5 de Mayo de 2014

Casos ilustrativos

Los cinco casos ilustrativos que se exponen a continuación —ocurridos en distintas fechas en tres estados y en Caracas— ofrecen un panorama detallado de la serie de abusos sufridos por personas que fueron detenidas en el marco de manifestaciones o en zonas próximas a donde se desarrollaban protestas. Tales abusos incluyen el uso ilegítimo de la fuerza al momento de la detención, golpizas y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante durante el período de detención, y violaciones de las garantías de debido proceso cometidas con la aquiescencia o la complicidad de fiscales y jueces.

Valencia, estado de Carabobo, 20 de marzo

Aproximadamente a las 2 p.m. del 20 de marzo, entre 150 y 200 personas realizaron una protesta pacífica en una autopista en Valencia.

Human Rights Watch entrevistó por separado a cuatro personas que estuvieron presentes en la manifestación, cuyos respectivos relatos resultan coincidentes:

  • Dayana Méndez Andrade , de 24 años, quien trabaja para el periódico Notitarde, y asistió a la manifestación en carácter de periodista y llevaba credenciales de prensa;
  • Luis Rodríguez Malpica , un fotógrafo independiente de 26 años que asistió a la manifestación en carácter de periodista y llevaba credenciales de prensa;
  • Marlon José Maldonado Vargas , un abogado de 44 años que participó en la manifestación; y
  • Clipso Alberto Martínez Romero , un estudiante de 19 años que participó en la manifestación con su hermana.

Si bien Méndez y Rodríguez asistieron a la manifestación juntos, los demás no se conocían entre sí antes de su detención.

Según entrevistas mantenidas por separado con Méndez, Maldonado y Martínez, los manifestantes habían cortado parcialmente la carretera, pero permitían que pasaran automóviles [52] . Miembros de la Policía de Carabobo controlaron la protesta durante la tarde sin entablar contacto con los manifestantes. Cerca de las 6:30 p.m., según confirmaron de manera independiente los entrevistados, la Policía advirtió a los manifestantes que si no se dispersaban voluntariamente serían desalojados. Si bien la mayoría de los manifestantes se retiraron, cerca de 50 permanecieron en la autopista.

Aproximadamente a las 6:45 p.m., un grupo de cerca de cinco hombres con el rostro cubierto llegaron a un punto próximo al lugar de la protesta, quemaron una camioneta (sin personas adentro) y luego se retiraron. Los manifestantes y periodistas entrevistados por Human Rights Watch indicaron que no reconocían a los hombres encapuchados como personas que hubieran participado en la manifestación, y que estos en ningún momento se acercaron a los manifestantes que quedaban allí.

Quince minutos después, más de 50 miembros de la Guardia Nacional llegaron en motocicletas y avanzaron hacia los manifestantes, disparando gases lacrimógenos y perdigones en dirección a ellos sin ningún tipo de advertencia, según dijeron. Los manifestantes y periodistas comenzaron a correr en varias direcciones.

Martínez, Maldonado, los periodistas Méndez y Rodríguez, y al menos otras dos personas escaparon hacia una calle residencial cerca de la autopista, donde fueron rodeados desde dos lados por guardias nacionales en motocicletas.

Ataques contra periodistas

Cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a disparar gases lacrimógenos y perdigones, los periodistas Méndez y Rodríguez intentaron resguardarse en la entrada de un edificio de departamentos. Poco después, tres motocicletas de la Guardia Nacional se detuvieron frente a ellos. Tanto Méndez como Rodríguez tenían mascaras antigás, Méndez llevaba un chaleco antibalas con la leyenda “PRENSA” en letras grandes blancas y Rodríguez tenía en su poder una cámara profesional. Indicaron en voz alta que eran periodistas y levantaron las manos sobre sus cabezas. Uno de los guardias nacionales gritó “¡Me están tomando fotos! Uds. son los que mandan las fotos que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional” [53] .

Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones y arrojaron cartuchos de gases lacrimógenos. Ambos se pusieron de espaldas para protegerse. Méndez recibió impactos de perdigones en la pierna y cadera izquierdas, y mostró las heridas a Human Rights Watch durante la entrevista mantenida tres días después del incidente [54] . (Las lesiones sufridas fueron luego confirmadas por un médico que atendió a Méndez [55] ). Cuando dejaron de disparar, los guardias nacionales dijeron a los periodistas que permanecieran donde estaban y a continuación se retiraron.

Apenas transcurrido un minuto o dos, otro grupo de miembros de la Guardia Nacional que circulaban en motocicletas se detuvieron frente a la entrada del edificio y gritaron “¡Aquí tenemos dos!”. Nuevamente, Méndez y Rodríguez gritaron que eran periodistas, y también esta vez miembros de la Guardia Nacional les dispararon sin que mediara provocación. Rodríguez dijo que los oficiales les disparaban apuntando a la cabeza y que, si no hubiera empujado a Méndez para sacarla de la línea de fuego, habría recibido el impacto en el rostro [56] . De hecho, el brazo que usó para empujarla y protegerle la cabeza fue lastimado por perdigones, y uno de estos rozó el rostro de Méndez [57] .

Tras dispararles, un guardia nacional se acercó a Méndez y le preguntó por qué llevaba un chaleco antibalas. Cuando respondió que se debía a que era periodista, el guardia le dijo: “No eres una periodista, eres una perra de mierda”. El guardia le quitó la máscara de gas, y luego hizo lo mismo con Rodríguez. Apuntó a Rodríguez en el rostro con un fusil, y le dijo “Dame todo lo que tienes”. El guardia nacional se llevó la mochila de Rodríguez, donde este tenía sus documentos de identidad y credenciales de prensa, exigió que le entregara la memoria de su cámara y se retiró. En pocos minutos, se presentó un tercer grupo de guardias nacionales en motocicletas que dispararon gases lacrimógenos hacia la puerta de acceso donde aún se encontraban atrapados Méndez y Rodríguez, pero ahora ya sin máscaras antigás [58] . Un guardia nacional quitó a Méndez su teléfono celular y su chaleco antibalas, y detuvo a los dos periodistas.

Ataque contra manifestantes que no estaban armados

Martínez, quien había estado participando en las protestas, también huyó cuando se acercaron miembros de la Guardia Nacional en motocicletas, y quedó atrapado en la misma calle que Méndez y Rodríguez [59] . Allí, fue arrojado al piso por un guardia nacional que pasaba en una motocicleta, y luego fue rodeado por otros diez más, quienes le propinaron patadas repetidamente en todo el cuerpo a pesar de que no ofreció resistencia, dijo a Human Rights Watch.

Cuando cesó la golpiza, se levantó del suelo y extendió su billetera a los oficiales, a la vez que les decía que era lo único que llevaba consigo. En respuesta, según contó, los guardias nacionales “me agarraron por la cabeza, me arrojaron al piso, me pisaron en el rostro con una bota y me dispararon”. Recibió un disparo a quemarropa en el muslo. El perdigón pegó contra las llaves que tenía en el bolsillo, y provocó que fragmentos de estas se incrustaran en su pierna. Dijo que primero no sintió dolor debido al estado de shock en que se encontraba, pero que se estiró y pudo tocar una parte del hueso de su pierna que había quedado expuesto.

Maldonado, quien había quedado atrapado en la misma calle, no conocía a Mart ínez, pero pudo ver lo que sucedía. Describió la golpiza que sufrió Martínez, contó que este recibió un disparo a quemarropa y aportó otros detalles que corroboran la versión de Martínez [60] .

Maldonado dijo que Martínez era una de las cuatro personas que, según pudo ver, habían recibido disparos a quemarropa de guardias nacionales en la calle. Dijo a Human Rights Watch que, desde la mitad de la calle donde se encontraba, tenía una amplia visión que le permitió observar cuando uno de los guardias nacionales daba órdenes a otros para que dispararan contra estas personas. Ninguno se había resistido al arresto ni había dado indicios de riesgo de fuga, aseveró Maldonado. En cada caso, los guardias nacionales dieron la misma orden: “Dale a este”, y después de eso se disparaba contra estas personas.

Luego también Maldonado fue interceptado por guardias nacionales e interrogado. Les dijo que iba a correr su automóvil, que estaba estacionado en esa calle, y le permitieron irse [61] . (Maldonado cree que generó menos sospechas debido a que era mayor que los otros manifestantes y, como regresaba del trabajo, estaba vestido de manera formal. A su vez, era cierto que su automóvil estaba en esa calle, ya que había aparcado allí antes de la manifestación).

Luego de que se fueran los guardias nacionales, Maldonado recogió algunos casquillos de balas y perdigones individuales de armas disparadas por ellos. Además de perdigones de goma, encontró algunos de metal en el piso donde los oficiales habían estado disparando, y que mostró a Human Rights Watch [62] .

