5 de Mayo de 2014

Abusos en la vía pública

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de febrero

El 12 de febrero, el estudiante Juan Carlos Briceño, de 24 años, participó en una manifestación pacífica en Barquisimeto, a la cual acudieron cientos de personas, incluidas familias con niños, en protesta ante la escasez de artículos de primera necesidad[127].

Cuando los manifestantes llegaron a la entrada de la Brigada 14 de la Guardia Nacional alrededor de las 4:30 p.m., aproximadamente 50 guardias nacionales comenzaron a insultarlos y a llamarlos “escuálidos” —un término peyorativo que utilizan habitualmente funcionarios y partidarios del gobierno para referirse a opositores políticos— y a disparar perdigones al aire, según relató Briceño. Cuando un grupo de manifestantes reaccionó arrojando piedras a los oficiales, Briceño intentó escapar del lugar.

Mientras corría para alejarse del complejo de la Guardia Nacional, fue alcanzado por un disparo en la parte inferior de la espalda y cayó al suelo. Permaneció allí hasta que otros manifestantes lo llevaron al interior de un edificio cercano, donde esperaron media hora hasta que mermó la violencia en la calle y pudieron trasladarlo a un hospital[128]. Briceño dijo a Human Rights Watch que, ese día, vio llegar al hospital al menos otros dos pacientes que, según aseveró, habían recibido impactos de municiones durante la misma protesta[129].

Según un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch, Briceño debió ser operado para extraerle una bala y reconstruir parte de su columna vertebral. El informe indica que la lesión sufrida en la columna le provocó paraplejia e intensos dolores[130]. Cuando Human Rights Watch entrevistó a Briceño el 22 de marzo, había recuperado parcialmente la función de las piernas y apenas estaba comenzando a caminar con ayuda de un andador.

Barquisimeto, estado de Lara, 12 de febrero

El 12 de febrero, Adrián Montilla Pérez, de 20 años, participaba en una manifestación en Barquisimeto cuando, cerca de las 4:30 p.m., miembros de la Guardia Nacional comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y disparar perdigones [131] . Montilla contó que dio la espalda y comenzó a correr en dirección contraria, cuando vio que una mujer recibía un disparo en la pierna y caía al suelo. Según consta en una denuncia que presentó ante la Defensoría del Pueblo, Montilla dijo: “Me detengo a auxiliarla y cuando doy tres pasos siento un impacto en la pierna derecha” [132] .

Montilla dijo que la bala ingresó por detrás, desde la dirección donde miembros de la Guardia Nacional estaban disparando contra manifestantes, lo cual significa que recibió el disparo cuando estaba intentando escapar. Afirmó que pidió ayuda cuando ya no pudo cargar a la mujer herida debido al dolor que sentía en la pierna, y que otra persona se acercó a relevarlo. Según contó a Human Rights Watch, mientras intentaba alejarse rengueando de la Guardia Nacional, vio que un tanque de esta fuerza avanzaba hacia los manifestantes que escapaban y arrojaba gases lacrimógenos, a la vez que guardias nacionales en motocicletas se desplazaban entre la multitud golpeando a manifestantes. Montilla vio cómo varios guardias nacionales reducían a un manifestante en el suelo. Los guardias separaron los brazos del hombre, con los cuales intentaba cubrirse la cabeza, y lo patearon reiteradas veces en la cabeza, dijo Montilla.

Una amiga de Montilla lo ayudó a llegar a un centro comercial, y una vez allí ingresó en una tienda y le hizo un torniquete en la pierna para detener el sangrado, y luego lo ocultó en el baño. Según contó, después de que los miembros de la Guardia Nacional se retiraron de las proximidades, llevó a Montilla al Hospital Central Antonio María Pineda. Allí debieron operarlo de inmediato.

Los médicos dijeron a su familia que la herida de bala correspondía a un arma de fuego, y que no se trataba de perdigones [133] . Dos radiografías proporcionadas a Human Rights Watch también muestran una bala en el muslo de Montilla, y el informe que acompañó las radiografías confirma la presencia de una bala [134] . Montilla dijo que los médicos le informaron que debían esperar aproximadamente un mes para intentar extraerle la bala de la pierna.

Caracas, 15 de febrero

La noche del 15 de febrero, el periodista Gabriel Osorio, de 43 años, estaba tomando fotografías de una manifestación en Caracas, cuando se produjeron enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y manifestantes[135]. Osorio intentó refugiarse en la entrada de un edificio de departamentos para esperar que los gases lacrimógenos se disiparan.

Cuando Osorio pudo ver con mayor claridad, advirtió que había un guardia nacional a 10 metros de distancia. Según explicó a Human Rights Watch, Osorio levantó las manos, le mostró las credenciales de prensa y gritó: “¡Prensa!”. Sin ninguna advertencia, los oficiales comenzaron a disparar hacia el lugar donde él se encontraba, de modo que comenzó a correr. Aproximadamente cuatro guardias nacionales corrieron tras él y continuaron disparando en dirección a donde estaba, hasta que recibió un impacto y cayó en medio de la calle.

Los oficiales tomaron a Osorio de los brazos, lo levantaron, y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma. Osorio cayó al suelo nuevamente y sintió otro golpe en la cabeza, mientras seis guardias nacionales, todos con el rostro cubierto, lo rodearon y comenzaron a propinarle puntapiés en la cabeza, el cuerpo y los testículos. Volvió a decirles que era periodista y uno de ellos simplemente respondió: “¡La cámara!” e intentó quitársela. Luego, uno intentó sin éxito quitarle la mochila —porque Osorio había atado por delante dos de las correas— y entonces comenzó a arrastrar a Osorio hacia atrás sobre la calle, mientras el resto continuaba dándole puntapiés.

Los guardias nacionales abandonaron el lugar y dejaron a Osorio tendido en medio de la calle. Osorio dijo a Human Rights Watch que, al ponerse de pie, perdió el conocimiento y se despertó un tiempo después, mientras lo estaban asistiendo vecinos.

Los informes médicos, radiografías y fotografías analizados por Human Rights Watch coinciden con el relato de Osorio y muestran que sufrió fractura de dos costillas y varias contusiones en la pierna, la espalda y la cabeza (incluidas dos que debieron ser suturadas). Uno de los informes indica asimismo que la médica observó en su cuerpo heridas compatibles con lesiones causadas por perdigones[136].

Barquisimeto, estado de Lara, 18 de febrero

Seis personas —Moisés Evencio Río, de 43 años; Wilson Octavio Vásquez, de 18; Jesús Alejandro Escalante, de 18; el primo de Escalante, de 16 años; y otras dos personas, una de ellas, de 16 años— fueron detenidas arbitrariamente en Barquisimeto, en el estado de Lara, aproximadamente a las 8:30 p.m. del 18 de febrero[137].

Según una copia de un informe policial sobre su detención obtenida por Human Rights Watch, miembros de la Policía Nacional respondieron a denuncias de que la sede local CANTV, el proveedor oficial de servicios telefónicos y de Internet del gobierno, estaba siendo objeto de actos de vandalismo. Según el informe, cuando llegaron los policías:

…[O]bservamos la presencia de aproximadamente 15 personas de sexo masculino saliendo desde el interior de las instalaciones de la CANTV por la puerta que forma parte de un portón... quienes al percatarse de la presencia policial, huyeron en veloz carrera, de manera inmediata procedimos a darle la voz de alto, identificándonos como funcionarios activos del cuerpo de Policía Nacional Boliviarana... haciendo caso omiso a la voz de alto motivo por el cual se realizó un operativo envolvente a pocos metros del recorrido, a objeto de lograr la captura de los sujetos... [138] .

Contrariamente a lo expresado en el informe policial, estas personas, en realidad, no fueron detenidas cuando escapaban de CANTV, ni tampoco “a pocos metros” de allí. Según el testimonio ofrecido por los detenidos ante autoridades, fueron aprehendidos a algunas cuadras de esa sede [139] ; y familiares de las víctimas manifestaron a Human Rights Watch que estas se encontraban con ellos cuando se produjo el ataque a CANTV[140]. Esto se puede corroborar mediante filmaciones de su detención tomadas por vecinos que luego fueron analizadas por Human Rights Watch[141].

