17 de Septiembre de 2013

I. Abusos generalizados contra reclamantes y líderes de restitución de tierras

Numerosos desplazados internos y sus líderes que exigen la restitución de tierras han sufrido abusos generalizados, como amenazas, nuevos episodios de desplazamiento forzado y asesinatos. Los autores de estos incidentes son, principalmente, grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron tierras de desplazados y pretenden conservarlas y, en algunas regiones, las FARC. Los abusos suponen un importante obstáculo para la implementación efectiva de la Ley de Víctimas.

Amenazas de violencia

Numerosos reclamantes y líderes de restitución de tierras han sido víctimas de hechos delictivos como intimidación y amenazas de violencia [1] . Las amenazas a personas desplazadas que reclaman tierras frustran las posibilidades de restitución de distintas maneras; por ejemplo, atemorizando a las víctimas, disuadiéndolas de que presenten solicitudes de restitución, restringiendo la participación de líderes en el proceso y obligando a quienes han regresado a su hogar a abandonar nuevamente sus tierras.

Human Rights Watch documentó amenazas creíbles contra más de 80 reclamantes de tierras y líderes de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008 [2] . De estos casos, más de 60 se produjeron entre 2011 y 2013.

Datos proporcionados por el gobierno indican que se producen amenazas graves contra reclamantes a mayor escala y en todo el país. Entre enero de 2012 y mayo de 2013, al menos 510 reclamantes y líderes de restitución de tierras de 25 departamentos involucrados en distintos procesos judiciales y administrativos—incluida la Ley de Víctimas— informaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que habían recibido amenazas[3]. En función de evaluaciones individuales, las autoridades determinaron que 363 de estos reclamantes y líderes amenazados se encontraban en una situación de “riesgo extraordinario” debido a los reclamos que estaban llevando a cabo. Tal determinación requiere que el riesgo sea, entre otros criterios, “concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos... presente, no remoto ni eventual... serio, de materialización probable por las circunstancias del caso... [y] excepcional, en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos”[4].

Con respecto a los reclamantes y líderes que solicitan la restitución de tierras amparándose específicamente en la Ley de Víctimas —en vez de otros mecanismos de restitución— 447 personas de 27 departamentos denunciaron haber recibido amenazas, según datos de la Unidad de Restitución[5].

Human Rights Watch observó que víctimas y funcionarios públicos entrevistados para este informe coinciden en que las amenazas representan un grave obstáculo para la implementación de la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas. En marzo de 2013, por ejemplo, Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución, manifestó que las amenazas contra reclamantes han sido la vía más frecuente para intentar sabotear los casos de restitución de tierras[6]. En otra oportunidad, Sabogal identificó públicamente dichas amenazas como uno de los “principales retos” para la implementación de la ley[7]. Según Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, “[t]an pronto se mueve el engranaje de restitución, llegan las amenazas... Cada vez que empiezas a implementar la Ley de Víctimas, encuentras amenazas”[8].

Las amenazas suelen proferirse reiteradamente contra la misma víctima, y pueden materializarse de distintas maneras, desde mensajes de texto y llamadas telefónicas hasta advertencias verbales expresados personalmente. El contenido de las amenazas también varía: algunos agresores amenazan de muerte a víctimas o a sus familiares, mientras que otros les advierten que renuncien a reclamar, que se “queden calladas” o que abandonen la región donde viven actualmente. En algunos casos, en las amenazas se acusa a las víctimas de tener vínculos con guerrillas o paramilitares.

Un ejemplo de una amenaza proferida personalmente es el caso de Angélica Zamora (seudónimo), líder de población desplazada de la costa Caribe. Zamora informó a Human Rights Watch y a la Fiscalía que un ex congresista, que eventualmente fue condenado por mantener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a fines de la década de 1990 había presionado a su familia para que abandonaran la finca que tenían, y luego había adquirido la propiedad [9] . Ella presentó una solicitud ante la Unidad de Restitución a principios de 2012 y, algunos meses después fue interceptada cerca de su vivienda por dos hombres armados que se trasladaban en una motocicleta, quienes le dijeron que si continuaba con el proceso que llevaba, no alcanzaría a terminarlo. Zamora relató que, inmediatamente después de la amenaza, debió ser hospitalizada tras sufrir un pico de presión arterial y que, por temor, intenta no trasladarse demasiado. Tampoco consigue dormir tranquila en su propia casa:

Tengo miedo de que me vayan a quitar las láminas de eternit, se me puedan meter... Se acabó mi libertad. Yo misma me estoy protegiendo... No hay horario, no digo nada [si voy a algún lado]... Me siento “los talones pisados”[10].

© 2013 de Human Rights Watch

Cuadro: Cifras de referencia sobre personas que reclaman la restitución de tierras y denunciaron amenazas, por departamento

Departamento

Personas que reclaman la restitución mediante la Ley de Víctimas y denunciaron amenazas [11]

Personas que reclaman la restitución mediante la Ley de Víctimas y otros mecanismos, y que denunciaron amenazas [12]

Antioquia

65[13]

84

Arauca

1

2

Atlántico

3

13

Cundinamarca/Bogotá

48

38

Bolívar

22

54

Caldas

3

1

Caquetá

3

4

Casanare

1

1

Cauca

3

0

Cesar

31

48

Chocó

14

96

Córdoba

18

24

Guaviare

1

0

La Guajira

2

2

Huila

1

1

Magdalena

16

28

Meta

31

19

Nariño

12

6

Norte de Santander

18

18

Putumayo

5

3

Quindío

3

3

Risaralda

2

3

Santander

4

4

Sucre

12

16

Tolima

39

17

Valle del Cauca

27

24

Vichada

2

1

Lugar desconocido

54

0

Total

447

510

Existen múltiples factores que contribuyen a que las amenazas sean creíbles y tengan un efecto amedrentador. Las disputas vinculadas con tierras son el origen de gran cantidad de hechos de violencia ocurridos en Colombia y, en muchos casos, se las identifica como una de las causas fundamentales del conflicto armado en el país. Numerosas víctimas de amenazas originalmente huyeron de abusos aberrantes cometidos por paramilitares y guerrillas —incluso contra sus propios familiares—, muchas veces perpetrados como parte de una campaña para ocupar sus tierras o controlar el territorio. Los grupos sucesores de los paramilitares, o directamente las mismas guerrillas, con frecuencia mantienen presencia en las zonas donde las víctimas reclaman actualmente tierras. Se sabe que los grupos sucesores, en particular, han asesinado a reclamantes de tierras y líderes, incluso de la misma región, comunidad o asociación de desplazados a la cual pertenecen las víctimas que actualmente sufren amenazas. Las víctimas suelen atribuir las amenazas a estos grupos u otras personas vinculados directamente con los extensos antecedentes de violencia y despojo que han sufrido[14].

Muchas veces, las amenazas son tan graves que los reclamantes y líderes de restitución de tierras deciden abandonar sus hogares, y enfrentar una vez más las innumerables dificultades que implica un nuevo incidente de desplazamiento forzado.

Desplazamiento forzado

Las amenazas, los ataques y otras formas de intimidación contra reclamantes de tierras y líderes han provocado que muchos abandonaran nuevamente su lugar de residencia. Human Rights Watch documentó más de 30 casos de este tipo que se produjeron en siete departamentos desde 2008[15].

Según datos oficiales, los reclamantes de tierras y líderes a menudo deben abandonar sus hogares debido a amenazas inminentes vinculadas con sus iniciativas de restitución. Entre enero de 2012 y mayo de 2013, la UNP reubicó temporalmente a 94 reclamantes de tierras y líderes en nuevas áreas del país debido a graves riesgos contra sus vidas [16] . Según explicó un funcionario de la UNP, el programa toma la determinación de reubicar a personas como último recurso, cuando:

la única medida para preservar la vida es sacarlos de la zona de riesgo... cuando por más que se le ponga un hombre [de protección], un carro, no podemos garantizarle la seguridad[17].

El problema también afecta a las familias de los reclamantes y líderes de restitución de tierras. Human Rights Watch recibió testimonios creíbles de amenazas y otros abusos contra reclamantes de tierras y líderes que hicieron que numerosos de sus familiares huyeran de sus hogares, ya fuera junto con la víctima directa del abuso o separadamente. Por ejemplo, conforme indicó la Corte Constitucional, el asesinato en 2012 del líder de restitución de tierras Manuel Ruiz y de su hijo de 15 años Samir Ruiz, habitantes de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó, ocasionó el desplazamiento forzado de otros 49 familiares[18].

Estos nuevos incidentes de desplazamiento de reclamantes de tierras y líderes, así como también de sus familiares, tienen un gran impacto sobre las víctimas y las iniciativas de restitución en general. Con frecuencia, obligan a las víctimas a enfrentar nuevamente las dificultades económicas y sociales que implica ser expulsadas de sus hogares, y perder sus fuentes de ingresos y redes de apoyo. Y luego, cuando las pocas personas que están dispuestas a asumir los riesgos de convertirse en líderes deben abandonar la zona debido a amenazas, los miembros de la comunidad a la cual representan ya no tienen un vocero y observan, ahora en primera persona, a los peligros que implicaría retomar el rol de esos líderes. Por ejemplo, en relación con el proceso de restitución en Curvaradó, Chocó, la Defensoría del Pueblo indicó que el desplazamiento forzado de líderes de restitución de tierras y sus familiares había causado el “debilitamiento de los procesos organizativos, en tanto ha implicado la salida de líderes que cumplían un papel importante en sus comunidades”, y producido “situaciones de miedo y terror generalizado que restringen y desestimulan la participación de la comunidad en procesos de sus derechos territoriales”[19].

Muchos de los casos documentados por Human Rights Watch —y registrados por la UNP— en los cuales reclamantes y líderes de restitución de tierras abandonaron sus hogares debido a amenazas y otros abusos vinculados con sus reclamos constituirían delitos de desplazamiento forzado de conformidad con la legislación penal colombiana. Si bien en algunos casos las evidencias apuntan a la responsabilidad de grupos sucesores de los paramilitares o terceros, en otros no fue posible determinar quiénes eran los responsables sobre la base de la información disponible. Independientemente de la identidad del agresor, presionar a una persona para que abandone su hogar mediante amenazas, violencia u otros actos de coacción constituye una conducta que se encuadra en la definición de desplazamiento forzado contenida en el Código Penal de Colombia:

El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia[20].

