17 de Septiembre de 2013

II. Casos ilustrativos

A continuación se expone una breve descripción de los casos ilustrativos presentados en este capítulo.

Tierra y Vida en Urabá

Desde 2008, diversos miembros y líderes del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de víctimas del desplazamiento forzado, han sufrido asesinatos, amenazas y nuevos desplazamientos como resultado de sus esfuerzos por recuperar tierras a través de diferentes mecanismos de restitución, como la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas. Las evidencias indican que los principales responsables de estos actos han sido los Urabeños y, en algunos casos, terceros que ocupan las tierras reclamadas.

Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar

El líder de las familias desplazadas que reclaman tierras en El Toco decidió abandonar temporalmente la región a causa de amenazas de muerte recibidas en 2012 y 2013. El caso de El Toco fue el primero del departamento de Cesar procesado en el marco de la Ley de Víctimas.

La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar

En 2012 y 2013, las amenazas constantes contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para asegurar la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a varias de estas personas a abandonar el municipio.

La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de desplazados de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los Urabeños.

Localidad de La Mesa en Valledupar, Cesar

Las evidencias sugieren claramente que, entre 2010 y 2012, el hermano de un ex comandante de las AUC habría amenazado reiteradamente a familias desplazadas que reclamaban tierras en La Mesa, en el departamento de Cesar, debido a que exigían la restitución de fincas de las cuales este se había apropiado tras el desplazamiento provocado por paramilitares.

Asesinato de reclamante de tierras en Montería, Córdoba

Existen razones de peso para creer que Leoncio Mendoza Mejía fue asesinado en noviembre de 2011 por haber reclamado tierras usurpadas por paramilitares en el norte de Urabá, cerca de lo que anteriormente había sido un campo de entrenamiento de las AUC.

Departamento de Tolima

Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC desde comienzos de 2000 hasta la actualidad.

Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó

Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido asesinatos y reiterados incidentes de amenazas y desplazamiento, incluidos los homicidios de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. Las evidencias sugieren que los grupos sucesores de los paramilitares, que en ocasiones actúan en representación de terceros, son responsables de muchos de los abusos vinculados con este caso piloto de restitución de tierras.

Comunidad embera en Patadó, Chocó

Desde que varias familias de la comunidad indígena embera de Patadó regresaron a su tierra en 2009, se han producido amenazas y actos de intimidación contra líderes comunitarios y un defensor regional de derechos indígenas que trabaja en el caso, incluso por parte del mismo hombre que ocupa prácticamente todas sus tierras.

Familia Salabarría, Mundo Nuevo, Montería, Córdoba

La familia Salabarría intentó retornar a Mundo Nuevo, Córdoba, en dos oportunidades en 2006 y 2012, incluso luego de una ceremonia de restitución de tierras a la cual asistió el ministro de agricultura, pero fueron obligados a abandonar su terreno en ambas ocasiones debido a amenazas por parte de hombres armados.

Finca Costa de Oro, Tierralta, Córdoba

Guillermo Antonio Ramos Rosso fue asesinado en julio de 2009, aproximadamente un año después de que él y otros miembros de su comunidad regresaran a la finca Costa de Oro, que les había sido devuelta por el ex comandante de las AUC Salvatore Mancuso como parte de las obligaciones que asumió a través de la Ley de Justicia y Paz.

San Onofre y Ovejas, departamento de Sucre

Desde principios de la década de 2000, líderes y familias de desplazados que han regresado a sus tierras en San Onofre y Ovejas, en Sucre, han sufrido múltiples amenazas y varios asesinatos, en algunos casos por parte de agresores que, según las evidencias, serían paramilitares desmovilizados.

Predio El Quindío en Montería, Córdoba

Desde 2006, numerosos desplazados que el gobierno reubicó en el predio El Quindío han sufrido amenazas, nuevos desplazamientos y varios asesinatos a manos de grupos sucesores de los paramilitares.

Fincas Villa Linda y Usaquén en Córdoba

En 2006 y 2012, dos líderes que representan a familias desplazadas que debían beneficiarse con las reubicaciones dispuestas por el gobierno a las fincas Usaquén y Villa Linda en el departamento de Córdoba abandonaron su hogar debido a amenazas por parte de grupos sucesores de paramilitares.

Tierra y Vida en Urabá

La región de Urabá, que comprende parte del territorio de los departamentos de Antioquia y Chocó que rodean el Golfo de Urabá, históricamente ha estado afectada por altos índices de violencia y atrocidades cometidas por paramilitares que operan con la tolerancia, e incluso la connivencia, de miembros de la fuerza pública y guerrillas. Por ejemplo, en 1996 la tasa de homicidios de Urabá superó las 300 muertes por cada 100.000 habitantes, un promedio casi cinco veces superior a la cifra nacional en ese momento y que supera en más de tres veces al actual índice de Honduras, uno de los más altos de todo el mundo[116].

En esa época, las AUC consolidaron su control sobre gran parte de la región, con el apoyo de miembros de la fuerza pública, empresas bananeras y ganaderos, entre otros. Luego del desplazamiento forzado de la población civil, varias empresas privadas y terratenientes —algunos de ellos con vínculos estrechos con las AUC, según señalamientos creíbles de víctimas y autoridades— ocuparon grandes extensiones de tierra en Urabá, y en muchos casos las convirtieron en plantaciones de aceite de palma africana, haciendas ganaderas o bosques de madera comerciable [117] . Según señaló un funcionario que trabaja en iniciativas de restitución de tierras en la región:

El paramilitarismo hizo un gran favor a empresarios, desplazando y matando [a campesinos] y empresarios venían atrás comprando o apropiando [tierras] de muchas maneras[118].

Vicente Castaño, quien fue anteriormente uno de los máximos líderes de las AUC, reconoció esta situación, al señalar en una entrevista concedida a los medios en 2005: “En Urabá tenemos cultivo de palma [africana]. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”[119].

Human Rights Watch documentó abusos sostenidos y deliberados —incluidas amenazas, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de 15 líderes y miembros del capítulo de Urabá de Tierra y Vida, una asociación de desplazados internos que promueve la restitución de tierras [120] . Entre las víctimas se cuentan abogados de la asociación, líderes locales, miembros que han presentado solicitudes de restitución en representación de su familia, la presidenta a nivel nacional y el secretario de esa sede. La evidencia sugiere en forma persuasiva que el grupo sucesor de paramilitares denominado Urabeños, que heredó las actividades delictivas de la organización paramilitar desmovilizada AUC en la región, es responsable de muchos de los abusos. En algunos casos, se hallaron evidencias creíbles de que las personas que ocupaban las tierras reclamadas habían tenido participación en los delitos.

Los abusos reiterados contra miembros y líderes de Tierra y Vida en Urabá han menoscabado los esfuerzos de restitución en todas las etapas del proceso, desde el momento de la solicitud hasta el retorno a las fincas. Los asesinatos han agudizado el impacto de las amenazas continuas contra líderes de Tierra y Vida que actualmente reclaman tierras a través de la Ley de Víctimas, y han contribuido a la generación de un clima de temor que disuade a desplazados de participar en el proceso de restitución. Por ejemplo, varios líderes de Tierra y Vida que reclamaban tierras en Totumo, Necoclí, fueron asesinados, atacados y/o amenazados durante 2010 y 2011, y, según señaló un funcionario que trabaja en restitución de tierras, actualmente existen muy pocos reclamos en la zona, ya sea debido al control que mantienen los Urabeños en Totumo o al temor que les provoca a los desplazados impulsar procesos de restitución en el lugar[121].

Asesinato de Juan Agustín Jiménez Vertel, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2008

Tanto el primer líder de Tierra y Vida que fue asesinado, Juan Agustín Jiménez Vertel, como sus familiares, habían informado en varias oportunidades a las autoridades sobre la recepción de amenazas formuladas por José Vicente Cantero cuando estos intentaron retornar a sus fincas en el corregimiento de Macondo, en Turbo, Antioquia. El Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo señalaron con respecto a Cantero:

[h]a sido sindicado y denunciado en múltiples ocasiones por las víctimas, como perteneciente al paramilitarismo y por haberse apropiado de tierras despojadas de manera violenta y fraudulenta[122].

Según indicaron Jiménez y sus familiares, Cantero desplazó a Jiménez de Macondo en 1997 y usurpó su tierra con colaboración de los paramilitares[123]. Otros desplazados internos de Macondo que se encuentran adelantando trámites de restitución de tierras también comentaron a Human Rights Watch que Cantero ingresó a la región con paramilitares aproximadamente en la época en que fueron desplazados y ocupó sus tierras[124]. Luego de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, en 2005, Jiménez comenzó a reclamar la restitución de sus tierras, y a mediados de 2007, varios de sus hijos regresaron a una de las fincas. Aproximadamente para la misma época, la esposa de Cantero interpuso una demanda contra Jiménez reclamando la titularidad de la tierra[125].

En agosto de 2007, Cantero, acompañado por cerca de una decena de hombres armados, visitó la finca a la cual habían retornado los familiares de Jiménez y les ordenó que se retiraran, según contó un hombre que estuvo presente en ese momento[126]. Cantero regresó con otras personas a la finca en enero de 2008 y volvió a exigirles que se fueran. El testigo dijo en su declaración ofrecida a los investigadores judiciales que las personas que visitaron la finca eran paramilitares[127].

El 13 de marzo de 2008, Jiménez envió una carta al Presidente Uribe en la cual denunciaba amenazas contra su familia y pedía protección. En la carta se indicaba:

Mi preocupación es que esas personas siguen rondando mis tierras y tememos que puedan atentar con nuestras vidas, y no vemos que la Fiscalía actúe al respecto. Sr. Presidente, tengo entendido que cuando estas personas se sometieron al proceso de Justicia y Paz, nos devolverían nuestras tierras ... y por el contrario nos siguen amenazando[128].

El 16 de julio de 2008, Jiménez presentó una denuncia penal en la cual informaba a la Fiscalía “las continuas amenazas que hemos venido recibiendo por el personal que nos hizo desplazar” [129] . Cuatro días después, Jiménez murió al recibir disparos cerca de la ciudad de Apartadó.

Tras el asesinato de Jiménez, sus familiares abandonaron las tierras y no regresaron por dos años, según contó uno de ellos[130]. En abril de 2013, la Fiscalía informó que la investigación del asesinato se encontraba en la etapa preliminar, lo cual implica que aún no había imputados[131].

Asesinato de Benigno Gil, Chigorodó, Antioquia, 22 de noviembre de 2008

Cuatro meses después, en Chigorodó, Antioquia, hombres armados que, según señalan las evidencias, pertenecerían a los Urabeños, dispararon y mataron a Benigno Gil, el líder más prominente de Tierra y Vida en Urabá en ese entonces. Al igual que Jiménez, Gil había denunciado en reiteradas ocasiones a las autoridades —incluida una carta que envió al entonces Presidente Uribe— que había recibido amenazas de muerte por parte de individuos vinculados con paramilitares.

Gil y su familia habían sido desplazados de sus fincas en Mutatá, Antioquia, por paramilitares en la década de 1990. El comandante de las AUC Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, ocupó las tierras de sus familiares e instaló allí un campamento paramilitar, según consta en documentos que Gil presentó al Ministerio de Agricultura [132] . En 2008, Gil se convirtió en líder de cientos de desplazados que buscaban retornar directamente a sus tierras, sin esperar el resultado de resoluciones judiciales o administrativas. Como parte de este proceso, regresó con un grupo de desplazados a las fincas en Mutatá de las cuales él y sus familiares habían sido expulsados.

El 7 de mayo de 2008, Gil envió una carta al Presidente Uribe en la cual solicitaba medidas de protección y denunciaba que había recibido amenazas:

Le pido se sirva tomar medidas más drásticas con los señores comandantes paramilitares, pues estos desde donde están siguen gobernando ... y ponen a sus testaferros a que nos amenacen y nos intimiden para que no sigamos la lucha de volver a retornar a nuestras fincas[133].

Gil explicaba por qué creía que su rol de líder había sido el detonante de las amenazas de los testaferros paramilitares:

Algunos testaferros de comandantes paramilitares que han visto que estamos avanzando en lo propuesto ya me han hecho comentarios en los que me dicen que ... no acompañe a los demás campesinos puesto que todos se van a ir por el mismo camino y así pararían ellos perdiendo el poder de las tierras donde tienen cualquier cantidad de ganados[134].

El 22 de septiembre de 2008, agentes de la Policía de Mutatá, en presencia del alcalde de esa localidad, desalojaron a Gil y las demás familias de desplazados internos que lo acompañaban de las fincas a las cuales habían retornado, según se indica en una declaración jurada que prestó Gil[135]. En documentos presentados ante el Ministerio de Agricultura, Gil alegó que un testaferro del comandante paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, ocupó la finca después del desalojo realizado en septiembre de 2008[136].

Tras el desalojo en septiembre de 2008, Gil denunció varias amenazas en su contra, así como vínculos entre policías en Mutatá, el alcalde de este municipio y grupos sucesores de paramilitares[137]. Por ejemplo, el 7 de octubre, Gil envió otra carta al Presidente Uribe en la cual acusaba al comandante de la Policía en Mutatá, a un sargento local y al alcalde de Mutatá de actuar en connivencia con los Urabeños con el propósito de asesinarlo[138]. Gil reiteró otras acusaciones similares en dos denuncias distintas que presentó al comandante del Departamento de Policía en Urabá menos de un mes antes de su muerte[139].

El 22 de noviembre, dos hombres armados dispararon y mataron a Gil cuando este subía a una camioneta tras una reunión de Tierra y Vida a la cual habían asistido cerca de 150 personas[140]. Otros dos hombres que pertenecían a la asociación también resultaron heridos por disparos durante el ataque[141]. El momento y el lugar en que se produjo el ataque sugieren que podrían haber sido elegidos deliberadamente por los agresores para infundir temor entre los desplazados y disuadirlos de participar en el proceso de recuperación de tierras. Si bien la investigación sobre el homicidio de Gil continúa en la etapa preliminar, un funcionario judicial que trabaja en la causa indicó que se sospecha que serían los Urabeños los responsables del crimen[142].

Asesinato de Jaime Antonio Gaviria Villada, Chigorodó, Antioquia, 5 de diciembre de 2008

El miembro de Tierra y Vida Jaime Antonio Gaviria Villada presenció el homicidio de Gil, y dos semanas después fue asesinado en Chigorodó[143]. Hay motivos de peso para creer que los Urabeños son responsables de su muerte: un funcionario judicial que trabajó en los casos de Gil y Gaviria comentó a Human Rights Watch que existen evidencias de que los mismos autores serían responsables de ambos homicidios[144]. A su vez, en un comunicado de prensa de 2009 la Policía Nacional atribuyó a los Urabeños la responsabilidad por la muerte de Gaviria[145]. Tras el asesinato de Gaviria, sus familiares recibieron llamadas constantes de un miembro de los Urabeños que los presionaba para que vendieran las tierras, según una investigación efectuada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), una conocida ONG de derechos humanos con sede en Medellín[146]. En abril de 2013, la investigación del caso se encontraba en la etapa preliminar[147].

Asesinato de Albeiro Váldez Martínez, Turbo, Antioquia, 10 de mayo de 2010

El líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, en Necoclí, Antioquia, en noviembre de 2009, y denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento. Váldez fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde de Necoclí devolvió el predio de Váldez al ganadero.

Las autoridades emitieron informes contradictorios acerca de si Váldez había muerto por causas naturales o había sido asesinado; sin embargo, numerosas evidencias, incluidas las reiteradas amenazas que había denunciado, los ataques contra otros líderes de Tierra y Vida de la misma zona y las declaraciones de altos funcionarios públicos, sugieren de manera persuasiva que fue víctima de un asesinato deliberado que consiguió frustrar los reclamos de restitución impulsados por su familia.

En 1993, paramilitares al mando de Carlos Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, asesinaron al padre y al hermano de Váldez y en 1996 expulsaron a Váldez y otros sobrevivientes de su familia de las dos fincas que tenían en Totumo, según informó un familiar [148] . Sus tierras fueron adquiridas por Jairo Humberto Echeverry Bedoya, quien según indicaron el vicepresidente y el entonces ministro de agricultura, estaba “relacionado” con el caso de Váldez y ostentaba tierras que las víctimas habían denunciado como apropiadas por los jefes paramilitares Carlos Correa y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán [149] .

Tras el proceso oficial de desmovilización paramilitar, Váldez comenzó una campaña en representación de su familia y otros desplazados para exigir la restitución de tierras en Totumo, Necoclí, de donde, según señala Tierra y Vida, Carlos Correa había expulsado a muchas familias más[150]. Váldez presentó una denuncia penal donde afirmaba que Echeverry lo había amenazado en noviembre de 2008 y abril de 2009[151].

El 17 de noviembre de 2009, un programa piloto de restitución de tierras iniciado en el marco de la Ley de Justicia y Paz devolvió a Váldez y su familia la finca las “Siete Vueltas” mediante una ceremonia a la cual asistieron representantes del Departamento de Policía de Urabá, la Organización Internacional para las Migraciones, la Brigada 17 del Ejército,la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades estatales[152]. Váldez y su familia retornaron a la finca las Siete Vueltas el 21 de noviembre de 2009. Ese mismo día, recibió una llamada telefónica en la cual lo convocaban a una reunión, según se indicó en el testimonio que Váldez aportó a las autoridades judiciales[153].

Durante la reunión, un hombre no identificado lo amenazó en nombre de Echeverry, y le dijo a Váldez que tenía la orden de matarlo y que su “patrón” había sido contactado por Echeverry debido a que Váldez:

estab[a] quitando unas tierras, y que las tierras eran de el (sic)... que si no quería que le pasara nada que desocupáramos las tierras y se dejaran ese proceso como si nada[154].

El 24 de noviembre de 2009, miembros de un grupo sucesor de los paramilitares amenazaron a familiares de Váldez y les advirtieron que tenían un día para irse de la finca, según consta en una declaración difundida por Tierra y Vida y en la acción de tutela interpuesta por la abogada de la familia[155].

El 25 de noviembre de 2009, Váldez presentó una denuncia contra Echeverry por amenazas ante la policía judicial en Necoclí[156]. Ese mismo día, Váldez, su madre, su hermano y Echeverry participaron en una audiencia de conciliación en la sede de la Fiscalía en Necoclí. Según el acta de la reunión, Echeverry negó responsabilidad por las amenazas contra Váldez, y prometió respetar el proceso de restitución de tierras[157].

Cuando posteriormente Váldez pidió ser incluido en el programa de protección de la Fiscalía, el policía que evaluó el nivel de riesgo hizo alusión al supuesto compromiso expresado por Echeverry de respetar el proceso de restitución como uno de los motivos por los cuales Váldez se encontraba en un nivel de riesgo “ordinario” y, por lo tanto, no le correspondía recibir medidas de protección [158] . El razonamiento del evaluador fue claramente errado, en vista de la gravedad de la amenaza denunciada por Váldez y de que, poco tiempo antes, habían sido asesinados otros líderes de Tierra y Vida en Urabá.

El 10 de mayo de 2010, Váldez se reunió con un familiar y le dijo que pensaba asistir a una reunión cerca de Turbo vinculada con las tierras de su familia[159]. La mañana siguiente, Váldez, que entonces tenía 33 años, fue encontrado muerto al lado de una carretera que conecta los municipios de Turbo y Necoclí. Tierra y Vida emitió una declaración pública en la cual afirmaba que había sido convocado a la reunión por paramilitares[160].

El informe de inspección técnica al cadáver preparado por la Policía indicaba que posiblemente se trataba de una muerte “violenta” y se hacía referencia a un “arma fuego y contundente” como hipótesis de la causa de la muerte; el informe de autopsia indicó que estaba “en estudio”; un certificado de defunción hacía constar que la muerte había sido “violenta”, y otro posterior indicaba que la causa de muerte estaba “en estudio”[161]. El vicepresidente y el entonces ministro de agricultura de Colombia también identificaron las contradicciones entre los distintos informes, y señalaron que constituían “situaciones graves”[162]. De hecho, las incoherencias en los informes advierten sobre la posible falta de profesionalismo en el trabajo realizado por estas autoridades o, peor aún, su conducta para obstaculizar la investigación. De cualquier modo, el vicepresidente y el entonces ministro de agricultura señalaron que Váldez había sido asesinado[163].

El 22 de junio de 2010, la alcaldía de Necoclí recibió una solicitud presentada por Echeverry en la cual afirmaba ser el propietario de la finca las Siete Vueltas y pedía que la Policía desalojara a la familia de Váldez. En la solicitud, Echeverry afirmó que tenía ganado en la finca desde 1999, cuando compró las tierras a Nelly Durango[164]. Durango es la viuda del ex jefe paramilitar Carlos Correa, quien habría desplazado a la familia de Váldez hace una década, según señalan víctimas de la región[165].

El 25 de junio de 2010, el entonces alcalde de Necoclí, Edelfred Villalobos Ortega, ordenó que la finca Siete Vueltas fuera entregada a Echeverry[166]. La orden del alcalde indicaba que las autoridades habían efectuado una visita de inspección ocular en la finca, que la madre de Váldez no se encontraba presente y que no había nadie allí que pudiera oponerse al reclamo de Echeverry. La orden no mencionaba que el motivo por el cual la madre de Váldez no estaba allí era que, junto con la hermana, esposa y los tres hijos de este, que entonces tenían 1, 3 y 7 años, habían huido de la finca tras su muerte[167].

La investigación sobre el asesinato de Váldez aún se encuentra en etapa preliminar; no obstante, un alto funcionario de la Fiscalía comentó a Human Rights Watch que el caso parecía constituir un homicidio motivado por sus iniciativas de restitución de tierras[168].

Los hechos del caso sugieren de manera persuasiva que las autoridades no brindaron protección a Váldez ni investigaron adecuadamente las circunstancias de su muerte, y esto contribuyó a que este asesinato deliberado impidiera la restitución de tierras.

Asesinato de Hernando Pérez Hoyos, Necoclí, Antioquia, 20 de septiembre de 2010

Al igual que Váldez, el líder de Tierra y Vida Hernando Pérez Hoyos intentó recuperar la finca de su familia en Totumo, Necoclí, y antes de ser asesinado denunció haber recibido amenazas proferidas por agresores que tanto víctimas como autoridades han vinculado con despojos de tierras cometiods por paramilitares. Un funcionario judicial que trabaja en el caso indicó que Pérez Hoyos fue asesinado “precisamente por reclamar la tierra”, presuntamente a manos de agresores vinculados con los Urabeños[169].

Pérez Hoyos y su familia fueron desplazados por paramilitares de su finca de 24,5 hectáreas en 1997, según señaló un familiar entrevistado por Human Rights Watch[170]. El familiar dijo que alias Carlos Correa —el mismo paramilitar responsable del desplazamiento de la familia de Váldez— apropió las tierras de la familia de Pérez Hoyos y las vendió a otros paramilitares. En 2010, Pérez Hoyos, su padre, su madre y varios de sus hermanos intentaron retornar a la finca. Se quedaron allí varios meses hasta que, según contó un familiar, aproximadamente en junio de 2010 el alcalde ordenó su desalojo, tal como sucedió en los casos de Váldez y Gil. La familia abandonó entonces la finca y se trasladó al casco urbano de Totumo[171].

El familiar de Pérez Hoyos indicó que en la misma época en que se produjo el desalojo —y a poco del asesinato de Váldez— el ganadero Jairo Humberto Echeverry advirtió a Pérez Hoyos que no reclamara lo que no le pertenecía [172] . Julio Arcesio Gómez Durango —a quien el familiar de Pérez Hoyos acusó de haber apropiado la tierra de su familia— también amenazó a Pérez Hoyos, según señaló otro miembro de Tierra y Vida de esa misma zona [173] . El vicepresidente y el entonces ministro de agricultura de Colombia indicaron que tanto Durango como Echeverry estaban “relacionados” con los casos de Pérez Hoyos y Váldez, y ocuparon tierras que, según denuncian las víctimas, habían sido usurpadas por los jefes paramilitares Carlos Correa y El Alemán [174] .

El 19 de septiembre de 2010, Pérez Hoyos asistió a una ceremonia pública de restitución de tierras en Turbo, Antioquia, en la cual participaron Tierra y Vida, otras organizaciones de víctimas y representantes del Ministerio de Agricultura. Héctor Cavadía, otro miembro de Tierra y Vida de Totumo que estuvo presente en la ceremonia, dijo a Human Rights Watch que él y Pérez Hoyos habían visto allí a miembros de los Urabeños, y que Pérez Hoyos le dijo que tenía miedo[175].

Pérez Hoyos regresó a Totumo cerca de las 6 p.m. Más tarde esa noche, fue abordado en el casco urbano por dos hombres armados y obligado a subir a la parte trasera de una motocicleta, según contó un familiar [176] . Al día siguiente, Pérez Hoyos fue hallado muerto a dos kilómetros de distancia del casco urbano de Totumo, con una herida en la cabeza posiblemente provocada por un arma contundente [177] . El momento en que se produjo el asesinato —inmediatamente después del promocionado evento de restitución— sugiere que la intención de los agresores habría sido amedrentar a otros reclamantes. Esta hipótesis parecería confirmarse debido a que varios miembros de Tierra y Vida afirmaron haber recibido amenazas inmediatamente después del asesinato de Pérez Hoyos. De hecho, algunos decidieron huir de la región.

Por ejemplo, Héctor Cavadía indicó que él y otro reclamante de tierras de Totumo encontraron balas de 9 mm en la puerta de sus viviendas el día en que se halló el cuerpo sin vida de Pérez Hoyos, y que interpretaron estos hechos como amenazas de muerte directas. Ambos se fueron de Totumo por tres meses, conforme indicó Cavadía, quien dijo además que Tierra y Vida dejó de reunirse en Totumo tras el homicidio[178]. Otros dos miembros de Tierra y Vida abandonaron otros pueblos en la región de Urabá luego de la muerte de Pérez Hoyos[179]. Asimismo, según un familiar, la madre de Pérez Hoyos huyó de Totumo con sus dos nietos luego del asesinato[180].

En julio de 2012, la Policía detuvo a dos hombres identificados como miembros de los Urabeños —quienes resultaron ser paramilitares desmovilizados— en relación con el asesinato de Pérez Hoyos y el secuestro de Cadavía ocurrido en noviembre de 2011 (ver más adelante en esta sección)[181]. Oficiales de la Dirección de Inteligencia Policial señalaron que estos hombres eran considerados presuntos autores materiales del homicidio[182]. No obstante, la Fiscalía informó en abril de 2013 que la investigación del homicidio de Pérez Hoyos aún se encontraba en la etapa preliminar, lo que implica que no se habían identificado formalmente ni imputado a presuntos responsables[183]. A pesar de las graves acusaciones formuladas contra Durango por víctimas, el vicepresidente, y el entonces ministro de agricultura, la Fiscalía informó a Human Rights Watch que no había investigaciones en curso contra esta persona[184].

Tentativa de asesinato de Fernando Enamorado, Apartadó, Antioquia, 25 de octubre de 2010

Aproximadamente un mes después de la muerte de Pérez Hoyos, el 25 de octubre de 2010, en la ciudad de Apartadó, Antioquia, un hombre armado disparó tres veces contra el líder de Tierra y Vida Fernando Enamorado, quien casi muere a causa del ataque. Un funcionario judicial que trabaja en la investigación dijo a Human Rights Watch que los presuntos responsables eran miembros de los Urabeños, incluidos quien entonces era su principal jefe, Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni —muerto en un operativo policial en enero de 2012— y su hermano, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien es actualmente el máximo comandante de los Urabeños[185].

Antes del ataque, Enamorado había actuado como representante de Tierra y Vida en el norte de Urabá, donde ayudaba a desplazados a presentar solicitudes de restitución y retornar a sus tierras [186] . Según Enamorado, el 4 de enero de 2009, fue interceptado por cuatro miembros de los Urabeños y obligado a descender del taxi en el cual se dirigía de Necoclí a Medellín para asistir a una reunión de Tierra y Vida. Los miembros de los Urabeños pusieron a Enamorado en contacto telefónico con Giovanni, quien le dijo que hacía tiempo que estaba “jodiendo” con la restitución de tierras y lo amenazó de muerte [187] . Luego de esto, los Urabeños liberaron a Enamorado.

Enamorado huyó de la vereda donde vivía en Necoclí y se trasladó a Apartadó en abril de 2009, debido a que era seguido constantemente por miembros de los Urabeños[188]. Aproximadamente en esa misma época, aportó información a la Policía sobre el paradero de varios jefes de los Urabeños, y sobre la ubicación de un laboratorio de producción de cocaína. Dijo a Human Rights Watch que los Urabeños se enteraron de que había proporcionado la información, y comenzaron a buscarlo más enérgicamente[189].

En enero de 2010, luego de que miembros de los Urabeños intentaran localizarlo en las viviendas de varios de sus familiares y le dijeran a su madre que lo matarían, la Policía trasladó a Enamorado para que se alojara en la celda de una estación policial en Chigorodó, Antioquia, a fin de garantizar su seguridad. Enamorado solicitó ser incluido en el programa de protección del Ministerio del Interior, a cuyas autoridades indicó: “Creo que [los Urabeños] me están buscando porque sé cómo es el manejo de las tierras, quiénes las quitaron, a quién se las quitaron y quién las tiene en la actualidad; así mismo porque yo tengo mucha información valiosa para las autoridades, relacionada con el manejo de estupefacientes y otros temas de las bandas criminales”[190]. El programa rechazó su solicitud de protección en febrero de 2010[191].

En abril de 2010, Enamorado dejó de ocupar la celda en la estación policial y huyó de Urabá para trasladarse a Medellín. El 22 de octubre de 2010, según Enamorado y el testimonio aportado a investigadores judiciales por uno de sus familiares, un hombre armado no identificado intentó dispararle en las afueras de Medellín, pero el arma no se activó[192]. Enamorado regresó a Apartadó el 23 de octubre, y el 25 de octubre, mientras subía a un automóvil después de cenar con familiares, un hombre armado no identificado efectuó tres disparos que impactaron en su hombro, axila y rostro. Una de las balas salió por debajo de su mandíbula y le arrancó ocho dientes[193].