Río había salido para correr su automóvil, según indicó su hermano a Human Rights Watch. Escalante y su primo de 16 años habían salido de la vivienda de los padres de Escalante minutos antes, y se dirigían a pie a comprar algo para comer. Se encontraban en el exterior de la vivienda del primo, quien vivía en la cuadra donde fueron detenidos [142] .

A las 8:35 p.m., varios agentes de la Policía Nacional montados en motocicletas cerraron los dos extremos de la calle. Un grupo de policías abordaron a Escalante y a su primo, que era menor de edad y, sin mediar provocación alguna, comenzaron a golpearlos. La madre del primo presenció lo ocurrido y llamó inmediatamente a la madre de Escalante para informarla[143]. Escalante intentó proteger a su primo menor con su propio cuerpo y, como consecuencia, fue golpeado con mayor agresividad. Más tarde, Escalante relató a su madre que, después de haber sido separado de su primo, un policía le aplicó una descarga eléctrica en el brazo, aunque no estaba oponiendo ninguna resistencia. La madre del primo, que salió de su vivienda e intentó intervenir para evitar que los policías detuvieran a su hijo, también fue golpeada por policías.

Río, quien padece una afección cardíaca grave y problemas en la columna vertebral, fue arrojado contra el lateral de un edificio, con tanta fuerza que rompió el vidrio de una ventana. Luego, fue esposado y obligado a subir en la parte trasera de una camioneta[144]. En el momento en que fue cargado en el vehículo, no pudo evitar caer y, como tenía las manos atadas, no pudo evitar caerse y golpearse la cara contra la camioneta y sufrió graves contusiones en el rostro. Escalante, su primo y los otros tres detenidos fueron subidos a la misma camioneta y golpeados durante todo el trayecto hasta una dependencia policial.

Los seis permanecieron incomunicados en una dependencia policial hasta el 21 de febrero—más de 48 horas después de su detención—, fecha en la cual fueron acusados de ocho delitos: resistencia a la autoridad, daños al patrimonio público, obstaculización de vías, instigación a delinquir, uso de adolescente para delinquir, incendio de edificaciones, intimidación pública agravada e instigación al odio[145]. A tres de los detenidos se les concedió la libertad condicional tras la acusación, mientras que Río, Vásquez y Escalante permanecieron encarcelados hasta el 8 de abril de 2014, cuando se les otorgó la libertad condicional hasta la fecha del juicio [146] .

Valencia, estado de Carabobo, 20 de febrero

El 20 de febrero de 2014, Oscar Tellechea, un estudiante de comunicaciones de 27 años que trabaja para una agencia de noticias, se encontraba tomando fotografías y cubriendo en Valencia una manifestación inicialmente pacífica, que luego se tornó violenta cuando miembros de las fuerzas de seguridad aplicaron la fuerza para dispersarla, según contó Tellechea a Human Rights Watch. Tellechea, quien dijo que en ese momento tenía puesta una gorra con el nombre de la agencia para la cual trabaja y exhibía en un lugar visible sus credenciales de prensa, señaló a Human Rights Watch que un miembro de la Guardia Nacional lo detuvo, le apuntó con un arma en la cabeza y le ordenó que borrara todas las fotografías que había en la cámara. Luego de eso, el guardia nacional le permitió que se fuera. Tellechea se estaba retirando cuando otro guardia nacional lo detuvo y le confiscó la cámara. También contó que el guardia nacional le propinó una patada mientras se alejaba[147].

Valencia, estado de Carabobo, 24 de febrero

El 24 de febrero de 2014, Marvinia Jiménez, de 36 años, de profesión costurera, fue atacada por un miembro de la Guardia del Pueblo luego de haber usado su teléfono celular para filmar el momento en que oficiales arrojaban cartuchos de gases lacrimógenos a manifestantes [148] .

Un guardia vio a Jiménez e intentó quitarle el teléfono, pero esta lo arrojó a bastante distancia para que no pudiera tomarlo, según indicó Jiménez en varias oportunidades en que contó el ataque sufrido. Inmediatamente después, una integrante de la Guardia del Pueblo la arrojó al asfalto, la inmovilizó sentándose encima de ella, le propinó golpes, le pegó reiteradas veces en la cabeza con un casco, la escupió y la mordió. La golpiza fue filmada y fotografiada por varios testigos, cuyas imágenes corroboran su relato. Jiménez presentaba graves contusiones en varias partes del rostro y la cabeza, y debió usar un cuello ortopédico para recuperarse de las lesiones [149] .

Tras la golpiza, Jiménez fue esposada, pero los guardias no le indicaron por qué estaba siendo arrestada. A las 2 p.m., fue llevada a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde permaneció detenida junto a otras tres personas que habían sido golpeadas por guardias, incluido un hombre que estaba vomitando sangre a causa de las heridas, según contó Jiménez. Alrededor de las 6 p.m., fue trasladada para recibir atención médica básica y, posteriormente, fue llevada a una dependencia policial donde pasó la noche durmiendo en el piso.

Según contó Jiménez, a la mañana siguiente, un hombre que se identificó como representante de la Defensoría del Pueblo [150] le pidió que firmara un documento en el cual declaraba que se encontraba en perfecto estado de salud. Jiménez se rehusó a hacerlo e informó que tenía un fuerte dolor de cabeza, a lo cual el hombre le respondió: “Ese no es mi problema, porque yo estoy aquí para certificar que tú no tienes nada” [151] .

Caracas, 3 de marzo

El 3 de marzo, a las 12:30 p.m., el estudiante universitario Pedro González, de 24 años, acudió al departamento de un amigo cerca de la Plaza Altamira, una plaza pública donde se habían desarrollado habitualmente protestas en Caracas[152]. Él y su amigo pasaron la tarde en el departamento. Alrededor de las 5:30 p.m., cuando los vientos lacrimógenos comenzaron a ingresar al departamento, González bajó a tomar aire al patio cercado del edificio. Aproximadamente una decena de otros residentes también habían descendido al patio, incluidos varios que se juntaron en la entrada del edificio. Desde ese lugar miraban hacia la calle y, cerca de las 5:55 p.m., observaron a policías que arrojaban gases lacrimógenos y disparaban perdigones a manifestantes, y también a manifestantes que lanzaban a los policías los cartuchos de los gases lacrimógenos y también piedras.

González afirma que estaba parado en el patio cuando cinco o seis miembros de la Policía Nacional entraron por la fuerza al edificio. Mientras se daba vuelta para escapar, varios policías lo tomaron y, aunque no opuso resistencia, lo arrojaron al suelo y lo arrastraron fuera del edificio.

El ingreso por la fuerza de los policías en el edificio de departamentos, así como el arresto arbitrario de González sin justificación aparente, fueron registrados en, al menos, cuatro videos, tomados desde distintos puntos estratégicos, que corroboran su versión de lo ocurrido. Los videos incluyen: filmaciones tomadas por cámaras de seguridad dentro del edificio (una enfocada hacia el patio y otra hacia la entrada del edificio); una grabación de un camarógrafo profesional, que estaba parado en la puerta del edificio cuando los policías irrumpieron y aprehendieron a González; y una filmación de un video amateur tomada desde un departamento en uno de los pisos superiores del mismo edificio[153]. González proporcionó a Human Rights Watch los cuatro videos.

Uno de los videos de seguridad muestra a González dando vueltas por el patio cercado minutos antes de su arresto, y luego caminando hacia la entrada del edificio. De repente, varios residentes comienzan a huir de la entrada del edificio en dirección al patio, entre ellos González. Los siguen de cerca policías uniformados, y dos de ellos toman a González, lo arrojan al suelo y lo arrastran fuera del edificio.

La grabación de video del camarógrafo profesional que estaba en la entrada del edificio de departamentos muestra a policías lanzando gases lacrimógenos a manifestantes en la calle, quienes responden arrojándoles piedras. Luego se ve al menos a un manifestante que pasa velozmente junto al camarógrafo en dirección al interior del edificio. A continuación, el video capta el momento en que policías arremeten contra la entrada del edificio, aprehenden a González y lo arrastran por la fuerza hacia afuera.

González fue llevado hasta un vehículo policial que estaba en las cercanías, donde fue amenazado de muerte por policías, quienes le dijeron: “¿Así vas a lanzar piedras? Te vas a arrepentir”. Los policías tomaron su teléfono celular, billetera, llaves y su mochila y lo mantuvieron incomunicado en el Helicoide hasta el día siguiente. Durante ese período, permaneció esposado a otras dos personas.

