5 de Mayo de 2014

Abusos en establecimientos de detención

Valencia, estado de Carabobo, 13 de febrero

El 13 de febrero, aproximadamente a las 10 p.m., Juan Manuel Carrasco, de 21 años, intentó escapar corriendo con otros dos amigos de una manifestación en el sector El Trigal, en Valencia, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a disparar perdigones y arrojar cartuchos de gases lacrimógenos a manifestantes[200].

Los tres hombres llegaron hasta el automóvil de uno de ellos, que estaba aparcado en las inmediaciones y, mientras subían, vieron que se acercaban alrededor de 15 motocicletas con guardias nacionales. Los oficiales dispararon perdigones a las ventanas del automóvil, obligaron a los tres hombres a bajarse, y les propinaron puñetazos y golpes con las culatas de sus fusiles. Además, se llevaron sus artículos personales, incluidas sus billeteras y teléfonos celulares, y luego incendiaron el automóvil.

Los guardias nacionales llevaron a los detenidos a un parque en las proximidades y allí los obligaron a permanecer boca abajo en el piso junto con otras nueve personas, incluido un menor [201] . Siguieron pateando y golpeando a los 12 detenidos, y les pisoteaban la cabeza con sus botas. Luego los llevaron a otro lugar al aire libre en las inmediaciones, donde los obligaron a recostarse de costado en posición fetal, y amenazaron con matarlos.

Carrasco contó a Human Rights Watch que, mientras estaba en el piso en posición fetal, sitió que uno de los guardias nacionales le apoyaba en el cuello algo que creía que era un fusil, lo hizo descender lentamente por la espalda hasta bajarle la ropa interior y lo introdujo en el recto una vez. Human Rights Watch analizó una copia de un informe médico del 20 de febrero que indica que Carrasco había sufrido una hemorragia rectal[202].

A tres de los otros detenidos se les indicó que permanecieran en el suelo mirando hacia arriba, y un miembro de la Guardia Nacional les pasó tres veces por encima de las piernas con una motocicleta, contó Carrasco.

Todos los detenidos fueron trasladados en un vehículo oficial (donde continuaron recibiendo golpes) hasta el Comando Regional 2 de la Guardia Nacional. Cuando llegaron, varios guardias nacionales les arrojaron gas pimienta en los ojos y siguieron asestándoles puñetazos y golpes con sus cascos y la culata de sus fusiles. También rociaron la ropa de los detenidos con gasolina, y los obligaron a ducharse y a ponerse nuevamente la ropa sucia. Se negó a los hombres el derecho a ponerse en contacto con familiares o un abogado.

A la mañana siguiente, se presentó en el establecimiento militar una fiscal con la intención de entrevistarlos. Según uno de los detenidos, a pesar de que le contaron los abusos que habían sufrido y le pidieron ayuda, la fiscal no hizo nada. A continuación, miembros de la Guardia Nacional le dieron ropa limpia que sus familiares les habían acercado, y les ordenaron que entregaran las prendas sucias a las autoridades.

El 15 de febrero a las 5 p.m., 11 detenidos tuvieron una audiencia con un juez, que se llevó a cabo dentro del mismo establecimiento militar (el menor fue llevado a un tribunal especializado). No tuvieron acceso a sus abogados durante la detención, y solamente hablaron con ellos cinco minutos antes de la audiencia. Según aseveraron sus abogados, durante la audiencia el ministerio público presentó como prueba clave contra ellos un registro policial de su detención en el cual se indicaba que habían quemado un camión durante la manifestación.

Tanto Carrasco como abogados que estuvieron presentes en la audiencia relatan que, el 16 de febrero a las 4 a.m., el juez rechazó todos los pedidos del equipo de defensores para que se anulara la prueba presentada por el ministerio público y, en lugar de eso, ratificó los cargos contra todos los detenidos. Se los acusó de daños violentos a la propiedad, obstaculización de la vía pública, uso de adolescente para delinquir, intimidación pública y asociación para delinquir. El juez dispuso el arresto domiciliario de seis de los acusados y concedió la libertad condicional a los demás. Según Carrasco, días más tarde, todos ellos obtuvieron la libertad condicional.

