5 de Mayo de 2014

Resumen

El 12 de febrero de 2014, miles de personas en toda Venezuela participaron en marchas y manifestaciones públicas en protesta a las políticas del gobierno del Presidente Nicolás Maduro. En Caracas y varias otras ciudades, se produjeron enfrentamientos violentos entre miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales y manifestantes. Tres personas perdieron la vida, decenas resultaron gravemente heridas y cientos fueron arrestadas. Desde entonces, las manifestaciones han continuado y la cantidad de víctimas y detenciones ha seguido en aumento. 

En los días y semanas posteriores al 12 de febrero, Human Rights Watch recibió información sobre graves violaciones de derechos humanos, incluidos abusos cometidos durante operativos gubernamentales destinados a contener las protestas y en el trato impartido a personas detenidas en manifestaciones o zonas aledañas. 

Para investigar estos señalamientos de abusos, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo. Visitamos Caracas y tres estados —Carabobo, Lara y Miranda— y mantuvimos gran cantidad de entrevistas con víctimas de abusos, sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas y defensores de derechos humanos. También reunimos amplias evidencias materiales, como fotografías, grabaciones de video, informes médicos, resoluciones judiciales y expedientes de casos. Asimismo, obtuvimos y analizamos informes gubernamentales y declaraciones oficiales sobre las protestas y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Durante nuestra investigación en el país e indagaciones posteriores, documentamos un patrón de graves abusos. En 45 casos, encontramos evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que incluían violaciones del derecho a la vida; la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; los derechos a la integridad física, la seguridad y la libertad; y las garantías de debido proceso. Estos abusos se vieron agravados por la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del poder judicial que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos, incluidas serias violaciones de sus derechos de debido proceso.

Los relatos ofrecidos por las víctimas en estos 45 casos —junto con pruebas confirmatorias reunidas a través de una diversidad de fuentes— aportaron evidencias creíbles de que más de 150 personas fueron víctimas de graves abusos en incidentes relacionados. (Para mayor información sobre el modo en que llevamos a cabo nuestra investigación y los casos documentados, ver la sección “Metodología” de este informe).

En la mayoría de los casos que documentamos, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Casi todas las víctimas fueron además arrestadas y, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos. En al menos 10 casos, los abusos claramente constituyeron tortura. 

Nuestra investigación determinó que en los tres estados y en Caracas miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas en los ataques. 

El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. Más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales han resultado heridos en el contexto de protestas, y al menos nueve murieron, según datos del gobierno. Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Asimismo, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de detener a personas cuando son descubiertas en el momento en que están cometiendo un delito.

Sin embargo, en los 45 casos de violaciones de derechos humanos que documentamos, las evidencias indicaron que las víctimas de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos no estaban participando en actos de violencia u otras actividades delictivas en el momento en que miembros de las fuerzas de seguridad venezolana actuaron contra ellas. Por el contrario, testimonios de testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias sugieren que las víctimas no estaban armadas y no eran violentas. De hecho, algunos de los abusos más graves que documentamos fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.      

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de estos abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas. 

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. En 13 de los casos investigados, miembros de las fuerzas de seguridad persiguieron a personas que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Aproximadamente la mitad de estas personas eran periodistas profesionales, mientras que la otra mitad eran manifestantes o transeúntes que utilizaban sus teléfonos celulares para documentar el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad.

Además del uso ilegítimo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, casi la totalidad de los 45 casos implicaron violaciones de las garantías de debido proceso. Entre estos actos se incluyeron mantener a los detenidos incomunicados, negarles el acceso a un abogado hasta minutos antes de haber sido llevados ante un juez y, en varios casos, sembrarles pruebas falsas para poder imputarles delitos. A menudo algunos jueces confirmaron el procesamiento de detenidos sobre la base de evidencias dudosas presentadas por la fiscalía, sin someter las pruebas a un examen riguroso ni indagar de qué modo los presuntos implicados que fueron presentados ante ellos habían sufrido lesiones que eran visibles.

Numerosos fiscales y jueces reiteradamente hicieron caso omiso de evidencias que indicaban que los detenidos habían sido sometidos a abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, como no tomar en cuenta signos evidentes de abuso físico, o interrogar a detenidos en establecimientos militares, donde claramente no tenían acceso a abogados.

Altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el Presidente Nicolás Maduro y la Fiscal General de la República, han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales han cometido violaciones de derechos humanos durante su intervención en manifestaciones desde el 12 de febrero. Se han comprometido a que los responsables de tales abusos serán investigados y juzgados, y el Ministerio Público informó recientemente que está impulsando 145 investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, y que 17 agentes de seguridad han sido detenidos por su presunta participación en estos casos. Al mismo tiempo, el Presidente Maduro, la Fiscal General de la República y otros funcionarios gubernamentales también han señalado reiteradamente que los casos de violaciones de derechos humanos representan incidentes aislados, y que no constituyen evidencia de un patrón más amplio de abusos.

Si bien las investigaciones de Human Rights Watch no pudieron documentar la magnitud total de las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela en respuesta a las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 12 de febrero, nuestro trabajo nos permite concluir que los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles y de las fuerzas de seguridad, y que parecieran, como mínimo, haber tolerado. Que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas relevado por este informe, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas. 

Fiscales y funcionarios judiciales que deberían haber actuado con independencia de las fuerzas de seguridad —y que en función de su rol deberían haber advertido e intervenido para que cesaran los abusos contra detenidos— en vez de eso hicieron caso omiso y, en algunos ejemplos, fueron activamente cómplices de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Algunos fiscales contribuyeron a distintas violaciones de las garantías de debido proceso, como interrogar a los detenidos sin que estuviera presente un abogado defensor, lo cual no está permitido por el derecho venezolano. Tanto fiscales como jueces omitieron controlar minuciosamente evidencias falsas que fueron sembradas o inventadas por miembros de las fuerzas de seguridad, y celebraron audiencias para fijar los cargos contra múltiples detenidos que no tuvieron antes acceso adecuado a asistencia letrada.

La magnitud de las violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados —y que persistieron, como mínimo, durante el período de seis semanas examinado por este informe— demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos del poder del Estado. También refuerza la conclusión de que el poder judicial de Venezuela ha pasado de ser una rama independiente de gobierno a transformarse en un sector sumamente politizado, tal como fue documentado anteriormente en diversos informes de Human Rights Watch [1] .

Violencia por parte de manifestantes

Human Rights Watch examinó declaraciones gubernamentales que señalaron que manifestantes habrían participado en actos de violencia y otros delitos en varias partes del país desde el 12 de febrero. También recabamos y analizamos informes de medios, grabaciones de video y fotografías publicadas en Internet que presuntamente muestran actos de violencia cometidos por manifestantes durante protestas. Como se señala más adelante, el gobierno venezolano sostiene que las protestas tuvieron un saldo de 41 víctimas fatales, que atribuye en su mayoría al accionar de manifestantes.

El delito que más comúnmente se atribuye a los manifestantes es la obstrucción de calles y otras vías de tránsito, ya sea mediante la instalación de barricadas fijas o la presencia de manifestantes que no obtuvieron autorizaciones oficiales para sus actividades. A su vez, en múltiples ocasiones, personas que participaron en protestas han atacado a miembros de fuerzas de seguridad con piedras, cócteles Molotov y hondas. En contados incidentes, se informó que manifestantes habrían disparado morteros de fabricación casera.

Por ejemplo, en imágenes tomadas por un fotógrafo de Reuters el 6 de abril de 2014, se ve a jóvenes que parecen ser manifestantes mientras disparan una especie de mortero improvisado [2] . La leyenda de la fotografía indica: “Manifestantes contra el gobierno disparan un mortero rudimentario contra policías durante disturbios en Caracas el 6 de abril de 2014”. Otras fotografías tomadas por el mismo fotógrafo muestran a distintos hombres con el rostro cubierto que exhiben y disparan lo que parecen ser morteros de fabricación casera el 26 y 27 de febrero de 2014 [3] . Según la leyenda de las fotografías, los hombres que llevaban los morteros eran manifestantes contrarios al gobierno que participaban en protestas en San Cristóbal, en el estado de Táchira.

