17 de Septiembre de 2013

Recomendaciones

La política de Colombia en materia de restitución presenta actualmente una falencia fundamental: el proceso de restitución de tierras no está acompañado por medidas paralelas destinadas a conseguir justicia por abusos contra desplazados. Es común que los reclamantes de tierras y sus líderes sean atacados, en gran parte debido a que las autoridades casi nunca juzgan a quienes los desplazaron y se apropiaron de sus tierras, ni tampoco las amenazas y los ataques destinados a impedir que retornen a sus hogares. La Fiscalía en general no ha impulsado investigaciones para identificar la existencia de patrones en los distintos delitos relacionados con las mismas tierras, comunidades, o presuntos responsables, y algunos funcionarios judiciales locales han demostrado falta de voluntad para investigar casos de amenazas.

Coordinar las iniciativas de restitución con la intervención estratégica de los fiscales podría contribuir considerablemente a asegurar que quienes intentan volver a sus tierras reciban justicia y, por lo tanto, protección. La Ley de Víctimas establece que la restitución de tierras se implementa en forma gradual y progresiva en predios, pueblos y regiones, según un esquema de priorización. Consideramos que la Fiscalía debería centrar sus esfuerzos en perseguir penalmente aquellos delitos cometidos contra desplazados en las mismas zonas donde la Unidad de Restitución esté evaluando solicitudes. Este tipo de coordinación permitiría aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados, para que los fiscales efectúen investigaciones sistemáticas sobre los incidentes de desplazamiento forzado, despojo, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras. Este enfoque más holístico ofrecería una estrategia prometedora y eficiente para subsanar la falta de rendición de cuentas que existe actualmente en el proceso de restitución de tierras.

Dicho enfoque deberá ser complementado por acciones más efectivas para desarticular a los grupos sucesores de los paramilitares y proteger de manera oportuna a los reclamantes amenazados. Para ello, el Estado colombiano debería adoptar medidas enérgicas destinadas a erradicar la connivencia entre las organizaciones sucesoras de los paramilitares y funcionarios locales, fortalecer su capacidad de monitorear los riesgos que estos y otros grupos suponen para quienes reclaman la restitución de tierras y asegurar que tales personas reciban protección oportuna y adecuada cuando sus vidas estén en peligro.

Al gobierno de Santos

Asegurar justicia por los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras

  • Dotar a la Fiscalía General de la Nación de recursos suficientes para que pueda formar equipos de fiscales e investigadores judiciales encargados de perseguir delitos contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes, incluidos los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo de tierras sufridos por ellos, así como todos los asesinatos, ataques y amenazas vinculados con sus reclamos actuales de restitución. Los equipos deberían operar en las principales ciudades de Colombia, pero realizar visitas periódicas a cada ciudad o municipio donde haya sedes de la Unidad de Restitución, a fin de recibir e investigar denuncias penales. Los equipos deberían además investigar delitos vinculados con casos de restitución de tierras que estén siendo procesados a través de mecanismos distintos a la Ley de Víctimas. (Ver más información en las recomendaciones formuladas al Fiscal General de la Nación).
  • Emitir una directiva por la cual se exija a los funcionarios de la Unidad de Restitución que informen inmediatamente a los fiscales cuando encuentren evidencias de desplazamiento forzado o despojos ilegales.
  • Asegurar que cualquier reglamentación que se adopte en el futuro para el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional sancionada en julio de 2012, no excluya de la posibilidad de investigación penal los casos de desplazamiento forzado y otras graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Brindar protección oportuna y efectiva a reclamantes y líderes en riesgo

  • Asegurar que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo cuente con el personal y los recursos necesarios para monitorear posibles amenazas contra reclamantes de tierras y líderes en las regiones donde está en marcha el proceso de restitución.
  • Asegurar que la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que opera en zonas rurales, cuente con personal y fondos suficientes para garantizar la seguridad en las comunidades adonde regresan los desplazados internos.
  • A fin de reducir al máximo la demora en la provisión de las medidas de protección brindadas a los reclamantes y líderes de restitución de tierras, establecer plazos para las distintas etapas del proceso a través del cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa las solicitudes de protección y asigna medidas. Esto debería incluir la determinación y aplicación de límites entre el momento en que la UNP recibe una solicitud de protección y completa un estudio de riesgo del potencial beneficiario, así como plazos específicos entre la evaluación de riesgos, la determinación por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de las medidas de protección adecuadas que se adoptarán y la implementación eficaz de tales medidas por la UNP.
  • Abordar las falencias de las medidas de protección dispuestas por la UNP para mujeres líderes desplazadas que se estipulan en el auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional, incluida la cobertura insuficiente de familiares cercanos de las beneficiarias.
  • Asegurar que, en consonancia con lo establecido en pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, la Unidad de Víctimas registre y brinde atención, asistencia y protección a personas —incluidos reclamantes y líderes de restitución de tierras— que hayan sido desplazadas por grupos sucesores de los paramilitares o que hayan abandonado su hogar a causa de otras situaciones contempladas en la Ley 387 de 1997.

Al Fiscal General de la Nación

  • Efectuar investigaciones enérgicas y exhaustivas de todos los presuntos incidentes de desplazamiento forzado y despojo, asesinatos, tentativas de asesinato y amenazas documentados en este informe, con el objeto de procesar penalmente a todas las partes responsables.
  • Conformar equipos de fiscales e investigadores judiciales que se ocupen de investigar delitos contra desplazados que reclaman tierras y sus líderes (ver antes). Conforme se dispone en la Directiva 01 de 2012, asignar prioridad con carácter de “situaciones” a delitos vinculados con la restitución de tierras (incluidos incidentes de desplazamiento forzado y despojo, así como amenazas y agresiones contra reclamantes debido a sus pretensiones) que hayan ocurrido en las mismas zonas donde se esté implementando la restitución de tierras. En coordinación con la Unidad de Restitución y otras entidades estatales que intervengan en el proceso de restitución, los equipos deberían efectuar investigaciones sistemáticas de estas “situaciones”, y aprovechar la concentración de denuncias regionales para examinar evidencias de vínculos entre los distintos casos, a fin de identificar patrones y a todas las partes responsables. (No obstante, es importante señalar que no todas las personas que compraron tierras reclamadas por desplazados o que se instalaron en ellas tienen algún tipo de responsabilidad penal por haber adquirido estas tierras).
  • Asignar inmediatamente al equipo especializado de fiscales todos los casos futuros de amenazas, asesinatos y otros ataques contra reclamantes de tierras y líderes.
  • Solicitar a los jueces que excluyan del proceso de Justicia y Paz, así como de los beneficios en la reducción de penas, a aquellos paramilitares o guerrilleros que no hayan aportado a los fiscales información completa sobre 1) incidentes de desplazamiento forzado o actos relacionados de despojo en los cuales hayan participado, o 2) tierras que hayan adquirido en forma directa o indirecta como resultado de su vinculación a un grupo armado al margen de la ley.
  • Asegurar que la unidad de fiscales que se dedica a investigar a grupos sucesores de los paramilitares asigne prioridad a investigaciones vinculadas con funcionarios públicos sobre quienes existan denuncias creíbles de que han tolerado a estos grupos o actuado en connivencia con ellos.