Carrasco contó a Human Rights Watch que, a pesar de las lesiones evidentes que tenía, recién tuvo acceso a atención médica ocho días después, cuando un juez autorizó que fuera llevado a una clínica.

Valencia, estado de Carabobo, 21 de febrero

El 21 de febrero a las 3 p.m., el estudiante Luis Augusto Matheus Chirinos, de 21 años, fue detenido por aproximadamente diez miembros de la Guardia Nacional en la entrada de una urbanización en Valencia, donde estaba esperando a un amigo a quien había ido a buscar. En ese momento, a pocas cuadras de allí, se desarrollaba una protesta contra el gobierno. Su abogado indicó a Human Rights Watch que fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde varios oficiales le asestaron puñetazos en la cabeza y lo amenazaron con enviarlo a una de las cárceles más violentas de Venezuela. Los oficiales lo obligaron a decir que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela y a cantar: “Chávez vive, la lucha sigue”[203].

Al día siguiente, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, anunció en una conferencia de prensa en Caracas que las autoridades habían incautado 360 cócteles Molotov, 16 kilos de pólvora, 450 miguelitos, 220 litros de gasolina en contenedores de plástico, dos neumáticos, 45 velas y 20 kilos de clavos en el estado de Carabobo, y mencionó que Matheus y otra persona habían sido detenidos por el Ministerio Público en Valencia[204].

Matheus permaneció incomunicado hasta el 23 de febrero, cuando se lo llevó ante un juez para su primera audiencia. Recién pudo hablar con su abogado 10 minutos antes de la audiencia y no se le permitió ver a su familia hasta ese momento.

Como prueba de su responsabilidad penal, la fiscalía presentó un informe policial en el cual se manifestaba que había sido detenido, junto con alrededor de otras 25 personas, mientras arrojaba piedras a miembros de la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe, Matheus se encontraba cerca de una camioneta blanca en la cual había materiales que se utilizaron para generar violencia durante protestas. La fiscalía también se refirió a una extensa lista de elementos que describió como pruebas incriminatorias y que, supuestamente, se encontraron en la camioneta[205].

De acuerdo con las imágenes de Google Earth que el abogado de Matheus mostró a Human Rights Watch, la urbanización donde se detuvo a Matheus se encuentra ubicada a dos cuadras del sitio donde el informe policial indica que fue arrestado[206]. Asimismo, Human Rights Watch analizó un video de su detención filmado por un testigo, donde se ve que Matheus fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad afuera del edificio de departamentos, tal como había aseverado el abogado de la víctima a Human Rights Watch[207].

Sin embargo, el juez determinó que las pruebas descriptas en el informe policial y la investigación que había llevado a cabo la fiscalía eran suficientes para acusar a Matheus de obstaculización de la vía pública, instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir y, por consiguiente, dictó su prisión preventiva[208]. El 22 de marzo, se otorgó a Matheus la libertad condicional[209].

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 25 de febrero

El 25 de febrero, alrededor de las 2 a.m., 12 residentes de una urbanización en San Antonio de los Altos —incluidos 10 hombres, una mujer y una joven de 16 años— armaron una barricada en la entrada del complejo, que obstaculizaba parcialmente el tránsito. Aproximadamente a las 5 a.m., los residentes estaban parados dentro de las puertas de la urbanización cuando el padre de uno de ellos pasó en una camioneta y se ofreció a llevarlos a su casa. Los 12 se subieron en la parte trasera de su camioneta cuando alrededor de 20 miembros de la Guardia Nacional en motocicleta ingresaron al complejo, detuvieron al vehículo y ordenaron a todos los pasajeros que descendieran[210].

Al revisar a las 12 personas, un miembro de la Guardia Nacional dijo que detectó el olor de una sustancia inflamable en las manos de una de ellas. Entonces le preguntó a otro guardia nacional: “Mi sargento, ¿qué hacemos con los demás que no tienen nada?” A lo cual este respondió: “Móntenlos en la camioneta y vemos”, contó uno de los detenidos a Human Rights Watch[211].