Según Maldonado, una de las víctimas a quienes había visto recibir disparos a quemarropa se escapó cuando los guardias nacionales fueron detrás de otra persona. El hombre herido fue acogido por una vivienda en esa calle, y evitó así ser detenido por policías. Maldonado, preocupado por la condición de ese hombre, pudo localizarlo luego del incidente en una clínica adonde habían acudido varios manifestantes heridos para recibir tratamiento. Maldonado mostró a Human Rights Watch fotografías de las heridas que presentaba el hombre. Las fotografías muestran heridas de ingreso en la parte superior de la nalga derecha y en el pie izquierdo [63] . A pesar de los abusos sufridos, la víctima dijo a Maldonado que no deseaba presentar una denuncia en el Ministerio Público, por temor a que se lo acusara falsamente de haber cometido un delito por participar en la manifestación.

Abusos durante el período de detención

A pesar de que no estaban cometiendo ningún delito y que la Policía no contaba con la correspondiente orden judicial, Méndez, Rodríguez y Martínez fueron detenidos por miembros de la Guardia Nacional, junto con al menos otras cinco personas que estaban en la protesta o en las inmediaciones. Al menos uno de los detenidos era menor de edad, según manifestaron los tres detenidos entrevistados por Human Rights Watch, que hablaron con él  mientras permanecieron detenidos [64] .

Fueron obligados a caminar hasta una gasolinera en las proximidades, y retenidos allí momentáneamente. Martínez dijo que fue obligado a caminar rápidamente por guardias nacionales, y en algunos momentos incluso a trotar, a pesar de la grave herida que había sufrido y de que era evidente el dolor que esto le provocaba. Según dijo, cuando bajaba la velocidad era golpeado y amenazado. Uno de los guardias nacionales le gritó “Apúrate, porque si no te vamos a partir el fusil en la cabeza”.

En la gasolinera, preguntaron a cada uno de los detenidos quiénes eran y qué hacían en la manifestación. El menor de edad que había sido arrestado, y que indicó a los guardias que tenía 14 años, dijo que su abuela lo había dejado en un sitio cerca de la manifestación [65] . Intentaba llevarlo en automóvil hasta la vivienda de su padre, pero como no podía avanzar debido a la manifestación, lo había acercado hasta un punto próximo y le indicó que siguiera a pie. El adolescentedijo que estaba caminando hacia la casa de su padre cuando fue interceptado, golpeado y detenido por miembros de la Guardia Nacional. A pesar de que les dijo su edad, ninguno de los oficiales le brindó un trato especial acorde con su condición de menor.

Cuando llegó el turno de Méndez, dijo que era periodista y estaba cubriendo los sucesos para Notitarde. Un guardia nacional le respondió “Notitarde es fascista. Ustedes son los escuálidos fascistas que están atacando el gobierno. Ahora aténgase a las consecuencias”. A continuación, uno de los guardias nacionales se dirigió a Martínez y le preguntó qué había sucedido con su pierna. Según lo relatado por Méndez, cuando Martínez le contestó, el oficial dijo “Que no era nada, que era que [se cayó]”.

Desde allí, los detenidos fueron subidos a vehículos de la Policía de Carabobo y trasladados a una instalación militar (el Destacamento 24), conforme indicaron los tres. Cuando llegaron, cada uno de ellos fue palpado exhaustivamente.

Martínez dijo que un guardia nacional que estaba armado lo llevó a una sala y le dijo que se quitara toda la ropa. Al ver su pierna ensangrentada, el oficial no hizo esfuerzo alguno por saber cuál era el origen de su herida ni por averiguar si necesitaba atención médica. Según Martínez, mientras se vestía de nuevo, el oficial le dijo “Cuando te termines de vestir, me limpias esto”, señalando la sangre que había caído en el piso desde la herida. Cuando Martínez le dijo que no iba a ser fácil agacharse debido al intenso dolor en su rodilla, le advirtió “Me limpias esto o recibes un palo de escoba en la cabeza”. Martínez limpió el piso con su propia camisa.

Luego de ser sometidos a una revisión corporal, los detenidos fueron obligados a permanecer arrodillados con las manos detrás de la cabeza por aproximadamente tres horas. Según dijo Rodríguez, durante ese lapso quienes se movían recibían un golpe en la nuca.

Martínez contó que, a lo largo de varias horas, solicitó reiteradamente recibir atención médica, y también varios de los otros detenidos pidieron que fuera atendido. Pero los pedidos fueron denegados. En varias ocasiones, miembros de la Guardia Nacional obligaron a Martínez a limpiar la sangre del piso con su camisa.

La temperatura en la sala donde se encontraban los detenidos era muy baja, debido a un equipo de aire acondicionado que emitía aire frío en dirección a donde estaban arrodillados. Martínez tenía tanto frío que comenzó a temblar sin control, y su estado posiblemente se haya exacerbado debido a la pérdida de sangre. Martínez contó que cuando le pidió a un oficial que apagara el aire acondicionado, este le respondió “¿Bajarle por ti? No jodas”. Luego, según dijo, el oficial bajó aún más la temperatura y puso el equipo en máxima potencia. Méndez y Rodríguez contaron este mismo intercambio de manera independiente, y lo relataron a Human Rights Watch utilizando prácticamente los mismos términos. Durante este tiempo, varios oficiales entraron para ver a Martínez, mientras lo señalaban y se burlaban de su herida, y algunos le tomaron fotografías con sus teléfonos celulares.

Méndez, viendo que Martínez había perdido mucha sangre y también perdía por momentos el conocimiento, pidió permiso para hacer un torniquete en su pierna, y los oficiales accedieron al pedido. Cerca de las 10:30 p.m., varios guardias nacionales llevaron a Martínez, Méndez y un tercer detenido, que había sufrido una fractura de tabique a causa de una patada en el rostro, a un centro médico militar.

Obstrucción de tratamiento médico

Un profesional médico del centro médico militardescribió a Human Rights Watch las heridas que presentaban los tres al llegar al lugar, lo cual corrobora la versión de las víctimas. Según contó el profesional, Martínez presentaba una “herida por arma de fuego en región femorolateral del miembro inferior izquierdo, la cual era de gran magnitud, con orificio de entrada mas no de salida, comprometiendo hasta tejido muscular profundo” [66] . Martínez también sufría una “crisis hipertensiva así como una arritmia tipo taquicardia asociada al evento psicotraumático en el que se encontraba”, además de hipertermia. El profesional médico señaló que según su “conocimiento y las características de la herida al parecer había sido producida por un arma larga con balas de tipo perdigón de silicón y realizada a quema ropa” [67] .

Mientras el profesional médico revisaba las heridas de Martínez, tres guardias nacionales que estaban presentes comenzaron a tomar fotografías con sus teléfonos celulares. El profesional médico les dijo que esto lo “incomodaba y no estaba permitido” [68] . Uno de los guardias respondió que las fotografías se necesitaban para la fiscalía, pero no dio mayores explicaciones y continuó tomando fotos.

El profesional médico contó que el otro detenido parecía presentar una fractura de tabique nasal o del septum, y que Méndez había sufrido “múltiples heridas” debido a los perdigones que impactaron en su rostro, extremidades, abdomen y otras partes del cuerpo, así como un hematoma en su rodilla derecha.

El médico insistió en que Martínez y el otro detenido debían ser llevados rápidamente a un hospital, porque el centro médico militar no estaba preparada para casos de urgencia como los de estas víctimas [69] . El guardia nacional de mayor rango entre los presentes —un capitán— dijo que ellos transportarían a los detenidos. Atemorizado ante la posibilidad de que fueran llevados nuevamente a la base, el profesional médico obligó al capitán a que firmaran un formulario que indicaba que asumían responsabilidad por la vida de los detenidos en caso de que no fueran llevados inmediatamente al hospital, el cual fue firmado por el capitán [70] . Según el profesional, Martínez presentaba “una herida de gran importancia que podía comprometer su vida de no ser atendido inmediatamente por un especialista” [71] .

La madre de Martínez dijo que, al enterarse de que su hijo había sido detenido, acudió a la Guardia del Pueblo y a la Guardia Nacional para ver si lo tenían retenido allí, pero que todos negaron saber si Martínez había sido arrestado o cuál era su paradero [72] . Contó que solamente se enteró de qué le había sucedido porque un miembro del centro médico militar donde había sido tratado su hijo le informó extraoficialmente que estaba siendo llevado al hospital.

Los guardias nacionales intentaron esposar a Martínez cuando llegó al hospital, pero el personal médico se negó, según dijo, y debido a esto discutieron. También intentaron, en varias ocasiones, ingresar a la sala donde estaba siendo atendido, pero el personal del hospital no se los permitió.

Cuando la madre de Martínez llegó al hospital, encontró aproximadamente a cinco guardias nacionales armados con fusiles y armas cortas fuera de la sala donde estaba recibiendo atención. El hermano mayor de Martínez, que se encontraba con su madre, dijo a los guardias nacionales que no había necesidad de que estuvieran merodeando por la sala, dado que no había riesgo de fuga, y que estaban causando un profundo temor a su hermano y su madre [73] . En respuesta, uno de los guardias nacionales lo señaló y le advirtió “Sabemos quién eres. Ya veremos qué te pasa”.

