5 de Mayo de 2014

Recomendaciones

Al Presidente Nicolás Maduro

  • Ordenar a todas las fuerzas de seguridad que sus miembros inmediatamente cesen de maltratar y emplear violencia contra manifestantes que ya estén bajo custodia de las autoridades, así como de cualquier otro uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública en el contexto de manifestaciones, y cumplan con las normas internacionales sobre uso de la fuerza;
  • Prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos cometidos por pandillas armadas partidarias del gobierno, o que toleren estos actos, y ordenarles que adopten medidas para asegurar el desarme efectivo de grupos que posean ilegalmente armas o participen en actividades armadas ilícitas, y detenerlos cuando cometan delitos;
  • Asegurar el respeto de la libertad de expresión, garantizando en particular que se permita a periodistas y ciudadanos de a pie registrar y documentar actividades de protesta y la respuesta de miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales sin sufrir represalias;
  • Abstenerse de realizar declaraciones públicas que podrían interpretarse como una instigación a cometer actos violentos; asegurar que otros altos funcionarios no formulen ese tipo de declaraciones; y no realizar acusaciones infundadas contra manifestantes u opositores políticos, ni atribuirles responsabilidad penal por actos de violencia, que podrían constituir una intromisión política indebida en investigaciones y procesos judiciales en curso y desvirtuar la presunción de inocencia de personas detenidas;
  • Ordenar que bajo ninguna circunstancia las personas arrestadas permanezcan detenidas en bases militares; y
  • Asegurar que Venezuela cumpla plenamente con normas internacionales de derechos humanos exigiendo que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que cometan violaciones de derechos humanos rindan cuentas por su actuación.

El presidente debería garantizar la cooperación con organismos internacionales que observan la situación de los derechos humanos, a fin de asegurar que los venezolanos puedan tener acceso a los mecanismos internacionales previstos en las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el gobierno de Maduro debería:

  • Aceptar inmediatamente los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial sobre tortura, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar sus visitas en el plazo más breve posible, además de cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria para que visite el país;
  • Trabajar en colaboración con la Asamblea Nacional para reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y adoptar todas las medidas necesarias para cumplir e implementar sus fallos; y
  • Permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una visita in loco a Venezuela.

Al Ministerio Público

  • Examinar todos los cargos formulados contra personas en relación con las protestas, desistir de aquellos presentados contra quienes fueron arrestados indebidamente o con respecto a los cuales las autoridades carezcan de evidencias creíbles sobre la responsabilidad penal de los acusados, y tomar los recaudos necesarios para que se disponga la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que hayan sido detenidas sobre la bases de estos cargos improcedentes;
  • Asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean objeto de investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales;
  • Investigar casos de presuntas violaciones de derechos humanos en que las víctimas hayan planteado denuncias ante el Ministerio Público, así como aquellos casos reseñados en medios de comunicación o documentados por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales;
  • Efectuar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los actos de violencia perpetrados por ciudadanos en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas;
  • Respetar los derechos de debido proceso de todas las personas que se sospeche que han cometido delitos e instruir a fiscales y policías de investigación para que también lo hagan, y advertir a los funcionarios judiciales que violen estos derechos que deberán responder por sus actos; e
  • Investigar y juzgar a funcionarios públicos que violen normas de debido proceso, lo cual incluye hacer caso omiso de, o encubrir, abusos contra personas que presuntamente han delinquido, utilizar evidencias cuando sepan que estas son falsas o han sido manipuladas, o no reconocer los derechos de personas sospechadas de cometer delitos.

A la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional debería adoptar medidas tendientes a reparar el deterioro en la independencia del poder judicial causado durante la última década. En 2004 se sancionó una ley que permitió que el gobierno y sus partidarios designaran a aliados políticos en el Tribunal Supremo de Justicia. Como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, el Tribunal Supremo en gran medida ha incumplido su rol de contralor del poder ejecutivo y garante de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. La falta de independencia judicial del máximo tribunal de Venezuela ha repercutido negativamente en jueces de tribunales inferiores, quienes en su mayoría no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo y pueden ser destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo.

La totalidad de los 32 magistrados que integran actualmente el Tribunal Supremo fueron designados tras la sanción de la ley de 2004. A la fecha de redacción de este documento, 11 cargos eran ocupados por “magistrados suplentes”, a pesar de que la ley exige que se designen magistrados permanentes para cubrir faltas absolutas. La mayoría de estos “magistrados suplentes” se han desempeñado en el Tribunal Supremo desde hace más de un año.

En marzo de 2014, en el marco del diálogo con la oposición, el Presidente Maduro señaló que la Asamblea Nacional daría inicio al proceso de designación de magistrados permanentes del Tribunal Supremo.

La Asamblea Nacional debería:

  • Aplicar sin dilación los procesos legales contemplados en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para designar a magistrados permanentes en todas las vacantes que existan en el tribunal —mediante el voto de una mayoría de dos tercios—, por medio de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político; y
  • Derogar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo que atentan contra la independencia del Tribunal, al permitir que los magistrados puedan ser destituidos por mayoría simple de votos.

Al Tribunal Supremo

  • Restablecer su rol como garante independiente de derechos fundamentales reivindicando los derechos básicos, con independencia de la adscripción política de las partes involucradas; y
  • Poner fin a la práctica de la Comisión Judicial por la cual se nombra a jueces sin garantía de permanencia en el cargo y luego se los destituye discrecionalmente; y adoptar mecanismos para asegurar que todos los jueces sean designados en cargos con estabilidad, a través de concursos abiertos y públicos, conforme lo exige la Constitución de Venezuela.

A todos los líderes de la oposición política

  • Hacer un llamado enfático y categórico a todos sus partidarios a que se abstengan de cometer actos de violencia;
  • Repudiar de manera enfática y categórica los actos de violencia cometidos sin que medie provocación por manifestantes en el contexto de protestas en las cuales participen; y
  • Pedir a miembros de partidos de oposición en la Asamblea Nacional que colaboren y participen activamente en las iniciativas que esta impulse orientadas a restablecer la independencia del poder judicial.

A los manifestantes

Todos los manifestantes deben ejercer su derecho a manifestar pacíficamente sin incurrir en actos de violencia contra particulares, agentes del Estado o propiedad pública y privada.

A la comunidad internacional

Los gobiernos extranjeros deberían interactuar con el gobierno de Venezuela para asegurar que las violaciones de derechos humanos como las documentados en este informe —tales como el uso excesivo de la fuerza, abusos en centros de detención y violaciones del debido proceso— cesen inmediatamente y sus responsables sean puestos a disposición de la justicia.

En particular, los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales Venezuela  es parte—como el MERCOSUR, la UNASUR y la Organización de los Estados Americanos— deberían reivindicar su compromiso de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas de derechos humanos.