Los guardias nacionales subieron a las 12 personas en la parte trasera de la camioneta y le indicaron al padre que los siguiera. Así lo hizo hasta una redoma en San Antonio y, según dos de los detenidos, allí los oficiales les ordenaron que bajaran del vehículo. Uno de los detenidos contó que los obligaron a ponerse en cuclillas con las manos por detrás de la nuca. También dijo a Human Rights Watch que les confiscaron su dinero y teléfonos celulares, los golpearon y les cubrieron la cabeza con las capuchas de sus propias sudaderas[212]. De acuerdo con dos testimonios, los miembros de la Guardia Nacional los hostigaron a lo largo de toda la noche profiriendo insultos de índole política, y comentarios como “malditos burgueses que quieren desestabilizar el país” y “golpistas”[213].

Uno de los detenidos contó a Human Rights Watch que, a continuación, los guardias nacionales los llevaron a un edificio en construcción no identificado, donde les quitaron las camisas a algunos de los hombres y los golpearon con rolos, previo envolverles el torso con toallas[214]. Los guardias nacionales arrancaron el arete de la oreja a uno de los detenidos y amenazaron con matar a todos[215]. Si bien las mujeres no fueron golpeadas, guardias nacionales amenazaron con violarlas y les dijeron que serían agredidas sexualmente cuando se las enviara a la cárcel, relataron dos detenidos[216].

Después de las golpizas, los policías rociaron la ropa de los detenidos con gasolina y los obligaron a frotarse las manos sobre los neumáticos de un automóvil para ensuciarlas, lo cual, según cree una de las víctimas, se hizo para generar la impresión de que todos ellos habían estado quemando cosas[217]. La noche del 25 de febrero todos los detenidos comparecieron ante un juez y se los acusó de varios delitos[218]. En la audiencia, que se llevó a cabo en un establecimiento militar, el juez ratificó los cargos contra los detenidos, pero les otorgó la libertad provisional a condición de que no participaran en manifestaciones violentas[219].

Caracas, 28 de febrero

El 28 de febrero, alrededor de las 7 p.m., cuatro miembros de la Guardia Nacional detuvieron al estudiante Maurizio Ottaviani Rodríguez, de 20 años, cuando se estaba retirando de una manifestación en Plaza Altamira, Caracas[220]. El joven contó a Human Rights Watch que, a pesar de que no ofreció resistencia durante el arresto, los oficiales lo golpearon con rolos, le dieron puñetazos, lo patearon y lo pisotearon mientras yacía en el piso. Luego, lo subieron entre dos guardias nacionales a una motocicleta y lo llevaron hasta un sitio donde había otros detenidos. Allí, volvieron a golpearlo y amenazaron con matarlo. Human Rights Watch analizó fotografías del rostro de Ottaviani (tomadas después de su liberación), donde se ven lesiones que corroboran lo contado por él[221].

Luego, obligaron a Ottaviani a subir a un autobús escolar, donde calculó que había al menos otros 40 detenidos, incluidas varias mujeres y tres menores [222] . Cada detenido se encontraba esposado a la persona que se encontraba a su lado, y todos los que podía ver presentaban contusiones visibles. Fueron retenidos todos dentro del autobús sin que se les permitiera abrir las ventanas para mitigar el calor agobiante que hacía dentro del vehículo. Miembros de la Guardia Nacional continuaron golpeando con rolos a personas dentro del autobús, amenazaron con arrojar allí cartuchos de gases lacrimógenos y dijeron a los detenidos que serían enviados a El Rodeo o Yare, dos violentas cárceles venezolanas.

Dos horas más tarde, una mujer que se identificó como fiscal ingresó al autobús. Según Ottaviani, los abusos cesaron, pero la fiscal no les preguntó qué había sucedido.

Después de las 10 p.m., los detenidos fueron trasladados a la base militar Fuerte Tiuna, donde se los retuvo casi un día. Tan pronto como llegaron, fueron llevados a una capilla y separados en tres grupos: hombres, mujeres y los tres menores. Durante este tiempo, los hombres permanecieron esposados unos a otros, y si necesitaban ir al baño debían aliviar sus necesidades en unos arbustos, permaneciendo esposados a otro detenido.

Durante la detención en Fuerte Tiuna, Ottaviani fue llevado formalmente ante un fiscal, trasladado a una sala donde otros miembros de fuerzas de seguridad lo identificaron y, a continuación, representantes del SEBIN lo entrevistaron y le preguntaron sobre su familia, quiénes estaban con él en la manifestación y los sobrenombres que tenían en las redes sociales.