Martínez fue operado a las 2 a.m., y por segunda vez el día siguiente a las 6 p.m. Según la madre de Martínez, los médicos le dijeron que el impacto estaba apenas a milímetros de una arteria y que, de haberla alcanzado, probablemente le habría costado la vida. Los cirujanos extrajeron cinco fragmentos de las llaves que estaban en su bolsillo, y un puñado de perdigones. Una copia del parte médico que puedo consultar Human Rights Watch confirma que Martínez llegó al hospital el 21 de marzo [74] , y que presentaba un “gran orificio de entrada” causado por un disparo en su rodilla [75] . El informe confirmaba que, durante la cirugía, los médicos habían hallado “múltiples proyectiles” y “objetos metálicos en varios fragmentos de llaves” [76] .

Diversos documentos médicos aportados por familiares de Martínez confirmaron sus lesiones y el severo trauma emocional que produjo el incidente. Un informe médico del 22 de marzo —dos días después del incidente— indicó que Martínez continuaba experimentando un “dolor de fuerte intensidad” debido a la herida de bala, y que necesitaba seguir hospitalizado para vigilar su estado y evitar una infección [77] .

Durante la segunda noche en el hospital, dijo Martínez, se despertó y uno de los guardias nacionales estaba parado junto a su cama mirándolo fijamente. Comenzó a gritar y entonces el oficial salió de la sala. Martínez dijo que temía que, cuando sus familiares y los profesionales médicos lo dejaran solo, los guardias nacionales se lo llevarían para aterrorizarlo. Agregó: “Veo un guardia y me pongo nervioso”, y dijo que necesitó que lo sedaran para poder dormir en el hospital.

Un examen realizado por un psicólogo clínico independiente, y que fue proporcionado por familiares de Martínez, diagnosticó que este sufría un “trastorno por estrés agudo”, y describió su estado como “temeroso”, desorientado y con signos de “aturdimiento” [78] . El psicólogo que examinó a Martínez también indicó que experimentaba recuerdos angustiantes de la experiencia traumática sufrida.

Human Rights Watch entrevistó a Martínez el 23 de marzo de 2014, en el hospital, donde todavía se encontraba en cama convaleciente. Había cuatro guardias nacionales de pie junto a la puerta de acceso a la sala, y su familia dijo que estaban allí permanentemente. Martínez indicó que él y otros tres detenidos han sido acusados de uso de adolescente para delinquir, obstaculización de vía pública; instigación pública y resistencia a la autoridad.

Méndez, por su parte, fue enviada de regreso a la base militar tras ser examinada por el médico. Ella y Rodríguez fueron liberados la mañana siguiente a las 4:30 a.m., sin ser acusados de cometer ningún delito.

El Carrizal, estado de Miranda, 5 de marzo

El 5 de marzo, a las 8 a.m., el estudiante de 19 años Moisés Guánchez se dirigió a su trabajo en un restaurante de comidas rápidas en el centro comercial La Cascada, en el municipio El Carrizal, estado de Miranda [79] . Ese día, desde las primeras horas de la mañana, estaba ocurriendo una manifestación en la autopista que pasa frente al centro comercial. Según relató, comenzó a oír disparos desde las 10 a.m. Alrededor de las 12:30 p.m., su jefe decidió cerrar el restaurante, y él y sus compañeros de trabajo comenzaron a limpiar las instalaciones. Cuanto terminaron y se disponían a retirarse, alrededor de las 2 p.m., advirtieron que los guardias de seguridad privada empleados por el centro comercial habían cerrado la entrada principal, y habían dejado a varios empleados y clientes adentro del complejo. Para ese momento, los gases lacrimógenos habían comenzado a inundar el centro comercial y Guánchez, que padece asma, se dirigió al estacionamiento al aire libre, que se encuentra ubicado entre el centro comercial y la calle, pero está cerrado por una reja.

Según señaló, en el estacionamiento había aproximadamente otras 40 personas, entre ellas seis menores de edad. Desde allí, observó a miembros de la Guardia Nacional que arrojaban cartuchos de gases lacrimógenos hacia manifestantes en la autopista, y a personas que desde edificios arrojaban botellas hacia la autopista.

Guánchez dijo a Human Rights Watch que miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar cartuchos de gases lacrimógenos y a disparar perdigones a las personas que se encontraban atrapadas en el estacionamiento del centro comercial. Luego, aproximadamente cuatro motocicletas oficiales de la Guardia Nacional, con dos agentes en cada una, irrumpieron en el estacionamiento, disparando perdigones a medida que avanzaban hacia el grupo. Guánchez contó que él y otras personas comenzaron a correr hacia el centro comercial para resguardarse.

Al advertir que una motocicleta le bloqueaba el paso, Guánchez giró y comenzó a correr en la dirección opuesta, hacia una de las salidas del estacionamiento. Mientras corría, escuchó que un guardia nacional gritaba: “¡Ahí, ahí, dispárale!”. El oficial que iba en la parte trasera de la motocicleta que avanzaba detrás de Guánchez disparó cinco o seis veces en dirección a él, pero ninguno de los disparos lo alcanzó. En ese momento, Guánchez vio que otra motocicleta se detenía frente a él, y el guardia nacional que iba en la parte trasera apuntaba el fusil en dirección a su rostro. Por reflejo, levantó el brazo para protegerse el rostro, y sintió un impacto en el brazo, donde recibió un disparo. Una vez más, Guánchez cambió de rumbo y, mientras corría, escuchó varios disparos más. Sintió varios impactos en sus nalgas y cayó al piso [80] .

Para este momento, según señaló, entre ocho y diez motocicletas de la Guardia Nacional habían ingresado en el estacionamiento. Dos guardias nacionales se acercaron a él caminando y lo levantaron. Guánchez explicó que, mientras era atacado por guardias nacionales, un hombre con una videocámara y un chaleco antibalas que decía “Comando Operaciones” en letras blancas filmaba lo que sucedía. Fotografías no profesionales tomadas por un testigo muestran a Guánchez cuando es arrinconado contra un portón por guardias nacionales, y a un hombre con una videocámara que los acompaña y que parece estar filmando [81] . Dos guardias nacionales lo tomaron por ambos brazos y comenzaron a darle golpes de puño reiteradamente en las costillas. (Guánchez y su madre indicaron que ninguno de los dos sabía si los investigadores habían recuperado el video de la persona que filmaba, cuyo rostro se ve claramente en las fotografías).

Luego, un tercer guardia nacional se acercó a Guánchez—que no estaba ofreciendo resistencia—, apuntó con su fusil a los genitales y disparó. Para intentar defenderse, Guánchez movió la pierna, y debido a ello el disparo impactó directamente en la pierna y rozó los testículos. Según un informe médico forense, Guánchez presentaba lesiones producidas por “proyectiles de carga múltiple a próximo contacto” [82] .

Guánchez —que tenía los pantalones empapados de sangre y estaba padeciendo un intenso dolor a causa de los disparos recibidos— fue obligado por guardias nacionales a cruzar el estacionamiento a pie y subir a una motocicleta en medio de dos oficiales. El guardia nacional que estaba sentado detrás de él le apuntaba a la cabeza con un arma corta y amenazaba con matarlo si se movía.

Cuando los guardias nacionales advirtieron que el portón de acceso al estacionamiento estaba cerrado, obligaron a Guánchez a bajar de la motocicleta y lo obligaron a trotar hasta la autopista, donde le indicaron que debía esperar. Guánchez dijo que el dolor de las heridas era extremo.

Un grupo de civiles partidarios del gobierno que circulaban en motocicletas se habían congregado en un puente, por encima del lugar donde era retenido Guánchez. Los hombres gritaban a los guardias nacionales que debían dejar que Guánchez se desangrara, y que, si no moría, lo matarían ellos mismos pasando por encima de su cuerpo con las motocicletas. Guánchez afirmó que uno de los guardias nacionales se reía ante estos comentarios. La presencia de los hombres en motocicletas fue corroborada por fotografías que se facilitaron a Human Rights Watch, donde aparecen hombres montados en motocicletas sobre el lugar donde era retenido Guánchez, y que parecen estar gritándole [83] .

Después de aproximadamente 15 minutos, los guardias nacionales esposaron a Guánchez y lo subieron a una camioneta negra sin placas [84] . Durante el trayecto, los guardias nacionales que viajaban con Guánchez se burlaban de él, decían que nunca podría tener hijos y lo llamaban “marica”. Los oficiales también decían que, si se desangraba en el camino, arrojarían su cuerpo en un canal. Los oficiales amenazaron con violarlo con un palo de escoba [85] y enviarlo a una cárcel con violadores. Le robaron dinero, dos teléfonos celulares, su mochila y una cadena de oro. Posteriormente, su madre denunció el robo de todos estos objetos a la Guardia Nacional [86] .

Los miembros de la Guardia Nacional llevaron a Guánchez a un hospital. Al llegar, no permitieron que el personal del hospital trajera una camilla para trasladarlo a la sala de emergencias, sino que lo obligaron a caminar a pesar del dolor insoportable que esto le causaba. Al ingresar en la sala de emergencias, Guánchez se desplomó en el suelo. Cuando los médicos pidieron a los guardias nacionales que los ayudaran a levantarlo del piso para colocarlo sobre una camilla, los oficiales se negaron.

