17 de Septiembre de 2013

III. La respuesta del Estado colombiano

La respuesta del Estado colombiano ante abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras ha consistido mayormente en expresiones de repudio de altos funcionarios en referencia a las agresiones, y medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP)[621]. Si bien la UNP presenta falencias, constituye el programa más avanzado de su tipo en la región, y las medidas que otorga —en especial los escoltas y los vehículos blindados— pueden ser decisivas para salvar vidas[622].

Sin embargo, por sí solo, la UNP es insuficiente dado que, en esencia, procura proteger físicamente los beneficiarios de agresiones, pero no contribuye a contener a los responsables, es decir, el verdadero origen de las amenazas persistentes contra la vida de los reclamantes. Por ejemplo, un chaleco antibalas o un teléfono celular —que son las medidas más comunes— pueden ser de utilidad limitada para los reclamantes de restitución de tierras que reciben impunemente amenazas cuando intentan recuperar tierras apropiadas por redes paramilitares en zonas donde los grupos sucesores aún detentan un fuerte poder.

Colombia no ha adoptado medidas suficientes en tres aspectos fundamentales que constituyen la raíz misma de la violencia y las amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras:

  • En primer lugar, la justicia por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus esfuerzos de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto de la comisión de tales delitos es escasa.
  • En segundo lugar, las autoridades judiciales en general no han juzgado a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento y despojo sufridos por desplazados que reclaman tierras. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir nuevos ataques, en tanto puede implicar que quienes están interesados en mantener el control de las tierras no están bajo el escrutinio de las autoridades públicas y pueden fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.
  • En tercer lugar, dado que no se ha contrarrestado considerablemente el poder de organizaciones de sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, esto permite que estos grupos continúen cometiendo abusos contra reclamantes. Como señaló un funcionario nacional con respecto a la seguridad de los reclamantes en la región de Urabá: “El tema [de la protección] va más allá de los chalecos antibalas.... La zona no ha sido limpiada de paramilitarismo” [623] .

Asimismo, autoridades de distintas regiones, incluida la Policía, han restado gravedad a las amenazas y han supuesto en forma prematura que las agresiones no guardaban relación con el activismo desarrollado por las víctimas. Esta actitud se refleja en las medidas insuficientes adoptadas por algunas autoridades regionales en materia de protección y justicia.

Falta de rendición de cuentas por amenazas

Colombia no ha garantizado el juzgamiento de los responsables de casos de amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. La Fiscalía General de la Nación informó que todas sus investigaciones sobre amenazas contra reclamantes y líderes se encuentran recién en la etapa preliminar, lo cual implica que en ningún caso ha habido imputados, ni mucho menos condenados[624].

Altos funcionarios que intervienen en temas de restitución de tierras también comentaron a Human Rights Watch que no estaban al tanto de que se hubieran dictado condenas por amenazas contra estas personas[625]. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras en la costa Caribe dijo que la Fiscalía “no investiga las amenazas ... en la medida que no hay condena, las amenazas van a continuar”[626].

Las autoridades judiciales señalan acertadamente que es muy difícil investigar las amenazas de muerte, las cuales a menudo se emiten a través de llamadas telefónicas anónimas o mensajes de texto. No obstante, víctimas de amenazas indicaron que enfrentaban diversos obstáculos cuando intentaban acceder a la justicia, los cuales sugieren falta de voluntad y diligencia por parte de autoridades que investigan esos casos. Esto incluye el hecho de que autoridades judiciales restan seriedad a las amenazas, no se contactan con las víctimas luego de que presentan una denuncia penal y, en algunos casos, se niegan a recibir las denuncias. Estos obstáculos y descuidos prácticamente eliminan cualquier posibilidad de rendición de cuentas. Asimismo, profundizan la percepción generalizada de que denunciar las amenazas es en vano, y esto a su vez provoca que muchos delitos no se denuncien y que continúe la impunidad.

Además de transmitir a los responsables el mensaje de que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, al no impulsar una investigación penal adecuada respecto de las amenazas tampoco se puede determinar su grado de urgencia y gravedad. Esto permite que algunas autoridades resten importancia a las amenazas y afirmen que no son reales, mientras que también impide que el programa de protección asigne medidas de manera eficiente, según el nivel de riesgo de los reclamantes.

Negativa a recibir denuncias penales

Líderes de restitución de tierras de cinco departamentos distintos dijeron a Human Rights Watch que algunas autoridades judiciales, apelando a diversas razones inválidas, se habían negado a recibir denuncias penales por amenazas. Numerosos reclamantes de tierras han comentado este problema, según indicó la líder nacional de Tierra y Vida, Carmen Palencia, quien colabora con desplazados de todo el país[627].

En algunos casos, las víctimas de amenazas indicaron que las autoridades judiciales se habían negado a aceptar la respectiva denuncia penal debido a que no podían identificar al autor. La imposibilidad de las víctimas de identificar al autor de una amenaza no exime a las autoridades de su obligación de recibir la denuncia, precisamente porque es su función —y no de las víctimas— investigar lo sucedido y determinar quién es responsable.

Por ejemplo:

  • La líder indígena wayúu Diana Zabala (seudónimo), de Maicao, departamento de La Guajira, informó haber intentado recuperar tierras de las cuales su comunidad fue desplazada por paramilitares y aliados de estos entre 1995 y 2001 [628] . Según contó Zabala, en abril de 2011 fue abordada y amenazada en Maicao por un hombre que, conforme creía, tenía vínculos con los Urabeños [629] . Dijo a Human Rights Watch que se presentó en la Fiscalía en Maicao para denunciar la amenaza, pero que los funcionarios se negaron a aceptar la denuncia debido a que no pudo proporcionar el nombre y número de cédula de la persona que la amenazó. En septiembre de 2011, Zabala huyó de Maicao y se trasladó a otra región de Colombia porque —según ella— sufría “constantes amenazas” de Urabeños que operaban en el municipio [630] .
  • Juan Carlos Ramírez (seudónimo) lidera un grupo de familias desplazadas que reclaman tierras en el departamento de Cesar amparándose en la Ley de Víctimas y ha recibido múltiples amenazas desde 2010 (ver más información sobre el caso de Ramírez en la sección “Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar”). Por ejemplo, el 29 de enero de 2013 a las 7:15 a.m., dos hombres no identificados que circulaban en una motocicleta se presentaron en la vivienda de Ramírez en el municipio de Codazzi y lo amenazaron, según indicaron Ramírez y un funcionario de la Defensoría del Pueblo [631] . Ese mismo día, Ramírez dijo que se presentó en la Fiscalía en Codazzi para radicar una denuncia pero que el asistente del fiscal se negó a tomar su denuncia en razón a que no había sido “agredido” y no podía identificar a los dos hombres que lo amenazaron, ni a qué grupo pertenecían [632] . Ramírez abandonó el departamento de Cesar en febrero de 2013, y los actos de intimidación continuaron cuando regresó en marzo.

En otros casos, líderes de restitución que habían sido amenazados varias veces dijeron que cuando intentaron denunciar un segundo o tercer incidente, las autoridades judiciales no aceptaron las posteriores denuncias, y señalaron que bastaba con la primera denuncia efectuada. Si no se reciben tales denuncias, esto impide que las autoridades judiciales puedan contar con toda la información necesaria para efectuar una investigación exhaustiva que permita, entre otras cosas, establecer patrones de agresiones contra una misma víctima que ayudarían a identificar a los responsables.

  • Eduardo Paternina (seudónimo) pertenece a un grupo de familias desplazadas de Mechoacán, Cesar, que reclaman tierras que fueron adquiridas por la empresa multinacional carbonera Drummond luego de su desplazamiento[633]. Inicialmente desplazados por paramilitares, Paternina y otras personas que exigen la restitución de tierras en la zona sufrieron amenazas en 2011 y 2012[634]. Paternina dijo a Human Rights Watch que en abril de 2011, tras asistir a una reunión en la gobernación y expresar su posición, recibió una llamada telefónica en la cual su interlocutor le advirtió que no insistiera con el reclamo de tierras, y que debería ponerse a buscar un ataúd[635]. Paternina dijo que denunció la amenaza a la Fiscalía en Valledupar. Contó a Human Rights Watch que, aproximadamente 10 días después, asistió a otra reunión sobre restitución de tierras en la gobernación, y ese mismo día recibió otra amenaza telefónica. Paternina contó que regresó a la Fiscalía para denunciar la amenaza, pero que las autoridades no tomaron su denuncia argumentando que era suficiente con la primera[636]. En febrero y mayo de 2012 recibió nuevas amenazas, e informó a la Defensoría del Pueblo que “[a] medida que avanza el proceso legal de restitución de tierras en Mechoacán ... han venido aumentando progresivamente las amenazas y los amedrentamientos en mi contra”[637]. Un funcionario de la Fiscalía en Valledupar comunicó a Human Rights Watch en julio de 2012 que la investigación de la amenaza contra Paternina aún no había sido asignada a un fiscal en particular, lo cual indica que estos funcionarios judiciales no habrían investigado oportunamente las amenazas denunciadas[638]. Esto sería irresponsable en vista de las evidencias que indican que forman parte de un patrón de amenazas proferidas contra quienes reclaman tierras en la zona, y que han obligado a las víctimas a vivir atemorizadas.
  • Además de Paternina, otras personas que reclaman tierras en Mechoacán y la vereda vecina de El Prado también informaron haber recibido amenazas[639]. Tras el desplazamiento de miembros de la comunidad de El Prado en 2002 debido a asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por paramilitares, Prodeco, una subsidiaria de la multinacional Glencore, adquirió las tierras para destinarlas a la minería de carbón[640]. La abogada Luz Barragán (seudónimo), que representa a desplazados que reclaman tierras en El Prado, recibió varias amenazas desde que el 9 de noviembre de 2011, cuando la justicia ordenó medidas de restitución a favor de 48 familias de esa comunidad[641].

En otros casos, los funcionarios judiciales negaban a víctimas al afirmar que no conocían el protocolo para recibir denuncias, o les decían que denunciaran la amenaza ante las autoridades del municipio donde esta había ocurrido, según surge de entrevistas mantenidas con víctimas y de un documento de la Fiscalía al cual tuvo acceso Human Rights Watch[642].

  • El 2 de octubre de 2012, Edgardo Flórez, Carlos Andrés Franco (seudónimo) y Rosa Novoa (seudónimo), líderes de la Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, Bolívar, recibieron un mensaje de texto firmado por el “Ejército Anti-Restitución” que amenazaba a ellos y otros dos representantes de la Mesa de Víctimas. (Ver más información sobre el caso de la Mesa de Víctimas en la sección “La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar”). Ese mismo día, se presentaron en la sede de la Fiscalía en Carmen de Bolívar para denunciar la amenaza. Una funcionaria de esta delegación indicó que no podía recibir la denuncia debido a que no conocía el protocolo correspondiente, conforme señalaron a Human Rights Watch dos de los líderes que fueron amenazados en el mensaje de texto[643]. Los líderes se retiraron de la fiscalía, escribieron en forma manuscrita una denuncia por su cuenta y se la entregaron a otro empleado de la Fiscalía más tarde ese mismo día[644]. Asimismo, Franco contó que cuando acudió a la misma sede de la Fiscalía en septiembre de 2012 para denunciar otra amenaza, un funcionario de este organismo se negó a aceptar la denuncia y le preguntó por qué pretendía radicar tantas denuncias[645].

Varios desplazados que reclamaban la restitución de tierras también señalaron que denunciaron amenazas ante funcionarios judiciales, pero que posteriormente descubrieron que sus denuncias penales nunca habían quedado formalmente radicadas por la Fiscalía[646].

  • Gustavo Arrieta, uno de los líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, informó que el 17 de abril de 2012 recibió una llamada intimidatoria de un abogado y de José Méndez, a quienes varios reclamantes de tierras de la región han denunciado por actos de intimidación. Dijo que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en Carmen de Bolívar poco tiempo después. No obstante, Arrieta dijo a Human Rights Watch que cuando visitó la Fiscalía en julio de 2012, más de dos meses después de haber denunciado la amenaza, descubrió que ni siquiera se había abierto un expediente[647]. Según señaló un funcionario que conocía el caso, “Méndez tiene muchas denuncias de amenazas y la Fiscalía no hace nada”[648]

Funcionarios judiciales restan gravedad a las amenazas

Líderes de restitución de tierras de distintos departamentos dijeron a Human Rights Watch que cuando denunciaron amenazas y/o actos de hostigamiento, los funcionarios judiciales que los atendieron restaron importancia al riesgo al cual estaban expuestos e insinuaron que no estaban diciendo la verdad. Por ejemplo:

  • Ana María Céspedes (seudónimo), una líder del capítulo de Tierra y Vida en el departamento de Bolívar, dijo que al denunciar dos amenazas distintas a la Fiscalía en Cartagena en 2012, el asistente del fiscal que tomó las denuncias cuestionó su veracidad. Céspedes presentó la primera denuncia ante la sede de la Fiscalía en Cartagena a mediados de marzo de 2012. En su denuncia, indicó que dos hombres que circulaban en motocicleta se presentaron en la vivienda de su familia en Cartagena, preguntaron por ella, y le dijeron a su sobrina: “Dígale que la vamos a pelar”[649]. Contó que el asistente del fiscal le dijo que muchas personas inventaban amenazas para obtener medidas de protección del gobierno, y de este modo insinuó que ella podía estar haciendo lo mismo[650]. A mediados de junio de 2012, Céspedes denunció en la Fiscalía en Cartagena que había recibido una amenaza por mensaje de texto firmada por el autoproclamado “Nuevo Grupo Anti-Restitución de Tierras Unidas de Colombia”[651]. Según Céspedes, cuando denunció la segunda amenaza, el mismo funcionario de la Fiscalía hizo una broma, se rió y ni siquiera se molestó por leer el mensaje de texto en el teléfono celular de Céspedes[652].
  • Marta Blanco (seudónimo), esposa de Ronald Castilla —un miembro de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar —dijo a Human Rights Watch que cuando tomaron su declaración por una amenaza directa que había sufrido, los investigadores de la Seccional de Policía Judicial (SIJIN) que la atendieron tuvieron una actitud intimidatoria e intentaron sembrar dudas sobre su versión de lo sucedido. En febrero de 2012, mientras caminaba por el casco urbano de Carmen de Bolívar, un hombre se le acercó por detrás y le apoyó el cañón de un arma contra la espalda. Le dijo que la mataría si se daba vuelta, y agregó: “Esta es la última oportunidad para que Ronald le demuestre a su familia cuanto los quiere”[653]. Señaló que en septiembre de 2012, investigadores de la SIJIN citaron a ella y a Castilla a una reunión para que aportaran más información sobre la denuncia penal que habían presentado inicialmente, antes de la amenaza. Castilla no se presentó a la reunión, y a raíz de esto uno de los investigadores de la SIJIN le preguntó “¿por qué no da la cara?”. Blanco contó que, al responder que Castilla no confiaba en nadie, los investigadores de la SIJIN le dijeron que no confiaban en ella. También comentó que los investigadores cuestionaron su afirmación de que le habían apuntado con un arma en la espalda, e intentaron convencerla de que estaba confundida. “Me sentí intimidada”, dijo a Human Rights Watch. Blanco aseveró que los investigadores no le preguntaron por el hombre que ella y su esposo habían denunciado como responsable de su desplazamiento en enero de 2012, ni sobre la disputa por tierras en la cual era parte su familia en ese momento y que, según creía, era el motivo de la amenaza[654]