En su audiencia, que se llevó a cabo el 5 de marzo, aproximadamente a las 5 p.m., la fiscalía afirmó que había arrojado piedras a la policía y se lo acusó de instigación al desorden público y resistencia a la autoridad. Según contó, las únicas pruebas presentadas contra él fueron alambres supuestamente encontrados en la zona. El juez le advirtió que revocaría el beneficio de libertad condicional si participaba en cualquier protesta en el futuro.

Barquisimeto, estado de Lara, 7 de marzo

El 7 de marzo, Willie David Arma Menéndez, de 29 años, estaba en la esquina de su vivienda en Barquisimeto con tres amigos, cuando vio a varios miembros de la Guardia Nacional que conducían hacia ellos en vehículos y motocicletas oficiales[154]. Arma y sus amigos giraron y empezaron a correr para alejarse. Mientras corría, Arma recibió un disparo detrás del cuello y cayó al suelo. Tres miembros de la Guardia Nacional lo detuvieron y comenzaron a arrastrarlo hacia un vehículo oficial. Según contó a Human Rights Watch, a pesar de que no ofreció resistencia otros guardias nacionales le dispararon varias veces más.

Diversos informes médicos examinados por Human Rights Watch indican que Arma fue alcanzado por 14 perdigones en diferentes partes del cuerpo, incluido el cuello, la pierna, el estómago y la cadera derecha[155]. Seis de los perdigones quedaron incrustados en el cuerpo y tuvieron que ser extraídos por médicos, lo cual sugiere que le dispararon desde muy corta distancia.

Arma fue retenido dentro de un vehículo de la Guardia Nacional casi una hora, durante la cual tres guardias nacionales lo golpearon empleando sus cascos y las culatas de sus fusiles, le propinaron patadas y le colocaron un trapo en la boca. Mientras lo agredían, los miembros de la Guardia Nacional le preguntaban: “¿Quién es tu presidente?”. Arma dijo que, sin importar cuál fuera la respuesta, los oficiales continuaban golpeándolo.

Los guardias nacionales lo llevaron luego al Destacamento 47, donde lo obligaron a sentarse con la cabeza entre las piernas durante aproximadamente cuatro horas, transcurridas las cuales fue liberado sin que se presentaran cargos. A pesar de que presentaba varias heridas de perdigones, no recibió atención médica durante su detención.

Caracas, 14 de marzo

El 14 de marzo de 2014, el fotógrafo Rafael José Montilla Isturiz, de 35 años, quien trabaja para una agencia de noticias que proporciona información a un periódico ruso, fue detenido por miembros de la Guardia Nacional mientras filmaba una manifestación en Plaza Altamira, Caracas[156].

De acuerdo con Montilla, quien es rastafari y usaba las trenzas características hasta la cintura, un guardia nacional le jaló el cabello, lo arrojó al suelo y le quitó el bolso. A pesar de que dijo que era periodista, el guardia nacional le quitó la cámara y lo detuvo. Fue trasladado en un vehículo oficial hasta un establecimiento militar. Al llegar, Montilla fue llevado, con las manos esposadas, a una cocina donde un guardia nacional le dijo que le cortarían el cabello “para que seas un hombre”. El guardia nacional le cortó el cabello, frente a otros que reían, a pesar de que él les explicó que las rastas estaban estrechamente ligadas a sus creencias religiosas como miembro del movimiento Rastafari[157].

Fue llevado ante un juez el 16 de marzo, junto con otras 13 personas que habían sido detenidas ese día. Un fiscal acusó a todas estas personas, incluido Montilla, de instigación pública, obstaculización de la vía pública y resistencia a la autoridad. Dos de ellas también fueron acusadas de "detención" de sustancias incendiarias. A pesar de que diferentes abogados particulares sostuvieron que los acusados habían sido detenidos arbitrariamente o sufrido abusos, el juez ratificó todos los cargos, y dispuso la libertad condicional de los 14 detenidos[158].

Valencia, estado de Carabobo, 21 de marzo

El 21 de marzo de 2014, aproximadamente a las 12 p.m., Daniela Rodríguez estaba filmando una manifestación con su teléfono celular cerca de su vivienda en el municipio de San Diego, en Valencia, cuando se desataron hechos de violencia entre miembros de la Policía de Carabobo y manifestantes[159].

Según indicó un testigo entrevistado por Human Rights Watch, Rodríguez corrió a su vivienda y cerró el portón detrás de ella. Aproximadamente 30 policías y miembros del SEBIN habrían ingresado por la fuerza en su vivienda y detuvieron a Daniela y a su hermano, Luis Rodríguez. Según el Foro Penal Venezolano, ambos obtuvieron la libertad condicional el 23 de marzo[160].

El testimonio del testigo fue corroborado por fotografías de la detención policial de los hermanos Rodríguez que fueron publicadas en Internet y en Twitter por otros testigos, y en las cuales se ve a oficiales uniformados[161]. A su vez, el testigo llevó a Human Rights Watch a la vivienda de la familia de Rodríguez en Valencia el 23 de marzo (dos días después del incidente), y mostró el lugar en que el portón había sido roto por agentes de seguridad gubernamentales[162].

Caracas, 22 de marzo

El 22 de marzo, aproximadamente a las 4:30 p.m., miembros de la Guardia Nacional allanaron la vivienda de la periodista Mildred Manrique, de 31 años, que había estado cubriendo las protestas desde el 12 de febrero y vive justo en frente de la Plaza Altamira en Caracas. Alrededor de 20 miembros de la Guardia Nacional ingresaron por la fuerza en su departamento tras romper la puerta y allanaron su vivienda durante dos horas, sin mostrar a Manrique la correspondiente orden judicial[163].

Manrique contó a Human Rights Watch que el general a cargo del allanamiento le dijo que debía acompañarlos porque habían encontrado “material de guarimba y eso es terrorismo”. En la entrada de su vivienda, un general manifestó a la prensa que habían encontrado “elementos que vinculan a actividades que no son de una actuación pacífica” y mencionó que se habían incautado como prueba sillas similares a las que supuestamente se habían arrojado a miembros de la Guardia Nacional más temprano ese mismo día, guantes que se utilizaron para manipular cartuchos de gases lacrimógenos, máscaras antigás, una computadora y material de propaganda “en contra del gobierno legalmente constituido”[164]. Según Manrique, se llevaron cuatro computadoras, máscaras antigás que llevaba al trabajo y que su familia se colocaba dentro de la vivienda cuando las fuerzas de seguridad usaban gases lacrimógenos en Plaza Altamira, algunas camisetas con propaganda política del partido oficialista y de partidos de oposición (que, según dijo, obtuvo en diferentes actos a los cuales asistió en calidad de periodista) y guantes de abrigo.

Manrique permaneció detenida durante dos horas y media en el Comando Regional 5, pero a poco de que comenzó a circular en los medios sociales la noticia sobre su arresto, le dijeron que se encontraba allí “en calidad de testigo”, si bien nunca le explicaron cuál era el hecho que había presenciado y que ameritaba que estuviera allí. Fue llevada a una oficina, se le pidió que respondiera varias preguntas acerca de quiénes vivían en su departamento y lo sucedido ese día antes del allanamiento y, tras firmar una “declaración”, se le permitió retirarse[165].

Casos vinculados con pandillas armadas partidarias del gobierno

Caracas, 12 de febrero

El 12 de febrero, a las 9:30 p.m., aproximadamente 20 hombres con vestimenta negra y el rostro cubierto se llevaron por la fuerza a Inti Rodríguez, coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una organización de derechos humanos venezolana, cuando salía de su oficina en el centro de Caracas[166].

Rodríguez dijo a Human Rights Watch que los hombres lo llevaron en una motocicleta sin placa al sector “23 de enero”, un zona en la parte occidental de Caracas presuntamente controlada por pandillas armadas partidarias del gobierno. Según contó Rodríguez, los hombres lo retuvieron por dos horas, durante las cuales le propinaron golpes y patadas y amenazaron con matarlo a él y a su familia. Los hombres revisaron los contactos de su teléfono celular, le pidieron información sobre las personas que trabajan en PROVEA y lo interrogaron sobre el trabajo de derechos humanos que desarrolla la organización. Antes de dejarlo ir, los hombres confiscaron su documento de identidad y le dijeron: “Sabemos quién eres y donde vive tu familia. Si denuncias y te pones a hablar guevonadas los vamos a quebrar”[167].