El desplazamiento forzado comporta un delito, independientemente de que sea cometido en relación con el conflicto armado colombiano o no.

Asimismo, en junio de 2013, la Corte Constitucional ordenó al gobierno que registrara como desplazados y brindara asistencia, atención y protección a las personas que huyeran de sus hogares debido a violencia y abusos de grupos sucesores de los paramilitares, independientemente de si su desplazamiento fue causado por el conflicto armado[21].

La Corte Constitucional también reconoció específicamente, en un auto de mayo de 2013, que las amenazas contra mujeres líderes de población desplazada han provocado su desplazamiento forzado. El Auto 098 de 2013 establece que:

“Las mujeres defensoras... son sometidas bajo amenazas directas o indirectas —panfletos, correos electrónicos, advertencias en muros públicos, entre otros— al confinamiento en sus propios lugares de residencia, sus veredas o comunidades... En ocasiones, dada la alta probabilidad de que ellas o sus familiares sean atacadas, se ven compelidas a abandonar sus residencias de forma temporal o definitiva, constituyéndose así un nuevo hecho de desplazamiento forzado”[22].

Asesinatos, tentativas de asesinato y otros ataques

Human Rights Watch documentó 21 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes cometidos desde 2008 en los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Córdoba y Sucre [23] . En 17 casos, hay evidencias persuasivas de que las víctimas fueron atacadas debido a sus esfuerzos por recuperar tierras o activismo. Por ejemplo, muchas habían recibido amenazas de muerte vinculadas con su liderazgo antes de ser asesinadas. En cuatro de los 21 casos de asesinatos, al igual que en un quinto caso adicional de desaparición de un reclamante, no resultó claro, en función de la información disponible, si el ataque estuvo motivado por la defensa del derecho a la tierra impulsada por las víctimas, aunque algunas evidencias sugieren que esta pudo haber sido la causa [24] . También documentamos dos casos de tentativa de asesinato y un secuestro de un líder de restitución de tierras, cometidos desde 2008, en los cuales se encontraron fuertes indicios de que las víctimas habían sido atacadas deliberadamente debido a su activismo.

Informes de diversas autoridades estatales han señalado que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se habrían producido incluso en una escala mayor. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011[25]. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó, en agosto de 2013, que estaba investigando 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y líderes cometidos en 16 departamentos desde 2000[26]. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional indicaron haber recibido información sobre el asesinato, entre 2002 y 2011, de al menos 45 líderes desplazados que reclamaban la restitución de tierras[27].

Muchos familiares y otros activistas que trabajaban con líderes asesinados indicaron a Human Rights Watch que debido a estas muertes dudaban de seguir impulsando las solicitudes de restitución. Tal como lo describió el director de la UNP, la estrategia de quienes cometen estos delitos “es matar pocos para enviar un mensaje a muchos”[28].

A pesar de la gran cantidad de amenazas contra reclamantes de tierras y líderes, a partir de que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas, en enero de 2012, se produjeron relativamente pocos asesinatos de estas personas [29] . Si bien los casos en sí mismos constituyen graves abusos que tienen profundo impacto para las familias y comunidades de las víctimas, así como respecto de las iniciativas de restitución de tierras, es posible que este número relativamente bajo, en comparación con la magnitud de las amenazas, responda a varios factores. Tales factores incluyen el repudio público de los asesinatos expresado por altos funcionarios gubernamentales, así como también las medidas de protección que la UNP brinda a cientos de reclamantes y líderes que reciben amenazas.

A su vez, dado que la Ley de Víctimas es un programa insignia del gobierno de Santos y recibe un alto grado de atención política, es razonable presumir que los potenciales agresores consideran que —a diferencia de las amenazas y formas de intimidación más discretas— los ataques violentos contra reclamantes podrían exponerlos a la mirada de todo el país y aumentarían así las probabilidades de tener que rendir cuentas por sus actos.

No obstante, quizás el motivo de mayor peso es que la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas aún se encuentra en la etapa inicial de la implementación [30] . Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había logrado que se dictaran sentencias de restitución para el 1 por ciento de las solicitudes recibidas. Hasta julio de 2013, solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados [31] (si bien muchas otras visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas) [32] . No se habían dictado sentencias con respecto a las tierras de Urabá, una de las regiones más peligrosas para líderes y reclamantes de restitución de tierras [33] . (Los casos de retornos que se exponen en el informe ocurrieron fuera del marco del proceso de la Ley de Víctimas).

Hay varias razones para esperar que el problema empeore a medida que avanza el proceso de restitución. Human Rights Watch comprobó que diversos funcionarios vinculados al proceso de restitución de tierras coincidían en que, a medida que los casos avanzan, el nivel de riesgo para los reclamantes se agrava [34] . La UNP, por ejemplo, estimó a principios de 2013 que, para fin de año, tendría que brindar medidas de protección a 1.000 participantes en casos de restitución de tierras, es decir, más del doble de la cantidad de personas alcanzadas por este tipo de medidas en ese momento [35] . Asimismo, en muchos casos de asesinatos documentados por Human Rights Watch, las víctimas habían retornado a su terreno, o habían intentado hacerlo poco antes de su muerte. Este precedente —y las graves amenazas que, en la actualidad, reciben constantemente numerosos reclamantes de tierras y líderes en todo el país— indican que existe un riesgo latente de que se cometan nuevos asesinatos a medida que avanzan las solicitudes de restitución y las comunidades retornan a sus hogares.

Responsables

Muchos de los que están amenazando... son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas... Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda... y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida.
—Presidente Juan Manuel Santos, 7 de julio de 2012, Montería, Córdoba [36]

Salvo unas pocas excepciones, no se ha juzgado a los autores de actos de violencia y amenazas contra reclamantes de tierras, lo cual dificulta la posibilidad de aseverar con certeza quién ha sido el responsable. No obstante, evidencias convincentes analizadas por Human Rights Watch sugieren que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que adquirieron tierras de desplazados, y en algunas zonas, las FARC, serían los principales responsables de los abusos. Independientemente de quién sea el autor, una motivación común que subyace a los abusos es la intención de mantener el control sobre las propiedades o zonas rurales de las cuales fueron desplazados los reclamantes.

Grupos sucesores de los paramilitares

De los casos documentados por Human Rights Watch sobre abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras, existen evidencias persuasivas que sugieren que grupos sucesores de los paramilitares habrían cometido la mayor parte de los asesinatos, tentativas de asesinato y nuevos incidentes de desplazamiento forzado, así como también una proporción considerable de las amenazas.

El rol de los grupos sucesores en la consumación de estos delitos ha incluido desde proferir amenazas directas a través de volantes o llamadas telefónicas, hasta ordenar asesinatos o actuar como autores inmediatos en estos delitos. En los casos de abusos examinados por Human Rights Watch, los Urabeños fue el grupo sucesor de los paramilitares que con más frecuencia apareció como presunto responsable. Este es el grupo sucesor de los paramilitares más numeroso y con mayor poder en Colombia. Cuenta con aproximadamente 2.370 miembros y una estructura “con mando y cohesión nacional”, según indican fuentes de inteligencia policial[37].

La información proporcionada a Human Rights Watch por diversos organismos estatales apunta a que existiría un patrón de abusos de grupos sucesores de los paramilitares contra reclamantes. Según estadísticas compiladas por la Unidad de Restitución, hasta marzo de 2013, 31 reclamantes y líderes de 10 departamentos denunciaron amenazas atribuidas a las “Bacrim”, y otros 55 de 15 departamentos diferentes informaron amenazas que atribuyeron a miembros desmovilizados de las AUC. Bajo esta última categorización, victimas identifican de manera recurrente a miembros de grupos sucesores de los paramilitares [38] (aunque algunos paramilitares desmovilizados pueden actuar independientemente al emitir las amenazas). Andrés Villamizar, director nacional de la UNP, el organismo que brinda medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes, señaló a grupos sucesores de los paramilitares como principales responsables de las amenazas que aquellos reciben en la costa Atlántica. [39]

De manera similar, un funcionario de la Fiscalía que realiza un seguimiento a las denuncias penales instauradas frente a amenazas contra reclamantes y líderes de restitución de tierras de todo el país señaló que los grupos sucesores eran los principales responsables [40] . La Defensoría del Pueblo también ha denunciado, en reiteradas oportunidades, amenazas y actos de violencia perpetrados por grupos sucesores de paramilitares contra desplazados que exigen la restitución de sus tierras. [41]

Por su parte, el Centro de Memoria Histórica creado por el gobierno concluyó, en su informe final sobre el conflicto armado colombiano, que los grupos sucesores de los paramilitares constituyen “uno de los principales retos” para la implementación de la Ley de Víctimas, y afirmó que:

El fenómeno del rearme paramilitar que ha persistido por más de seis años se desenvuelve a partir del 2010.... La política de restitución de tierras se convierte en un desafío abierto desde la institucionalidad a los poderes paramilitares rearmados, razón por la cual se responde con el escalamiento de la violencia, en particular contra los reclamantes de tierra[42].

En el ámbito internacional, la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la Misión de la Organización de los Estados Americanos de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) informaron que los grupos sucesores atentan contra reclamantes de tierras [43] . En 2013, por ejemplo, la OACNUDH estableció que:

Continuaron las agresiones y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y contra quienes participan en el programa de restitución de tierras. En muchas regiones, la mayoría de estas violaciones pueden atribuirse a los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares (grupos post-desmovilización)[44].

Continuidad entre las AUC y los grupos sucesores

Una de las principales razones por las cuales los grupos sucesores de los paramilitares tendrían interés en atentar contra reclamantes y líderes de restitución de tierras es que, en muchas zonas, estos grupos continuaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar desmovilizada AUC, responsable de desplazamientos forzados y despojos de tierras generalizados durante el momento más álgido del conflicto armado.