No se contacta a muchas víctimas después de que presentan denuncias

Numerosos reclamantes de tierras y líderes dijeron a Human Rights Watch que las autoridades judiciales no los habían contactado luego de que denunciaran penalmente una amenaza. Ponerse en contacto con las víctimas es un paso indispensable para reunir información más detallada sobre su caso —además del relato básico que ofrecen al presentar inicialmente la denuncia— que puede ayudar a conseguir avances en la investigación. Que en algunos casos no se haya dado este paso básico indica que los funcionarios judiciales intervinientes no están investigando activamente lo sucedido[655]. Por ejemplo:

  • Mario Cuitiva lidera a desplazados que reclaman tierras en la finca Santa Paula, el primer caso de restitución que se presentó ante la justicia en Córdoba al amparo de la Ley de Víctimas. En marzo de 2009, octubre de 2010, agosto de 2012 y noviembre de 2012, presentó cuatro denuncias penales distintas vinculadas con amenazas, vigilancia, actos de intimidación e información que había recibido sobre un atentado inminente contra su vida. No obstante, en abril de 2013, Cuitiva dijo a Human Rights Watch que nunca había sido contactado por la Fiscalía en relación con sus denuncias[656]. (Ver más información sobre el caso de Cuitiva en sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

En varios casos, reclamantes y líderes de restitución dijeron a Human Rights Watch que tras presentar denuncias penales sobre las amenazas recibidas, las autoridades judiciales recién se contactaron por primera vez un año después de que denunciaran el supuesto delito o incluso después. Por ejemplo:

  • El abogado de derechos humanos Jeison Paba, que ayuda a 70 familias que intentan retornar a la finca de 1.321 hectáreas La Europa, en Ovejas, Sucre, recibió varias amenazas durante 2011, 2012 y 2013[657]. El 23 de junio de 2011, horas después de que Paba se reuniera con autoridades de Ovejas para consultar sobre el estado de una solicitud de desalojo que había presentado contra la compañía que ocupaba parte del predio de la comunidad de La Europa, se envió una amenaza de muerte dirigida contra él a la dirección de correo electrónico de la ONG de derechos humanos Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que también ayuda a la comunidad para que pueda regresar a la finca[658]. Paba denunció la amenaza el 8 de julio de 2011, pero indicó que la Fiscalía no se comunicó con él en relación con la denuncia hasta la última semana de junio de 2012, casi un año después de la denuncia inicial[659].

Deterioro de la confianza de las víctimas en las autoridades

Muchos desplazados, tras haber vivido en zonas bajo el control de grupos armados donde prolifera la corrupción, desconfían de las autoridades locales, incluidos funcionarios judiciales, y temen que si presentan denuncias penales esta información podría filtrarse y entonces sufrirían represalias. Cuando los funcionarios judiciales no adoptan medidas básicas para investigar amenazas, se profundiza la falta de confianza en las autoridades. Las víctimas advierten que la denuncia de delitos implica posibilidades muy remotas de que haya algún tipo de rendición de cuentas, e incluso podría exponerlas a mayores riesgos. Esto contribuye a que sean menos aún los casos que se denuncian, lo cual a su vez perpetúa la impunidad de los delitos, dado que es imposible investigar amenazas si esas no se denuncian.

Además de la inacción de algunos funcionarios judiciales en la investigación de amenazas denunciadas, los reclamantes de tierras de algunas zonas de Colombia tienen otros motivos justificados para desconfiar de autoridades judiciales. En los últimos años, funcionarios de la Fiscalía de distintas regiones han sido investigados penalmente por presuntos vínculos con grupos sucesores de paramilitares[660]. El ejemplo más prominente es el del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ex ministro del interior y de justicia de Colombia. En marzo de 2011, la Corte Suprema condenó a Valencia por el delito de concierto para delinquir por sus nexos con miembros de los Urabeños[661].

En el departamento de Córdoba, la Unidad de Restitución denunció que un funcionario de la Fiscalía local presuntamente había obstaculizado procesos de restitución de tierras. La Unidad de Restitución presentó una denuncia penal en la cual aseveraba que se había invitado a reclamantes de tierras a reuniones en las cuales estuvo presente un funcionario de la Unidad de Justicia y la Paz. En estas reuniones, se les habría ofrecido dinero a cambio de efectuar declaraciones que beneficiarían a los paramilitares desmovilizados Sor Teresa Gómez y alias Monoleche, y de firmar documentos donde se indicaba que no habían sido coaccionados para que vendieran tierras sujetas a solicitudes de restitución [662] (Ver más información sobre el caso Santa Paula en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

La desconfianza de muchos desplazados en las autoridades judiciales se ve agravada por la inacción en la investigación de los casos. Por ejemplo:

  • Gustavo Arrieta, de Carmen de Bolívar, dijo a Human Rights Watch: “El que denuncia, se expone más. Los que hemos puesto denuncias en la Fiscalía, somos objetos de más amenazas.... He puesto denuncias desde junio 2011 y nunca me han llamado a citar. Quiere decir que no están haciendo ninguna investigación. Eso desanima a otros a denunciar”[663]. De hecho, según palabras de Edgardo Flórez, otro líder de Carmen de Bolívar que fue amenazado, debido a “negligencia” de la Fiscalía en el caso de Arrieta (ver más sobre el caso de Arrieta en la sección “Negativa a recibir denuncias penales”) decidió no denunciar que varios hombres con el rostro cubierto con pasamontañas lo habían estado buscando por su barrio[664].
  • Herminia Borja (seudónimo), una abogada de derechos humanos de Bogotá que trabaja en un caso de restitución de tierras en el departamento de Magdalena, dijo a Human Rights Watch que no denunció una amenaza que recibió en 2008 vinculada con el caso porque “Es claro que no va a pasar nada. Estamos cansados de rendir denuncias sin ningún resultado. Sólo nos expone a más riesgo”[665].

Falta de rendición de cuentas en casos de asesinatos

Impartir justicia en casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras podría mitigar el clima de temor que estos han generado, y operar como un factor de disuasión clave para evitar nuevos abusos contra quienes intervienen en el proceso de restitución. En algunos casos, los fiscales han conseguido avances importantes, como ha sucedido con la investigación del asesinato en marzo de 2012 de Manuel Ruiz y su hijo Samir Ruiz, como resultado de la cual hubo cuatro imputados en apenas un año. No obstante, en general los adelantos conseguidos en la investigación de los casos han sido limitados. En agosto de 2013, de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes que la Fiscalía informó estar investigando, se habían obtenido condenas en ocho, y en otros siete casos había imputados[666].

Cabe reconocer que en 2012 la Fiscalía asignó cerca de una decena de casos de asesinatos y tentativas de asesinato de líderes de restitución a un único fiscal de la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá. También se han asignado casos a otros fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que trabajan en Bogotá y Medellín. Esta decisión supone una clara ventaja: los fiscales que trabajan desde la capital y otras ciudades principales, en general son menos vulnerables a presiones y amenazas que los funcionarios judiciales locales. Además, al concentrar los casos en unos pocos fiscales, la Fiscalía facilita la determinación de patrones entre delitos que pueden estar relacionados, y esto a su vez contribuye a identificar a todas las partes responsables, incluidos quienes ordenaron que estos fueran perpetrados.

Sin embargo, la propuesta de concentrar casos en la Unidad de Derechos Humanos no ha arrojado los resultados esperados. En agosto de 2013, la Fiscalía indicó que los 13 casos de homicidio y tentativa de homicidio que habían sido asignados al fiscal en Bogotá se encontraban en etapa preliminar [667] . Diversos problemas han impedido que se produzcan avances.

Por un lado, durante 2012, varios expedientes acumulados sobre asesinatos vinculados con restitución de tierras que inicialmente estaban bajo el conocimiento de un fiscal en Bogotá, fueron reasignados con posterioridad a tres fiscales distintos [668]. Cada vez que los casos se reasignan, los fiscales deben prácticamente empezar desde cero para familiarizarse con la investigación, en vez de aprovechar los avances ya conseguidos y profundizar el conocimiento de la causa a medida que avanza el tiempo. En entrevistas separadas mantenidas con Human Rights Watch, dos de los cuatro fiscales demostraron que no estaban familiarizados con aspectos básicos del caso, como por ejemplo, si la víctima era o no líder de un grupo de desplazados[669]. Uno de los fiscales afirmó que estaba “apenas conociendo los casos”[670].

Asimismo, varios fiscales entrevistados por Human Rights Watch admitieron que no se habían adoptado algunas medidas básicas para impulsar las investigaciones. Un fiscal que investigaba el homicidio de un líder ocurrido en 2009 dijo que los investigadores judiciales solamente habían visitado una vez el municipio donde vivía y fue asesinada la víctima. Con respecto a otro homicidio de un líder de desplazados cometido en 2009, el fiscal reconoció que “No hay nada de investigación. No hemos averiguado mayor cosa”[671]. Otro fiscal expresó que en tres asesinatos de 2008 y 2009 que estaba investigando, los expedientes prácticamente lo único que contenían era el informe policial del día de los crímenes[672].

Algunos familiares de víctimas de homicidios también refirieron a Human Rights Watch que las autoridades judiciales no habían realizado actos de investigación básicos. Los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, asesinado en Córdoba en noviembre de 2011, dijeron que cuando acudieron a la Fiscalía en Montería para comprobar el estado de la investigación sobre la muerte de su padre a mediados de enero de 2012, se les indicó que aún no había sido asignada a ningún fiscal [673] . El 27 de febrero de 2012, los hijos —que aún exigen la restitución de las fincas de su familia— enviaron una carta a la entonces Fiscal General de Colombia Viviane Morales, en la cual le solicitaban que remitiera la investigación de Córdoba a Bogotá, y manifestaban su descontento porque ni el fiscal “ni ninguna otra autoridad judicial de esta ciudad nos ha visitado o citado ni informado nada con relación a estos hechos, inexplicablemente la investigación está paralizada o estancada ... y lo peor es que vemos en peligro nuestras vidas como familiares (hijos) del ciudadano asesinado” [674] . (Ver más información sobre el caso de Mendoza en la sección “Asesinato de reclamante de tierras en Montería, Córdoba”).

Otro problema que se interpone al avance de las investigaciones sobre asesinatos es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia del hecho y la asignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos. Las investigaciones sobre asesinatos de reclamantes de tierras y líderes a menudo quedan a cargo de fiscales locales durante más de un año antes de ser reasignadas a la Unidad de Derechos Humanos[675]. Esto impide que esta unidad pueda supervisar la etapa inicial de la investigación, que resulta trascendental para hacer las primeras pesquisas y reunir evidencias elementales, como la declaración de testigos. En vez de ello, es común que las investigaciones queden paralizadas a cargo de fiscales locales antes de ser reasignadas. Según señaló un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, los fiscales locales a cargo de casos con fuertes implicancias para los derechos humanos “no se quieren hacer matar y [entonces] ahí el caso se muere”[676].

Falta de rendición de cuentas por los desplazamientos forzados y despojos originales

Si la gente no está en la cárcel —los responsables del abandono y despojo y las amenazas contra la vida de reclamantes— realmente hay un hueco en la política de implementación [de protección para la restitución de tierras].... Si sólo atacas la consecuencia y pones un policía, pero no la causa, estás poniendo paliativas. Una de las principales causas es quien tiene interés en la tierra, quienes la despojaron.
—Funcionario de la Unidad de Restitución [677]

La Fiscalía en gran medida no ha garantizado que haya rendición de cuentas en casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Si no se juzga y desarticula a las redes delictivas responsables de estos delitos, los reclamantes de tierras se exponen a más abusos. En vez de ser identificados públicamente y encarcelados, los miembros de grupos armados y terceros interesados en preservar su control sobre tierras obtenidas ilegalmente muchas veces se encuentran en libertad y pueden más fácilmente proferir amenazas y concretar ataques contra reclamantes.

Asimismo, cuando no hay medidas de justicia se envía a toda la sociedad el mensaje de que es aceptable desplazar a personas y apropiarse de sus tierras. Conforme fue expresado por un alto funcionario de la Procuraduría que supervisa los procesos de restitución de tierras: “Definitivamente tiene que entrar la Fiscalía identificando los despojadores.... Si la Fiscalía no se activa, podría generar otra guerra contra los reclamantes”[678].

En casi todos los casos de desplazamiento forzado ocurridos en Colombia no se ha impartido justicia, y esta situación ha sido identificada por diversos actores, incluida la Corte Constitucional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y expertos de la sociedad civil[679]. En 2009, la Corte Constitucional determinó que existía “una absoluta impunidad frente al delito de desplazamiento forzado, debido a la falta de iniciación e impulso de las investigaciones”[680]. En este mismo sentido, un estudio exhaustivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) publicado en enero de 2011 concluyó que “de cada 200 casos que ingresan a la Fiscalía, un poco más de uno culmina en una acusación ante el juez de conocimiento.... En tanto la mayoría de casos de desplazamiento forzado no ingresan siquiera al sistema judicial, la impunidad por este delito es muy cercana a 100%”[681].

Con el propósito de afrontar este problema, la Fiscalía creó en noviembre de 2010 la Unidad Nacional Contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES). La creación de esta unidad especializada, integrada por 66 fiscales en 15 ciudades distintas, representó un paso importante para abordar el problema[682].

No obstante, la unidad ha registrado avances limitados en la obtención de justicia a favor de víctimas de desplazamiento forzado: en enero de 2013, la unidad estaba investigando 17.109 casos de este tipo, pero había obtenido condenas en tan sólo 28[683]. La UNCDES había conseguido un total de apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos con mayor cantidad de solicitudes en la Unidad de Restitución[684]. La unidad investiga además cerca de 16.000 desapariciones forzadas y “desapariciones”, lo cual supone un volumen oneroso de aproximadamente 500 casos por fiscal[685].

