Resumen ejecutivo

 

“Durante dos días, padecí un dolor agonizante en el frente y el dorso de mi cuerpo. Creí que iba a morir. El doctor dijo que no era necesario medicarme, que se trataba solamente de un hematoma y que el dolor se disiparía sólo. Estuve gritando toda la noche”.

– Un hombre de la India describe su hospitalización luego de sufrir un accidente en una obra en construcción que le causó una lesión en la espina dorsal. [1]

 

 “El cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más...”

– Aviso clasificado publicado por la madre de una mujer con cáncer cervical en un periódico colombiano en septiembre de 2008. [2]

 

“Los médicos le temen a la morfina... Los doctores en Kenia están tan acostumbrados a que los pacientes mueran con dolor... piensan que así es como debes morir. Ellos sospechan si no mueres de esa forma y creen que tu muerte fue prematura”.

– Médico de un centro para pacientes terminales en Kenia. [3]

 

En 1961, la comunidad mundial adoptó un acuerdo internacional —la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961— que proclamó a “los estupefacientes... [como] indispensables para mitigar el dolor” y ordenó a los países adoptar las medidas necesarias para asegurar su disponibilidad con  fines médicos. Actualmente, casi cincuenta años después, la promesa contenida en dicho acuerdo continúa pendiente en gran medida, en especial —aunque no exclusivamente— en países de ingresos medios y bajos. En septiembre de 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que aproximadamente el 80% de la población mundial no cuenta con acceso o tiene acceso insuficiente al tratamiento del dolor moderado a severo y que cada año decenas de millones de personas de todo el mundo, incluidos cerca de cuatro millones de pacientes con cáncer y 0,8 millones de pacientes con VIH/SIDA terminal, padecen dolor de esta intensidad sin recibir tratamiento.

 

La escasa disponibilidad del tratamiento del dolor resulta tan desconcertante como inexcusable. El dolor causa terribles padecimientos, pese a que los medicamentos para tratarlos son económicos, seguros, efectivos y, por lo general, fáciles de administrar. Además, las normas internacionales obligan a los países a garantizar la plena disponibilidad de los medicamentos para el dolor. Durante los últimos veinte años, la OMS y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo que monitorea la implementación de las Convenciones sobre drogas de la ONU, han reiterado esta obligación a los estados. Sin embargo, en muchos países los avances han sido limitados.

 

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para enfrentar una crisis profunda  de salud que afecta a millones de personas cada año. Estos han de poner en práctica las acciones necesarias para asegurar que las personas tengan acceso adecuado al tratamiento del dolor. Como mínimo, los estados deben garantizar la disponibilidad de morfina, el principal medicamento para el tratamiento del dolor moderado a severo, pues éste  es  un medicamento esencial que debe ser accesible para todas las personas que lo necesitan, tiene un costo reducido y se encuentra disponible de manera generalizada. La ausencia de medidas razonables que permitan la disponibilidad de los medicamentos esenciales o de servicios de control del dolor y cuidados paliativos constituye una violación del derecho a la salud. En algunos casos, la imposibilidad de los pacientes de acceder al tratamiento del dolor severo también puede significar una violación de la prohibición de ser sometido  a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

Esta brecha enorme entre la necesidad de tratamiento del dolor y el tratamiento que efectivamente se brinda responde a diferentes razones, sin embargo, entre ellas se destaca la absoluta impasibilidad de muchos gobiernos frente al sufrimiento de las personas. Son pocos los gobiernos que han establecido sistemas de suministro y distribución efectivos de morfina; la mayoría no cuentan con políticas o pautas sobre control del dolor y cuidados paliativos para los profesionales; han establecido reglamentaciones sobre fiscalización de drogas sumamente estrictas que obstaculizan de manera innecesaria el acceso a la morfina o bien prevén penas excesivas para su administración indebida; no garantizan que los trabajadores de la atención de la salud reciban formación en control del dolor y cuidados paliativos como parte de su capacitación, y no implementan las medidas suficientes para garantizar la asequibilidad de la morfina. El temor de que la morfina para uso médico pueda desviarse hacia fines ilícitos es uno de los principales factores que obstaculizan un mejor acceso al tratamiento del dolor. Si bien los estados deben tomar medidas para prevenir la desviación, deben hacerlo de forma tal que  no impida innecesariamente el acceso a los medicamentos esenciales. La JIFE ha señalado que este tipo de desviación es poco común. [4]