Enamorado señaló que, tras el ataque, recibió información de que Giovanni ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos (aproximadamente US$ 26.000) a quien acabara con su vida. Enamorado no ha regresado a vivir a Urabá desde el atentado, pero sigue teniendo un liderazgo activo en Tierra y Vida[194]. En abril de 2013, la Fiscalía informó que la investigación sobre la tentativa de asesinato contra Enamorado recién se encontraba en la etapa preliminar[195].

Amenazas continuas contra miembros de la asociación Tierra y Vida

La secretaria de Tierra y Vida, Carolina Sáenz (seudónimo), informó ser objeto de intimidación y vigilancia desde el 17 de enero de 2011, cuando un hombre no identificado ingresó en la oficina de la asociación en Apartadó y le arrebató un dispositivo USB que esta tenía en la mano. En ese momento, Sáenz y su madre también reclamaban tierras en Urabá de donde habían sido desplazadas por paramilitares en la década de 1990.

El USB que le quitaron a Sáenz de las manos contenía información confidencial sobre casos de restitución de tierras[196]. Sáenz dijo a Human Rights Watch que varios días después del robo fue abordada por un hombre no identificado en Apartadó, quien le advirtió que debía proporcionar más información sobre Tierra y Vida, que era mejor que se “quedara callada” y que sabía dónde vivía su madre[197]. Ese mismo mes, una mujer no identificada se presentó en su vivienda en Apartadó en dos oportunidades y le dijo que le “diera información” debido a que Sáenz trabajaba para la presidenta de Tierra y Vida. En febrero de 2011, dejó de trabajar para Tierra y Vida por temor a su seguridad; sin embargo, en los meses posteriores, observó que aún era seguida por personas desconocidas[198].

Sáenz dijo a Human Rights Watch que, aproximadamente a fines de 2011, un hombre armado que fue identificado como paramilitar por miembros de la comunidad preguntó reiteradamente por su madre en el pueblo donde ella vivía en Urabá[199]. Atemorizada, la madre de Sáenz huyó a un pueblo cercano llevándose consigo a dos de sus nietos. Los actos de intimidación contra Sáenz continuaron durante 2012[200].

El líder y cofundador de Tierra y Vida, Alfranio Solano, indicó que el 20 de marzo de 2011, un hombre se acercó a él en Turbo, Antioquia, y le dijo que se fuera de la zona porque había una orden de matarlo, a causa de lo cual Solano decidió huir de la región de Urabá por razones de seguridad[201]. Solano identificó al hombre como vinculado con los Urabeños[202]. En ese entonces, además de ser el tesorero a nivel nacional de Tierra y Vida, Solano lideraba a un grupo de miembros de una comunidad de Mutatá que reclamaban tierras de donde afirmaban haber sido desplazados por paramilitares. El informe de 2011 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las amenazas contra Solano provocaron que decidiera abandonar la región de Urabá[203].

El 26 de agosto de 2011, el principal asesor legal de Tierra y Vida Gerardo Vega fue amenazado mientras participaba en un programa de televisión nocturno en Medellín, Antioquia[204]. Vega trabajaba en estrecha colaboración con Tierra y Vida, a la vez que se desempeñaba como director regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia, un organismo semigubernamental creado en 2005 por la Ley de Justicia y Paz. Este además ha representado a víctimas que exigen la restitución de tierras en distintos puntos de Urabá. Mientras participaba en el programa, Vega explicó el problema de los despojos de tierras en Urabá, y señaló a personas a quienes acusó de ser testaferros de paramilitares y haberse apropiado ilegalmente de tierras[205]. Durante la transmisión, una persona no identificada llamó a la línea telefónica para espectadores y declaró que Vega era un “objetivo militar”[206].

Menos de dos semanas después, el 5 de septiembre de 2011, una amenaza de muerte dirigida a Vega, Carmen Palencia —presidenta nacional de Tierra y Vida— y otras personas firmada por “Águilas Negras-Bloque Urabá Antioqueño” [207] fue entregada en la sede de Bogotá de la organización no gubernamental REDEPAZ, que colabora con Tierra y Vida [208] . La amenaza declaraba a Vega, Palencia y otras personas “objetivos militares” e indicaba:

A ustedes no les importa sus muertos, los supuestos líderes que han caído por sapos, sigan jodiendo sapos hijueputas por las tierras que no les pertenecen, quieren tierras perros hijueputas pues los vamos a enterrar a todos ustedes en las tierras que tanto reclaman...[209].

El 16 de noviembre de 2011, Alejandro Padilla, un miembro de Tierra y Vida que exigía la restitución de tierras de las cuales había sido desplazado por paramilitares, fue hallado muerto en un puente en un paraje rural de Arboletes, Antioquia. Si bien la Policía de Urabá afirmó que Padilla había muerto en un accidente de motocicleta, existen fuertes motivos para creer que en realidad fue asesinado, presuntamente por miembros de los Urabeños. (Ver más información sobre el caso de Padilla en la sección “Se descarta prematuramente la posibilidad de que los asesinatos estén vinculados con la labor de activismo de las víctimas”) .

Secuestro de Héctor Cavadía, Necoclí, Antioquia, 21 de noviembre de 2011

El 21 de noviembre de 2011, varios hombres armados, que según claros indicios serían miembros de los Urabeños, secuestraron a Héctor Cavadía, un líder de Tierra y Vida que reclamaba tierras en Totumo, Necoclí, la misma zona donde habían anteriormente intentado recuperar sus fincas los líderes asesinados Albeiro Váldez y Hernando Pérez Hoyos. Cavadía informó que durante el secuestro, los presuntos Urabeños le hicieron preguntas sobre otros líderes de Tierra y Vida.

Cavadía fue desplazado forzadamente de Totumo en 2000, y dijo que su finca fue posteriormente apropiada por una persona vinculada con paramilitares [210] . Tras regresar a vivir en el corregimiento de Totumo aproximadamente en 2005 (pero no en su finca), en septiembre de 2010 tuvo que huir momentáneamente un vez más de la zona, debido a una advertencia que recibió el día después del asesinato de Pérez Hoyos y que, a su entender, constituía una amenaza de muerte (ver caso de Pérez Hoyos antes).

En marzo de 2011, luego de alertar a una autoridad de protección ambiental en Urabá que se estaban desarrollando actividades de tala en su finca, una persona no identificada lo amenazó de muerte nuevamente en forma telefónica[211].

Cuando fue secuestrado el 21 de noviembre, un grupo de hombres armados que Cavadía identificó como Urabeños —quienes tienen fuerte presencia en la zona— lo obligaron a bajar de un minibus mientras se trasladaba de Totumo al centro de Necoclí [212] . Preguntaron a Cavadía para quién trabajaba, y él respondió que simplemente intentaba recuperar su tierra. Los agresores respondieron que la tierra tenía un dueño, le preguntaron por el paradero de otros líderes de Tierra y Vida, incluidos Palencia, Carlos Páez y José Miguel Padilla, y le dijeron que estas personas iban a morir.

Aproximadamente cinco hombres se llevaron a Cavadía a una finca ubicada a unos 500 metros de la carretera principal, lo ataron con cuerdas y siguieron interrogándolo. Lo golpearon y lo amenazaron de muerte. Luego de permanecer cautivo durante aproximadamente 15 minutos, según señaló la Fiscalía, se presentaron policías en la finca, detuvieron a los agresores y confiscaron una pistola 9 mm en el lugar de los hechos[213].

Luego del secuestro, Cavadía, su esposa, hijos y padre huyeron de Urabá y se trasladaron a una ciudad fuera de la región. Dijo que en febrero y marzo de 2012, en la ciudad donde vive ahora, vio que estaba siendo seguido por un miembro de los Urabeños de Totumo[214].

La Policía Nacional anunció en julio de 2012 que otros dos Urabeños —también paramilitares desmovilizados— habían sido arrestados presuntamente por secuestrar a Cavadía. La Policía señaló que los supuestos secuestradores también estaban vinculados con el asesinato de Pérez Hoyos, cometido en septiembre de 2010[215]. El 21 de diciembre de 2012, un tribunal de Medellín condenó a uno de ellos, Diego Alfonso Hernández Banquet, a 21 años de prisión por el secuestro[216]. La Fiscalía aún no ha podido identificar al autor intelectual del delito[217].

Julia Guerrero (seudónimo), otra líder de Tierra y Vida de Necoclí, contó a Human Rights Watch que recibió una amenaza telefónica poco después del secuestro de Cavadía[218]. Luego del asesinato de Váldez, Pérez Hoyos y Padilla, así como los ataques y posteriores desplazamientos forzados de Enamorado y Cavadía —todos ellos de Necoclí—, Guerrero se consideraba la única sobreviviente de Tierra y Vida en el municipio. Manifestó, además, que debido a las muertes de los otros líderes de Necoclí, los desplazados de la zona están demasiado atemorizados como para reclamar las tierras que les fueron despojadas[219]. De manera similar, un funcionario que trabaja en restitución de tierras señaló a Human Rights Watch que hubo pocos reclamos de restitución en Totumo, Necoclí, ya sea por el control que mantenían los Urabeños en el lugar o por el temor de los desplazados a reclamar tierras allí[220].

Persistencia de amenazas y desplazamientos durante 2012 y 2013

Virginia Bolaños (seudónimo), la única abogada de Tierra y Vida en Urabá que representaba a víctimas en los reclamos de restitución de tierras, abandonó la región en febrero de 2012. Tras sufrir actos intimidatorios, y ante las reiteradas amenazas, ataques y asesinatos de otros líderes de la asociación de desplazados, temía por su propia vida[221].

Bolaños contó a Human Rights Watch que, antes de irse de Urabá, representó a víctimas en casi 400 casos, incluidas las familias de Hernando Pérez Hoyos y Albeiro Váldez. En representación de Váldez, presentó una acción de tutela para frenar la decisión del alcalde de Necoclí en virtud de la cual se dispuso la entrega de la finca de la familia a Echeverry luego del asesinato de Váldez [222] . Finalmente, la acción fue denegada.

En septiembre de 2010, una conocida contó a Bolaños que había escuchado cuando dos hombres hablaban sobre ella como una “hijueputa” que intentaba recuperar tierras, y decían que la estaban siguiendo para matarla[223]. Bolaños viajó al departamento de Córdoba en diciembre de 2010 y enero de 2011. Mientras estuvo allí había personas en una camioneta que la seguían constantemente. El 17 de enero de 2011, cuando un hombre armado no identificado ingresó a la oficina de Tierra y Vida en Apartadó y se robó el dispositivo USB, preguntó primero por Bolaños, que no estaba allí, lo cual refuerza la evidencia de que su vida estaba en peligro[224].

Bolaños tenía una tienda en Apartadó donde a veces también trabajaba Sáenz, la secretaria de Tierra y Vida (ver antes en esta sección más información sobre el caso de Sáenz). Sáenz y Bolaños dijeron a Human Rights Watch que el 2 de febrero de 2012, la primera encontró dos balas —una de ellas había sido disparada— afuera de la tienda[225]. Cinco días después, tan atemorizada que no se atrevía a salir sola, Bolaños se fue de Urabá y se trasladó a una ciudad fuera de la región[226].

Bolaños dijo que luego de ser desplazada de Urabá, dejó de representar a las familias de la región. Por ejemplo, abandonó la representación de las familias en el caso Tulapas, que es uno de los pocos casos en los cuales la justicia dispuso la restitución de tierras conforme a la Ley de Justicia y Paz [227] . “Nos sacan de [Urabá] por defender a las víctimas”, dijo Bolaños a Human Rights Watch.

El 13 de marzo de 2012, una amenaza de muerte firmada por “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” —otro nombre utilizado por los Urabeños— fue enviada a la oficina de Tierra y Vida en Urabá [228] . La amenaza declaraba a los líderes de Tierra y Vida Carmen Palencia, Alfranio Solano, Carlos Páez, Manuel Mercado y José Miguel Padilla como “objetivos militares”. El texto indicaba:

Muerte a los sapos, recuperadores de tierra y no se preocupen que tierras le va a tocar pero en el sementerio (sic) hijueputas.... Ya saben los tenemos en la mira[229].

José Miguel Padilla es líder del capítulo de Tierra y Vida en Urabá, y reemplazó a su hermanastro Albeiro Váldez al frente de los esfuerzos familiares para recuperar sus fincas en Totumo, Necoclí, que según afirmó aún estaban ocupadas por Echeverry [230] . Contó que el 10 de junio de 2012, una persona no identificada se presentó en su vivienda en Carepa, Antioquia, y entregó a su hija una nota manuscrita que decía:

Sr. José Miguel Padilla, segana (sic) mas con la voca (sic) callada que andar de sapo. Usted y su familia son gente muerta. Los tenemos vijilados (sic). Mas que todo ha (sic) tus dos hijos…. Muertos tu y tu familia de mierda[231].

Dijo que una semana después, atemorizados por lo sucedido, tres de sus hijos y uno de sus nietos se fueron de Urabá y se trasladaron a una ciudad en otra región[232].

Apenas un mes después, Carlos Páez, el coordinador de la oficina de Tierra y Vida en Urabá, recibió una amenaza de muerte. La nota manuscrita, que se entregó en su vivienda en Turbo, Antioquia, el 13 de julio de 2012, indicaba: “Muerte a todo los que reclaman pricipal (sic) a Carlos y todo los que lo acompañan”[233]. Anteriormente, Páez había denunciado a la justicia tres otras amenazas que recibió desde 2011[234].

Carmenza León (seudónimo), una de las líderes fundadoras de Tierra y Vida que actualmente organiza a otros miembros de su pueblo en los trámites para la recuperación de tierras a través de la Ley de Víctimas, informó a las autoridades judiciales y a Human Rights Watch sobre una serie de amenazas que recibió en Urabá entre febrero de 2012 y abril de 2013.

León informó que ella y su familia fueron desplazadas de su finca en Turbo, Antioquia, en 1996 por paramilitares, y que su madre fue asesinada poco después, presuntamente por paramilitares. La finca de la familia actualmente está ocupada con ganado de propiedad de un hombre que ingresó a la zona y compró tierras aproximadamente en la misma época en que se produjo el desplazamiento, según contó León[235].

León afirmó haber sido amenazada en febrero de 2012, pocos días antes de que tuviera lugar una marcha, organizada con apoyo del gobierno, a favor de la restitución de tierras. León había estado trabajando para que asistieran las víctimas[236]. Un hombre se presentó en su vivienda en Chigorodó, Antioquia, se identificó como primo de la persona que había matado a Benigno Gil y Jaime Gaviria (ver antes), y dijo que si acudía a la marcha era mejor que no volviera, lo cual fue interpretado por León como una amenaza[237].

León informó a la Fiscalía y a Human Rights Watch que el 6 de julio de 2012, luego de acompañar a varios desplazados a la Unidad de Restitución en Apartadó, un hombre no identificado se acercó, le dijo “retírese de eso” y le advirtió que no fuera a Chigorodó, el lugar donde vivía [238] . Supuso que el hombre se refería a su participación en Tierra y Vida.

León dijo que, a pesar de la amenaza, fue igualmente a Chigorodó ese mismo día, se dio cuenta de que la estaban siguiendo y entonces durante la noche huyó a Apartadó para resguardar su seguridad[239]. Contó que el 19 de octubre, tres hombres la interceptaron en la calle en Apartadó y le pidieron que mostrara su documento. Le dijeron: “malparida, ¿sigues trabajando con desplazados?”[240]. León dijo a Human Rights Watch en octubre de 2012 que estaba considerando seriamente la posibilidad de abandonar su trabajo en Tierra y Vida debido a las amenazas[241].

En vez de ello, decidió mantener un perfil más bajo, pero las amenazas continuaron. El 24 de abril, un miembro de Tierra y Vida encontró una amenaza de muerte dirigida a León debajo de la puerta de la oficina de la asociación en Apartadó. La nota decía: “Quieren tierra se la vamos a tirar encima... Carmensa (sic) León te tenemos ubicada”. La amenaza estaba firmada por las autodenominadas “AGC”, que presuntamente significa Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre utilizado por los Urabeños[242].

Comunidad El Toco en San Diego, departamento de Cesar

En el departamento de Cesar, que fue anteriormente un bastión de las AUC, se han registrado uno de los niveles más altos de amenazas contra desplazados que reclaman la restitución de tierras. Desde enero de 2012, más de 45 reclamantes de tierras y líderes denunciaron a las autoridades que habían recibido amenazas[243].

La Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar ha señalado que, según información aportada por víctimas, podrían atribuirse a grupos sucesores de paramilitares las amenazas y los actos de persecución contra reclamantes que se producen allí, y que “sobre una buena parte de las tierras que están siendo objeto de reclamación por parte de las víctimas de despojo, se ciernen los intereses de poderosos grupos económicos y políticos asociados a la expansión de la minería y de la agroindustria”[244]. En mayo de 2013, las amenazas incluso se extendieron a periodistas que informaban sobre el proceso de restitución de tierras en ese departamento (ver más información sobre amenazas contra periodistas del departamento de Cesar en la sección “Ejército Anti-Restitución”)[245].

Juan Carlos Ramírez (seudónimo) lidera un grupo de familias desplazadas que reclaman tierras en el predio El Toco en Los Brasiles, departamento de Cesar. Este es el primer caso que fue documentado por la Unidad de Restitución en Cesar y presentado ante la justicia especializada. Las autoridades judiciales no han conseguido que los paramilitares sean procesados por el despojo de El Toco, y hay evidencias considerables que sugieren que quienes tienen interés en preservar el control sobre las tierras son además responsables de las reiteradas amenazas contra Ramírez, lo que provocó que este abandonara temporalmente la región en febrero de 2013.

Varios residentes de El Toco han sufrido actos brutales de violencia a manos de paramilitares, aparentemente con el propósito de usurpar sus tierras. En 1997, las AUC incursionaron en la zona y mataron al menos a 10 miembros de la comunidad, según se establece en una sentencia judicial dictada en febrero de 2013 que ordena la restitución de tierras en beneficio de dos familias de El Toco[246]. Un documento interno de la Defensoría del Pueblo indicó que después de haber asesinado a un líder de la comunidad y a su hijo en El Toco el 23 de abril de 1997, las AUC, “[a]marraron e intentaron quemar vivas a algunas mujeres familiares de este parcelero ... [y] procedieron a incinerar a la casi totalidad de las viviendas del caserío”[247].

Los miembros de la comunidad huyeron al casco urbano de Los Brasiles, pero fueron perseguidos por paramilitares que ejecutaron a ocho de ellos[248]. Ramírez dijo que en marzo de 1999, fue amenazado por paramilitares que le advirtieron que no reclamara la restitución de El Toco, a causa de lo cual se fue del departamento de Cesar[249]. El 7 de agosto de 2000, otros tres miembros de la comunidad de El Toco fueron asesinados por paramilitares, según se indica en una denuncia penal presentada por Ramírez[250].

Aproximadamente entre 1998 y 2006, el líder paramilitar Hugues Manuel Rodríguez Fuentes compró tierras en El Toco, y desarrolló actividades ganaderas en el predio, según señalaron varias fuentes creíbles [251] . El principal semanario de Colombia, la revista Semana, describió en los siguientes términos la estrecha relación de Rodríguez con el Bloque Norte de las AUC y sectores poderosos de la región:

Amparado por la fachada de ser uno de los ganaderos más prósperos de Valledupar, Hugues Rodríguez se movía como pez en el agua en el cerrado círculo social de la capital de Cesar.... Rodríguez también se transformó en testaferro, y en hombre fuerte para lavar parte de los millonarios ingresos producto del narcotráfico que recibían el Bloque Norte y [el jefe de las AUC] ‘Jorge 40’[252].

Hasta el momento no hay condenados por los incidentes de desplazamiento forzado contra la comunidad El Toco[253].

Ramírez informó haber recibido múltiples amenazas telefónicas y por correo electrónico durante 2010 y 2011 en represalia por intentar recuperar El Toco a través de distintos mecanismos judiciales y administrativos; sin embargo, las amenazas en su contra se intensificaron desde que él y otros miembros de la comunidad presentaron solicitudes ante la Unidad de Restitución a fines de 2011[254].

El 13 de junio de 2012, dos hombres que ocupaban El Toco amenazaron a Ramírez mientras este acompañaba a representantes de la Unidad de Restitución para notificar a los ocupantes de la propiedad que esta era objeto de una solicitud de restitución, según indicaron Ramírez y funcionarios locales entrevistados por Human Rights Watch[255]. Uno de los hombres le advirtió gritando a Ramírez que lo mataría por ser el líder de la comunidad. Luego, según una denuncia presentada por Ramírez, fue rodeado por siete personas que lo insultaron y le dijeron “Viste por ser el dueño del Toco lo que te va a tocar”[256]. Un funcionario del programa de protección del gobierno que conocía el caso de Ramírez dijo que la amenaza proferida por los ocupantes era “directa, seria y muy preocupante.... [H]ay un paramilitar ... que todavía tiene interés en la tierra de [Ramírez]”[257]. El paramilitar al cual se refería el funcionario era Hugues Rodríguez, quien fue condenado por promover a grupos paramilitares, pero continúa prófugo[258].

Hay indicios de que algunas de las personas que ocupaban El Toco mientras avanzaba la causa impulsada por la Unidad de Restitución tuvieron en algún momento vínculos con paramilitares, conforme indicaron diversas autoridades[259]. A manera de ejemplo, el ex chofer de Hugues Rodríguez tenía una parcela en El Toco en 2012[260].

Ramírez fue amenazado nuevamente el 29 de enero de 2013, apenas una semana antes de que la justicia dictara la primera sentencia de restitución vinculada con El Toco. Ese día, a las 7:15 a.m., dos hombres no identificados que circulaban en una motocicleta se presentaron en la vivienda de Ramírez en el municipio de Codazzi y le preguntaron si él era el Ramírez de El Toco[261]. Ramírez contó a Human Rights Watch que cuando respondió que no, los dos hombres hicieron una llamada telefónica y luego le dijeron: “Usted hizo quitar El Toco, y no lo va a gozar”. A continuación, los hombres se retiraron[262].

Ramírez dijo a Human Rights Watch que había perdido peso debido a la preocupación provocada por las constantes amenazas, y que mientras estuvo en Codazzi, no durmió en su propia casa por temor a ser atacado durante la noche[263]. Indicó que, debido a las amenazas, algunos miembros de su comunidad tampoco deseaban retornar a El Toco. Ramírez no estaba seguro de si estaría dispuesto a regresar a vivir en El Toco, dado que temía por su vida. “Ya hay 10 muertos”, dijo en referencia a miembros de la comunidad que habían sido asesinados por paramilitares durante el transcurso de su desplazamiento. “No veo que hay garantías [para mi seguridad]. Yo ahorita no quiero [retornar].... Estoy muy triste”[264].

Debido a reiteradas amenazas, y a la respuesta inadecuada ofrecida por las autoridades, Ramírez abandonó el departamento de Cesar en febrero de 2013 (ver más información sobre esta respuesta inadecuada en la sección “Negativa a recibir denuncias penales”)[265]. Regresó posteriormente en marzo, luego de que la UNP le asignara un escolta, pero los actos de intimidación continuaron. El 26 de abril de 2013, aproximadamente a las 8:30 p.m., poco después de que el escolta se retirara, dos hombres desconocidos que circulaban en motocicleta se detuvieron afuera de la vivienda de Ramírez, según contó este a la Defensoría del Pueblo[266]. Uno de los hombres bajó de la motocicleta y se acercó a la vivienda de Ramírez con un arma en la mano. Los familiares de Ramírez le gritaron que se ocultara y el hombre armado, presuntamente debido a los gritos, retrocedió rápidamente hasta la motocicleta y se fue del lugar[267]. La Defensoría del Pueblo informó que el incidente indicaba que “el cerco de amenazas y hostigamientos en contra [de Ramírez] se está cerrando más”[268].

La Mesa de Víctimas en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar

El municipio de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, ha registrado uno de los mayores niveles de desplazamiento forzado y abandono de tierras del país, y constituye una zona prioritaria para el programa de restitución de tierras del gobierno. Los desplazados de esa zona huyeron de la violencia de las guerrillas y la brutal campaña de contrainsurgencia desplegada por las AUC que provocó, entre otros sucesos, la masacre de El Salado en 2000, durante la cual residentes fueron asesinados, violados sexualmente y torturados a lo largo de cuatro días por paramilitares, con un saldo de aproximadamente 60 muertos[269].

Según un estudio llevado a cabo con apoyo del gobierno, los desplazados abandonaron más de 81.000 hectáreas de tierra en Carmen de Bolívar, correspondientes a cerca del 90 por ciento del total de su territorio, lo cual representa la más alta proporción de tierras abandonadas en cualquier municipio del país [270] . Posteriormente, grandes parcelas de tierras fueron compradas por empresas privadas.

Human Rights Watch documentó amenazas constantes contra los siete líderes de la Mesa de Víctimas del municipio de Carmen de Bolívar, un comité creado en abril de 2012 en el marco de la Ley de Víctimas para garantizar la participación de víctimas en su implementación [271] . Los líderes de la Mesa de Víctimas han acompañado a desplazados de Carmen de Bolívar en la presentación de solicitudes ante la Unidad de Restitución y en el retorno a sus fincas.

En mayo de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo donde advertía sobre la alta probabilidad de que quienes reclamaban tierras en Carmen de Bolívar sufrieran abusos, y recomendaba a las autoridades adoptar medidas para prevenirlos [272] . Sin embargo, al igual que en el caso El Toco, las amenazas se intensificaron significativamente el 2 de octubre de 2012, el día después que la Unidad de Restitución notificara a los ocupantes de una zona rural que había comenzado a estudiar solicitudes de restitución relativas a parcelas en esa zona. El orden secuencial del informe del Sistema de Alertas Tempranas, la notificación de la Unidad de Restitución y el aumento vertiginoso de las amenazas sugiere que existe una relación directa entre las amenazas y la participación de las víctimas en el proceso de restitución de tierras, así como la falta de medidas por parte de las autoridades que respondieran adecuadamente al riesgo inminente de abusos.

Algunas de las amenazas contra la Mesa de Víctimas fueron emitidas mediante mensajes de texto y firmadas por el autodenominado “Ejército Anti-Restitución”. Las evidencias sugieren que otras amenazas habrían provenido de quienes se atribuían la titularidad de las tierras, o personas que presuntamente actuaban en nombre de estas, como José Méndez, quien según diversas fuentes sería miembro de una familia que ha estado tradicionalmente vinculada al paramilitarismo en la región[273]. Diversos funcionarios públicos, líderes de restitución de tierras y personas que interpusieron denuncias penales señalan que Méndez habría realizado actos intimidatorios contra desplazados que eran parte en distintas disputas por tierras en Carmen de Bolívar. “En todos los casos de amenazas aparece José Méndez”, dijo a Human Rights Watch un funcionario que trabaja en el tema de restitución de tierras en la región[274].

Varias de las amenazas advertían a líderes de la Mesa de Víctimas que se fueran de Carmen de Bolívar. Para fines de 2012, las amenazas habían provocado que seis de los siete líderes de la Mesa de Víctimas se fueran del pueblo para preservar su seguridad, y consiguieron así, al menos momentáneamente, desarticular su liderazgo en la zona. “Partieron [la Mesa de Víctimas]”, dijo Gustavo Arrieta en referencia a las amenazas y el desplazamiento que habían sufrido otros líderes de la Mesa de Víctimas e incluso él mismo. “Estamos para un lado y otro tratando de autoprotegernos”[275].

Amenazas antes de la notificación sobre el proceso de restitución en Caño Negro

Varios líderes de la Mesa de Víctimas y otros reclamantes de Carmen de Bolívar informaron haber sido amenazados en relación con disputas por tierras, antes de que la Unidad de Restitución anunciara la existencia de solicitudes de restitución en la vereda de Caño Negro, que pertenece a dicho municipio.

En 2008, Gustavo Arrieta lideró el retorno de su comunidad a una finca en Carmen de Bolívar llamada Verdún, de la cual habían sido desplazados por paramilitares en 2000. Al retornar, la comunidad descubrió que la finca había sido ocupada por un ganadero, y que su escuela rural, puesto de salud, letrinas y 14 viviendas habían sido demolidas con un bulldozer, según consta en un documento que Arrieta presentó a las autoridades en marzo de 2011[276]. Arrieta dijo a Human Rights Watch que, en diciembre de 2008, el administrador de la finca del ganadero amenazó a los miembros de la comunidad y los presionó para que se fueran de la finca. Arrieta afirmó que el ganadero también lo amenazó a él en junio de 2011[277].

Además de liderar el retorno de otros miembros de su comunidad a Verdún, Arrieta también ayudó a otras comunidades desplazadas en Carmen de Bolívar, incluidas familias que habían sido expulsadas por paramilitares de la finca El Palmito en 2000. Aproximadamente 40 familias regresaron a El Palmito entre 2003 y 2006. En 2009, un empresario y otro hombre cuestionaron el derecho de la comunidad a la tierra, y afirmaron ser los nuevos propietarios, según datos extraídos de un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas y de entrevistas con miembros de la comunidad[278].

Varios miembros de la comunidad presentaron una denuncia en la Fiscalía y ante otras autoridades, en la cual aseveraban que el empresario había amenazado a trabajadores agrícolas de El Palmito en agosto de 2011 y había presionado a una familia de la zona para que abandonara sus tierras[279]. La Fiscalía informó haber iniciado tres investigaciones contra el empresario sobre presuntas amenazas, dos de las cuales han sido archivadas[280].

Las amenazas siguieron. El 6 de febrero de 2012, cinco personas se presentaron en la finca El Palmito y dijeron a los miembros de la comunidad que tenían tres meses para irse del predio[281]. Entre estas personas se encontraba un abogado que afirmaba representar al propietario de las tierras, el administrador de una finca vecina llamada El Respaldo y José Méndez, quien según varias fuentes creíbles habría intimidado reiteradamente a desplazados involucrados en distintas disputas por tierras en Carmen de Bolívar.Al día siguiente, dos hombres —uno de ellos armado— se habrían presentado en la finca y preguntado a los miembros de la comunidad quiénes eran sus líderes, quiénes dormían de noche en la comunidad y dónde se alojaban[282]. Los dos hombres se trasladaban en la misma motocicleta que Méndez había conducido el día anterior, conforme se indica en una denuncia penal que presentaron miembros de la comunidad[283].