Human Rights Watch también pudo identificar múltiples fotografías y videos que aparentemente muestran a manifestantes antigubernamentales que arrojan cócteles Molotov a miembros de las fuerzas de seguridad [4] . En algunas imágenes se ve a miembros o vehículos de las fuerzas de seguridad cuando son envueltos por las llamas provocadas por cócteles Molotov. Por ejemplo, NTN24 publicó en Internet un video grabado con un teléfono celular donde se ve a varias personas que arrojan cócteles Molotov contra un vehículo blindado gubernamental que, como resultado, se prende fuego [5] . NTN24 informó que el vehículo había estado lanzando agua y gases lacrimógenos mientras intentaba derribar barricadas instaladas en una calle de Caracas [6] .

Otro video publicado en YouTube muestra alrededor de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad que se repliegan en una calle mientras les arrojan piedras. Un objeto con fuego cae a sus pies y estalla, y envuelve en llamas por unos instantes al menos a algunos de ellos [7] . El video fue subido a YouTube el 21 de febrero por un usuario que señaló que había tomado estas imágenes el 18 de febrero de 2014 en el estado de Táchira, e indicó que el explosivo era un cóctel Molotov. El video no muestra quién arrojó las piedras ni el explosivo, pero en varias ocasiones durante la difusión del video en la prensa se señaló que habían sido manifestantes [8] .

Según datos del Ministerio Público, se produjeron 41 víctimas fatales en el contexto de protestas organizadas desde el 12 de febrero [9] . Esas 41 muertes fueron clasificadas del siguiente modo: 27 provocadas por armas de fuego; seis por choques de motocicletas o automóviles atribuidos a la presencia de barricadas; cinco causadas por “otras circunstancias” (que no se especifican); dos personas fueron atropelladas por vehículos; y una murió debido a heridas de arma blanca [10] . La información de pública consulta indica que de estos 41 casos denunciados, en nueve las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o funcionarios gubernamentales, al menos diez eran civiles que participaban en protestas o las apoyaban, y aproximadamente cuatro eran civiles que apoyaban al gobierno [11] .

El Presidente Maduro ha culpado a la oposición por la mayoría de las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha difundido evidencias que sustenten estos señalamientos. De hecho, sobre la base de información oficial y versiones creíbles que circularon en los medios, hay motivos serios para creer que miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno han sido responsables de algunas de las muertes [12] . De hecho, varios miembros de las fuerzas de seguridad han sido arrestados por su presunta participación en algunos de estos casos [13] .

En casos en que funcionarios públicos han presentado evidencias que pretenden demostrar la responsabilidad de manifestantes en relación con asesinatos, esas evidencias no han sido en absoluto concluyentes. Por ejemplo, en un caso, un gobernador del partido político del Presidente Maduro presentó imágenes de video que mostraban a dos hombres con el rostro cubierto que, desde un techo, parecen estar disparando uno o varios fusiles en hacia la calle [14] . El gobernador aseveró que los hombres armados eran manifestantes contrarios al gobierno y sugirió que eran responsables por el fallecimiento del trabajador Juan Orlando Labrador Castiblanco, quien murió abatido por disparos [15] . En otro discurso, el Presidente Maduro indicó que Labrador había sido asesinado por “francotiradores de la derecha” [16] . El video que mostró el gobernador no indica si los hombres en el techo eran manifestantes contrarios al gobierno, ni tampoco es posible determinar en función de las imágenes si los disparos presuntamente efectuados desde el techo impactaron en personas (Labrador no aparece en el video). No se aportaron evidencias con respecto a la trayectoria de la bala o balas que causaron la muerte de Labrador. En varias noticias difundidas por los medios que confirmaban la muerte de Labrador durante una protesta o en un período próximo a esta (que en ese momento se estaba desarrollando en la Avenida Cardenal Quintero) se incluían declaraciones —de vecinos y del alcalde— que aseveraban que Labrador había muerto por disparos efectuados por pandillas armadas partidarias del gobierno, que actuaban conjuntamente con miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales [17] . Ante la existencia de versiones contradictorias, es trascendental que se efectúe una investigación exhaustiva, imparcial y creíble, que incluya todas las pruebas forenses y evidencias recogidas en el lugar de los hechos, así como el testimonio de testigos.

Uso ilegítimo de la fuerza

Miembros de las fuerzas de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y otras personas, que no estaban armados, en las proximidades de manifestaciones. Entre los responsables de estos actos se incluyen miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo y varias fuerzas policiales estatales. Algunos de los abusos más comunes fueron:

  • golpear violentamente a personas que no estaban armadas;
  • disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y
  • disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas, incluso, en algunos casos, cuando ya estaban bajo custodia de las autoridades.

Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.

Willie David Arma , de 29 años, fue detenido el 7 de marzo en la calle frente a su vivienda en Barquisimeto, a pocas cuadras del lugar donde se estaba desarrollando una protesta contra el gobierno. Recibió varios disparos con perdigones, algunos efectuados a quemarropa, y luego fue sometido a una prolongada golpiza por tres guardias nacionales, quienes lo golpearon con las culatas de sus fusiles y con sus cascos, a la vez que le preguntaban: “¿Quién es tu presidente?”.

Conforme al derecho internacional, las fuerzas de seguridad gubernamentales podrán aplicar la fuerza durante operativos antidisturbios como último recurso y de manera proporcional a la gravedad del delito que intentan prevenir. Podrán aplicar la fuerza letal únicamente en defensa propia o de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves. Podrán emplear gases lacrimógenos solamente cuando sea necesario y de manera proporcional y no discriminatoria, y no debería ser en espacios cerrados o contra personas que estén detenidas o ya se encuentren bajo el control de autoridades de seguridad pública.

Human Rights Watch documentó que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas recurrieron a la fuerza —incluida la fuerza letal— reiteradamente en situaciones absolutamente injustificadas. En la mayoría de los casos investigados por Human Rights Watch, el uso de la fuerza se produjo en el contexto de protestas que eran pacíficas, según señalaron víctimas, testigos, abogados y periodistas, quienes en muchos casos compartieron grabaciones de video y fotografías que corroboran sus testimonios [18] .

En varios de los casos que investigamos, grupos reducidos de personas cometieron actos de violencia durante las protestas, como arrojar piedras o botellas, o quemar vehículos. En algunos casos, las evidencias sugieren que estos actos se cometieron sin provocación, y en otros pareciera que ocurrieron en respuesta a agresiones de miembros de las fuerzas de seguridad. De cualquier modo, testigos y periodistas que observaron las protestas dijeron de manera coincidente a Human Rights Watch que las personas que realizaron actos violentos en ellas eran una minoría muy reducida, en general de menos de diez personas entre las decenas o cientos de personas presentes.

No obstante, a pesar de que en los actos de violencia participaban grupos reducidos, la respuesta por parte de miembros de las fuerzas de seguridad fue atacar indiscriminadamente a manifestaciones enteras, y en algunos casos incluso a transeúntes que no intervenían en las protestas. En al menos seis incidentes que documentamos, el uso indiscriminado de la fuerza puso en peligro a personas en hospitales, universidades, edificios de departamentos y centros comerciales en las proximidades. Estos actos por parte de miembros de fuerzas de seguridad pusieron en riesgo la integridad de cientos de transeúntes, incluidos niños [19] .

Rodrigo Pérez , de 21 años, sintió el impacto de varios perdigones en su espalda y cabeza mientras corría intentando alejarse de policías estatales que habían comenzado a disparar balas de goma contra manifestantes. Los manifestantes habían estado cortando parcialmente el tránsito en Puerto La Cruz en una protesta contra el gobierno el 7 de marzo. Pérez —que fue alcanzado mientras ingresaba corriendo a un centro comercial en las proximidades— se escondió en una tienda tras ser herido y vio a varios miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales ingresar al patio de comidas del centro comercial y disparar contra civiles no armados que intentaban escapar, y también vio cuando hirieron a otras dos personas.

Arrestos arbitrarios

En la gran cantidad de casos de detenciones documentadas por Human Rights Watch, la mayoría de los detenidos participaban en protestas al momento del arresto. Sin embargo, el gobierno en ningún momento presentó evidencias creíbles de que estos manifestantes estuvieran cometiendo delitos cuando fueron arrestados, una condición que estipula el derecho venezolano para detener a una persona sin la correspondiente orden judicial [20] . Por el contrario, numerosos relatos de víctimas y testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias indican que las víctimas participaban pacíficamente en manifestaciones y no estaban incurriendo en ninguna actividad delictiva.

Asimismo, algunas de las personas detenidas incluso simplemente se encontraban en las proximidades de donde se desarrollaban las protestas, pero no participaban en ellas. Entre estos detenidos se incluyen personas que pasaban por zonas donde se producían protestas, o que estaban en sitios públicos próximos. Otros fueron detenidos dentro de propiedad privada, como edificios de departamentos. En todos los casos en que se detuvo a personas dentro de propiedad privada, los miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a los edificios sin órdenes de allanamiento, y frecuentemente entraron por la fuerza derribando las puertas de acceso.

