5 de Mayo de 2014

Metodología

El presente informe se elaboró sobre la base de entrevistas exhaustivas con más de 90 personas, incluidas víctimas de violaciones de derechos humanos, así como familiares, profesionales médicos que las atendieron, periodistas y defensores de derechos humanos. Investigadores de Human Rights Watch entrevistaron, asimismo, a más de una decena de abogados que brindaron asesoramiento letrado a cientos de personas detenidas en protestas o en las proximidades de estas cuando fueron llevadas ante un juez.

Las entrevistas se efectuaron principalmente durante una investigación de Human Rights Watch en Venezuela realizada en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas, Valencia (estado de Carabobo), Barquisimeto (estado de Lara) y Los Teques (estado de Miranda). Algunas entrevistas se efectuaron en forma telefónica, por correo electrónico o Skype antes y después de la investigación en el país. Investigadores de Human Rights Watch también entrevistaron a víctimas, abogados y defensores de derechos humanos en los estados de Anzoátegui, Barinas, Guyana y Maracaibo sobre casos que no fueron incluidos entre los 45 documentados en este informe.

En casi todos los casos incluidos en el presente documento, Human Rights Watch obtuvo y examinó evidencias adicionales —como fotografías, grabaciones de video, informes médicos, resoluciones judiciales o testimonios de testigos— que corroboraron las versiones de las víctimas. Human Rights Watch también observó de primera mano y a través de fotografías distintas lesiones que, según afirmaron las víctimas, habían sido provocadas por miembros de fuerzas de seguridad, incluidas heridas de bala causadas con armas de fuego, cicatrices, contusiones, heridas provocadas por perdigones de goma y de metal disparados con armas menos letales, quemaduras y otras lesiones. Human Rights Watch sustenta sus conclusiones con respecto a la credibilidad de los presuntos abusos en una evaluación minuciosa de la calidad de estas pruebas confirmatorias, y en la coherencia de los relatos detallados que aportaron las víctimas, tanto en sí mismos como con respecto a patrones y prácticas documentadas en otros casos.

Todas las personas entrevistadas fueron informadas de la finalidad de la entrevista, su naturaleza voluntaria y las formas en que sería utilizada la información. Se advirtió a los entrevistados que podían negarse a responder preguntas o concluir la entrevista en cualquier momento. Todos brindaron su consentimiento verbal para la entrevista. Ninguna de las personas entrevistadas recibió algún tipo de compensación.

En la mayoría de los países donde Human Rights Watch desarrolla su trabajo, la práctica consiste en intentar concertar entrevistas con funcionarios gubernamentales para dialogar y solicitar información con respecto a los temas que está investigando. Esta ha sido también la práctica en Venezuela. Entre 2002 y 2007, representantes de Human Rights Watch mantuvieron reuniones con el Presidente Hugo Chávez, altos funcionarios de su gobierno, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el titular del Ministerio Público, miembros de la Asamblea Nacional y numerosos funcionarios en diversos organismos gubernamentales.

No obstante, en la investigación llevada a cabo para este informe, Human Rights Watch optó deliberadamente por no entablar contacto con funcionarios gubernamentales ni darle visibilidad pública a nuestra presencia en el país. Esta decisión se adoptó por temor a las posibles consecuencias para las víctimas, defensores de derechos humanos y otras personas entrevistadas, el riesgo que podría implicar para nuestra posibilidad de efectuar la investigación y la seguridad de nuestro personal. También tomamos en cuenta que el gobierno venezolano detuvo y expulsó del país en 2008 a representantes de Human Rights Watch, y declaró que nuestra presencia no sería “tolerada” allí.

A fin de conocer la perspectiva del gobierno, nos pusimos en contacto con el Ministerio Público de Venezuela por fax y correo electrónico para solicitar información sobre investigaciones de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia en los cuales supuestamente participaron manifestantes [39] . A la fecha de redacción de este documento, no hemos recibido una respuesta del gobierno venezolano.

También analizamos declaraciones efectuadas por el Presidente Maduro y varios ministros, la Fiscal General, el titular de la Fuerza Armada Nacional, altos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, gobernadores, alcaldes y legisladores. Examinamos estadísticas, informes y comunicados de prensa preparados por el Ministerio Público sobre presuntos incidentes violentos y violaciones de derechos humanos relacionados con las protestas. Efectuamos una exhaustiva revisión de documentos judiciales, información difundida en medios de comunicación estatales, mensajes de Twitter de funcionarios gubernamentales y otras fuentes oficiales, a fin de evaluar la postura del gobierno venezolano con respecto a incidentes concretos presentados en el informe, así como su evaluación del desempeño general de las fuerzas de seguridad en el contexto de protestas.