Si bien tienen diferencias importantes con las AUC, los grupos sucesores de los paramilitares han asumido muchos de los mismos roles —como participar en narcotráfico y otras actividades mafiosas, y cometer abusos contra civiles que se interponen a sus intereses—, a menudo con algunos de los mismos integrantes y en las mismas zonas[45]. El Alto Consejero para la Reintegración estimó, en 2011, que la mitad de los líderes de grupos sucesores de los paramilitares fueron mandos medios de las AUC[46]. De los 12 principales líderes de grupos sucesores de los paramilitares que la Policía informó haber capturado entre enero y octubre de 2012, más de la mitad son ex paramilitares[47].

Es posible que esta proporción haya disminuido desde entonces debido a la captura, por parte de la Policía, de decenas de líderes de grupos sucesores, y a la fragmentación de algunos grupos, tales como los Rastrojos[48]. Aun así, persiste la continuidad de miembros entre las AUC y grupos sucesores de los paramilitares[49]. Un claro ejemplo es el del actual jefe de los Urabeños y ex miembro de las AUC, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel[50].Otoniel heredó la empresa criminal de los Urabeños tras una larga sucesión de jefes paramilitares que fueron arrestados, desmovilizados o asesinados, y que se remonta a líderes como Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el fundador de las AUC, Carlos Castaño, cuyas fuerzas llevaron a cabo apropiaciones de tierras generalizadas en colaboración con miembros de la fuerza pública, políticos y elites económicas locales, durante la década de 1990 y los primeros años de la década del 2000[51].

Numerosos funcionarios públicos reconocen la estrecha relación entre los grupos sucesores de los paramilitares y las AUC [52] . Por ejemplo, varios fiscales que investigan a grupos sucesores en Urabá y Córdoba dijeron a Human Rights Watch que no hay “ninguna diferencia” entre ellos y las AUC, y que “sólo cambiaron de nombre” [53] . De manera similar, el personero de Montería, Córdoba —el titular de la Personería, un organismo municipal de derechos humanos— declaró en 2013 que los grupos sucesores de los paramilitares son:

[l]a prolongación de un actor armado que hace un tiempo se llamó Paramilitarismo. Estas bandas operan en los mismos territorios donde alguna vez tuvieron control [las AUC]; en los cuales las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y generalizadas[54].
Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reconocido la continuidad entre las AUC y los grupos sucesores de los paramilitares: en un escrito de acusación de 2009 contra varios líderes de los Urabeños —incluido Otoniel— por narcotráfico y otros cargos vinculados con actividades terroristas se hace referencia al grupo sucesor como un bloque de las AUC[55].

Un claro ejemplo son las dos sentencias judiciales a través de las cuales fueron condenados varios miembros de los Urabeños por el asesinato del líder de restitución de tierras de Urabá, David de Jesús Góez Rodríguez, cometido el 23 de marzo de 2011 [56] . Góez había liderado iniciativas de restitución en la zona de Tulapas, donde las AUC se habían apropiado de gran cantidad de tierras [57] . La Fiscalía determinó que, antes de morir, y en el marco de sus acciones para la restitución de tierras, Góez había denunciado públicamente a los Urabeños, quienes, según el fiscal del caso:

[C]ontinuaban sometiendo a los campesinos y se negaban a entregar las valiosas tierras de la región de Tulipa (sic), porque son corredor para el tráfico de drogas hacia el Océano Atlántico[58].

La Fiscalía también determinó que el asesinato de Góez había sido ordenado por quien entonces era el jefe máximo los Urabeños, Juan de Dios Úsuga David (hermano de Otoniel), alias Giovanni, quien también había sido miembro de las AUC[59]. Giovanni habría ordenado el asesinato porque sospechaba que Góez había proporcionado a las autoridades información que facilitó la detención, en 2009, del entonces jefe máximo de los Urabeños, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, también ex miembro de las AUC. Según la Fiscalía, Rendón Herrera “heredó toda la estructura de narcotráfico y [p]aramilitarismo”[60].

La influencia de los Urabeños en la región de Tulapas sigue representando un obstáculo para la restitución de tierras: Manuel Mercado, al igual que Góez, otro líder de Tulapas, manifestó a Human Rights Watch que, desde el momento en que se dispuso la restitución de sus tierras en virtud de una sentencia judicial en noviembre de 2011, no ha retornado a vivir allí porque los Urabeños se lo han prohibido[61]. En abril de 2013, Mercado guió a representantes de la Unidad de Restitución que entregaban notificaciones de solicitudes de restitución en parcelas de tierra en Tulapas. No obstante, a pesar de haber sido acompañados por policías, no lograron completar la misión debido a la fuerte presencia de Urabeños en la zona, y a que este grupo seguía de cerca los movimientos de Mercado y de la Unidad de Restitución[62]. Mercado cree que el grupo sucesor de los paramilitares se opone a su retorno a Tulapas debido a su colaboración con las autoridades. De hecho, hay evidencias que señalan que los grupos sucesores a veces atentan contra líderes de restitución de tierras debido a que interactúan habitualmente con autoridades, lo cual constituye un aspecto fundamental de su activismo.

Terceros

Las personas que ocuparon o adquirieron las tierras de los desplazados después de que estos fueron expulsados son unos de los principales responsables de los abusos, según se observa en casos documentados por Human Rights Watch y en las entrevistas con diferentes funcionarios. Estos terceros incluyen desde testaferros paramilitares —que han mantenido y ocultado los bienes de las AUC—ganaderos, políticos, terratenientes, empresarios y paramilitares desmovilizados.

Human Rights Watch documentó múltiples casos en los cuales las evidencias sugieren que los terceros que ocuparon tierras o impugnaron su restitución amenazaron o intimidaron a los reclamantes desplazados. En este mismo sentido, altos funcionarios públicos identificaron a terceros que ocupaban los terrenos reclamados como unos de los principales responsables de amenazas. En palabras de Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución, “[l]a información de las víctimas es que los que amenazan son los que están encima del predio. El que robó o compró la tierra” [63] . De manera similar, María Paulina Riveros, directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, expresó a Human Rights Watch:

Más que nada son los despojadores que son autores de amenazas. La gente que está interesada en quedarse con la tierra[64].

Información recabada por la Unidad de Restitución también indica que estos terceros suelen ser responsables de las amenazas contra reclamantes. Hasta marzo de 2013, 148 reclamantes de tierras o líderes de 21 departamentos que exigían la restitución en virtud de la Ley de Víctimas, habían denunciado amenazas que atribuían a agresores catalogados por la Unidad de Restitución como “agentes individuales”[65]. Según un funcionario de la Unidad de Restitución, la mayoría de los casos clasificados de este modo se refieren a personas que están ocupando los terrenos reclamados, pero que no encuadran en las demás categorías contempladas en los datos de la unidad para efectos de identificar a los presuntos responsables (Bacrim, miembros desmovilizados de las AUC, guerrillas, otros grupos criminales y “desconocido”)[66].

Si bien, en algunas oportunidades, estos terceros han amenazado e intimidado directamente a los reclamantes, diversas evidencias —como entrevistas con víctimas y funcionarios, y también documentos oficiales— surgieren que además lo han hecho por intermedio de otras personas, como trabajadores o administradores de fincas, miembros de seguridad privada o grupos sucesores de los paramilitares.

Colaboración entre terceros y grupos sucesores

Las entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con víctimas, sus familiares y diversos funcionarios, así como también nuestro análisis de denuncias penales e informes de la Defensoría del Pueblo, sugieren de manera convincente que los grupos sucesores, en algunas oportunidades, han amenazado o asesinado a reclamantes de tierras y líderes por iniciativa de terceros que pretendían conservar el control de esas tierras.

Por ejemplo, al amenazar e intimidar a reclamantes y líderes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, los grupos sucesores de los paramilitares han actuado en nombre de terratenientes, ganaderos y empresarios que ocupaban sus tierras, según fue señalado por la Defensoría del Pueblo[67], funcionarios locales y nacionales, así como víctimas (ver más información sobre el caso de Curvaradó y Jiguamiandó en la sección “Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó”)[68]. Un líder afrocolombiano de la región que ha participado en el proceso de restitución de Curvaradó y Jiguamiandó manifestó a Human Rights Watch que, en 2009, acudió a una reunión con empresarios en la cual estaba presente un conocido paramilitar. Según relató, un empresario ofreció al líder afrocolombiano dinero a cambio de ayudarle a expulsar a una de las comunidades de Curvaradó que habían retornado, y el paramilitar presente lo presionó para que aceptara la oferta[69].

Numerosas investigaciones judiciales, estatales y académicas indican que, al desplazar a la población civil, los paramilitares de las AUC operaban en el marco de una extensa red de cómplices que incluía a miembros de la fuerza pública, políticos, ganaderos, empresarios, funcionarios públicos y narcotraficantes [70] . Algunos de estos sectores adquirieron tierras de desplazados, en connivencia directa con las AUC o aprovechando la violencia ejercida por paramilitares y apropiándose de las tierras de las cuales habían huido desplazados. Por ejemplo, la Unidad de Restitución ha determinado, con respecto a la usurpación generalizada de tierras por parte de los altos jefes paramilitares Fidel, Carlos y Vicente Castaño, que:

[E]l interés en la apropiación de tierras no sólo fue prioridad de los jefes paramilitares sino también de sus Asociados (políticos, empresarios y narcotraficantes) que hallaron en ese accionar una fuente de riqueza[71].