El 8 de febrero, el administrador de la finca vecina El Respaldo, que había visitado El Palmito dos días antes, dijo a un residente de El Palmito que si él era líder entonces debía atenerse a las consecuencias, “porque problemas era lo que iban a tener ahora”[284]. El informe de riesgo indica que ante los eventos del 6 y 8 de febrero, la comunidad se sintió amenazada y “en riesgo de desplazamiento”[285].

Arrieta dijo que el 17 de abril, tres días después de que se creara formalmente la Mesa de Víctimas, Méndez lo llamó a su teléfono celular y luego puso al habla al abogado que supuestamente había visitado El Palmito el 6 de febrero. El abogado dijo que sabía que Arrieta estaba asesorando a familias de El Palmito, que no quería más sangre y le pedía que accediera a reunirse con él, según surge de entrevistas mantenidas con Arrieta y de una denuncia penal presentada por este[286]. Arrieta interpretó la llamada como una amenaza. Más tarde ese día, Méndez abordó a Arrieta en una motocicleta y le dijo que el abogado tenía que hablar con él porque Arrieta estaba asesorando a personas que no querían irse de sus terrenos[287].

Amedrentado tras la llamada telefónica y el encuentro con Méndez, Arrieta dejó de pasar la noche en casa de su familia en Verdún por temor a su seguridad, y se instaló en una iglesia en el casco urbano de Carmen de Bolívar. Dijo a Human Rights Watch que Méndez estuvo siguiendo sus movimientos en Carmen de Bolívar durante un período de dos semanas en mayo de 2012[288].

En esa misma época, Méndez también estuvo involucrado en otra disputa por tierras en Carmen de Bolívar. El 7 de enero de 2012, Méndez y un investigador judicial armado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se presentaron en las tierras donde vivía la familia de Ronald Castilla en Caño Negro y lo intimidaron. Según se indica en una denuncia presentada por Castilla y en el informe del Sistema de Alertas Tempranas, esto habría provocado que este decidiera abandonar la finca [289] . Luego de que Castilla se mudó al casco urbano de Carmen de Bolívar, el 28 de febrero de 2012 un hombre se acercó por detrás a su esposa, Marta Blanco (seudónimo), y apoyó el cañón de un arma en su espalda. Le dijo que la mataría si se daba vuelta, y agregó: “Esta es la última oportunidad para que Ronald le demuestre a su familia cuánto los quiere” [290] . Castilla se convirtió en líder de la Mesa de Víctimas luego de su formación en abril de 2012, y presentó una solicitud para exigir la restitución de la parcela en Caño Negro.

“Informe de Riesgo” del Sistema de Alertas Tempranas

El Informe de Riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas el 15 de mayo de 2012 advertía que existía un alto riesgo, entre otros abusos, de “utilización de métodos o medios para generar terror contra la población civil inserta en procesos de reclamación de tierras despojadas, retorno y defensa del territorio”. Describía que en Carmen de Bolívar, María la Baja y San Juan de Nepomuceno, los habitantes “están expuestos a acciones de violencia debido a la persistencia del conflicto armado y a la permanencia de los grupos armados ilegales como de los intereses políticos y económicos que han provocado el despojo de tierras”[291].

A partir del contenido del informe de riesgo, el 1 de junio de 2012 el Ministro del Interior emitió una alerta temprana que recomendaba a las autoridades nacionales y locales adoptar medidas para prevenir los abusos[292].

Amenazas tras la notificación de solicitudes de restitución en Caño Negro

El 19 de septiembre de 2012, la Unidad de Restitución inició formalmente su evaluación de la solicitud de restitución que el líder de la Mesa de Víctimas Ronald Castilla había presentado con respecto a la parcela en Caño Negro que había tenido que abandonar previamente ese año[293]. El 1 de octubre de 2012, la Unidad de Restitución comenzó a enviar notificaciones sobre parcelas en Caño Negro —incluida la finca reclamada por Castilla— en las cuales anunciaba que dichos predios eran objeto de solicitudes de restitución evaluadas en ese momento por la unidad[294].

Al día siguiente, el 2 de octubre, varios líderes de la Mesa de Víctimas recibieron un mensaje de texto firmado por el autodenominado “Ejército Anti-Restitución” con amenazas contra cinco de los siete líderes de ese comité. El mensaje indicaba: “Primer advertencia: no queremos en el Carmen de Bolívar esos que se hacen llamar defensores de ddhh”. Iba firmado por el “Ejército Anti-Restitución” y decía que Arrieta, Rosa Novoa (seudónimo), Edgardo Flórez, Ángela Higuita (seudónimo) y Carlos Andrés Franco (seudónimo) habían sido plenamente identificados[295].

La líder de la Mesa de Víctimas Ángela Higuita (seudónimo) dijo a Human Rights Watch que luego de recibir la amenaza, ese mismo día huyó de Carmen de Bolívar con sus hijos. En su caso, la amenaza era particularmente atemorizante dado que, en noviembre de 2011, había sido secuestrada e interrogada durante aproximadamente una hora por hombres armados en la ciudad de Cartagena[296].

Las amenazas contra los líderes identificados en el mensaje de texto del 2 de octubre continuaron luego de esa fecha.

El líder de la Mesa de Víctimas Carlos Andrés Franco (seudónimo) dijo a Human Rights Watch que ayuda a comunidades de desplazados de la región de Montes de María a presentar solicitudes ante la Unidad de Restitución y a retornar a sus fincas, y también busca justicia por el asesinato de su hermano a manos de paramilitares en 2001[297]. Contó a Human Rights Watch que, aproximadamente el 7 de octubre de 2012, recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual una persona no identificada le dijo: “Oye ... hijo de puta guerrillero, sigues jodiendo todavía, ¿es que no quieres a tu familia?”. Pocos días después, atemorizado ante las amenazas, Franco huyó a Bogotá con su hija. Dijo que mientras vivieron en Carmen de Bolívar, no podía dormir debido a la preocupación provocada por las amenazas, y que temía por la seguridad de su hija[298].

Edgardo Flórez participa en la Mesa de Víctimas a nivel municipal y departamental, y ha asesorado a desplazados sobre cómo reclamar la restitución de tierras amparándose en la Ley de Víctimas[299]. Dijo a Human Rights Watch que, el 10 de octubre, unos hombres se presentaron en la vivienda de su madre en Carmen de Bolívar y le dijeron que necesitaban a alguien que hiciera los tramites de las víctimas. El 13 de octubre, mientras se encontraba de viaje con su familia por el fin de semana, dos individuos con pasamontañas llegaron a su barrio en Carmen de Bolívar preguntando por él. Los vecinos llamaron a la Policía, que no pudo dar con los hombres, pero esa misma noche algunos hombres volvieron a presentarse en el barrio preguntando por Flórez[300].

Los líderes de la Mesa de Víctimas Rosa Novoa y Enedis Ponce (seudónimos) contaron que, aproximadamente en esa misma época, decidieron no vivir más en Carmen de Bolívar en forma permanente por temor a su seguridad. Novoa y Ponce se iban de Carmen de Bolívar por períodos alternados de una semana por vez, y sacaron a sus hijos de la escuela de ese pueblo provisionalmente[301].

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una organización de base integrada por víctimas que ha apoyado a la Mesa de Víctimas, informó que el 20 de octubre un líder de la Mesa de Víctimas recibió un mensaje de texto que decía “les quedan pocos días, váyanse para donde Cepeda que él no va a venir a sus funerales, y si quieren tierras, trabajen” [302] . “Cepeda” hace referencia al legislador Iván Cepeda Castro, que ha seguido de cerca los procesos de restitución de tierras en Montes de María, y quien también ha sido objeto de otras amenazas de muerte firmadas por el “Ejército Anti-Restitución”.

MOVICE informó que el 26 de octubre,un líder de la Mesa de Víctimas recibió un mensaje de texto donde se mencionaba a Ponce, Franco, Novoa, el tío de Ronald Castilla y a Iván Cepeda, y que decía: “ustedes siguen peliando (sic) tierra y denunciando ojo” [303] . El tío de Castilla, Roberto Casas (seudónimo), acompañaba activamente a la Mesa de Víctimas en sus actividades.

Arrieta dijo que el mismo día de la amenaza se fue de Carmen de Bolívar a la ciudad de Sincelejo, y luego se trasladó a Bogotá[304].

Castilla contó que aproximadamente dos días después, él y su familia huyeron de Carmen de Bolívar luego de recibir en su vivienda una nota que contenía una amenaza de muerte. Dijo a Human Rights Watch que temía por la seguridad de sus hijos, de 11, 7 y 4 años[305]. “Salimos [de Carmen de Bolívar] con la mera ropa que pudimos recoger”, dijo Marta Blanco, la esposa de Castilla, que también había sido amenazada en forma directa. “Te intimidan hasta el punto que tu dejas todo quieto”[306].

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre hubo nuevas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas que permanecieron en Carmen de Bolívar [307] . MOVICE informó que un mensaje de texto enviado el 2 de noviembre contenía una amenaza que decía: “ya bi (sic) que ustedes no quieren salir del Carmen [de Bolívar] solo quedan Ponce Novoa y el tio de [R]onal[d] pero tienen que salir” [308] . Franco dijo a Human Rights Watch que regresó a Carmen de Bolívar aproximadamente el 8 de noviembre, pero que luego de esa fecha siguió recibiendo amenazas telefónicas en las cuales le preguntaban por qué había regresado, y esto hizo que decidiera huir nuevamente [309] . Dijo que recibir las amenazas era “degradante psicológicamente”. Las referencias expresadas en las amenazas acerca de los líderes que se habían ido o regresaban a Carmen de Bolívar sugiere que sus movimientos estaban siendo monitoreados.

El 23 de noviembre, miembros del capítulo de MOVICE en el departamento de Sucre recibieron un mensaje de correo electrónico con una amenaza de muerte firmada por el “Ejército Anti-Restitución”, en la cual se declaraba a Novoa, Arrieta, Castilla y al tío de Castilla, además de varios miembros de MOVICE, el legislador Iván Cepeda y otros defensores de derechos humanos como “objetivos militares”[310]. En la amenaza, se los acusaba de colaborar con la guerrilla, y se señalaba: “nuestro objetivo central es lograr la aniquilación total de todos los que son guerrilleros y tienen afinidades con estas organizaciones terroristas y evitar a toda costa el robo de tierras a personas honradas de estas regiones”[311]. Ponce dijo que luego de la amenaza del 23 de noviembre, no volvió a Carmen de Bolívar durante todo diciembre, salvo unas pocas veces que visitó brevemente dicho pueblo[312].

Algunos líderes de la Mesa de Víctimas han regresado a vivir a Carmen de Bolívar. Pero las amenazas contra ellos persistieron durante 2013, y MOVICE denunció en una declaración pública distintas amenazas recibidas por mensaje de texto el 20 de febrero, así como el 6, 11 y 14 de marzo[313].

La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de desplazados de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 20 días en marzo y abril de 2013, presuntamente a manos de los Urabeños. Si bien el móvil de los crímenes aún no ha sido esclarecido, el prominente rol de líder que desempeñaba Cordero y el momento de la muerte sugieren de manera persuasiva que tuvo relación con su activismo en representación de víctimas, incluidas aquellas que reclaman la restitución de tierras. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el asesinato.

De lo que sí no hay dudas es que los asesinatos atemorizaron a numerosas víctimas y líderes de desplazados en Córdoba. “Las Bacrim dieron el mensaje que ellos sí tienen poder, van a mandar y siguen mandando”, observó un importante líder de víctimas de la región el día después de que Cordero fue asesinado [314] . (Ver más información sobre el impacto del asesinato en la sección “El clima de temor y sus consecuencias”).

Vidal desapareció el 21 de marzo, y fue hallado muerto dos días después en la orilla del río Sinú en Córdoba [315] . Según la Policía de Córdoba, su cuerpo presentaba dos heridas de bala y se encontraba en un estado de descomposición avanzado [316] . La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció el asesinato y señaló al respecto:

El señor Vidal fue desplazado forzosamente de su finca ... hace varios años, y aunque no estaba adelantando un proceso de restitución de tierras formalmente, decidió retornar a su finca. A su regreso, el señor Vidal recibió amenazas de muerte por parte de hombres armados, quienes le dijeron que debía dejar la zona y abstenerse de reclamar su tierra, que ya le pertenecía a otras personas. El señor Vidal es la tercera persona asesinada en su familia por defender sus derechos cómo víctimas[317].

Un funcionario público de Córdoba dijo a Human Rights Watch que el 24 de marzo, el día después de que Vidal fuera hallado muerto, mantuvo una conversación telefónica con Cordero, el presidente de la Mesa de Víctimas de Valencia [318] . El funcionario indicó haber realizado las siguientes anotaciones sobre lo dicho por Cordero durante la conversación, que coinciden con la información difundida por la ONU acerca de la muerte de Vidal, y demuestran que Cordero creía que las actividades de restitución en Valencia implicaban graves riesgos para la seguridad:

Ermes [Vidal] había retornado a unos predios de los que había salido antes.... Cuando tenía cultivos para recoger, recibió orden de salir de ahí porque esas tierras tenían dueño. Uno no sabe, de pronto [a Vidal lo mataron porque] dijo algo que no debía hablar. Aquí en Valencia no hay garantías para los líderes y por eso se solicitó que fueran las autoridades que asumieran la convocatoria y acompañamiento con restitución de tierras[319].

El 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de Colombia, la edición impresa de El Meridiano, el principal periódico de Córdoba, informó también sobre el temor de los desplazados a exigir la restitución de tierras en Valencia. El artículo publicado en El Meridiano hacía alusión al asesinato de Vidal y mencionaba las declaraciones de un líder de desplazados no identificado, según las cuales: “Se dice que al que toca el tema de la tierra lo matan”[320]. El artículo indicaba que “[p]ara este líder, quien pidió reserva de identidad, las víctimas, por temor, no están accediendo al derecho de reclamar las tierras que les quitaron los violentos”[321].

Según funcionarios de la Unidad de Restitución, Cordero personalmente no había presentado una solicitud de restitución, pero había apoyado activamente este proceso en Valencia y era el contacto de la unidad en ese municipio [322] . Entre otras cosas, se ocupó de organizar que las víctimas de Valencia asistieran a una ceremonia de restitución oficiada por el Presidente Santos que se celebró el 10 de abril en la finca Santa Paula en Montería, Córdoba (ver más información sobre el caso Santa Paula en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

Durante la ceremonia, además de hacer entrega de títulos de tierras a desplazados que habían sido expulsados de Santa Paula por Sor Teresa Gómez —una paramilitar desmovilizada a quien las autoridades ahora vinculan con los Urabeños— el gobierno también debía presentar a un juez nuevas solicitudes de restitución vinculadas con tierras en Valencia que habían sido apropiadas por paramilitares [323] . Además del evento de Santa Paula, Cordero también estaba coordinando la participación de víctimas de Valencia en marchas programadas para el 9 de abril en ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

Temprano en la mañana del 9 de abril, mientras Cordero transitaba a pie por el casco urbano de Valencia, fue asesinado a balazos por dos personas no identificadas que circulaban en una motocicleta [324] . La portada de la edición del 10 de abril de El Meridiano decía:

Desafío a Santos: … a 24 horas de que el Jefe de Estado llegara a Córdoba a entregar tierras a desplazados de la violencia, ayer fue asesinado uno de los máximos líderes de las víctimas en el Alto Sinú[325].

Durante el discurso que ofreció más tarde ese día en la ceremonia, el Presidente Santos señaló que el asesinato de Cordero podría haberse producido como resultado de sus actividades de liderazgo e incidencia en materia de restitución de tierras:

¿Cuál fue su pecado? Me dicen que era una persona conciliadora, buena persona, que quería simplemente ayudarles a las víctimas y ayudar en el proceso de restituir las tierras a quienes se les debe restituir, como un gesto elemental de justicia. Ese fue su pecado. Y fue asesinado[326].

La OACNUDH, ACNUR y el PNUD indicaron también en este sentido:

Nos preocupa esta muerte violenta porque es el segundo asesinato en las últimas dos semanas que afecta a líderes de tierras en Valencia. El señor Ever Cordero tenía amplia trayectoria y era reconocido por las instituciones y la sociedad civil por su liderazgo en temas de tierras y de víctimas[327].

Si se toma en cuenta la considerable presencia de los Urabeños en Valencia y que en el pasado han cometido ataques contra líderes de víctimas, es razonable sospechar que en el asesinato de Vidal y Cordero haya tenido participación este grupo sucesor de paramilitares. Un alto funcionario de la Policía Nacional manifestó a Human Rights Watch: “Como esa zona es de los Urabeños, tiene que ser los Urabeños que son los responsables”[328]. En este sentido, un funcionario de Córdoba que trabajaba específicamente en cuestiones de seguridad en la región señaló que el poder de los Urabeños en Valencia y en otras zonas del sur de Córdoba es tan fuerte que este tipo de asesinatos no podría cometerse sin su aval[329]. El funcionario de Córdoba observó que Valencia siempre ha sido un bastión paramilitar, y que los residentes de la zona le habían informado que, allí, las AUC nunca se habían desmovilizado[330]. Diversos líderes de desplazados de Córdoba también describieron la influencia de los Urabeños en Valencia, y cómo esto restringe la labor de activismo de los líderes[331].

A pesar de la atención nacional e internacional que atrajo el asesinato de Cordero, los abusos contra su familia continuaron. Poco después del asesinato, la familia de Cordero recibió información de que los Urabeños iban a matar a uno de sus familiares cercanos que había sobrevivido, y advirtieron que estaban siendo vigilados en la vereda donde vivían, según manifestó un funcionario de Córdoba que conoce el caso[332]. El 4 de julio de 2013, temiendo por su vida, y escoltados por autoridades locales, 34 familiares de Cordero abandonaron Valencia y se trasladaron a una ciudad cercana. De estas personas, 22 eran niños[333].

Hasta julio de 2013, las investigaciones de los asesinatos de Cordero y Vidal se encontraban en la etapa preliminar, lo que implica que no había imputados[334].

Líderes de desplazados que pertenecen a sedes municipales de la Mesa de Víctimas en otras regiones del país también han sido blanco de amenazas y ataques. Miller Angulo, un destacado líder de desplazados internos y miembro de la Mesa de Víctimas de Tumaco, murió tras recibir disparos en la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño, en el sudoeste de Colombia, el 1 de diciembre de 2012. Según una declaración de la OACNUDH y ACNUR, el 10 de octubre de 2010 y el 13 de noviembre de 2012, Angulo había sido amenazado, junto con otras personas y organizaciones, a través de un panfleto y un mensaje de correo electrónico firmados por el autodenominado “Bloque Central de las Águilas Negras”[335]. Hasta abril de 2013, la investigación del asesinato de Angulo se encontraba en la etapa preliminar[336].

Vereda La Mesa en Valledupar, Cesar

Numerosas evidencias sugieren claramente que, desde 2010, el hermano de un ex comandante de las AUC habría amenazado reiteradamente a varios desplazados por reclamar tierras que este había ocupado tras su desplazamiento forzado provocado por paramilitares aproximadamente en el año 2000. Las fincas se encuentran en la vereda La Mesa, departamento de Cesar, donde, el 10 de marzo de 2006, 2.545 presuntos combatientes del Bloque Norte de las AUC participaron en una ceremonia de desmovilización junto con su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40[337]. Human Rights Watch analizó evidencias de peso que demuestran la existencia de fraude masivo en la desmovilización del Bloque Norte pues, entre otras cosas, muchos de quienes participaron no eran realmente paramilitares[338].

Las amenazas contra reclamantes de La Mesa se enmarcan en un patrón más amplio que se extiende a varias regiones, según el cual las redes paramilitares recurrieron a medios violentos para adquirir tierras de desplazados, el proceso de desmovilización no logró desarticular estas redes, y las personas vinculadas con ellas continúan valiéndose de amenazas y violencia para conservar el control de las tierras.

Familia Freite

En septiembre de 2001, soldados al mando del comandante del Bloque Norte David Hernández Rojas, alias 39, ordenaron a Onaldo y Alfonso Freite que abandonaran su finca de 50 hectáreas en La Mesa, según contó la familia [339] . Dos años después, alias 39 obligó a la familia Freite a vender la finca a su hermano Levi Hernández [340] . Alias 39 murió en 2004, y tras la ceremonia de desmovilización de las AUC en el departamento de Cesar, la familia Freite intentó recuperar su finca a través del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz.

El 3 de marzo de 2009, Alfonso Freite recibió una llamada a través de la cual un hombre no identificado le dijo: “deja de estar reclamando, deja de estar jodiendo, no la vas a disfrutar porque te vamos a matar”, según consta en una denuncia penal que presentó ante la policía judicial [341] . El 8 de febrero de 2010, la madre de Hernández presentó ante la Fiscalía un documento certificado por notario público en el cual se comprometía a devolver la finca a la familia Freite y reconocía que su hijo Hernández había conseguido adquirir la finca debido a las amenazas de su hermano, alias 39 [342] .

La familia Freite retornó a la finca a mediados de febrero de 2010 y dejó trabajadores allí. Sin embargo, la familia Freite informó que varios días después, Hernández se presentó en la finca, ordenó a los trabajadores que se marcharan y amenazó de muerte tanto a estos como a la familia. Debido a ello abandonaron la propiedad[343]. Un miembro de la familia Freite que les representa jurídicamente dijo que aproximadamente el 25 de febrero, dos hombres se presentaron en su oficina y le dijeron que habían sido enviados por su jefe, Hernández, para advertirle que matarían a la familia si no renunciaba a los procesos en su contra[344].

La familia Freite denunció a la Fiscalía que, el 26 de junio de 2012, recibieron en el buzón de su vivienda en la ciudad de Valledupar, capital del departamento de Cesar, una amenaza de muerte dirigida a Alfonso y Onaldo Freite, que decía:

Ya la finca noles (sic) pertenece ya pasó a ser propiedad de nuestra institución, se les ordena que dentro de 48 horas abandonen la ciudad ya sabemos todos sus pasos y el de sus hijos ya lo tenemos en la mira, de lo contrario les daremos donde más duele que son sus hijos[345].

La Defensoría del Pueblo alertó a la UNP sobre la amenaza, e indicó que los Freite “recientemente han sido objeto de directas amenazas en su contra, detrás de las cuales se presume podrían estar los testaferros que en la actualidad ocupan el predio” [346] . La Defensoría denunció ante la Fiscalía que el 24 de julio de 2012, apenas dos semanas después de que la familia Freite visitara su finca acompañada por funcionarios de la MAPP-OEA, recibieron otra amenaza de muerte en su buzón que decía:

Grandes hijos de puta, ¿qué se piensan ustedes, por qué (sic) anden con la OEA se van a salvar?[347].

La familia Freite denunció que recibió nuevas amenazas en la primera mitad de 2013. [348]

Familia Rivera

Lina Rivera (seudónimo) y su familia también intentaron recuperar una finca en La Mesa de la cual habían sido desplazadas por alias 39, y recibieron amenazas reiteradas que obligaron a Rivera a abandonar el departamento en octubre de 2012. Al igual que la familia Freite, la familia Rivera contó a Human Rights Watch que Levi Hernández tenía trabajadores que ocupaban su finca en 2012, y que los había amenazado para que renunciaran a sus iniciativas de restitución[349]. La Defensoría del Pueblo denunció ante la Fiscalía que en el caso de los Rivera, “la fuente de las amenazas son coincidentes” con el caso de la familia Freite[350].

Rivera dijo a Human Rights Watch que ella y su esposo fueron desplazados de su finca en 1999 por paramilitares bajo el mando de alias 39[351]. Contó que alias 39 presionó a su esposo para que vendiera la tierra y finalmente en 2002 fue asesinado por paramilitares en Valledupar[352]. Dijo que, seis meses después del asesinato de su esposo, firmó un documento por el cual transfería la titularidad de la finca a paramilitares. La familia Rivera informó que durante los años siguientes, el hijo y el hermano de Rivera fueron asesinados por paramilitares en Valledupar[353]. Rivera finalmente se fue del departamento de Cesar debido a “las constantes presiones e intimidaciones que venía recibiendo por parte de gente estrechamente vinculada a David Hernández Rojas, alias 39”, según información aportada por la Defensoría del Pueblo[354].

Rivera contó que en 2011 había recibido una llamada de Hernández [355] . Rivera devolvió la llamada y, según dijo, Hernández le advirtió que retirara las medidas de protección que se habían dispuesto en sus tierras [356] . La amenazó diciendo: “Mire lo que le pasó a tu hermano, mire lo que pasó a tu hijo”. [357] Rivera denunció la amenaza ante la Fiscalía, pero contó a Human Rights Watch en julio de 2012 que la Fiscalía no la había llamado.

Rivera señaló que, en junio de 2012, interpuso una solicitud para efectos de recuperar su finca ante la Unidad de Restitución, y que aproximadamente a fines de ese mes la madre de Hernández se presentó en su vivienda preguntando por ella[358]. En octubre de 2012, Hernández acudió en varias oportunidades a la vivienda de Rivera preguntando por ella, según surge de información de la Defensoría del Pueblo y de entrevistas con la familia Rivera[359]. Ese mismo mes, Hernández visitó a la hija de Rivera en su lugar de trabajo, la amenazó y la presionó para que firmara documentos en los cuales le transfería la titularidad de la tierra[360]. Debido a las amenazas y los actos de intimidación, Rivera se fue del departamento de Cesar en octubre[361].

La hija de Rivera dijo a Human Rights Watch que el 30 de noviembre de 2012, su hermano recibió una amenaza telefónica anónima en la cual lo presionaron para que firmara los documentos de cesión de su finca. “Vivo aquí con miedo”, expresó la hija de Rivera a Human Rights Watch[362]. Preocupada por su seguridad, en 2013 cambió su lugar de residencia[363].

Según lo informado por la Fiscalía, hasta marzo de 2013 no había ninguna investigación en curso contra Hernández por desplazamiento forzado, amenazas u otros delitos relacionados con el despojo de tierras[364]. En abril de 2013, Hernández murió tras recibir disparos frente a un restaurante en la ciudad de Valledupar[365].

Asesinato de reclamante de tierras en Montería, Córdoba

Existen razones de peso para creer que el asesinato de Leoncio Mendoza Mejía, ocurrido en noviembre de 2011, estuvo directamente vinculado con su solicitud de restitución de tres fincas que habían sido despojadas por paramilitares en los municipios de San Pedro de Urabá y Arboletes, en Antioquia. Un funcionario que trabaja en restitución de tierras dijo a Human Rights Watch en julio de 2012 que la restitución estaba “vetada” en la zona donde se encuentran las tres fincas, debido a la fuerte presencia de grupos sucesores de los paramilitares[366].

De cientos de solicitudes de restitución presentadas en relación con más de 20.000 hectáreas de tierras en San Pedro de Urabá y Arboletes, hasta marzo de 2013 la Unidad de Restitución no había iniciado el examen de ninguno de estos reclamos[367].

A comienzos de la década de 1990, Mendoza y su familia fueron expulsados por paramilitares de tres fincas en San Pedro de Urabá y Arboletes [368] . Tras varios años en los cuales se trasladaron de una ciudad a otra, Mendoza finalmente cedió ante las presiones para vender sus tierras a un tercero que actuaba en representación de paramilitares [369] . Dos familiares de Mendoza dijeron que las tierras fueron apropiadas por el ex líder de las AUC conocido como alias Monoleche y su testaferro [370] . (Ver más información sobre Monoleche en la sección caso “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

La zona donde se encuentran las fincas se convirtió en un bastión de las AUC. Por ejemplo, una de las finca está ubicada en El Tomate, en San Pedro de Urabá, cerca del predio “35”, que según confesaron ex comandantes de las AUC fue utilizado como lugar de entrenamiento paramilitar [371] . En 2009, investigadores judiciales exhumaron de fosas clandestinas en la finca “35” los cuerpos descuartizados de 17 campesinos que, según la Fiscalía, fueron asesinados a fines de la década de 1990 por fuerzas presuntamente bajo el mando de Monoleche [372] .

Tras el proceso de desmovilización paramilitar, Mendoza presentó solicitudes de restitución respecto de sus tres fincas amparándose en la Ley de Justicia y Paz de 2005, y junto a otras personas fundó ACDUDA, una asociación de desplazados del norte de Urabá [373] . Del 26 al 30 de abril de 2010, investigadores de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz llevaron a cabo una inspección de varias fincas alcanzadas por solicitudes de miembros de ACDUDA. Los investigadores informaron que, en una de las fincas ubicada en Arboletes, los actuales habitantes habían sido reubicados allí por las AUC y demostraban “temor constante por la presencia, control territorial y poblacional de Bandas Emergentes” [374] (Bandas emergentes es un término que utiliza el gobierno para referirse a grupos sucesores de paramilitares).

El 29 de abril de 2010, uno de los hijos de Mendoza huyó de la vereda donde estaba viviendo en San Pedro de Urabá, según consta en una denuncia penal presentada por su familia[375]. El hijo de Mendoza había recibido información de que las Águilas Negras habían participado en una reunión en la cual se anunció que sería asesinado por haber llevado al lugar investigadores de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. La denuncia penal también indicaba que poco después de la visita de los investigadores, otro reclamante de tierras de la zona recibió una amenaza[376].

En noviembre de 2010, un programa de protección del ámbito de la Fiscalía evaluó el nivel de riesgo al cual estaba expuesto el hijo de Mendoza y determinó que “sí son inminentes las amenazas provenientes como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por sus tierras lo cual continuará hasta tanto no se le restituyan o se le resuelva tal situación, por consiguiente esta situación fáctica le genera un riesgo Extraordinario, circunstancias que se evidencian con el hostigamiento y las amenazas directas que recibe por parte de quienes a la fecha tiene[n] en posesión las mismas”[377].

Dos de los hijos de Mendoza dijeron a Human Rights Watch que en mayo de 2011, un hombre se presentó en la vivienda de Mendoza en Montería y le propuso —supuestamente en nombre de Monoleche— devolverle dos de sus fincas a cambio de mantener la tercera [378] . Mendoza rechazó la oferta. Uno de los hijos de Mendoza dijo que alrededor de julio de 2011, recibió una llamada del mismo hombre, quien también le propuso un trato por las fincas en nombre de Monoleche [379] .