Según Rodríguez, los hombres no se identificaron en ningún momento, pero el líder del grupo empleaba jerga policial, y pudo escuchar conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con miembros de fuerzas de seguridad[168].

Valencia, estado de Carabobo, 18 de febrero

El 18 de febrero —menos de 48 horas después de que el gobernador de Carabobo instara a través de Twitter a grupos pro gobierno a que desplegaran un “rápido contraataque”— Ángel Enrique Parra, de 37 años, participó en una manifestación pacífica en la cual cerca de 20.000 personas marcharon hacia el Palacio de Justicia en Valencia[169]. Al concluir la manifestación, un grupo de aproximadamente 150 personas emprendieron la retirada por las mismas calles donde habían marchado hacia el Palacio de Justicia.

Mientras Parra y otras personas caminaban de regreso, un grupo de civiles que vestían camisetas rojas —el color normalmente asociado con quienes apoyan al partido gobernante— les gritó “fascistas” y “escuálidos”, mientras entonaban cánticos que decían “Chávez vive, la lucha sigue”. Parra dijo a Human Rights Watch que todos los manifestantes levantaron las manos para mostrar que no tenían armas y siguieron caminando. No pasó mucho tiempo hasta que vieron a otro grupo de alrededor de una decena de civiles con camisetas rojas, que estaban sentados en sus motocicletas. Todos portaban armas de fuego, y tenían el rostro cubierto con paños rojos.

Parra dijo que él y los demás manifestantes giraron al llegar a una esquina, y comenzaron a correr para alejarse de los hombres armados. Mientras corría, relató, oyó varios disparos y fue alcanzado por una bala en la espalda. Human Rights Watch revisó un informe médico —junto con una radiografía y fotografías de las heridas causadas por el disparo— donde se indica que una bala había ingresado por su espalda y se había alojado en el tórax[170].

Parra dijo a Human Rights Watch que otros manifestantes lo llevaron a un hospital, donde vio, por lo menos, a otras seis personas que llegaban con heridas de armas de fuego infligidas durante el mismo incidente[171].

Uno de los manifestantes heridos que llegó al hospital fue la estudiante Génesis Carmona, de 22 años, que había recibido un disparo en la cabeza. Según un estudiante que estaba cerca de Carmona durante la protesta, un grupo de civiles armados que habían llegado en motocicletas —algunos de los cuales vestían camisetas rojas— abrieron fuego e hirieron a Carmona. El estudiante trasladó a Carmona en una motocicleta hasta un hospital[172]. Según indicó el médico que la atendió, Carmona llegó a la sala de emergencias con una bala alojada en la cabeza, que le había fracturado el cráneo y provocado graves lesiones cerebrales. Carmona murió a causa de la herida al día siguiente[173].

A pesar de fotografías publicadas en las redes sociales que muestran a civiles armados presuntamente apuntando armas de fuego hacia manifestantes[174], el Ministro de Justicia Miguel Rodríguez Torres expresó el 19 de febrero que Carmona había muerto “por una bala que salió de sus propias filas”[175].

Barquisimeto, estado de Lara, 20 de febrero

La noche del 20 de febrero, el chef Jesús María Toval, de 38 años, participaba en un cacerolazo con un grupo de vecinos dentro la urbanización donde vive en Barquisimeto. Un grupo de aproximadamente seis hombres armados, que usaban chalecos negros, aparcó una camioneta blanca en la puerta del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional, ubicado frente a la urbanización de Toval, según relató la esposa de este, Angélica Rodríguez, quien en ese momento estaba en el interior de su vivienda. Un vecino que es partidario del gobierno abrió el portón de la urbanización a los hombres[176].

Los hombres armados ingresaron a pie a la urbanización, tomaron a Toval por los brazos, lo rodearon y lo llevaron a la dependencia de la Guardia Nacional, contó la esposa. Mientras lo sacaban por la fuerza de la urbanización, lo llamaban “fascista” y le gritaban “¡Estás muerto!”.

Rodríguez —quien salió de la vivienda luego de que los hombres se llevaron arrastrando a su esposo— compartió con Human Rights Watch un video en su teléfono celular, en el cual se ve a varios hombres llevando por la fuerza a una persona por la calle mientras los vecinos les gritan que lo dejen ir. En el video, se puede ver una camioneta blanca aparcada frente a la dependencia de la Guardia Nacional. Rodríguez dijo a Human Rights Watch que el hombre del video era su esposo[177].

Después de que los hombres entregaron a Toval a la Guardia Nacional, fue trasladado por miembros de esta fuerza al Destacamento 47, donde fue mantenido incomunicado durante tres días. En ese lapso, fue golpeado por miembros de la Guardia Nacional, quienes amenazaron con transferirlo a una prisión donde, según le advirtieron, pasaría el resto de su vida[178].

La mañana después de su detención, el 21 de febrero, Rodríguez visitó el destacamento y preguntó si Toval estaba allí, pero el guardia nacional que la atendió le dijo que no tenían una lista con los nombres de los detenidos. Dos horas más tarde, y solamente después de que Rodríguez tuviera una crisis de llanto, otro guardia nacional se le acercó y le dijo en privado que efectivamente Toval estaba detenido allí. No obstante, ni a Rodríguez ni al abogado de Toval se les permitió verlo hasta el 23 de febrero, cuando finalmente fue llevado ante un juez.

Durante su detención, Toval fue obligado a permanecer de pie delante de una pared blanca, mientras que en el piso alrededor suyo había decenas de botellas de vidrio y alambres, para tomarle fotografías [179] . La fotografía luego se distribuyó a través de Twitter —presuntamente por alguien dentro de la Guardia Nacional o un partidario del gobierno— utilizando el hashtag #TROPA De Chávez. El tuit decía: “Este pacífico estudiante de Barquisimeto, detenido hoy x la GNB, cuando iba a clase, con 72 Molotov, 150 Miguelitos”[180].

En la audiencia celebrada el 23 de febrero, un fiscal acusó a Toval de instigación pública, intimidación pública y asociación para delinquir, sobre la base de pruebas falsas que, según aseveró su esposa, habían sido sembradas, incluidos cócteles Molotov y miguelitos. La jueza ratificó los cargos, pero le otorgó la libertad condicional. Una de las condiciones para concederle este beneficio fue que no participara en ninguna manifestación ni hablara sobre lo sucedido[181].

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 24 de febrero

Sandro Rivas , de 30 años, asistió a un acto de la oposición la mañana del 24 de febrero en San Antonio de los Altos. Contó a Human Rights Watch que partidarios del gobierno organizaron una contramarcha cerca de allí. Rivas mantuvo una discusión con un partidario del gobierno que terminó en una pelea de puños y en la cual resultó herido. Otro manifestante le ofreció llevarlo a su casa en motocicleta[182].

Mientras se iban de la zona de la protesta, Rivas y el conductor fueron interceptados por una camioneta, que llevaba a dos hombres en la parte delantera y a otros dos en la parte trasera, todos con armas cortas. Los hombres obligaron a Rivas y al conductor, a punta de pistola, a subir a la parte trasera y les levantaron las camisas para cubrirles la cabeza. Mientras circulaban en el vehículo, golpearon reiteradamente a ambos hombres y amenazaron con matarlos. Minutos más tarde, llegaron a un puesto de control de la Guardia Nacional, donde los hombres armados entregaron a Rivas y al conductor a guardias nacionales. Dijeron que Rivas y el otro detenido habían estado guarimbeando y que habían cortado una calle. Los guardias nacionales en ningún momento les preguntaron a él ni al otro detenido dónde habían sido llevados, y tampoco cuestionaron la identidad de los hombres armados que los habían entregado, a quienes parecían reconocer, dijo Rivas.

Rivas y el otro hombre fueron esposados por los guardias nacionales y subidos a un vehículo oficial. En un momento, el vehículo se detuvo y otro guardia nacional los alcanzó diciendo: “Métele esto” y arrojó miguelitos en el interior del automóvil. Fueron conducidos al Comando Regional 5, donde Rivas fue llevado a una sala pequeña. Allí, miembros de la Guardia Nacional le golpearon la cabeza contra una pared, le dieron un puñetazo en el ojo, y lo golpearon reiteradas veces en la espalda con la culata de un fusil.