Cuando Albany Ottaviani, su hermana, acudió en su búsqueda a Fuerte Tiuna la noche del arresto, un coronel le dijo a ella y a otros 15 familiares que estaban allí que todos podían ser arrestados debido a que estaban dentro de una zona militar. Los familiares se fueron de inmediato ante el temor de que su presencia pudiera dar lugar a represalias contra los detenidos. Ottaviani pudo efectuar una llamada a su casa esa noche a la 1 a.m., gracias a que un oficial le prestó un teléfono celular sin autorización oficial. La mañana siguiente, los familiares regresaron a Fuerte Tiuna, donde guardias nacionales les dijeron que pondrían a disposición un autobús para trasladar a las familias al tribunal donde iban a ser llevados los detenidos. Sin embargo, dieron vueltas por la ciudad y finalmente dejaron a los familiares en otro lugar varias horas más tarde.

Todos los detenidos llegaron al juzgado el 1 de marzo a las 6 p.m., esposados en una cadena humana, relató Ottaviani a Human Rights Watch. Cuando Ottaviani vio a su abogado minutos antes de que comenzara la audiencia a la 1 a.m. esa noche, tuvo que hablar con él en presencia de otros detenidos que todavía estaban esposados a él.

Según Ottaviani, aunque el juez escuchó el testimonio de sólo 14 detenidos durante la audiencia, ratificó los cargos contra más de 40 de ellos, a quienes acusó de porte de artefactos explosivos o incendiarios, alteración del orden público y asociación para delinquir. A la mayoría de los detenidos se les otorgó la libertad condicional, mientras que otros dos — un periodista italiano y un ciudadano portugués— fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

Miranda, 5 de marzo

En la mañana del 5 de marzo, el estudiante Juan Sánchez, de 22 años, participó de una manifestación pacífica con aproximadamente otras 20 personas, durante la cual portaron carteles con mensajes de reclamo ante la escasez de alimentos y los altos niveles de violencia en Venezuela. La manifestación cortó parcialmente el tránsito en una avenida en las afueras de Caracas [223] . Posteriormente, el joven se dirigió a su vivienda y, varias horas más tarde, alrededor de la 1:30 p.m., volvió a salir a pie para ir al banco.

Camino al banco, alrededor de 10 miembros de la Guardia Nacional lo detuvieron en la calle y, sin previa advertencia, comenzaron a agredirlo propinándole patadas, puñetazos y golpes con las culatas de sus fusiles, además de asestarle golpes en la cabeza, el estómago, los brazos y las piernas. Contó a Human Rights Watch que, al principio, intentó protegerse la cabeza y el rostro de los golpes, pero finalmente optó por no ofrecer resistencia. En ese momento, uno de los guardias nacionales le disparó a quemarropa un perdigón en el muslo derecho. Otro guardia dijo: “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”[224].

Al llegar al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM), aproximadamente otros 12 guardias nacionales lo obligaron a quitarse la ropa y, solamente con la ropa interior puesta, caminar descalzo sobre el suelo para que los pies se le ensuciaran con grasa, presuntamente con la intención de que pudieran así acusarlo de haber estado en las barricadas. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo uno de sus dedos en la lesión, lo quitó y luego lo volvió a meter. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón.

Después, tres oficiales llevaron a Sánchez al baño, donde, apoyada contra una pared, estaba la estructura metálica de una cama con resortes. Los guardias esposaron a Sánchez a un tubo que había detrás de la cama, de modo que su espalda quedó contra la cama, y le aplicaron dos descargas eléctricas, a la vez que le exigían que dijera quiénes eran sus cómplices[225].

Más tarde, los guardias nacionales lo llevaron a un patio donde había otros oficiales esperando y le ordenaron que se arrodillara y caminara con las manos sobre el suelo de forma tal que también se le ensuciaran. Se negó a hacerlo y uno de ellos le dijo: “Ah, ¿tú quieres pelear?”[226]. Entonces Sánchez fue obligado a pelear con el oficial ante la mirada de los demás, que reían y vitoreaban.