El 26 de noviembre de 2011, un hombre asesinó con un arma de fuego a Mendoza frente a su vivienda en Montería [380] . El homicidio atemorizó a otros miembros de ACDUDA que también reclamaban tierras en la misma región de Urabá [381] . Por ejemplo, el miembro de ACDUDA Víctor Ortiz (seudónimo), quien también procuraba recuperar tierras en El Tomate que, según dijo, habían sido ocupadas por un testaferro paramilitar, contó a Human Rights Watch que tras el asesinato no se atrevió a salir de su casa por tres semanas [382] . En la década de 1990, el padre y varios hermanos de Ortiz habían sido asesinados por paramilitares.

El director nacional de la Superintendencia de Notariado y Registro —que ha realizado una investigación exhaustiva de tierras despojadas en Urabá— señaló en una entrevista concedida a los medios de comunicación que los responsables de la muerte de Mendoza eran “sin lugar a dudas ... paramilitares de la zona de Urabá”[383]. Luego del asesinato, el mismo hombre que se había puesto en contacto con Mendoza continuó contactando a sus familiares para informarles que Monoleche quería llegar a un acuerdo por sus tierras, según contaron dos de sus hijos[384].

Los hijos de Mendoza informaron que no hubo condenados por el desplazamiento de su familia ni por el despojo de sus tierras, las cuales actualmente están siendo usadas por terceros para actividades ganaderas[385].

Hasta julio de 2013, la investigación del asesinato de Mendoza se encontraba en la etapa preliminar[386]. Miembros de ACDUDA denunciaron que los actos de hostigamiento e intimidación persistieron durante 2013. En febrero, un hombre no identificado se acercó a un familiar de Víctor Ortiz para que este, a su vez, le comunicara a Ortiz que tenía 48 horas para abandonar la ciudad donde vivía[387].

Departamento de Tolima

Diversos líderes de población desplazada que promueven el retorno de sus comunidades a los municipios de Ataco, Rioblanco y Planadas en el sur del departamento de Tolima denunciaron que eran objeto de amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC, grupo guerrillero que tuvo su origen en esta región y mantienen allí una presencia considerable. Los líderes viven principalmente en la capital de Tolima, Ibagué, y actualmente algunos de ellos están ayudando a desplazados a presentar solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas.

Según denunciaron, habían recibido reiteradas amenazas telefónicas. Asimismo, manifestaron estos líderes, residentes locales que permanecían en las zonas rurales del sur de Tolima han informado que durante reuniones obligatorias convocadas por las FARC, miembros de esa guerrilla anunciaron que se oponían al retorno de los desplazados, y declararon que sus líderes eran “objetivos militares”. En un informe de riesgo sobre el sur de Tolima emitido en septiembre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas advirtió sobre estas amenazas y explicó que las mismas han frustrado el retorno de desplazados internos[388].

Antecedentes

La persecución de líderes por las FARC se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando estos líderes comenzaron a impulsar el retorno de sus comunidades a las tierras de las cuales habían sido expulsadas. Según líderes de desplazados que fueron entrevistados por Human Rights Watch, entre los crímenes cometidos por las FARC se incluyen los asesinatos de los líderes Héctor Julio Aponte (27 de febrero de 2003), Ovidio Maldonado (19 de octubre de 2004) y Ever Valderrama (20 de febrero de 2007)[389]. Un auto dictado por la Corte Constitucional en 2007 confirmó los asesinatos de estos y otros líderes de Tolima, y determinó que la situación de los líderes en el departamento “es grave y amerita la mayor consternación por parte de la Corte Constitucional”[390]. El auto de la Corte señaló que desde 2001 se habían producido al menos seis asesinatos de líderes de desplazados de Tolima, y que estos habían estado precedidos por amenazas de grupos armados ilegales contra las víctimas y sus familiares[391]. La Corte se refirió, entre otros hechos, a una denuncia penal que indicaba que las FARC habían amenazado a Valderrama antes de su asesinato[392].

Estos asesinatos ocurridos durante la última década hacen que las actuales amenazas de las FARC resulten aún más creíbles y amedrentadoras para quienes promueven el retorno de desplazados al sur de Tolima. “Es muy preocupante la situación ... no queremos que pase lo que pasó en los años 2003 y 2007, la matazón que hicieron de compañeros”, manifestó la líder de restitución Valery Cardona (seudónimo) en una denuncia penal que presentó por amenazas de las FARC en diciembre de 2012[393].

Hay evidencias de que las amenazas y los ataques de las FARC contra líderes de desplazados han sido motivados por su deseo de preservar el control de zonas en el sur de Tolima, un bastión histórico de las guerrillas. Varios líderes de Tolima que fueron amenazados sostuvieron, con base en declaraciones expresamente efectuadas por miembros de las FARC así como información proporcionada por residentes que viven en zonas bajo la influencia de estas guerrillas, que las FARC se muestran hostiles frente a sus esfuerzos de recuperación de tierras en vista de que la fuerza pública y las instituciones estatales acompañarían el retorno, lo cual implicaría un desafío directo a la autoridad de las FARC. Del mismo modo, las FARC han señalado a líderes de restitución como paramilitares o colaboradores del Ejército. Conforme se indica en una denuncia penal por amenazas presentada por el líder de desplazados Pedro Gallón (seudónimo) en julio de 2012:

Venimos desde hace 7 años liderando este proceso, sin conseguir nada más que amenazas contundentes de este grupo armado ilegal Frente 21 de las FARC donde se empeñan siempre e insisten que quienes estamos por fuera se nos tiene prohibido volver; con tildarnos de paramilitares o auxiliadores del ejército[394].

El Informe de Riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas en septiembre de 2012 aludió al interés de las FARC por mantener el control en el sur de Tolima, así como a los abusos cometidos por estas fuerzas contra la población civil de la región:

Las FARC ... en los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral y Ataco, ejecutan acciones armadas para mantener intereses estratégicos en esta región y no perder la influencia política y social de las zonas donde se gestó el movimiento guerrillero ... con frecuencia las familias son presionadas para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresen a las filas de las FARC.... La siembra indiscriminada de mina antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados ... restringe la movilidad de los pobladores de la zona rural y causa la muerte y heridas a no combatientes.... La guerrilla ha perpetrado actos de violencia en la región como una forma de aterrorizar e intimidar a la población civil, con el fin de impedir que las personas brinden apoyo y colaboración al Ejército Nacional y a los programas del Gobierno Nacional y Departamental[395].

Santiago Pérez

Rafael Bernal y su hijo Germán Bernal denunciaron ser objeto de constantes amenazas por parte del Frente 21 de las FARC debido a que impulsaban el retorno de desplazados a Santiago Pérez, un corregimiento del municipio de Ataco, Tolima [396] . Ambos son líderes de asociaciones de desplazados y han promovido el retorno de sus comunidades desde que fueron desplazadas en 2000.

El 17 de febrero de 2010, Germán denunció ante la Fiscalía que la columna Héroes de Marquetalia de las FARC había amenazado a su familia y declarado como “objetivo militar” a todos los desplazados que intentaran regresar a Santiago Pérez:

[Comandantes] de esta columna guerrillera han venido reuniendo obligatoriamente durante estos últimos tres meses a los campesinos de las veredas ... de este municipio, para poner a la gente en contra del retorno de las familias desplazadas y que rechacen el puesto de policía del corregimiento Santiago Pérez, declarando objetivo militar al primer desplazado que retorne[. L]o más preocupante es que en esas reuniones estos comandantes han manifestado que a la familia Bernal, representantes y organizadores del retorno, nos van a mandar a matar para callarnos[397].

De manera similar, en octubre de 2011, un hombre de la región declaró a la policía judicial que, según le habían informado residentes de Santiago Pérez, dos miembros de las FARC habían dicho que Germán y Rafael tenían que ser asesinados. Los miembros de la guerrilla dijeron que ambos líderes eran “sapos” y estaban “jodiendo” al promover la presencia de policías en el área y el retorno de desplazados[398].

Germán y Rafael afirman que desde la sanción de la Ley de Víctimas, han presentado solicitudes ante la Unidad de Restitución en relación con cuatro parcelas en Santiago Pérez, y han ayudado a numerosas familias del lugar a reclamar sus tierras mediante el procedimiento de esta ley [399] . En junio de 2012, Germán denunció a la Fiscalía que las amenazas que recibía de las FARC se habían intensificado cuando comenzó a reclamar la restitución de tierras a través de esta ley:

Ahora que entró en vigencia la ley 1448, ley de víctimas, he querido luchar para que se agilice la restitución de tierras en el corregimiento de Santiago Pérez de Ataco.... Hemos tenido dos reuniones con estas instituciones gubernamentales y con la población desplazada del casco urbano para tratar el tema de restitución como también hemos reclamando las garantías de seguridad para poder nosotros retornar. Al hacer pública estas reuniones campesinos ... de Santiago Pérez desde finales del mes de mayo me han informado que tenga mucho cuidado porque la guerrilla ... h[a] estado haciendo reuniones en el sector amenazando a los campesinos haciéndoles unas advertencias ... en estas reuniones han preguntado con nombre propio por nosotros los líderes que estamos trabajando por la restitución de tierras en este sector y han dicho públicamente que nosotros hemos sido declarados objetivo militar y que es cuestión de tiempo para dar con el paradero de nosotros[400].

Germán dijo que las amenazas persistieron hasta comienzos de 2013, incluso mediante una llamada telefónica anónima que recibió el 30 de enero de 2013 [401] . En febrero, él y Rafael denunciaron ante la Unidad de Restitución que temían por sus vidas debido a las reiteradas amenazas de muerte de las FARC:

Desde el día, que salimos desplazados, hemos sido víctimas de esta columna guerrillera de violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado, despojo de nuestros bienes, persecución, asesinato de dos familiares y de 3 amigos que han querido acompañarnos a liderar el retorno de familias desplazadas a este sector del sur del Tolima. Teniendo en cuenta estos antecedentes, tememos por nuestras vidas[402].

Valery Cardona (seudónimo) también contó a Human Rights Watch que está reclamando una finca en Santiago Pérez que tuvo que abandonar en 2000, y que además ayuda a otros desplazados de la zona con sus respectivas solicitudes de restitución. Al igual que Germán y Rafael, indicó que las FARC asesinaron a varios de sus familiares en la misma época de su desplazamiento, y que recientemente ha sido objeto de reiteradas amenazas por parte de las FARC debido a su liderazgo[403].

Según una denuncia penal presentada por Cardona, el día después de su participación en una reunión con la Unidad de Víctimas en Ibagué, a mediados de septiembre de 2012, recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual le dijeron: “qué bueno que volvió aparecer para afin (sic) rellenarle esa cabeza de plomo como lo ismo (sic) con su hermano y sus otros familiares y compañeros”[404]. Cardona contó que a comienzos de octubre de 2012, dos hombres se presentaron en la vivienda de su hija, preguntaron por ella y amenazaron a sus hijos cuando la hija respondió que no sabía dónde estaba su madre[405]. Las amenazas telefónicas continuaron durante noviembre y diciembre de 2012, según fue consignado en una denuncia penal presentada por Cardona en la cual consta que en una de las llamadas anónimas se había hecho referencia a su trabajo a favor del retorno de desplazados a Santiago Pérez[406].

Cardona dijo a Human Rights Watch:

Hemos perdido nuestra familia, hemos perdido nuestra tierra, quedamos en cero…. Mis hijos me ruegan que abandone mi liderazgo porque han visto cómo mataron a compañeros líderes y familia[407].

Puerto Saldaña

Al igual que los líderes que promueven el retorno de desplazados a Santiago Pérez, Ataco, diversos líderes que han abogado por el retorno de las víctimas a Puerto Saldaña, Rioblanco también afirmaron haber recibido reiteradas amenazas por parte de las FARC. El Sistema de Alertas Tempranas ha señalado con respecto a Puerto Saldaña:

Se mantiene la estigmatización y amenaza sobre personas que salieron desplazadas del corregimiento ... líderes han sido objeto de amenaza por parte del Frente 21de las FARC, siendo coaccionados de forma violenta para que estas iniciativas no avancen[408].

Por ejemplo, Emilia Rojas (seudónimo)lidera una asociación de desplazados e indicó que colabora con familias que presentan solicitudes de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución[409]. Tras ser desplazada de Puerto Saldaña en 2000, en los últimos años ha reclamado a las autoridades que se instale allí un puesto de Policía, a fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de los desplazados. Rojas denunció que en noviembre de 2012 recibió una amenaza telefónica de un hombre que manifestó estar vinculado con las FARC[410].

Según la declaración que ofreció a la Policía, la persona que la llamó le dijo:

Gran hijueputa, siga trabajando por los derechos de la población desplazada, todo lo que tienen que ver por restitución de tierras y siga metiendo la cabeza donde no debe, para traer el puesto de policía, ya la tenemos ubicada a usted y su familia la vamos a matar, siga trabajando con esos paramilitares[411].

En una denuncia penal presentada en marzo de 2013, Rojas afirmó que creía estar siendo objeto de persecución por el Frente 21de las FARC a consecuencia de su trabajo para la restitución de tierras en Puerto Saldaña[412]. Dijo a Human Rights Watch que, debido a las amenazas, dejó de asistir a reuniones públicas[413].

Hay evidencias que sugieren que Álvaro Buendía (seudónimo) y Félix Cruz (seudónimo), dos líderes de una asociación de desplazados de Puerto Saldaña, también fueron amenazados por las FARC debido a que apoyaban el retorno de familias de desplazados a Puerto Saldaña.

Cruz indicó que tuvo que abandonar varias fincas en las proximidades de Puerto Saldaña cuando fue desplazado en 2000[414]. En 2012, un amigo de Cruz visitó una de las fincas abandonadas para ver si podía venderla en nombre de Cruz. Según Cruz, un miembro de las FARC le prohibió a su amigo que intentara venderla y le dijo que era la guerrilla la que decidía quiénes podían vivir y trabajar en el lugar. Este miembro de las FARC también dijo que su comandante había prohibido que se vendieran fincas de paramilitares, y sugirió de este modo que Cruz era paramilitar[415]. La información proporcionada a Human Rights Watch por la Defensoría del Pueblo corrobora el relato de Cruz[416].

Al igual que en el caso de Cruz, Buendía denunció tener conocimiento de que en reuniones mantenidas en Puerto Saldaña las FARC habían anunciado que se opondrían al retorno de desplazados internos al lugar[417]. Asimismo, Buendía contó a Human Rights Watch que en diciembre de 2012, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como comandante de la guerrilla, lo acusó de ser un “sapo” del gobierno y le advertía que lo declaraba un “objetivo militar”. “No salgo de Ibagué”, dijo Buendía refiriéndose a la ciudad donde vive ahora. “Estoy como secuestrado”[418].

Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó

Hasta julio de 2013, solamente una familia había regresado a vivir a sus tierras como resultado de sentencias de restitución dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados (si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas) [419] . Sin embargo, los asesinatos selectivos y otros incidentes de abusos contra desplazados que en los últimos años han regresado a sus hogares por medio de distintos procesos de restitución ponen en evidencia el grave riesgo que enfrentan los reclamantes a medida que avanza la implementación de la Ley de Víctimas.

Un claro ejemplo es el caso de los miembros afrocolombianos y mestizos de la comunidad de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, quienes han sufrido abusos a pesar de que son considerados por el gobierno como un caso prioritario de restitución de tierras, y de haber sido beneficiados con diversos pronunciamientos y sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan su protección[420]. En un auto de 2012, la Corte Constitucional determinó que el proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó representa un “caso emblemático que pone en evidencia los retos que enfrentará el gobierno nacional” para asegurar la restitución efectiva a las comunidades afrocolombianas[421]. La Corte advirtió sobre “las amenazas reiteradas contra miembros de las comunidades, la persistente presencia de actores armados dedicados a actividades delictivas y los altos grados de impunidad de hechos ilícitos que se han dado” en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó[422].

Human Rights Watch documentó reiterados abusos —que incluyen asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte constantes— contra reclamantes y líderes que procuran recuperar más de 100.000 hectáreas de tierras de propiedad colectiva en la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en Chocó. Al igual que en el caso de Tierra y Vida, varios asesinatos de líderes de la comunidad han conseguido ampliar el efecto amedrentador de las continuas amenazas de muerte [423] , que con frecuencia provocan que reclamantes y líderes abandonen la región.

Según señalan documentos de la Defensoría del Pueblo, diversos funcionarios locales, autoridades nacionales y víctimas, frecuentemente los responsables de los abusos son grupos sucesores de paramilitares que en ocasiones actúan en representación de ganaderos y empresarios que ocupan las tierras de las comunidades[424]. Por ejemplo, un informe de 2012 de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación señaló que los grupos sucesores de paramilitares eran los principales responsables de los actos de violencia y las amenazas contra miembros de la comunidad involucrados en solicitudes de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó[425].

La Defensoría del Pueblo indicó que en la región los Urabeños habían mantenido su presencia en las comunidades vestidos de civiles, llevando radios de comunicación y armas cortas y largas, ejerciendo control sobre la navegabilidad por el río y el tránsito de personas y profiriendo amenazas contra quienes participan en el proceso de restitución[426]. El accionar de esta organización se ha dado con cierta frecuencia “en apoyo a las presiones ejercidas por algunos individuos que a través de diferentes resoluciones y sentencias, han sido definidos como terceros ocupantes de mala fe” de las tierras de las comunidades, según el informe de la Defensoría del Pueblo[427]. En palabras de un alto funcionario del INCODER, el organismo de desarrollo rural del gobierno, los terceros “de mala fe” tienen el “apoyo de los paras”[428].

El INCODER define a los “poseedores de mala fe” de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó como personas o entidades que no pertenecen a las comunidades, pero han ocupado irregularmente sus tierras después de que fueran adjudicadas en propiedad colectiva en noviembre de 2000[429].

Antecedentes

En 1997, paramilitares que actuaban en colaboración con miembros de la Brigada 17 del Ejército “sistemáticamente ejecutaron actos hostiles contra las comunidades afrodescendientes pobladoras” en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, lo cual provocó su desplazamiento forzado, según se observa en una investigación de la Fiscalía[430]. Después de que miembros de la comunidad abandonaron la región, empresas productoras de palma africana que actuaban en connivencia con paramilitares[431] y ganaderos instalaron plantaciones de palma y haciendas ganaderas en aproximadamente 35.000 hectáreas de tierras, según datos del INCODER[432].

En noviembre de 2000, el gobierno adjudicó alrededor de 100.000 hectáreas de tierras a comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó bajo títulos colectivos. A mediados de la década de 2000, miembros de comunidades desplazadas comenzaron a regresar a Curvaradó y Jiguamiandó, y con el apoyo de varias ONG colombianas, formaron pequeñas “zonas humanitarias” donde vivían entre plantaciones de palma africana[433]. En octubre de 2009, un tribunal de Chocó ordenó la restitución de tierras a las comunidades y dispuso el desalojo de diversas empresas productoras de palma africana, ganaderos y otras personas que estaban ocupando sus tierras[434]. Varios autos posteriores de la Corte Constitucional ordenaron el desalojo de los poseedores de mala fe de Curvaradó y Jiguamiandó y la restitución de las tierras a las comunidades[435].

Sin embargo, como observó la Corte Constitucional en un auto del 18 de diciembre de 2012, “bien por falta de voluntad o por factores externos”, las autoridades locales no han adelantado los procesos de desalojo de los ocupantes de mala fe[436]. De hecho, hasta julio de 2012, aún había 6.500 hectáreas ocupadas de manera ilegítima por poseedores de mala fe, en su mayoría dedicadas a ganadería extensiva, tala y comercialización de madera, y cultivos comerciales de yuca y plátano, según el INCODER[437].

Asesinato de Walberto Hoyos, 14 de octubre de 2008, Caño Manso, Chocó

Existen claras evidencias que sugieren que el asesinato del líder comunitario Walberto Hoyos, ocurrido en octubre de 2008, fue motivado por sus iniciativas para recuperar tierras en la comunidad de Caño Manso, en Curvaradó, y habría sido perpetrado por miembros de un grupo sucesor de paramilitares.

Aproximadamente a partir de 2007, Walberto y su hermano Miguel Hoyos lideraron el retorno de miembros de la comunidad a Caño Manso[438]. Descubrieron que muchas hectáreas eran ocupadas por Luis Felipe Molano Díaz.Miguel contó a Human Rights Watch que Walberto y él se reunieron con Molano y su asistente para intentar persuadirlo de que detuviera la tala de árboles en el lugar, y que durante el encuentro fueron amenazados por el asistente de Molano[439].

Al momento del retorno, las tierras en Caño Manso también estaban ocupadas por familias que se instalaron allí siguiendo instrucciones de la ex paramilitar Sor Teresa Gómez, según datos del INCODER [440] . Gómez está prófuga tras haber sido condenada por ordenar el asesinato, en 2007, de un líder de restitución de tierras en el departamento de Córdoba, y ha sido identificada por las autoridades como líder de los Urabeños (ver más información sobre Gómez en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”).

El 17 de septiembre de 2007, en un pueblo próximo a Caño Manso, un hombre armado a quien Miguel identificó como vinculado con paramilitares, le disparó una vez en el torso y dos veces a Walberto en la espalda [441] . Los hermanos sobrevivieron al ataque, y según Miguel, ambos escaparon a Bogotá durante aproximadamente 10 meses, antes de regresar a Caño Manso a mediados de 2008 con escoltas proporcionados por el Estado.

El 14 de octubre de 2008, Walberto fue asesinado por hombres armados en la comunidad de Caño Manso. Los escoltas asignados a Walberto por el Estado no estaban presentes porque en ese momento habían viajado a Medellín, según indicaron Miguel y un funcionario familiarizado con el caso[442]. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que “[l]a Policía se presentó al lugar recién cinco horas después de ocurridos los hechos y el ejército siete horas después”[443].

Diversos informes del Estado colombiano, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y miembros de la comunidad señalan como autores del asesinato a un grupo sucesor de los paramilitares [444] . Por ejemplo, el gobierno colombiano informó a la Corte Interamericana lo siguiente:

Una de las hipótesis que se maneja en cuanto a los móviles que pudieron ocasionar el asesinato del señor Hoyos se relaciona con el hecho de […] constituirse e[n] defensor de quienes debieron abandonar las tierras a causa de la violencia […] constituy[éndose] en objetivo de organizaciones criminales de armados ilegales autodenominados Águilas Negras[445].

De manera similar, un funcionario judicial que trabaja en el caso indicó a Human Rights Watch que la investigación había revelado indicios de que el asesinato fue motivado por el liderazgo de Walberto en la comunidad[446].

Luego del asesinato, Miguel se trasladó una vez más a Bogotá, esta vez por dos años. Si bien regresó a Curvaradó en 2011, no fue a la comunidad de Caño Manso porque, como dijo a Human Rights Watch:

Mientras que a esas personas no las cogen, no puedo entrar a ese territorio ... ¿Cómo puedo volver al territorio sabiendo que ellos están sueltos? Puede pasar lo mismo que pasó con mi hermano[447].

A pesar de la sentencia dictada por la justicia de Chocó en 2009, en la cual se ordenaba el desalojo de Molano de Caño Manso, hasta 2012 continuaba ocupando 579 hectáreas de tierra en la comunidad, donde mantenía aproximadamente 700 cabezas de ganado, según datos del INCODER[448]. En abril de 2013, la investigación del asesinato de Walberto se encontraba en la etapa preliminar, lo que implica que no había imputados[449].

Asesinato de Argenito Díaz, 13 de enero de 2010, Llano Rico, Chocó; amenazas contra su hermano

Las evidencias sugieren, de manera persuasiva, que hombres vinculados con un grupo sucesor de los paramilitares asesinaron al líder comunitario Argenito Díaz en un hecho motivado por sus esfuerzos por recuperar tierras en la comunidad de Llano Rico, Curvaradó, que estaban ocupada por ganaderos, entre ellos uno que lo había amenazado antes de su muerte. Ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por el asesinato, los ganaderos continuaron ocupando las tierras y el hermano de Argenito, Germán Díaz (seudónimo), denunció amenazas constantes que lo obligaron a irse de la región.

En octubre de 2009, Argenito notificó a varios ganaderos que estaban ocupando tierras en Llano Rico que un tribunal de Chocó había dictado una sentencia ordenando su desalojo[450]. Germán Díaz relató a Human Rights Watch que uno de los ganaderos se negó a aceptar una copia de la notificación, y luego amenazó a Argenito. Un funcionario familiarizado con el caso confirmó a Human Rights Watch que Argenito había sido amenazado antes de ser asesinado[451]. Germán explicó que Argenito se había ido de Llano Rico en diciembre de 2009 debido a las amenazas, pero que luego había regresado a principios de enero de 2010[452].

El 13 de enero, Argenito fue ejecutado tras ser obligado a descender de un minibus en el cual se trasladaba del pueblo de Mutatá hasta Llano Rico. Varios miembros de la comunidad de Curvaradó brindaron relatos creíbles que señalan que en el homicidio de Argenito habría intervenido un hombre de la región sobre quien se sabía que mantenía vínculos con paramilitares[453].

Un funcionario judicial que trabaja en el caso de Argenito dijo a Human Rights Watch que había indicios de que el asesinato había sido cometido por un grupo sucesor de los paramilitares y que el hecho fue en represalia por sus reclamos de restitución. El funcionario también relató a Human Rights Watch que había signos que indicaban la posible participación de una de las personas a quienes Argenito había notificado sobre la orden del desalojo[454]. De manera similar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación indicaron que Argenito habría sido asesinado por un grupo sucesor de los paramilitares[455].

Germán fue elegido para reemplazar a su hermano Argenito como representante del consejo comunitario de Llano Rico. Germán relató que, poco después del asesinato, comenzó a recibir amenazas de ganaderos locales, que enviaban a terceros para que le advirtieran que tendría el mismo destino que Argenito [456] . Un informe del Sistema de Alertas Tempranas confirmó que, después del asesinato de Argenito, Germán comenzó a recibir amenazas de muerte emitidas por ocupantes de mala fe identificados en la sentencia dictada por el tribunal de Chocó [457] . En el informe constaban las amenazas contra Germán que habían realizado ocupantes de las tierras y miembros de los Urabeños hasta finales de 2010.

Germán dijo a Human Rights Watch que, debido a las amenazas constantes, debió trasladarse de Llano Rico a Bogotá en marzo de 2011[458]. Regresó un mes después, pero recibió nuevas amenazas que lo obligaron a abandonar nuevamente la comunidad en julio de 2011. Manifestó que cerca de esa fecha recibió una llamada a su teléfono celular, a través de la cual amenazaron a su hijo, que era menor de edad. Le dijeron: “Su hijo mayor corre peligro. Como no hemos podido coger a usted, lo vamos a agarrar a su hijo”[459]. Ante esta amenaza, el hijo de Germán abandonó la comunidad de Llano Rico, según surge del relato de Germán y conforme consta en un informe del Sistema de Alertas Tempranas[460]. Germán relató que él y su hijo regresaron a Llano Rico, pero continuaron recibiendo amenazas hasta principios de 2012, lo cual hizo que su hijo se fuera de la zona una vez más[461].

Hasta julio de 2012, al menos dos de los ganaderos a quienes Argenito había notificado la sentencia del tribunal de Chocó de 2009 seguían ocupando tierras en Llano Rico. Según el informe del INCODER, uno de ellos había convertido el cementerio de la comunidad en un campo de pastoreo para su ganado[462]. En abril de 2013, la investigación del asesinato de Argenito se encontraba en la etapa preliminar[463].

Amenazas contra Deiner Durango

Deiner Durango (seudónimo) es otro líder de la comunidad de Curvaradó que tuvo que abandonar la región debido a reiteradas amenazas.

Durango dijo a Human Rights Watch que, en 2010, un grupo de 15 hombres armados con fusiles que se identificaron como miembros de los Rastrojos, un grupo sucesor de los paramilitares, le ofrecieron dinero a cambio de información acerca de la comunidad y los movimientos del Ejército en el lugar. Durango se negó a proporcionar estos datos[464]. Dos semanas después, recibió un mensaje de texto desde un número no identificado, en el cual le advertían que no se preocupara porque lo iban a hacer callar. A poco de recibir el mensaje, Durango huyó a Bogotá junto con otros líderes de la región que también habían sido amenazados por grupos sucesores de los paramilitares[465].

Durango regresó a Curvaradó en 2011, pero se estableció en otra comunidad menos aislada que la suya. Manifestó que, en diciembre de 2011, un jefe de los Rastrojos visitó a sus padres y les dijo que lo iban a matar porque había enviado al Ejército al campamento de los Rastrojos[466].

Durango dijo a Human Rights Watch, en marzo de 2012, que no sentía que existieran las garantías de seguridad necesarias para regresar a su comunidad, y que estaba considerando la posibilidad de abandonar su actividad como líder[467]. Para la Defensoría del Pueblo, este constituye uno de los casos más preocupantes de líderes de Curvaradó que han sido amenazados por grupos sucesores de los paramilitares[468].

Amenazas contra la analista del Sistema de Alertas Tempranas Raquel Collazos, julio de 2011

El 11 de julio de 2011, Raquel Collazos (seudónimo), que en ese momento era la analista del Sistema de Alertas Tempranas a cargo de supervisar el proceso de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto[469]. El contenido de la amenaza y el momento en que la recibió sugieren, de manera persuasiva, que estaba motivada por las medidas que tomó Collazos para evitar el reclutamiento forzado de un joven líder de la comunidad de Curvaradó por parte de los Urabeños. En ese entonces, el líder estaba viviendo en una ciudad de la región de Urabá, lejos de Curvaradó, y Human Rights Watch no encontró pruebas de que el intento de reclutamiento haya estado motivado por su actividad como líder en el proceso de restitución[470]. En el mes de julio, el Sistema de Alertas Tempranas decidió transferir a Collazos a un sitio alejado de Urabá, para preservar su seguridad[471].