Otras fiscalías también han alcanzado resultados limitados en la persecución penal de casos de desplazamiento forzado. En marzo de 2013, a casi ocho años de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, los postulados en el marco de esta norma habían confesado más de 11.000 casos de desplazamiento forzado. A pesar de ello, los fiscales especializados de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra paramilitares desmovilizados en tan sólo seis de esos casos[686]. De las 20.667 investigaciones en curso sobre casos de desplazamiento forzado impulsadas por todos los demás fiscales externos a la UNCDES y la Unidad de Justicia y Paz, en enero de 2013 el 99 por ciento se encontraban en etapa preliminar[687].

Un alto funcionario de la Unidad de Justicia y Paz indicó a Human Rights Watch que en agosto de 2013 sus fiscales tenían previsto hacer imputaciones a paramilitares desmovilizados en relación con más de 3.000 casos de desplazamiento forzado[688]. La unidad impulsó estos casos como parte de su nueva metodología de investigación, conforme a la cual los fiscales procuran determinar la responsabilidad penal de postulados a la Ley de Justicia y Paz que hayan tenido una posición jerárquica superior, a partir de patrones en los delitos cometidos por los paramilitares o las guerrillas a su mando[689].

Si estos casos de desplazamiento forzado se juzgan exitosamente, ello representaría un avance considerable para la Fiscalía. No obstante, hay varios motivos por los cuales este tipo de procesos impulsados al amparo de la Ley de Justicia y Paz, por sí solos, no permitirán obtener el tipo de rendición de cuentas por casos de desplazamiento forzado que se necesita para brindar seguridad en la restitución de tierras. Por un lado, la Unidad de Justicia y Paz únicamente puede promover la acción penal contra paramilitares que participen activamente en el proceso de Justicia y Paz, y estos representan menos del 10 por ciento de los más de 30.000 presuntos paramilitares que se sumaron oficialmente a la desmovilización [690] . A su vez, la unidad no tiene competencia para perseguir penalmente a otras personas, como empresarios, políticos, funcionarios públicos o testaferros de paramilitares, que integraron las redes paramilitares que provocaron los desplazamientos forzados y los despojos, pero que no eran miembros de las AUC. Por último, conforme a la nueva estrategia, las investigaciones y los procesos están encaminados a determinar la responsabilidad penal de los implicados en función de patrones de abusos cometidos por los bloques paramilitares a los cuales pertenecían. Sin embargo, las investigaciones no esclarecen necesariamente las circunstancias exactas en que se cometieron incidentes concretos de desplazamiento forzado, ni se identifica a los responsables que ordenaron y ejecutaron los actos individuales [691] , y esto podría dificultar la posibilidad de detectar el despojo de tierras. Todos estos factores implican que, sin investigaciones complementarias a cargo de los fiscales orientadas a impartir justicia frente a la totalidad de las partes responsables de casos de desplazamiento forzado y apropiación de tierras, será imposible desarticular las redes delictivas que obligaron a los desplazados a irse de sus tierras y que con frecuencia intentan mantener el control sobre las mismas.

En la gran mayoría de casos, las autoridades judiciales tampoco han conseguido que rindan cuentas quienes efectuaron el despojo de tierras. La UNCDES se identificó a sí misma como la principal fiscalía encargada de investigar casos de despojo[692]. En enero de 2013, la unidad indicó que había obtenido solamente tres condenas por delitos vinculados con estos actos, y que en tan sólo seis casos se había vinculado formalmente a presuntos responsables con una investigación[693].

Según un alto funcionario de la UNCDES, los fiscales de la unidad reciben órdenes de verificar si se produjeron despojos en todas las investigaciones sobre desplazamiento forzado que impulsan. El funcionario de la UNCDES observó que es probable que, a medida que tales investigaciones avanzan, surjan evidencias de despojo de tierras en muchos de los casos, lo cual implica que se ampliarán los cargos imputados en relación con esta conducta[694]. De hecho, es razonable esperar que la investigación de casos de desplazamiento forzado frecuentemente aporte evidencias de que hubo despojos, dado que se estima que se han apropiado 2 millones de hectáreas que pertenecen a desplazados[695].

Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos no ha obtenido condenas por delitos vinculados con el despojo de tierras, ni tampoco tenía investigaciones en curso sobre tales delitos a marzo de 2013 [696] . Esto sugiere que la unidad no estaría aplicando la estrategia de investigación que la Fiscalía presentó a la Corte Constitucional en enero de 2012, en la cual se indicaba que el plan de la Unidad de Derechos Humanos en materia de desplazamiento forzado incluiría “la verificación de los titulares actuales de las tierras y establecer la legitimidad de la tradición de los bienes, logrando judicializar a las personas a las que se les compruebe la responsabilidad en el despojo de tierras de los desplazados” [697] .

De manera similar, la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos comunicó a Human Rights Watch que no estaba investigando a responsables del despojo de tierras vinculado con desplazamiento forzado, puesto que tales delitos son de “competencia exclusiva” de la UNCDES. La unidad confisca activos en poder de testaferros de la guerrilla y los paramilitares, pero indicó que no estaba investigando a testaferros en casos de despojos[698].

Por último, la Subunidad Elite de Persecución de Bienes, una unidad especializada de la Fiscalía que tiene la atribución de investigar despojos perpetrados por paramilitares y guerrilleros que se postularon a la Ley de Justicia y Paz, logró la expedición de cuatro sentencias de restitución hasta febrero de 2013 [699] . La unidad no persigue penalmente a quienes se apropiaron ilegalmente de las tierras, sino que intenta identificar las parcelas despojadas y obtener sentencias judiciales de restitución a favor de desplazados.

En palabras de un alto asesor gubernamental que trabaja en restitución de tierras, la “Fiscalía investiga muy poco los despojos”[700]. Esto pone en riesgo a los reclamantes, ya que, como indicó María Paulina Riveros, directora del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, para quienes reclaman la restitución de tierras “[l]a mejor medida de protección es una sentencia judicial en el caso de despojo”[701].

El riesgo a sufrir nuevos abusos generado para los reclamantes a raíz de la falta de juzgamiento de incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo de tierras se puso de manifiesto en el siguiente caso:

La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba

Existen claras evidencias de que, al no asegurar que los paramilitares y sus aliados rindieran cuentas ante la justicia por el despojo de la finca Santa Paula de 1.195 hectáreas —cuya valuación actual se estima en 40.000 millones de pesos (cerca de US$ 22 millones) [702] — las autoridades han permitido que esta misma red de responsables amenazara, intimidara y atacara a reclamantes cada vez que han intentado recuperar Santa Paula y otra propiedad cercana a este predio, incluso en su más reciente intento a través de la Ley de Víctimas.

Juan Camilo Restrepo, entonces Ministro de Agricultura, señaló que el caso Santa Paula es “emblemático, porque va al corazón del despojo de las grandes mafias paramilitares”[703]. Entre 1996 y 2006, FUNPAZCOR, una organización de fachada que utilizaban paramilitares y que tenía estrechos vínculos con Carlos Castaño, obligó a familias a abandonar la finca Santa Paula y las presionó para que vendieran su tierra a un valor inferior al de mercado[704]. En representación de la paramilitar desmovilizada Sor Teresa Gómez, la presidenta de FUNPAZCOR, quien tenía vínculos directos con altos jefes paramilitares, Gabriela Inés Henao compró parte de la finca a familias desplazadas. Así consta en una sentencia de restitución dictada por un tribunal civil[705]. Algunas víctimas han dado su testimonio a las autoridades señalando que el esposo de Henao, Diego Sierra, actuó en coordinación con paramilitares para desplazarlos de Santa Paula[706].

En un primer momento, Yolanda Izquierdo estuvo al frente de los esfuerzos para recuperar la finca Santa Paula mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Gómez, Sierra y Henao, junto con el ex concejal de la ciudad de Montería, Manuel Causil, y un hombre llamado Guillermo Mass, entre otros, se interpusieron a los intentos de Izquierdo mediante engaños y presiones a fin de que los reclamantes de Santa Paula firmaran documentos donde indicaban que no habían sido coaccionados para vender sus tierras, según se determinó posteriormente en sentencias judiciales dictadas en el caso[707]. Izquierdo señaló en varias ocasiones haber recibido amenazas de muerte por parte de Gómez y paramilitares, y solicitó medidas de protección, que no fueron otorgadas por la Fiscalía[708]. “Días antes de su muerte en forma verbal y por escrito y haciendo presencia varias veces a distintos despachos de la Fiscalía, les lloró e imploró protección inmediata y no se la brindaron”, indicó al respecto la Procuraduría[709].

El 31 de enero de 2007, días después de haber pedido infructuosamente que le concedieran medidas de protección, Izquierdo murió frente a su vivienda en Montería tras recibir disparos de un paramilitar que actuaba bajo órdenes de la presidenta de FUNPAZCOR Sor Teresa Gómez, según se indica en una sentencia judicial que condenó a Gómez en ausencia[710]. La condena también compulsó copias para que se investigara, entre otras personas, a Henao, Sierra, Causil y Mass, así como al ex concejal Rembreto Álvarez y al paramilitar desmovilizado Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, como presuntos partícipes en el homicidio. La sentencia indica que los campesinos desplazados de Santa Paula los señalaron como “las personas interesadas en desplazarlas y quitarles la tierra”[711].

Otro reclamante de Santa Paula, Mario Cuitiva, huyó de Córdoba luego del homicidio de Izquierdo, pero regresó en 2008 para continuar reclamando su parcela de tierra en la finca. Aseveró haber sido seguido y amenazado por personas vinculadas con paramilitares y con Gómez en varias ocasiones entre 2009 y 2011[712]. Cuitiva denunció que Mass lo seguía[713]. Mass también había seguido a Izquierdo antes de que fuera asesinada, según se indica en un testimonio citado en la sentencia condenatoria por su homicidio[714].

A pesar de las amenazas, Cuitiva ayudó a otros campesinos desplazados de Santa Paula a que se organizaran para presentar solicitudes en la Unidad de Restitución, y en junio de 2012 el caso comenzó a ser examinado formalmente por la unidad. Al igual que Izquierdo, la líder a quien había reemplazado, Cuitiva recibió información de que se produciría un ataque paramilitar inminente contra él a medida que la Unidad de Restitución avanzaba con el caso. El 11 de agosto de 2012, seis paramilitares ofrecieron a un paramilitar desmovilizado cuatro millones de pesos (aproximadamente US$ 2.200) para que asesinara a Cuitiva, conforme afirmaron este paramilitar desmovilizado y Cuitiva[715]. El paramilitar desmovilizado dijo que los hombres se identificaron como paramilitares y que cuando se negó a aceptar la oferta, lo amenazaron con matarlo a él y a otro familiar suyo[716].

A fines de septiembre de 2012, durante un evento público en el cual se anunció que la Unidad de Restitución había presentado el caso Santa Paula ante la justicia, el Ministro de Agricultura denunció que se habían producido amenazas y actos de intimidación vinculados con el caso. Indicó que las solicitudes se presentaban “a pesar de los amedrentamientos a las víctimas reclamantes; a pesar de las incesantes coacciones a los reclamantes para que desistan de la restitución; a pesar de las amenazas de toda índole que se han proferido”[717].

En esa misma época, Henao y su esposo, Sierra, presentaron su oposición en un juzgado contra más de 30 solicitudes interpuestas por desplazados ante la Unidad de Restitución en relación con derechos sobre la finca[718]. Henao siguió siendo propietaria de decenas de parcelas en Santa Paula[719]. Según indicaron la Unidad de Restitución y la Fiscalía, no había una investigación penal en curso contra Henao o contra Sierra por ningún delito[720]. Ninguna persona había sido juzgada y encarcelada por los desplazamientos forzados o los despojos en el caso Santa Paula, que aún se encuentra en la etapa preliminar de investigación penal[721].

Cuitiva señaló que el 3 de noviembre de 2012, su vecino escuchó cuando un hombre en una motocicleta ofrecía a otros dos hombres cinco millones de pesos (aproximadamente US$ 2.700) para que arrojaran una granada en su vivienda [722] . Más tarde ese mismo mes, la UNP lo reubicó a otra región de Colombia junto con seis familiares.

Cuitiva se fue de Córdoba aproximadamente en la misma época en que la Unidad de Restitución presentó una denuncia penal en la cual se indicaba que se había invitado a reclamantes de tierras del departamento a asistir a diversas reuniones durante 2012, y que en estas se les había ofrecido dinero a cambio de firmar documentos donde constaba que no habían sido presionados para vender sus tierras casi una década antes[723]. Estos sobornos se ofrecieron a reclamantes de la finca Cedro Cocido, ubicada a unos kilometros de Santa Paula, y que según la Unidad de Restitución también fue arrebatada a sus ocupantes por FUNPAZCOR, la organización paramilitar liderada por Gómez[724]. La denuncia indicaba que, durante las reuniones, a las cuales asistieron funcionarios locales, también se presionó a los reclamantes para que prestaran testimonio a favor de paramilitares desmovilizados a quienes varias víctimas y otras fuentes habían señalado como responsables de apropiaciones de tierras a gran escala, incluidos Gómez y Monoleche[725]. En la denuncia penal se afirmaba que, según las víctimas, Mass y Causil, entre otros, eran las “personas intermediadoras” o “facilitadoras” de este intento de soborno[726].

En febrero y marzo de 2013, la justicia especializada en restitución de tierras dictó dos sentencias en las cuales ordenaba que se restituyeran terrenos en Santa Paula a numerosas familias de desplazados. Cuitiva regresó a Montería en febrero sin su familia, que permaneció fuera del departamento por temor a su seguridad.

Los actos de intimidación continuaron durante abril de 2013, conforme indicó un reclamante de Santa Paula, quien dijo a Human Rights Watch que durante la primera semana de ese mes fue interceptado en el centro de Montería por una de las personas identificadas en la denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución. El hombre advirtió al reclamante que la “doctora” iba a comprar nuevamente parcelas de tierras a quienes se habían beneficiado con sentencias de restitución[727]. El reclamante interpretó que “doctora” hacía alusión a Gómez, quien permanece prófuga y ha sido identificada por las autoridades como jefa financiera de los Urabeños en Córdoba, y una de las principales responsables de amenazas contra reclamantes de tierras[728].

El 9 de abril de 2013, el día antes de que el Presidente Santos oficiara una ceremonia en Santa Paula para entregar títulos de tierras a reclamantes que se habían beneficiado con sentencias de restitución, varios hombres armados mataron a Ever Cordero Oviedo, un destacado líder de víctimas del municipio de Valencia, en Córdoba. (Ver más información sobre el caso de Cordero en la sección “La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba”). El día de la muerte de Cordero, Human Rights Watch habló con Cuitiva, que al día siguiente recibiría el título de su tierra. Dijo que por temor a su seguridad, su esposa e hijos habían decidido que no retornarían a Santa Paula. El mismo Cuitiva también dudaba de si, tras años de lucha en reclamo de su tierra, regresaría a vivir allí: “Yo no voy a ir para allá [Santa Paula].... Me pasa lo mismo que le pasó a Yolanda, que le pasa a [Ever]... ahí no va a haber seguridad... no hay garantías”[729].