Luis Augusto Matheus Chirinos , de 21 años, fue detenido el 21 de febrero en Valencia por aproximadamente 10 miembros de la Guardia Nacional en la entrada de una urbanización, donde estaba aguardando a un amigo a quien había ido a buscar. A poca distancia de allí se estaba desarrollando una manifestación contra el gobierno. Fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde fue golpeado, amenazado y obligado a repetir que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela. Matheus fue mantenido incomunicado durante dos días y posteriormente acusado de varios delitos a partir de evidencias que, según sugiere fuertemente nuestra investigación, habrían sido colocadas deliberadamente, y de un informe policial que señala que fue arrestado a dos cuadras de donde en verdad fue detenido.

Pedro González , de 24 años, estaba de visita el 3 de marzo en casa de un amigo que vive en un edificio de departamentos en Caracas cercano a un sitio donde había una marcha. Cuando comenzaron a sentirse dentro del departamento los gases lacrimógenos, llevados por el viento, González salió al patio cerrado del edificio para tomar aire. Minutos después, varios policías irrumpieron por la fuerza en la entrada al edificio, en persecución de un manifestante. Agarraron a González, lo arrojaron al piso y lo arrastraron fuera del edificio, para luego arrestarlo sin motivo aparente.

José Romero , de 17 años, fue detenido el 18 de marzo por guardias nacionales cuando salía de una estación de metro en el centro de Caracas. Un guardia nacional le pidió que mostrara su documento de identidad y, cuando Romero lo hizo, le propinó una bofetada. Romero fue detenido sin que le ofrecieran ninguna explicación y llevado a una carpa sin insignias oficiales, donde permaneció incomunicado y fue amenazado de muerte, golpeado y sufrió quemaduras.

Persecución de periodistas y otras personas que documentaron hechos de violencia

En 13 de los casos de abuso físico documentados por Human Rights Watch, miembros de las fuerzas de seguridad actuaron deliberadamente contra personas que habían tomado fotografías o filmado protestas. Todas estas personas, salvo dos, fueron detenidas arbitrariamente. Aproximadamente la mitad de esas personas eran periodistas profesionales, mientras que la otra mitad eran manifestantes o transeúntes que utilizaban sus teléfonos celulares para documentar el uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad.

En estos casos, mientras agredían o arrestaban a las víctimas, los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados las reprendieron por haber tomado fotografías o por haber grabado los eventos. En varios ejemplos, miembros de las fuerzas de seguridad dijeron a las víctimas que estaban recibiendo su merecido por intentar menoscabar la reputación de las fuerzas de seguridad, o les advirtieron que no debían difundir las imágenes en Internet.

Dayana Méndez Andrade , una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.

Ángel de Jesús González , de 19 años, estaba tomando fotografías de un automóvil incendiado luego de una manifestación en Caracas el 12 de febrero cuando se le acercaron cuatro hombres armados vestidos de civil. Uno de ellos le dijo que entregara su teléfono celular, y así lo hizo. A continuación, los hombres (que González luego supo que eran agentes de seguridad gubernamentales) comenzaron a golpearlo sin ningún motivo aparente y lo detuvieron.

En muchos de estos casos —así como en otros en que se detuvo a manifestantes y transeúntes— miembros de la Guardia Nacional y policías confiscaron los teléfonos celulares y las cámaras de los detenidos. En los pocos casos en que a los detenidos se les restituyeron estos aparatos, advirtieron casi siempre que sus fotografías y videos habían sido borrados.

Connivencia con pandillas armadas partidarias del gobierno

En reiteradas oportunidades, miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que, a pocos metros de donde estaban, pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a manifestantes, periodistas, estudiantes o personas que creían que eran opositores del gobierno. En algunos casos, las fuerzas de seguridad colaboraron abiertamente con los agresores que simpatizaban con el gobierno. 

(Las pandillas armadas partidarias del gobierno que llevan a cabo estos ataques son llamadas comúnmente “colectivos”, un término que también se utiliza en Venezuela para referirse a una amplia variedad de organizaciones sociales que apoyan y, en algunos casos, ayudan a implementar políticas del gobierno [21] . La gran mayoría de estos grupos no han participado en comportamientos violentos. Por este motivo, el presente informe utiliza el término “pandillas armadas partidarias del gobierno” para hacer referencia a grupos que cometieron actos violentos aparentemente motivados por su lealtad al gobierno. En los casos en que se utilizó el término “colectivo”, ha sido con el propósito de reflejar con precisión el modo en que fue empleado por alguna fuente en particular).

La respuesta de las fuerzas de seguridad gubernamentales a las pandillas armadas partidarias del gobierno incluyó desde la aquiescencia y la inacción, hasta directamente la colaboración. En algunos casos, a pesar de que hubo miembros de las fuerzas de seguridad presentes en momentos en que pandillas armadas atacaron a manifestantes, no intervinieron para desarmarlas ni para proteger a las víctimas. Por el contrario, las fuerzas de seguridad mantuvieron una postura pasiva, o abandonaron la zona poco antes de que las pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran.

En otros incidentes, encontramos evidencias convincentes de que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno atacaron en forma coordinada a manifestantes.

Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse. 

En algunos casos documentados por Human Rights Watch, pandillas armadas partidarias del gobierno detuvieron a personas en el marco de protestas o en zonas aledañas, y luego las entregaron a miembros de las fuerzas de seguridad. Estos, a su vez, luego afirmaron falsamente que habían detenido a esas personas en el momento mismo en que cometían delitos, y los fiscales posteriormente formularon cargos contra ellas ante la justicia.

José Alfredo Martín Ostermann , de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.

Sandro Rivas , de 30 años, se había retirado de una manifestación y se dirigía de regreso a su vivienda en la parte trasera de una motocicleta cuando él y el conductor fueron obligados a detenerse por cuatro hombres armados que circulaban en una camioneta pick-up. Estos hombres vestidos de civil obligaron a Rivas y al conductor a subir a la parte trasera de la camioneta, donde los golpearon y les propinaron patadas reiteradamente, además de amenazar con matarlos. Luego los condujeron hasta un puesto de control de la Guardia Nacional, y allí indicaron a los oficiales que los detenidos habían estado “guarimbeando”, que en lenguaje coloquial hace referencia a manifestantes que cortan calles. Los guardias nacionales arrestaron a los dos hombres sin hacer ningún tipo de preguntas a los hombres armados. 

Todas las personas a quienes entrevistamos que habían sido llevadas por la fuerza, mantenidas cautivas o atacadas por pandillas armadas partidarias del gobierno nos dijeron que fueron golpeadas violentamente, o que sufrieron amenazas o insultos de índole político.

A pesar de evidencias creíbles que señalan que estas pandillas armadas partidarias del gobierno habrían cometido delitos, altos funcionarios gubernamentales instaron abiertamente a grupos a que enfrentaran a manifestantes a través de discursos, entrevistas y mensajes de Twitter. El mismo Presidente Maduro, en múltiples ocasiones, ha instado a grupos civiles leales al gobierno a “apagar la candela” de quienes denominó manifestantes “fascistas”. Por ejemplo, en un discurso transmitido en vivo el 5 de marzo por cadena nacional, Maduro dijo:

... Estas bandas de guarimberos, fascistas, y violentos, hoy también la población de otros sectores del país ya han salido a las calles, yo les hago un llamado a la UBCh, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prenda, candelita que se apaga [22] .

De manera similar, el 16 de febrero, el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, emitió un tweet en el cual llamó a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) —un grupo civil que se formó, según el gobierno, como un “instrumento del pueblo para la defensa de sus conquistas, para seguir luchando en la profundización de la Revolución venezolana” [23] — a ofrecer un rápido contraataque a los manifestantes, e indicó que la orden procedería del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un hombre de confianza del Presidente Maduro. El mensaje de Twitter del 16 de febrero, que luego se borró de su perfil, decía:

UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden. #GringosYFascistasRespeten [24]

Abusos en establecimientos de detención

En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, los detenidos permanecieron incomunicados por lapsos de hasta 48 horas antes de ser llevados ante un juez. Muchas veces fueron retenidos en edificios militares.