El proceso de desmovilización de las AUC no logró desarticular estas redes [72] , y muchas de las tierras acumuladas quedaron en manos de testaferros de paramilitares —que ocupan y ocultan bienes de las AUC—, paramilitares desmovilizados, terratenientes, ganaderos y otros terceros. Hay importantes razones para creer que algunas de estas personas mantienen vínculos con grupos sucesores de los paramilitares. Un funcionario de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, por ejemplo, manifestó a Human Rights Watch que en Urabá, Córdoba, Sucre y en las regiones de los Llanos Orientales, algunos productores ganaderos apoyan a grupos sucesores [73] . En este mismo sentido, el entonces director de la Policía Nacional Oscar Naranjo señaló al periódico El Tiempo, en febrero de 2012, que la fuerza de los Urabeños “radica en que hay sectores que quieren mantener esa figura intimidante, para proteger intereses mafiosos” [74] . La misma nota señalaba que:

Informes en manos de autoridades señalan que, como ocurrió en los 90 con bloques paramilitares... hay ganaderos, comerciantes, políticos, integrantes de la Fuerza Pública y empresarios interesados en patrocinar la violencia de “los Urabeños”. El Tiempo conoció un reporte de inteligencia que documenta cómo los sectores de los que habla [el general] Naranjo buscan aprovechar a la banda [de los Urabeños] para boicotear la restitución de tierras a víctimas de la violencia. Incluso han financiado la impresión y la distribución de panfletos amenazantes[75].

Del mismo modo, Eduardo Pizarro, ex director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) establecida por la ley de Justicia y Paz sobre desmovilización paramilitar, manifestó en relación con la violencia contra reclamantes de tierras:

Es posible que regionalmente subsistan vínculos entre agentes del Estado y empresarios, políticos y bandas... [Las Bacrim] son instrumentos de las élites regionales criminales para impedir que las víctimas luchen por la restitución de las tierras[76].

No obstante, de ningún modo es posible afirmar que en todos los casos existan lazos entre los terceros responsables de las amenazas y paramilitares o sus grupos sucesores.

Ejército Anti-Restitución

Desde la sanción de la Ley de Víctimas, varios reclamantes de tierras de distintas regiones de Colombia y sus defensores —al igual que periodistas que informan acerca del proceso de restitución— han recibido amenazas firmadas por el autoproclamado “Ejército Anti-Restitución”. Human Rights Watch documentó múltiples amenazas de esta naturaleza en los departamentos de Bolívar, Cesar y Sucre.

El 4 de julio de 2012, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico enviado desde una cuenta identificada como “Ejército Anti-Restitución” se amenazó con matar a varios defensores de derechos humanos y políticos, incluidos el congresista Iván Cepeda Castro y el abogado Jeison Paba, que han defendido a víctimas en casos de restitución de tierras en Sucre y Bolívar[77]. La amenaza indicaba que había claras instrucciones de matar a los destinatarios del mensaje, quienes “quiere[n] quitarle la tierra a los ciudadanos de bien para darles a los guerrilleros igual que ellos”[78].

Más recientemente, el 6 y el 7 de mayo de 2013, personas desconocidas distribuyeron panfletos de contenido amenazante firmados por el “Grupo Anti-Restitución de Tierras de la Costa Caribe” en las oficinas de varios medios de comunicación de Valledupar, departamento de Cesar. La amenaza declaraba a ocho periodistas —algunos de los cuales habían informado sobre el proceso de restitución de tierras en el departamento de Cesar— como “objetivos militares” y advertía que tenían “24 horas para salir de la ciudad […], debe quedar claro que si siguen metiendo sus narices en los casos de restitución de tierras ... serán ustedes las próximas [víctimas][79].

Diversas autoridades nacionales y departamentales señalaron que no habían encontrado ninguna evidencia de que existiera un grupo denominado “Ejército Anti-Restitución” [80] . Human Rights Watch no pudo confirmar la existencia de una estructura armada organizada que se conociera como “Ejército Anti-Restitución”. No obstante, Human Rights Watch obtuvo información creíble que corrobora parcialmente los señalamientos expresados por Nuevo Arco Iris, un reconocido grupo de expertos colombiano, que fue el primero en denunciar la formación de un “ejército privado” que se oponía a la restitución de tierras.

Nuevo Arco Iris señaló que se realizaron tres reuniones en el departamento de Cesar a principios de 2011 y en 2012, en las cuales ganaderos, terratenientes y otras elites regionales acordaron financiar un “ejército privado” para defenderse contra ataques de las FARC e impedir la restitución de tierras[81]. Las tres reuniones se llevaron a cabo cerca de Becerril, Cesar, el 17 de diciembre de 2011; en Cascará, Cesar, el 13 de enero de 2012; y en las proximidades de Valledupar, el 4 de febrero de 2012, y también contaron con la asistencia de paramilitares desmovilizados, según señaló Nuevo Arco Iris[82].

Si bien no pudo confirmar si existieron planes para crear un grupo armado durante estos encuentros, Human Rights Watch recibió información de otras dos fuentes creíbles que indicaban que, en el departamento de Cesar, se habían llevado a cabo tres reuniones en las cuales los participantes acordaron oponerse a la restitución de tierras. Por ejemplo, en documentos de la Defensoría del Pueblo se indicaba que este organismo había recibido información de líderes de restitución de tierras acerca de reuniones entre terratenientes, ganaderos y otras personas, que se habían realizado en los mismos lugares y momentos denunciados por Nuevo Arco Iris, en las cuales “el tema central ha sido la discusión de estrategias de todo tipo para enfrentar la movilización de los campesinos en pro de la restitución de tierras”[83].

Independientemente de si existe o no un grupo armado denominado “Ejército Anti-Restitución”, resulta evidente que, en diferentes regiones, el nombre se utiliza para proferir amenazas que buscan infundir temor entre quienes intervienen en el proceso de restitución de tierras.

Guerrillas

Las guerrillas también han cometido abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Human Rights Watch documentó varios casos de líderes de población desplazada del departamento de Tolima que informaron haber recibido reiteradas amenazas por parte del Frente 21 de las FARC debido a que promovían el retorno de desplazados a sus fincas en el sur de Tolima. Varios líderes de desplazados internos manifestaron a Human Rights Watch y a autoridades judiciales que las FARC han realizado reuniones en zonas rurales del sur de Tolima —un bastión histórico de las guerrillas— y han declarado su intención de asesinar a los desplazados y líderes que intenten retornar a sus tierras.

Datos recabados por la Unidad de Restitución indican que las amenazas de guerrillas contra reclamantes se han extendido a todo el país. Hasta marzo de 2013, 57 reclamantes de tierras o líderes, originarios de 13 departamentos diferentes, que participaban en solicitudes presentadas conforme a la Ley de Víctimas, habían denunciado a las autoridades haber recibido amenazas por parte de las guerrillas. Tales denuncias ponen en manifiesto amenazas ocurridas, entre otros, en los departamentos de Tolima, Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Putumayo, donde las FARC mantienen una fuerte presencia[84]. Un funcionario de la UNP confirmó a Human Rights Watch que el organismo ha recibido denuncias de amenazas por parte de guerrillas contra reclamantes de tierras y líderes[85].

Las FARC también han asesinado a líderes de desplazados que intentaban recuperar tierras. Por ejemplo, miembros de las FARC han sido condenados por los asesinatos de Manuel Moya Lora y Graciano Blandón Borja, ocurridos el 17 de diciembre de 2009. Antes de ser asesinados, ambos lideraban a miembros de comunidades afrocolombianas desplazadas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó[86]. El hijo de Blandón Borja, Jair Blandón Mena, también fue asesinado por las FARC en el mismo incidente. Antes de ser asesinado, Moya había denunciado públicamente que temía por su vida debido a amenazas de las FARC, según indicó otro líder afrocolombiano de la región[87]. La Defensoría del Pueblo informó, en relación con el proceso de restitución de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó que, si bien los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la mayor parte de las amenazas y los hechos de violencia contra reclamantes y líderes, las FARC también “han amenazado y atentado contra líderes a quienes señalan de tener vínculos con los Grupos Armados Post Desmovilización de las AUC y/o con la Fuerza Pública”[88].

Las entrevistas con funcionarios y víctimas sugieren que uno de los principales motivos que subyacen a las amenazas de las FARC contra líderes de restitución de tierras es su interés por mantener el control de determinadas zonas, que en muchos casos obtuvieron desplazando forzadamente a la población civil [89] . Los líderes de desplazados internos que son objeto de amenazas en la región sur del departamento de Tolima indicaron que eran perseguidos por diversos motivos vinculados con la intención de las guerrillas de mantener el control territorial en la región. Uno de estos motivos es que las FARC saben que si se produce el retorno de desplazados a sus fincas, esto también implicaría el restablecimiento de la presencia permanente de instituciones del Estado y la fuerza pública, lo cual se interpone de manera directa a la autoridad de las guerrillas en la zona.

De hecho, hubo acciones concretas por parte de líderes de desplazados que ejercieron presión para que se reforzara la presencia militar y policial como condición para el retorno. Asimismo, las FARC han identificado a líderes de desplazados como informantes del gobierno o “sapos”, probablemente debido a la interacción de estos líderes con funcionarios públicos, un aspecto inherente a su activismo. A su vez, las guerrillas también han acusado a líderes de desplazados de integrar grupos paramilitares o colaborar con ellos[90].

Uso de minas antipersonal por parte de las guerrillas

El uso de minas antipersonal —una práctica extendida que adoptaron hace tiempo las guerrillas— también supone un grave riesgo para la seguridad de los desplazados internos que intentan retornar a sus tierras[91]. Según datos del gobierno colombiano, entre 1990 y mayo de 2013, se han registrado más de 10.400 víctimas de minas antipersonal y municiones sin detonar, entre las cuales se cuentan casi 4.000 civiles[92].

En 2012, por ejemplo, como resultado de minas y municiones sin detonar perdieron la vida 43 civiles y otros 172 sufrieron lesiones, de acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno[93]. Expertos nacionales e internacionales han informado que las FARC utilizan minas en mayor medida que cualquier otro grupo armado de Colombia, y la Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres declaró en 2012 que “las FARC son, probablemente, el grupo rebelde que más frecuentemente utiliza minas antipersonal en todo el mundo”[94].