Cuando los médicos pidieron a los guardias nacionales que quitaran a Guánchez las esposas, primero afirmaron que habían perdido la llave. Recién cuando un médico amenazó con hacer cortar las esposas, uno de ellos hizo aparecer la llave y liberó a Guánchez. Los guardias nacionales se negaban a salir de la sala de emergencias, a pesar de los reiterados pedidos del personal médico presente.

Cuando los médicos supieron que los guardias nacionales no habían notificado a la familia de Guánchez, uno consiguió que Guánchez le diera el número de su padre y se comunicó con él.

Según fue demostrado por su madre posteriormente a Human Rights Watch, Guánchez recibió tres transfusiones de sangre y fue operado inmediatamente para extraerle cinco perdigones de la pierna [87] . Los médicos también encontraron heridas provocadas por perdigones en su brazo (recibidas cuando, según dijo Guánchez, intentó protegerse el rostro) y en las nalgas. También tuvo que ser operado por lesiones en uno de sus testículos, conforme consta en un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch [88] . Fotografías de las heridas de Guánchez y otros informes médicos fueron también proporcionados a Human Rights Watch [89] .

Ese mismo día —según el testimonio de la madre de Guánchez, que llegó al hospital poco después del aviso de los médicos—, un coronel de la Guardia Nacional se presentó en el hospital y solicitó a los médicos información sobre la salud de su hijo. El coronel ordenó a los dos guardias nacionales armados que permanecieran en el pasillo afuera de la habitación de Guánchez. La madre de Guánchez manifestó que, tanto para ella como para el personal médico, su presencia era sumamente intimidante.

El 7 de marzo se realizó una audiencia en la habitación de hospital donde estaba Guánchez. Un fiscal lo acusó de instigación pública y atentado contra la seguridad en la vía. La fiscalía presentó como prueba un informe policial que indicaba que Guánchez llevaba una máscara antigás en su mochila, y que también habían encontrado “en el lugar donde fue detenido” 19 cócteles Molotov, 12 miguelitos y 30 metros de alambre de púa en su mochila [90] . (“Miguelitos” son pequeños objetos con puntas salientes que se utilizan para perforar los neumáticos de vehículos o motocicletas).

Sin embargo, la jueza determinó que no existían evidencias para acusar a Guánchez de ningún delito y dispuso su liberación [91] . Familiares de Guánchez mostraron la sentencia a Human Rights Watch [92] . Según un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch, a Guánchez le indicaron que no podría reanudar sus estudios ni trabajar, al menos, hasta el 14 de abril [93] . El 11 de abril, Guánchez fue operado por segunda vez para eliminar líquido acumulado en el testículo afectado. Su madre señaló que estaba dolorido y continuaba haciendo reposo [94] .

Caracas, 12 de febrero

El 12 de febrero, Marco Aurellio Coello, de 18 años; Luis Felipe Boada, de 25; Cristian Holdack, de 34; Nelson Gil, de 22; Demian Martin, de 19; y Ángel de Jesús González, de 19, fueron detenidos en forma arbitraria en seis lugares diferentes, cerca del Parque Carabobo, en Caracas [95] . Ese día, una manifestación que se estaba desarrollando en forma mayormente pacífica en esa zona finalizó con incidentes violentos que dejaron un saldo de al menos tres muertos, decenas de heridos y varios vehículos oficiales quemados.

Los seis hombres —que, hasta este día, no se conocían entre sí— fueron llevados por separado y sometidos a graves abusos físicos durante su arresto y en la sede del CICPC de la zona, donde todos ellos permanecieron incomunicados durante 48 horas. Estas seis personas, a quienes Human Rights Watch entrevistó en el centro de detención donde se las mantenía en ese momento, describen en los siguientes términos el modo en que fueron detenidas:

  • Coello relató que, cuando intentaba escapar corriendo del lugar donde habían comenzado a producirse enfrentamientos violentos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, recibió en la pierna el impacto de un cartucho de gases lacrimógenos. Cayó sobre el asfalto y quedó envuelto en estos gases. Mientras intentaba respirar, un grupo de aproximadamente ocho hombres vestidos de civil lo atacaron y le propinaron golpes mientras estaba tendido en el piso. Luego lo levantaron y lo llevaron a la sede del CICPC en las proximidades, donde tres policías lo condujeron a un baño, lo apuntaron con un arma en la cabeza y empaparon su camisa y su cuerpo con gasolina. Le rodearon el cuerpo con una colchoneta que ataron con cinta, y alrededor de 10 oficiales comenzaron a darle puntapiés y golpearlo con bates, con un palo de golf y con un matafuego en las costillas y en el torso. Luego le quitaron la colchoneta y le aplicaron tres descargas eléctricas en el pecho. Todo el tiempo, los policías insistían en que confesara que, ese día, había quemado vehículos oficiales. Coello respondía que no confesaría porque no lo había hecho.
  • Boada dijo que, al escuchar disparos, había huido del enfrentamiento y se había refugiado dentro de una residencia en la zona de Parque Carabobo. Oficiales del CICPC irrumpieron en el edificio, lo golpearon y lo detuvieron. Cuando llegó a la sede del CICPC, también fue llevado a un baño donde oficiales empaparon su ropa con gasolina y amenazaron con prenderlo fuego. Mientras tenía las manos esposadas por la espalda, más de 10 oficiales lo golpeaban y le propinaban patadas en la espalda y en las costillas. Uno de ellos le asestó un golpe en la cabeza con un casco y Boada cayó al piso. Entonces otro lo azotó con un trapo húmedo en la espalda y en el rostro.
  • Holdack estaba filmando a civiles que golpeaban a manifestantes cuando aproximadamente cuatro hombres —que, según dijo a Human Rights Watch, eran policías— lo tomaron del cabello, lo golpearon y lo detuvieron. Al llegar a la sede del CICPC, fue arrojado al suelo, y allí varios oficiales le propinaron patadas. Uno de ellos dijo: “No quiero esos videos en las redes”.
  • Tres oficiales vestidos de civil abordaron a Gil en la plaza e inmediatamente comenzaron a golpearlo en las costillas y en el rostro. Según relató, los oficiales le arrojaron gasolina en las manos mientras lo trasladaban a la sede del CICPC. Para cuando llegó, tenía un ojo totalmente hinchado a causa de un golpe de puño. Cuando otro oficial le preguntó qué había ocurrido, Gil dijo que había sido golpeado por policías. Esta persona le dijo que estaba equivocado y que, en realidad, se había caído. Otro policía lo amenazó de muerte.
  • Martin estaba tomando fotografías de los enfrentamientos con su celular cuando cuatro hombres vestidos de civil que llevaban armas cortas lo abordaron e intentaron llevárselo. Nos dijo que, como estos hombres no se identificaron en ningún momento, temía que fueran civiles armados e intentó escapar. Los hombres lo tomaron del cabello, le arrojaron gas pimienta en los ojos y lo golpearon en todo el cuerpo mientras le gritaban “maldito opositor”. Lo siguieron golpeando en la cabeza con un casco durante el trayecto hasta la sede del CICPC.
  • González dijo que estaba tomando fotografías de automóviles quemados cuando cinco hombres armados, vestidos de civil, lo abordaron, le quitaron su teléfono y lo detuvieron. Según relató, a pesar de no haber opuesto resistencia, fue golpeado en el trayecto hasta la sede del CICPC.

Tras haber sido detenidos, los seis hombres fueron obligados a arrodillarse frente a una pared, con las manos esposadas por la espalda, durante aproximadamente cuatro horas. Human Rights Watch obtuvo una copia de una fotografía que muestra a los hombres arrodillados contra la pared, la cual fue tomada por una fuente anónima dentro del CICPC y entregada secretamente a sus familiares [96] . Los detenidos fueron agredidos reiteradamente por policías, quienes les propinaban pagadas o los golpeaban en la nuca, lo cual provocaba que sus rostros chocaran violentamente contra la pared [97] .

Durante los dos días en que estuvieron detenidos en la sede del CICPC, los seis hombres no tuvieron acceso a abogados ni se les permitió ver a sus familias. La madre de Coello relató a Human Rights Watch que el 13 de febrero visitó otra sede del CICPC y la sede del SEBIN para averiguar dónde estaba detenido su hijo, y allí se negaron a informarle si su hijo se encontraba allí [98] .

El 14 de febrero a las 11 p.m., los seis hombres fueron llevados ante un juez, junto con otras diez personas que habían sido detenidas el 12 de febrero. Recién se les permitió el acceso a abogados con media hora de antelación a la audiencia o incluso menos tiempo, y fueron obligados a hablar con los letrados en presencia de miembros de la Guardia Nacional, que permanecieron cerca. Los abogados defensores solamente pudieron ver las pruebas presentadas por la fiscalía unos minutos antes de la primera audiencia [99] .