Durante este período, miembros de las fuerzas de seguridad sometieron a detenidos a abusos físicos como:

  • golpizas con puños, cascos y armas de fuego;
  • descargas eléctricas o quemaduras;
  • obligarlos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas;
  • permanecer esposados a otros detenidos, a veces de a dos y otras veces en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas seguidas; y
  • períodos prolongados de exposición a calor o frío extremo.

Maurizio Ottaviani Rodríguez , de 20 años, fue detenido el 28 de febrero cuando se retiraba de una manifestación en la Plaza Altamira de Caracas. A pesar de que no ofreció resistencia durante el arresto, Ottaviani dijo a Human Rights Watch que los guardias nacionales lo golpearon, lo patearon y los pisotearon. Fue obligado a subir a un autobús escolar con al menos otros 40 detenidos, incluidas varias mujeres y tres menores. Cada detenido estaba esposado a la persona que tenía al lado, y permanecieron en el autobús por dos horas, durante las cuales no se les permitió abrir las ventanas a pesar del calor agobiante que hacía adentro. Miembros de la Guardia Nacional golpearon con rolos a personas dentro del autobús, amenazaron con arrojar allí cartuchos de gases lacrimógenos y dijeron a los detenidos que serían enviados a una cárcel para delincuentes violentos. Los detenidos luego fueron trasladados a la base militar de Fuerte Tiuna, donde permanecieron incomunicados casi un día entero, y no se les permitió hablar con familiares ni abogados. Tan pronto como llegaron, fueron llevados a una capilla y separados en tres grupos: hombres, mujeres y los tres menores. Durante este tiempo, los hombres permanecieron esposados unos a otros formando una cadena humana.

Diversos detenidos también señalaron que fueron sometidos a revisiones físicas invasivas por guardias nacionales, supuestamente con la intención de buscar armas o drogas, lo cual implicó que se quitaran la ropa y ser obligados a hacer sentadillas con el cuerpo desnudo. Al menos uno de los detenidos que fue sometido a estas pruebas degradantes era un joven.

A los detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por severas golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados pedidos para que les permitieran ver a un médico.

En los pocos casos en que personas detenidas con heridas graves fueron llevadas a un hospital o clínica, hubo miembros de las fuerzas de seguridad que se entrometieron durante la atención médica. Se negaron a retirase de zonas restringidas al personal médico cuando les fue solicitado, negaron a los médicos la posibilidad de hablar en privado con los pacientes o cumplir los procedimientos médicos sin que hubiera guardias nacionales o policías presentes, y en algunos casos intentaron llevarse a los detenidos antes de que recibieran tratamiento adecuado o se estabilizara su condición, contrariamente a lo aconsejado por los médicos.

El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.

En varios casos, guardias nacionales y policías sometieron a detenidos a graves abusos psicológicos, los amenazaron con la posibilidad de muerte y violación sexual, y les dijeron que serían trasladados a las extremadamente violentas prisiones del país, a pesar de que todavía no se les había acusado por ningún delito.

En otros casos, guardias nacionales y policías advirtieron a las víctimas que no denunciaran los abusos sufridos, y sugirieron relatos falsos que los detenidos podrían ofrecer para explicar las lesiones sufridas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.

En al menos 10 casos, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyen tortura. 

Clipso Alberto Martínez Romero , de 19 años, estaba participando en una manifestación en Valencia el 20 de marzo cuando guardias nacionales que circulaban en motocicleta se dirigieron hacia la multitud disparando gases lacrimógenos y perdigones. Fue derribado por guardias nacionales que le propinaron numerosas patadas, aunque él y varios testigos aseguran que no ofreció resistencia. Luego un guardia nacional pisó a Martínez en la cabeza y le disparó balas de goma a quemarropa en el muslo. Una de las balas impactó en un llavero que llevaba en el bolsillo, y esto hizo que pedazos metálicos de las llaves se incrustaran en su pierna junto con los perdigones. Si bien esto le provocó un intenso dolor, los guardias nacionales obligaron a Martínez a trotar, luego lo trasladaron a un establecimiento militar, y allí le exigieron que se desnudara y se sometiera a una revisión física invasiva. Martínez fue obligado reiteradamente por oficiales a que limpiara con su camiseta la sangre que había derramado en el piso. Pidió varias veces que le permitieran ver a un médico, pero en vez de ello fue obligado a permanecer arrodillado junto con otros detenidos durante varias horas. En la sala donde permanecieron retenidos hacía mucho frío, debido a que estaba funcionando un aparato de aire acondicionado a muy baja temperatura. Cuando Martínez pidió a un oficial que apagara el equipo, este respondió poniendo el aparato a máxima potencia. Diversos guardias nacionales ingresaron a la sala donde estaba Martínez para burlarse de él, y varios tomaron fotografías de su herida de bala con sus teléfonos celulares. No fue llevado a un centro médico de emergencia hasta transcurridas aproximadamente tres horas desde el momento en que recibió los disparos. Allí, el profesional médico dijo que estaba sufriendo hipertermia y arritmia posiblemente provocadas por el evento traumático, y que debido a la gran cantidad de sangre que había perdido podía morir si no recibía atención inmediatamente en un hospital.

Juan Sánchez , de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez  había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.

Violaciones del debido proceso

Conforme al derecho venezolano, una persona detenida en ocasión de un delito debería ser presentada ante un fiscal en las 12 horas posteriores al momento del arresto. El fiscal cuenta con otras 36 horas, como máximo, para investigar el caso y presentar al detenido ante un juez, y en esta audiencia la persona podrá ser acusada formalmente o liberada [25] . Durante ese período, los detenidos tienen derecho a comunicarse con familiares, un abogado u otra persona de confianza, y a ser informados inmediatamente de los delitos que se les atribuyen [26] .

Human Rights Watch determinó que estas garantías fundamentales de debido proceso fueron violadas en la gran mayoría de los casos documentados en el presente informe.  

Casi siempre los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante prolongados períodos, en general de hasta 48 horas, y a veces incluso por más tiempo. Si bien en unos pocos casos documentados por Human Rights Watch los detenidos fueron liberados antes de ser llevados ante un juez, en una abrumadora mayoría el Ministerio Público formuló cargos por varios delitos, independientemente de si existían evidencias de que hubieran cometido un acto ilícito. 

Seis personas , dos de ellas menores de edad, fueron detenidas el 18 de febrero por haber presuntamente vandalizado propiedad de CANTV, la empresa gubernamental proveedora de telefonía e Internet, en Barquisimeto. Si bien los informes policiales indicaron que los acusados fueron aprehendidos mientras escapaban de las oficinas de CANTV, varios testigos y una grabación de video demuestran que al menos cuatro de ellos fueron arrestados en otro sitio. Además del informe policial, la única evidencia presentada por el Ministerio Público contra los detenidos fue un envase de gas abandonado que se encontró cerca de CANTV. A pesar de la falta de evidencias, un juez procesó a los detenidos en relación con ocho delitos, incluidos daños a la propiedad pública, uso de adolescente para delinquir e instigación al odio.

En casi todos los casos investigados, no se permitió a los detenidos ponerse en contacto con sus familiares durante las primeras 48 horas de la detención, a pesar de sus pedidos insistentes en este sentido. A su vez, a familiares de detenidos se les negó reiteradamente el acceso a información que les permitiera determinar si las personas a quienes buscaban habían sido arrestadas, e incluso cuando ya sabían que había sido así, enterarse de dónde se encontraban. Algunos familiares contaron que tuvieron que trasladarse a distintos establecimiento de las fuerzas de seguridad en busca de sus seres queridos, para que en todos lados les dijeran que no estaban allí. En varios casos, las autoridades confundieron deliberadamente a familiares y abogados con respecto al paradero de los detenidos. Cuando los familiares pudieron determinar donde se encontraban —casi siempre como resultado de la búsqueda incesante de abogados y defensores locales de derechos humanos— se les negó la posibilidad de ponerse en contacto con ellos, incluso en el caso de los detenidos que eran adolescentes.

Albany Ottaviani acudió a un establecimiento militar en Caracas el 28 de febrero para preguntar por el paradero de su hermano, Maurizio Ottaviani Rodríguez, de 20 años. Había sido detenido por guardias nacionales más temprano ese día durante una protesta. Dijo que, en el establecimiento, un coronel le indicó a ella y a otros 15 familiares que esperaban afuera que podían ser arrestados por estar parados en una zona militar. Los familiares se retiraron por temor a que su presencia provocara represalias contra los detenidos que, según creían, se encontraban en la base militar. La mañana siguiente, los familiares regresaron a la base, donde guardias nacionales les dijeron que pondrían a disposición un autobús para llevar a las familias a un tribunal donde iban a ser juzgados los detenidos. Los familiares subieron al autobús, pero en vez de ello los guardias nacionales circularon por la ciudad durante varias horas, y luego los dejaron en un sitio que no era donde se llevarían a cabo las audiencias.