Dentro de Colombia, las regiones donde el conflicto armado ha sido intenso y se han sembrado minas suelen coincidir con zonas de las cuales huyeron desplazados y adonde actualmente intentan regresar. En aproximadamente el 70 por ciento de los municipios donde desplazados presentaron solicitudes de restitución de tierras, el gobierno reportó la ocurrencia de accidentes o incidentes[95] vinculados con minas antipersonal o con municiones sin detonar, según la Unidad de Restitución[96]. Por ejemplo, Vistahermosa, Meta, el municipio con la mayor cantidad de víctimas de minas terrestres y municiones sin detonar según datos del gobierno (354 desde 1990), también era hasta enero de 2013 una de las localidades con mayor cantidad de hectáreas sujetas a solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas (37.138)[97].

Estas cifras ofrecen un panorama muy simplificado de la magnitud del problema, dado que se refieren a la presencia de minas antipersonal y municiones sin detonar en todo un municipio, en lugar de terrenos específicos. A causa de ello, resulta imposible saber cuál es su incidencia en las fincas sujetas a solicitudes de restitución, y esta incidencia podría ser mayor o menor que su prevalencia a nivel municipal. Asimismo, al analizar las estadísticas gubernamentales sobre accidentes con minas antipersonal y municiones sin detonar es importante considerar que, por diversos motivos, muchos casos no se denuncian [98] . A pesar de esto, las cifras disponibles ofrecen una aproximación a la gravedad del problema.

El clima de temor y sus consecuencias

Los abusos reiterados y deliberados contra reclamantes de tierras y líderes han generado un clima de temor en torno al proceso de restitución en ciertas regiones del país. Esto ha menoscabado de distintas maneras los esfuerzos de restitución y la posibilidad de gozar de sus beneficios, como por ejemplo al provocar que algunos líderes reduzcan su visibilidad o al inhibir a que los desplazados de presentar solicitudes o retornar a sus hogares luego de haber obtenido una sentencia favorable de restitución.

La Unidad de Restitución ha reconocido este problema, y denunció en 2012 que diversos actos de intimidación contra reclamantes de Córdoba habían:

[C]rea[do] un temor que se ha hecho general entre los solicitantes de restitución de tierras, el cual ha obstaculizado el trámite que sigue bajo el rigor de la [Ley de Víctimas][99].

De hecho, las evidencias sugieren de manera clara que el temor a represalias podría ser, entre muchos otros, uno de los factores que contribuyen a que la cantidad de solicitudes presentadas hasta el momento ante la Unidad de Restitución sea menor al esperado. Mientras que el Ministerio de Agricultura estimó que durante 2012 se presentarían casi 40.000 solicitudes, aproximadamente 75.000 para fines de 2013 y 360.000[100] para 2021, en junio de 2013 la Unidad de Restitución había recibido 43.590 reclamos[101].

Numerosos líderes de desplazados que exigen la restitución de tierras manifestaron a Human Rights Watch que, debido a las amenazas recibidas, convivían con una sensación constante de temor e inseguridad. A causa de esto, permanecían en sus casas, limitaban la circulación y, en algunos casos, reducían sus actividades de liderazgo. Por ejemplo, Carmenza Léon (seudónimo), una líder de restitución de Urabá que recibió amenazas en 2012 y 2013, dijo a Human Rights Watch que muy pocas veces salía de su vivienda, había limitado considerablemente su trabajo en la asociación de desplazados a la cual pertenecía y acudía a las oficinas de la asociación con menos frecuencia que antes de que se iniciara la ola de amenazas (ver más información sobre el caso de León en la sección “Tierra y Vida en Urabá”).

Un auto dictado por la Corte Constitucional en mayo de 2013 vinculado con la situación de las mujeres líderes de la población desplazada confirmó el impacto devastador que tenían las amenazas y el hostigamiento, incluso contra mujeres que exigían la restitución de tierras, y señaló que tal intimidación había provocado:

...serias y severas afectaciones sicológicas y siquiátricas, entre otras, trastornos de ansiedad, sueño, depresiones graves, empeoramiento o aparición de enfermedades cardiovasculares ... El miedo que logra instaurarse con las amenazas ... en no poco casos ha llegado a convertirse en pánico clínico[102].

Varios líderes de restitución de tierras de sexo masculino entrevistados por Human Rights Watch también expresaron que sufrían temor y ansiedad debido a amenazas.

El temor infundido por las amenazas y agresiones se extiende a otros líderes y miembros de la comunidad, e incluso a algunas autoridades que trabajan en materia de restitución. Esta situación se hizo evidente en el período inmediatamente posterior al asesinato del líder de víctimas Ever Cordero Oviedo, ocurrido en Valencia, Córdoba (ver más información sobre el caso de Cordero en la sección “La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba” ).

El día de la muerte, Human Rights Watch habló con varios reclamantes y líderes de restitución de tierras de Córdoba, quienes manifestaron que debido al asesinato temían por su propia seguridad e interpretaban el hecho como una advertencia para disuadir a quienes pretendieran exigir la restitución[103]. Un funcionario de la Unidad de Restitución dijo a Human Rights Watch que el asesinato asustaría a quienes pretenden presentar nuevas solicitudes, ya que esas personas asumirán que “esa estructura [paramilitar] no se acabó”[104]. Un juez de restitución de tierras en Córdoba manifestó que sentía que existía un “riesgo inminente” para su seguridad debido a ataques como los sufridos por Cordero, y ante la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades públicas[105].

Igualmente, en una carta enviada el 22 de marzo de 2013 al Presidente Santos, decenas de jueces especializados en restitución de tierras de todo el país pidieron protección e hicieron referencia a los abusos contra reclamantes de tierras y sus líderes como evidencia del peligro al cual estaban expuestas sus propias vidas:

Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan. Los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos, en consideración a que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados[106].

La evidencia sugiere, en efecto, que en algunas regiones el clima de temor propiciado por las amenazas y los ataques ha inhibido a desplazados internos de presentar solicitudes de restitución. Una decena de grupos de desplazados internos y víctimas del departamento de César —donde varios líderes de restitución de tierras han recibido amenazas en forma continua— emitieron una declaración en diciembre de 2012 en la cual indicaron que no todas las víctimas de despojo de tierras del departamento habían presentado una solicitud formal,

[e]n la mayoría de los casos, por cuenta del temor y miedo que las embarga y que las lleva a abstenerse de realizar cualquier solicitud[107].

Según señaló un líder del municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, muchas personas de la zona no reclaman sus tierras porque están atemorizadas debido al asesinato de varios líderes de restitución de la zona desde 2010 (ver casos de Albeiro Váldez, Hernando Pérez Hoyos y Alejandro Padilla en la sección “Tierra y Vida en Urabá”)[108]. La observación de este líder coincide con la opinión de un funcionario que trabaja en restitución de tierras, quien comentó a Human Rights Watch que concretamente en el corregimiento de Totumo, en Necoclí, donde tres desplazados habían reclamado tierras antes de ser atacados en 2010 y 2011, se han presentado muy pocos reclamos, ya sea por el control que tienen los Urabeños en esa zona o por el temor de los desplazados a reclamar tierras allí[109].

De manera similar, un líder comunitario afrocolombiano del departamento de Chocó comentó a Human Rights Watch que, tras la muerte de líderes involucrados en los procesos de restitución de tierras en las comunidades vecinas de Curvaradó y Jiguamiandó, ahora evaluaba con cautela la posibilidad de impulsar solicitudes de restitución en el marco de la Ley de Víctimas. “Si coloco una solicitud de restitución, esto me pone más en riesgo con empresarios y paramilitares”, dijo[110].

Algunos desplazados afirmaron que dejaron de reclamar tierras debido a abusos contra ellos o sus familias. Tras el asesinato del reclamante de Urabá Alejandro Padilla en noviembre de 2011, su familia decidió no continuar exigiendo las tierras, según fuentes cercanas a Padilla [111] . Leonora Gúzman (seudónimo) informó que ella y su hermana fueron amenazadas, intimidadas y desplazadas en 2009 y 2010 debido a que intentaron reclamar su tierra en San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar [112] . Gúzman dijo que, a causa de esto, había decidido no pedir la restitución a través de la Ley de Víctimas.

El temor a sufrir ataques también impide que los reclamantes puedan beneficiarse con los resultados de procesos de restitución de tierras exitosos. Algunos reclamantes amenazados señalaron que incluso si sus solicitudes prosperaban, estaban demasiado atemorizados como para regresar a sus tierras, mientras que otros desplazados que se beneficiaron con sentencias de restitución indicaron que luego no retornaron a sus hogares debido a amenazas. Por ejemplo, la líder de víctimas Victoria Guevara (seudónimo) dijo que luego de que la justicia condenara a varios comandantes de las AUC por una masacre ocurrida en 2000 en el departamento de Bolívar (durante la cual perdió la vida su padre) y ordenara la restitución de tierras, recibió amenazas en 2011 y 2012 que provocaron que su familia decidiera vender la tierra en vez de retornar [113] . Comentó al respecto:

Con mi familia optamos por tomar la decisión de vender la tierra que mi padre nos heredó, ya que nos da mucho miedo que algo nos llegue a pasar si retornamos.... Mi familia y yo ya estamos intimidados para continuar en la región[114].

Otro ejemplo es el de Mario Cuitiva, quien informó haber sufrido amenazas y actos de intimidación desde que reemplazó a Yolanda Izquierdo —asesinada por paramilitares en 2007— como líder de las familias que reclaman tierras en la finca Santa Paula en Córdoba (ver más información sobre el caso de Cuitiva en la sección “La finca Santa Paula en Leticia, Córdoba”). Cuitiva obtuvo una sentencia de restitución favorable en la primera decisión dictada de conformidad con la Ley de Víctimas en el departamento de Córdoba, pero indicó que su esposa e hijos habían decidido que no retornarían a Santa Paula debido a la falta de seguridad. El mismo tenía dudas de si, tras varios años de lucha para recuperar su tierra, regresaría finalmente a vivir allí[115].

[1] Ley 599 de 2000, art. 347. En el Código Penal colombiano, se define “amenaza” como “[e]l que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella”.

[2] Estos ocho departamentos son Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima.