La fiscalía expuso como evidencia que las vestimentas de los detenidos estaban manchadas con gasolina, según indicaron los detenidos. También había fotografías de los rostros de los detenidos, tomadas cuando estos se encontraban retenidos, junto a otras fotografías de personas no identificables que habían participado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según manifestaron abogados que estuvieron presentes en la audiencia. Por ejemplo, entre las pruebas presentadas para implicar a Gil había dos fotografías: una imagen para el archivo policial que le habían tomado en el CICPC y otra de un hombre visto desde atrás cuando arroja una piedra en dirección a miembros de fuerzas de seguridad. La fiscalía exhibió la fotografía de un hombre que vestía prendas distintas a las que llevaba puestas cuando fue detenido, aseveró Gil. Asimismo, en algunos de los demás casos, la fiscalía presentó fotografías de hombres arrojando piedras a agentes de seguridad, tomadas desde atrás, o con los rostros cubiertos con pañuelos o capuchas, junto con las fotografías de los detenidos que había tomado la Policía para su registro. La fiscalía también presentó fotografías de una botella de gasolina, y carteles tirados en la calle que manifestantes habían exhibido durante la manifestación [100] .

En la audiencia, que se llevó a cabo durante la noche y duró varias horas, el fiscal acusó a los seis hombres de instigación a delinquir, incendio, daños y agavillamiento. Los seis fueron acusados de confabular entre ellos para la comisión de delitos, a pesar de que no se conocían antes de su detención en la sede del CICPC. El 15 de febrero, a las 5:30 a.m., la jueza confirmó el procesamiento de los seis hombres y dispuso su prisión preventiva. La jueza otorgó libertad condicional a los otros 10 detenidos [101] . No se ofreció ninguna explicación sobre por qué los dos grupos recibieron un trato diferente.

La jueza determinó que no se habían violado los derechos de debido proceso de los detenidos, ya que estos habían sido puestos a disposición de un fiscal y un juez dentro del plazo establecido por el derecho venezolano [102] .

Luego, los seis hombres fueron trasladados a la dependencia policial de Polichacao en Caracas, donde no sufrieron malos tratos, según dijeron a Human Rights Watch. Un mes y medio después, el 1 de abril, un juez confirmó los cargos [103] . Al momento de redacción de este informe, solamente Coello y Holdack continuaban en prisión preventiva, y a las otras cuatro personas se les había concedido la libertad condicional [104] .

Barquisimeto, estado de Lara, 11 de marzo

El 11 de marzo, el estudiante de ingeniería civil Wladimir Díaz, de 20 años, participó en una protesta que se desarrolló en Barquisimeto, estado de Lara, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y alrededor de sus instalaciones, junto con cientos de estudiantes de esa universidad y otras personas de la zona [105] . Por la mañana, los estudiantes cortaron parte de la calle afuera de la facultad, pero permitían el paso de automóviles, explicó Díaz. Alrededor del mediodía se presentaron entre 40 y 50 manifestantes a favor del gobierno, que insultaron a los estudiantes.

Alrededor de la 1:30 p.m., un vehículo blindado antidisturbios de la Guardia Nacional avanzó hacia los estudiantes en la calle, y disparó perdigones y gases lacrimógenos [106] . Algunos estudiantes arrojaron piedras contra el vehículo, mientras que la mayoría retrocedió hacia el campus, el cual se encuentra perimetrado por un muro. Miembros de la Guardia Nacional y policías que avanzaban a pie también comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y disparar perdigones contra los estudiantes que se retiraban, relató Díaz. A continuación se sumaron entre 50 y 60 hombres vestidos de civil, que en su mayoría llevaban el rostro cubierto con pañuelos rojos. Díaz dijo que reconoció a algunos de los hombres vestidos de civil como integrantes del grupo de manifestantes oficialistas que, previamente ese día, habían enfrentado a los estudiantes que participaban en la protesta. Muchos llevaban ahora armas cortas y comenzaron a disparar a los estudiantes, según contó.

A pesar de encontrarse a metros de distancia y ver que estos hombres armados disparaban a los estudiantes, los guardias nacionales y policías no intervinieron para desarmarlos y, en varios momentos, incluso hablaron con ellos, relató Díaz. Su testimonio fue corroborado por varias fotografías tomadas por estudiantes que participaron en la protesta ese día, a las cuales Human Rights Watch tuvo acceso [107] . Human Rights Watch también entrevistó a tres profesores que, al oír disparos, se ocultaron en una oficina en el campus con más de una decena de estudiantes. Según relataron, durante varias horas siguieron escuchando “detonaciones constantes” [108] .

Mientras Díaz retrocedía hacia el campus, uno de los hombres vestidos de civil lo señaló y dijo: “Vas a llevar plomo”.

Luego, Díaz se dirigió al comedor de la universidad; mientras permaneció allí, un grupo de aproximadamente 20 guardias nacionales, 5 policías nacionales y 5 civiles armados con el rostro cubierto ingresaron en un edificio de las inmediaciones que estaba abierto y se conectaba con el comedor, y comenzaron a disparar contra estudiantes. Díaz indició que recibió un impacto en el abdomen “que sintió que fue como una patada” [109] , y giró para escapar. Apenas dio unos pocos pasos, comenzó a sentir que brotaba sangre de la herida y que no podía correr.

Otros estudiantes llevaron a Díaz hasta otro sector del campus, y luego lo trasladaron en motocicleta a una clínica cercana. Desde allí, fue llevado en ambulancia al Hospital Pastor Oropeza. En el hospital, miembros de la Guardia Nacional y del CICPC dijeron al personal médico que Díaz debía ser trasladado a un hospital militar, según contaron Díaz y su madre. Dijeron que no entendían, ni ellos ni los médicos del establecimiento, por qué las fuerzas de seguridad creían que tenían derecho a determinar dónde iba a ser atendido, y que él y su familia se sintieron intimidados por los oficiales armados [110] . La madre de Díaz insistió en que lo llevaran a otra clínica privada, donde fue operado.

Díaz contó que, en la operación, debieron extirparle parte del intestino. El médico que lo operó informó que, debido al tamaño del orificio de la bala y a que esta le atravesó el cuerpo y salió por la espalda, la herida coincidía con las características de una agresión con arma de fuego, y no con perdigones. Un informe médico proporcionado a Human Rights Watch indicó también que Díaz presentaba una herida causada por “arma de fuego” [111] .

San Antonio de los Altos, estado de Miranda, 19 de febrero

El 19 de febrero, aproximadamente 500 manifestantes, entre los cuales había hombres, mujeres y niños, cortaron un tramo de autopista en San Antonio de los Altos con barricadas improvisadas. Gengis Pinto, de 36 años, había estado en la protesta desde la tarde [112] , mientras que Luis Alberto Gutiérrez Prieto, de 26, y su hermano llegaron alrededor de las 7 p.m. [113] Pinto y Gutiérrez, que en aquel momento no se conocían, y a quienes investigadores de Human Rights Watch entrevistaron por separado, indicaron que si bien los manifestantes habían cerrado parte de la carretera, permitían que los automóviles pasaran a baja velocidad.

Alrededor de las 8 p.m., se presentó un grupo de policías antidisturbios de la Guardia Nacional que arrojó gases lacrimógenos a los manifestantes. Varios manifestantes respondieron arrojando piedras y vidrios. En ese momento, varios de los guardias nacionales dispararon con municiones a los manifestantes, según aseveraron Pinto y Gutiérrez, quienes dijeron que los habían visto disparar armas cortas que no se utilizan para disparar perdigones. Gutiérrez afirmó que él sabía diferenciar el sonido de un disparo de bala del de un perdigón [114] . Después de aproximadamente 15 minutos, los oficiales se retiraron. Gutiérrez manifestó que, cuando se fueron, pudo recoger al menos 10 casquillos de bala.

Poco después, un metrobús (utilizado para transporte público) se acercó a la barricada. En vez de bajar la velocidad, aceleró y por poco atropella a varios manifestantes, según contaron Pinto y Gutiérrez. Algunos manifestantes respondieron arrojándole piedras y botellas. Funcionarios gubernamentales afirmaron que el conductor había sido sacado del vehículo y agredido físicamente por manifestantes. El Ministro de Transporte de Venezuela, por ejemplo, dijo a través de un mensaje de Twitter que “violentos… golpearon [al conductor] con brutalidad” [115] . Pinto y Gutiérrez, que se encontraban en la manifestación en ese momento y dijeron haber presenciado el incidente, indicaron a Human Rights Watch que el autobús no había sido detenido y que el conductor nunca fue obligado a descender del vehículo. Para este momento, la cantidad de manifestantes se había reducido a alrededor de 200, dado que la mayor parte de los menores de edad y las personas mayores se habían retirado.

Alrededor de las 9:30 p.m., un grupo numeroso de agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar montados en motocicletas. Según Pinto y Gutiérrez, entre 50 y 100 motocicletas —en muchos casos, con dos oficiales en cada una— avanzaron hacia la barricada, mientras quienes iban en ellas arrojaban gases lacrimógenos y disparaban perdigones. Un video amateur del incidente, filmado desde un complejo de departamentos con vista a la autopista donde se había montado la barricada, corrobora su relato [116] . Gutiérrez, su hermano, Pinto y muchas otras personas escaparon del lugar.