De este modo, numerosas evidencias creíbles sugieren que desde 2007, la falta de medidas de rendición de cuentas contra los responsables del despojo en Santa Paula posibilitó que esa misma red de personas frustrara distintos esfuerzos de restitución de tierras apelando a actos de violencia e intimidación. Como lo explicó la Unidad de Restitución en su denuncia penal, esto ha contribuido a generar “un temor que se ha hecho general entre los solicitantes de restitución de tierras, el cual ha obstaculizado el trámite que sigue bajo el rigor de la [Ley de Víctimas]” en Córdoba[730].

La metodología de investigación de la Fiscalía hasta ahora se ha basado en investigaciones fragmentadas, caso a caso

Una falencia común que se advierte en las investigaciones de amenazas y asesinatos, así como también sobre incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo, es que en general la Fiscalía no ha impulsado investigaciones sistemáticas y contextualizadas de los hechos. En lugar de establecer conexiones entre delitos que podrían estar vinculados y afectan las mismas parcelas de tierra, regiones y comunidades, los fiscales, en general, se han abocado a investigar los delitos de un modo aislado, centrado en cada caso particular. Esto no les permitió establecer patrones de abusos que los ayudaran a identificar a todas las partes responsables.

El enfoque fragmentado que utilizan los fiscales colombianos en sus investigaciones ha impedido, durante mucho tiempo, la rendición de cuentas por todos los tipos de delitos vinculados con el conflicto armado y los derechos humanos[731]. El Fiscal General Eduardo Montealegre reconoció esta situación, y declaró, en una directiva de octubre de 2012, que “[e]n la actualidad, el paradigma según el cual todos los delitos deben ser investigados ... como hechos aislados, ha conducido a elevados índices de impunidad”[732]. La directiva explicaba que, además de “afectar gravemente el disfrute de los derechos de las víctimas”, esta metodología de investigación deficiente ha producido “diversas disfuncionalidades” dentro del sistema de justicia penal, como por ejemplo, que investigaciones vinculadas con el mismo bloque de un grupo armado, o un subgrupo de casos relacionados, se dividieran entre distintas fiscalías regionales y nacionales[733].

Los incidentes de desplazamiento forzado y despojo, así como también las amenazas y ataques contra reclamantes a causa de sus esfuerzos de restitución, son justamente el tipo de casos cuya investigación se encuentra obstaculizada debido al enfoque fragmentado adoptado por los fiscales. Estos abusos suelen formar parte de un patrón de delitos perpetrados por las mismas personas. Enfocarse en casos particulares como si se tratara de eventos aislados impide que los fiscales descubran los vínculos entre delitos interrelacionados cometidos en el mismo período y en la misma región, tales como despojos en la misma zona o amenazas contra desplazados que reclaman tierras pertenecientes a la misma comunidad. Además, les impide establecer conexiones entre los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo y los abusos actuales contra reclamantes, motivados por su pretensión de restitución. Dichas conexiones podrían optimizar la investigación de ambos tipos de delitos. Según un alto funcionario de la UNCDES, por ejemplo, las evidencias recabadas través de investigaciones sobre amenazas contra reclamantes podrían facilitar la investigación del incidente original de desplazamiento forzado de las víctimas[734].

El caso de Totumo, Antioquia, un corregimiento de Urabá, ofrece un claro ejemplo. En 2010 y 2011, dos líderes de restitución de Tierra y Vida que reclamaban tierras ahí fueron asesinados, y otro reclamante fue secuestrado y amenazado. Según declaraciones de un ex miembro de los Urabeños que intervino como testigo en el caso por el asesinato de David Góez en 2011 —otro líder de restitución de tierras de la zona cercana de Tulapas—, en 2011 un jefe de los Urabeños organizó una reunión en las proximidades de Totumo, durante la cual advirtió que a “todo el que fuera a reclamar tierra … lo iban a desaparecer” [735] . La víctima del secuestro manifestó que, mientras permaneció cautivo, miembros de los Urabeños le hacían preguntas acerca de otros miembros de Tierra y Vida. En julio de 2012, cuatro fiscales diferentes estaban trabajando en los casos de los dos asesinatos y el secuestro de los líderes de Tierra y Vida de Totumo, así como también en el homicidio de Góez [736] . Dos de los fiscales manifestaron a Human Rights Watch que no estaban al tanto de que se hubieran cometido otros delitos contra reclamantes de tierras de la zona, o contra miembros de Tierra y Vida, además del caso que estaban investigando. Ninguno de los dos sabía quiénes ocupaban las tierras reclamadas por la víctima [737] . (Ver más información sobre estos casos en la sección “Tierra y Vida en Urabá”).

Otro claro ejemplo es el caso de Ever Cordero Oviedo y Ermes Vidal Osorio. Ambos líderes de desplazados de la Mesa de Víctimas del municipio de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días, en marzo y abril de 2013, pero a pesar de ello cada caso está siendo investigado por un fiscal diferente[738].

El Fiscal General Eduardo Montealegre adoptó una nueva estrategia de investigación en toda la Fiscalía que, si se implementa de manera efectiva, podría ayudar a resolver esta falencia común en las investigaciones. La Directiva 1 de 2012 establece que los fiscales deberían “investigar las conductas delictivas no como hechos aislados e inconexos sino como el resultado del accionar de organizaciones delictivas dentro de un determinado contexto” [739] . Esta estrategia contempla la política de agrupar investigaciones a fin de descubrir patrones de delitos, priorizando determinados casos y “situaciones” (grupos de casos con elementos comunes) en función de criterios preestablecidos [740] , y enfocándose en identificar a quienes son considerados “máximos responsables”.

Aún es incierto si esta nueva estrategia se implementará eficazmente en relación con abusos vinculados con la restitución de tierras. En abril de 2013, un alto funcionario de la Fiscalía comunicó a Human Rights Watch que el organismo estaba comenzando a elaborar una estrategia de investigación para abordar delitos contra reclamantes involucrados en la restitución de tierras. Este funcionario explicó que la estrategia incorporaría la nueva metodología de investigación de la Fiscalía[741]. Human Rights Watch considera que esto debería implicar priorizar como “situaciones” los delitos vinculados con restitución de tierras (desplazamiento forzado, despojo de tierras y amenazas y ataques contra reclamantes vinculados con sus pretensiones de restitución) en las mismas zonas donde se están evaluando solicitudes de restitución[742].

Respuesta inadecuada frente al accionar de grupos sucesores de paramilitares que aún detentan un fuerte poder

A pesar de los notables avances conseguidos por las autoridades en la captura de sus miembros y líderes, los grupos sucesores de los paramilitares —especialmente los Urabeños— mantienen una fuerte presencia en diversas regiones de Colombia, y siguen ejerciendo control social sobre comunidades y cometiendo abusos generalizados contra civiles. Hasta tanto Colombia logre reducir considerablemente el poder de los grupos sucesores, los reclamantes de tierras y líderes continuarán expuestos a un grave riesgo de amenazas y ataques por estos grupos.

A comienzos de 2012, los Urabeños realizaron una alarmante demostración de poder al organizar un “paro armado” que paralizó el comercio y el transporte en distintos municipios de seis departamentos del norte de Colombia. The Economist informó, en ese momento, que el paro de enero “constituyó el mayor desafío a la autoridad del Estado desde que Juan Manuel Santos asumió como presidente de Colombia en agosto de 2010”[743].

Desde entonces, las autoridades han avanzado considerablemente en la detención de miembros y líderes de los Urabeños y otros grupos sucesores de los paramilitares, como los Rastrojos[744]. En total, entre 2006 y octubre de 2012, la Policía informa haber capturado a 13.857 miembros, incluidas 93 cabecillas[745]. La Policía Nacional informó haber capturado o matado a 12 jefes de grupos sucesores de los paramilitares entre enero y octubre de 2012, y haber arrestado aproximadamente a 2.900 miembros durante ese período[746].

No obstante, según estimaciones de la Policía, las autoridades no han logrado reducir significativamente la cantidad de miembros y la presencia territorial de los grupos sucesores de paramilitares. En mayo de 2013, la Policía informó a Human Rights Watch que los grupos tenían 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios[747]. La Policía considera que los Urabeños han engrosado sus filas, y que entre febrero y mayo de 2013 pasaron de tener 1.994 miembros a contar con 2.369 miembros[748].

La prestigiosa ONG Nuevo Arco Iris informó que los grupos sucesores de los paramilitares habían expandido su presencia de 209 municipios en 2011 a 337 en 2012 [749] . Los datos gubernamentales sobre el desplazamiento forzado que se indican a continuación también sugieren, de manera convincente, que la presencia de los grupos es más amplia de lo informado por la Policía.

Los grupos sucesores ejercen el control social sobre comunidades rurales y urbanas. Durante visitas a Córdoba y Urabá realizadas en abril de 2013, por ejemplo, distintas autoridades y líderes de desplazados describieron a Human Rights la vigilancia y el control que los Urabeños mantienen sobre la vida diaria de las personas, incluida la posibilidad de circular libremente. Un líder de un territorio colectivo afrocolombiano en Chocó contó que miembros de los Urabeños —que se visten de civil y portan armas cortas— tienen una presencia constante y amenazadora en su comunidad, e incluso duermen en las viviendas de algunos residentes: “Vigilan, amenazan, controlan hasta problemas intra-familiares. Ellos se meten con todo”[750]. Según un funcionario de la policía judicial de Urabá, a pesar de que muchos miembros han sido capturados, “[l]os Urabeños siguen con la misma influencia.... El control se ve porque, al ser policía judicial, al ingresar a una zona rural se ve el temor de la comunidad de hablar sobre asuntos relacionados con ellos…. Es un miedo muy gigante que tiene la gente”[751].

En algunas zonas, el control social puede afectar la libertad de reunión de los miembros de las comunidades, incluso en relación con la restitución de tierras[752]. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras en Urabá manifestó que la región tiene “zonas de control total de los Urabeños ... [los] Urabeños son hegemónicos en esta zona.... Hay zonas de control paramilitar fuertes, fuertes”[753].

El poder que aún detentan los grupos sucesores se refleja también en que continúan cometiendo abusos graves y generalizados contra civiles. Tal como lo expresa la OACNUDH en su informe de 2012 sobre Colombia:

Los grupos post-desmovilización son considerados por todos los sectores una de las mayores amenazas para el orden público y responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, actos de explotación sexual, violencia física y psicológica, desplazamientos forzados, extorsiones, hostigamientos y amenazas. Su presencia y actividades coercitivas siguen causando estragos en la vida comunitaria.... La policía y la Fiscalía General han diseñado una estrategia integral ... que ha dado lugar a una serie de detenciones y condenas importantes. Sin embargo, esto aún no ha reducido significativamente el número de violaciones cometidas por estos grupos[754].

También en este mismo sentido, el informe 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Colombia señaló que “Hoy, las denominadas bandas criminales causan tantas o más muertes, amenazas, desplazamientos y desapariciones” que el conflicto armado interno entre las FARC y las fuerzas del Estado[755].

Las estadísticas gubernamentales sobre desplazamiento forzado compiladas por la Unidad de Víctimas revelan el dramático efecto de estos grupos para la situación humanitaria y de derechos humanos en toda Colombia. Aproximadamente 30.000 colombianos desplazados de 466 municipios en 2011 identificaron a grupos sucesores de los paramilitares (Bacrim) como el actor armado responsable de su desplazamiento[756]. (Al momento de la redacción del presente documento, el gobierno no había dado a conocer estadísticas completas de desplazamiento correspondientes al año 2012 con indicación de los presuntos responsables[757]). Asimismo, más de 3.000 colombianos desplazados de 242 municipios señalaron como responsables a “autodefensas”, lo cual refleja la continuidad entre las AUC y los grupos sucesores de paramilitares desde la perspectiva de las víctimas[758]. Estas cifras no son representativas de la verdadera magnitud del problema, ya que frecuentemente las autoridades se negaron a registrar a víctimas desplazadas por grupos sucesores de los paramilitares[759].

La Defensoría del Pueblo también ha denunciado gran cantidad de abusos por parte de estos grupos. En 2011, recibió más de 1.300 denuncias de posibles violaciones del derecho internacional humanitario por parte de grupos sucesores de paramilitares, lo cual representa más de la mitad del total de violaciones denunciadas y atribuidas a actores armados identificados durante ese año. [760] Según la Defensoría del Pueblo, la situación no mejoró en 2012. En noviembre de 2012, el Defensor del Pueblo de Colombia Jorge Armando Otálora envió una carta al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón expresando su preocupación ante los abusos cometidos por los grupos sucesores. En esa carta señaló:

A juicio de la Defensoría del Pueblo la situación humanitaria tiende a empeorar por el incremento de las dinámicas de violencia y conflictividad que se presentan en algunas regiones, evidenciando la debilidad del Estado en responder a sus efectos y en brindar la asistencia a víctimas, especialmente, de aquellas que son agredidas y violentadas por las mal llamadas Bacrim[761].

En reiteradas oportunidades, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la amenaza que representan los grupos sucesores para la población civil. Entre enero y octubre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas emitió 41 informes sobre 20 departamentos, en los cuales informó acerca de 41 situaciones de riesgo inminente de abusos, como desplazamientos forzados, asesinatos, reclutamientos forzados y “desapariciones”. De tales informes, el 83 por ciento identificó a grupos sucesores de los paramilitares como el origen del riesgo. (El 80 por ciento identificó a las FARC como el origen del riesgo, en tanto cada informe puede identificar múltiples fuentes de riesgo de abusos)[762].

Un informe de riesgo emitido en 2012 hacía referencia a los municipios de Segovia, Remedios y Zaragoza en Antioquia, en los cuales, según la Defensoría del Pueblo, los Urabeños y Rastrojos estaban cometiendo asesinatos y desplazamientos forzados. En Segovia, un municipio con aproximadamente 38.000 residentes, se informó que 143 personas habían sido asesinadas entre enero y octubre de 2012, lo cual equivale a una tasa de homicidios de aproximadamente 376 por cada 100.000 personas (la tasa nacional está próxima a 33 por cada 100.000)[763].

Otro informe de riesgo de 2012 se enfocó en la ciudad portuaria de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, donde predomina la población afrocolombiana. Allí, según lo señala la Defensoría del Pueblo, la violencia de los grupos sucesores de los paramilitares provocó el desplazamiento forzado de 3.900 personas durante un período de dos semanas, entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre de 2012[764].

En una declaración pública de noviembre de 2012, la Diócesis de Buenaventura denunció la agudización del conflicto entre “‘La Empresa’ y los Urabeños” en la ciudad: “diezmado por los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas ... [e]l miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia en medio de esta prolongada guerra”[765].