[3] Unidad Nacional de Protección, “Informe de líderes y reclamantes de restitución de tierras”, 27 de mayo de 2013. Al 27 de mayo de 2013, eran 510 los reclamantes y líderes de restitución de tierras que recibían medidas de protección de la UNP. Un funcionario de la unidad que se ocupaba de estos casos manifestó a Human Rights Watch que todos los beneficiarios habían informado haber recibido amenazas directas. La UNP había recibido 800 pedidos de protección de reclamantes de tierras y líderes, lo cual indica que la cantidad de personas amenazadas podría ser significativamente superior a 510.

[4]Decreto del Ministerio del Interior 4912, 26 de diciembre de 2011, “Por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”. Título 1, artículo 3, num. 16. El decreto establece que el riesgo para el potencial beneficiario debe producirse “como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”.

[5]Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 15 de mayo de 2013.

[6] Andrés Bermúdez Liévano, “La restitución de tierras es una lección para ordenar la casa: Ricardo Sabogal”, La Silla Vacía, 2 de marzo de 2013, www.lasillavacia.com/print/historia/la-restitucion-de-tierras-es-una-leccion-para-ordenar-la-casa-ricardo-sabogal-41686 (consultado el 7 de junio de 2013).

[7] “Avances y retos en la implementación de la política de restitución de tierras—2012”, Ricardo Sabogal, Director Nacional de la Unidad de Restitución, Bogotá, 29 de noviembre de 2012, a la cual asistió un investigador de Human Rights Watch.

[8] Entrevista de Human Rights Watch con Alma Viviana Pérez, directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Bogotá, 29 de agosto de 2012.

[9] Entrevista de Human Rights Watch con Angélica Zamora (el lugar se mantiene bajo reserva), abril de 2013; denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por Angélica Zamora, 2008.

[10] Entrevista de Human Rights Watch con Angélica Zamora (el lugar se mantiene bajo reserva), abril de 2013. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que determina las medidas que resultan adecuadas para los beneficiarios de la UNP, concluyó que la situación de Zamora era de “riesgo extraordinario”.

[11]Cantidad de reclamantes y líderes que exigen la restitución a través de la Ley de Víctimas y denunciaron ante las autoridades haber sido amenazados. (Hasta el 15 de marzo de 2013). Fuente de datos: Unidad de Restitución, proporcionados a Human Rights Watch mediante un mensaje de correo electrónico enviado el 15 de mayo de 2013. 

[12]Cantidad de reclamantes y líderes que exigen la restitución a través de distintos mecanismos, incluida la Ley de Víctimas, y que tras denunciar amenazas recibieron algún tipo de medida de protección de la Unidad Nacional de Protección. (Hasta el 27 de mayo de 2013). Fuente de datos: Unidad de Protección, proporcionados a Human Rights Watch mediante un mensaje de correo electrónico enviado el 24 de junio de 2013.

[13] Human Rights Watch cannot confirm how many individuals are counted in both data sets, because we were provided with aggregate data, rather than a list of names. There is potentially significant overlap in certain regions.

[14] El Centro de Memoria Histórica creado por el gobierno concluyó en su informe definitivo integral sobre el conflicto armado colombiano que “[l]a amenaza es una práctica de violencia constante en el desarrollo del conflicto armado colombiano que tiende a subvalorarse cuando no registra un desenlace letal o que se minimiza si no se consuma en un hecho violento. No obstante, es preciso tener en cuenta que las reputaciones de violencia le confieren a las amenazas una alta credibilidad y con ello una alta capacidad de desestabilización social y emocional... [e]ste tipo de violencia busca la instalación duradera del miedo, la desconfianza, la ruptura de las solidaridades y la parálisis en la cotidianidad de las víctimas y sus expresiones comunitarias”. Centro de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, julio de 2013, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013) pág. 104.

[15] Estos siete departamentos son: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira y Sucre.

[16]Unidad Nacional de Protección, “Informe de líderes y reclamantes de restitución de tierras”, 27 de mayo de 2013. Para recibir “apoyo de reubicación temporal”, las autoridades deben haber determinado que el riesgo al cual está expuesta la persona protegida es “extraordinario”, “extremo”; o “ inminente y excepcional”. Ver Decreto del Ministerio del Interior 4912 (2011).

[17] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[18] Corte Constitucional de Colombia, Auto 112 de 2012, párr. III, 15.

[19] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento N.º 005-11 Primera al Informe de Riesgo N.º 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 23 de marzo de 2011, pág. 8.  

[20] Ley 599 de 2000, art. 180. El Código Penal de Colombia también define separadamente el delito penal de desplazamiento forzado en su capítulo sobre violaciones del derecho internacional humanitario. El artículo 159 de la Ley 599 de 2000 define la deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil como “[e]l que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil”.

[21] Corte Constitucional de Colombia, Auto 119 de 2013, págs. 7 y 65. La Corte ordenó a la Unidad de Víctimas que registrara como desplazados y brindara atención, asistencia y protección a las personas que huyeran de sus hogares debido a las circunstancias que se describen en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997 (que incluye disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario), “con independencia de si el desplazamiento forzado se presenta con ocasión del conflicto armado” y sin tener en cuenta la identidad o los móviles del responsable. La Corte procuró corregir lo que idendificó como una “tendencia” de la Unidad de Víctimas “a excluir del sistema de protección y atención a las víctimas de desplazamiento forzado ocasionado por violencia generalizada o por graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por actores como las BACRIM, dejando sin protección a miles de colombianos en situación de extrema vulnerabilidad”.

[22]Corte Constitucional de Colombia, Auto 098 de 2013, págs. 17, 79 y 105. El Auto hace referencia a investigaciones de Human Rights Watch —incluidas sobre amenazas contra mujeres líderes desplazadas que reclaman la restitución de tierras— y concluye que el riesgo que enfrentan las líderes de población desplazada debido a su liderazgo se ha agravado desde 2009.

[23] Estos 21 casos afectan a 25 víctimas. En tres casos, dos reclamantes y/o un familiar del líder a quien se pretendía agredir perdieron la vida en los ataques.

[24]El término “desaparición” se refiere a casos que implican: 1) privación de la libertad en contra de la voluntad de la persona afectada, y 2) la negativa a informar cuál fue la suerte o el paradero de la persona en cuestión. La definición de “desapariciones forzadas” que se establece en tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se refiere a casos que reúnen estos dos elementos, como así también la participación de agentes del Estado, ya sea en forma directa o indirecta, mediante su autorización, colaboración o aquiescencia.

[25] “[Defensor del Pueblo] condena la muerte violenta de Manuel Ruiz, miembro del Consejo Comunitario de Curvaradó, y de su hijo Samir Ruiz Gallo, en el bajo Atrato Chocoano por parte de autodenominado grupo armado ilegal ‘Águilas Negras’”, Defensoría del Pueblo, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2012, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03031001&_secc=03&ts=2&hs=0303 (consultado el 10 de julio de 2013).

[26] Mensajes de correo electrónico enviados por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch el 11 de junio y el 13 de agosto de 2013. Los casos informados por la Fiscalía afectan a “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cuya muerte se presume vinculada con la restitución de tierras. Los 49 casos de asesinatos tuvieron un saldo de 56 víctimas fatales, ya que en algunos de ellos fueron varias las personas que perdieron la vida. Los asesinatos se produjeron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. De estos casos de asesinatos, 43 fueron cometidos a partir de 2008. Todos los casos de asesinatos documentados por Human Rights Watch, salvo uno, están incluidos en la lista de casos informados por la Fiscalía.

[27]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, 31 de octubre de 2011, http://www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders2011.pdf (consultado el 18 de mayo de 2013), párr. 293; Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), “Situación en Colombia: Reporte Intermedio”, noviembre de 2012, http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285102/OTPCOLOMBIAPublicInterimReportNovember2012.pdf (consultado el 1 de agosto de 2013), párr. 57. Además, el director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia, una entidad semigubernamental creada por la Ley de Justicia y Paz de 2005, señaló al periódico El Tiempo en 2010 que 45 líderes de restitución de tierras habían sido asesinados desde que la ley entró en vigor. “Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras, en 15 días murieron tres”, El Tiempo, 2 de junio de 2010, http://m.eltiempo.com/colombia/ya-son-45-los-lideres-de-victimas-asesinados-por-reclamar-sus-tierras-en-15-dias-murieron-tres/7737280/home (consultado el 18 de mayo de 2013).

[28] Entrevista de Human Rights Watch con Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, Bogotá, 2 de marzo de 2012.

[29]Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 15 de mayo de 2013. Hasta el 15 de mayo de 2013, la Unidad de Restitución informó tres asesinatos de personas que habían presentado solicitudes a través de la Ley de Víctimas. Asimismo, un líder de un proceso de restitución de tierras de Curvaradó, Chocó, fue asesinado en marzo de 2012, junto con su hijo (ver más información sobre el caso de Manuel Ruiz en la sección “Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, departamento de Chocó), y otros dos líderes de desplazados que intervenían en la restitución de tierras en el departamento de Córdoba fueron asesinados en abril de 2013 (ver más información sobre los casos de Ermes Vidal y Ever Cordero en la sección “La Mesa de Víctimas en Valencia, departamento de Córdoba”). Diversas organizaciones de derechos humanos de Colombia también denunciaron otros casos. Ver Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “Narciso Teherán, tercer reclamante de tierras asesinado en 20 días”, 29 de abril de 2013, http://www.colectivodeabogados.org/Narciso-Teheran-tercer-reclamante (consultado el 26 de julio de 2013).