Gutiérrez nos dijo que pronto se vio rodeado por guardias nacionales que le dijeron que se acostara con el rostro hacia abajo y las manos y piernas extendidas y separadas del cuerpo. Mientras estuvo tendido en el suelo, oyó que guardias nacionales golpeaban e insultaban a otra persona que se encontraba cerca, quien les rogaba que se detuvieran. En ese momento, explicó, oyó los pasos de una persona que se acercaba y luego sintió un impacto lacerante del lado izquierdo del rostro, donde un oficial le había dado un puntapié. Según dijo, el impacto causó un fuerte ruido y su rostro comenzó a sangrar inmediatamente. A los pocos instantes, empezó a tener dificultades para respirar. Un guardia lo levantó y lo obligó a caminar hasta un muro que bordeaba un estacionamiento, donde pudo contar que habían otros seis detenidos. Todos habían sido obligados a arrodillarse, de cara a la pared, con las manos en la cabeza.

Pinto también huyó del lugar, pero pronto se vio rodeado por aproximadamente 10 guardias nacionales, y levantó las manos. Relató que un guardia nacional se acercó a él y le apuntó al rostro con su fusil. Cuando el oficial se encontraba a una distancia de entre dos y tres metros, Pinto levantó el brazo para protegerse el rostro. Contó que en ese momento oyó un disparo y sintió múltiples impactos. El principal impacto lo recibió en la mano con la cual se había cubierto el rostro. Si no hubiera podido protegerse con la mano, aseveró, habría recibido el principal impacto en medio del rostro. Más tarde, los médicos le quitaron ocho perdigones del área alrededor del ojo, la mano, el hombro y el pecho.

Pinto cayó al piso donde, instantes después, sintió tres o cuatro descargas de corriente eléctrica en su cuerpo (no pudo ver qué dispositivo se utilizó para aplicar las descargas) y múltiples puntapiés en el cuerpo. Luego fue levantado del suelo y llevado hacia el muro que delimitaba el estacionamiento.

Pinto y Gutiérrez dijeron que ellos estuvieron entre los primeros detenidos que fueron llevados al muro. En el término de media hora, más de 40 personas —entre las cuales había cuatro mujeres y cuatro jóvenes, según relataron— fueron trasladadas hasta allí, y también fueron obligadas a arrodillarse colocoando sus las manos en la cabeza [117] .

Pinto y Gutiérrez estimaron haber permanecido allí entre una y dos horas. Dijeron que los guardias nacionales los controlaban constantemente y que, si los detenidos se estaban moviendo —y en algunos casos, sin motivo aparente— los golpeaban en la nuca con sus cascos o con los puños [118] . Varios guardias nacionales se acercaron y les dijeron que se quitaran los cordones de sus zapatos, que utilizaron a continuación para sujetarles las muñecas. Otro guardia nacional se acercó y robó todos los objetos de valor que llevaban los detenidos, como celulares, billeteras, relojes y pulseras.

Detrás de ellos, seguían llegando cada vez más motocicletas, y varios guardias nacionales se acercaron para amenazarlos. Gutiérrez relató que uno de los guardias nacionales dijo al grupo de detenidos que los iban a desnudar, los iban a mojar con agua y luego los encerrarían en una habitación pequeña donde iban a arrojar gases lacrimógenos, lo cual les provocaría quemaduras en la piel. Pinto recordó que uno de ellos decía “te vamos a desaparecer”.

Alrededor de las 11 p.m., los 44 detenidos fueron subidos en la parte trasera de camionetas. Gutiérrez contó que fueron ubicados en la parte trasera de una de las camionetas, totalmente amontonados, junto con otros detenidos. Para el momento en que los oficiales quisieron subir a Gutiérrez en una camioneta, ya no quedaba espacio. Entonces, los oficiales lo obligaron a sentarse en cuclillas sobre la espalda de otros detenidos. Debido a que aún tenía las muñecas atadas, no podía sostenerse de ningún lado, y le aterrorizaba la posibilidad de caer de la camioneta cuando esta doblara. Contó que cuando les dijo esto a los guardias nacionales, ellos se rieron.

Los detenidos fueron trasladados al Liceo Militar Pedro María Ochoa Morales (PMOM). Allí, fueron llamados uno por uno para ser entrevistados por una mujer uniformada, a quien los demás llamaban “teniente”. Esta persona les tomó una fotografía y les pidió que dijeran sus nombres y números de documento. Gutiérrez señaló que, al ver la sangre y la gran hinchazón en su rostro a causa del puntapié que había recibido, la teniente dijo: “Uyyy, a ti te dieron duro”.

Pinto y Gutiérrez relataron que ambos dijeron a los guardias nacionales, una y otra vez, que tenían severos dolores y que necesitaban atención médica. Pinto dijo que tenía varios dedos desfigurados por el disparo y sentía un dolor muy intenso en la mano. Gutiérrez, por su parte, tenía dificultades para respirar, a causa varias fracturas provocadas por la patada recibida en el rostro. Pinto, Gutiérrez y otros tres detenidos con heridas graves —que habían recibido impactos de perdigones o violentas golpizas— fueron separados de los demás.

Uno de los heridos graves era menor de edad. Tenía severas contusiones en las costillas a causa de un puntapié que le había propinado un guardia nacional que lo detuvo, según le dijo a Gutiérrez cuando ambos fueron separados del resto de los detenidos. Gutiérrez señaló que el joven tenía dificultades para respirar a causa del dolor que sentía en las costillas.

Mientras se encontraban apartados de los demás detenidos, y según lo confirmaron Pinto y Gutiérrez por separado, varios guardias nacionales se acercaron para preguntarles de qué manera habían sufrido las lesiones y les sugerían otra versión de lo sucedido. Gutiérrez afirmó que un guardia lo abordó y le preguntó: “¿A ti qué te pasó?”

“Una patada”, respondió Gutiérrez.

“¿De quién?”, inquirió el guardia.

“De la Guardia”, respondió Gutiérrez

“No vale”, dijo el oficial. “A ti lo que te pasó fue que te diste con un poste [de luz], te diste con el borde de la acera. Es más, esto fue un amigo tuyo que te dio un botellazo en la cara para que sigas guarimbeando”.

El hospital

Recién a las 2 a.m. aproximadamente —alrededor de tres horas después de haber llegado al establecimiento militar, y más de cuatro horas después de haber sido detenidos— los detenidos con heridas graves fueron trasladados para recibir atención médica.

Pinto señaló que más de seis guardias nacionales los acompañaron al hospital. Un médico, al ver el estado en que se encontraban, reprendió a los oficiales frente a los detenidos y los llamó “salvajes” por lo que habían hecho. Entonces, uno de ellos respondió: “Atiéndelos ya, o te voy a meter preso”. Según Gutiérrez, el médico le respondió: “¿Me vas a matar a mí también?”,

Gutiérrez y Pinto indicaron que los guardias nacionales les prohibieron a los médicos registrar la llegada de los pacientes, tal como lo hacen habitualmente. Gutiérrez señaló que, más tarde, su madre, que es enfermera, acudió al hospital para verificar el registro de esa noche, donde se ingresan los nombres de todos los pacientes. Dijo que no había registro de los cinco detenidos que llegaron allí esa noche.

Cuando los médicos pidieron comunicarse con familiares de los detenidos, los oficiales también se negaron. Uno de los médicos insistió en que se llamara a los familiares y dijo que tenían derecho a ser informados. Según Pinto contó a Human Rights Watch, un guardia nacional respondió que, si las familias se presentaban en el hospital, los médicos estarían en problemas.

Después de revisar las lesiones de los detenidos, los médicos dijeron que necesitaban atención médica especializada que ellos no podían brindarles en ese establecimiento. El oficial de mayor rango se negó a trasladar a los detenidos a otro establecimiento, y dijo a los médicos que tenían órdenes expresas de llevarlos nuevamente a la instalación militar. Uno de los cinco detenidos fue llevado a otro sector del hospital; y Gutiérrez y Pinto no volvieron a verlo. Los cuatro restantes fueron esposados de a dos, y alrededor de las 5 a.m., fueron llevados de regreso a la instalación militar, en contra de lo recomendado por los médicos.

Pinto y Gutiérrez fueron ubicados en un patio del establecimiento militar, al aire libre, donde también estaban los demás detenidos, que eran aproximadamente 40. Amaneció alrededor de las 6 a.m., y los detenidos fueron dejados al rayo del sol durante todo el día. Gutiérrez y Pinto manifestaron que tanto ellos como los demás detenidos pidieron reiteradamente recibir atención médica, pero que esta fue negada. Ambos dijeron que sentían intensos dolores, ya que los médicos de la clínica solamente habían podido limpiarles las heridas, pero no pudieron tratar las graves lesiones que presentaban.

Alrededor de las 3 p.m., se presentaron miembros del CICPC, quienes les pidieron sus nombres, números de documento y les tomaron las huellas digitales. Luego, los detenidos fueron llevados en grupos de a 10 para realizarles una revisación médica, durante la cual estuvieron presentes militares.

Pinto relató que, cerca de las 6 p.m., fue llevado a una clínica privada, es decir, casi un día entero después de su detención. Allí, según se indica en un informe médico, recibió tratamiento por heridas que presentaba en la mano derecha, y el codo y el ojo izquierdos [119] . Durante la entrevista, Pinto mostró a Human Rights Watch radiografías del codo izquierdo y la mano derecha, en las cuales se veían múltiples perdigones bajo la piel, y facilitó una copia del análisis radiológico [120] . A través de un examen oftalmológico se determinó que el ojo izquierdo de Pinto había sido afectado por los disparos y que registraba dolor, lagrimeo y visión borrosa como resultado de la lesión ocular [121] .