Las amenazas contra Collazos —y su posterior traslado a un lugar alejado de Urabá debido a la falta de garantías de seguridad— terminaron afectando la protección con que contaban las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, y demostraron el poder de los grupos sucesores de los paramilitares en la región. La intervención de Collazos era fundamental para identificar riesgos inminentes de abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras en estas comunidades. Con su partida, se perdió su valiosa experiencia y la confianza que la población local había depositado en ella a lo largo de varios años de trabajo en esta función.

Asesinatos de Eder y Eduar Agamez, agosto de 2011, Bella Flor Remacho

En agosto de 2011, Eder y Eduar Agamez, dos hermanos de la comunidad de Bella Flor Remacho en Jiguamiandó, fueron asesinados por miembros de un grupo sucesor de los paramilitares, según lo relató un familiar y un líder comunitario, así como consta en un informe del Sistema de Alertas Tempranas [472] . Tanto el informe del Sistema de Alertas Tempranas como el líder comunitario señalaron a los Rastrojos como el grupo sucesor paramilitar responsable de este hecho.

El grupo sucesor de los paramilitares retuvo a los hermanos Agamez después de que estos se negaran a llevar a miembros del grupo río arriba en una lancha, conforme señaló un familiar[473]. Al día siguiente, miembros del grupo indicaron a su familia dónde recoger los cuerpos de los hermanos, que fueron hallados con signos de haber sido golpeados[474]. Este familiar desconocía los motivos por los cuales los hermanos habían sido asesinados, y manifestó que nunca habían recibido amenazas. No obstante, dijo que es común que grupos armados ingresen en la comunidad para cultivar coca, y amenacen a los residentes que se niegan a colaborar con ellos[475].

Este familiar de los hermanos Agamez relató a Human Rights Watch que los informes de autopsia indicaban que se habían muerto ahogados, lo cual coincide con la versión de las autoridades gubernamentales, según el Sistema de Alertas Tempranas[476].

Amenazas contra Luis Eduardo Muñoz y Alicia Castillo

Luis Eduardo Muñoz (seudónimo), líder de la comunidad Apartadocito en Curvaradó, informó haber recibido reiteradas amenazas, incluida una expresamente librada por un miembro de los Urabeños el 11 de diciembre de 2011[477]. Ese día, según indicó Muñoz, al llegar a la ciudad de Llano Rico con otros miembros de la comunidad, se le acercó un conocido miembro de los Urabeños. Este preguntó qué estaban haciendo allí Muñoz y sus acompañantes, y dijo que tres terratenientes habían dado órdenes de que fueran asesinados[478]. Los tres terratenientes que, según el relato de Muñoz, habían sido mencionados por el miembro de los Urabeños estaban referenciados en el informe del INCODER como ocupantes de mala fe de cientos de hectáreas de tierras en Curvaradó[479].

Alicia Castillo (seudónimo), líder de la comunidad Caracolí en Curvaradó, denunció que ella y su familia habían recibido varias amenazas de trabajadores de la hacienda ganadera La Tukeca que ocupaba tierras en su comunidad[480]. En julio de 2012, el INCODER informó que La Tukeca cubría 308 hectáreas de las tierras de la comunidad Caracolí y “se ha convertido en una fuente permanente de conflicto con la comunidad de Caracolí, por el tránsito irregular del Ganado que destruye las cosechas comunitarias”[481].

Castillo refirió que un día de mayo de 2011, después de haber expulsado ganado de las tierras pertenecientes a su comunidad, estaba caminando con otras dos mujeres cuando aproximadamente nueve trabajadores de La Tukeka, incluido el administrador de la hacienda, abordaron a las otras dos mujeres, las golpearon y las patearon[482]. Según el Sistema de Alertas Tempranas, los trabajadores de La Tukeka “habrían intentado agredir sexualmente a dos mujeres de esta comunidad, a quienes golpearon y desgarraron sus vestiduras”[483]. Castillo estaba a aproximadamente 50 metros de distancia de las dos mujeres, y relató que alguien gritaba “¡Cogan a [Castillo] para mocharle la cabeza, que ella es la cansona!”[484]. En ese momento, llegaron dos miembros de Peace Brigades International, una ONG internacional que acompaña a las comunidades, y entonces los trabajadores soltaron a las mujeres y se fueron[485]. Castillo informó que las amenazas en su contra continuaron en diciembre de 2011 y en febrero de 2012[486].

“Desaparición” [487] de Everto González Hoyos, 23 de julio de 2011, Gengado, Curvaradó

Everto González Hoyos, miembro de la comunidad de Caracolí, desapareció el 23 de julio de 2011 mientras se encontraba en la zona de Gengado en Curvaradó, según señalaron varias fuentes [488] . El Sistema de Alertas Tempranas informó en noviembre de 2012 que “a pesar de la información sobre su presunto homicidio, a la fecha [González Hoyos] continúa desaparecido” [489] . El caso estaba siendo investigado como una desaparición forzada [490] por la Fiscalía, que informó, en enero de 2012:

Varios hombre no identificados lo sacaron [a Everto] del lugar donde se encontraba y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Se tiene conocimiento que al parecer el desaparecido hace parte del grupo de reclamantes de tierras del consejo comunitario de Curvaradó. Los anteriores hechos vislumbran la posible existencia de una conducta ilícita de Desaparición Forzada[491].
En julio de 2013, la investigación sobre la desaparición de González Hoyos se encontraba en etapa preliminar, lo cual implica que no había imputados[492].

Secuestro y asesinato de Manuel y Samir Ruiz, Mutatá, Antioquia, marzo de 2012

Las pruebas sugieren, de manera convincente, que el secuestro y posterior asesinato de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años Samir Ruiz, ocurridos el 23 de marzo de 2012, fueron llevados a cabo por miembros de los Urabeños y, contrariamente a lo señalado por la Policía, estuvieron vinculados con el rol que desempeñaba Ruiz como líder de quienes reclaman tierras en la comunidad Apartadocito, en Curvaradó. Los asesinatos frustraron los esfuerzos de restitución tanto de la familia Ruiz como de otros miembros de la comunidad: tras los homicidios, 49 miembros de la familia debieron desplazarse, según indica la Corte Constitucional, y el gobierno suspendió un paso importante del proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó durante más de un mes[493]. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea, como mínimo, graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías, frente las operaciones de los miembros de los Urabeños señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.

La Defensoría del Pueblo señaló que, durante más de un año antes de estos homicidios, varios líderes de Curvaradó habían informado a funcionarios que en la región se ofrecían recompensas para quienes los asesinaran[494]. En junio de 2011, mientras Ruiz estaba representando a miembros de la comunidad de Apartadocito en la realización de un censo para determinar quiénes tenían derecho a vivir en el territorio, un hombre vinculado con paramilitares lo siguió a él y a otros líderes[495].

Miembros de la comunidad brindaron relatos creíbles que señalaban la participación del mismo hombre en el asesinato de Argenito Díaz, perpetrado en 2010 (ver caso de Argenito antes). En noviembre de 2011, Ruiz solicitó a la UNP que reforzara las medidas de protección facilitándole una motocicleta con la cual pudiera desplazarse por la región [496] . Hasta ese momento, la única medida de protección que la UNP le había otorgado era un teléfono celular, el tipo de medida más común que el programa brinda a reclamantes y líderes de restitución de tierras que se encuentran amenazados.

Aproximadamente dos semanas antes de los asesinatos, un conocido miembro de los Urabeños vigiló a Ruiz cuando este se encontraba en el pueblo de Mutatá, según contó un familiar que lo acompañaba en ese momento[497].

El 21 de marzo de 2012, el Grupo de Valoración Preliminar, una entidad coordinada por la UNP, determinó que Ruiz se encontraba en una situación de “riesgo extraordinario”, una categorización que exige que el riesgo sea “concreto”, “serio” y “excepcional”, entre otros criterios [498] . Hasta ese momento, no había recibido la medida de protección adicional que había solicitado en noviembre de 2011.

El 22 de marzo de 2012, Ruiz recibió un mensaje de texto en el cual se le comunicaba que si compraba 300.000 pesos (aproximadamente US$ 170) de crédito de telefonía para un determinado número de teléfono celular, recibiría un premio de aproximadamente 10 millones de pesos (alrededor de US$ 5.675). En los días siguientes —23 y 24 de marzo— se suponía que Ruiz acompañaría a una comisión del INCODER en su visita a Apartadocito y ayudaría al organismo de desarrollo rural a identificar las áreas que estaban en poder de ocupantes de mala fe[499].

En ese momento, había un asentamiento de aproximadamente 80 familias que ocupaban alrededor de 370 hectáreas de las tierras de la comunidad de Apartadocito[500]. Según el INCODER, el asentamiento ilegal de personas en Curvaradó y Jiguamiandó “generalmente es promovido por personas ajenas a las comunidades … o también es impulsado por empresarios”[501]. El INCODER identificó el conflicto entre miembros de la comunidad de Apartadocito y los ocupantes como el contexto del homicidio de Ruiz y su hijo[502].

El 23 de marzo —el mismo día que estaba programado que el INCODER realizaría el estudio de Apartadocito— Ruiz y su hijo Samir se dirigieron a Mutatá para comprar el crédito de telefonía celular mencionado en el mensaje de texto que habían recibido el 22 de marzo. Una vez que Ruiz compró el crédito para ese número de teléfono celular en un restaurante de Mutatá, resultó evidente que el mensaje de texto era una estafa y que no recibiría la recompensa. En el restaurante, no pudo pagar el crédito, ya que había previsto pagar usando la recompensa prometida en la oferta que había recibido por mensaje de texto.

En ese momento, la dueña del restaurante llamó a miembros de los Urabeños para que cobraran ese dinero, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía[503]. Entonces, miembros de los Urabeños abordaron a Ruiz y a su hijo, y lo presionaron para que pagara el crédito que había comprado[504]. Un líder de Curvaradó relató a Human Rights Watch que había hablado con Ruiz por teléfono celular poco después de que este fuera abordado por miembros de los Urabeños, y que Ruiz dijo que estos hombres lo insultaron y lo “trataron de guerrillero”. El líder le recomendó a Ruiz que tuviera cuidado, porque se trataba de paramilitares[505].

Después de haber sido abordado por los miembros del grupo sucesor de los paramilitares, aproximadamente a la 1 p.m., Ruiz fue detenido por policías de Mutatá por no haber pagado el crédito de teléfono celular adquirido en el restaurante[506]. Durante su detención, Ruiz llamó a diferentes autoridades estatales, quienes informaron a la Policía que él era un líder del proceso de restitución de tierras y contaba con medidas de protección especiales. Como resultado, la Policía lo liberó esa misma tarde. Ruiz le contó a funcionarios de la Defensoría del Pueblo que, mientras se encontraba detenido, un miembro de la Policía lo había llamado guerrillero[507].

Después de haber sido liberado por la Policía, Ruiz, junto con su hijo, estuvo esperando poco tiempo en Mutatá al minibus que los llevaría de regreso a Apartadocito. Mientras esperaban, algunos miembros de los Urabeños los vigilaban, y otros seis —incluidos dos líderes locales del grupo— se trasladaron en motocicletas hasta un punto de la carretera que sale de Mutatá en el cual, más tarde, el grupo los secuestraría, según fuentes de la Fiscalía.

A las 4 p.m., Ruiz y su hijo partieron hacia Apartadocito en un minibus. El minibus fue detenido en un retén policial poco después de salir de Mutatá, y luego continuó. Cuando habían transcurrido aproximadamente 15 minutos desde que el vehículo salió de Mutatá, miembros de los Urabeños secuestraron a Ruiz y a su hijo luego de detener el minibus y obligarlos a descender[508].

Que Ruiz y su hijo hayan sido abordados, en primer lugar, por miembros de los Urabeños, luego detenidos por la Policía, y poco después detenidos una vez más por los Urabeños plantea serios interrogantes, como mínimo, sobre la tolerancia policial frente a grupos sucesores de los paramilitares que operan en el área. Otro indicio de la aquiescencia policial es que cuando los Urabeños salieron de Mutatá hasta el lugar de la carretera donde secuestraron a Ruiz, se supone que tendrían que haber pasado por el mismo retén policial que poco después detuvo el minibus que transportaba a Ruiz.

La noche del 23 de marzo, Ruiz y su hijo realizaron varias llamadas por teléfono celular a su familia, a través de las cuales les comunicaron que estaban cautivos en una finca, y que si no pagaban un rescate de dos millones de pesos (aproximadamente US$ 1.135), serían asesinados. La familia Ruiz contó a Human Rights Watch que, cuando ellos preguntaron a quién debían enviarle el dinero, les dijeron que se lo dejaran a un hombre en Mutatá, a quien la familia identificó como un miembro local de los Urabeños[509].

Uno de los familiares de Ruiz que vivía en el municipio vecino de Turbo dijo que esa noche, alrededor de las 7 p.m., se dirigió a la Policía e informó que Ruiz había sido secuestrado. Esta persona explicó que había puesto el policía en el teléfono con Ruiz y que, después de cortar, el policía dijo que Ruiz se había autosecuestrado para extorsionar a su propia familia y quitarles dinero. Según dijo este familiar, el policía se negó a ayudarlo[510].

Ruiz y su hijo fueron asesinados por Urabeños aproximadamente entre las 8 y las 9 p.m., según fuentes de la Fiscalía.

El mismo familiar manifestó que, el 24 de marzo, él y otras personas se acercaron a un líder de los Urabeños de Turbo para hacer averiguaciones sobre el secuestro de Ruiz. El líder de los Urabeños les dijo que esa mañana, muy temprano, tres guerrilleros habían sido asesinados en Mutatá, que debían buscar sus cuerpos a lo largo del cauce del río y que estaban autorizados para hacerlo, según explicaron el familiar de Ruiz y la persona que lo acompañaba[511].

Un funcionario que estaba familiarizado con el caso confirmó a Human Rights Watch que los paramilitares habían autorizado a la familia de Ruiz a buscar los cuerpos el 24 de marzo [512] . El hecho que un líder de los Urabeños de un municipio próximo a Mutatá estaba al tanto del asesinato de Ruiz y de su hijo e indicó a sus familiares dónde podían encontrar los cuerpos sugiere, de manera muy clara, que los hombres que secuestraron y asesinaron a estas dos personas actuaron como parte de la estructura más amplia de los Urabeños a nivel regional.

El 27 y 28 de marzo, los cuerpos sin vida de Ruiz y de su hijo, que mostraban impactos de disparos, fueron encontrados a la orilla del río Pavarandó. Las heridas que presentaba el hijo de Ruiz en el cuello, ocasionadas con un arma cortante, sugieren que habría sido torturado, según surge del informe de la autopsia[513].

Un año después, en marzo de 2013, la Fiscalía imputó a cuatro personas —dos de ellas, como autoras materiales de los homicidios, y otras dos en carácter de “colaboradores”— según indicó un alto funcionario de la Fiscalía[514].

Distintas autoridades estatales han ofrecido declaraciones en las cuales manifestaron que el asesinato de Ruiz y su hijo estuvieron vinculados con la restitución de tierras. El entonces Ministro del Interior Germán Vargas Lleras expresó:

Lo lamentamos mucho porque está ligado estrechamente al proceso de Jiguamiandó y Curvaradó. La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso de restitución porque eso es, precisamente, lo que quieren los violentos que lo asesinaron[515].

La Defensoría del Pueblo informó a la Corte Constitucional que los asesinatos fueron cometidos por Águilas Negras, un nombre utilizado por los Urabeños, e indicó al respecto: “resulta claro que el asesinato de Manuel Ruiz y su hijo están directamente vinculados con su papel como líder y partícipe del proceso de restitución de tierras que se adelanta en Curvaradó y Jiguamiandó”[516].

La Corte Constitucional se refirió a los asesinatos como:

[U]n hecho gravísimo que demuestra las condiciones de inseguridad denunciadas con anterioridad tanto por la comunidad ... la insuficiencia de los mecanismos adoptados hasta el momento para garantizar la vida y la integridad de las personas que participan en el proceso de restitución material[517].

En cambio, el comandante del Departamento de Policía de Urabá, el Coronel Leonardo Mejía, dijo a Human Rights Watch que Ruiz no había sido asesinado por su intervención en la restitución de tierras [518] . En este mismo sentido, el periódico El Tiempo informó que el comandante policial había declarado, en marzo de 2013, que:

Desde el comienzo de la investigación se planteó la hipótesis de que la muerte era por el no pago de las recargas y no por su calidad de reclamante de tierras. Culminada la investigación se corrobora que la muerte se origina en que en uno de los sitios donde [Ruiz] hizo las recargas acudieron a delincuentes para hacer el cobro, que terminó en el doble homicidio[519].

En abril de 2013, un mes después de que se difundiera la declaración del comandante de Policía, un alto funcionario de la unidad de la Fiscalía que estaba investigando los asesinatos de Ruiz y de su hijo indicó que la investigación no había determinado cuál era el móvil del caso [520] . Según fuentes de la Fiscalía, hasta julio de 2013, los fiscales aún no había concluido si Ruiz había sido asesinado por sus iniciativas de restitución o para recuperar el dinero adeudado por el crédito del teléfono celular, y había pruebas que sustentaban ambos móviles.

El prematuro pronunciamiento del comandante de Policía acerca de que los asesinatos no tendrían relación con las actividades de Ruiz no resulta convincente por varios motivos. Aunque existen pruebas de que, inicialmente, los Urabeños fueron contactados para cobrar el dinero que Ruiz adeudaba por el crédito de telefonía celular, esto no obsta la posibilidad de que haya sido asesinado por ser un activista que trabajaba en restitución de tierras. Es posible que a lo largo de la interacción de los Urabeños con Ruiz —desde el momento en que lo hostigaron por primera vez hasta que fue secuestrado con su hijo— estos hayan descubierto que era un líder del proceso de restitución de Curvaradó y hayan decidido asesinarlo. Esta posibilidad se ve reforzada por el hecho de que, según fuentes de la Fiscalía, durante las horas en que los Urabeños tuvieron cautivos a Ruiz y a su hijo, miembros del grupo —incluido un cabecilla local implicado directamente en los homicidios— realizaron más de 50 llamadas telefónicas entre ellos, así como también muchas otras llamadas a números pertenecientes a personas que aún no han sido identificadas. Es posible que, durante el curso de estas llamadas, los captores de Ruiz hayan descubierto que era líder del proceso de restitución. Además, según fuentes de la Fiscalía, uno de los presuntos miembros de los Urabeños que siguieron a Ruiz y a su hijo después de que estos fueron liberados de la estación policial había estado operando en el pueblo donde vivía Ruiz seis meses antes. Es razonable sospechar que esta persona estuviera al tanto de las actividades de Ruiz vinculadas con la restitución de tierras.

La hipótesis de que el objetivo final fue recuperar el pago adeudado al restaurante pierde relevancia si se considera que los captores de Ruiz no hicieron un esfuerzo significativo por obtener el pago de rescate, y el corto tiempo que otorgaron a su familia para conseguirlo. Dado que la familia contaba con recursos económicos sumamente limitados, no era razonable esperar que pudieran pagar rápidamente una suma de dinero tan elevada. Asimismo, un secuestro que solamente tuviera por objeto extorsionar a la familia de Ruiz para obtener dinero no habría sido coherente con el modus operandi de los Urabeños en la zona: el comandante de la Policía de Urabá manifestó a Human Rights Watch que los grupos sucesores de los paramilitares de la región no habían secuestrado a ninguna persona durante 2012[521].

El precedente de abusos deliberados por parte de grupos sucesores de los paramilitares contra los líderes de Curvaradó, la información acerca de que en la región se ofrecía una recompensa a quien asesinara a líderes de Curvaradó, la vigilancia a la cual había estado sometido Ruiz poco tiempo antes, y la inminente colaboración que prestaría al INCODER en relación con un paso importante para el proceso de restitución de tierras son motivos plausibles para presumir que su asesinato estuvo vinculado con su rol de líder. Los Urabeños pueden haber tenido conocimiento de que Ruiz era líder en el proceso de restitución desde el momento en que llegó a Mutatá el 23 de marzo, o haberlo descubierto tardíamente después de haberlo secuestrado junto con su hijo.

Amenazas y hostigamiento continuos

Las amenazas contra miembros de la comunidad y líderes de Curvaradó continuaron después del asesinato de Ruiz y de su hijo. Por ejemplo, el Sistema de Alertas Tempranas informó que, el 20 de noviembre, el administrador de una finca habría dicho a miembros de las comunidades de Caño Manso y Nueva Unión que cualquier persona que iniciara un proceso de restitución “podría correr la suerte del señor Walberto Hoyos”[522].

El informe destacó que en Curvaradó se habían incrementado las amenazas. En el mismo sentido, el 1 de febrero de 2013, siete miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al Presidente Santos para expresar su preocupación por la reciente situación de la seguridad en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. En ella manifestaron: “hemos tomado conocimiento de un incremento de las amenazas contra líderes comunitarios y miembros del comité de censos” [523] . La carta también alertó sobre las amenazas y el hostigamiento contra miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización no gubernamental colombiana que trabaja en estrecha colaboración con algunos sectores de estas comunidades [524] . Se describió, por ejemplo, cómo el 19 de octubre de 2012, en Turbo, Antioquia:

Edwin Mosquera, miembro del equipo de campo de la CIPJ, mientras estaba acompañado por un voluntario de Peace Brigades International (PBI), fue abordado por tres hombres, uno de los cuales se identificó como miembro paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia.... El hombre dijo conocer las actividades de la CIJP y agregó: “Ustedes pueden seguir, pero nosotros los estamos vigilando”[525].

Comunidad embera de Patadó, Chocó

La comunidad indígena embera de Patadó se encuentra ubicada en Apartadocito, dentro del territorio colectivo de Curvaradó. Desde el retorno de familias de Patadó en 2009, varios líderes comunitarios y un defensor regional de derechos indígenas que trabaja en el caso han sufrido amenazas y actos de intimidación por parte de diversos actores, incluido Orlando Suescun, quien a principios de 2013 ocupaba prácticamente toda la tierra de la comunidad.

Suescun heredó la tierra de su hermano, que las había comprado a un precio inferior al de mercado inmediatamente después de que los residentes de Patadó fueran desplazados por paramilitares en 1997, según señalan líderes comunitarios[526]. El 8 de octubre de 2011, Suescun y otro hombre pidieron mantener una reunión con William Carupia, el presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que supervisó el retorno de la comunidad de Patadó en 2009 y envió a un abogado para que recogiera información sobre el caso en 2010, según señaló Carupia[527]. Durante la reunión, que tuvo lugar en Mutatá, Antioquia, Suescun manifestó a Carupia que la comunidad de Patadó estaba ocupando indebidamente su tierra, y que, por ser su representante, Carupia debía resolver el problema. Si Carupia no lo hacía, habría “consecuencias”, advirtió Suescun[528].

Al regresar a Medellín, el 18 de octubre de 2011, Carupia recibió una llamada en su teléfono celular a través de la cual un hombre que no se identificó le dijo que se “iba a hacer matar por reclamar tierras”[529]. A su vez, un miembro de la comunidad de Patadó dijo a Human Rights Watch que, en octubre, se había topado con un hombre armado en un camino dentro de la comunidad. Según relató, el hombre le preguntó por quien entonces era gobernador de la comunidad de Patadó, y dijo que el gobernador “debía” algo[530]. El entonces gobernador de la comunidad explicó que, después de haber sido alertado acerca de la presencia de este hombre armado, se fue de Patadó durante un período de aproximadamente ocho meses[531]. De manera similar, el Sistema de Alertas Tempranas informó que hombres armados que presuntamente pertenecían a los Urabeños habían ingresado en la comunidad de Patadó en octubre de 2011[532].

El 2 de marzo de 2012, un indígena de Urabá le comunicó a Carupia que, el 29 de febrero, había recibido una llamada telefónica por medio de la cual le decían que informara a Carupia que un miembro de las Águilas Negras del municipio de Necoclí, Antioquia, había dado la “autorización” de matarlo [533] . Carupia relató que, el 7 de marzo, recibió un llamado telefónico en el cual un hombre no identificado le decía “vos sos objetivo militar, hombre, ya te advertimos” [534] . Carupia creía que la amenaza que había recibido en marzo podía estar relacionada con el caso de Patadó o con declaraciones públicas en las cuales había denunciado abusos, por parte de grupos armados, contra comunidades indígenas del departamento de Antioquia.

Más adelante, en marzo de 2012, el organismo de desarrollo rural INCODER visitó la comunidad de Patadó como parte de su proceso de verificación de los ocupantes legítimos y de mala fe de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. El INCODER informó haber hallado que, a pesar de tener la titularidad de 44,5 hectáreas en la zona, la comunidad indígena estaba ocupando solamente 2 hectáreas, porque el resto estaba destinado a ganado, viviendas y plantaciones de piña pertenecientes a Suescun, quien aseveraba haber comprado los terrenos [535] . El INCODER señaló que “[l]a comunidad indígena reclama el predio alegando amenazas de muerte contra sus dirigentes y carencia de tierras para trabajar, pese a ser los titulares del inmueble”.

Un líder comunitario explicó a Human Rights Watch que las 17 familias embera de Patadó no tienen espacio para sus cultivos y que, como no pueden producir alimentos, a veces tienen una sola comida al día[536].

Después de la visita del INCODER, alrededor de abril de 2012, aproximadamente 10 hombres armados se dirigieron a Patadó y preguntaron por el gobernador de la comunidad, según contaron líderes comunitarios[537]. Cerca de esa fecha, según el testimonio de un líder comunitario, Suescun aseveró que él no era paramilitar, pero que su primo sí lo era, y que a la comunidad debía irse de esas tierras. El líder interpretó que estas expresiones constituían una amenaza[538].

Líderes comunitarios de Patadó afirmaron haber presentado una solicitud ante la Unidad de Restitución en febrero de 2013 [539] , y expresaron a Human Rights Watch que debido a los asesinatos de líderes de Curvaradó ocurridos en los últimos años sentían temor de impulsar sus propias solicitudes de restitución.

Familia Salabarría, Mundo Nuevo, Montería, Córdoba

Las amenazas proferidas por hombres armados contra la familia Salabarría frustraron los dos intentos de la familia por retornar a sus tierras en Mundo Nuevo, Córdoba, en 2006 y en 2012.

En 1991, Maritza Salabarría, sus padres, hermanos y otros familiares fueron desplazados por paramilitares de Mundo Nuevo, y varios años más tarde, estos habrían sido responsables de la desaparición forzada de su padre, conforme lo relató Maritza y según indicaron fuentes de noticias confiables[540]. Después del desplazamiento de la familia Salabarría, un terrateniente vecino adquirió parte de las tierras de la familia, tal como surge de documentos oficiales analizados y publicados por el reconocido sitio web de investigación Verdadabierta.com[541].

A principios de junio de 2006, como parte del proceso de desmovilización de las AUC, la Defensoría del Pueblo y laMAPP-OEA acompañaron el retorno de la familia Salabarría. Al día siguiente, según consta en una denuncia penal que presentó Maritza, hombres armados amenazaron a los Salabarría, les dijeron que la finca pertenecía a terratenientes vecinos y que, si no se iban, los matarían[542]. Poco después, debido a las amenazas, los Salabarría abandonaron su tierra y se fueron del departamento de Córdoba[543]. Al año siguiente, en marzo de 2007, desapareció uno de los hermanos de Maritza que había permanecido en la región de Mundo Nuevo, según una denuncia penal presentada por Maritza y otras versiones creíbles[544].

Los Salabarría persistieron en reclamar sus tierras. Maritza dijo que, en junio de 2011, después de visitar Mundo Nuevo, uno de los terratenientes vecinos que tenía ganado en su terreno la llamó y amenazó de muerte a ella y a su familia[545].

El 19 de noviembre de 2011, el INCODER, organismo gubernamental responsable del desarrollo rural, devolvió a los Salabarría dos de las seis parcelas de tierra que reclaman en una ceremonia de restitución de tierras a la cual asistió el Ministro de Agricultura[546]. El INCODER anunció que este acontecimiento abría el camino para la implementación de la Ley de Víctimas. El entonces director nacional del INCODER manifestó durante la ceremonia: “Este proceso es el inicio del derrocamiento de la política de las amenazas.... Los violentos tendrán que agachar la cabeza”[547].

Pero no se produjo dicho “derrocamiento” y múltiples fuentes confirmaron que los Salabarría no pudieron retornar a su finca debido a las amenazas que recibían de hombres armados[548].

El hermano de Maritza, Ramiro Salabarría (seudónimo), dijo a Human Rights Watch que, en marzo de 2012, cuando él y su hermano Leonardo Salabarría (seudónimo) fueron a colocar un cerco en su parcela, dos hombres armados que pertenecían a un grupo sucesor de los paramilitares se acercaron a ellos y los amenazaron. Los hombres armados dijeron a los hermanos que le advirtieran a Maritza que no continuara luchando por otras tierras en la zona y que el “patrón” le prohibía a su familia que colocara un cerco alrededor de su parcela[549]. El relato de Leonardo ante las autoridades fue muy similar: “El Señor [Leonardo] Salabarría manifiesta que ... visitaron el predio y encontraron el ganado metido en el lote, ellos empezaron a sacar el ganado y se les presentaron 2 personas fuertemente armadas ... y lo amenazaron diciendo que le comunicara a la señora Maritza que no siguiera motivando la reclamación de los predios a las demás personas ... que estos predios eran de su Patrón”[550].

Las autoridades visitaron Mundo Nuevo el 16 de marzo, aproximadamente una semana después de la amenaza denunciada, y se encontraron con que la familia Salabarría no estaba viviendo en las parcelas restituidas[551]. En vez de ello, las autoridades encontraron vacas allí. En una reunión con las autoridades regionales que se realizó en 2012, la Defensora del Pueblo de Córdoba afirmó que la comisión del 16 de marzo había identificado “una amenaza en el entorno, en donde las personas que supuestamente produjeron el desplazamiento estaban [en el lugar]”[552]. Según la Defensora del Pueblo, “no hay condiciones en estos momentos ni de seguridad, ni de inversión social para que la familia Salabarría pueda retornar”[553]. De modo similar, el director regional del INCODER admitió, en relación con el caso Salabarría, que “se cometieron unas ligerezas en cuanto al retorno y eso preocupa porque puede ocasionar un tema de orden público, ya que se encuentran actores armados en la zona”[554]. (De hecho, varias fuentes informaron que, en junio de 2012, los Urabeños masacraron a cuatro miembros de una familia en la vereda vecina de Arroyón Arriba, Córdoba)[555].