Tolerancia y connivencia por parte de miembros de la fuerza pública

  • Los grupos sucesores aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública. Human Rights Watch planteó este problema en su informe de febrero de 2010, Herederos de los paramilitares, donde se observa que dicha corrupción obstaculiza la posibilidad de llevar un seguimiento de los grupos, confrontarlos y asegurar que rindan cuentas[766]. El problema persiste en distintas regiones del país, según pudo comprobar Human Rights Watch a través de entrevistas con distintos funcionarios nacionales y locales, observadores internacionales y víctimas, entre otras fuentes[767].
  • Un alto oficial la inteligencia policíal reconoció a Human Rights Watch que la connivencia entre policías y grupos sucesores representa un problema en todo el país, e indicó que: “En donde haya Bacrim, hay corrupción con la policía”[768]. De manera similar, un alto funcionario de la UNP describió como “muy serio” el problema de la infiltración de estos grupos en la Policía a nivel local[769]. El funcionario manifestó, por ejemplo, que una estación de Policía en un municipio de Urabá estuvo “al servicio” de los Urabeños hasta principios de 2012[770]. En marzo de 2012, la Policía informó que había 258 investigaciones disciplinarias en curso contra miembros de esta fuerza por presuntos vínculos con grupos sucesores de los paramilitares[771].
  • El director de la unidad de la Fiscalía que investiga a grupos sucesores de los paramilitares también reconoció el problema de la corrupción entre funcionarios públicos, incluida la fuerza pública. Le dijo a Human Rights Watch que los grupos sucesores frecuentemente “tienen vínculos con todo tipo de servidores públicos en todas las zonas donde tienen presencia”[772].
  • El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha manifestado preocupación por el problema, y señaló en agosto de 2012 que “persisten los señalamientos sobre connivencia entre miembros de la fuerza pública y las BACRIM en algunas regiones”[773]. Según el Departamento de Estado, “las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles deberían trabajar más enérgicamente para investigar las denuncias de connivencia con los grupos armados ilegales, que aún continúan”[774].
  • Las evidencias sugieren que el problema es especialmente alarmante en regiones como Urabá y Córdoba. Un fiscal que impulsa investigaciones vinculadas con derechos humanos en Córdoba y Urabá explicó que, en ambas regiones, “[n]o hay una persecución directa de la Fuerza Pública”[775]. Otro fiscal de derechos humanos señaló que, en la fuerza pública de Urabá, hay un alto grado de infiltración paramilitar[776]. En julio de 2012, un fiscal especializado que investiga a grupos sucesores de Córdoba informó que su unidad tenía investigaciones en curso contra dos coroneles de Policía por presuntos vínculos con los Urabeños[777]. Un funcionario que estaba haciendo un seguimiento de la situación de seguridad en Córdoba manifestó que las comunidades denunciaban “constantemente” las relaciones entre los Urabeños y miembros del Ejército y la Policía[778]. Residentes de Urabá y de Córdoba también informaron sobre la existencia de vínculos entre los grupos sucesores y algunos miembros de la fuerza pública[779].

Miembros de la Policía regional suelen restar gravedad a los abusos

Es un negocio estar amenazado”.
—Alto oficial policial del departamento de Cesar[780].

Autoridades policiales de diferentes regiones —incluidas aquellas encargadas de coordinar medidas de seguridad vinculadas con la restitución de tierras— han restado gravedad a los abusos contra reclamantes de tierras y sus líderes. Han manifestado esta postura de diversas maneras, que van desde declarar públicamente que los asesinatos no están relacionados con la labor de activismo de las víctimas antes de que los hechos hubieran sido investigados adecuadamente, hasta plantear de manera indiscriminada y sin fundamentos que los reclamantes inventan amenazas para conseguir que se dicten medidas de protección y obtener así un beneficio económico. Esta actitud —que se ha expresado tanto públicamente como en reuniones privadas con Human Rights Watch— sugiere que al menos algunas autoridades policiales no han asumido seriamente la responsabilidad de proteger a quienes reclaman la restitución. Esta omisión se refleja en los señalamientos de algunos reclamantes de tierras y líderes amenazados de ciertas regiones, que afirman que las rondas policiales —los cuales constituyen la principal medida de protección que brinda la Policía a esas personas— no se aplican de manera consistente.

Se descarta prematuramente la posibilidad de que los asesinatos estén vinculados con la labor de activismo de las víctimas

En algunos casos, altos oficiales de la Policía han declarado públicamente que los asesinatos de reclamantes de tierras y líderes no estaban vinculados con su labor de activismo, antes de que siquiera se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. De este modo, se transmite a los reclamantes el mensaje de que la Policía no considera seriamente el riesgo al cual estos están expuestos como resultado de sus actividades para la recuperación de tierras, lo cual puede minar su confianza en dichas autoridades y reducir así la probabilidad de que se atrevan a solicitar protección o denunciar delitos.

El 14 de abril de 2009, en el municipio de Los Córdobas, departamento de Córdoba, hombres armados dispararon y mataron a Ana Isabel Gómez Pérez, líder municipal de COMFAVIC, una organización de víctimas que reclama la restitución de tierras en la región. Estos hombres armados pertenecían a los Urabeños, según señaló un funcionario judicial que interviene en la investigación del caso de Gómez Pérez, que se encuentra en etapa preliminar, lo cual significa que no hay imputados [781] . Inmediatamente después del asesinato, y antes de que fuera debidamente investigado, el entonces comandante de la Policía de Córdoba, el Coronel Sergio López Miranda, declaró públicamente que el homicidio no tenía relación con el rol de líder de la víctima. Así lo informaron el periódico El Tiempo y varios de sus compañeros de COMFAVIC [782] . No obstante, varios factores sugieren de manera convincente que Gómez Pérez fue agredida debido a su rol de líder.

En primer lugar, Gómez Pérez desempeñaba un rol importante como líder de desplazados que reclaman la restitución de tierras. La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado de prensa que Gómez Pérez “venía desarrollando un intenso trabajo de sensibilización sobre los derechos de las víctimas con familias desplazadas desde el Urabá ..., del Chocó y de Córdoba, a favor de las cuales buscaba la restitución de las tierras de las que fueron desposeídos”[783].

En segundo lugar, Gómez Pérez había denunciado haber recibido amenazas hasta dos semanas antes de ser asesinada, según surge de informes de prensa y declaraciones de miembros de COMFAVIC que fueron entrevistados por Human Rights Watch[784].

Además, otros miembros de COMFAVIC denunciaron haber recibido amenazas y disparos, y haber sido desplazados en 2009 y 2010, incluso por parte de grupos sucesores de los paramilitares. Este patrón de delitos contra miembros de COMFAVIC sugiere que el asesinato de Gómez Pérez estuvo motivado por su rol de activismo.

Cecilia Tuberquia (seudónimo) otra líder de COMFAVIC en Los Córdobas y colega de Gómez Pérez, relató a Human Rights Watch y a las autoridades judiciales que, a fines de febrero de 2009, aproximadamente dos semanas antes del asesinato de Gómez Pérez, recibió una llamada anónima en la cual le dijeron que, si no abandonaba su rol de líder, “[l]e llenaban la cabeza de plomo”[785]. Después de la muerte de Gómez Pérez, Tuberquia la reemplazó como presidenta de una asociación municipal de desplazados vinculada con COMFAVIC. Tuberquia manifestó a autoridades judiciales y a Human Rights Watch que, a fines de marzo y principios de abril de 2010, había sido seguida por un paramilitar desmovilizado y que también fue interceptada en la vía pública por un hombre armado que no se identificó y le ordenó que abandonara la región en el término de tres días[786]. El hombre le preguntó si quería terminar como Gómez Pérez, en una tumba. Poco después de recibir esta amenaza, Tuberquia abandonó Los Córdobas[787]. Según señaló en julio de 2012, seguía ocultándose y tenía graves dificultades para mantener a sus hijos con apenas $ 20.000 pesos por día (lo cual equivale a aproximadamente US$ 10)[788].

El 2 de octubre de 2009, en Montería, varios hombres armados dispararon e hirieron a Mario Montes de Oca, abogado y representante legal de COMFAVIC. Tras la agresión, la Defensoría del Pueblo informó que Montes de Oca “[r]epresenta cerca de 5.000 procesos de reclamación por desplazamiento forzado y usurpación de tierras, entre otras violaciones cometidas por los grupos paramilitares en los departamentos de Córdoba y Antioquia”[789]. Alberto Luis Pastrana Soto, quien colaboraba con COMFAVIC como mensajero, perdió la vida en ese atentado. Las amenazas de muerte contra miembros de COMFAVIC continuaron durante enero de 2010[790].

En algunos casos en que la causa de la muerte de los reclamantes no estaba clara, las autoridades policiales han descartado, prematuramente y sin motivos suficientes, la posibilidad de que la víctima haya sido asesinada. Por ejemplo:

  • El 16 de noviembre de 2011, el cuerpo sin vida de Alejandro Padilla, miembro de Tierra y Vida que reclamaba tierras de las cuales había sido desplazado por paramilitares de Urabá, fue hallado en un puente de la zona rural de Arboletes, Antioquia. (Ver más información sobre el caso Tierra y Vida en la sección “Tierra y Vida in Urabá”). Varios activistas y otras fuentes cercanas a Padilla consideran, con argumentos válidos, que fue asesinado deliberadamente, tal como lo señaló también la OACNUDH en su informe anual de 2011[791]. Esta conclusión se coincide con pruebas circunstanciales como el patrón de abusos contra miembros de Tierra y Vida, y en la considerable presencia de Urabeños en el lugar donde Padilla vivía y fue asesinado[792].

Padilla había participado en reclamos por tierras en la zona de Filo de Caballo en Necoclí, Antioquia, donde, según indicaron víctimas de la región, las AUC se habían apropiado de vastas extensiones de tierras, que luego habían sido heredadas por líderes de los Urabeños[793]. Padilla, que trabajaba como conductor de mototaxi, salió de su vivienda en el corregimiento de Mello Villavicencio, Necoclí, el 16 de noviembre de 2011, para llevar a un cliente. La persona que había llamado para solicitar el viaje tenía vínculos con un paramilitar de la zona, según señalan fuentes creíbles cercanas a Padilla entrevistadas por Human Rights Watch, que pidieron que su identidad no fuera revelada por razones de seguridad[794]. Padilla nunca regresó a su hogar, y más tarde, esa misma noche, su familia recibió una llamada en la cual se le informaba que había sido hallado muerto. A la mañana siguiente, miembros de la familia Padilla recogieron su cuerpo en Arboletes, Antioquia. El cuerpo estaba sobre un pequeño puente que cruzaba un río, y su motocicleta fue encontrada debajo de este puente, según indicó el fiscal a cargo del caso[795]. Fuentes confiables cercanas a Padilla manifestaron que miembros de grupos sucesores de los paramilitares estuvieron presentes cuando su familia retiró el cuerpo el 17 de noviembre[796]. Al día siguiente, Tierra y Vida emitió una declaración en la cual denunciaba que Padilla había sido asesinado[797].

Inmediatamente después de la muerte de Padilla, antes de que el hecho hubiera sido correctamente investigado, medios locales informaron que el Coronel Jaime Ávila Ramírez, entonces comandante de la Policía de Urabá, había declarado públicamente que esta persona no había sido asesinada, sino que había fallecido en un accidente de motocicleta [798] . En una entrevista posterior con Human Rights Watch, el actual comandante de la Policía de Urabá también insistió en que Padilla había muerto en un accidente de motocicleta [799] . (Ver más información sobre declaraciones prematuras, por parte de la Policía de Urabá, acerca de que el asesinato de Manuel Ruiz no tenía relación alguna con su rol como activista en la sección “Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó”).

El actual comandante de la Policía de Urabá basó su afirmación sobre la causa de la muerte de Padilla en el informe de autopsia, y sostuvo que dicho documento establecía claramente que la muerte se debía a un accidente[800]. No obstante, el fiscal a cargo del caso de Padilla manifestó a Human Rights Watch que el informe de la autopsia no era concluyente respecto de cómo Padilla había sufrido las lesiones que le causaron la muerte, y dejó abierta la posibilidad tanto de que hubiera sido asesinado como de que hubiese perdido la vida en un accidente[801]. El informe, que fue leído a Human Rights Watch, indicaba que Padilla había fallecido como consecuencia de lesiones en la cabeza que le habían causado daño cerebral y shock neurogénico. Una persona que vio un video del cadáver de Padilla manifestó a Human Rights Watch que la cabeza se veía “muy golpeada” e hinchada[802].

El fiscal afirmó que su investigación no había determinado si Padilla fue asesinado o murió en un accidente de tránsito, pero el único indicio de que había fallecido en un accidente era que había sido hallado muerto junto a una motocicleta sobre una carretera pública [803] . Según relató, no había testigos directos en el lugar de los hechos. Esto sugiere, como mínimo, que la Policía arribó a una conclusión antes de que las autoridades contaran con pruebas para sustentarla.

Fuentes cercanas a Padilla explicaron que, después de su muerte, la familia decidió no continuar con los reclamos por tierras y que, por temor, no han hablado con las autoridades judiciales que investigan el caso[804]. Hasta julio de 2013, la investigación se encontraba en la etapa preliminar[805].

Se resta gravedad a las amenazas

En reuniones mantenidas con Human Rights Watch, policías de diferentes regiones —incluidos algunos que se ocupan de coordinar las medidas de seguridad para la restitución de tierras— minimizaron la gravedad de las amenazas contra reclamantes de tierras. En algunos casos, las autoridades sugirieron que las víctimas habían inventado las amenazas a fin de recibir medidas de protección y obtener así un beneficio económico. Por ejemplo:

  • Policías de alto rango del departamento de Cesar manifestaron, en julio de 2012, que habían recibido denuncias de amenazas contra 25 reclamantes de restitución de tierras en el departamento[806]. En aquel momento, la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar informó sobre la existencia de una cantidad similar de casos, y Human Rights Watch se reunió con aproximadamente una decena de líderes y reclamantes del departamento que habían denunciado graves amenazas (ver más información sobre el departamento de Cesar en la sección “Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar”). No obstante, policías del departamento de Cesar indicaron a Human Rights Watch que la mayoría de las denuncias se realizaban con el objeto de solicitar medidas de protección que redundaban en una ventaja económica para los beneficiarios.

Los policías afirmaron, en forma indiscriminada, que los reclamantes “No quieren trabajar, sólo quieren vivir del estado. Han optado por ese estilo de vida”. Un oficial de alto rango expresó: “La gente está fingiendo amenazas en muchísimos casos.... Es un negocio estar amenazado”[807].

