Conclusión
Las decisiones de política del estado de Nueva York respecto del abuso de sustancias en las cárceles son incompatibles con sus obligaciones nacionales e internacionales de prevenir el trato cruel, inhumano y degradante, y de proteger el derecho a la salud.
Los funcionarios penitenciarios del estado de Nueva York han identificado que 3 de cada 4 reclusos necesitan un tratamiento por abuso de sustancias. No obstante, muchos de estos reclusos deben soportar interminables demoras, barreras idiomáticas y otros obstáculos para acceder al tratamiento por drogodependencia que necesitan. La mayoría de los reclusos del estado de Nueva York dependientes de la heroína y de otros opioides no tienen acceso a una terapia de medicación asistida, la cual ha demostrado ser el tratamiento más efectivo para la dependencia de los opioides. A pesar de la alta prevalencia del VIH y la hepatitis C entre la población carcelaria, las cárceles del estado de Nueva York continúan resistiéndose a implementar medidas de reducción de daños basadas en evidencia que han demostrado ser efectivas para reducir la transmisión de enfermedades y la sobredosis en las cárceles de todo el mundo.
Al mismo tiempo, los reclusos que consumen drogas son sancionados con una severidad desproporcionada, por la cual han de enfrentar meses, e incluso años, confinados en condiciones rigurosas. El tratamiento por drogodependencia no se encuentra disponible para los reclusos que han recibido cargos por consumo o posesión de drogas; en consecuencia, se niegan servicios de salud necesarios a aquellos que más los necesitan.
Las cárceles del estado de Nueva York deben aumentar de manera inmediata el acceso a los programas basados en evidencia de drogodependencia y de reducción de daños, que incluyan terapia de medicación asistida y prevención de sobredosis para reclusos dependientes de la heroína y de otros opioides. Los procedimientos disciplinarios por consumo de drogas deben ser proporcionales a la falta y las sanciones disciplinarias nunca deben impedir que los reclusos accedan a un tratamiento por drogodependencia y a los demás servicios de salud necesarios.