 

En muchos lugares, estos factores se combinan y generan un círculo vicioso de tratamiento insuficiente: dado que el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos no constituyen una prioridad para el gobierno, los trabajadores de la salud no reciben la capacitación necesaria para diagnosticar y tratar el dolor. Esto conduce a un tratamiento insuficiente y a una baja demanda de morfina. De manera similar, la complejidad de las reglamentaciones sobre adquisición y expedición de recetas, así como la amenaza de sanciones severas por el uso indebido de morfina, no hacen más que restringir el almacenamiento de morfina en farmacias y hospitales, y disuadir a los trabajadores de la atención de la salud de recetarla , lo que implica, una vez más, una menor demanda. Esto, a su vez, refuerza la poca importancia que se le asigna al control del dolor y a los cuidados paliativos. El desconocimiento de esta prioridad no es una consecuencia de la baja  prevalencia del dolor, sino de la falta de visibilidad de quienes lo padecen.

 

Para poner fin a este círculo vicioso, los gobiernos individualmente considerados y la comunidad internacional deben cumplir las obligaciones que les corresponden de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Los gobiernos deben adoptar medidas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la disponibilidad de los medicamentos para el tratamiento del dolor. Estos deben desarrollar políticas sobre el control del dolor y cuidados paliativos, incorporar la capacitación para los trabajadores de la atención de la salud, incluso para quienes ya ejercen en este campo, reformar las reglamentaciones que obstaculizan innecesariamente el acceso a los medicamentos para el dolor y llevar a cabo acciones concretas para garantizar su asequibilidad. Si bien no se trata de una tarea menor, varios países como Rumania, Uganda y Vietnam han demostrado que una estrategia integral de este tipo también es posible en países de ingresos bajos y medios, y puede tener éxito. Las medidas adoptadas por los países para mejorar el tratamiento del dolor deben basarse en la experiencia y la asistencia del Programa de Acceso a Medicamentos Controlados de la OMS y de la JIFE.

 

La comunidad internacional debe poner fin a la escasa disponibilidad del tratamiento del dolor de manera inmediata. El Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre drogas que tendrá lugar en marzo de 2009 en Viena es una oportunidad única para comenzar a abordar este tema. Durante el encuentro, que marcará la conclusión de un año de análisis de las políticas sobre drogas de la última década, los países establecerán las prioridades para los próximos diez años. En Viena, la comunidad internacional debería comprometerse nuevamente con el mandato de la Convención Única de 1961 que impone a los estados la obligación de garantizar la plena disponibilidad de los medicamentos controlados para el alivio del dolor y el sufrimiento. Durante demasiado tiempo, el debate sobre políticas mundiales de drogas se ha centrado fuertemente en la prevención del uso y la comercialización de drogas ilícitas, lo cual ha afectado el equilibrio que pretendía la Convención. En marzo de 2009, la comunidad internacional debería establecer metas ambiciosas y mensurables que permitan mejorar significativamente el acceso a los analgésicos opioides —medicamentos para el dolor elaborados a partir de opioides— y otros medicamentos controlados en todo el mundo durante los próximos diez años.

 

Luego de marzo de 2009, los actores internacionales en políticas sobre drogas, como la Comisión de Estupefacientes de la ONU y la JIFE, deberían revisar periódicamente los avances logrados por los países para asegurar la plena disponibilidad de medicamentos para el tratamiento del dolor y analizar minuciosamente las medidas adoptadas para impulsar este importante tema. Los países y las agencias donantes, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA, deberían instar activamente a los países a adoptar medidas integrales tendientes a mejorar el acceso a los medicamentos para mitigar el dolor y respaldar a aquellos que ya los ofrecen, por ejemplo, mediante el apoyo del Programa de Acceso a Medicamentos Controlados de la OMS. La ONU y los organismos regionales de derechos humanos deberían recordar de forma periódica a los países su obligación, en virtud de las normas de derechos humanos, de asegurar la plena disponibilidad de medicamentos para el dolor.