La falta de condiciones de seguridad adecuadas en este resonante caso de restitución de tierras —que recibió enorme atención por parte de autoridades nacionales y medios de comunicación— plantea graves interrogantes acerca de la capacidad del Estado colombiano de proteger a otros desplazados que buscan retornar a sus hogares en el marco de la Ley de Víctimas.

Finca Costa de Oro, Tierralta, Córdoba

En 2009, hombres armados asesinaron a disparos al líder del proceso de restitución de tierras Guillermo Antonio Ramos Rosso, aproximadamente un año después de que él y su comunidad regresaron a la finca Costa de Oro en Tierralta, Córdoba. Las evidencias sugieren, de manera persuasiva, que miembros de los Urabeños serían responsables del asesinato.

Desde 2007, Ramos lideraba a aproximadamente 60 familias desplazadas que reclamaban la finca Costa de Oro de 1.400 hectáreas, que había sido apropiada por paramilitares a principios de la década de 1990 y convertida en una hacienda ganadera perteneciente al comandante de las AUC Salvatore Mancuso[556]. En junio de 2008, durante una ceremonia pública a la cual asistieron representantes de la Fiscalía, el Ejército, la Policía, la MAPP-OEA y otros organismos estatales, Mancuso devolvió las tierras a aproximadamente 60 familias como parte de las obligaciones asumidas conforme a la ley de Justicia y Paz de brindar resarcimiento a las víctimas. Durante la ceremonia, el fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que estaba a cargo del caso declaró: “Esta entrega es importante, porque es la primera que se hace de manera colectiva, y el hecho de que les estemos entregando las tierras es un avance importante en este proceso de reparación”[557].

El 23 de julio de 2009, Ramos fue interceptado y ejecutado por hombres armados cuando circulaba en motocicleta en El Volador, Tierralta[558]. Después del asesinato, según un miembro de la comunidad de Costa de Oro entrevistado por Human Rights Watch, un comandante de los Urabeños organizó una reunión en El Volador y dijo que Ramos “se murió por sapo,” y lo acusó de ser informante de la Fiscalía y del Ejército[559]. Los familiares de Ramos refirieron al periódico El Tiempo que funcionarios públicos involucrados en el proceso de desmovilización de las AUC les dijeron que no informaran a los medios sobre el asesinato[560].

El homicidio tuvo un impacto devastador sobre la comunidad de Costa de Oro, según el testimonio de un miembro entrevistado por Human Rights Watch. El entrevistado relató que, tras el hecho, entre 10 y 12 residentes vendieron sus tierras y manifestó que, en la comunidad, “por el temor, nos hemos desorganizado”. Con respecto a su postura en la actualidad, agregó: “Me quedo quieto frente a cualquier situación[561]558.Hasta abril de 2013, la investigación del homicidio de Ramos por parte de la Fiscalía recién estaba en la etapa preliminar[562].

El caso de Costa de Oro es un ejemplo más de cómo grupos sucesores de los paramilitares han saboteado la restitución de tierras que habían sido apropiadas por sus predecesores de las AUC. Además, al igual que en otros casos de amenazas y ataques analizados por Human Rights Watch, muestra cómo la interacción de líderes del proceso de restitución con las autoridades —una actividad inherente a su liderazgo— puede exponerlos a ser considerados “sapos” y convertirse en blanco de ataques de grupos sucesores.

San Onofre y Ovejas, departamento de Sucre

Durante una reunión con autoridades de la gobernación de Sucre, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y otras autoridades locales, funcionarios de la Policía y la Unidad de Víctimas aseveraron que, en todo el departamento, no se habían producido actos de “revictimización” contra los desplazados que regresaron a sus tierras. En este mismo sentido, la representante de la Fiscalía que se encontraba presente manifestó que solamente tenía conocimiento de un caso de amenazas vinculadas con la restitución de tierras y el retorno de los desplazados a sus tierras en Sucre [563] . No obstante, Human Rights Watch documentó varias de tales amenazas y ataques en el departamento, muchas de las cuales ya habían sido denunciadas a las autoridades. Las afirmaciones de los funcionarios presentes en la reunión reflejan que algunas autoridades locales no reconocen el problema de las amenazas y actos de violencia contra reclamantes, y los graves riesgos a los cuales siguen expuestos.

San Onofre, Sucre

Existen claras evidencias de que paramilitares desmovilizados —incluídos aquellos que pertenecen a grupos sucesores de paramilitares— han atacado a desplazados que procuraban retornar a sus tierras en el municipio de San Onofre, Sucre. A fines de los años noventa y principios de la década de 2000, San Onofre fue un bastión del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena[564], y según las autoridades, los grupos sucesores de los paramilitares aún tienen presencia en ese municipio[565].

En la década de 1990, Cadena y sus tropas desplazaron a campesinos de la finca La Alemania en San Onofre, una propiedad colectiva de 558 hectáreas, para convertirla en una base. Después del proceso oficial de desmovilización paramilitar, en 2006, antiguos residentes de La Alemania regresaron a la finca liderados por un miembro de la comunidad, Rogelio Martínez Mercado. Como parte del proceso de retorno, Martínez Mercado asumió un activo rol de líder del capítulo de Sucre del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), un grupo de víctimas con presencia en todo el país. Martínez Mercado recibió amenazas de muerte debido a su rol de líder, conforme surge de documentos judiciales y según el testimonio de su viuda[566].

El 18 de mayo de 2010, cuando Martínez Mercado se trasladaba en motocicleta desde el casco urbano de San Onofre hasta La Alemania, fue interceptado y abatido a balazos por miembros del grupo sucesor paramilitar los Paisas. Según se indica en la sentencia judicial que condenó a un miembro de los Paisas —también paramilitar desmovilizado— por el homicidio:

Rogelio Antonio Martínez Mercado estaba tratando de recuperar definitivamente una heredad conocida como finca “La Alemania”.... Por tal razón, Rogelio Antonio Martínez Mercado se convirtió en blanco de amenazas y persecución por parte del grupo armado ilegal [Autodefensas Unidas de Colombia], que después de la aparente desmovilización se subdividió y cambió su nombre[567].

Al igual que Martínez Mercado, Francisco Acosta está intentando recuperar una finca en San Onofre que, de acuerdo con una investigación realizada por la Fiscalía, fue adquirida por Cadena a través de uno de sus testaferros[568]. La familia de Acosta huyó de la finca a fines de la década de 1990, luego de que paramilitares asesinaran a su padre en 1996[569]. Entre 2008 y 2012, informó haber recibido reiteradas amenazas de muerte debido a sus actividades de restitución, tanto personalmente por parte de un hombre a quien identificó como miembro de un grupo sucesor de los paramilitares, como mediante llamadas telefónicas[570].

El asesinato de Martínez Mercado profundizó el temor generado por estas amenazas, tal como se evidencia en una denuncia penal que Acosta presentó, en junio de 2010, a raíz de una llamada telefónica anónima en la cual le advertían que dejara de reclamar la finca:

En San Onofre existen muchas bandas emergentes como Águilas Negras, Los Paisas y los Urabeños, y hacen (sic) quince días mataron a un amigo mío en San Onofre llamado Rogelio Martínez, quien también era líder de unas víctimas que perdieron tierras en San Onofre.... Yo tengo miedo y necesito que me den protección al igual que a mi familia[571].

También, de manera similar a la familia Martínez Mercado, la familia Verbel fue desplazada de San Onofre por paramilitares, y comenzó a participar en el capítulo de Sucre de MOVICE. La familia sufrió abusos constantes a partir de que regresó a trabajar en su finca de San Onofre en 2002 [572] . El 4 de enero de 2005, Guillermo Verbel Rocha fue asesinado por paramilitares en San Onofre, aproximadamente una semana después de que este denunciara vínculos entre autoridades locales y Cadena [573] .

Los hermanos de Guillermo denunciaron ante las autoridades haber recibido amenazas en 2009 y 2010, incluso por parte de trabajadores de una finca vecina, cuyo propietario —según decían— estaba presionando a la familia para que le vendieran sus tierras[574]. En junio de 2010, por ejemplo, Eder Verbel Rocha y sus hermanos presentaron una solicitud de protección ante autoridades municipales y policiales, en el cual informaron que una persona perteneciente a una “estructura armada ilegal” los estaba amenazando por negarse a vender sus tierras[575]. Se otorgaron medidas especiales de protección a la familia Verbel, a través de tropas de la Armada. No obstante, esto no impidió que Eder fuera abatido a disparos en una emboscada el 23 de marzo de 2011 cuando salía de la finca en motocicleta, delante de su hermano y su hijo de ocho años. Varios paramilitares desmovilizados fueron arrestados por el asesinato[576].

Las amenazas contra la familia Verbel continuaron. Por ejemplo, según una denuncia penal presentada por la familia, en enero de 2012, dos hombres montados en una motocicleta se acercaron a la hija adoptiva de Eder en San Onofre y le dijeron que “ellos”—probablemente refiriéndose a las autoridades— nunca encontrarían a los responsables de su asesinato. Los hombres afirmaron también con respecto al hermano de Eder, que había sido testigo del asesinato: “se salvó aquella vez, pero no piense que ahora se va a salvar”[577].

En febrero de 2013, uno de los hermanos Verbel informó a Human Rights Watch que, por temor, la familia había dejado de ir a trabajar a su finca. “Hemos quedado quietos. Tenemos dos hermanos asesinados”, expresó[578].

Ovejas, Sucre

Varios desplazados y líderes que han regresado a sus tierras en el municipio de Ovejas, Sucre, también han sido blanco de amenazas y asesinatos en reiteradas oportunidades, según informes de la Defensoría del Pueblo y entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con funcionarios y residentes.

Entre 1994 y 2001, numerosas familias huyeron de la finca La Europa, de 1.321 hectáreas, ubicada en Ovejas, debido a enfrentamientos entre la fuerza pública y guerrillas, así como al asesinato de líderes comunitarios, según señala la Defensoría del Pueblo [579] . Las familias comenzaron a regresar a la finca en 2007, y al año siguiente, una empresa comenzó a comprar y ocupar partes de La Europa [580] . El 8 de diciembre de 2008, el líder comunitario Alex Miguel Correa fue asesinado en su vivienda dentro de la finca [581] . Antes de su muerte, Correa se había negado a ceder a las presiones para que vendiera su parcela [582] . Después del homicidio, su familia vendió la parcela.

Las amenazas y la intimidación contra miembros de la comunidad La Europa continuaron en 2010, 2011 y 2012[583]. Un líder comunitario de La Europa abandonó su actividad de liderazgo después de recibir una amenaza en abril de 2011, según señala un informe de riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas en junio de 2012. El informe indicaba que agresores desconocidos incineraron la vivienda de otro miembro de la comunidad en agosto de 2011 y marzo de 2012 y que “[l]a empresa [que ocupa parte de la tierra y está en conflicto por esta] cuenta supuestamente con un esquema de seguridad: hombres armados que en varias ocasiones han entrado en los lugares donde se encuentran los campesinos trabajando la tierra, intimidándolos y, con palabras amenazantes, solicitándoles a los campesinos que abandonen la tierra porque no les pertenece”[584].

Algunos líderes del capítulo en Sucre del grupo de víctimas MOVICE, que acompaña el retorno de desplazados a La Europa y La Alemania, han recibido desde 2011 reiteradas amenazas vinculadas con la restitución de tierras. Ingrid Vergara, líder del capítulo en Sucre de MOVICE, fue mencionada en amenazas enviadas por correo electrónico en junio y diciembre de 2011 [585] . El entonces comandante de la Policía de Sucre señaló a Human Rights Watch que el agravamiento de las amenazas que recibió Vergara en 2011 se le debió a su activismo en el caso La Europa [586] . De manera similar, el líder de MOVICE en Sucre, Juan David Díaz, Chamorro informó a la Fiscalía que el 1 de junio de 2012 había recibido, en la puerta de su vivienda de Sincelejo, Sucre, una amenaza de muerte firmada por el “Ejército Anti-Restitución” donde se indicaba: “sabemos que eres uno de los hijueputas que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos comolos (sic) que ahora haciéndose pasar por víctimas quieren apropiarse de la Europa y la Alemania” [587] . Jeison Paba, un abogado de derechos humanos que representa a la comunidad de La Europa, también ha sido amenazado en reiteradas oportunidades (ver más información sobre el caso de Paba en la sección “No se contacta a algunas víctimas después de que presentan denuncias”).

Al igual que en el caso de La Europa, numerosos desplazados y líderes que retornaron a Borrachera, San Francisco, y otras veredas cercanas en el municipio de Ovejas han sufrido nuevas amenazas, episodios de desplazamiento forzado y asesinatos. Alrededor de 2004, un grupo de desplazados constituyeron la Asociación de Campesinos Retornados de Ovejas (ASOCARE) con el fin de representar y ayudar a antiguos residentes para que pudieran regresar a sus hogares. Según la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cuatro meses de 2006, cinco miembros de ASOCARE fueron asesinados, incluido Hansis Jiménez Montes, secretario de esa asociación, y Víctor Olivera, líder de la comunidad de San Francisco[588]. En abril de 2006, el presidente y el vicepresidente de ASOCARE abandonaron Ovejas debido a las amenazas sufridas[589].

Estos asesinatos justifican considerar seriamente las amenazas más recientes que se han proferido contra líderes de desplazados en la zona. Enrique Arias (seudónimo), actualmente líder de ASOCARE, manifestó que ayudaba a que miembros de la comunidad del lugar no vendieran sus tierras a empresas madereras y de palma africana. Informó haber recibido a mediados de 2011 una llamada telefónica anónima en la cual le advirtieron que, si quería continuar vivo, debía irse de la comunidad. Como resultado, se fue de Borrachera, donde residía, con otros cuatro familiares[590]. En la actualidad, Arias reside fuera de Sucre y sigue siendo líder de ASOCARE, pero afirmó que mantiene un bajo perfil porque, de un lado, teme por su seguridad y, de otra parte, se encuentra a una distancia considerable de Ovejas[591].

Javier Ramírez indicó que lideraba iniciativas para que otros miembros de la comunidad de San Francisco no vendieran sus tierras, a las cuales retornaron en 2003 después de haber sido desplazados por paramilitares en 2000, a compañías que desarrollaban proyectos agroindustriales en el área[592]. Ramírez relató a Human Rights Watch que el 28 de junio de 2012 recibió una llamada telefónica anónima en la cual le dijeron: “Los héroes aquí en Colombia se mueren”. Dijo que, cuando se presentó inicialmente a denunciar la amenaza a la sede de la Fiscalía de Ovejas, las autoridades que lo atendieron se negaron a tomarle la denuncia[593].

Predio El Quindío en Montería, Córdoba

Human Rights Watch documentó numerosos casos de abusos cometidos por grupos sucesores de los paramilitares contra desplazados que han sido trasladados a nuevas zonas rurales en el marco de programas gubernamentales de reubicación, lo que con frecuencia ha provocado que abandonen nuevamente sus hogares[594]. Este precedente ejemplifica los obstáculos de seguridad que podrían obstruir la implementación de la Ley de Víctimas cuando se llega a la etapa de reubicación de reclamantes de tierras que no pueden regresar a sus antiguos predios, debido a condiciones ambientales o de seguridad inadecuadas, entre otras razones estipuladas por la ley[595].

Por ejemplo, miembros de un grupo sucesor de paramilitares identificado por diferentes fuentes como las Águilas Negras han asesinado, amenazado y desplazado forzosamente a desplazados que el gobierno había reubicado en 1997 en El Quindío, un predio de 510 hectáreas en el municipio de Montería, Córdoba.

Alrededor de 2006, Jhon Jairo Martínez Videz, presidente de la asociación de familias de desplazados reubicados en El Quindío, comenzó a denunciar la ocupación ilegal de tierras de la comunidad por paramilitares desmovilizados. Los paramilitares desmovilizados amenazaron a residentes de El Quindío y destruyeron sus cercos, según consta en un documento del INCODER de 2006, donde se hace referencia a “la aparente renuencia de la Fiscalía de recepcionar la denuncia penal respectiva” sobre amenazas que la comunidad había intentado instaurar[596]. La Defensoría del Pueblo informó que las Águilas Negras también habían amenazado reiteradamente a Martínez Videz[597]. De acuerdo con la versión de un ex residente de El Quindío, Martínez Videz también había denunciado recibir amenazas de un ganadero vecino que —según creían otros miembros de la comunidad— tenía vínculos con las personas que ocupaban sus tierras[598].

El 28 de junio de 2009, Martínez Videz fue asesinado por hombres armados frente a su vivienda en El Quindío. Los agresores pertenecían a las Águilas Negras, según señalamientos de un ex miembro de la comunidad e informes del Defensor del Pueblo; no obstante, hasta julio de 2013, la Fiscalía no había imputado a nadie[599]. Después del asesinato, las Águilas Negras amenazaron a varios otros líderes comunitarios de El Quindío, quienes decidieron abandonar el lugar[600].

Siguieron ocurriendo en la zona hechos de violencia perpetrados por grupos sucesores de paramilitares. La Defensoría del Pueblo informó que, en agosto de 2010, el residente Primitivo Murillo fue asesinado por hombres armados, una semana después de que dos grupos sucesores de los paramilitares, las Águilas Negras y los Paisas, mantuvieran un enfrentamiento en El Quindío[601].

El 16 de febrero de 2011, miembros de las Águilas Negras ejecutaron a Gabriel José Santero, habitante de El Quindío, frente a los demás residentes de la comunidad. Según fue señalado por la Defensoría del Pueblo y un testigo directo entrevistado por Human Rights Watch, acusaban a Santero de ser informante de la Policía[602]. Las Águilas Negras obligaron a los miembros de la comunidad a reunirse en un lugar determinado y trajeron a Santero con las manos atadas. Entonces dijeron: “Vamos a hacer una demostración de cómo se hace con los sapos”[603], y mataron a Santero con un arma de fuego. Las Águilas Negras hicieron saber a las personas allí reunidas que cuando un miembro de la comunidad hacía una denuncia a la Policía, ellos se enteraban inmediatamente porque la Policía les informaba todo. El testigo explicó que después del homicidio de Santero, unas 10 familias se fueron de El Quindío[604].

Aproximadamente una semana más tarde, el 24 de febrero de 2011, un hombre identificado por la Defensoría del Pueblo como miembro de las Águilas Negras amenazó de muerte a la esposa de Martínez Videz, motivo por el cual esta decidió huir de El Quindío[605]. Después del incidente, la Defensoría del Pueblo informó que, en la comunidad de El Quindío, “[l]a población ha venido siendo permanentemente amenazada, existe una restricción a la movilidad, control social y poblacional y confinamiento en esta comunidad”[606].

A finales de 2011, una amenaza proferida personalmente por miembros de un grupo sucesor de los paramilitares obligó a otro líder de la comunidad a abandonar El Quindío, según observaron varias fuentes creíbles[607].

Un antiguo residente de El Quindío manifestó a Human Rights Watch que, a mediados de 2012, menos de la mitad de las familias desplazadas que habían sido reubicadas en El Quindío permanecían en esas tierras, y que todos los líderes comunitarios habían huido de la zona[608]. “No puede denunciar porque lo matan”, dijo. “Todo el mundo humillado”[609].

Fincas Villa Linda y Usaquén en Córdoba

Luis Miguel Torres (seudónimo) y Elías Cuello (seudónimo) son líderes de familias desplazadas que debían beneficiarse con las reubicaciones dispuestas por el gobierno en las fincas Usaquén y Villa Linda de Montería y Tierralta, Córdoba, respectivamente. Ambos huyeron de sus hogares después de haber sido amenazados por miembros de las Águilas Negras, por motivos vinculados con su labor de activismo.

En 1999, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) compró la finca Usaquén, de 260 hectáreas, con el objeto de otorgar el título de propiedad de este predio a 35 familias desplazadas [610] . Sin embargo, las 35 familias no pudieron trasladarse a la finca porque, de acuerdo con testimonios recabados por el Centro de Memoria Histórica patrocinado por el gobierno, el jefe de las AUC Salvatore Mancuso les prohibió que ingresaran [611] . La Defensoría del Pueblo informó en 2006 que el primo de Mancuso se había apoderado de parte de la finca [612] . No obstante, Torres y Cuello continuaron defendiendo los derechos de 35 familias sobre tierras de Usaquén.

Cuello manifestó que, en noviembre de 2006, miembros de las Águilas Negras se presentaron en su vivienda de Las Palomas, Montería, lo obligaron a subir a una motocicleta y lo llevaron a otra finca, donde lo retuvieron durante aproximadamente 10 horas [613] . Contó que, mientras estaba detenido, las Águilas Negras le dijeron que dejara de reclamar la finca Usaquén. Después del incidente, Cuello huyó de Las Palomas [614] . Cuatro años más tarde, en noviembre de 2010, un hombre que circulaba en una motocicleta se presentó en la vivienda de la familia Cuello en Montería, le preguntó a su padre dónde estaba, y dijo: “Le advertimos que deje de joder y reclamar”, según consta en una denuncia penal presentada por Cuello [615] . En esta denuncia, Cuello declaró que temía por su familia, y señaló que dos de sus hijos ya habían sido desaparecidos.

En 2010, el INCODER reubicó a Torres y a otros desplazados, que inicialmente debían vivir en Usaquén en la finca de Villa Linda en Tierralta, Córdoba. En junio de 2011, Torres se quejó ante varias autoridades estatales de que las familias desplazadas no habían recibido todas las tierras que el INCODER había comprado en Villa Linda[616].

Torres refirió que, en 2011, había denunciado varias veces ante las autoridades de Córdoba la presencia diaria de miembros armados de las Águilas Negras en la finca Villa Linda [617] . En diciembre de 2011, uno de los miembros de las Águilas Negras le advirtió que se fuera de la finca Villa Linda. Al mes siguiente, el 5 de enero de 2012, Torres, su esposa y sus hijos huyeron de Villa Linda debido a la presión de miembros de las Águilas Negras,

[q]uienes pasan dentro de la mayoría de la finca, se sientan, amanecen, anochece, llaman por celular, comen y duermen.... Solamente con la presencia de ellos nos aterrorizan, no duerme uno tranquilo ..., hemos salido varios de allá y ellos no se atreven denunciar porque piensan los van a matar[618].

Torres informó que, el 13 de febrero, mientras se dirigía en motocicleta a Tierralta para recoger las pertenencias que había dejado en Villa Linda, dos hombres armados en una motocicleta lo detuvieron en un tramo de la carretera cerca de Villa Linda[619]. Después de mostrarles a los dos hombres su tarjeta de identificación, estos realizaron una llamada telefónica y dijeron: “Ese es”. Pero de pronto advirtieron que se acercaba la Policía, entonces, según relató Torres a la Fiscalía, le dijeron: “Veinticuatro horas para que desocupe la zona, no lo queremos ver más en Villa Linda y dígale a ese [Cuello] que deje de joder y de estar reclamando tierras, ustedes no tienen por qué estar reclamándoles tierra a nadie”[620].

Así, al igual que en el caso de El Quindío, grupos sucesores de los paramilitares amenazaron a líderes de comunidades de desplazados que estaban involucradas en disputas por tierras en las cuales habían sido reubicadas.

[116]Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, “Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en la región del Urabá Antioqueño”, agosto de 2004, http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf?view=1 (consultado el 19 de mayo de 2013). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Homicide Statistics 2013” [Estadísticas sobre homicidio 2013], http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html (consultado el 7 de agosto de 2013); Banco Mundial, “Intentional homicides (per 100,000 people)” [Homicidios intencionales (cada 100.000 personas)] http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5 (consultado el 7 de agosto de 2013). Según el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2011 la tasa de homicidios en Honduras era de 92 cada 100.000 habitantes.

[117] Ver, por ejemplo, descripción en la investigación de la Fiscalía General de la Nación radicada con el número 3856 relativa a la participación de empresas productoras de palma africana, ganaderos, empresas bananeras, funcionarios del INCODER y notarios públicos, entre otros funcionarios, en los desplazamientos forzados y despojos ocurridos en las cuencas de los ríos Curavadó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó. Informe enviado por el Director Nacional de Fiscalías a la Corte Constitucional de Colombia, enero de 2013, Comunicación oficial número 14-01-2013.

[118] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[119] “Palma adentro”, revista Semana, 14 de agosto de 2005, http://www.semana.com/nacion/articulo/palma-adentro/74291-3(consultado el 19 de mayo de 2013).

[120] Tierra y Vida es el nombre actual de la asociación de desplazados que se inició en 2008, en un primer momento con el nombre de Mesa Campesina. Desde entonces, la organización ha conglomerado a distintas asociaciones de víctimas y ha cambiado de nombre. Para mayor claridad, empleamos el nombre actual de la organización en todo el informe.

[121] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[122] Carta enviada por el Vicepresidente Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al entonces Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, 27 de septiembre de 2010.

[123] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Jiménez, Apartadó, Antioquia, 6 de marzo de 2012; Carta enviada por Juan Agustín Jiménez Vertel a Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, 13 de marzo de 2008; Comunicación Oficial de la Fiscalía General de la Nación en Turbo a familiar de Jiménez, julio de 2010.

[124] Entrevista grupal de Human Rights Watch a desplazados que reclaman tierras en Macondo, Apartadó, Antioquia, 12 de abril de 2013.

[125] Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión Civil – Familia, Proceso N.° 05045310300120070011200, 2 de agosto de 2010. Cantero declaró en la causa que había comprado la tierra a Jiménez.

[126] Testimonio ofrecido por testigo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), agosto de 2007; Denuncia penal presentada por testigo (en los registros de Human Rights Watch).

[127] Denuncia penal presentada por testigo (en los registros de Human Rights Watch).

[128] Carta enviada por Juan Agustín Jiménez Vertel a Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, 13 de marzo de 2008.

[129] Denuncia penal presentada por Juan Agustín Jiménez Vertel ante la Fiscalía General de la Nación en Turbo, Antioquia, 16 de julio de 2008.

[130] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Jiménez, Apartadó, Antioquia, 6 de marzo de 2012.

[131] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[132] Formato de Consulta en Recuperación de Tierras – CONRET, documentos presentados por Benigno Gil en el Ministerio de Agricultura, Código: 00001-8.337.376, Código: 00002-8.337.376, Código: 00003-8.337.376 y Código: 00004-8.337.376.

[133] Carta enviada por Benigno Gil al entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, 7 de mayo de 2008.

[134] Ibíd.

[135] Declaración jurada de Benigno Gil ante la Inspección de Policía en Belén de Bajirá, 23 de septiembre de 2008.

[136] Formato de Consulta en Recuperación de Tierras - CONRET, documentos presentados por Benigno Gil ante el Ministerio de Agricultura, Código: 00001-8.337.376 y Código: 00002-8.337.376.

[137] Carta enviada por Benigno Gil al Director de la Policía Nacional, 26 de septiembre de 2008.

[138] Carta enviada por Benigno Gil al entonces Presidente Álvaro Uribe, 7 de octubre de 2008.

[139] Denuncia presentada por Benigno Gil al comandante de la Policía de Urabá, 30 de octubre de 2008; Denuncia presentada ante el comandante de la Policía de Urabá, 4 de noviembre de 2008.

[140] Director de la Dirección Nacional de Fiscalías, Informe Ejecutivo, 14 de enero de 2009.

[141] Ibíd.

[142] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 17 de julio de 2012; Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013. Policía Nacional de Colombia, “Policía golpea la estructura de la banda criminal de ‘Don Mario’”, 1 de abril de 2009, http://oasportal.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTDET_DIRECCION_GENERAL.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=229026 (consultado el 19 de mayo de 2013). El comunicado de prensa de 2009 de la Policía Nacional atribuyó a los Urabeños la responsabilidad por la muerte de Gil.

[143] Carta enviada por el Vicepresidente Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al entonces Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, 27 de septiembre de 2010.

[144] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 27 de junio de 2012.

[145] Policía Nacional de Colombia, “Policía golpea la estructura de la banda criminal de ‘Don Mario’”, 1 de abril de 2009, http://oasportal.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTDET_DIRECCION_GENERAL.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=229026 (consultado el 19 de mayo de 2013).

[146] Instituto Popular de Capacitación (IPC), “Observatorio de Derechos Humanos N.° 15”, Medellín, octubre de 2012, http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1207784503.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013), pág. 11.

[147] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[148] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Albeiro Váldez, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012; documento de la Fiscalía General de la Nación en Turbo que certifica la existencia de una investigación radicada con el número 1.777 por la muerte en forma violenta de Leopoldo Váldez Medrano y Alonso Váldez Martínez, el 21 de noviembre de 1993.

[149] Carta enviada por el Vicepresidente Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al entonces Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, 27 de septiembre de 2010; Alcaldía de Necoclí, recepción de querella civil de policía por la cual se solicita desalojo, presentada por Jairo Humberto Echeverry Bedoya, 22 de junio de 2010.

[150] Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (ASOVIRESTIBI), “Las víctimas no podemos seguir siendo asesinadas por reclamar la restitución de nuestras tierras”, declaración pública emitida el 12 de mayo de 2010.

[151] Denuncia penal interpuesta por Albeiro Váldez ante la policía judicial de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación en Apartadó.

[152] Carta enviada por Jaime Jaramillo Panesso, entonces representante de la sede en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), al abogado que representa a la familia de Váldez, agosto de 2010.

[153] Fiscalía General de la Nación en Necoclí, Antioquia, Acta de conciliación con acuerdo, Código: FGN-50800-F-26; Ministerio del Interior, Resolución 008581 del 25 de marzo de 2010 “Por el cual se decide sobre una solicitud de protección”.

[154] Ibíd.

[155] Acción de tutela interpuesta por la abogada de la familia de Váldez ante la justicia municipal de Necoclí, 14 de julio de 2010; Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes (ASOVIRESTIBI), “Las víctimas no podemos seguir siendo asesinadas por reclamar la restitución de nuestras tierras”, declaración pública, 12 de mayo de 2010.

[156] Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Urabá, documento donde se certifica la denuncia de Albeiro Váldez contra Jairo Humberto Echeverry Bedoya, Necoclí, Antioquia, 25 de noviembre de 2009.