Luego Rivas fue llevado a un área con otros 17 detenidos —entre ellos, dos mujeres y un joven— y permaneció en ese lugar durante aproximadamente cuatro o cinco horas. Los detenidos fueron llevados posteriormente a dependencias de la SEBIN para ser interrogados. Allí, Rivas fue sometido a un examen médico y fue entrevistado por un fiscal. Con posterioridad, los detenidos fueron trasladados al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM), donde pasaron la noche. Los 16 detenidos de sexo masculino estaban esposados unos a otros formando una sola cadena humana, y las esposas tampoco les fueron quitadas para dormir esa noche en los colchones que había en el suelo, contó Rivas.

Rivas y los demás detenidos estuvieron incomunicados hasta el momento en que fueron llevados ante un juez al día siguiente. Solamente se le permitió hablar con un abogado durante 15 minutos antes de su audiencia, en la cual los 18 detenidos fueron acusados por los mismos delitos sobre la base de las mismas pruebas que, según señaló, consistían en algunos cables y miguelitos que las fuerzas de seguridad les habían colocado después de la detención. Los detenidos fueron acusados de siete delitos, entre ellos, resistencia a la autoridad, protestar de manera violenta, cortar la vía pública y terrorismo, conforme indicó Rivas.

Caracas, 12 de marzo

El 12 de marzo, aproximadamente a la 1 p.m., José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, su amigo Carlos Spinetti, de 39 años, y otros dos amigos estaban caminando en las proximidades de la Plaza Venezuela en Caracas, donde a poca distancia de allí se llevaría a cabo un acto en apoyo al gobierno más tarde ese día [183] .

Dos hombres armados vestidos de civil interceptaron a Spinetti, que caminaba detrás de sus otros tres amigos. Cuando Ostermann advirtió que su amigo había quedado atrás, se dio vuelta para ver lo que estaba ocurriendo. A medida que Ostermann se acercaba, escuchó a los hombres diciendo que habían visto a Spinetti tomar fotografías de ellos y de otros manifestantes pro gobierno con su teléfono celular, y que querían ver las imágenes. Spinetti dijo que no había tomado ninguna fotografía, sino que había estado intercambiando mensajes de texto con su novia, según contó Ostermann.

Luego, sin que hubiera provocación, uno de los hombres le pegó un puñetazo en la cabeza a Ostermann. Otro hombre golpeó a Spinetti, y en cuestión de segundos fueron rodeados por aproximadamente 10 hombres. Ostermann contó que los hombres les propinaron patadas a él y a Spinetti varias veces, y los golpearon en la cabeza con cascos de motocicleta. Todos los hombres llevaban armas cortas. El hombre que aparentemente daba las órdenes usaba un casco de motocicleta negro y una camisa celeste sobre un chaleco antibalas; y otro usaba una chaqueta que decía “Milicia Venezolana”. Tres miembros de la Guardia Nacional, que también estaban en el círculo, observaban mientras los dos eran golpeados y luego se alejaron caminando. En ese momento, dijo Ostermann a Human Rights Watch, creyó que los hombres que los estaban agrediendo eran policías, ya que estaban armados y en compañía de miembros de la Guardia Nacional.

Para entonces, un grupo de entre 30 y 40 partidarios del gobierno se habían congregado en torno a Ostermann y Spinetti, y les proferían insultos, muchos de ellos de índole política. Los llamaron traidores a la patria y “manitos blancas” (insinuando que eran de clase alta), y les decían que la “oposición” utilizaba la violencia mientras que los partidarios del gobierno eran pacíficos. En un momento, uno de los hombres armados preguntó a otro: “¿Qué hacemos con estos dos manitos blancas? ¿Los terminamos allá o los llevamos a otro lado?”

Uno de los hombres armados pidió a Ostermann y a Spinetti sus documentos de identidad, y que indicaran su domicilio. El hombre, a su vez, transmitió esta información por medio de un walkie-talkie que llevaba con él. Dijo que su grupo había detenido a los hombres, e informó donde se encontraban. Que el hombre se comunicara con terceros por walkie-talkie hace suponer que el grupo pertenecía a una red más amplia, y que sus acciones estaban coordinadas. Los hombres armados colocaron a Ostermann y a Spinetti contra una pared y les tomaron varias fotografías. No indicaron para qué pensaban utilizar las fotografías. En varias de las fotografías, obligaron a Spinetti a posar sosteniendo un arma corta que le colocaron deliberadamente, y que luego volvieron a quitarle, dijo Ostermann.

A continuación, los hombres armados llevaron a Ostermann y a Spinetti a un puesto de la policía del municipio Libertador, donde los entregaron. Según Ostermann, los hombres armados mantuvieron una breve conversación con aproximadamente ocho o nueve policías que estaban allí reunidos, cuyo contenido no pudo escuchar, y luego se retiraron. Sin embargo, Ostermann dijo que por el modo en que se dirigían los unos a los otros, no parecía que fuera la primera vez que se veían.

Luego Ostermann y Spinetti fueron trasladados por policías a una comisaría de la policía, donde un oficial les pidió sus identificaciones. El diálogo que mantuvieron a continuación fue relatado por Ostermann a Human Rights Watch: Cuando Ostermann dijo que habían entregado sus identificaciones a los policías vestidos de civil que los habían interceptado, el policía respondió que no eran policías. “Todos los policías tienen la obligación de andar uniformados y de tener su nombre visible”, dijo el policía, quien les informó que los hombres armados pertenecían a un “colectivo. Cuando Osterman preguntó cómo era posible que se permitiera que hombres armados detuvieran a personas al azar y las entregaran a la policía, el policía respondió: “Desafortunadamente son los colectivos los que están mandando [afuera]”. Ostermann preguntó al policía cómo era posible que se permitiera que estos hombres actuaran. En voz baja, para que otros no pudieran escucharlo, el policía dijo a Ostermann y a Spinetti: “por órdenes superiores no podemos proceder contra estos grupos”. El policía agregó que si detuvieran a estos “colectivos”, perderían su trabajo.

Ostermann y Spinetti fueron sentados, con las manos esposadas, en un banco junto a la entrada de la comisaría de la policía. Ostermann dijo que, después de aproximadamente 30 minutos, vio que cinco motocicletas ingresaban en el patio frente a la dependencia. Reconoció a dos de los conductores como algunos de los hombres que los habían atacado, incluidos el líder que vestía camisa celeste, chaleco antibalas y casco negro, y el hombre que usaba la chaqueta con la leyenda “Milicia Venezolana”.

En la parte trasera de una de las motocicletas estaba sentado un joven que tenía las muñecas atadas con los cordones de su calzado. Los miembros de la pandilla armada hablaron brevemente con varios policías, entregaron al joven atado y luego se fueron. El joven fue posteriormente sentado junto a Ostermann y Spinetti, y les contó que había sido llevado sin ninguna explicación y que lo habían golpeado igual que a ellos.

Después de alrededor de dos horas, los tres detenidos fueron trasladados a la comandacia de la policía, donde se verificó si tenían antecedentes penales. Luego fueron llevados al CICPC y a los servicios de inmigración para efectuar verificaciones similares. Ostermann indicó que los dos oficiales que los trasladaron incluso se disculparon por su detención y dijeron que autoridades municipales habían dado al colectivo que se había llevado a los tres “luz verde para detener”. Según contó Ostermann, los oficiales dijeron que estaban “atados de las manos” y que, por órdenes de sus superiores, no podían hacer nada para frenar a los colectivos.

Ostermann y Spinetti finalmente fueron llevados nuevamente a la comandancia policial, donde se les pidió que ofrecieran una declaración de lo ocurrido, y luego fueron fotografiados con un letrero donde se indicaban sus nombres y debajo de estos “guarimbero” (palabra coloquial utilizada para referirse a personas que organizan una guarimba, el término que utiliza el gobierno para referirse a barricadas opositoras). Ostermann dijo que la fotografía para el archivo policial fue tomada a pesar de que no habían sido detenidos en una barricada. Si bien su versión dejó en claro que habían sido golpeados y llevados por la fuerza por una pandilla armada partidaria del gobierno, a plena vista de dos miembros de la Guardia Nacional —y que los miembros de la pandilla habían estado en contacto directo con varios policías municipales en dos lugares—, la Policía no dejó asentada una denuncia formal de Ostermann, ni informó las presuntas violaciones de derechos humanos que había sufrido a la fiscalía.

