendo que los responsables sean identificados y sancionados.

Honduras debe garantizar el pleno respeto y protección a los derechos humanos de las personas transgénero en las estaciones de policía cuando sean detenidas.

Honduras debe garantizar a las personas transgénero la protección en contra de tratos crueles e inhumanos en las estaciones de policía. El gobierno debe garantizar que al momento de ser detenida una persona transgénero, ésta sea registrada en la estación de policía tanto bajo su nombre elegido como bajo su nombre legal, y que sea ubicada en un espacio acorde a sus necesidades. El Ministerio Público, así como las organizaciones no gubernamentales que documentan casos de violencia en espacios de detención, deben prestar especial atención a las vulnerabilidades de las personas transgénero.

Honduras debe aprobar medidas legales que otorguen protecciones específicas por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Las leyes contra la discriminación que identifican de forma explícita a las personas a quienes pretenden proteger son por lo general más efectivas que aquellas redactadas en términos generales que necesitan ser interpretadas para proporcionar dichas protecciones. Honduras debe incluir la identidad, la expresión de género y la orientación sexual entre las causales no aceptables para la discriminación, aprobando legislación que las incluya explícitamente como categorías protegidas, entre otras medidas.

Metodología

El presente informe se basa en la investigación realizada durante dos visitas a Honduras de dos semanas de duración cada una, que tuvieron lugar en diciembre de 2008 y febrero de 2009, así como en pesquisas anteriores y posteriores que incluyeron entrevistas telefónicas. Human Rights Watch entrevistó a un total de 35 personas víctimas o testigos de hechos de discriminación y violencia física contra personas transgénero en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, las tres ciudades principales de Honduras. Human Rights Watch entrevistó a otras víctimas que, por motivos de seguridad, no quisieron que sus historias se incluyeran en este informe. Human Rights Watch también entrevistó al Ministro de Seguridad de Honduras, a funcionarios/as de alto nivel del Ministerio Público y a cinco oficiales de alto rango de la policía en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Asimismo entrevistó a personal de Naciones Unidas, líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, activistas y académicos/as.

Por solicitud de algunos y algunas entrevistadas, sus nombres y otros datos personales se mantienen bajo reserva para proteger su privacidad y garantizar su seguridad.

Las personas entrevistadas fueron identificadas, en su mayoría, con el apoyo de las ONG  hondureñas Unidad Color Rosa Colectivo TTT en San Pedro Sula, que provee información y servicios a las personas transgénero, y la Red Lésbica Cattrachas en Tegucigalpa. Todos los documentos citados en este informe son de acceso público o se encuentran en el archivo de Human Rights Watch.

Este informe se concentra en las personas trans y, en particular, en quienes se identifican como mujeres trans, por su situación de particular vulnerabilidad a los abusos y la violencia policial. Human Rights Watch entrevistó a una persona que se identifica como hombre trans, quien manifestó no haber tenido problemas con la policía. Human Rights Watch intentó, sin éxito, contactar a otros hombres trans. El informe no hace referencia a  las violaciones a los derechos humanos de las lesbianas, los gays, o las personas bisexuales, pues las violaciones a sus derechos merecen un informe por separado y un trato particular. Todas las entrevistas fueron realizadas por una investigadora de Human Rights Watch que habla castellano.