[157] Fiscalía General de la Nación en Necoclí, Antioquia, Acta de conciliación con acuerdo, Código: FGN-50800-F-26.

[158] Ministerio del Interior, Resolución 008581 del 25 de marzo de 2010 “Por el cual se decide sobre una solicitud de protección”.

[159] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con familiar de Albeiro Váldez, 8 de mayo de 2013.

[160] Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (ASOVIRESTIBI), “Las víctimas no podemos seguir siendo asesinadas por reclamar la restitución de nuestras tierras”, declaración pública, 12 de mayo de 2010.

[161] Seccional de Investigación Criminal (SIJIN)-Turbo, Inspección Técnica a Cadáver, 11 de mayo de 2010, Proceso N.°: 058376000353201080141; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 11 de mayo de 2010, Informe Pericial de Necropsia 2010010105837000043; Certificado de defunción antecedente para el registro civil número 80671298-0, 11 de mayo de 2010, donde se determina que la probable manera de muerte fue violenta; Certificado de defunción antecedente para el registro civil número 80671298-0, 11 de mayo de 2010, donde se determina que la probable manera de muerte estaba “en estudio”.

[162] Carta enviada por el Vicepresidente Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al entonces Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, 27 de septiembre de 2010.

[163] Ibíd.

[164] Alcaldía de Necoclí, recepción de querella civil de policía por la cual se solicita desalojo, presentada por Jairo Humberto Echeverry Bedoya, 22 de junio de 2010.

[165] Acción de tutela presentada por la abogada de la familia Váldez ante un juez municipal de Necoclí, 14 de julio de 2010; Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación, Decisión del 17 de noviembre de 2011, Proceso N.° 37805, pág. 2.

[166] Alcaldía de Necoclí, Antioquia, “Visita de inspección ocular finca denominada Siete Vueltas, vereda El Tigre, corregimiento El Totumo, Municipio de Necoclí”, 25 de junio de 2010.

[167] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Albeiro Váldez, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[168] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2012.

[169] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2012.

[170] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Hernando Pérez Hoyos (el lugar se mantiene bajo reserva), 5 de marzo de 2012.

[171] Ibíd.

[172] Ibíd.

[173] Entrevista de Human Rights Watch con miembro de Tierra y Vida (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[174] Carta enviada por el Vicepresidente Angelino Garzón y el entonces Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al entonces Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, 27 de septiembre de 2010.

[175] Entrevista de Human Rights Watch con Héctor Cavadía (el lugar se mantiene bajo reserva), 10 de julio de 2012.

[176] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Hernando Pérez Hoyos (el lugar se mantiene bajo reserva), 5 de marzo de 2012.

[177] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2012; “Capturados dos integrantes de la BACRIM de Urabá, relacionados con hechos en contra del proceso de restitución de tierras”, Memorándum Policial, sin fecha.

[178] Entrevista de Human Rights Watch con Héctor Cavadía (el lugar se mantiene bajo reserva), 10 de julio de 2012.

[179] Carta enviada por el programa de protección del Ministerio del Interior a María Zapata (seudónimo), noviembre de 2010; entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León (seudónimo), Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con María Zapata (seudónimo), Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2012; Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Constancia de denuncia de amenazas presentada por María Zapata (seudónimo), julio de 2010. Entrevista de Human Rights Watch con Julia Guerrero (seudónimo), Bogotá, 27 de noviembre de 2012. Julia Guerrero (seudónimo), una líder de Tierra y Vida de Necoclí, dijo a Human Rights Watch que tras el asesinato de Pérez Hoyos, recibió una amenaza de muerte a través de una llamada a su teléfono celular.

[180] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de Hernando Pérez Hoyos (el lugar se mantiene bajo reserva), 5 de marzo de 2012.

[181] “Capturados dos integrantes de la BACRIM de Urabá, relacionados con hechos en contra del proceso de restitución de tierras”, Memorándum Policial, sin fecha.

[182] Entrevista grupal de Human Rights Watch con oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, 25 de julio de 2012.

[183] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[184] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013.

[185] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, Apartadó, Antioquia, 8 de marzo de 2012.

[186] Entrevistas de Human Rights Watch con Fernando Enamorado (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012.

[187] Carta enviada por Fernando Enamorado al Ministerio del Interior y de Justicia, 27 de enero de 2010; entrevistas de Human Rights Watch con Fernando Enamorado (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012.

[188] Ibíd.

[189] Entrevistas de Human Rights Watch con Fernando Enamorado (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012.

[190] Carta enviada por Rafael Bustamante Pérez, entonces director del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, a Fernando Enamorado relativa a la Resolución número 002914 del 8 de febrero de 2010.

[191] Ibíd.

[192] Entrevista de Human Rights Watch con Fernando Enamorado (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012; testimonio aportado por familiar de Fernando Enamorado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), sin fecha.

[193] Entrevista de Human Rights Watch con Fernando Enamorado (el lugar se mantiene bajo reserva), diciembre de 2011 y marzo de 2012.

[194] Ibíd.

[195] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[196] Ministerio de Agricultura, “MinAgricultura alerta a las autoridades por continuos atentados contra victimas que reclaman tierras”, 20 de enero de 2011, http://www.minagricultura.gov.co/archivos/_bol_008_-_2011minagricultura_alerta_a_las_autoridades_por_continuos_atentados_contra_victimas_que_reclaman_tierras.pdf (consultado el 19 de mayo de 2013).

[197] Entrevista de Human Rights Watch con Carolina Sáenz, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[198] Ibíd.

[199] Ibíd.

[200] Ibíd. Sáenz contó a Human Rights Watch que el 15 de julio de 2012, fue abordada en Apartadó por un hombre no identificado que le hizo una advertencia poco precisa sobre “aten[erse] a las consecuencias”.

[201] Entrevista de Human Rights Watch con Alfranio Solano (el lugar se mantiene bajo reserva), 24 de julio de 2012; testimonio aportado por Alfranio Solano a la SIJIN, marzo de 2011; denuncia penal presentada por Alfranio Solano ante la Fiscalía General de la Nación en Medellín, abril de 2011.

[202] Testimonio aportado por Alfranio Solano a la SIJIN, marzo de 2011; entrevista de Human Rights Watch con Alfranio Solano (el lugar se mantiene bajo reserva), 24 de julio de 2012.

[203] Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/19/21/Add.3, 31 de enero de 2012, Apéndice I, párr. 8d.

[204] Entrevista de Human Rights Watch con Gerardo Vega, Medellín, Antioquia, 18 de julio de 2012.

[205] Denuncia penal presentada por Gerardo Vega en la Fiscalía General de la Nación, 1 de septiembre de 2011.

[206] Ibíd.

[207] Human Rights Watch recibió versiones coincidentes de distintas fuentes que indican que en ciertas regiones, como Urabá y Córdoba, Águilas Negras es una denominación alternativa que utiliza el grupo sucesor paramilitar Urabeños. Otros grupos o personas —incluidas pandillas locales— también han utilizado el nombre “Águilas Negras” para infundir temor en la población, según afirman las autoridades.

[208] Comunicación enviada por Gerardo Vega a la Fiscalía General de la Nación, 27 de marzo de 2012; Defensoría del Pueblo, “Defensoría del Pueblo insta a las autoridades a implementar medidas efectivas de protección a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que adelantan procesos de reclamación de tierras”, 6 de septiembre de 2011, http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1344 (consultado el 19 de mayo de 2013).

[209] Copia de la amenaza en los registros de Human Rights Watch.

[210] Entrevista de Human Rights Watch con Héctor Cavadía (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de julio de 2012.

[211] Ibíd.

[212] Entrevista de Human Rights Watch con Héctor Cavadía (el lugar se mantiene bajo reserva) 9 de julio de 2012; Juzgado Segundo Adjunto de Descongestión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Proceso N.°: 05-837-60-00-000-2-12-00010, 21 de diciembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, Medellín, 18 de julio de 2012; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal, 5 de junio de 2013.

[213] Ibíd.

[214] Entrevista de Human Rights Watch con Héctor Cavadía (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de julio de 2012.

[215] “Capturados dos integrantes de la BACRIM de Urabá, relacionados con hechos en contra del proceso de restitución de tierras”, Memorándum policial, sin fecha; entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Bogotá, 25 de julio de 2012.

[216] Juzgado Segundo Adjunto de Descongestión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Proceso N.° 05-837-60-00-000-2-12-00010, 21 de diciembre de 2012;

[217] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal, 5 de junio de 2013.

[218] Entrevista de Human Rights Watch con Julia Guerrero, Bogotá, 27 de noviembre de 2012.

[219] Ibíd.

[220] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[221] Entrevista de Human Rights Watch con Virginia Bolaños (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de marzo de 2012.

[222] Acción de tutela presentada por abogada de la familia de Váldez ante la justicia municipal de Necoclí, 14 de julio de 2010.

[223] Entrevista de Human Rights Watch con Virginia Bolaños (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de marzo de 2012.

[224] Entrevista de Human Rights Watch con Virginia Bolaños (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Carolina Sáenz, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012; Ministerio de Agricultura, “MinAgricultura alerta a las autoridades por continuos atentados contra victimas que reclaman tierras”, 20 de enero de 2011, http://www.minagricultura.gov.co/archivos/_bol_008__2011minagricultura_alerta_a_las_autoridades_por_continuos_atentados_contra_victimas_que_reclaman_tierras.pdf (consultado el 19 de mayo de 2013).

[225] Entrevista de Human Rights Watch con Carolina Sáenz, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Virginia Bolaños (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de marzo de 2012.

[226] Entrevista de Human Rights Watch con Virginia Bolaños (el lugar se mantiene bajo reserva), 9 de marzo de 2012.   

[227] Ibíd.

[228] Comunicación enviada por Gerardo Vega a la Fiscalía General de la Nación, 27 de marzo de 2012. Copia de la amenaza en los registros de Human Rights Watch.

[229] Ibíd.

[230] Entrevista de Human Rights Watch con José Miguel Padilla, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[231] Departamento de Policía Urabá, Certificación de denuncia presentada por José Miguel Padilla el 11 de junio de 2012. Copia de la amenaza en los registros de Human Rights Watch.

[232] Entrevista de Human Rights Watch con José Miguel Padilla, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[233] Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Páez, Apartadó, Antioquia, 19 de julio de 2012; declaración jurada prestada por Carlos Páez ante la policía judicial en Turbo, Antioquia, 18 de julio de 2012.

[234]Denuncia penal presentada por Carlos Páez ante la Fiscalía General de la Nación en Apartadó, 9 de mayo de 2011; denuncia penal presentada por Carlos Páez ante la Fiscalía General de la Nación en Turbo, 6 de marzo de 2012; Departamento de Policía Urabá, Certificación de denuncia presentada por Carlos Páez sobre amenazas el 13 de marzo de 2012.

[235] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, Antioquia, 12 de abril de 2013.

[236] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[237] Ibíd.

[238] Entrevista de Human Rights Watch con Carmenza León, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012; denuncia presentada por Carmenza León ante la Fiscalía General de la Nación, julio de 2012.

[239] Ibíd.

[240] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Carmenza León, 22 de octubre de 2012.

[241] Ibíd.

[242] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Carmenza León, 24 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con Manuel Mercado, 24 de abril de 2013.

[243] Unidad Nacional de Protección, “Informe de líderes y reclamantes de restitución de tierras”, 27 de mayo de 2013.

[244] Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar enviada al Coordinador de Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Comunicación oficial N.° DPRCES 6005-1891-G, 25 de junio de 2012.

[245] Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar enviada a la Defensoría del Pueblo de Colombia, N.° de nota DPRCES 6005-1906-G, Valledupar, departamento de Cesar, 7 de mayo de 2013. Según la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar, las amenazas contra los periodistas “tienen lugar en un momento en el que los líderes y lideresas reclamantes de restitución de tierras de varios municipios de Cesar han puesto en conocimiento de las autoridades concernidas el incremento ostensible de las amenazas en su contra”.

[246] Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Proceso N.°: 200013121001-2012-00147-00, 8 de febrero de 2013, págs. 3 y 4.

[247] Documento interno de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar sobre casos de despojos en el departamento de Cesar, sin fecha.

[248] Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Proceso N.°: 200013121001-2012-00147-00, 8 de febrero de 2013, pág. 4.

[249] Denuncia penal presentada por Juan Carlos Ramírez ante la Fiscalía General de la Nación, marzo de 2009.

[250] Ibíd.

[251] Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Proceso N.°: 200013121001-2012-00147-00, 8 de febrero de 2013, pág. 4; Documento interno de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar sobre casos de despojos en el departamento de Cesar, sin fecha; “La mina del comandante Barbie”, El Tiempo, 31 de agosto de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3074806(consultado el 19 de mayo de 2013).

[252] “Conversaciones peligrosas”, revista Semana , 1 de septiembre de 2007, http://www.semana.com/nacion/articulo/conversaciones-peligrosas/88027-3 (consultado el 19 de mayo de 2013). Estados Unidos pidió que Rodríguez fuera extraditado para ser procesado por narcotráfico, y en 2008, según información publicada por The Washington Post, las autoridades estadounidenses le concedieron la libertad bajo fianza. Oriana Zill de Granados y Chisum Lee, “Colombian paramilitaries extradited to the U.S., where cases are sealed”, Washington Post, 11 de septiembre de 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/11/AR2010091100080.html (consultado el 21 de mayo de 2013).

[253] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 18 de junio de 2013.

[254] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, Valledupar, 5 de julio de 2012; Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar al director de la Unidad Nacional de Protección, 28 de junio de 2012.

[255] Entrevista de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, Valledupar, 5 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Valledupar, 4 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con oficiales de la Policía del departamento de Cesar, Valledupar, 5 de julio de 2012; Denuncia penal presentada por Juan Carlos Ramírez ante la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, 27 de junio de 2012.

[256] Denuncia presentada por Juan Carlos Ramírez en la Defensoría del Pueblo, 27 de junio de 2012.

[257] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Valledupar, julio de 2012.

[258] Ver Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación, Proceso N.° 38839, 27 de agosto de 2012.

[259] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Valledupar, 4 de julio de 2012; Documento interno de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar sobre casos de despojos en el departamento de Cesar, sin fecha.

[260] Ibíd.

[261] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 31 de enero de 2013; mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Defensoría del Pueblo a Human Rights Watch, 29 de enero de 2013.

[262] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 31 de enero de 2013.

[263] Ibíd.  

[264] Ibíd.

[265] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 19 de febrero de 2013.

[266] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Juan Carlos Ramírez, 3 de junio de 2013; Denuncia penal presentada por Juan Carlos Ramírez en la Fiscalía General de la Nación, 30 de abril de 2013; Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar enviada al director de la Unidad Nacional de Protección, 4 de junio de 2013.

[267] Ibíd.

[268] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar al director de la Unidad Nacional de Protección, 4 de junio de 2013.

[269] Human Rights Watch, ¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia” , octubre de 2008, pág. 65-67. Centro de Memoria Histórica, “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”, 2009, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013).

[270] Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, Unidades agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado en Colombia, 2010, pág. 149.

[271] Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, art. 193.

[272] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012.

[273] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 18; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la alcaldía de Carmen de Bolívar, Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabajaba en restitución de tierras, Cartagena, enero de 2013; entrevista grupal de Human Rights Watch con reclamantes de tierras de la región de Montes de María, Sincelejo, Sucre, 27 de febrero de 2012.

[274] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Cartagena, 10 de julio de 2012.

[275] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Bogotá, 1 de diciembre de 2012.

[276] Documento presentado por Gustavo Arrieta ante el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, 3 de marzo de 2011.

[277] Fiscalía General de la Nación, Solicitud de medidas de protección al Comandante de Policía de Carmen de Bolívar, Bolívar, 15 de junio de 2011; entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Carmen de Bolívar, 11 de julio de 2013.

[278] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 19; Denuncia presentada por miembros de la comunidad de El Palmito ante la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Carmen de Bolívar y otras autoridades, 9 de febrero de 2012.

[279] Denuncia presentada por miembros de la comunidad de El Palmito ante la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Carmen de Bolívar y otras autoridades, 9 de febrero de 2012.

[280] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013.

[281] Denuncia presentada por miembros de la comunidad El Palmito ante la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Carmen de Bolívar y otras autoridades, 9 de febrero de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 19.

[282] Ibíd.

[283] Denuncia presentada por miembros de la comunidad de El Palmito ante la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Carmen de Bolívar y otras autoridades, 9 de febrero de 2012.

[284] Denuncia presentada por miembros de la comunidad El Palmito ante la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Carmen de Bolívar y otras autoridades, 9 de febrero de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 19.

[285] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 19.

[286] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, 11 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Cartagena, 10 de julio de 2012; Denuncia presentada por Gustavo Arrieta ante la Fiscalía General de la Nación, Carmen de Bolívar, la alcaldía de Bolívar y otras autoridades, 19 de abril de 2012.

[287] Denuncia presentada por Gustavo Arrieta ante la Fiscalía General de la Nación en Carmen de Bolívar, la alcaldía de Bolívar y otras autoridades, 19 de abril de 2012.

[288] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de julio de 2012.

[289] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, pág. 18. Denuncia penal presentada por Ronald Castilla ante la Policía judicial, 17 de enero de 2012.

[290] Entrevista de Human Rights Watch con Marta Blanco (el lugar se mantiene bajo reserva), enero de 2013; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012.

[291]Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012, págs. 30 y 31.

[292] El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas es un organismo estatal que evalúa los informes de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas y determina la conveniencia de recomendar al Ministerio del Interior que emita una “alerta temprana” y las recomendaciones correspondientes a las autoridades para que adopten medidas preventivas.

[293] Unidad de Restitución, “Resolución RDI 0059 del 19 de septiembre de 2012”, 19 de septiembre de 2012.

[294] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con un funcionario de la Unidad de Restitución, 10 de mayo de 2013.

[295] Denuncia penal presentada por víctimas de la amenaza ante la Fiscalía General de la Nación en Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, 2 de octubre de 2012.

[296] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 007-12A.I.”, 15 de mayo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Ángela Higuita, Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de julio de 2012.

[297] Entrevista de Human Rights Watch con Carlos Andrés Franco, Bogotá, 20 de octubre de 2012.

[298] Ibíd.

[299] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Edgardo Flórez, 19 de noviembre de 2012.

[300] Ibíd.

[301] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Rosa Novoa, 15 de enero de 2013 y 4 de junio de 2013; entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Enedis Ponce, 15 de enero de 2013 y 4 de junio de 2013.

[302] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), “Denuncia pública: Amenazas de muerte a procesos de exigencia de los derechos de las víctimas de Montes de María (Sucre)”, 2 de noviembre de 2012, http://www.movimientodevictimas.org/pronunciamientos/denuncias-publicas/item/2926-denuncia-p%C3%BAblica-amenazas-de-muerte-a-procesos-de-exigencia-de-los-derechos-de-las-v%C3%ADctimas-de-montes-de-mar%C3%ADa-sucre.html (consultado el 21 de mayo de 2013).

[303] Ibíd.

[304] Entrevista de Human Rights Watch con Gustavo Arrieta, Bogotá, 1 de diciembre de 2012.

[305] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Ronald Castilla, 14 de enero de 2013.

[306] Entrevista de Human Rights Watch con Marta Blanco (el lugar se mantiene bajo reserva), enero de 2013.

[307] Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), “Denuncia pública: Amenazas de muerte a procesos de exigencia de los derechos de las víctimas de Montes de María (Sucre)”, 2 de noviembre de 2012.

[308] Ibíd.

[309] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Carlos Andrés Franco, 11 de diciembre de 2012.

[310] Denuncia penal presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ante la Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2012.

[311] Ibíd.

[312] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Enedis Ponce, 4 de junio de 2013.

[313] Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), “Denuncia pública: nuevas amenazas en contra de integrantes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar”, 22 de marzo de 2013, http://www.movimientodevictimas.org/pronunciamientos/denuncias-publicas/item/3117-denuncia-p%C3%BAblica-nuevas-amenazas-en-contra-de-integrantes-de-la-mesa-de-v%C3%ADctimas-de-carmen-de-bol%C3%ADvar.html (consultado el 21 de mayo de 2013).

[314] Entrevista de Human Rights Watch con líder de víctimas del departamento de Córdoba, Montería, 10 de abril de 2013.

[315] Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “ONU derechos humanos expresa preocupación por asesinato de dos defensores de derechos humanos”, 27 de marzo de 2013, http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2013/comunicados2013.php3?cod=30&cat=91, (consultado el 21 de mayo de 2013); “Lo mataron y lo tiraron al río”, El Meridiano de Córdoba, 27 de marzo de 2013, http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=28432:lo-mataron-y-lo-tiraron-al-r%C3%ADo&Itemid=120http://elmeridianodecordoba.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=28432:lo-mataron-y-lo-tiraron-al-r%C3%ADo&Itemid=120 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[316] Entrevista de Human Rights Watch con policía de alto rango de Córdoba, Montería, 11 de abril de 2013.

[317] Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “ONU derechos humanos expresa preocupación por asesinato de dos defensores de derechos humanos”, 27 de marzo de 2013.

[318] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario del departamento de Córdoba, Montería, 10 de abril de 2013.

[319] Ibíd.

[320] “Las Víctimas: Hay miedo para reclamar tierras”, El Meridiano de Córdoba, 9 de abril de 2013.

[321] Ibíd.

[322] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Montería, 9 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Bogotá, 15 de abril de 2013.

[323] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Montería, 9 de abril de 2013.

[324] Entrevista de Human Rights Watch con policía de alto rango de Córdoba, Montería, 11 de abril de 2013. Ver también, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH lamenta asesinato y urge a Colombia a proteger líderes sociales que trabajan por los derechos de personas desplazadas por el conflicto”, 19 de abril de 2013, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/027.asp (consultado el 21 de mayo de 2013).

[325] “Desafío a Santos”, El Meridiano de Córdoba, 10 de abril de 2013.

[326] Presidente Juan Manuel Santos, “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el acto de restitución de tierras de la hacienda Santa Paula, en Córdoba”, Montería, Córdoba, 10 de abril de 2013, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Abril/Paginas/20130410_04.aspx (consultado el 18 de mayo de 2013)

[327]Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “ONU-ddhh, ACNUR y PNUD condenan asesinato del líder de tierras y víctimas Ever Cordero Oviedo”, 9 de abril de 2013, http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2013/comunicados2013.php3?cod=31&cat=91 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[328] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Policía Nacional, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[329] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario local de Córdoba, Montería, 10 de abril de 2013.

[330] Un ejemplo de la presencia de los Urabeños en Valencia es que el Ejército informó haber capturado, en marzo de 2013, a cinco presuntos miembros de esta organización en una zona rural del municipio, y haber confiscado 6 fusiles, una ametralladora, municiones, uniformes y 20 brazaletes con el escudo del grupo. “Capturados en Córdoba cinco presuntos Urabeños”, El Universal, 25 de marzo de 2013, http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/capturados-en-cordoba-cinco-presuntos-urabenos-113697 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[331] Entrevistas de Human Rights Watch con Wilson Arenas (seudónimo), Montería, 13 de julio de 2012 y 11 de abril de 2013. El líder de desplazados Wilson Arenas (seudónimo) afirmó que en enero de 2011, después de haber descendido de un autobús en Valencia para asistir a una reunión con víctimas, dos hombres armados —que luego fueron identificados por residentes como miembros de los Urabeños— se acercaron a él, le preguntaron qué iba a hacer allí y le dijeron: “No se meta más con eso”. Arenas se fue inmediatamente de Valencia.

[332] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario del departamento de Córdoba, 27 de julio de 2013.

[333] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario del departamento de Córdoba, 27 de julio de 2013; “Defensoría acompañó salida de familias amenazadas en Córdoba”, El Espectador, 4 de julio de 2013, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-431767-defensoria-acompano-salida-de-familias-amenazadas-cordoba (consultado el 29 de julio de 2013).

[334] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[335] Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados condenan asesinato de defensor de las víctimas Miller Angulo”, 4 de diciembre de 2012, http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2012/comunicados2012.php3?cod=25&cat=88 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[336] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[337] Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República de Colombia, “Proceso de Paz con las Autodefensas: Informe Ejecutivo”, http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/informefinaldesmovilizaciones.pdf (consultado el 21 de mayo de 2013), págs. 83 y 84.

[338] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, Unidad Central de Análisis Criminal, “Informe N.° 299588 al fiscal de la 5.° Unidad Especializada de Derechos Humanos”, 10 de agosto de 2006. Human Rights Watch consultó informes de investigación emitidos por la Fiscalía General de la Nación acerca del contenido de una computadora, discos duros y archivos que encontraron las autoridades cuando detuvieron al líder del Bloque Norte Édgar Antonio Fierro Flórez, alias Don Antonio, en 2006. Para obtener más información, ver Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares, págs. 31-32.

[339] Entrevista grupal de Human Rights Watch con la familia Freite, Valledupar, 6 de julio de 2012; denuncia penal presentada por la familia Freite ante la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, septiembre de 2007; denuncia penal presentada por un miembro de la familia Freite ante la Policía judicial en Valledupar, marzo de 2009.

[340] Entrevista grupal de Human Rights Watch con la familia Freite, Valledupar, 6 de julio de 2012; denuncia penal presentada por un miembro de la familia Freite ante la Policía judicial en Valledupar, marzo de 2009; Notaría Primera del Circuito de Valledupar, Escritura Pública N.° 2109 del 26 de septiembre de 2003, carta del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar al director de la Unidad Nacional de Protección, 28 de junio de 2012.

[341] Denuncia penal presentada por un miembro de la familia Freite ante la Policía judicial en Valledupar, marzo de 2009.

[342] Documento certificado por notario público, presentado por la madre de Levi ante la Fiscalía General de la Nación, 8 de febrero de 2010.

[343] Denuncia penal presentada por un miembro de la familia Freite ante la Fiscalía General de la Nación, junio de 2012; Declaración pública firmada por la familia Freite, 26 de junio de 2012; carta enviada por el Defensor del Pueblo del departamento de Cesar al director de la Unidad Nacional de Protección, 28 de junio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con la familia Freite, Valledupar, 6 de julio de 2013.

[344] Cronología de los hechos firmada por la familia Freite y proporcionada a Human Rights Watch, 6 de julio de 2012; documento interno de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar sobre casos de despojos en el departamento de Cesar, sin fecha.

[345] Denuncia penal presentada por un miembro de la familia Freite ante la Fiscalía General de la Nación, junio de 2012; copia de la amenaza en los registros de Human Rights Watch.

[346] Carta enviada por el Defensor del Pueblo del departamento de Cesar al director de la Unidad Nacional de Protección, 28 de junio de 2012.

[347] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[348] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con un miembro de la familia Freite, 3 de junio de 2013.

[349] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012.

[350] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[351] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012.

[352] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012; comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[353] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012; entrevista telefónica de Human Rights Watch con la hija de Rivera, 13 de febrero de 2013.

[354] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[355] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012.

[356] La Ley 387 de 1997 prevé que los desplazados internos pueden solicitar al Estado medidas de protección respecto de sus tierras para impedir que sean objeto de transacciones.

[357] Entrevista de Human Rights Watch con Lina Rivera, Valledupar, 6 de julio de 2012.

[358] Ibíd.

[359]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la hija de Rivera, 13 de febrero de 2013; comunicación oficial del Defensor del Pueblo del departamento de Cesar a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, diciembre de 2012.

[360] Ibíd.

[361] Ibíd.

[362] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la hija de Rivera, 13 de febrero de 2013.

[363] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la hija de Rivera, 3 de junio de 2013.

[364] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013.

[365] “Asesinan en Valledupar a hermano de alias ‘39’”, El Pilón, 23 de abril de 2013, http://www.elpilon.com.co/inicio/asesinan-en-valledupar-a-hermano-de-alias-39/ (consultado el 25 de mayo de 2013).

[366] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[367]Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 2 de abril de 2013; Unidad de Restitución, “Solicitudes de Ingreso al Registro de Tierras Despojadas”, fecha de corte correspondiente al 3 de enero de 2013.

[368] Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, Registro de Denuncia presentada por Leoncio Mendoza Mejía, 15 de septiembre de 2010; entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013.

[369] Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, Registro de Denuncia presentada por Leoncio Mendoza Mejía, 15 de septiembre de 2010.

[370] Entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013.

[371]Fiscalía General de la Nación, “Exhumados restos donde reentrenaban autodefensas”, 28 de noviembre de 2011, http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/exhumados-restos-donde-reentrenaban-autodefensas/ (21 de mayo de 2013).

[372] Fiscalía General de la Nación, “Encuentran cadáveres de campesinos en finca de Carlos Castaño”, 25 de septiembre de 2009, http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/encuentran-cadaveres-de-campesinos-en-finca-de-carlos-castano/ (consultado el 21 de mayo de 2013).

[373] Entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013.

[374] Fiscalía General de la Nación, Informe a Fiscal 102 UNJYP Montería-Córdoba, 27 de mayo de 2010.

[375] Denuncia penal presentada por un familiar de Mendoza ante la Fiscalía General de la Nación en Montería, mayo de 2010.

[376] Ibíd.

[377] Fiscalía General de la Nación, Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975/05, “Resolución N.° 00595 del 17 de noviembre de 2010”, 17 de noviembre de 2010.

[378] Entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013.

[379] Ibíd.

[380] Entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013; Ministerio de la Protección Social, “Certificado de Defunción Antecedente para el Registro Civil”, certificado número 80861288-6.

[381] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de ACDUDA, Montería, 9 de abril de 2013.

[382] Ibíd.

[383] “La mano negra me quiere sacar: Supernotariado, Jorge E. Vélez”, El Espectador, 6 de diciembre de 2011,http://m.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-315134-mano-negra-me-quiere-sacar-supernotariado-jorge-e-velez (consultado el 21 de mayo de 2013).

[384] Entrevistas de Human Rights Watch con dos de los hijos de Leoncio Mendoza Mejía, Montería, Córdoba, 28 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2013.

[385] Ibíd.

[386] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[387] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de ACDUDA, Montería, 9 de abril de 2013.

[388] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 017-12A.I.”, 5 de septiembre de 2012, pág. 5.

[389] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Germán Bernal, 26 de febrero de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con Valery Cardona, 5 de marzo de 2013.