[30]Unidad de Restitución, “Reporte avance en proceso de restitución de tierras”, 30 de junio de 2013; Ministerio de Agricultura, “Informe de avances proceso de reglamentación e implementación de la Ley 1448 de 2011, en materia de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado”, documento presentado a la Corte Constitucional el 13 de febrero de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Unidad de Restitución, Bogotá, 18 de julio de 2013. Hasta el 30 de junio de 2013, la Unidad de Restitución había recibido 43.590 solicitudes, había comenzado a analizar 8.477, y había logrado que se dictaran 139 sentencias que disponían la restitución en 446 casos. El Ministerio de Agricultura presentó un documento ante la Corte Constitucional, en el cual estimó que para el año 2021 los tribunales especializados creados por la Ley de Víctimas habrían dictado sentencias de restitución en 360.000 casos. En la actualidad, la Unidad de Restitución considera que la estimación de 360.000 casos fue excesiva. Basándose en diversos factores que no guardan relación con aspectos de seguridad, la unidad señaló que una estimación más precisa sería esperar que para el final de la implementación de la ley, es decir, en 2021, se hayan presentado y procesado más de 100.000 solicitudes.

[31] Entrevista de Human Rights Watch con Carolina Albornoz, coordinadora nacional de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Bogotá, 31 de julio de 2013.

[32]Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Bogotá, 31 de julio de 2013. Según datos de la Unidad de Restitución, hasta el 31 de julio de 2013, más de 220 familias que se habían beneficiado con sentencias de restitución dictadas conforme a la Ley de Víctimas estaban utilizando sus terrenos para cultivos y/o cría de animales. La Unidad de Restitución no contaba con datos sobre cuántas de estas familias ya habían vuelto a utilizar sus tierras antes de que se dictaran las sentencias de restitución (como en el caso de Mampuján, departamento de Bolívar, donde algunas familias visitan habitualmente sus tierras para desarrollar cultivos desde hace aproximadamente una década). La Unidad de Restitución tampoco tenía información sobre cuántas de estas familias habían regresado a vivir en las tierras, en comparación con la cantidad que habitualmente visitaba esos terrenos con fines de cultivo, pero vivía en otro lugar.

[33] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 5 de julio de 2013.

[34] Entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Procuraduría que interviene en el proceso de restitución conforme a la Ley de Víctimas, 28 de noviembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Bogotá, 15 de abril de 2013.

[35] “Restitución: nuevo conflicto”, revista Semana, 23 de febrero de 2013, http://www.semana.com/nacion/articulo/restitucion-nuevo-conflicto/334355-3 (consultado el 18 de mayo de 2013).

[36] Presidente Juan Manuel Santos, “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el Acuerdo para la Prosperidad número 76”, 7 de julio de 2012, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Julio/Paginas/20120707_09.aspx (consultado el 18 de mayo de 2013).

[37] “Información bandas criminales narcotraficantes”, Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, enviado por correo electrónico a Human Rights Watch el 22 de febrero de 2013; “Situación actual de las bandas criminales narcotraficantes”, Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, 12 de mayo de 2013.

[38] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 15 de mayo de 2013.

[39] Entrevista de Human Rights Watch con Andrés Villamizar, Washington, DC, 5 de noviembre de 2012.

[40] Entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[41] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. Emitido el 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012; Comunicación Oficial de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR.

[42] Centro de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, julio de 2013, pág. 189.

[43] Organización de los Estados Americanos, “Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, OEA/Ser.G, CP/INF.6225/11, 15 de abril de 2011, http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/Trimestrales%20MAPP/XVInforme.pdf (consultado el 18 de mayo de 2013), pág. 3; Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/73/PDF/G1110573.pdf?OpenElement (consultado el 8 de agosto de 2013), párr. 34; Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Adición, Recomendaciones complementarias al país: Colombia, A/HRC/20/22/Add.2, 15 de mayo de 2012, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-22-Add2_en.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013) párr. 54.

[44] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/22/17/Add.3, 7 de enero de 2013, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-17-Add3_English.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013), párr. 3.

[45] Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, febrero de 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/02/03/paramilitaries-heirs-0, págs. 29-41.

[46]“Verdades y mentiras”, revista Semana, 12 de marzo de 2011, http://www.semana.com/nacion/articulo/verdades-mentiras/236689-3 (consultado el 18 de mayo de 2013); ver también las declaraciones a la prensa del Alto Consejero para la Reintegración Alejandro Éder sobre este tema, en el video “Más de la mitad de los jefes de las bacrim son desmovilizados paramilitares”, YouTube, 14 de abril de 2011, http://www.youtube.com/watch?v=27Rp468-Koo (consultado el 25 de junio de 2013).

[47] “Desempeño contra las bandas criminales (2006-2012)”, Dirección de Inteligencia Policial, en los registros de Human Rights Watch.

[48] Con respecto a la fragmentación de los Rastrojos, ver “Situación actual de las bandas criminales narcotraficantes”, Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, 12 de mayo de 2013; y Nuevo Arco Iris, “Informe general del estado del conflicto armado en Colombia: desde Caguán hasta La Habana”, marzo de 2013, págs. 72-73.

[49] De los líderes de grupos sucesores de los paramilitares que fueron investigados o arrestados como resultado de investigaciones de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes (Bacrim) de la Fiscalía General de la Nación entre 2010 y julio de 2013, aproximadamente el 40 por ciento son ex paramilitares, según indica el jefe de la unidad. Entrevista de Human Rights Watch con Luis González, director de la unidad contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2013.

[50] Entrevista de Human Rights Watch con Luis González, director de la unidad contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2012; Fiscalía General de la Nación, “Postulados a la Ley 975 de 2005”, base de datos en línea, http://www.fiscalia.gov.co:8080/PagEmplazados.asp?ced=71980054 (consultado el 20 de julio de 2013).

[51] De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Otoniel “es, en la actualidad, uno de los líderes de Los Urabeños… una organización delictiva fuertemente armada y extremadamente violenta integrada por ex miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz del gobierno colombiano. La organización apela a la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos desde donde salen las embarcaciones y las pistas de aterrizaje clandestinas”. Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina para Asuntos de Internacionales y de Aplicación de la Ley en materia de Narcóticos, “Narcotics Reward Program: Dario Antonio Usuga”, http://www.state.gov/j/inl/narc/rewards/188937.htm (consultado el 3 de julio de 2013).

[52] Entrevista de Human Rights Watch con un asesor de alto nivel de la Unidad de Víctimas, Bogotá, 3 de septiembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Fiscalía General de la Nación, Apartadó, Antioquia, 19 de julio de 2012.

[53] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Medellín, 18 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con fiscal de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes (Bacrim) de la Fiscalía General de la Nación, Montería, Córdoba, 12 de julio de 2012.

[54] “Bandas criminales entre los principales causantes de los hechos victimizantes en el país, de 10 declaraciones en promedio 3 son por estos grupos, pero sus víctimas no están cobijadas en la Ley 1448 de 2011”, comunicado de prensa de la Federación Nacional de Personeros de Colombia, sin fecha.

[55]United States of America v. Daniel Rendon-Herrera, Freddy Enrique Rendon-Herrera, Jhon Jairo Rendon-Herrera, Diego Rivas-Angel, Dairo Antonio Usuga-David, and Juan de Dios Usuga-David, Case No. 1:04-cr-00962-LAP, Indictment [Escrito de acusación], 16 de junio de 2009. El escrito de acusación se refiere a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un nombre utilizado por los Urabeños, como un bloque de las AUC.

[56] Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.° 05-001-60-0000-2012-00510, 25 de enero de 2013; Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.° 05001-60-00000-2012-00507, 18 de diciembre de 2012.

[57] “Tulapas: El Laboratorio del Despojo”, Verdadabierta.com, sin fecha,http://www.verdadabierta.com/tulapas-el-laboratorio (consultado el 18 de mayo de 2013).

[58] Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.°: 05001-60-00000-2012-00507, 18 de diciembre de 2012, pág. 2.

[59] Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento, Proceso N.° 05-001-60-0000-2012-00510, 25 de enero de 2013; Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.° 05001-60-00000-2012-00507, 18 de diciembre de 2012.

[60] Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Proceso N.° 05001-60-00000-2012-00507, 18 de diciembre de 2012.

[61] Entrevista de Human Rights Watch con Manuel Mercado, Apartadó, Antioquia, 16 de marzo de 2012, y entrevista telefónica del 24 de abril de 2013.

[62] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Manuel Mercado, 24 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Apartadó, abril de 2013; Solicitud de protección presentada por Manuel Mercado ante la Unidad Nacional de Protección, 16 de abril de 2013.

[63] Entrevista de Human Rights Watch con Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución, Bogotá, 4 de septiembre de 2012.

[64] Entrevista con María Paulina Riveros, directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Bogotá, 29 de agosto de 2012.

[65] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 15 de mayo de 2013.

[66] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, 28 de febrero de 2013.

[67] De manera similar, con respecto al municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, el Sistema de Alertas Tempranas informó en 2012 que “[e]n el marco de ese conflicto por la tierra se identifican como fuente de amenaza las nuevas expresiones o estructuras armadas surgidas después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia... Estos grupos ilegales que se configuran para respaldar el interés que tienen terceras personas de conservar las tierras producto del despojo o las compras masivas en el municipio”. Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo número 009-2012”, 25 de junio de 2012, pág. 3.

[68] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de seguimiento número 018-12 al Primer Informe de Riesgo número 021-09 A.I. del 21 de diciembre de 2009”, 30 de noviembre de 2012, pág. 11; Defensoría del Pueblo, “Análisis y valoración del plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”, 8 de mayo de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario del organismo de desarrollo rural INCODER, Bogotá, 3 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario local que en ese momento estaba trabajando en la región de Curvaradó y Jiguamiandó, Apartadó, Antioquia, 20 de julio de 2012.

[69] Entrevista de Human Rights Watch con líder comunitario afrocolombiano de la región de Bajo Atrato, Apartadó, Antioquia, abril de 2013.

[70] Ver, por ejemplo, Centro de Memoria Histórica, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, julio de 2013, pág. 21; Centro de Memoria Histórica,Justicia y Paz: Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares”, 2012, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf (consultado el 8 de agosto de 2013); Superintendencia de Notariado y Registro, “Situación registral de predios rurales en los municipios de Apartadó, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo – Región Urabá Antioqueño”, Bogotá, 11 de agosto de 2011, https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/tierras2012/informeturbo.pdf (consultado el 18 de mayo de 2013); Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Primera,13 de febrero de 2013, Proceso N.° 230013121001-2012-0001-00.