Angélica Rodríguez acudió a un establecimiento militar en Barquisimeto el 21 de febrero en búsqueda de su esposo, Jesús María Toval, quien el día anterior había sido detenido por miembros de una pandilla armada partidaria del gobierno y entregado a guardias nacionales. Dijo que un guardia nacional le indicó que no había una lista con los nombres de las personas allí detenidas, por lo cual no podían indicarle si su esposo se encontraba en esa base. Dos horas más tarde —y solamente después de que Rodríguez tuviera una crisis de llanto— otro guardia nacional se le acercó y le dijo en voz baja que efectivamente Toval se encontraba en la base. A pesar de ello, no se permitió a Rodríguez ni al abogado de su esposo ver a Toval hasta dos días después, cuando fue presentado ante un juez para su audiencia.

Diversos abogados contaron a Human Rights Watch que detenidos fueron trasladados constantemente de un centro de detención a otro durante el período en que permanecieron incomunicados —una práctica que se conoce como “ruleteo”— sin que se les informara, ni tampoco a sus familiares ni abogados, adónde serían llevados ni cuándo serían presentados ante un juez.

 También se negó a personas detenidas el acceso a un abogado durante su detención. A algunos abogados que pudieron determinar dónde se encontraban los detenidos —en muchos casos deduciendo el lugar al cual serían llevados en función de información provista por testigos sobre dónde habían sido detenidos y por qué fuerza de seguridad— no se les permitió reunirse con ellos, a pesar de que plantearon reiterados pedidos en este sentido.   A prácticamente ninguno de los detenidos se les permitió reunirse con abogados defensores hasta minutos antes de la primera audiencia ante un juez. Tanto abogados como personas detenidas dijeron a Human Rights Watch que estos encuentros en general se produjeron en los pasillos afuera de las salas de justicia, frente a policías, funcionarios judiciales y otros detenidos (a los cuales a menudo se encontraban esposados), en abierta negación de su derecho a tener una audiencia privada.   Los abogados, al igual que los detenidos, en general conocieron cuáles eran los cargos presentados por los fiscales durante las audiencias o, como mucho, minutos antes de que comenzaran. Prácticamente no tuvieron tiempo para examinar los documentos judiciales relevantes, como informes policiales de detención o inventarios de supuestas evidencias, que constituyen requisitos indispensables para defender adecuadamente a sus clientes. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que se les negó este acceso incluso en casos en que las audiencias se demoraron durante horas, con lo cual durante ese tiempo podrían haberse reunido con los detenidos o revisado los expedientes del caso.

Las audiencias se celebraron de manera reiterada e inexplicable en medio de la noche, una práctica que los abogados entrevistados por Human Rights Watch no habían experimentado en otro tipo de casos. Distintos abogados indicaron a Human Rights Watch que, una noche tras otra, fueron obligados a esperar durante horas en tribunales, establecimientos militares o en otros sitios donde se desarrollaban las audiencias, sin recibir ninguna justificación plausible por la demora. Esta rutina resultó extremadamente agotadora, hizo que desperdiciaran tiempo que podrían haber destinado a defender a otros detenidos y provocó que fuera incluso más difícil brindarles una defensa adecuada.

Según indicaron varios abogados y personas detenidas, y conforme surge de expedientes judiciales consultados por Human Rights Watch, las acusaciones presentadas por los fiscales, y las imputaciones que finalmente recayeron contra los detenidos, se basaron casi exclusivamente en informes policiales y, en varios casos, en pruebas que, según aseveran plausiblemente los detenidos, les fueron sembradas. A su vez, personas que fueron detenidas por separado, en distintos momentos y en diferentes lugares —y que en muchos casos ni siquiera se conocían entre sí— en ocasiones fueron acusadas por la fiscalía en una misma audiencia y por los mismos delitos, a veces utilizando las mismas pruebas para todos los acusados, como por ejemplo un pedazo de alambre de púas.

En vez de examinar exhaustivamente la prueba aportada por fiscales y detenidos —tan sólo la apariencia de estos últimos, en muchos casos, constituía prueba más que persuasiva de que habían sufrido abusos— en casi todos los supuestos los jueces no hicieron más que limitarse a ratificar los cargos planteados por los fiscales.

Si bien a la mayoría de los acusados en los casos que investigamos se les concedió la libertad condicional, los jueces muchas veces establecieron medidas cautelares que supeditaban la libertad de los detenidos a que se abstuvieran de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de reunión y expresión, como prohibirles que participaran en manifestaciones o hablaran con los medios de comunicación.

Marco Aurellio Coello , de 18 años; Luis Felipe Boada, de 25; Cristian Holdack, de 34; Nelson Gil, de 22; Demian Martin, de 19; y Ángel de Jesús González, de 19; fueron detenidos arbitrariamente el 12 de febrero en seis lugares diferentes en Parque Carabobo o sus inmediaciones, en Caracas, donde se llevaba a cabo una manifestación mayormente pacífica que terminó con incidentes violentos que derivaron en al menos tres muertes, decenas de heridos y varios vehículos oficiales incendiados. Los seis hombres —que, hasta este día, no se conocían entre sí— fueron sometidos a graves abusos físicos durante su arresto y en la dependencia del CICPC de la zona, donde todos ellos permanecieron incomunicados por 48 horas. Durante su detención, no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a familiares. El 14 de febrero, a las 11 p.m., fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos en función de las pruebas presentadas por la fiscalía, que incluían prendas de ropa que agentes de seguridad habían manchado con gasolina, y fotografías de personas no identificadas que participaron en enfrentamientos con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías para el archivo policial tomadas a los hombres en la dependencia policial. El 15 de febrero, a las 5:30 a.m., el juez confirmó el procesamiento de los seis hombres y dispuso su prisión preventiva. A cuatro de ellos se les concedió la libertad condicional el 1 de abril, y fueron liberados a la espera del juicio.

Decenas de abogados y defensores de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, en un país donde la independencia de fiscales y jueces se ha degradado significativamente en los últimos años, se habían habituado a lidiar con obstáculos en la defensa de detenidos. Sin embargo, todos coincidieron en que la situación empeoró drásticamente después del 12 de febrero. Nunca antes, según dijeron, habían encontrado una cantidad tan grande de obstáculos que afectara a tantos casos.

Funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad que intervinieron para ayudar a detenidos

Es importante destacar que no todos los miembros de las fuerzas de seguridad ni funcionarios judiciales con quienes trataron las víctimas en estos casos participaron en las prácticas abusivas. De hecho, en algunos casos, las víctimas contaron a Human Rights Watch que agentes de seguridad y médicos en hospitales públicos habían intervenido secretamente para ayudarlos o mitigar su sufrimiento.

En algunos casos, miembros de la Guardia Nacional discretamente prestaron un teléfono celular a los detenidos que estaban incomunicados, para que pudieran llamar a sus familiares y decirles dónde estaban, o les pasaron alimentos o agua a escondidas. Algunos miembros de fuerzas de seguridad informaron secretamente a abogados de derechos humanos el paradero de detenidos, o les avisaron cuándo serían llevados ante un juez. En varios casos, médicos y personal de enfermería de hospitales públicos —e incluso aquellos que se desempeñan en centros de salud militares— hicieron frente a miembros de fuerzas de seguridad armados que pretendían que se negara atención médica a detenidos con lesiones graves. Insistieron en que los detenidos recibieran atención médica de urgencia, a pesar de amenazas directas, y es posible que estas intervenciones hayan permitido salvar la vida de víctimas.

  

Temor a denunciar abusos

Numerosas víctimas y familiares con quienes hablamos indicaron que creían que podrían sufrir represalias si denunciaban abusos por parte de policías, miembros de la Guardia Nacional o pandillas armadas partidarias del gobierno. Las víctimas también manifestaron el temor de que, si denunciaban abusos, el Ministerio Público inventara cargos en su contra o —en los casos en que las víctimas ya habían sido acusadas de delitos— los jueces las castigaran condenándolas injustamente o revocando su libertad condicional si ya se les había concedido.