[390] Corte Constitucional de Colombia, Auto 200 de 2007, pág. 8.

[391] Ibíd.

[392] Ibíd, pág. 17.

[393] Denuncia penal presentada por Valery Cardona ante la Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2012.

[394] Denuncia penal presentada por Pedro Gallón ante la Fiscalía General de la Nación, julio de 2012.

[395]Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 017-12A.I.”, 5 de septiembre de 2012, págs. 4-6.

[396] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Germán y Rafael Bernal, 26 de febrero de 2013.

[397] Denuncia penal presentada por Germán Bernal ante la Fiscalía General de la Nación, 17 de febrero de 2010.

[398] Declaración ofrecida a la policía judicial por un hombre de la región, octubre de 2011.

[399] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Germán y Rafael Bernal, 26 de febrero de 2013.

[400] Denuncia penal presentada por Germán Bernal ante la Fiscalía General de la Nación, 29 de junio de 2012.

[401] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Germán y Rafael Bernal, 26 de febrero de 2013.

[402] Denuncia presentada por Rafael Bernal y Germán Bernal ante la Unidad de Restitución en el departamento de Tolima, 14 de febrero de 2013.

[403] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Valery Cardona, 5 de marzo de 2013.

[404] Denuncia penal presentada por Valery Cardona ante la Fiscalía General de la Nación, octubre de 2012.

[405] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Valery Cardona, 5 de marzo de 2013.

[406] Denuncia penal presentada por Valery Cardona ante la Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2012.

[407] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Valery Cardona, 5 de marzo de 2013.

[408]Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 017-12A.I.”, 5 de septiembre de 2012, págs.16 y 20.

[409] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Emilia Rojas, 5 de marzo de 2013.

[410] Ibíd.

[411] Denuncia penal presentada por Emilia Rojas ante la Policía, noviembre de 2012.

[412] Denuncia penal presentada por Emilia Rojas ante la Fiscalía General de la Nación, marzo de 2013.

[413] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Emilia Rojas, 5 de marzo de 2013.

[414] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Félix Cruz, 5 de marzo de 2013.

[415] Ibíd.

[416] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, Ibagué, Tolima, 8 de septiembre de 2012.

[417] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Álvaro Buendía, 5 de marzo de 2013.

[418] Ibíd.

[419] Entrevista de Human Rights Watch con Carolina Albornoz, coordinadora nacional de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Bogotá, 31 de julio de 2013.

[420] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de mayo de 2013, párrs. 1, 50, 55 y 56. El 6 de marzo de 2003, la Corte Interamericana dispuso por primera vez medidas provisionales para proteger a miembros de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Diez años después, el 22 de mayo de 2013, la Corte Interamericana levantó las medidas provisionales. Considerando particularmente el rol que ha tenido la Corte Constitucional en la supervisión del proceso de restitución en Curvaradó y Jiguamiandó, la Corte Interamericana determinó que el Estado colombiano había adoptado múltiples medidas de protección a favor de las comunidades desde que se dictaron las primeras medidas provisionales en 2003. No obstante, incluso al levantar las medidas, la Corte Interamericana reconoció que “persisten elementos importantes de riesgo” para miembros de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.

[421] Corte Constitucional de Colombia, Auto 045 de 2012, párr. III.1.

[422] Ibíd, párr. III. 7.

[423] Corte Constitucional de Colombia, Auto 112 de mayo de 2012, párr. 4.11.1. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización no gubernamental colombiana que trabaja en estrecha colaboración con algunos sectores de estas comunidades, informó en 2012 a la Corte Constitucional que 49 reclamantes de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó estaban amenazados.

[424] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 11; Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”, 8 de mayo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la entidad de desarrollo rural INCODER, Bogotá, 3 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario local que en ese momento trabajaba en la región de Curvaradó y Jiguamiandó, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario nacional que trabajaba en el caso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó, Bogotá, 29 de agosto de 2012.

[425]Comunicación oficial de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR, Defensoría del Pueblo número CAD- 237/12, Bogotá, 18 de abril de 2012, pág. 2.

[426] Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”, 8 de mayo de 2012.

[427] Ibíd.

[428]Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario del organismo de desarrollo rural INCODER, Bogotá, 3 de julio de 2012.

[429] INCODER, “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”, Bogotá, 12 de julio de 2012. La definición legal de “poseedor de mala fe” ha sido defenida en el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

[430] Comunicación oficial del Fiscal General Eduardo Montealegre a la Corte Constitucional de Colombia, “Seguimiento al cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004”, 18 de abril de 2012, págs. 18-20.

[431] Ibíd.

[432] INCODER, “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó,” Bogotá, 12 de julio de 2012.

[433] Las zonas humanitarias son áreas que han sido cercadas para impedir el ingreso de cualquier tipo de actores armados —incluso la fuerza pública— y diferenciar así la condición de civiles y la neutralidad de sus residentes en el contexto del conflicto armado.

[434] Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, N.° 2009-0030, 5 de octubre de 2009.

[435] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Auto 299 de 2012.        

[436] Ibíd, pág. 39.

[437] INCODER, “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó,” Bogotá, 12 de julio de 2012.

[438] Entrevista de Human Rights Watch con Miguel Hoyos, Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2012.

[439] Ibíd.

[440] INCODER, “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó,” Bogotá, 12 de julio de 2012.

[441] Entrevista de Human Rights Watch con Miguel Hoyos, Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2013; Frontline Defenders, “Colombia – Assassination of human rights defender Walberto Hoyos Rivas”, 30 de octubre de 2008, http://www.frontlinedefenders.org/node/1601 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[442] Entrevista de Human Rights Watch con Miguel Hoyos, Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 20 de febrero de 2012.

[443]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre la visita al terreno en relación con las medidas provisionales ordenadas a favor de los miembros de las comunidades constituidas por el consejo comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó, municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó, República de Colombia”, 20 de febrero de 2009, http://www.cidh.org/countryrep/MPColombia2.20.09.sp.htm (consultado el 21 de mayo de 13), párr. 37.

[444] Comunicación oficial de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR, Defensoría del Pueblo número CAD- 237/12, Bogotá, 18 de abril de 2012, pág. 3; Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), Situación en Colombia: Reporte Intermedio, noviembre de 2012, párr. 59; entrevista de Human Rights Watch con residente de Caño Manso, Andalucía, Chocó, 31 de mayo de 2009.

[445] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2010. Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia. Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó”, 30 de agosto de 2010, http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/jiguamiando_se_09_ing.pdf , párr. 66 (consultado el 21 de mayo de 2013).

[446] Entrevista grupal de Human Rights Watch con fiscales, Medellín, 5 de marzo de 2012.

[447] Entrevista de Human Rights Watch con Miguel Hoyos, Apartadó, Antioquia, 7 de marzo de 2013.

[448] INCODER, “Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”. Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, Expediente N.° 2009-0030, 5 de octubre de 2009.

[449] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[450] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 23 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012 y 20 de julio de 2012.

[451] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 20 de febrero de 2012.

[452] Entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[453] Entrevista grupal de Human Rights Watch con antiguos residentes de la región de Curvaradó (el lugar se mantiene bajo reserva), 1 de julio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes de la comunidad de Curvaradó, Apartadó, julio de 2012. No se dan a conocer mayores detalles de los relatos, dado que podrían revelar la identidad de los testigos y ponerlos en peligro. El relato de uno de los testigos reveló que el hombre vinculado con los paramilitares estuvo en el mismo lugar en que Argenito fue asesinado, inmediatamente antes de su muerte. Un líder de la comunidad aseveró que otro líder comunitario, actualmente fallecido, vio al mismo hombre vinculado con los paramilitares portando un arma exactamente después del homicidio.

[454] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 23 de julio de 2012.

[455]Comunicación Oficial de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR, Defensoría del Pueblo número CAD- 237/12, Bogotá, 18 de abril de 2012, pág. 3.

[456] Entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012 y 20 de julio de 2012.

[457] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento N.º 005-11 Primera al Informe de Riesgo N.º 031-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 23 de marzo de 2011.

[458] Entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012 y 20 de julio de 2012.

[459] Ibíd.

[460] Entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012 y 20 de julio de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012.

[461] Entrevista de Human Rights Watch con Germán Díaz, Apartadó, 7 de marzo de 2012 y 20 de julio de 2012.

[462] INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[463] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[464] Entrevista de Human Rights Watch con Deiner Durango, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[465] Ibíd.

[466] Ibíd.

[467] Ibíd.

[468] Informe de 2012 de la Defensoría del Pueblo, en los registros de Human Rights Watch.

[469] Entrevista de Human Rights Watch con Raquel Collazos, Bogotá, 26 de junio de 2012; denuncia penal presentada por Raquel Collazos ante la Fiscalía General de la Nación, septiembre de 2011.

[470] Entrevista de Human Rights Watch con víctima de un intento de reclutamiento forzado (el lugar se mantiene bajo reserva), marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Raquel Collazos, Bogotá, 26 de junio de 2012.

[471] Denuncia penal presentada por Raquel Collazos ante la Fiscalía General de la Nación, septiembre de 2011.

[472] Entrevista de Human Rights Watch con líder de la comunidad de Curvaradó, Apartadó, 7 de marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con familiar de los hermanos Agamez, Apartadó, 7 de marzo de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 21. Según el informe del Sistema de Alertas Tempranas, “En agosto de 2011, Los Rastrojos se llevaron de la comunidad de Bella Flor Remacho de la Cuenca de Jiguamiandó [a dos jóvenes de apellido Agamez] ... luego de asesinarlos, abandonaron sus cuerpos ... con señales de tortura”.

[473] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de los hermanos Agamez, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[474] Entrevista de Human Rights Watch con líder comunitario de Curvaradó, Apartadó, 7 de marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con familiar de los hermanos Agamez, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[475] Entrevista de Human Rights Watch con familiar de los hermanos Agamez, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[476] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 21.

[477] Entrevista de Human Rights Watch con Luis Eduardo Muñoz, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[478] Ibíd.

[479] INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[480] Entrevista de Human Rights Watch con Alicia Castillo, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[481] INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[482] Entrevista de Human Rights Watch con Alicia Castillo, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[483] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 10.

[484] Entrevista de Human Rights Watch con Alicia Castillo, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[485] La investigación de este incidente por parte de las autoridades debería determinar si se produjeron actos de violencia sexual y si el ataque denunciado tuvo un componente de género.

[486] Entrevista de Human Rights Watch con Alicia Castillo, Apartadó, 7 de marzo de 2012.

[487] El término “desaparición” se refiere a casos que implican: 1) privación de la libertad en contra de la voluntad de la persona afectada, y 2) la negativa a informar cuál fue la suerte o el paradero de la persona en cuestión.

[488] Entrevista de Human Rights Watch con Alicia Castillo, Apartadó, 7 de marzo de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 21; Fiscalía General de la Nación, “Informe Con Destino a la Corte Constitucional – Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 y Sus Autos de Cumplimiento”, enero de 2012, pág. 61.

[489] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 21.

[490] La definición de “desapariciones forzadas” establecida en tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se refiere a casos que contienen tres elementos acumulativos: 1) la privación de la libertad en contra de la voluntad de la persona involucrada; 2) la participación de agentes estatales, ya sea en forma directa o indirecta, mediante su autorización, colaboración o aquiescencia; y 3) la negativa a divulgar la suerte o el paradero de la persona en cuestión. En contraposición con ello, la definición de “desaparición forzada” que se establece en el código penal de Colombia contiene el primero y el tercer elemento, pero no requiere la participación de agentes estatales.

[491] Fiscalía General de la Nación, “Informe Con Destino a la Corte Constitucional – Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 y Sus Autos de Cumplimiento”, enero de 2012, pág. 61.

[492] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[493] Corte Constitucional de Colombia, Auto 112/2012, 18 de mayo de 2012, párr. III, 15; INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[494] Defensoría del Pueblo de Colombia, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”.

[495] Entrevista grupal de Human Rights Watch con antiguos residentes de la región de Curvaradó, el lugar se mantiene bajo reserva, 1 de julio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes de la comunidad de Curvaradó, Apartadó, julio de 2012.

[496] Carta enviada por Manuel Ruiz a María Paulina Riveros, directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, 19 de noviembre de 2011.

[497] Entrevista grupal de Human Rights Watch con familiares de Manuel Ruiz (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[498] Comunicación oficial del director de la Unidad Nacional de Protección a la Corte Constitucional de Colombia, 16 de abril de 2012.

[499] INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[500] Ibíd.

[501] Ibíd.

[502] Ibíd.

[503] “Radican escrito de acusación por muerte de líder de restitución de tierras en Curvaradó, Chocó”, Radio Santa Fe, 15 de julio de 2013, http://www.radiosantafe.com/2013/07/15/radican-escrito-de-acusacion-por-muerte-de-lider-de-restitucion-de-tierras-en-curvarado-choco/ (consultado el 8 de agosto de 2013).

[504] Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”; entrevista grupal de Human Rights Watch con familiares de Manuel Ruiz (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes de la comunidad de Curvaradó, Apartadó, julio de 2012.

[505] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes comunitarios de Curvaradó, Apartadó, julio de 2012.

[506]Defensoría del Pueblo de Colombia, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”.

[507] Ibíd.

[508] Comunicación Oficial de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR, entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia de Manuel Ruiz (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[509] Entrevista grupal de Human Rights Watch con familiares de Manuel Ruiz (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[510] Ibíd.

[511] Ibíd.

[512] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en el proceso de restitución de tierras in Curvaradó, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[513] La definición de tortura que establece el derecho penal colombiano no exige la participación —ya sea participación directa, aquiescencia o consentimiento— de funcionarios del Estado. Ley 599 de 2000, art. 178.

[514] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la UNCDES, Bogotá, 19 de abril de 2013. Según este funcionario, los cargos imputados fueron homicidio agravado, desaparición forzada, tortura y concierto para delinquir.

[515] Ministerio del Interior, “Mininterior lamentó el asesinato de líder de restitución”, 28 de marzo de 2012, http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1552/1/Mininteriorlamentoelasesinatodeliderderestitucion (consultado el 22 de mayo de 2013).

[516] Defensoría del Pueblo de Colombia, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”, comunicación oficial de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR.

[517]Corte Constitucional de Colombia, “Solicitud de información sobre la adopción de medidas de protección para quienes participan en los procesos de restitución material de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios Mayores de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, de conformidad con lo ordenado en el auto A-045 de 2012”, 9 de abril de 2012, párr. III, 1.

[518] Entrevista de Human Rights Watch con Coronel Leonardo Mejía, comandante del Departamento de Policía de Urabá, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[519] “Capturas en Urabá dan giro en crimen de líder de tierras”, El Tiempo, 24 de marzo de 2013, http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion-da-giro-a-crimen-de-lider-de-tierras_12710724-4 (consultado el 22 de mayo de 2013).

[520] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Unidad Nacional de Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados, Bogotá, 19 de abril de 2013.

[521] Entrevista de Human Rights Watch con Coronel Leonardo Mejía, jefe de la Policía de Urabá, Apartadó, 19 de julio de 2012.

[522] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 10.

[523] Carta enviada por siete miembros del Congreso de Estados Unidos al Presidente Juan Manuel Santos, 1 de febrero de 2013.

[524] La CIJP asistió a miembros de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó para establecer “zonas humanitarias” delimitadas y protegidas, donde se suponía que no ingresarían actores armados. La CIJP cuenta con personal de campo con una presencia permanente en las zonas humanitarias, y brinda apoyo a los miembros de las comunidades en numerosas áreas, incluso representación legal.

[525] Carta enviada por siete miembros del Congreso de Estados Unidos al Presidente Juan Manuel Santos, 1 de febrero de 2013. Ver también Human Rights Watch, Herederos de los paramilitares, págs. 82-83, en relación con las amenazas y el secuestro, ocurrido en 2008, de Yimmy Armando Jansanoy, otro miembro de la CIJP que trabaja en estrecha colaboración con las comunidades de Curvaradó.

[526] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes comunitarios de Patadó, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[527] Entrevista de Human Rights Watch con William Carupia, Medellín, 21 de julio de 2012, y entrevista telefónica del 7 de febrero de 2013.

[528] Entrevista de Human Rights Watch con William Carupia, Medellín, 21 de julio de 2012, y entrevista telefónica del 7 de febrero de 2013. Denuncia penal presentada por William Carupia ante la Fiscalía General de la Nación de Medellín, 21 de octubre de 2011; denuncia presentada por William Carupia ante la Personería de Medellín, 20 de octubre de 2011; denuncia presentada por William Carupia ante la Procuraduría General de la Nación en Antioquia, 9 de marzo de 2012.

[529] Denuncia penal presentada por William Carupia ante la Fiscalía General de la Nación en Medellín, 21 de octubre de 2011.

[530] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes comunitarios de Patadó, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[531] Ibíd.

[532] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 19.

[533] Denuncia presentada por William Carupia ante la Procuraduría General de la Nación en Antioquia, 9 de marzo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con William Carupia, Medellín, 21 de julio de 2012, y conversación telefónica del 7 de febrero de 2013.

[534] Ibíd.

[535] INCODER, “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”.

[536] Entrevista grupal de Human Rights Watch con líderes comunitarios de Patadó, Apartadó, 12 de abril de 2013.

[537] Ibíd.

[538] Ibíd.

[539] Ibíd.

[540]Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012; denuncia penal presentada por Maritza Salabarría ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, abril de 2007; “Historia de una persecución”, revista Semana, 21 de julio de 2007, http://www.semana.com/nacion/articulo/historia-persecucion/87201-3 (consultado el 22 de mayo de 2013); “El Mundo Nuevo que perdieron los Salabarría”, Verdadabierta.com, 15 de noviembre de 2011, http://www.verdadabierta.com/bandera/index.php?option=com_content&id=3624 (consultado el 22 de mayo de 2013).

[541] “El Mundo Nuevo que perdieron los Salabarría”, Verdadabierta.com, 15 de noviembre de 2011.

[542] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012; denuncia penal presentada por Maritza Salabarría ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, abril de 2007.

[543] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012; Organización de los Estados Americanos, “Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, OEA/Ser.G, CP/doc.4249/07 /, 21 de octubre de 2007, www.scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_07/CP19075E07.DOC (consultado el 8 de agosto de 2013), párr. 60.

[544] Denuncia penal presentada por Maritza Salabarría ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, abril de 2007; Organización de los Estados Americanos, “Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, OEA/Ser.G, CP/doc.4249/07 / 21 de octubre de 2007, párr. 60; “Historia de una persecución” revista Semana, 21 de julio de 2007.

[545] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012.

[546] INCODER, “Los títulos entregados por el INCODER representan la sangre de mi padre: Maritza Salabarría”, Boletín de Prensa N.° 136, 19 de noviembre de 2011, http://www.incoder.gov.co/documentos/Boletines/Noviembre%202011/Bole136%20familia%20salabarria.pdf (consultado el 22 de mayo de 2013).

[547] Ibíd.

[548] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario del INCODER, Bogotá, 3 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Unidad de Víctimas, 28 de noviembre de 2012; según la OACNUDH, “el Ministro de Agricultura realizó un acto de restitución simbólica de tierras entregando títulos. Una de las familias que recibió el título de la tierra de la que había sido desplazada anteriormente no ha podido retornar por amenazas de Los Urabeños, que la fuerza pública no ha podido reprimir”. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/19/21/Add.3, 31 de enero de 2012, Apéndice I, párr. 8f.

[549] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la familia Salabarría, Montería, 16 de julio de 2012.

[550] Alcaldía de Montería, Comité Territorial de Justicia Transicional, Acta 005 de 2012 de la reunión del 24 de abril de 2012.

[551] Ibíd.

[552] Acta de la reunión del Comité Territorial de Justicia Transicional, 13 de julio de 2012.

[553]Alcaldía de Montería, Comité Territorial de Justicia Transicional, Acta 005 de 2012 de la reunión del 24 de abril de 2012.

[554] Alcaldía de Montería, Acta 004 de la reunión del Comité Territorial de Justicia Transicional del 16 de marzo de 2012.

[555] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario local de Córdoba, Montería, 13 de julio de 2012; “Masacre fue retaliación entre Urabeños: Policía”, El Universal, 15 de junio de 2012, http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/masacre-fue-retaliacion-entre-urabenos-policia-80307 (consultado el 22 de mayo de 2013).

[556] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Costa de Oro, Montería, 28 de febrero de 2012; Defensoría del Pueblo, “Resolución Defensorial N.° 058. Diagnóstico de la Situación de Acceso y Tenencia de la Tierra en el Departamento de Córdoba”, 058. 29 de diciembre de 2010, pág. 13; Gudilfredo Avedaño Méndez, “Campesinos de Córdoba recuperaron tierras arrebatadas por Salvatore Mancuso”, El Tiempo, 26 de junio de 2008, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4349428 (consultado el 22 de mayo de 2013).

[557] Gudilfredo Avedaño Méndez, “Campesinos de Córdoba recuperaron tierras arrebatadas por Salvatore Mancuso”, El Tiempo, 26 de junio de 2008.

[558] Defensoría del Pueblo, “Resolución Defensorial N.° 058. Diagnóstico de la Situación de Acceso y Tenencia de la Tierra en el Departamento de Córdoba”, 29 de diciembre de 2010.

[559] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Costa de Oro, Montería, 28 de febrero de 2012.

[560] Gudilfredo Avedaño Méndez, “Asesinan a líder de desplazados que reclamó tierras arrebatadas por Mancuso”, El Tiempo, 28 de julio de 2009, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5720447 (consultado el 22 de mayo de 2013).

[561] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Costa de Oro, Montería, 28 de febrero de 2012.

[562] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 11 de junio de 2013.

[563] Entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de la gobernación de Sucre, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, y la Unidad de Víctimas, Sincelejo, Sucre, 12 de julio de 2012.

[564]Cadena desapareció en 2006 y se cree que no estaría con vida.

[565] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad Nacional contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Montería, 12 de julio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial, Bogotá, 25 de julio de 2012.

[566] Entrevista de Human Rights Watch con Julia Torres, Sincelejo, Sucre, 26 de febrero de 2012; Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Proceso N.° 707136001051201080112, Procesado: Mario de Ávila Díaz, Delito: Homicidio Agravado, Víctima: Rogelio Antonio Martínez Mercado.

[567] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, Decisión del 4 de mayo de 2012, Proceso N.° 70713-6001051-2010-80112-02 (1597), decisión del 4 de mayo de 2012, págs. 20 y 35.

[568] Fiscalía Segunda Delegada ante Juez Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, Ref. N.° 64444, 9 de noviembre de 2007.

[569] Certificación del Fiscal Trece Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, Barranquilla, 30 de julio de 2009.

[570] Entrevista de Human Rights Watch con Francisco Acosta, Bogotá, 17 de julio de 2012, denuncia penal presentada por Francisco Acosta ante la Fiscalía General de la Nación, marzo de 2009; denuncia penal presentada por Francisco Acosta ante la Fiscalía General de la Nación, junio de 2010; denuncia penal presentada por Francisco Acosta ante la Fiscalía General de la Nación, junio de 2011.

[571] Denuncia penal presentada por Francisco Acosta ante la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, junio de 2010.

[572] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/19/21/Add.3, 31 de enero de 2012, Apéndice I, párr. 8a.

[573] Denuncia presentada por Guillermo Verbel Rocha ante la Procuraduría, 28 de diciembre de 2004.

[574] Denuncia presentada por un hermano de Verbel ante la Personería de San Onofre y la Alcaldía de San Onofre, 26 de abril de 2010; solicitud de protección presentada por Eder Verbel y sus hermanos ante la Policía de Sucre, 4 de junio de 2010; denuncia penal presentada por Eder Verbel ante la Policía judicial de San Onofre, 5 de mayo de 2009; denuncia presentada por hermano de Eder Verbel ante la Policía judicial de San Onofre, 16 de febrero de 2009; denuncia penal presentada por trabajador de la finca de Verbel ante la Policía judicial de San Onofre, 18 de junio de 2009; denuncia penal presentada por hermano de Eder Verbel ante la Policía judicial de San Onofre, 31 de agosto de 2009.

[575] Solicitud de protección presentada por Eder Verbel y sus hermanos ante la Policía de Sucre, 4 de junio de 2010.

[576] Entrevista de Human Rights Watch con alto oficial de la Policía de Sucre, Sincelejo, 26 de febrero de 2012.

[577]Denuncia penal presentada por hermano de Eder Verbel ante la Fiscalía General de la Nación en San Onofre, enero de 2012.

[578] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con uno de los hermanos de Eder Verbel, 16 de febrero de 2013.

[579] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 009-12”, 25 de junio de 2012, pág. 16; Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración de la política pública de retornos y reubicaciones”, agosto de 2012, pág. 153.

[580] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 009-12”, 25 de junio de 2012, pág. 16; Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración de la política pública de retornos y reubicaciones”, agosto de 2012, pág. 156.

[581] Entrevista de Human Rights Watch con familiares de Alex Miguel Correa, Ovejas, Sucre, 26 de febrero de 2012; Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración de la política pública de retornos y reubicaciones”, agosto de 2012, pág. 156.

[582] Entrevista de Human Rights Watch con familiares de Alex Miguel Correa, Ovejas, Sucre, 26 de febrero de 2012.

[583] Entrevista grupal de Human Rights Watch con miembros de la comunidad La Europa, La Europa, Ovejas, Sucre, 26 de febrero de 2012; entrevista de Human Rights Watch con miembro de la comunidad La Europa, Ovejas, Sucre, 26 de febrero de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 009-12”, 25 de junio de 2012, págs. 16-19.

[584] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 009-12”, 25 de junio de 2012, págs. 16-19.

[585] Denuncia penal presentada por Juan David Díaz ante la Fiscalía General de la Nación en Sucre, 5 de junio de 2012.

[586] Entrevista de Human Rights Watch con el entonces comandante de la Policía de Sucre, Sincelejo, 26 de febrero de 2012.

[587] Denuncia penal presentada por Juan David Díaz ante la Fiscalía General de la Nación en Sucre, 5 de junio de 2012. Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Juan David medidas cautelares debido a las amenazas recibidas en respuesta a su reclamo de justicia por el homicidio de su padre, Tito Díaz, ocurrido en 2003 por orden del entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana.

[588] Defensor del Pueblo, “Defensor condena homicidios contra población campesina”, 6 de abril de 2006, http://www.acnur.org/t3/recursos/informacion-sobre-pais-de-origen/detalle-documento-coi/defensor-condena-homicidios-contra-poblacion-campesina/ (consultado el 22 de mayo de 2013); entrevista de Human Rights Watch con líder de ASOCARE, el lugar se mantiene bajo reserva, julio de 2012.

[589] Ibíd.

[590] Entrevista de Human Rights Watch con Enrique Arias (el lugar se mantiene bajo reserva), julio de 2012.

[591] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Enrique Arias, febrero de 2013.

[592] Entrevista de Human Rights Watch con Javier Ramírez, Bogotá, 18 de julio de 2012; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.° 009-12”, 25 de junio de 2012, págs. 14-16.

[593] Entrevista de Human Rights Watch con Javier Ramírez, Bogotá, 18 de julio de 2012.

[594] Estos casos incluyen a desplazados que fueron reubicados en El Quindío, en Montería, Córdoba; Las Catas, en La Apartada, Córdoba; Nuevo Horizonte, en Montería, Córdoba; Villa Linda, en Tierralta, Córdoba; La Jagua, en Ayapel, Córdoba; y Ansermanuevo, Valle del Cauca.

[595] Ley 1448 de 2011, arts. 72 y 98.

[596]Comunicación oficial de un funcionario del INCODER al Defensor del Pueblo del departamento de Córdoba, 9 de junio de 2006.

[597] Defensoría del Pueblo, “Resolución Defensorial N.° 058. Diagnóstico de la Situación de Acceso y Tenencia de la Tierra en el Departamento de Córdoba”, 29 de diciembre de 2010, pág. 12.

[598] Entrevista de Human Rights Watch con ex residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012.

[599] Defensoría del Pueblo, “Resolución Defensorial N.° 058. Diagnóstico de la Situación de Acceso y Tenencia de la Tierra en el Departamento de Córdoba”, pág. 12; comunicación oficial del Defensor del Pueblo de Córdoba al Defensor del Pueblo de Colombia, 25 de febrero de 2011; entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012. Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 15 de julio de 2013.

[600] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo de Córdoba al Defensor del Pueblo de Colombia, 25 de febrero de 2011.             

[601] Ibíd.

[602] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo de Córdoba al Defensor del Pueblo de Colombia, 25 de febrero de 2011; entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012.

[603] Entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012.

[604] Ibíd.

[605] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo de Córdoba al Defensor del Pueblo de Colombia, 25 de febrero de 2011.             

[606] Ibíd.

[607] Entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 27 de junio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012.

[608] Entrevista de Human Rights Watch con antiguo residente de El Quindío, Montería, 13 de julio de 2012.

[609] Ibíd.

[610] Centro de Memoria Histórica, “La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010”, 2010, p. 135.

[611] Ibíd.

[612] Comunicación oficial del Defensor del Pueblo de Córdoba al Defensor del Pueblo de Colombia, Comunicación número 5007-0714, 6 de junio de 2006.

[613] Entrevista de Human Rights Watch con Elías Cuello, Montería, 15 de julio de 2012; denuncia penal presentada por Elías Cuello ante la Fiscalía General de la Nación, sin fecha.

[614] Ibíd.

[615] Denuncia penal presentada por Elías Cuello ante la Fiscalía General de la Nación, noviembre de 2010.

[616] Denuncia presentada por Luis Miguel Torres y otros residentes de Villa Linda ante el INCODER y otras autoridades, 24 de junio de 2011.

[617] Entrevista de Human Rights Watch con Luis Miguel Torres, Montería, 15 de julio de 2012.                                            

[618] Denuncia presentada por Luis Miguel Torres ante la Fiscalía General de la Nación, febrero de 2012.

[619] Denuncia presentada por Luis Miguel Torres ante la Fiscalía General de la Nación, febrero de 2012; entrevista de Human Rights Watch con Luis Miguel Torres, Montería, 15 de julio de 2012.

[620] Denuncia presentada por Luis Miguel Torres ante la Fiscalía General de la Nación, febrero de 2012.