Por ejemplo, un oficial de la Policía no evaluó con seriedad una amenaza denunciada por Fredy Rodríguez Corrales, líder de ASOCOL, una asociación que agrupa a numerosas familias de desplazados que reclaman, a través de INCODER, la devolución de más de 1.000 hectáreas de tierra en la hacienda Bella Cruz, en el sur del departamento de Cesar.

Los residentes de Bella Cruz fueron desplazados por paramilitares en 1996, y la justicia determinó posteriormente la responsabilidad administrativa por omisión del Ejército y la Policía de Colombia, junto con otras autoridades, en este incidente[808]. Francisco Alberto Marulanda, hermano del anterior Ministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda, habría contratado a las AUC para que operaran en la hacienda Bella Cruz y desplazaran de allí a los campesinos, según el testimonio judicial ofrecido por un paramilitar desmovilizado en 2010[809]. Francisco Alberto Marulanda fue condenado por vínculos con paramilitares en 2003. Esta condena fue apelada y Marulanda fue absuelto en 2006[810]. En 2008, la familia Marulanda vendió tierras de la hacienda Bella Cruz a una compañía privada, que desarrolló allí cultivos de palma africana para la producción de aceite[811].

En enero de 2012, Rodríguez Corrales recibió en su vivienda una nota por medio de la cual se le invitaba, a él y a otros líderes de ASOCOL, a sus propios funerales. La nota estaba firmada por el “Grupo Armado Antirrestitución del César”[812]. Cuando Human Rights Watch preguntó a oficiales del Policía de Cesar acerca del caso Rodríguez Corrales, estos sugirieron que él había inventado la amenaza para beneficiarse con medidas de protección. Un oficial se refirió a Rodríguez Corrales diciendo que formaba parte de la “gente que se volvió experta en demandar al Estado”[813].

Sin embargo, la reiteración de las amenazas y actos de intimidación denunciados en 2012 y 2013 por Rodríguez Corrales y varios otros líderes de ASOCOL, así como las versiones que distintas autoridades presentaron respecto de estos incidentes, sugieren de manera clara que ambos enfrentan graves riesgos de seguridad[814]. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo informó en junio de 2012 que los líderes de ASOCOL “han venido siendo objeto de reiteradas amenazas y hostigamientos ... hechos detrás de los cuales, al parecer, estaría una estructura de “Los Urabeños” ... En varias ocasiones los pobladores locales han informado a este despacho haber visto la circulación de hombres fuertemente armados en las inmediaciones de los predios que se espera sean restituidos”[815].

Menos de dos meses después, el INCODER denunció públicamente que, cuando sus funcionarios intentaron llevar a cabo una inspección de la hacienda Bella Cruz junto con líderes de ASOCOL como parte del proceso de restitución de tierras, una empresa de seguridad privada impidió que los líderes ingresaran en la propiedad. INCODER afirmó que “es necesaria la participación de estas asociaciones en la inspección ocular, pues fueron quienes solicitaron al Instituto la realización del proceso. Además, se trata de población campesina vulnerable, en situación de desplazamiento forzado, y que se encuentra amenazada”[816]. Con respecto al incidente con la empresa de seguridad, un líder de ASOCOL informó a la Defensoría del Pueblo que “varios hombres armados de civil ... empezaron a tomarnos fotografías a los quince campesinos”[817].

Durante una entrevista con Human Rights Watch, un policía que coordinaba medidas de seguridad para la restitución de tierras en Carmen de Bolívar, Bolívar, manifestó displicencia en cuanto a las denuncias sobre actos de intimidación contra el líder de restitución de tierras Gustavo Arrieta. (Ver más información sobre el caso de Arrieta en la sección “La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar”). Al momento de la entrevista, Arrieta y otras personas que reclamaban la restitución de tierras habían denunciado haber sufrido actos de intimidación en los cuales estaba involucrado José Méndez, quien ha sido señalado por funcionarios públicos, líderes de restitución de tierras y en varias denuncias penales como responsable de reiterados hechos de intimidación contra desplazados que participaban en disputas por terrenos en Carmen de Bolívar. Un alto funcionario de la alcaldía de Carmen de Bolívar expresó a Human Rights Watch que “[l]o que se percibe es que José Méndez está prestando servicio para sacar a la fuerza a algunas personas en predios que están en conflicto”[818].

No obstante, el policía indicó que no existían amenazas serias por parte de Méndez en contra de Arrieta, ni tampoco contra ningún otro reclamante de Carmen de Bolívar. Por el contrario, afirmó que Méndez sostenía que había sido Arrieta quien lo había amenazado[819]. Arrieta negó esta aseveración, cuya veracidad parece sumamente improbable teniendo en cuenta las denuncias sobre actos de intimidación que varios reclamantes y líderes de restitución de tierras realizaron contra Méndez[820]. Según un funcionario que trabaja en restitución de tierras en la región, “en todos los casos de amenazas aparece José Méndez”, y las autoridades de la fuerza pública responsables de la seguridad en la restitución de tierras “no han tomado acciones frente a Méndez”[821]. Este funcionario expresó que “es muy frecuente que ... la fuerza pública desestime las amenazas contra reclamantes. Siempre les parece que es mentira todo”[822].

Falta de continuidad en la protección policial

Es posible que la actitud de al menos algunas autoridades policiales de minimizar la gravedad de las amenazas contra reclamantes de tierras influya en la falta de continuidad y/o el carácter inadecuado de la protección policial que se brinda a estas personas. Una de las principales obligaciones de la Policía en la protección de quienes reclaman la restitución de tierras es llevar a cabo “rondas policiales”, es decir, visitar periódicamente las viviendas o lugares de trabajo de personas protegidas y verificar cómo se encuentran. Dichas rondas ayudan a establecer un canal de comunicación entre las autoridades y las víctimas, muestran a los potenciales agresores que las víctimas se encuentran protegidas, y puede promover una sensación de seguridad en beneficio estas últimas.

No obstante, algunos reclamantes de tierras y líderes que supuestamente deberían beneficiarse con las rondas policiales periódicas afirmaron que estas no se llevaban a cabo y que a veces transcurría hasta una semana sin que la Policía los visitara. En otros casos, las víctimas informaron que la Policía realizaban las rondas durante las primeras semanas siguientes a la denuncia de una amenaza, y luego las interrumpían repentinamente. Un funcionario del gobierno nacional que trabaja en la protección de personas en riesgo, incluidos líderes de restitución, también manifestó haber recibido quejas sobre la inconsistencia de las rondas policiales [823] . Cuando las rondas policiales carecen de continuidad, las víctimas se sientan olvidadas por las autoridades y más vulnerables ante la posibilidad de ataques.

Por ejemplo, Carmenza León (seudónimo), una líder destacada del capítulo de Tierra y Vida en Urabá, que actualmente dirige las iniciativas de su comunidad para recuperar tierras en el marco de la Ley de Víctimas, informó a las autoridades judiciales y a Human Rights Watch sobre una serie de amenazas que había sufrido en 2012 y 2013. (Ver más información sobre el caso de León en la sección “Tierra y Vida en Urabá”). El 11 de julio de 2012, León denunció una amenaza ante la Fiscalía. En respuesta, funcionarios judiciales pidieron a la Policía que se le brindaran medidas de protección, indicando que había sufrido amenazas[824]. León manifestó que recién recibió una visita policial el 17 de julio y que el policía le pidió que firmara un registro donde se hacía constar que la había visitado todos los días de la semana anterior[825].

León abandonó temporalmente el pueblo donde vivía, y regresó posteriormente a principios de marzo de 2013. Dijo que, después de su regreso, la Policía solamente la visitó una vez durante un período de más de un mes, y que estaba tan atemorizada que muy rara vez salía de su casa[826]. A principios de abril, León llamó a la estación policial local para solicitar protección, y dijo que, mientras estaba en línea, oyó que un policía decía a un colega: “Ahí está la estúpida en la línea”. La Policía no le brindó la protección solicitada[827]. El 24 de abril, un miembro de Tierra y Vida encontró una amenaza de muerte dirigida a León debajo de la puerta de la oficina de Tierra y Vida en Apartadó. La nota decía: “Quieren tierra se la vamos a tirar encima ... Carmensa (sic) León te tenemos ubicada”. La amenaza estaba firmada por las autodenominadas “AGC”, que presuntamente significa Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre utilizado por los Urabeños[828].

León dijo a Human Rights Watch que acude con menos frecuencia a la oficina de Tierra y Vida, y ahora tiene un rol menos activo en el proceso de restitución debido a la falta de apoyo y de garantías de seguridad por parte de las autoridades[829].

[621] Unidad Nacional de Protección, “Informe de líderes y reclamantes de restitución de tierras”, 27 de mayo de 2013. Hasta mayo de 2013, la UNP había brindado algún tipo de medidas de protección a 510 reclamantes y líderes de restitución de tierras. La totalidad de los 510 beneficiarios recibieron un medio de comunicación, 472 obtuvieron un chaleco antibalas, 269 recibieron subsidios destinados a transporte, a 60 se les asignaron escoltas y 27 obtuvieron automóviles blindados y escoltas, entre otras medidas.

[622] Un problema informado por reclamantes de tierras y líderes es que transcurre demasiado tiempo entre la evaluación del nivel de riesgo por la UNP, la determinación de si se reúnen las condiciones para las medidas y la implementación efectiva de las medidas por parte de la UNP. Human Rights Watch identificó falencias en las medidas de protección otorgadas por la UNP a favor de líderes desplazadas que son mujeres en nuestro informe de noviembre de 2012, Derechos fuera de alcance: Obstáculos a la salud, la justicia y la protección para víctimas de violencia de género desplazadas en Colombia. Por ejemplo, en la práctica los familiares cercanos de mujeres líderes no estaban plenamente alcanzados por las medidas de protección asignadas a estas. Human Rights Watch, Derechos fuera de alcance: Obstáculos a la salud, la justicia y la protección para víctimas de violencia de género desplazadas en Colombia, noviembre de 2012, pág. 84-89. El Auto 098 de 2013 dictado por la Corte Constitucional identificó estos problemas vinculados con demoras y la protección a familiares, entre otras falencias del alcance de la cobertura brindada por la UNP a mujeres desplazadas líderes. Corte Constitucional de Colombia, Auto 098 de 2013, págs. 90-103.

[623] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 27 de junio de 2012.

[624] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013. La Dirección Nacional de Fiscalías monitorea actualmente investigaciones sobre abusos contra reclamantes de tierras y líderes. Hasta abril de 2013, había registrado 118 denuncias de amenazas contra estas personas.

[625] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Procuraduría que interviene en el proceso de restitución conforme a la Ley de Víctimas, Bogotá, 28 de noviembre de 2012, entrevista de Human Rights Watch con alto oficial de la Policía Nacional, Bogotá, 23 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[626] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Montería, 9 de abril de 2013.

[627] Entrevista de Human Rights Watch con Carmen Palencia, Bogotá, 20 de octubre de 2012. Durante investigaciones sobre violencia de género contra mujeres y niñas desplazadas llevadas a cabo en Colombia en 2012, algunas líderes desplazadas entrevistadas por Human Rights Watch indicaron que sus denuncias penales por amenazas no habían sido aceptadas por funcionarios judiciales. Ver carta enviada por José Miguel Vivanco y Liesl Gerntholtz, de Human Rights Watch, a Luis Ernesto Vargas Silva, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 6 de noviembre de 2012.

[628] Entrevista de Human Rights Watch con Diana Zabala, Valledupar, 6 de julio de 2012.

[629] Entrevista de Human Rights Watch con Diana Zabala, Valledupar, 6 de julio de 2012; denuncia presentada por Diana Zabala ante la Policía en Maicao, La Guajira, junio de 2012.

[630] Ibíd.

[631] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 31 de enero de 2013; mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Defensoría del Pueblo a Human Rights Watch, 29 de enero de 2013.

[632] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 31 de enero de 2013.

[633] Entrevista de Human Rights Watch con Eduardo Paternina, Valledupar, 7 de julio de 2012. Para consultar más información sobre Drummond y Mechoacán, ver “Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge 40’”, Verdadabierta.com, 26 de octubre de 2010, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/2816-carbon-y-sangre-en-las-tierras-de-jorge-40 (consultado el 22 de mayo de 2013). Verdadabierta.com informó en octubre de 2010 que, según consta en documentos oficiales, 124 de las 128 parcelas en Mechoacán estuvieron ocupadas por Drummond.

[634] Denuncia presentada por Eduardo Paternina en la Defensoría del Pueblo, mayo de 2012; carta enviada por el Defensor del Pueblo del departamento de Cesar al Coordinador de Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, 25 de junio de 2012.

[635] Entrevista de Human Rights Watch con Eduardo Paternina, Valledupar, 7 de julio de 2012.

[636] Ibíd.

[637] Denuncia presentada por Paternina en la Defensoría del Pueblo, mayo de 2012.

[638] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación del departamento de Cesar, Valledupar, 5 de julio de 2012.

[639] Entrevista de Human Rights Watch con líder que reclama tierras en Mechoacán, Valledupar, 5 de julio de 2012; Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[640] Juzgado Penal del Circuito Especializado, Proceso N.° 00082 de 2010, 9 de noviembre de 2011. La sentencia indicaba que, según los testigos, el desplazamiento forzado de la comunidad “se debió porque en esas tierras existía carbón y era interés de las empresas mineras su explotación” (ver pág. 33 de la sentencia). Señalaba que un testigo paramilitar declaró que el desplazamiento forzado de la comunidad se hizo “con el objeto de obtener las tierras para vendérselas posteriormente a la multinacional Prodeco, quien adelantaría un proceso de explotación minera a cielo abierto” (ver pág. 33 de la sentencia).

[641] Entrevista de Human Rights Watch con Luz Barragán, Valledupar, 6 de julio de 2012; Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[642] Fiscalía General de la Nación, “Proceso de atención al usuario, remisión a otras instituciones”, mayo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Valldeupar, 5 de julio de 2012;

[643] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Edgardo Flórez, 19 de noviembre de 2012; entrevista telefónica de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, 11 de febrero de 2013.

[644] Denuncia penal presentada por miembros de la Mesa de Víctimas ante la Fiscalía General de la Nación en Carmen de Bolívar, 2 de octubre de 2012.

[645] Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Andrés Franco, Bogotá, 20 de octubre de 2012.

[646] Ver también Corte Constitucional de Colombia, Auto 112 de 2012, párr. 4.11.1.

[647] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Bogotá, 1 de diciembre de 2012.

[648] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, enero de 2013.

[649] Denuncia penal presentada por Ana María Céspedes ante la Fiscalía General de la Nación, marzo de 2012.

[650] Entrevista de Human Rights Watch con Ana María Céspedes, Bogotá, 8 de julio de 2012.

[651] Denuncia penal presentada por Ana María Céspedes ante la Fiscalía General de la Nación, junio de 2012.