Un abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, que coordina el trabajo de un equipo de abogados penalistas que han brindado asistencia a cientos de detenidos en Caracas, dijo a Human Rights Watch que “en casi ningún caso” las víctimas se sienten seguras como para presentar una denuncia ante el Ministerio Público [27] . Agregó además: “La gente no denuncia porque no confía en las instituciones. Tienen miedo de quién los va a proteger si denuncian” [28] .

En el caso de numerosas víctimas, estos temores se relacionan con amenazas que recibieron de miembros de fuerzas de seguridad durante el período en que permanecieron detenidas. Los detenidos no sólo fueron sometidos a amenazas de muerte reiteradas, sino que varias víctimas que sufrieron abusos físicos graves dijeron que miembros de las fuerzas de seguridad les habían advertido expresamente que no contaran cómo se habían lesionado. En varios casos que investigamos, agentes de fuerzas de seguridad gubernamentales incluso llegaron a sugerir relatos falsos que las víctimas de abusos debían ofrecer para justificar cómo habían sufrido las lesiones. A otras se les indicó que no serían liberadas a menos que firmaran documentos en los cuales constara que no habían sufrido abusos durante la detención. Las víctimas interpretaron estos intercambios como una clara amenaza para que no contaran la verdad acerca de lo sucedido.

Miembros de la Guardia Nacional indicaron a Gengis Pinto, de 36 años, quien había recibido golpes, descargas eléctricas y disparos a quemarropa por parte de miembros de esta fuerza tras ser detenido en una protesta, que dijera que se había llevado por delante un poste y que había recibido un golpe en el rostro a causa de una botella arrojada por otro manifestante.

A Nelson Gil, de 22 años, quien fue golpeado por policías vestidos de civil, agentes del CICPC que observaron sus lesiones le aconsejaron decir que se había caído y que otros manifestantes lo golpearon.

Keyla Brito , de 41 años, su hija de 17 años y otras seis mujeres que fueron detenidas en un establecimiento militar, donde fueron golpeadas y amenazadas por personal femenino de la Guardia Nacional, fueron obligadas a firmar un documento en el cual indicaban que no habían sufrido abusos, a cambio de que las autoridades dispusieran su liberación sin formular cargos.

El fotógrafo Lisandro Barazarte, de 40 años, quien se desempañaba para el periódico “Notitarde” en Valencia, dijo que temió por su vida luego de que se publicaron fotografías en las cuales había captado a pandillas armadas partidarias del gobierno que disparaban armas de fuego contra manifestantes. Barazarte recibió múltiples amenazas de muerte después de que sus fotografías aparecieran en el periódico. “Vivo con incertidumbre porque no sé de dónde van a dispararme”, contó. “En cualquier momento me puede pasar algo”. Cuando dialogó con Human Rights Watch, no había presentado una denuncia sobre las amenazas ante las autoridades por temor a sufrir ataques en venganza.

Varias víctimas expresaron el temor que de la denuncia de delitos pudiera costarles el empleo a ellas o a familiares que trabajaban para el gobierno. En varios casos, estas amenazas fueron explícitas.

Una víctima que sufrió golpizas, disparos y amenazas de muerte tras ser detenida arbitrariamente por miembros de la Guardia Nacional contó a Human Rights Watch que, poco después de ser liberada, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llamaron a su padre para interrogarlo. La víctima contó que su padre era un oficial de carrera en las Fuerzas Armadas venezolanas. Agentes del SEBIN advirtieron al padre que si su hijo continuaba participando en manifestaciones o presentaba una denuncia, el padre sería considerado “contrarrevolucionario” y perdería su trabajo. La víctima contó que dejó de participar en manifestaciones luego de la conversación que el padre mantuvo con el SEBIN, y que había decidido no denunciar ante las autoridades los abusos sufridos, por temor a que su padre perdiera el empleo.

Otra víctima que fue detenida arbitrariamente y golpeada por una pandilla armada partidaria del gobierno dijo que uno de los motivos por los cuales no había presentado una denuncia era el temor a perder su trabajo. La víctima, que es empleada por un ministerio gubernamental, dijo a Human Rights Watch: “Sé que en cualquier momento podrían despedirme”. Contó que se ha mantenido deliberadamente al margen de actividades políticas desde el incidente. 

La renuencia a denunciar abusos se ve agravada por un descreimiento profundo y extendido en el sistema judicial. Numerosas víctimas y abogados se mostraron sumamente escépticos ante la posibilidad de que fiscales y jueces que pertenecen a las mismas instituciones que quienes violaron sus derechos actúen de manera imparcial y profesional al tramitar sus denuncias de abuso.

José Alfredo Martin Ostermann , de 41 años, quien fue llevado ilegalmente por miembros de una pandilla armada mientras caminaba con un amigo en las proximidades del lugar donde se estaba llevando a cabo un acto en apoyo al gobierno, en Caracas, y fue golpeado a plena vista de miembros de la Guardia Nacional y luego entregado policías, dijo que no tenía previsto presentar una denuncia ante las autoridades debido a que estas colaboraban directamente con los agresores. “Yo fui golpeado, amenazado, y detenido en frente de la Guardia Nacional, que se supone que es un órgano del estado, y ellos simplemente dieron media vuelta y se fueron”. Añadió a esto, “Ellos saben en la fiscalía y la policía y no están haciendo nada”.  Presentar una denuncia, aseveró, “hasta puede ser contraproducente. Puede causar una venganza”.

La falta de confianza de las víctimas en el sistema judicial fue puesta de relieve por casos en que funcionarios gubernamentales informaron a detenidos y sus familiares que las causas contra ellos se impulsaban por motivos políticos.

Obstáculos a la rendición de cuentas

El estado venezolano debe garantizar que todo acto de violencia o delito grave sea investigado rigurosamente y que los responsables respondan ante la justicia. Esto incluye delitos presuntamente cometidos por manifestantes, así como abusos perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad gubernamentales.

Conforme al derecho internacional, el gobierno de Venezuela también tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de violaciones de derechos humanos, incluidas las documentadas en este informe, así como de otros abusos denunciados por víctimas y defensores locales de derechos humanos o que se hayan informado en la prensa [29]

El Presidente Maduro y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones desde el 12 de febrero. Ambos han prometido que los responsables de los abusos serán investigados y juzgados penalmente. Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, en las cuales se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.

Si bien estas investigaciones representan un primer paso bienvenido, hay motivos válidos para dudar de la capacidad de las autoridades venezolanas de garantizar que los abusos se investiguen de manera imparcial y exhaustiva, y de que los responsables sean llevados ante la justicia.

Un motivo es que probablemente muchos abusos no se denuncien debido a la prevalencia del temor y la desconfianza justificada de las víctimas respecto del sistema judicial venezolano.

Otro motivo es que, en muchos de estos casos, miembros del CICPC, el Ministerio Público y el poder judicial están implicados en graves violaciones de las garantías de debido proceso, y no han intervenido para abordar abusos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad contra personas detenidas. Por consiguiente, cualquier investigación exhaustiva requerirá que estas instituciones investiguen sus propias irregularidades, lo cual posiblemente implique graves conflictos de intereses y comprometa seriamente la credibilidad de sus conclusiones. 

Un tercer motivo es que el poder judicial venezolano ha dejado en gran parte de actuar como un poder independiente del gobierno. Como ha sido documentado por Human Rights Watch en informes anteriores, el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de ejercer en la práctica su rol como garante de derechos fundamentes, y varios magistrados han expresado públicamente su compromiso con el proyecto político del gobierno. Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que puedan disgustar a funcionarios gubernamentales, dado que la mayoría han sido nombrados de manera transitoria o provisional y se exponen a la posibilidad de ser destituidos de manera sumaria por el Tribunal Supremo si se pronuncian a favor de personas que se perciben como opositores del gobierno [30]

Debido a que habitualmente muchos abusos no se denuncian y a la falta de independencia de instituciones venezolanas de investigación y judiciales, resulta alarmante que el presidente, la fiscal general de la república y otros altos funcionarios del gobierno —si bien reconocen la necesidad de que los responsables rindan cuentas por sus actos— hayan expresado en reiteradas oportunidades que los abusos contra manifestantes han sido excepcionales y defendieran públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad. La fiscal general, por ejemplo, señaló que los abusos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad eran “acciones de individualidades” y que las fuerzas de seguridad “tienen como cultura el respeto a los derechos humanos”. Por su parte, el Presidente Maduro manifestó que solamente “un número reducido de funcionarios de las fuerzas de seguridad también han sido acusados de participar en actos violentos” y que el gobierno había “respondido arrestando a los presuntos responsables” [31] .