Valencia, estado de Carabobo, 12 de marzo

El 12 de marzo, Lisandro Barazarte, de 40 años, quien se desempeña como fotoperiodista para el periódico Notitarde en Valencia, fue enviado por editores a cubrir una protesta en la urbanización La Isabélica. Contó que, cuando llegó al lugar aproximadamente a la 1 p.m., se estaba produciendo un enfrentamiento entre aproximadamente 50 a 100 manifestantes, por un lado, y cerca de la misma cantidad de civiles que apoyaban al gobierno, por el otro[184]. No había presencia de guardias nacionales ni policías en las cercanías. Barazarte dijo que en varias oportunidades personas en la facción pro gobierno, muchas de las cuales tenían el rostro cubierto con pañuelos, dispararon armas de fuego en dirección a manifestantes. También vio a algunos manifestantes arrojar piedras a quienes apoyaban al gobierno.

Barazarte notó que varios de los partidarios del gobierno que estaban armados llevaban camisetas con logotipos de organismos del gobierno, incluidas Industrias Diana[185] y Petrocasa[186], los cuales podían verse en las fotografías que tomó.

Barazarte dijo que el enfrentamiento se produjo aproximadamente a 60 u 80 metros del Comando Regional Número 2 de la Guardia Nacional. Los disparos, según señaló, habían comenzado antes de que él llegara, y hombres armados que apoyaban al gobierno continuaron disparando a manifestantes durante el período de 25 minutos en el cual él tomó fotografías. Barazarte dijo que sin duda los disparos habrían podido ser escuchados por miembros de la Guardia Nacional que estaban apostados en las proximidades, pero que igualmente no respondieron, lo cual sugiere que optaron por no intervenir. Al menos ocho personas resultaron heridas, y dos fueron asesinadas, en el marco de la manifestación en La Isabélica y en zonas aledañas.

Diversas fotografías tomadas por Barazarte aparecieron en la edición impresa de Notitarde del 13 de marzo, acompañadas por un artículo periodístico que comentaba la manifestación y los muertos y heridos entre los participantes[187]. En las imágenes se ve a partidarios del gobierno armados que circulan a pie y en motocicletas y disparan a manifestantes; una serie de fotografías muestra a un hombre con una camisa de un organismo gubernamental (Petrocasa) que cubre su rostro con otra camiseta; y en otras fotografías se podía ver, por lo menos, a cuatro hombres armados vestidos de civil que disparaban hacia los manifestantes. A las 10 a.m., el periódico recibió la primera de varias amenazas de muerte telefónicas dirigidas, en palabras de la persona que llamó, a “el fotógrafo que tomó las fotografías” en el periódico de ese día, según contó el editor-jefe de Notitarde, Francisco Briceño. “Ya lo tenemos identificado”, dijo la persona a quien atendió en Notitarde, “Lo vamos a matar”[188]. También vecinos de Barazarte le dijeron haber escuchado que lo iban a matar [189] .

Esa tarde, miembros del CICPC llamaron al periódico, indicaron que deseaban hablar con Barazarte y solicitaron copias de las fotografías que habían aparecido en el periódico, según señaló Briceño [190] . Briceño dijo a la Policía que si querían entrevistar a Barazarte y obtener copias de las fotografías, debían enviar una solicitud formal por escrito a Notitarde. Esa misma tarde enviaron dos solicitudes[191]. El primer documento solicitaba que Barazarte compareciera ante el Ministerio Público “en condición de testigo”, en relación con una investigación penal en curso[192]. El segundo documento solicitaba “las impresiones fotográficas a todo color” de las fotografías que había tomado con “carácter de extrema urgencia”[193]. En la segunda solicitud se indicaba que las fotografías eran críticas para una investigación sobre “delitos contra la propiedad”, pero no se mencionaba ninguna investigación sobre las personas que resultaron heridas o murieron el día anterior.

Barazarte se presentó ante el CICPC aproximadamente las 6 p.m., acompañado por un abogado. Dijo que suponía que lo iban a interrogar sobre enfrentamientos con armas, pero en lugar de ello los investigadores le preguntaban especialmente cuántas fotografías había tomado, si otros fotógrafos habían registrado el incidente y dónde guardaba las copias originales de sus fotografías. No hicieron ninguna pregunta para determinar quiénes habían disparado, dijo Barazarte. Tampoco ofrecieron medidas de protección ni manifestaron que fueran a investigar cuando Barazarte dijo que había recibido amenazas de muerte.

El abogado que acompañó a Barazarte contó que en la entrevista los investigadores parecían estar más interesados en interrogar al fotógrafo que en determinar quiénes habían disparado a los manifestantes[194]. El abogado también dijo a Human Rights Watch que, mientras Barazarte hablaba con los investigadores, un fiscal lo llevó a un costado y le dijo que reconocía a uno de los civiles armados en las fotografías y que era unos dirigentes del sindicato de la construcción del estado de Carabobo [195] .

Según lo indicado por Briceño, el 14 de marzo el fiscal auxiliar 27 Edgar Gallego se presentó en las oficinas de Notitarde para recoger las fotografías[196]. Briceño contó que cuando le entregaron una carpeta con versiones impresas de las fotografías, el fiscal dijo que necesitaba las versiones digitales de las imágenes en un CD. Briceño dijo que el fiscal no explicó por qué necesitaba versiones digitales de las fotografías en lugar de impresas; no obstante, Briceño temía que las versiones digitales de las imágenes pudieran ser manipuladas. Briceño señaló que en la solicitud del CICPC no se habían pedido versiones digitales de las fotografías, sino solamente copias impresas, y que si los investigadores deseaban copias digitales, tendrían que presentar otra solicitud. Según contó Briceño, el fiscal se disgustó, acusó al periódico de obstruir su investigación y a continuación se retiró de la oficina furioso.

Caracas, 19 de marzo

El 19 de marzo de 2014, aproximadamente 150 estudiantes se encontraban celebrando una asamblea estudiantil en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, cuando advirtieron que ocho hombres estaban retirando un mural que los estudiantes habían armado en una pared en el octavo piso del edificio. El mural, que originalmente tenía la leyenda: “Seguridad. Libertad. Justicia. Respeto” fue cambiado por “Chávez es Libertad. Justicia. Respeto”[197].

Los estudiantes pidieron a otros compañeros y profesores que estaban en el edificio que se retiraran y enviaron a dos representantes estudiantiles afines al gobierno a hablar con los ocho hombres que estaban retirando el cartel. Cuando los estudiantes llegaron a un acuerdo con los ocho hombres para que se retiraran sin provocar incidentes, quedaban aproximadamente 50 estudiantes en el lobby. Los estudiantes aún estaban esperando que se fueran cuando otro hombre ingresó por la puerta. El hombre, que iba vestido de civil pero tenía la cabeza cubierta con un pañuelo oscuro y portaba un arma de fuego en la mano, gritó a los presentes: “¡Llegaron los colectivos, aquí estamos!”.

Tres de los estudiantes que estaban en ese momento indicaron a Human Rights Watch que el hombre lanzó dos bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio y que aproximadamente otras 20 personas vestidas de civil y con el rostro cubierto ingresaron en el lobby. Los estudiantes comenzaron a correr para huir de ellos, pero los recién llegados, entre los cuales había una mujer, los rodearon al final de un pasillo. Durante aproximadamente 20 minutos, los intrusos golpearon a los estudiantes con puños, tubos y palos de escoba, y obligaron a varios de ellos a desvestirse, mientras gritaban: “¡Guarimbero, tumba al gobierno ahora! ¡Nosotros somos el gobierno!”. 

Según contaron tres estudiantes presentes, todos los estudiantes fueron golpeados y al menos 30 resultaron heridos, incluidos tres que presentaban cortes en la cabeza, uno con fractura de tabique y otro con fractura de brazo. Human Rights Watch examinó fotografías de varios estudiantes heridos, que corroboran estas versiones[198].