[652] Entrevista de Human Rights Watch con Ana María Céspedes, Bogotá, 8 de julio de 2012.

[653] Entrevista de Human Rights Watch con Marta Blanco (el lugar se mantiene bajo reserva), enero de 2013; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012.

[654] Entrevista de Human Rights Watch con Marta Blanco (el lugar se mantiene bajo reserva), enero de 2013.

[655] Durante investigaciones sobre violencia de género contra mujeres y niñas desplazadas llevadas a cabo en Colombia en 2012, algunas mujeres líderes desplazadas entrevistadas por Human Rights Watch indicaron que no habían sido contactadas por funcionarios judiciales luego de presentar denuncias por amenazas. Ver carta enviada por José Miguel Vivanco y Liesl Gerntholtz, de Human Rights Watch, a Luis Ernesto Vargas Silva, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 6 de noviembre de 2012.

[656] Entrevista de Human Rights Watch con Mario Cuitiva, Montería, 9 de abril de 2013.

[657] Entrevista de Human Rights Watch con Jeison Paba, Bogotá, 7 de julio de 2012; Denuncia penal presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ante la Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2012.

[658] Mensaje de correo electrónico enviado por Jeison Paba a Human Rights Watch, 16 de mayo de 2013; Denuncia penal presentada por Jeison Paba en la Fiscalía General de la Nación, 8 de julio de 2011.

[659] Entrevista de Human Rights Watch con Jeison Paba, Bogotá, 7 de julio de 2012.

[660] Ver, por ejemplo, “¿Neoparamilitares?”, revista Semana , 4 de junio de 2011, http://www.semana.com/nacion/articulo/neoparamilitares/240855-3 (consultado el 22 de mayo de 2013);

[661] Corte Suprema de Colombia, Sala Penal, Proceso N.° 30.690, 9 de marzo de 2011.

[662] Según consta en la denuncia, una de las reuniones tuvo lugar en septiembre de 2012 en la Unidad de Justicia y Paz en Montería. Denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución de Córdoba ante el Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

[663] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Bogotá, 1 de diciembre de 2012.

[664] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Edgardo Flórez, 19 de noviembre de 2012.

[665] Entrevista de Human Rights Watch con Herminia Borja, Bogotá, 13 de diciembre de 2012.

[666] Mensajes de correo electrónico enviados por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch el 11 de junio y el 13 de agosto de 2013. La Dirección Nacional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación lleva actualmente un monitoreo de investigaciones sobre abusos cometidos contra reclamantes de tierras y líderes, incluidas amenazas y asesinatos. Los casos de asesinatos informados por la Fiscalía General de la Nación se relacionan con víctimas que eran “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras”, y cuya muerte estuvo presuntamente vinculada con la restitución de tierras. La lista de casos informados por la Fiscalía General de la Nación incluye todos los casos de asesinatos documentados por Human Rights Watch, salvo uno. De los 21 casos de asesinatos documentados por Human Rights Watch, en tan sólo 4 se habían dictado condenas.

[667] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 13 de agosto de 2013.

[668] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, 12 de febrero de 2013.

[669] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Bogotá, julio y diciembre de 2012.

[670] Ibíd.

[671] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, julio de 2012.

[672] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Bogotá, julio de 2012.

[673] Entrevista de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, 28 de febrero de 2012.

[674] Carta enviada por dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía a la entonces Fiscal General de Colombia Viviane Morales, 27 de febrero de 2012.

[675] Human Rights Watch examinó la fecha de asignación de los 13 casos de asesinatos y tentativas de asesinato a cargo del fiscal en Bogotá que aparecen en el sitio web de la Fiscalía General de la Naciónwww.fiscalia.gov.co. Entrevista grupal de Human Rights Watch con fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Medellín, 5 de marzo de 2012.

[676] Entrevista grupal de Human Rights Watch con fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Medellín, 5 de marzo de 2012.

[677] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Bogotá, 15 de abril de 2013.

[678] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Procuraduría General de la Nación que interviene en la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas, Bogotá, 31 de agosto de 2012.

[679] Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), Situación en Colombia: Reporte Intermedio, noviembre de 2012, párr. 214.

[680] Corte Constitucional de Colombia, Auto 219 de 2011, párr. 126.

[681] DeJusticia, “Evaluación de la judicialización del desplazamiento forzado”, enero de 2011, pág. 19.

[682] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 19 de abril de 2013.

[683] Informe enviado por la Directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada, a la Corte Constitucional de Colombia, Expediente: 2013500007191.

[684] Unidad de Restitución, estadísticas según fecha límite 3 de febrero de 2013, http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/estadisticas/estadisticas-20130204.pdf consultado el 23 de mayo de 2013); mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 8 de enero de 2013.

[685] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 19 de abril de 2013. Todos los casos se investigan como “desapariciones forzadas”.  Sin embargo, conforme al derecho colombiano las desapariciones forzadas no requieren la participación de agentes del Estado. En muchos de los casos investigados no tenían participación agentes del Estado, y entonces no se encuadrarían en la definición internacional de este delito.

[686] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Unidad de Justicia y Paz, Bogotá, 26 de julio de 2013.

[687] Informe enviado por la Directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada, a la Corte Constitucional de Colombia, Expediente: 2013500007191. Según se señala en el informe, 20.485 de las 20.667 investigaciones activas sobre casos de desplazamiento forzado impulsadas por fiscales que no pertenecen a la Unidad de Justicia y Paz ni a la UNCDES se encontraban en la etapa de “indagación” o “investigación previa”.

[688] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Unidad de Justicia y Paz, Bogotá, 26 de julio de 2013.

[689] Ibíd.

[690] Ibíd. Según un funcionario de la Unidad de Justicia y Paz, el proceso de Justicia y Paz tiene cerca de 2.500 participantes activos. El Alto Comisionado Para la Paz indicó que, entre 2003 y 2006, se desmovilizaron 30.944 paramilitares. Oficina Alto Comisionado Para la Paz, Presidencia de la República, “Proceso de paz con las Autodefensas: Informe Ejecutivo”, pág. 92.

[691] Ibíd. Conforme indicó un funcionario de la Unidad de Justicia y Paz, la nueva estrategia implica que, al imputar a un alto jefe paramilitar por un caso de desplazamiento forzado, los fiscales deberían demostrar que el bloque a cargo de ese comandante fue el responsable del delito, sin necesidad de individualizar a las personas concretas que lo ordenaron o lo ejecutaron. El funcionario dijo que los fiscales podían vincular un caso individual al bloque paramilitar en función de la zona geográfica y el período en que se cometió el delito, así como el modus operandi del grupo paramilitar y otras evidencias.

[692] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 17 de julio de 2012.

[693] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 8 de enero de 2013. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, 12 de marzo de 2013 y entrevista en Bogotá el 19 de abril de 2013. Si bien los despojos vinculados con desplazamientos forzados no están tipificados en el derecho colombiano, un alto funcionario de la UNCDES y otros fiscales indicaron que pueden ser juzgados bajo otras modalidades delictivas, como concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Un alto funcionario de la UNCDES dijo a Human Rights Watch que la falta de tipificación de los despojos no constituye un obstáculo para investigar y juzgar estas conductas, dado que no es difícil hacerlo a través de la definición de otros delitos del Código Penal. Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 19 de abril de 2013.

[694] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, 12 de marzo de 2013.

[695] Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro de Agricultura, Política Integral de Tierras: Un viraje transcendental en la restitución y formalización de la propiedad agraria (Ministerio de Agricultura, 2011), págs. 3-4; Ministerio de Agricultura, “Informe de avances proceso de reglamentación e implementación de la Ley 1448 de 2011, en materia de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado”, documento presentado a la Corte Constitucional el 13 de febrero de 2012, pág. 9.

[696] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013.

[697] Fiscalía General de la Nación, “Informe con destino a la Corte Constitucional – Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento”, sin fecha, pág. 19.

[698] Carta enviada por el director de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos a Human Rights Watch, 5 de marzo de 2013.

[699] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 14 de febrero de 2013.

[700] Entrevista de Human Rights Watch con asesor gubernamental que trabaja en restitución de tierras, Bogotá 4 de septiembre de 2012.

[701] Entrevista de Human Rights Watch con María Paulina Riveros, Directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Bogotá, 29 de agosto de 2013.

[702] Ministerio de Agricultura, “El Estado inicia acciones jurídicas para recuperar tierras que el ‘Clan Castaño’ le arrebató a campesinos de Córdoba”, 28 de septiembre de 2012 http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1691 (consultado el 23 de mayo de 2013).

[703] Ibíd.

[704] Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Primera, Proceso N.° 230013121001-2012-00001-00, 13 de febrero de 2013; Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, Proceso N.° 25000-07-04-001-201-00004-01, 21 de junio de 2011.

[705] Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Primera, Proceso N.° 230013121001-2012-00001-00, 13 de febrero de 2013.

[706] Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Primera, Proceso N.° 230013121001-2012-00001-00, 13 de febrero de 2013; Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, Proceso N.° 25000-07-04-001-201-00004-01, 21 de junio de 2011.

[707] Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, Proceso N.° 25000-07-04-001-201-00004-01, 21 de junio de 2011.

[708] Un tribunal colombiano determinó que la Fiscalía General de la Nación era administrativamente responsable por el asesinato de Izquierdo debido a que no le había proporcionado protección. Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta, Proceso N.° 23-001-23-31-000-2009-00088, 1 de junio de 2012.

[709] Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011.

[710] Ibíd.

[711] Ibíd.

[712] Entrevistas de Human Rights Watch con Mario Cuitiva, Montería, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013, y en sitio no divulgado, 27 de enero de 2013.

[713] Denuncia penal presentada por Mario Cuitiva ante la Fiscalía General de la Nación en Montería, marzo de 2009.

[714] Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011.

[715] Denuncia penal presentada por Mario Cuitiva ante la Fiscalía General de la Nación, agosto de 2012, Denuncia penal presentada por paramilitar desmovilizado en la Fiscalía General de la Nación, agosto de 2012.

[716] Ibíd.

[717] Ministerio de Agricultura, “El Estado inicia acciones jurídicas para recuperar tierras que el ‘Clan Castaño’ le arrebató a campesinos de Córdoba”, 28 de septiembre de 2012, http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1691 (consultado el 23 de mayo de 2013).

[718] Ley 1448 de 2011, art. 88. La Ley de Víctimas admite la presentación de “oposiciones” a las solicitudes de restitución de tierras en un plazo de 15 días desde que estas fueron presentadas a la justicia. Quienes presentan las “oposiciones”, pueden indicar a la justicia que tienen derecho a la parcela reclamada, que a ellos mismos les fueron despojadas las tierras o que son ocupantes de buena fe de las tierras reclamadas y, por ende, les corresponde una indemnización si estas son restituidas.

[719] Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Primera, Proceso N.° 230013121001-2012-00001-00, 13 de febrero de 2013.

[720] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Montería, 9 de abril de 2013; Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013.

[721] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 18 de junio de 2013.

[722] Entrevista de Human Rights Watch con Mario Cuitiva, 27 de enero de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, 22 de febrero de 2013; denuncia penal presentada por Mario Cuitiva en la Fiscalía General de la Nación, noviembre de 2012.

[723] Denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución de Córdoba ante el Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

[724] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Montería, 9 de abril de 2013.

[725] Por ejemplo, en un informe de inteligencia policial se indicó que Monoleche posee “grandes extensiones de tierras” que habían sido robadas a campesinos. Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, Proceso N.° 2010-0004, 17 de enero de 2011.

[726] Denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución de Córdoba ante el Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

[727] Entrevista de Human Rights Watch con reclamante de la finca Santa Paula, Montería, 9 de abril de 2013.

[728] Entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial, Bogotá, 25 de julio de 2012; Presidente Juan Manuel Santos, “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado en Valencia, Córdoba”, 10 de abril de 2013, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Abril/Paginas/20130410_08.aspx (consultado el 23 de mayo de 2013); “Hermanastra de los Castaño es la principal amenaza a la restitución”, El Tiempo, http://m.eltiempo.com/justicia/hermanastra-de-los-castano-es-la-principal-amenaza-a-la-restitucion/12754358/1/home (consultado el 23 de mayo de 2013).

[729] Entrevista de Human Rights Watch con Mario Cuitiva, Montería, 9 de abril de 2013.

[730] Denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución de Córdoba ante el Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

[731] Con respecto a la violencia contra sindicalistas, ver carta enviada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, a Viviane Morales, entonces Fiscal General de Colombia, 3 de octubre de 2011. En casos de violencia de género contra mujeres líderes desplazadas, Human Rights Watch también ha expresado la necesidad de llevar a cabo investigaciones integrales que tengan en cuenta múltiples delitos contra la misma víctima que pueden estar vinculados. Ver carta enviada por José Miguel Vivanco y Liesl Gerntholtz, de Human Rights Watch, a Luis Ernesto Vargas Silva, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, 6 de noviembre de 2012.

[732] Fiscalía General de la Nación, Directiva 1 de 2012: “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía de la Nación”, 4 de octubre de 2012, pág. 26.

[733] Ibíd.

[734] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 19 de abril de 2013.

[735]Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.° 05-001-60-0000-2012-00510, 25 de enero de 2013.

[736] En marzo de 2013, uno de los casos de homicidio había sido reasignado, de modo que los cuatro casos eran manejados por tres fiscales distintos.

[737] Entrevistas de Human Rights Watch con fiscales de Bogotá y Medellín, julio de 2012.

[738] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[739] Fiscalía General de la Nación, Directiva 1 de 2012, pág. 27.

[740] Ibíd, pág. 28. La directiva establece los siguientes criterios: 1) Subjetivo, 2) Objetivo y 3) Complementario. El criterio Subjetivo “toma en consideración las calidades particulares de la víctima (vgr. integrante de un grupo étnico, menor de edad, mujer, defensor o defensora de derechos humanos, desplazado...), así como la caracterización del victimario (vgr. máximo responsable, auspiciador, colaborador, financiador, ejecutor material del crimen, etc.)”. El criterio Objetivo “parte de analizar la clase de delito perpetrado, así como su gravedad y representatividad...”. El criterio Complementario incluye la “región o localidad donde se perpetraron los crímenes; riqueza probatoria y viabilidad del caso; el examen del caso por un órgano internacional de protección de los derechos humanos y su riqueza didáctica, entre otros”.

[741] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[742] Los actos de violencia sexual contra reclamantes y líderes de restitución que pueden haberse perpetrado como resultado de sus esfuerzos de restitución también deberían analizarse como parte de las investigaciones contextualizadas que impulsen los fiscales. Durante las investigaciones para nuestro informe de 2012 Derechos fuera de alcance, Human Rights Watch documentó actos de violencia sexual contra mujeres desplazadas que tenían distintos roles de liderazgo.