Recién cuando se presentó una oficial, quien les pidió que se detuvieran, permitieron a Sánchez vestirse y lo condujeron a un hospital. Sin embargo, a pesar de que los médicos pidieron a los guardias nacionales que se retiraran del hospital para poder atender a Sánchez, estos se negaron e insistieron en llevárselo tan pronto como fuera posible. Según Sánchez, el médico a cargo solamente pudo brindarle atención básica, y obligó al oficial que insistía en llevárselo a firmar un documento que indicaba que asumía la responsabilidad por la salud del detenido.

Sánchez fue trasladado de vuelta al establecimiento militar, donde guardias nacionales lo obligaron a desvestirse nuevamente. Pasó la noche en una habitación con otro detenido. Una vez de regreso en el establecimiento militar, los guardias que se lo habían llevado del hospital le gritaron: “Uds., fascistas que quieren destruir la revolución. ¡Esto sí es socialismo!”. Y le dieron algo de comer [227] . Durante la noche, aproximadamente cinco guardias nacionales se detuvieron ante él y lo patearon, en algunos casos, amenazándolo con que iría a la cárcel.

A la mañana siguiente, los guardias nacionales devolvieron a Sánchez sus ropas manchadas con grasa, y le ordenaron que las usara durante la audiencia ante el juez. Sánchez contó a Human Rights Watch que, cuando estaban abandonando el establecimiento militar para ir al juzgado, vio a miembros de la Guardia Nacional colocar seis cócteles Molotov, 26 miguelitos y una pistola 9 mm en el baúl de un vehículo oficial.

El auto donde era trasladado Sánchez circuló por la ciudad durante toda la tarde. A las 5 p.m., llegó al juzgado y fue entrevistado por un fiscal. A pesar de que rengueaba y de que tenía sangre seca y señales visibles de abuso en el rostro, el fiscal no le preguntó cuál había sido la causa de sus lesiones, según contó.

Sánchez señaló que en la audiencia el fiscal presentó como pruebas los miguelitos, su ropa y el arma de fuego para sustentar la acusación de incitación a la violencia, obstrucción a la vía pública y porte de armas de fuego. Sin embargo, el juez determinó que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes y dispuso su liberación.

Sánchez recién pudo ponerse en contacto con su abogado inmediatamente antes de la audiencia. Logró llamar a su madre desde el hospital con un celular que una enfermera le prestó, pero no tuvo ningún otro contacto con su familia hasta la audiencia en la cual el juez ordenó su liberación.

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de marzo

El 12 de marzo a las 5:30 p.m., Keyla Josefina Brito, de 41 años, y su hija de 17 se dirigían a una carnicería en Barquisimeto cuando los vecinos les dijeron que habían cerca tropas de la Guardia Nacional dispersando una manifestación que se estaba realizando en las inmediaciones [228] . Se refugiaron en un edificio de departamentos durante la siguiente hora y media y, cuando los vecinos les dijeron que los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y manifestantes habían concluido, salieron nuevamente. Poco después de volver a la calle, vieron que un automóvil atropellaba a un peatón. El conductor huyó y dejó a la mujer herida en la calle. Según cuentan Brito y su hija, le hicieron señas a una camioneta que pasaba por el lugar para que se detuviera y convencieron al conductor de llevar a la mujer herida al hospital. Como temían que pudiera haber otros hechos de violencia en el lugar, decidieron ir ellas también en el vehículo. Otras cinco mujeres y cuatro hombres también se subieron en la parte trasera de la camioneta, aparentemente para evitar estar en la calle si había nuevos hechos de violencia.

Según señalaron Brito y su hija, después de unas pocas cuadras, unas 20 motocicletas de la Guardia Nacional detuvieron a la camioneta. Contaron que uno de los guardias nacionales ordenó al conductor que se dirigiera con los pasajeros hasta el Destacamento 47, que estaba cerca de allí, escoltado por las motocicletas.

Brito y su hija fueron retenidas en el destacamento con las otras seis mujeres que habían sido detenidas con ellas (incluida la mujer que había sido atropellada por el automóvil y que, aparentemente, tenía lesiones serias) durante varias horas. Fueron agredidas por personal femenino de la Guardia Nacional, quienes les propinaron puñetazos y golpes con rolos y cascos, y les cortaron el cabello. Además, dijeron a las detenidas que serían violadas y amenazaron con matarlas. Según Brito, también las insultaron reiteradas veces llamándolas “guarimberas”, y una de ellas dijo “María Corina [Machado, líder política opositora] echándose aire en el culo y ustedes llevando cuero”.