Gutiérrez fue llevado a la sala de emergencias a la misma hora —aproximadamente a las 2 a.m.— y allí le diagnosticaron “traumatismo craneofacial”, hemorragia nasal grave y “deformación” en región frontal y nasal [122] . Un examen físico más exhaustivo que se realizó posteriormente halló deformación grave de la pirámide nasal, con aplastamiento óseo y múltiples fracturas en el rostro [123] . Fueron necesarias varias cirugías para reconstruir y reacomodar los huesos del rostro y la zona nasal de Gutiérrez, y según refirió, tuvieron que implantarle un puente metálico en la frente y otro en la zona nasal.

Pinto y Gutiérrez tuvieron una audiencia judicial en el establecimiento médico donde recibieron tratamiento. Ambos fueron acusados de obstrucción de vías, resistencia al arresto, daños a bienes públicos y asociación para delinquir.

Relato de la detención en el establecimiento militar según un testigo

El 21 de febrero, a una abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización de derechos humanos venezolana, se le permitió acceder brevemente al establecimiento militar donde habían mantenido a Pinto y Gutiérrez hasta las 6 p.m. del 20 de febrero, y donde aún permanecían otras personas detenidas en el mismo incidente. El relato de la abogada corrobora muchas de las condiciones que describieron Pinto y Gutiérrez, así como los abusos constantes contra los demás detenidos.

El 20 de febrero, la abogada había estado en contacto con familiares de varios detenidos, quienes le habían informado que estos se encontraban en el establecimiento militar [124] . Se dirigió al lugar el 21 de febrero, temprano por la mañana, y encontró a numerosos familiares reunidos en el exterior de la entrada principal. Estas personas le dijeron que no les habían permitido ingresar, y que los miembros de la Guardia Nacional en la puerta no les confirmaban si sus familiares se encontraban en el interior.

Después de haber solicitado varias veces ser recibida por un oficial de rango para averiguar quiénes se encontraban en el establecimiento, la abogada fue llevada dentro de la base militar por un capitán. El capitán la llevó hasta una sala que parecía un comedor y le dijo que esperara allí. Según contó, desde la sala se veía el patio donde mantenían a decenas de detenidos. “Los muchachos estaban todos esposados de a dos personas por juego de esposa, incluyendo a los menores, sólo las mujeres se escapaban de esta situación”, explicó a Human Rights Watch [125] . Los detenidos estaban sentados en el suelo, y solamente se les permitía moverse cuando eran llevados al baño, y según dijo ni siquiera en ese momento les quitaban las esposas. “Pude notar que estaban todos golpeados”, dijo.

La abogada también observó que un oficial uniformado gritaba a los detenidos por intentar hablar entre ellos: “¡Cállense! ¡No van a hablar más!”. Diez minutos después de haber sido llevada al comedor, un teniente advirtió su presencia y le preguntó qué estaba haciendo. Cuando intentó explicar que era una abogada de derechos humanos que había sido llevada hasta allí por otro oficial, quien le había indicado que esperara, el teniente comenzó a gritarle y a decirle que no debía estar en ese lugar. Le indicó a otro guardia nacional que la llevara a otro sitio, fuera de la vista de los detenidos. Allí, se encontró con otros abogados de detenidos que estaban esperando.

Aseveró que ella y los demás abogados esperaron aproximadamente hasta las 7 p.m., pero que no se les permitió hablar con detenidos. Desde el momento en que llegó, advirtió que en la base militar también había fiscales que hablaban con guardias nacionales. Se acercó a un grupo de fiscales para preguntarles cuándo llevarían a los detenidos ante un juez. Según la abogada: “Su respuesta fue que no lo sabían pues ellos habían cumplido con sus lapsos, el resto no era su responsabilidad. Además, me señalaron que mi presencia ahí no era necesaria y carecía de sentido pues a los muchachos se les habían respetado sus derechos en todo momento y ‘claramente no estaban golpeados’” [126] .

La abogada dijo que, cuando estaban a punto de comenzar las audiencias ante los jueces, pudo escuchar una conversación entre guardias nacionales (incluido el teniente que antes le había gritado) y fiscales que estaban cerca. Según relató, los oficiales dijeron que había “un problema con una placa de rayos X”, que “según ellos haría que se cayera el caso, por lo cual debían desaparecerla”. Poco después, le dijeron que debía retirarse de la base por orden de un juez, y fue acompañada hasta la salida por guardias nacionales.

La abogada explicó a Human Rights Watch que, esa noche, esperó en el exterior de la instalación militar. Habló con varios de los detenidos que habían sido liberados después de la acusación. Según contó, estas personas le dijeron que les habían hecho firmar un documento —donde decía que no habían sufrido abusos por parte de oficiales y que se habían respetado sus derechos de debido proceso—antes de permitirles hablar con sus abogados. Le explicaron asimismo que no habían podido reunirse con sus abogados hasta el inicio de la audiencia ante el juez.

[52] Entrevista de Human Rights Watch con Marlon José Maldonado Vargas, Valencia, 23 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con Dayana Méndez Andrade, Valencia, 23 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con Luis Rodríguez Malpica, Valencia, 23 de marzo de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con Clipso Alberto Martínez Romero, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[53]Entrevista de Human Rights Watch con Dayana Méndez Andrade, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[54] Ibíd. En los registros de Human Rights Watch obran diversas fotografías de las heridas.

[55] Mensaje de correo electrónico enviado por un profesional médico a Human Rights Watch, 31 de marzo de 2014. El nombre de la persona, que trabaja para el Ministro de Defensa, se mantiene bajo reserva.

[56] Ibíd. El mensaje de correo electrónico enviado por el profesional médico confirmó que un perdigón había rozado el rostro de Méndez. Méndez mostró a Human Rights Watch la marca en el rostro dejada por el perdigón.

[57] Entrevista de Human Rights Watch con Luis Rodríguez Malpica, Valencia, 23 de marzo de 2014. Rodríguez mostró a Human Rights Watch las heridas en el brazo que fue alcanzado por los perdigones. En los registros de Human Rights Watch obran diversas fotografías de las heridas de Rodríguez.

[58] Según indicaron las víctimas, todos los guardias nacionales llevaban mascaras antigás y, por ende, no les afectaban los gases lacrimógenos.

[59] Entrevista de Human Rights Watch con Clipso Alberto Martínez Romero, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[60] Entrevista de Human Rights Watch con Marlon José Maldonado Vargas, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[61] Ibíd.

[62] Ibíd. Maldonado trajo a la entrevista con Human Rights Watch estos perdigones que, según pudimos determinar, en función de su peso y textura, no eran de goma ni silicona. En los registros de Human Rights Watch obran diversas fotografías de los perdigones.

[63] Fotografías en los registros de Human Rights Watch.

[64] Entrevistas de Human Rights Watch con Dayana Méndez Andrade, Luis Rodríguez Malpica y Clipso Alberto Martínez Romero, 23 de marzo.

[65] Entrevistas de Human Rights Watch con Dayana Méndez Andrade y Luis Rodríguez Malpica, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[66] Mensaje de correo electrónico enviado por un profesional médico a Human Rights Watch, 31 de marzo de 2014.

[67] Ibíd.

[68] Ibíd.

[69] Ibíd; Entrevista de Human Rights Watch con Dayana Méndez Andrade, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[70] Ibíd.

[71] Ibíd.

[72] Entrevista de Human Rights Watch con la madre de Clipso Alberto Martínez Romero, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[73] Entrevista de Human Rights Watch Eduardo Salas, hermano de Clipso Alberto Martínez Romero, Valencia, 23 de marzo de 2014.

[74] El informe médico del hospital al cual fue llevado Martínez indica que no llegó allí hasta el 21 de marzo, lo cual demuestra que su traslado al hospital se demoró, como mínimo, hasta después de la medianoche del 20 de marzo, día en el cual recibió los balazos aproximadamente a las 7 p.m. Informe médico, Hospital Metropolitano del Norte, 21 de marzo de 2014. En los registros de Human Rights Watch. El nombre del médico no se ha revelado para evitar poner en riesgo su estabilidad laboral.

[75] Además del informe médico, el tamaño y la ubicación de la herida de Martínez fueron confirmados por fotografías de la lesión tomadas por su familia, y que obran en los registros de Human Rights Watch.

[76] Informe médico, Hospital Metropolitano del Norte, 21 de marzo de 2014.

[77] Informe Médico, Paciente: Clipso Martínez, Hospital Metropolitano del Norte, 22 de marzo de 2014. Documento 25090256. Copia en los registros de Human Rights Watch. El nombre del médico no se ha revelado para evitar poner en riesgo su estabilidad laboral.

[78] Informe Psicológico, Paciente: Clipso Martínez, 22 de marzo de 2014 (en los registros de Human Rights Watch). El nombre del psicólogo, un especialista en psicología clínica y comunitaria, no se ha revelado para evitar poner en riesgo su estabilidad laboral.