[743] “Criminals with attitude”, The Economist, 14 de enero de 2012, http://www.economist.com/node/21542791 (consultado el 23 de mayo de 2013).

[744] Fiscalía General de la Nación, “Resultados operativos Unidad Nacional Contra las Bandas Emergentes – Bacrim, Período 2012”; Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares, págs. 109-110. El fortalecimiento, por parte de Colombia, de la fiscalía especializada en la lucha contra las Bacrim ha contribuido enormemente a que se concretaran estos avances. La unidad fue creada en 2008 con un grupo reducido de fiscales e investigadores, pero no contaba con personal suficiente y solamente podía enfocar su trabajo en algunos de estos grupos. Para el año 2012, la unidad contaba con 45 fiscales ubicados en sedes en todo el país, e informaba haber emitido órdenes de detención contra 1.811 presuntos implicados ese año.

[745] Informe proporcionado a Human Rights Watch por la Dirección de Inteligencia Policial, “Desempeño contra las bandas criminales (2006-2012)”.

[746] Ibíd.

[747] Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares, pág. 43; Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, “Situación actual de las bandas criminales narcotraficantes”, 12 de mayo de 2013. Según el Centro de Memoria Histórica, creado por el gobierno, “Para el año 2006, las limitaciones de la desmovilización de los paramilitares hicieron inminente el proceso de rearme de los grupos, que se aceleró durante los años 2008 y 2010, y registró un importante repunte en su accionar criminal entre 2011 y 2012”. Centro de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, julio de 2013, pág. 186.

[748] Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, “Situación actual de las bandas criminales narcotraficantes”, 12 de mayo de 2013; Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, “Información bandas criminales narcotraficantes”, enviada por correo electrónico a Human Rights Watch el 22 de febrero de 2013.

[749] Nuevo Arco Iris, “Informe general del estado del conflicto armado en Colombia: del Caguán a La Habana,” marzo de 2013, pág. 65.

[750] Entrevista de Human Rights Watch con líder afrocolombiano de la región de Bajo Atrato, Apartadó, abril de 2013.

[751] Entrevista de Human Rights Watch con oficial de la SIJIN, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[752] Entrevista de Human Rights Watch con líder de víctimas de Córdoba, Montería, 10 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[753] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabajaba en restitución de tierras, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[754] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/22/17/Add.3, 7 de enero de 2013, párr. 86 y 88.

[755] Comité Internacional de la Cruz Roja, “Situación humanitaria - Informe de actividades - Colombia 2012”, 2013, http://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf (consultado el 23 de mayo de 2013), pág. 1.

[756]Unidad de Víctimas, “Informe Anual de Desplazamiento Forzado Interno en Colombia 2011”,1 de junio de 2012, págs. 46 y 49.

[757] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionarios de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 15 y 20 de agosto de 2013. En agosto de 2013, el gobierno informó que hubo 4.866.484 desplazados entre 1985 y agosto de 2013, y que 135.946 personas habían sido desplazadas durante 2012. CODHES, “La crisis humanitaria en Colombia persiste: Informe de desplazamiento forzado en 2012”, 2013, http://www.lwfcolombia.org.co/sites/default/files/image/310513%20Informe%20%20desplazamiento%202012.pdf (consultado el 21 de julio de 2013). CODHES, una prestigiosa ONG colombiana que realiza un seguimiento de los desplazamientos, informó que 5.701.996 personas habían sido desplazadas entre 1985 y 2012, y que 256.590 habían sido desplazadas en 2012.

[758] Unidad de Víctimas, “Informe Anual de Desplazamiento Forzado Interno en Colombia 2011”, págs. 46 y 49.

[759] Sobre el registro insuficiente de personas desplazadas por grupos sucesores de los paramilitares antes de 2012, ver Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares, págs. 121-122. Durante la mayor parte de 2012, en función de la definición de víctima establecida en la Ley de Víctimas, el gobierno en general no registró como desplazadas a personas que huían de la violencia y los abusos cometidos por grupos sucesores de paramilitares, ya que no se consideraba que tales desplazamientos estuvieran motivados por el conflicto armado. Corte Constitucional de Colombia, Auto 119 de 2013, pág. 65. En junio de 2013, la Corte Constitucional ordenó al gobierno que registrara como desplazados internos a las personas que huyeran de sus hogares debido a violencia y abusos de grupos sucesores de los paramilitares, independientemente de si su desplazamiento fue causado por el conflicto armado (ver nota 21).

[760]Defensoría del Pueblo, “Defensor del Pueblo insta a gobernadores y alcaldes a acoger informes del SAT”, 13 de enero de 2012, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010601&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 16 de julio de 2013).

[761] Carta enviada por Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de Colombia, a Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de Defensa, 7 de noviembre de 2012, pág. 4.

[762] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Gestión en Advertencias 2012”.

[763] Carta enviada por Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de Colombia, a Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de Defensa, 7 de noviembre de 2012, pág. 11. Las cifras sobre la población de Segovia (37.572) han sido tomadas del sitio web del municipio, http://segovia-antioquia.gov.co/index.shtml.

[764] Defensoría del Pueblo, “Defensor del Pueblo constató desolador panorama humanitario en visita a comunidades de Buenaventura”, 15 de noviembre de 2012, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010611&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 16 de julio de 2013).

[765] Diócesis de Buenaventura, “Nueva retoma paramilitar en Buenaventura”, 2 de noviembre de 2012, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/buenaventura2.html (consultado el 23 de mayo de 2013).

[766] Human Rights Watch, Herederos de los paramilitares, págs. 110-118.

[767]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 42; Apéndice I (D)7.; Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Adición, Recomendaciones complementarias al país: Colombia, A/HRC/20/22/Add.2, 15 de mayo de 2012, párr. 54.

[768] Entrevista de Human Rights Watch con alto oficial de la Dirección de Inteligencia Policial, Bogotá, diciembre de 2012.

[769] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección, noviembre de 2012.

[770] Ibíd.

[771] Entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de inteligencia policial, Bogotá, marzo de 2013.

[772] Entrevista de Human Rights Watch con Luis González, director de la unidad contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2013.

[773] Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Memorandum of Justification concerning Human Rights Conditions with Respect to Assistance for the Colombian Armed Forces”, 20 de agosto de 2012, pág. 38.

[774] Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Certification of the Colombian government with Respect to Human Rights Related Conditions,” 30 de agosto de 2012, http://m.state.gov/md197406.htm (consultado el 29 de junio de 2013).

[775] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, Medellín, 18 de julio de 2012

[776] Entrevista grupal de Human Rights Watch con fiscales, Medellín, marzo de 2012;

[777] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad Nacional contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Montería, 12 de julio de 2012.

[778] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de Córdoba, Montería, 29 de febrero de 2012.

[779] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Urabá, Bogotá, 27 de noviembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de Urabá, Cartagena, julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con residente de Córdoba, 13 de julio de 2012.

[780] Entrevistas grupales de Human Rights Watch con policías del departamento de Cesar, Valledupar, 4 y 5 de julio de 2012.

[781] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Medellín, julio de 2012; mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[782] Entrevista grupal de Human Rights Watch con ex miembros de COMFAVIC (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012; Gudilfredo Avendaño, “Amenazas de muerte había denunciado líder de los desplazados en el municipio Los Córdobas”, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4987748 (consultado el 23 de mayo de 2013). Según manifestaron otros miembros de COMFAVIC y tal como se informó en el artículo de El Tiempo, el comandante de Policía declaró que el asesinato de Gómez Pérez podría haber estado vinculado con que organizaba a personas de Los Córdobas para que trabajaran en zonas agrícolas de otra región de Colombia.

[783]Defensoría del Pueblo, “Ser líder de población desplazada o representante de víctimas es una labor de riesgo”, 16 de abril de 2009, http://www.defensoria.org.co/red/?_item=03030702&_secc=03&ts=2&hs=0303 (consultado el 23 de mayo de 2013).

[784]Gudilfredo Avendaño, “Amenazas de muerte había denunciado líder de los desplazados en el municipio Los Córdobas”, El Tiempo; Ginna Morelos, “Asesinato de líder de desplazados relacionado con reclamaciones de víctimas”, Verdadabierta.com, http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/1147-asesinato-de-lider-de-desplazados-relacionado-con-reclamaciones-de-victimas?format=pdf (consultado el 23 de mayo de 2013); entrevista de Human Rights Watch con miembro de COMFAVIC, Bogotá, 7 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con ex miembro de COMFAVIC, Montería, 13 de julio de 2012.

[785] Entrevista grupal de Human Rights Watch con ex miembros de COMFAVIC (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012; denuncia penal presentada por Cecilia Tuberquia ante la Fiscalía General de la Nación en Montería, abril de 2009.

[786] Entrevista grupal de Human Rights Watch con ex miembros de COMFAVIC (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012; denuncia penal presentada por Cecilia Tuberquia ante la Fiscalía General de la Nación, abril de 2010.

[787] Ibíd.

[788]Entrevista grupal de Human Rights Watch con ex miembros de COMFAVIC (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[789] Defensoría del Pueblo, “Resolución Defensorial N.° 058. Diagnóstico de la Situación de Acceso y Tenencia de la Tierra en el Departamento de Córdoba”, 058. 29 de diciembre de 2010, pág. 13

[790] Denuncia penal presentada por miembro de COMFAVIC ante la Fiscalía General de la Nación, agosto de 2010.

[791] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/19/21/Add.3, 31 de enero de 2012, Apéndice I, párr. 8b.En el informe de la OACNUDH de 2011, se afirma que “fue asesinado Alejandro Padilla, líder y solicitante de restitución de tierras en el Urabá, que venía acompañando un proceso de restitución ... de tierra[s] en la vereda Nueva Esperanza desde 2008”.

[792] Los Urabeños mantienen una “fuerte presencia” en Mello Villavicencio, según indican autoridades judiciales que trabajan en el caso. Entrevista de Human Rights Watch con agentes de la SIJIN, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[793] Entrevistas de Human Rights Watch con Fernando Enamorado, (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012; “Versiones encontradas sobre muerte de reclamante de tierras en Urabá”, Verdadabierta.com, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/3692-asesinan-a-otro-reclamante-de-tierras-en-uraba (consultado el 23 de mayo de 2013).

[794]Entrevista de Human Rights Watch con fuentes cercanas a Padilla (el lugar se mantiene bajo reserva), septiembre de 2012.

[795] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, Apartadó, 19 de julio de 2012 y entrevista telefónica, 4 de junio de 2013.

[796]Entrevista de Human Rights Watch con fuentes cercanas a Padilla (el lugar se mantiene bajo reserva), septiembre de 2012.

[797] Forjando Futuros, “Comunicado a la opinión pública tras el homicidio de Alejandro Padilla”, 18 de noviembre de 2011, http://forjandofuturos.org/fundacion/index.php/sala-de-prensa/comunicados/78-comunicados/906-comunicado-a-la-opinion-publica-tras-el-homicidio-de-alejandro-padilla-.html (consultado el 23 de mayo de 2013).

[798] “‘Reclamante no fue asesinado’: Policía”, El Mundo, 19 de noviembre de 2011, http://www.elmundo.com/portal/noticias/antioquia/reclamante_no_fue_asesinado_policia_.php (consultado el 23 de mayo de 2013); “Versiones encontradas sobre muerte de reclamante de tierras en Urabá”, Verdadabierta.com.

[799]Entrevista de Human Rights Watch con Coronel Leonardo Mejía, comandante de la Policía en Urabá, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[800]Entrevista de Human Rights Watch con Coronel Leonardo Mejía, comandante de la Policía en Urabá, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[801] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, Apartadó, 19 de julio de 2012, y entrevista telefónica, 4 de junio de 2013.

[802] Entrevista de Human Rights Watch con fuentes cercanas a Padilla (el lugar se mantiene bajo reserva), septiembre de 2012.  

[803] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, Apartadó, 19 de julio de 2012, y entrevista telefónica, 4 de junio de 2013.

[804] Entrevista de Human Rights Watch con fuentes cercanas a Padilla (el lugar se mantiene bajo reserva), septiembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con fiscal, Apartadó, 19 de julio de 2012, y entrevista telefónica, 4 de junio de 2013.

[805] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[806] Entrevistas grupales de Human Rights Watch con policías del departamento de Cesar, Valledupar, 4 y 5 de julio de 2012.

[807] Ibíd.

[808] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente N.° 20001-23-31-000-1998-03648-01, 19 de noviembre de 2012.

[809] “Las trampas de Bellacruz”, Verdadabierta.com, 1 de agosto de 2011,http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/3424-las-trampas-de-bellacruz (consultado el 23 de mayo de 2013).

[810] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso N.° 26350, 9 de noviembre de 2006.

[811] “Las trampas de Bellacruz”, Verdadabierta.com, 1 de agosto de 2011, http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/3424-las-trampas-de-bellacruz (consultado el 23 de mayo de 2013); Blake Schmidt, “Colombia Land Grab by Billionaires Risks Pledge”, Bloomberg, 29 de agosto de 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-08-29/colombia-land-grab.html (consultado el 23 de mayo de 2013).

[812] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes de ASOCOL, Bogotá, 26 de junio de 2012; denuncia penal presentada por Fredy Rodríguez Corrales ante la Fiscalía General de la Nación, 25 de enero de 2012.

[813] Entrevista grupal de Human Rights Watch con policías del departamento de Cesar, Valledupar, 4 y 5 de julio de 2012.

[814] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líder de ASOCOL, Bogotá, 26 de junio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes de ASOCOL, Valledupar, 6 de julio de 2012; carta enviada por líderes de ASOCOL al Presidente Juan Manuel Santos, 14 de junio de 2012.

[815]Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar al Coordinador de Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo de Colombia, nota número DPRCES 6005-1891-G, Valledupar, departamento de Cesar, 25 de junio de 2012.

[816] INCODER, “INCODER denuncia nuevos obstáculos para recuperar predios de la Hacienda Bellacruz, departamento de Cesar”, 22 de agosto de 2012, http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1314&catID=70 (consultado el 24 de mayo de 2013).

[817] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[818] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la alcaldía de Carmen de Bolívar, Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de julio de 2012.

[819] Entrevista de Human Rights Watch con policía, Carmen de Bolívar, 11 de julio de 2012.

[820] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Carmen de Bolívar, 11 de julio de 2012.

[821] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Cartagena, 10 de julio de 2012.

[822] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Cartagena, enero de 2013.

[823] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[824]Comunicación oficial de agente del Cuerpo Técnico de Investigación al comandante de la Policía de Apartadó, 11 de julio de 2012.

[825] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, 20 de julio de 2012.

[826] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[827] Ibíd.

[828] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Carmenza León, 24 de abril de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con Manuel Mercado, 24 de abril de 2013.

[829] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, 12 de abril de 2013.