Las detenidas fueron después trasladadas a otra área dentro del destacamento, donde oficiales les dijeron que serían liberadas si firmaban un documento en el cual manifestaran que no habían sido maltratadas. Según Brito y su hija, todas firmaron el documento [229] . Dijeron que las ocho detenidas no fueron acusadas de ningún delito ni llevadas ante un juez.

Caracas, 18 de marzo

El 18 de marzo, José Romero, de 17 años, salía de una estación de metro alrededor de las 6 p.m. en Chacao, Caracas, cuando fue interceptado por tres miembros de la Guardia Nacional que le pidieron ver su identificación [230] . La estación de metro está cerca de la Plaza Altamira, lugar donde se celebran habitualmente manifestaciones de estudiantes. Romero contó que, cuando mostró su documento de identidad, uno de los guardias nacionales le dijo (sin motivo aparente): “Eres muy rebelde”, y le dio una bofetada. Otro de los oficiales lo tomó del cuello de su camisa y lo empujó hacia una motocicleta, donde lo subieron entre el conductor y otro guardia nacional, que se sentó detrás de él.

Llevaron a Romero a una especie de estructura con forma de carpa que no tenía apariencia de ser un edificio gubernamental oficial, y allí vio que había otros seis hombres arrodillados mirando hacia la pared y con las manos por detrás de la cabeza. Los guardias nacionales ordenaron a Romero que hiciera lo mismo y le advirtieron que, si se movía, le darían una golpiza. Según contó, fue obligado a permanecer en esa posición las siguientes 12 horas, sin alimentos ni agua y sin poder ir al baño.

Durante el transcurso de la noche, los guardias amenazaron a Romero y a los demás detenidos con violarlos y matarlos. A menudo, proferían insultos con connotaciones políticas, como por ejemplo: “Son fascistas” o están “contra el gobierno”, relató a Human Rights Watch.

En un momento durante la noche, un hombre, a quien no pudo ver porque estaba de rodillas mirando hacia la pared, se le acercó por detrás y le ordenó que se levantara la camisa. A continuación, dijo Romero, escuchó el chasquido de un encendedor y sintió una quemazón en la espalda. Fue sometido a quemaduras tres veces más en la espalda y el torso.

Alrededor de las 7 a.m., un oficial preguntó: “¿Quién de ustedes era el de la cédula?”. Cuando Romero le contestó que era él, el oficial le dijo que se pusiera de pie y se diera vuelta. Entonces, sin ningún tipo de explicación, llevó a Romero hasta una callejuela y le dijo que podía irse. Romero afirmó que en ningún momento le explicaron los motivos de su detención. Tampoco sabía qué sucedió a los otros seis detenidos, quienes cuando él se fue, seguían de rodillas mirando hacia la pared. Cuando lo liberaron, ni siquiera pudo reconocer en qué parte de la ciudad se encontraba. Hizo señas a un taxi y, dado que los guardias nacionales le habían robado el dinero que llevaba, prometió al conductor que pagaría al llegar a su casa.

[200] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Manuel Carrasco, Valencia, 23 de marzo de 2014; entrevista de Human Rights Watch con Antonio José Marval Jiménez, abogado, Valencia, 23 de marzo de 2014; entrevista de Human Rights Watch con abogados del Foro Penal Venezolano, Caracas, 19 de marzo de 2014. Human Rights Watch analizó fotografías e informes médicos y revisó un resumen de la audiencia preparado por el equipo de abogados defensores de los detenidos, que corrobora aspectos claves de sus testimonios.

[201] Carlos Enrique Bertrand Ballestero, de 23 años, Gerni Wuiston Lombano Barreto, 20, César Osmel Luciani Linarez, 25, Oswaldo José Torres Ceguer, 25, Yean Pier José Rodríguez Sotillo, 21, Daniel Alejandro Santiago Queiroz, 23, Eduardo José Añez Burgos, 22, Andrés Javier Rincon Lamas, 25. El nombre del menor no aparece en los documentos judiciales que Human Rights Watch pudo consultar, debido a que fue llevado ante un juez distinto.