También resulta alarmante que el gobierno haya procurado con insistencia atribuir los sucesos violentos a sus opositores políticos, o directamente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles de su responsabilidad penal. Por ejemplo, el 14 de marzo, el Presidente Maduro señaló que “Todos los casos de personas fallecidas, son imputables a la violencia guarimbera, todos, desde el primero hasta el último” [32] . Si bien en ese momento Maduro señaló que la investigación de estos y otros delitos había avanzado significativamente y proporcionó cifras sobre supuestos manifestantes que habían sido detenidos, no indicó que ninguno hubiera sido condenado por los delitos [33] . El 15 de marzo, el Presidente Maduro dijo que “prácticamente todos los compatriotas que han fallecido, lamentablemente son imputables a la violencia de la derecha” [34] .

De manera similar, a pesar de evidencias contundentes de ataques perpetrados contra civiles por pandillas armadas partidarias del gobierno, altos funcionarios del gobierno han negado su existencia, o han aseverado que pertenecen a la oposición. Por ejemplo, el 13 de abril, el Presidente Maduro señaló que “la oposición no ha aportado ninguna prueba que muestre que los colectivos revolucionarios son responsables de acciones violentas”. Agregó que, por el contrario, el gobierno había detenido a “seguidores de la derecha por perpetrar acciones terroristas” [35] .

Cabello también señaló el 10 de abril que los únicos “colectivos armados pertenecían a la oposición, y son los que “asesinan gente en las guarimbas. Su declaración sugirió no sólo que no había pandillas armadas partidarias del gobierno, sino además que los asesinatos ocurridos en barricadas habían sido cometidos por grupos armados contrarios al gobierno, una afirmación que no sustentó con pruebas, como por ejemplo, casos en que personas hubieran sido condenadas por esos delitos [36] .

En otro ejemplo en que se culpó a la oposición por hechos de violencia, el gobierno acusó al prominente líder de oposición Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas del 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con varios presuntos delitos, entre los cuales se incluía inicialmente el de homicidio, pero que posteriormente debió retirar cuando trascendieron grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes sin armas en esos incidentes. López ha permanecido en prisión preventiva en una base militar durante más de dos meses, a pesar de que el gobierno no presentó pruebas creíbles de que haya cometido algún delito. El Ministerio Público también consiguió que se librara orden de arresto contra Carlos Vecchio y otras figuras de oposición, mientras que el Tribunal Supremo ha juzgado en forma sumaria y condenado a prisión a dos alcaldes opositores, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso [37] . Las decisiones del Tribunal Supremo no son apelables, y esto cercena el derecho a apelar toda condena penal [38] .

[1] Human Rights Watch, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, junio de 2004, https://www.hrw.org/es/reports/2004/06/16/manipulando-el-estado-de-derecho-0; Human Rights Watch, Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, septiembre de 2008, http://www.hrw.org/es/reports/2008/11/25/una-d-cada-de-ch-vez-0; Human Rights Watch, Concentración y Abuso de poder en la Venezuela de Chávez, julio de 2012, https://www.hrw.org/es/reports/2012/07/17/concentraci-n-y-abuso-de-poder-en-la-venezuela-de-ch-vez-0.

[2] “Anti-government protesters fire a rudimentary mortar at police during riots in Caracas”, Reuters, 6 de abril de 2014, http://www.trust.org/item/20140406165554-9e08n/ (consultado el 24 de abril de 2014); Jeremy Bender, “Venezuela’s Street Protests are More Terrifying Than Ever [Photos]”, Business Insider of Singapore, 8 de abril de 2014, http://www.businessinsider.sg/venezuelan-protests-are-getting-intense-2014-4/#.U1l47lVdWSp (consultado el 24 de abril de 2014).

[3] “Protests and barricades in Venezuela, Slideshow”, Reuters¸ sin fecha, http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTR3FST1#a=7 (consultado el 24 de abril de 2014). Ver fotografías 7, 10 y 25 de la presentación.

[4] Ver, por ejemplo, “Presidente Nicolás Maduro. Cadena Nacional, 13 de febrero, 2014. Venezuela”, video de YouTube, subido el 14 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ME5gHbAnDdk (consultado el 25 de abril de 2014); “Protests and barricades in Venezuela, Slideshow”, Reuters¸ sin fecha, http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTR3FST1#a=7 (consultado el 24 de abril de 2014); “Opositores lanzan molotov a la Guardia y trancan Autopista”, video de YouTube, subido el 14 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=SWCXVtUXHSI (consultado el 25 de abril de 2014); “Venezuela’s Protests against Maduro Government Continue”, Time, 28 de febrero de 2014, http://time.com/12100/venezuela-protests-maduro/ (consultado el 25 de abril de 2014).

[5] “Venezuelan Protesters Burn Armored Vehicle in Cellphone Video”, NTN24, 31 de marzo de 2014, http://m.ntn24.com/article.php?url=/node/126825 (consultado el 25 de abril de 2014).

[6] Ibíd.

[7] “Bomba molotov prende a guardia nacional en Táchira-Venezuela”, video de YouTube, subido el 21 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=WIyF6BnOZVg (consultado el 25 de abril de 2014).

[8] “En video: Bomba molotov prende en fuego a Guardia Nacional en Táchira”, Venezuela Al Día, 21 de febrero de 2014, http://www.venezuelaaldia.com/2014/02/en-video-bomba-molotov-prende-guardia-nacional-en-tachira/ (consultado el 25 de abril de 2014); “Venezuela – Táchira, VENEZUELA - TÁCHIRA, Manifestantes arrojan bombas molotov a la Guardia Nacional”, video de YouTube, subido el 28 de febrero de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=OBfUgk3_Fxk (consultado el 25 de abril de 2014).

[9] “Resultados de las manifestaciones violentas febrero-abril de 2014”, Ministerio Público, 25 de abril de 2014, http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=5ce038c3-ed90-4e39-8a2a-ad99c839d3d9&groupId=10136  (consultado el 27 de abril de 2014).

[10] Ibíd.

[11]David Smilde, “Keeping Track of Venezuela’s Dead—April Update”, publicado en “Venezuelan Politics and Human Rights” (blog), Venezuelablog.tumblr.com, 24 de abril de 2014, http://venezuelablog.tumblr.com/post/83730482860/keeping-track-of-venezuelas-dead-april-update (consultado el 28 de abril de 2014). “Resultados de las manifestaciones violentas, febrero - abril de 2014”, Ministerio Público, 25 de abril de 2014, http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=5ce038c3-ed90-4e39-8a2a-ad99c839d3d9&groupId=10136 (consultado el 27 de abril de 2014).

[12] “Privan de libertad a cinco funcionarios del SEBIN por la muerte de dos personas durante hechos de violencia del 12 de febrero”, Ministerio Público, 26 de febrero de 2014, http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/4129646 (consultado el 29 de abril de 2014); “The Guardian: Venezuela muestra que se puede protestar para defender privilegios”, Agencia Venezolana de Noticias, 15 de abril de 2014, http://www.avn.info.ve/contenido/guardian-venezuela-muestra-que-se-puede-protestar-para-defender-privilegios (consultado el 29 de abril de 2014);“Investigan a siete guardias por muerte de Alejandro Márquez”, ÚltimasNoticias, 25 de febrero de 2014, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/investigan-a-siete-guardias-por-muerte-de-alejandr.aspx (consultado el 29 de abril de 2014); “Habla testigo de asesinato de Génesis: Unos motorizados chavistas dispararon”, Lapatilla.com, 21 de febrero de 2014, http://www.lapatilla.com/site/2014/02/21/habla-testigo-de-asesinato-de-genesis-unos-motorizados-chavistas-dispararon/ (consultado el 15 de abril de 2014).

[13] “Apresan a funcionario del CICPC por muerte del estudiante Jesús Acosta”, Agencia Carabobeña de Noticias, 10 de abril de 2014, http://acn.com.ve/apresan-a-funcionario-del-cicpc-por-muerte-del-estudiante-jesus-acosta/ (consultado el 29 de abril de 2014); “Privan de libertad a cinco funcionarios del Sebin por la muerte de dos personas durante hechos de violencia del 12 de febrero”, Ministerio Público, 26 de febrero de 2014.

[14] “Videos: Una persona muerta y varias heridas por graves hechos de violencia en Mérida”, Alba Ciudad 96.3 FM, 23 de marzo de 2014, http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/03/videos-una-persona-muerta-y-varias-heridas-por-personas-que-dispararon-desde-edificios-en-merida/ (consultado el 25 de abril de 2014).