Antes de retirarse, los intrusos escribieron en la pared de uno de los edificios de la universidad: “¡Esta mierda es de la izquierda!” y “¡Chávez vive!”[199]. Uno de los estudiantes dijo a Human Rights Watch que vio al menos a cuatro de los hombres que habían irrumpido en el edificio alejarse caminando sin que fueran interceptados por guardias de seguridad privada de la universidad ni bomberos que estaban apostados en la entrada del edificio.

[127] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Carlos Briceño, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. Ver también fotografías publicadas por un periódico local que corroboran aspectos centrales de lo declarado por Briceño: “Fotos y video: Jornada de protesta de los estudiantes en Barquisimeto”, La Prensa de Lara, 12 de febrero de 2014, http://www.laprensalara.com.ve/2014/02/12/fotos-y-video-jornada-de-protesta-de-los-estudiantes-en-barquisimeto/ (consultado el 12 de abril de 2014).

[128] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Carlos Briceño, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. Human Rights Watch examinó fotografías de sus lesiones y del momento en que otros manifestantes lo estaban transportando al hospital. Copias en los registros de Human Rights Watch.

[129] Ibíd.

[130] Informe médico del Dr. Víctor Manuel González del Centro Clínico Valentina Canabal, 23 de febrero de 2014. Briceño proporcionó a Human Rights Watch una copia de una radiografía en la cual se ve la bala en su columna vertebral, y una copia de una fotografía que se tomó de la bala una vez extraída de su espalda. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[131] Entrevista de Human Rights Watch con Adrián Montilla, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[132] Acta de Comparecencia, Expediente P-14-212, 24 de marzo de 2014 (en los registros de Human Rights Watch).

[133] Ibíd.

[134] Informe de Ecografía Doppler, Centro Profesional Arca, Barquisimeto, 13 de febrero de 2014. En los registros de Human Rights Watch obran copias de dos de las radiografías de la víctima.

[135] Entrevista de Human Rights Watch con Gabriel Osorio, Caracas, 24 de marzo de 2014.

[136] Informe médico de la Dra. Olivia García Fridman, Íntegra Servicios Médicos, 13 de febrero de 2014. Informe médico del Dr. Margiori Everón del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, 15 de febrero. Copia del informe, las fotografías y las radiografías obrantes en los registros de Human Rights Watch.

[137] Entrevista de Human Rights Watch con Medardo Deroy (hermano de Moisés Evencio Río), Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. Entrevista de Human Rights Watch con María Fernanda Cadena (madre de Jesús Alejandro Escalante), Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. Entrevista de Human Rights Watch con Octavio Vásquez (padre de Wilson Octavio Vásquez), Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[138] Centro de Coordinación Policial Iribarren, Acta Policial CPNB-LA-GD-0088-14, Barquisimeto, 18 de febrero de 2014, Expediente KP01-P-2014-003603, págs. 2-9 (en los registros de Human Rights Watch).

[139] Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Fiscalía Décima del Ministerio Público del Estado Lara, Expediente KP01-P-2014-003603 (en los registros de Human Rights Watch). La sede de CANTV se encuentra ubicada en la esquina de Avenida Venezuela y Calle 10, mientras que, según testigos y conforme se observa en filmaciones a las cuales accedió Human Rights Watch, los detenidos fueron arrestados en la esquina de Carrera 25 y Calle 11. Para que los detenidos hayan escapado desde CANTV hasta el lugar donde la Policía afirmó haberlos arrestado, deberían haber tomado una de las dos rutas siguientes antes de ser atrapados: 1) haber avanzado a lo largo de una cuadra entera por Avenida Venezuela, luego deberían haber girado a la izquierda en la Calle 11, y a continuación deberían haber corrido otra cuadra entera hasta el final de la calle; o 2) deberían haber avanzado a lo largo de una cuadra entera en la Calle 10, doblado a la derecha, avanzado otra cuadra entera de Carrera 25, y luego girado a la derecha nuevamente en la Calle 11. En cualquiera de los dos recorridos, la distancia habría sido significativamente mayor que “pocos metros” desde CANTV. Moisés Evencio Río no podía correr debido a problemas crónicos cardíacos y de la columna vertebral, según señaló su hermano (Medardo Deroy), de manera que no habría podido huir de la Policía si hubiera sido interceptado cerca de CANTV.

[140] Entrevista de Human Rights Watch con Medardo Deroy, 22 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con María Fernanda Cadena, 22 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con Octavio Vásquez, 22 de marzo de 2014.

[141] El video, que fue filmado por un vecino, muestra la detención de Escalante y Río, cuando son subidos a una camioneta con las manos esposadas. La calle que aparece en las imágenes revela que la detención no se produjo en el exterior del predio de CANTV, tal como afirmó la Policía, sino en otra cuadra. Posteriormente, Human Rights Watch visitó el lugar de la detención que aparece en el video —confirmado por un testigo como el lugar de detención—, y se pudo confirmar que no era directamente adyacente al predio de CANTV. Una copia del video, proporcionada por familiares de los detenidos, se encuentra en los registros de Human Rights Watch.

[142] Entrevista de Human Rights Watch con María Fernanda Cadena, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[143] Ibíd.

[144] Entrevista de Human Rights Watch con Medardo Deroy, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[145] Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Fiscalía Décima del Ministerio Público del Estado Lara, Expediente KP01-P-2014-003603 (en los registros de Human Rights Watch), págs. 199-200.

[146] Comunicación por correo electrónico enviada por Medardo Deroy a Human Rights Watch, 9 de abril de 2014.

[147] Entrevista de Human Rights Watch con Oscar Tellechea, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[148] “Marvinia Jiménez: Yo creí que me había atacado una gorila”, El Carabobeño, 2 de marzo de 2014, http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/76639/marvinia-jimnez-yo-cre-que-me-haba-atacado-una-gorila (consultado el 23 de abril de 2014); “Marvinia Jiménez nos relata cómo fue su agresión”, video de YouTube subido el 6 de marzo de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=-yRtQ2BO8Mk (consultado el 23 de abril de 2014); “Marvinia Jiménez. Testimonio. Agredida por Guardia del Pueblo. La Isabélica. Carabobo”, video de YouTube subido el 28 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=yaHDpKyZTsA (consultado el 23 de abril de 2014). Human Rights Watch se entrevistó con abogados del Foro Penal Venezolano y del Colegio de Abogados del estado de Carabobo que colaboran con la defensa de Jiménez, quienes corroboraron los datos sobre su detención y la grave golpiza sufrida. Entrevista de Human Rights Watch con abogados del Foro Penal Venezolano, Caracas, 19 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con abogado del Colegio de Abogados del estado de Carabobo, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[149] “GNB que golpeó brutalmente a Marvinia Jiménez sigue libre”, 14 de marzo de 2014, La Patilla, http://www.lapatilla.com/site/2014/03/14/gnb-que-golpeo-brutalmente-a-marvinia-jimenez-se-encuentra-libre/ (consultado el 23 de abril de 2014); “Marvinia Jiménez: una víctima que el Sistema desprecia en Venezuela”, video de YouTube subido el 28 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=d1eyCZ2cFNw (consultado el 23 de abril de 2014).

[150] La Defensoría del Pueblo es una institución gubernamental oficial creada en 1999 para la promoción y defensa de derechos humanos consagrados en la constitución venezolana y en tratados internacionales de derechos humanos.

[151] “Marvinia Jiménez: Yo creí que me había atacado una gorila”, 2 de marzo de 2014, El Carabobeño, http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/76639/marvinia-jimnez-yo-cre-que-me-haba-atacado-una-gorila (consultado el 23 de abril de 2014): “Ese no es mi problema, porque yo estoy aquí para certificar que tú no tienes nada.”

[152] Entrevista de Human Rights Watch con Pedro González (seudónimo), Caracas, 24 de marzo de 2014. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

[153] Cuatro videos proporcionados por González a Human Rights Watch. Copias en los registros de Human Rights Watch.

[154] Entrevista de Human Rights Watch con Willie David Arma Menéndez, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[155] Informe médico del Dr. Jorge Luis Pico, 7 de marzo de 2014. En los registros de Human Rights Watch obran copias del informe y las fotografías de las lesiones de Arma.

[156] Acta de audiencia, 16 de marzo de 2014, firmada por el juez Dr. Franx Ceballos Soria y la fiscal Mereys Lucena. Copia en los registros de Human Rights Watch. Entrevista de Human Rights Watch con Nizar El Fakih, abogado presente en la audiencia, Caracas, 19 de marzo de 2014.

