17 de Septiembre de 2013

Metodología

En el presente informe se documentan abusos cometidos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, además de Bogotá. Estos ocho departamentos (de un total de 32) concentraban la mayoría de las solicitudes de restitución de tierras interpuestas en el marco de la Ley de Víctimas hasta junio de 2013, y también allí se habían registrado gran parte de las amenazas denunciadas a las autoridades. Las víctimas de abusos reclamaban sus tierras por medio de la Ley de Víctimas, además de otros mecanismos de restitución como la Ley de Justicia y Paz, y procesos administrativos a cargo del organismo de desarrollo rural INCODER.

El informe se elaboró a partir de investigaciones exhaustivas realizadas entre febrero de 2012 y julio de 2013, incluidas numerosas visitas a Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima y Bogotá. En estos sitios, y por medio de comunicaciones telefónicas, Human Rights Watch también entrevistó a víctimas y/o funcionarios públicos de los departamentos de Atlántico, Chocó, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. En 2009 y 2011, el personal de Human Rights Watch realizó varias visitas de campo a comunidades de la cuenca del río Curvaradó, en el departamento de Chocó.

Representantes de Human Rights Watch entrevistaron a más de 130 reclamantes y líderes de restitución de tierras, de los cuales más de un tercio eran mujeres. También mantuvimos entrevistas con más de 120 funcionarios locales y nacionales de distintos organismos e instituciones, incluida la Unidad de Restitución, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército, la Corte Constitucional, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otros. Asimismo, Human Rights Watch habló con decenas de miembros de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y especialistas en temas de seguridad y tierras. Ninguno de los entrevistados recibió retribución económica ni de otro tipo a cambio de su testimonio. Casi todas las entrevistas se efectuaron en español, salvo algunas de las realizadas a personal extranjero de organizaciones internacionales.

Muchas de las personas entrevistadas manifestaron que temían sufrir represalias y, por ese motivo, pidieron dar su testimonio en forma anónima. Human Rights Watch no ha divulgado los datos de estas personas cuando considera que podría suponer un riesgo para ellas, pero se encuentran en los registros de la organización.

La investigación de Human Rights Watch examinó estadísticas oficiales, que obtuvimos mediante entrevistas y comunicaciones por correo electrónico. También recibimos y examinamos un amplio espectro de fuentes y documentos adicionales, como denuncias penales, sentencias judiciales, expedientes de causas penales, informes oficiales y de organizaciones no gubernamentales, artículos de noticias y libros, entre otros tipos de evidencias.

El presente informe no expone todos los casos de abusos contra reclamantes de tierras y líderes que fueron documentados por Human Rights Watch. Utilizamos el término “documentar” para hacer referencia a casos en los cuales hemos obtenido versiones creíbles de las víctimas, o bien de sus familiares, amigos u otros líderes en casos de asesinatos o “desapariciones”. La mayoría de los casos se corroboran a través de otras fuentes distintas, incluidas entrevistas con funcionarios públicos, testigos, otros líderes, miembros de la comunidad u observadores internacionales, o mediante la consulta de denuncias penales, informes oficiales y artículos de noticias, entre otros.

Los líderes de desplazados internos que reclaman la restitución de tierras en general participan en otras actividades relacionadas que también pueden suponer un riesgo para su vida, como reclamar justicia por delitos vinculados con el conflicto armado o denunciar actos perpetrados por grupos armados. Por tal razón, a menudo es difícil identificar el motivo preciso por el cual fueron objeto de ataques. Si bien este informe documenta casos en que Human Rights Watch encontró indicios de que las amenazas o los ataques se vinculaban con los reclamos de restitución de tierras de las víctimas, es posible que en algunos casos los abusos hayan respondido a otras de las actividades que realizaban en carácter de líderes, o por una combinación de ambos factores.