[15] Ibíd.

[16] “Presidente a Nicolás Maduro a Capriles por asesinato de embarazada Adriana Urquiola”, video de YouTube subido el 24 de marzo de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=6vNxTL665CU (consultado el 25 de abril de 2014).

[17] “Un fallecido deja enfrentamiento a tiros en Mérida”, ÚltimasNoticias, 23 de marzo de 2014, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/un-fallecido-deja-enfrentamiento-a-tiros-en-merida.aspx (consultado el 25 de abril de 2014); “Three More Deaths in Venezuela as Both Sides March”, Associated Press, 22 de marzo de 2014, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304756104579455851754046762 (consultado el 30 de abril de 2014). Human Rights Watch también tuvo acceso a un video editado que se publicó en YouTube, donde aparentemente se ve, mezclados entre manifestantes contrarios al gobierno en una barricada, a personas con el rostro cubierto que disparan un arma corta contra residentes que procuran despejar una calle en el sector Pie del Tiro, en la ciudad de Mérida. En el video aparece un texto que indica que, en la noche del 8 de marzo, dos residentes de Pie del Tiro fueron agredidos con armas de fuego por manifestantes, entre ellas Giselle Rubilar, quien perdió la vida como resultado. Según versiones creíbles, Giselle Rubilar, una activista chilena que defendía al gobierno, murió esa noche a causa de disparos, presuntamente mientras intentaba despejar una barricada. No obstante, no resulta claro en el video si Rubilar se encontraba en ese lugar cuando se filmaron los disparos que aparecen en la grabación. “Gisella Rubilar Figueroa Asesinada Mérida, Venezuela (Vídeo comunidad Pie del tiro)”, video de YouTube subido el 10 de marzo de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=tDa_jC_UNgc (consultado el 25 de abril de 2014); Ministerio Público, “Ministerio Público investiga muerte de chilena en Mérida”, comunicado de prensa, 10 de marzo de 2014, http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/4199262 (consultado el 25 de abril de 2014); “Fallece chilena  tras recibir disparo al intentar quitar barricada”, ÚltimasNoticias, 9 de marzo de 2014, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/fallece-chilena-tras-recibir-disparo-al-intentar-q.aspx (consultado el 28 de abril de 2014).

[18] En algunas de estas protestas, los participantes bloquearon calles armando barricadas, muchas veces con basura, ramas de árboles y pedazos de hormigón, que en ocasiones prendían fuego, mientras que otros cortaron las calles simplemente con su presencia física. Participantes y testigos dijeron que a menudo se permitía que pasaran automóviles por estas barricadas a velocidad reducida, pero a veces el corte era total.

[19] Por ejemplo, el 7 de marzo, estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto habían cortado a modo de protesta una calle fuera del campus, que contiene dos hospitales, uno de ellos de niños. Miembros de la Guardia Nacional respondieron disparando indiscriminadamente gases lacrimógenos a los manifestantes y dentro del campus, a pesar de que era sabido que allí había hospitales. Los gases lacrimógenos que ingresaron al campus afectaron a gran cantidad de pacientes infantiles y profesionales médicos que los atendían, según contó el director del hospital de adultos que dialogó con Human Rights Watch. Una enfermera que trabaja en uno de los hospitales indicó que los guardias nacionales continuaron disparando decenas de cartuchos de gases lacrimógenos al centro del campus mucho tiempo después de que los estudiantes se habían retirado de la calle, sin que aparentemente les importaran las posibles consecuencias para los pacientes.

[20] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 44 (1).

[21] Estos incluyen, entre otros, a grupos educativos, ambientales, feministas y laborales. “Colectivos venezolanos: representantes del Poder Comunal y Popular”, Telesur, 13 de febrero de 2014, http://www.telesurtv.net/articulos/2014/02/13/colectivos-venezolanos-representantes-del-poder-comunal-y-popular-4204.html (consultado el 15 de abril de 2014).

[22] “Maduro: Candelita que se prende, candelita que se apaga”, video de YouTube video, subido el 5 de marzo de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=riE8er2gvmQ&noredirect=1 (consultado el 15 de abril de 2014): “Los enemigos de la Revolución han decidido destruir Venezuela: Maduro”, Telesur, 5 de marzo de 2014, http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!es/video/los-enemigos-de-la-patria-han-decidido-destruir-la-revolucion-maduro (consultado el 15 de abril de 2014). Maduro ha efectuado llamamientos similares en otros eventos públicos celebrados el 5 de marzo de 2014, en ocasión del primer aniversario de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez. Por ejemplo, “Primer mandatario al pueblo: candelita que se prenda, candelita que se apaga”, Radio Mundial YVKE, 5 de marzo de 2014, http://www.radiomundial.com.ve/article/primer-mandatario-al-pueblo-candelita-que-se-prenda-candelita-que-se-apaga-audio (consultado el 15 de abril de 2014).

[23] Elías Jaua Milano, “Las UBCH”, Telesur, sin fecha, http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/10/las-ubch-5820.html (consultado el 15 de abril de 2014).  

[24] Imagen del tweet de @AmeliachP en los registros de Human Rights Watch.

[25] Código Orgánico Procesal Penal, art. 373.

[26] La Constitución de Venezuela dispone que “[n]inguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Asimismo, establece que toda persona que sea arrestada “deberá ser llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor a 48 horas a partir del momento de la detención”, y que tendrá derecho a “comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida”. Todos los detenidos tendrán además derecho a “ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas”. La constitución prevé específicamente el derecho de defensa y asistencia letrada, y estipula que: “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 44, 49.

[27] Entrevista de Human Rights Watch con Nizar El Fakih, Caracas, 19 de marzo de 2014.

[28] Ibíd.

[29] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 29; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (N.º 16) en 52, Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, art. 2.

[30] Human Rights Watch, “Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”; Human Rights Watch, “Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez”.

[31] “Venezuela: A Call for Peace”, artículo editorial de Nicolás Maduro, New York Times, 1 de abril de 2014, http://www.nytimes.com/2014/04/02/opinion/venezuela-a-call-for-peace.html?_r=0 (consultado el  29 de abril de 2014).

[33] Ibíd.

[34] “Maduro: sólo se le atribuye a la GNB una muerte tras 16 mil operaciones en 30 días”, video de YouTube, subido el 15 de marzo de 2014,  https://www.youtube.com/watch?v=By7SejjDlKo#t=13 (consultado el 25 de abril de 2014): “De acuerdo a las investigaciones, prácticamente todos los compatriotas que han fallecido, lamentablemente son imputables a la violencia de la derecha. De 29 casos, solo uno está bajo investigación ante la posibilidad de que un Guardia Nacional pueda estar involucrado en ese hecho”.
El 1 de abril, el Presidente Maduro escribió que los manifestantes son “directamente responsables por aproximadamente la mitad de las víctimas fatales”. “Venezuela: A Call for Peace”, columna de opinión de Nicolás Maduro, New York Times, 1 de abril de 2014.

[35] “Maduro: Criminalización de los colectivos pretende justificar la violencia”, Agencia Venezolana de Noticias, 13 de abril de 2014, http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-criminalizaci%C3%B3n-colectivos-pretende-justificar-violencia (consultado el 15 de abril de 2014).

[36] “Diosdado Cabello: Los únicos ‘colectivos armados’ son aquellos responsables de las ‘guarimbas’”, video, http://www.dailymotion.com/video/x1nh1vt_diosdado-cabello-los-unicos-colectivos-armados-son-aquellos-responsables-de-las-guarimbas_news (consultado el 11 de abril de 2014). Esta declaración fue efectuada durante una reunión entre funcionarios gubernamentales y líderes de oposición en el Palacio de Miraflores en Caracas.

[37] El 9 de abril de 2014, el Tribunal Supremo publicó su sentencia contra Vicencio Scarano, alcalde de San Diego, en el estado de Carabobo, para quien fijó una pena de diez meses y medio de prisión e inhabilitación política. El 11 de abril de 2014, el Tribunal Supremo publicó la condena dictada contra Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, estado de Táchira, a 1 año de prisión e inhabilitación política. Tribunal Supremo de Justicia, “TSJ publica sentencia en el caso Scarano”, 9 de abril de 2014, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11813 (consultado el 29 de abril de 2014).  Tribunal Supremo de Justicia, “TSJ publica sentencia en el caso Ceballos”, 11 de abril de 2014, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11818 (consultado el 29 de abril de 2014).

[38] Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 2010, art. 3; CADH, art. 8.2.h; PIDCP, art. 14.5.