[157] Acta de audiencia, 16 de marzo de 2014, firmada por el juez Dr. Franx Ceballos Soria y la fiscal Mereys Lucena. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[158] Ibíd.

[159] Entrevista de Human Rights Watch con testigo, Valencia, 23 de marzo de 2014. La identidad del testigo se mantiene bajo reserva para proteger su seguridad.

[160] El Foro Penal Venezolano es una red de abogados penalistas de diferentes estados de Venezuela que han estado trabajando ad honórem en la defensa de personas detenidas en el marco de protestas o en las proximidades de protestas desde el 12 de febrero. Su sitio web ofrece una base de datos que permite hacer búsquedas y contiene información básica de personas detenidas, que incluye nombre, número de documento de identidad, fecha y lugar de detención, fecha en que fueron puestas en libertad (cuando corresponde) y si el detenido obtuvo libertad condicional. Base de datos del Foro Penal Venezolano, http://foropenal.com/listadetenidos (consultada el 16 de abril de 2014).

[161] Tuit de @Reporte Ya, 21 de marzo de 2014, https://twitter.com/ReporteYa/status/447079118166052864 (consultado el 13 de abril de 2014). Tuit de @Venezuelan Truth, 22 de marzo de 2014, https://twitter.com/VenezuelanTruth/status/447392427595161600 (consultado el 13 de abril de 2014).

[162] En los registros de Human Rights Watch obran diversas fotografías del portón.

[163] Entrevista de Human Rights Watch con Mildred Manrique, Caracas, 24 de marzo de 2014.

[164] “Allanado apartamento en Altamira desde donde hirieron este sábado a GNB”, video de YouTube, subido el 22 de marzo de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=SHOp0K7JNkM (consultado el 9 de abril de 2014).

[165] Ministerio de Defensa, “Acta de Entrevista”, sin fecha. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[166] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Inti Rodríguez, 17 de febrero de 2014.

[167] “Secuestrado y agredido coordinador de medios de Provea”, comunicado de prensa de Provea, 13 de febrero de 2014, http://www.derechos.org.ve/2014/02/13/secuestrado-y-agredido-coordinador-de-medios-de-provea/ (consultado el 15 de abril de 2014).

[168] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Inti Rodríguez, 17 de febrero de 2014.

[169] El alcalde de la ciudad también señaló que la manifestación había sido pacífica hasta que los participantes fueron agredidos por disparos de hombres armados vestidos de civil. Entrevista de Human Rights Watch con Ángel Enrique Parra, Valencia, 23 de marzo de 2014; “Comunicado del Alcalde de Valencia”, sin fecha, https://twitter.com/PProgreso/status/436574592585322497/photo/1 (consultado el 18 de abril de 2014).

[170] Informe médico del Dr. Oswaldo Reyes del Centro Médico Dr. Rafael Guerra Méndez, 18 de febrero de 2014. Copia del informe médico y fotografías de radiografías y heridas en los registros de Human Rights Watch.

[171] Entrevista de Human Rights Watch con Ángel Enrique Parra, Valencia, 23 de marzo de 2014. Ángel proporcionó fotografías y una lista de personas heridas con armas de fuego, que fue preparada por un académico en Valencia y que corroboran su relato.

[172] Testimonio de Gabriel Cegarra, disponible en: “Entrevista a Gabriel Cegarra Feb 2014”, video de YouTube subido el 24 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=FKhiFixL97I (consultado el 14 de abril de 2014). Relato de otro testigo disponible en: “Habla testigo de asesinato de Génesis: Unos motorizados chavistas dispararon”, Lapatilla.com, 21 de febrero de 2014, http://www.lapatilla.com/site/2014/02/21/habla-testigo-de-asesinato-de-genesis-unos-motorizados-chavistas-dispararon/ (consultado el 15 de abril de 2014).

[173]Entrevista radial con el Dr. Carlos Rosales, “Revelan parte médico de Génesis Carmona”, 20 de febrero, http://www.lafm.com.co/audios/revelan-parte-medico-de-155634 (consultado el 15 de abril de 2014); “Sala de Casación Penal evalúa pruebas en caso de Génesis Carmona”, Agencia Venezolana de Noticias, 29 de marzo de 2014, http://www.avn.info.ve/contenido/sala-casación-penal-evalúa-pruebas-caso-génesis-carmona (consultado el 15 de abril de 2014).

[174] Imagen del tuit de@GranValencia, disponible en http://www.lapatilla.com/site/2014/02/19/en-fotos-colectivos-de-paz-disparando-en-ataque-fulminante-a-marcha-donde-hirieron-de-muerte-genesis-carmona/ (consultado el 15 de abril de 2014); “Génesis Carmona Reina de belleza”, video de YouTube, subido el 22 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=2mcN5vq1KcQ (consultado el 14 de abril de 2014).

[175]“Nicolás Maduro y Miguel Rodríguez Torres sobre caso Génesis Carmona”, video de YouTube, subido el 20 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=_-abs7L2nCw (consultado el 15 de abril de 2014).

[176] Entrevista de Human Rights Watch con Angélica Rodríguez, esposa de Jesús María Toval, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[177] Ibíd.

[178] Ibíd.

[179] Ibíd.

[180] Imagen del tuit de @valeracat en los registros de Human Rights Watch:

[181] Decisión de la jueza Leila-ly Ziccarelli de Figarelli, Boleta de Libertad, 23 de febrero de 2014.

[182] Entrevista de Human Rights Watch con Sandro Rivas (seudónimo), Caracas, 21 de marzo de 2014. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

[183] Entrevista de Human Rights Watch con José Alfredo Martín Ostermann, Caracas, 24 de marzo de 2014.

[184] Entrevista de Human Rights Watch con Lisandro Barazarte, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[185]Industrias Diana es una empresa gestionada por el gobierno que fabrica aceite comestible. “Industrias Diana C.A.”, http://www.industriasdiana.gob.ve/ (consultado el 24 de abril de 2014).

[186]Petrocasa es un programa del gobierno venezolano para la construcción de viviendas asequibles con materiales producidos por Petroquímica de Venezuela (Pequiven). Una de las fábricas de Petrocasa está en el estado de Carabobo. “Comunidades transforman sus ranchos en viviendas dignas gracias a Petrocasa”, Agencia Venezolana de Noticias, http://www.avn.info.ve/contenido/comunidades-transforman-sus-ranchos-viviendas-dignas-gracias-petrocasa (consultado el 15 de abril de 2014).

[187]“Pistoleros en motos dispararon contra los manifestantes en La Isabélica”, Notitarde, 13 de marzo de 2014 (copia en los registros de Human Rights Watch); “Tres muertos y quince heridos en disturbios en La Isabélica y Mañongo”, Notitarde, 13 de marzo de 2014, http://www.notitarde.com/Valencia/Tres-muertos-y-quince-heridos-en-disturbios-en-La-Isabelica-y-Manongo/2014/03/13/313471 (consultado el 24 de abril de 2014).

[188] Entrevista de Human Rights Watch con Francisco Briceño, editor-jefe de Notitarde, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[189] Entrevista de Human Rights Watch con Lisandro Barazarte, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[190] Entrevista de Human Rights Watch con Francisco Briceño, editor-jefe de Notitarde, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[191] Ibíd.

[192] Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público, Oficio 08-F27-0593-2014, solicitud enviada al director de Notitarde, Laurentzi Odriozola Echegaray, 13 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[193] CICPC, oficio número 9700-080-01512, expediente K-014-0080-01668, solicitud enviada al director de Notitarde, 13 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[194] Entrevista de Human Rights Watch con Alfonzo Granadillos, vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[195] Ibíd.

[196] Entrevista de Human Rights Watch con Francisco Briceño, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[197] Entrevista de Human Rights Watch con tres estudiantes que estuvieron presentes durante el incidente, Caracas, 24 de marzo de 2014. La identidad de las víctimas no se ha divulgado por razones de seguridad.

[198] Copias de las fotografías en los registros de Human Rights Watch.

[199] Human Rights Watch obtuvo copias de fotografías de estos mensajes escritos en las paredes. Copias de las fotografías en los registros de Human Rights Watch.