[71] Tribunal Superior, Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Uno, Proceso N.° 230013121001-2012-0001-00, 13 de febrero de 2013, pág. 8.

[72] Ver Human Rights Watch, Herederos de los paramilitares.

[73] Entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Bogotá, 9 de marzo de 2012.

[74] “Hay gente interesada en mantener a los Urabeños: General Naranjo”, El Tiempo, 25 de febrero de 2012, http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11220665.html (consultado el 18 de mayo de 2013).

[75] Ibíd.

[76] “Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras, en 15 días murieron tres”, El Tiempo, 2 de junio de 2010, http://m.eltiempo.com/colombia/ya-son-45-los-lideres-de-victimas-asesinados-por-reclamar-sus-tierras-en-15-dias-murieron-tres/7737280/home (consultado el 18 de mayo de 2013).

[77] Denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por dos de las víctimas de la amenaza, 13 de julio de 2012; Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos”, 6 de julio de 2012, http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2012/comunicados2012.php3?cod=10&cat=88 (consultado el 18 de mayo de 2013).

[78] Una copia de la amenaza se encuentra en los registros de Human Rights Watch.

[79] Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar a la Unidad Nacional de Protección, nota número DPRCES 6005-1909-G, Valledupar, departamento de Cesar, 7 de mayo de 2013.

[80] Entrevista de Human Rights Watch con Luis González, director de la Unidad Nacional contra las Bacrim de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 24 de julio de 2012; entrevista grupal de Human Rights Watch con funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial, Bogotá, 25 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con policías del departamento de Cesar, Valledupar, departamento de Cesar, 5 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con policía de Carmen de Bolívar, Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de julio de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionarios locales de Sucre, Sincelejo, Sucre, 12 de julio de 2012.

[81] Ariel Ávila, “La guerra contra la restitución”, 10 de julio de 2012, http://www.arcoiris.com.co/2012/07/la-guerra-contra-la-restitucion/2/ (consultado el 18 de mayo de 2013); “Están conformando el ‘ejército’ antirrestitución: Nuevo Arco Iris”, El Heraldo, http://www.elheraldo.co/region/estan-conformando-el-ejercito-antirrestitucion-nuevo-arco-iris-57587 (consultado el 18 de mayo de 2013). Las fuentes de la información difundida por Nuevo Arco Iris incluyen a una persona que estuvo presente en, al menos, una de esas reuniones.

[82] Ibíd.

[83] Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar al Coordinador de Comunicaciones de la Defensoría del Pueblo de Colombia, nota número DPRCES 6005-1891-G, Valledupar, departamento de Cesar, 25 de junio de 2012; documento interno de la Defensoría del Pueblo del departamento de Cesar sobre casos de despojos en el departamento de Cesar, sin fecha; entrevista de Human Rights Watch con una fuente que pidió que no se divulgara su identidad, Valledupar, departamento de Cesar, julio de 2012.

[84] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Restitución a Human Rights Watch, 15 de mayo de 2013.

[85] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad Nacional de Protección, Bogotá, 23 de abril de 2013.

[86]Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 20 de marzo de 2013; Comunicación oficial de Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, PGN 1110460001- siaf- 129489 – LJAR, Defensoría del Pueblo número CAD- 237/12, Bogotá, 18 de abril de 2012, pág. 3.

[87] Entrevista de Human Rights Watch con líder afrocolombiano de la región de Bajo Atrato, Apartadó, Antioquia, abril de 2013.

[88] Comunicación oficial de la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional de Colombia, Referencia: Sentencia T-025 y Autos de Seguimiento, 17 de abril de 2012, págs. 1-2.

[89]Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Ibagué, Tolima, 7 de septiembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con funcionario del Sistema de Alertas Tempranas, Ibagué, Tolima, 8 de septiembre de 2012; entrevista de Human Rights Watch con alto funcionario de la Defensoría del Pueblo del departamento de Tolima, Ibagué, Tolima, 8 de septiembre de 2012. Ver casos del departamento de Tolima en la sección “Departamento de Tolima”.

[90] Ver, por ejemplo, los casos de Félix Cruz (seudónimo) y Pedro Gallón (seudónimo) en la sección “Departamento de Tolima”.

[91] Human Rights Watch, Mutilando al pueblo: El Uso de Minas Antipersonal y otras Armas Indiscriminadas por parte de la Guerrilla en Colombia, Volumen 19. N.° 1(B), julio de 2007, http://www.hrw.org/reports/2007/07/24/maiming-people-0

[92] Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, “Víctimas de Minas Antipersonal”, http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/victimas.aspx (consultado el 2 de julio de 2013).

[93] Ibíd.

[94] Campaña Colombiana contra Minas, “Monitor de Minas Terrestres 2010” octubre de 2010, http://www.scribd.com/doc/58494171/Monitor-de-Minas-Terrestres-Colombia-2010 (consultado el 8 de agosto de 2013), pág. 19; Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, “Landmine Monitor 2012”, http://www.the-monitor.org/lm/2012/resources/Landmine_Monitor_2012.pdf (consultado el 19 de mayo de 2013), pág. 13. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres ha señalado que paramilitares de las AUC también utilizaron minas antipersonal. El gobierno colombiano ha prohibido el uso de minas antipersonal y es parte en la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción de 1997 (más comúnmente denominado “Tratado Sobre la Prohibición de Minas”). El periódico El Tiempo, citando fuentes del Ejército y de la gobernación de Antioquia, informó en mayo de 2013 que grupos sucesores de los paramilitares estaban colocando minas antipersonal en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Juan Guillermo Mercado, “Bandas criminales siembran minas en varias zonas del país”, El Tiempo, 26 de mayo de 2013, http://www.eltiempo.com/justicia/campos-minados-por-bandas-criminales-en-el-el-nudo-de-paramillo_12825863-4 (consultado el 4 de agosto de 2013).

[95] Según el gobierno colombiano, un “accidente” es “un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal o municiones sin explotar que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas”. Un “incidente” es “un acontecimiento relacionado con minas antipersonal o municiones sin explotar, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente”.

[96] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, 16 de enero de 2013 y 8 de marzo de 2013; ver también “Restitución de tierras: se abrió la caja de Pandora”, revista Semana, sin fecha, http://www.semana.com/Especiales/restitucion-tierras/ (consultado el 19 de mayo de 2013).

[97]Unidad de Restitución, “Solicitudes de Ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Consolidado Nacional”, fecha de corte 3 de enero de 2013; Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, “Víctimas de Minas Antipersonal”, http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/victimas.aspx (consultado el 2 de julio de 2013).

[98] Human Rights Watch, Mutilando al pueblo, pág. 6.

[99] Denuncia penal presentada por la Unidad de Restitución de Córdoba ante el Director de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación.

[100] Entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la Unidad de Restitución, 18 de julio de 2013. La Unidad de Restitución considera que la estimación de 360.000 solicitudes fue excesiva. En julio de 2013, a partir de numerosos factores no vinculados con cuestiones de seguridad, la unidad indicó que sería más acertado calcular en más de 100.000 la cantidad de solicitudes que se presentarían y procesarían hasta el final de la implementación de la ley, en 2021.

[101] Ministerio de Agricultura, “Informe de avances proceso de reglamentación e implementación de la Ley 1448 de 2011, en materia de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado”, documento presentado a la Corte Constitucional el 13 de febrero de 2012; Unidad de Restitución, “Reporte avance en proceso de restitución de tierras”, 30 de junio de 2013.

[102] Corte Constitucional de Colombia, Auto 098 de 2013, pág. 33. El auto también indicaba que recientemente la situación de las represalias violentas, amenazas e intimidación de mujeres desplazadas líderes había sido “especialmente crítica” para quienes participaban en procesos de restitución de tierras (ver pág. 31 del auto).

[103] Entrevista grupal de Human Rights Watch con víctimas y líderes de desplazados, Montería, Córdoba, 9 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con dos líderes de restitución de tierras, Montería, 9 de abril de 2013, Córdoba; entrevista de Human Rights Watch con Wilson Arenas (seudónimo), Montería, Córdoba, 10 de abril de 2013; entrevista de Human Rights Watch con un líder de víctimas de Córdoba, Montería, Córdoba, 10 de abril de 2013.

[104] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución, Montería, Córdoba, 9 de abril de 2013.

[105] Entrevista de Human Rights Watch con Mauricio Paucar, juez que entiende en causas de restitución de tierras, Leticia, Córdoba, 10 de abril de 2013.

[106] Carta enviada por jueces que entienden en causas de restitución de tierras al Presidente Juan Manuel Santos, 22 de marzo de 2013.

[107] “La restitución de tierras en el Cesar: Entre la esperanza y la frustración”, declaración conjunta de víctimas y grupos de desplazados internos, Valledupar, departamento de Cesar, 11 de diciembre de 2012.

[108] Entrevista de Human Rights Watch con líder de restitución de tierras de Necoclí, Bogotá, 27 de noviembre de 2012.

[109] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario que trabaja en restitución de tierras, Apartadó, Antioquia, 12 de abril de 2013.

[110] Entrevista de Human Rights Watch con líder comunitario afrocolombiano de la región de Bajo Atrato, Apartadó, Antioquia, abril de 2013.

[111] Entrevista de Human Rights Watch con fuentes cercanas a Alejandro Padilla, 2 de septiembre de 2012.

[112] Entrevista de Human Rights Watch con Leonora Gúzman, 2 de julio de 2012; Denuncia penal presentada por Leonora Gúzman ante la Fiscalía General de la Nación, noviembre de 2009; Testimonio aportado por Leonora Gúzman a la Fiscalía General de la Nación, diciembre de 2009.

[113] Entrevista de Human Rights Watch con Victoria Guevara, Cartagena, 9 de julio de 2012.

[114] Documento firmado por Victoria Guevara, 27 de junio de 2012, en los registros de Human Rights Watch.

[115] Entrevista de Human Rights Watch con Mario Cuitiva, Montería, Córdoba, 9 de abril de 2013.