Cantidad de casos de abuso y víctimas

El informe describe en detalle los abusos sufridos por 45 víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a los cuales nos referimos como “casos”. Human Rights Watch entrevistó a las víctimas en la gran mayoría de estos casos. En nueve de ellos, no entrevistamos a la víctima pero obtuvimos el testimonio de familiares de esta, su abogado y/o de testigos. En algunos de esos casos, también examinamos documentos judiciales oficiales, fotografías y otras evidencias que corroboraban estas versiones. Las razones principales por las cuales Human Rights Watch no pudo entrevistar directamente a víctimas en estos nueve casos fueron que se encontraban detenidas, habían perdido la vida, o un juez les prohibió hablar sobre su caso.

No todos los casos del informe se describen con el mismo nivel de detalle. No obstante, su inclusión indica que hemos determinado, en función de un minucioso examen de las evidencias, que se trata de casos creíbles de violaciones de derechos humanos.

Muchas de las víctimas en estos casos sufrieron abusos junto con otras personas, y por lo tanto fueron testigos directos de abusos padecidos por terceros. Entre estos abusos se incluyen los cometidos durante arrestos y en establecimientos de detención, así como violaciones de garantías de debido proceso antes de audiencias judiciales o durante estas.

En numerosos casos, por ejemplo, los detenidos fueron literalmente esposados a varios otros durante horas. Los detenidos fueron comúnmente presentados ante un juez en grupos, como resultado de lo cual compartieron audiencia con otros detenidos a quienes se atribuyeron delitos idénticos a los suyos. Debido a ello, los detenidos pudieron ofrecer una descripción creíble de los arrestos, las condiciones de detención, las violaciones de debido proceso u otros abusos padecidos por otras víctimas.

Human Rights Watch solamente incluyó a personas entre el total de víctimas que sufrieron abusos cuando nos fue posible recabar evidencias que corroboraron la descripción ofrecida por una víctima sobre abusos que, según pudo ver, eran cometidos contra personas que estaban alrededor suyo. La corroboración se hizo, por ejemplo, por medio de testimonios separados o resoluciones judiciales que probaron que las víctimas efectivamente fueron acusadas junto con otras.

Al respecto, se puede traer a colación el siguiente ejemplo: Dayana Méndez Andrade, Luis Rodríguez Malpica y Clipso Alberto Martínez Romero fueron detenidos el 20 de marzo de 2014, cuando guardias nacionales que circulaban en motocicletas oficiales irrumpieron en una protesta en Valencia, en el estado de Carabobo, arrojando gases lacrimógenos y perdigones contra manifestantes y personas en las proximidades. En entrevistas separadas mantenidas con Human Rights Watch, Méndez, Rodríguez y Martínez dijeron coincidentemente que, además de ellos, otras tres personas habían sido detenidas por guardias nacionales, lo cual implica un total de seis detenidos.

Consideramos veraz la afirmación de Méndez, Rodríguez y Martínez de que otras tres personas habían sido detenidas junto con ellos, debido a que sus relatos coincidían, y que fueron retenidos junto con los otros detenidos (primero en una gasolinera y luego en un establecimiento militar). Además, debido a que Méndez, Rodríguez y Martínez dijeron que ellos y los otros detenidos habían sido retenidos en la misma sala en una base militar —y que los guardias se negaron a permitir que ninguno de ellos se comunicara con sus familias o un abogado— determinamos que era razonable concluir que se habían violado los derechos de debido proceso de los seis detenidos.

Por lo tanto, si bien podemos contabilizar los abusos contra Méndez, Rodríguez y Martínez como “casos” documentados por Human Rights Watch (dado que los entrevistamos directamente), también podemos aseverar de manera creíble que al menos otras tres personas detenidas en esa misma protesta permanecieron detenidas en condiciones de incomunicación y sufrieron otras violaciones de debido proceso mientras estuvieron en un establecimiento militar.

[39] Carta enviada por Human Rights Watch a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, 23 de abril de 2014.