[202] Informe Médico del Dr. José Luis Maldonado, del Centro Policlínico Valencia, 20 de febrero de 2014.

[203] Entrevista de Human Rights Watch con Antonio José Marval Jiménez, abogado de Luis Augusto Matheus Chirinos, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[204] “Diosdado Cabello: 360 bombas molotov se incautaron en Carabobo”, video de Youtube subido el 22 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=cApjnpul9cw (consultado el 2 de abril de 2014).

[205] La fiscalía expuso que la Policía había encontrado en la camioneta cuatro botellas de 20 litros con gasolina, cinco botellas de 3 litros con gasolina, 41 contenedores plásticos con 100 gramos de pólvora cada uno, dos escudos caseros fabricados con alambre, 60 miguelitos (de 10 cm de longitud cada uno), 10 paquetes de medio kilo de clavos, 9 productos pirotécnicos, 20 capuchas negras, 18 neumáticos, 216 cócteles Molotov, 30 pedazos de madera y una caja vacía de balas que, según la etiqueta, pertenecía a la Alcaldía de San Diego (que entonces era un bastión de la oposición). Acta de Investigación Penal N.º GNB-CNGP-RC-DIP-059/14, 21 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[206] Entrevista de Human Rights Watch con Antonio José Marval Jiménez, abogado de Luis Augusto Matheus Chirinos, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[207]Video: impactante: Momento en el que la GNB secuestra al estudiante de Valencia Luis Augusto Matheus Chirinos”, Venezuela al día, 8 de marzo de 2014, http://noticiasvenezuela.org/2014/03/video-impactante-momento-en-el-que-la-gnb-secuestra-al-estudiante-de-valencia-luis-augusto-matheus-chirinos/ (consultado el 14 de abril de 2014).

[208]Decisión del juez Toredit Alfredo Rojas Acevedo, 6 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[209]Entrevista de Human Rights Watch con Antonio José Marval Jiménez, abogado de Luis Augusto Matheus Chirinos, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[210] Entrevista de Human Rights Watch con uno de los detenidos, Caracas, 18 de marzo de 2014. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva por razones de seguridad; declaración escrita de otro detenido, proporcionada al Foro Penal Venezolano, sin fecha.

[211] Entrevista de Human Rights Watch con uno de los detenidos, Caracas, 18 de marzo de 2014.

[212] Ibíd.

[213] Entrevista de Human Rights Watch con uno de los detenidos, Caracas, 18 de marzo de 2014; declaración escrita de otro detenido, proporcionada al Foro Penal Venezolano, sin fecha.

[214] Entrevista de Human Rights Watch con uno de los detenidos, Caracas, 18 de marzo de 2014.

[215] Ibíd.

[216] Ibíd. Declaración escrita de otro detenido, proporcionada al Foro Penal Venezolano, sin fecha.

[217] Entrevista de Human Rights Watch con uno de los residentes, Caracas, 18 de marzo de 2014.

[218] Ibíd; declaración escrita proporcionada por otro residente al Foro Penal Venezolano, sin fecha.

[219] Declaración escrita proporcionada por otro residente al Foro Penal Venezolano, sin fecha.

[220] Entrevista de Human Rights Watch con Maurizio Ottaviani y su hermana, Albany Ottaviani, Caracas, 21 de marzo de 2014.

[221] Fotografías en los registros de Human Rights Watch.

[222] El Foro Penal Venezolano, que defendió a Ottaviani, proporcionó a Human Rights Watch un listado de 36 nombres de personas en cuya defensa habían participado y que habían sido detenidas en el mismo incidente. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[223] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Sánchez (seudónimo), Caracas, 21 de marzo de 2014. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

[224] Ibíd.

[225] Ibíd.

[226] Ibíd. 

[227] Ibíd.  

[228] Entrevista de Human Rights Watch con Keyla Josefina Brito y su hija, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. La identidad de la hija se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

[229] Ibíd. Human Rights Watch analizó fotografías e informes médicos que corroboran lo declarado por Brito.

[230] Entrevista de Human Rights Watch con José Romero (seudónimo), Caracas, 19 de marzo de 2014. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva por razones de seguridad y debido a que es menor.