[79] Entrevista de Human Rights Watch con Moisés Guánchez y su madre, Mónica Jezbel Díaz, estado de Miranda, 20 de marzo de 2014. Guánchez facilitó a Human Rights Watch copias de fotografías vinculadas con el incidente, tomadas por testigos, que corroboran partes clave de su testimonio.

[80] Guánchez facilitó a Human Rights Watch copias de fotografías donde se veían las heridas que estos impactos le provocaron en el brazo y las nalgas. Copias en los registros de Human Rights Watch.

[81] Copias de fotografías en los registros de Human Rights Watch.

[82] Sentencia de la Jueza Nancy Marina Bastidas, Expediente N.º 4C-13930-14, 7 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[83] Ibíd. En varias de las fotografías, se puede ver a Guánchez de pie, rodeado por guardias nacionales, y con manchas de sangre en la zona de la ingle, sobre sus pantalones de color caqui, en todo el lado interno del muslo izquierdo y en toda la pierna derecha.

[84] Copias de las fotografías de la camioneta negra en los registros de Human Rights Watch.

[85] Entrevista de Human Rights Watch con Moisés Guánchez y su madre, 20 de marzo de 2014. Según Guánchez, un guardia nacional le dijo “que [le] iban a meter por el culo un palo de escoba”.

[86] Fiscalía Primera de la Circunscripción, estado de Miranda, Expediente 15F1-0416-14, Expediente No. MP 99623-2014, 10 de marzo de 2014. La solicitud fue enviada desde el Ministerio Público en nombre de la madre de Guánchez, Mónica Jezbel Díaz, al Comando Regional No. 5, Destacamento No. 56, Segunda Compañía, Los Teques, de la Guardia Nacional. Incluye una lista de artículos que Díaz solicita a la Guardia Nacional que le sean restituidos, los cuales pertenecían a su hijo y fueron confiscados durante su detención. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[87] Los médicos que operaron a Guánchez y retiraron los perdigones los entregaron a su madre como prueba. La madre de Guánchez mostró estos perdigones a investigadores de Human Rights Watch cuando la entrevistaron. Fotografías de perdigones en los registros de Human Rights Watch.

[88] Centro Médico de Caracas, “Informe médico”, 14 de marzo de 2014, copia en los registros de Human Rights Watch. El nombre del médico que firmó este informe no se ha revelado para evitar repercusiones en su lugar de trabajo.

[89] Ibíd; Informe médico, 9 de marzo de 2014; Informe médico, Instituto Médico La Floresta, 28 de marzo de 2014. Los nombres de los médicos no se han revelado para evitar repercusiones en su lugar de trabajo. Copias de informes médicos en los registros de Human Rights Watch.

[90] Sentencia de la Jueza Nancy Marina Bastidas, Expediente N.º 4C-13930-14, 7 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[91] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Magaly Vázquez, abogada, Caracas, 8 de marzo de 2014.

[92] Sentencia de la Jueza Nancy Marina Bastidas, Expediente N.º 4C-13930-14, 7 de marzo de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[93] Informe médico del Dr. Bernardo Cuomo Auvert, 25 de marzo de 2014.

[94] Comunicación por correo electrónico de Human Rights Watch con Mónica Jezbel Díaz, 14 de abril de 2014.

[95] Entrevistas de Human Rights Watch con Marco Aurellio Coello, Luis Felipe Boada, Cristian Holdack, Nelson Gil, Demian Martin y Ángel de Jesús González, Caracas, 21 de marzo de 2014. Human Rights Watch formuló las mismas preguntas a cada uno de los seis detenidos en dos entrevistas grupales con tres personas cada una.

[96] Copia en los registros de Human Rights Watch.

[97] Entrevistas de Human Rights Watch con Marco Aurellio Coello, Luis Felipe Boada, Cristian Holdack, Nelson Gil, Demian Martin y Ángel de Jesús González, Caracas, 21 de marzo de 2014.

[98] Entrevista de Human Rights Watch con Dorys Coello, madre de Marco Coello, Caracas, 19 de marzo de 2014.

[99] Entrevista de Human Rights Watch con abogados del Foro Penal Venezolano, Caracas, 19 de marzo de 2014.

[100] Entrevista de Human Rights Watch con abogados del Foro Penal Venezolano, Caracas, 19 de marzo de 2014.

[101] En el pronunciamiento judicial se mencionan solamente los nombres de otros ocho, pero los seis detenidos manifestaron a Human Rights Watch que, en la audiencia, había otras diez personas acusadas de los mismos delitos. Decisión de la Jueza Janeth Jeréz, 15 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[102] Decisión de la Jueza Janeth Jeréz, 15 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[103] Conforme al derecho penal venezolano, el fiscal cuenta con un máximo de 45 días para presentar la acusación contra un detenido, archivar las actuaciones hasta que se obtenga nueva prueba o determinar que no existen evidencias para avanzar con el procesamiento. Código Orgánico Procesal Penal, art. 250.

[104] Comunicación de Human Rights Watch con abogados del Foro Penal Venezolano y Fundeci, Caracas, 1 de abril de 2014.

[105] Entrevista de Human Rights Watch con Wladimir Díaz, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[106] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Wladimir Díaz, 10 de abril de 2014.

[107] Fotografías en los registros de Human Rights Watch.

[108] Entrevista de Human Rights Watch con Teresa Orellana, Mirian Alvarado y Virginia Torres, profesoras de la UCLA, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[109] Acta de Comparecencia, P-14-361, Milagros Granadillo Cañizales (madre de la víctima), Defensoría del Pueblo, 24 de marzo de 2014 (en los registros de Human Rights Watch).

[110] Entrevista de Human Rights Watch con Wladimir Díaz, Barquisimeto, 22 de marzo de 2014. Entrevista de Human Rights Watch con Milagros Granadillo Cañizales (madre de Wladimir Díaz), Barquisimeto, 22 de marzo de 2014.

[111] Informe médico número: 20920941 Policlínica San Javier del Arca c.a., Barquisimeto, 19 de marzo de 2014 (en los registros de Human Rights Watch).

[112] Entrevista de Human Rights Watch con Gengis Pinto, San Antonio de los Altos, 20 de marzo de 2014.

[113] Entrevista de Human Rights Watch con Luis Alberto Gutiérrez Prieto, Caracas, 18 de marzo de 2014.

[114] Según Mark Hiznay, investigador sénior sobre armas de Human Rights Watch, la acción de empuje que provoca el disparo de perdigones es mucho menor que la generada por municiones, y produce un sonido mucho menos perceptible.

[115] El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre de Venezuela Haiman El Troudi envió varios tuits en la noche del incidente. Estos mensajes contenían fotografías que, según indicaba el ministro, correspondían al metrobús, y de las contusiones que presuntamente ostentaba el conductor tras de haber sido víctima de un ataque. Haiman El Troudi (@HaimanVZLA), “Nuestro compañero d Metrobus agredido esta fuera d peligro tras ser víctima d golpes, presenta contusiones”, tuit del 19 de febrero de 2014, 18:32 p.m. https://twitter.com/HaimanVZLA/status/436322667223080960.

[116] En el video, que Pinto facilitó a Human Rights Watch, se ven más de 20 motocicletas que avanzan hacia el lugar donde estaba la barricada, mientras quienes van en ellas disparan sus armas. Posteriormente, muestra que miembros de las fuerzas de seguridad colocan a los detenidos en fila contra la pared que rodea el estacionamiento, lo cual corrobora los relatos de Pinto y Gutiérrez. Video en los registros de Human Rights Watch.

[117] Ibíd. El video que facilitó Pinto mostraba a decenas de detenidos a lo largo del muro, que habían sido llevados por guardias nacionales hasta ese lugar.

[118] Ibíd. En el video, se puede ver a guardias nacionales golpeando a detenidos con bastones, cascos y puños.

[119] Informe médico, nombre del paciente: Gengis Pinto, Centro Médico Docente El Paso, C.A., Los Teques, estado de Miranda, 22 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[120] Informe radiológico, Centro Médico Docente El Paso, C.A., Los Teques, estado de Miranda, 20 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch. El examen indica que su mano derecha muestra signos de perdigones en un dedo, mientras que en el codo izquierdo se pueden ver múltiples perdigones.

[121] Examen oftalmológico, 29 de febrero de 2014. Copia en los registros de Human Rights Watch. El nombre del oftalmólogo se mantiene bajo reserva.

[122] Informe médico, nombre del paciente: Luis Gutiérrez. Centro Médico Docente El Paso, C.A., Los Teques, estado de Miranda, 22 de febrero de 2014.

[123] Informe médico II, Nombre del paciente: Luis Gutiérrez. Centro Médico Docente El Paso, C.A., Los Teques, estado de Miranda, 22 de febrero de 2014.

[124] Entrevista de Human Rights Watch con Andrea de Sousa de Nobrega, Caracas, 20 de marzo de 2014.

[125] Comunicación por correo electrónico enviada por Andrea de Sousa de Nobrega a Human Rights Watch, 20 de abril de 2014.

[126] Ibíd.