Desapariciones forzadas

Existen evidencias persuasivas de que 149 de los 249 casos de personas desaparecidas investigados por Human Rights Watch para este informe constituyeron desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación miembros de las fuerzas de seguridad pública. Estos casos involucran a miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, policías federales, de los estados y municipales, el Ejército y la Marina, además de policías ministeriales. Entre las distintas fuerzas, se observa una mayor proporción de casos que afectan a policías municipales, quienes muchas veces actuaban en colusión con la delincuencia organizada.

En los 149 casos, prácticamente siempre hubo testigos que vieron cuando las víctimas fueron detenidas por policías o militares, con frecuencia sin una justificación evidente. Estas detenciones ilegales casi nunca se registraron de manera oficial, ni tampoco los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público como lo exige la ley. Al no registrar las detenciones ni presentar oportunamente a las personas ante agentes del Ministerio Público, los familiares y las autoridades han encontrado obstáculos al intentar dar con su paradero. En casos en que los miembros de las fuerzas de seguridad parecieran haber actuado por su propia iniciativa, las víctimas nunca más fueron vistas después de su detención ilegal. En otros casos, hay pruebas de que policías o militares entregaron personas a organizaciones delictivas luego de detenerlas ilegalmente, o bien efectuaron las detenciones con la colaboración de hombres armados, y posteriormente negaron haber tenido participación en el delito. A veces la colaboración entre las autoridades se produjo después de las detenciones arbitrarias, cuando agentes del Estado ayudaron a que organizaciones delictivas extorsionaran a familiares de las víctimas.

Human Rights Watch recabó numerosas evidencias que vinculan a distintos funcionarios con estos 149 casos. En varios hechos, los funcionarios directamente se identificaron como policías o soldados ante familiares y testigos cuando efectuaron las detenciones arbitrarias que originaron las desapariciones. A menudo, los miembros de las fuerzas de seguridad vestían uniformes y conducían vehículos oficiales durante las detenciones arbitrarias, y hay varios casos en que fueron captados por imágenes de video o fotografías. En muchos casos, los testimonios de familiares fueron confirmados por testigos independientes. De hecho, en varios casos las fuerzas de seguridad admitieron haber tenido a estas personas bajo su custodia.

En ocasiones, funcionarios gubernamentales señalaron la posibilidad de que delitos presuntamente cometidos por soldados o policías hubieran sido perpetrados por personas que aparentaban ser miembros de las fuerzas de seguridad. Si bien es cierto que en los últimos años hubo algunos sucesos en que organizaciones delictivas utilizaron uniformes y vehículos que simulan ser oficiales, los funcionarios entrevistados para este informe no pudieron identificar ningún caso en el cual existieran evidencias de que delincuentes hubieran aparentado ser miembros de algún cuerpo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo una desaparición. La falta de ejemplos, sumado a que, como se muestra en el presente informe, las organizaciones delictivas cometen desapariciones con impunidad casi absoluta, genera serias dudas de que alguno de los casos documentados aquí pueda haber sido concretado por personas que usaran vehículos y uniformes que no eran en verdad oficiales. 

En los 149 casos en que las pruebas indican de manera contundente que agentes del Estado serían responsables de desapariciones, los hechos señalan claramente la existencia de un modus operandi por parte de estas fuerzas de seguridad. En algunos casos, hay pruebas de que un determinado cuerpo de las fuerzas de seguridad efectuó varias desapariciones durante un período breve en una misma zona geográfica, lo cual sugiere que algunos de estos delitos podrían haber sido planificados y coordinados, o al menos que no podrían haberse producido sin conocimiento de autoridades de alto rango.

Desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la Marina

Human Rights Watch documentó más de 20 casos de desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la Marina durante junio y julio de 2011. La concreción de estas desapariciones en un período breve, la similitud de las tácticas descriptas por familiares de las víctimas u otros testigos, las cuales fueron corroboradas por registros fotográficos y de video, y que tales desapariciones se hayan producido en distintos lugares de los estados al norte del país podría ser una clara señal de que no se trató de casos aislados, sino de un modus operandi de la Marina. Dada la cantidad de miembros de la Marina que presuntamente participaron en estos operativos—según relatos de testigos, se habrían identificado al menos una decena de vehículos oficiales—y el reconocimiento de la Marina de que detuvo a las víctimas, es poco probable que estos operativos se hayan producido sin conocimiento de oficiales de alto rango.

Las descripciones de familiares de víctimas y testigos sobre las tácticas empleadas en las redadas fueron prácticamente idénticas. En todos los casos, miembros de la Marina se presentaron en convoys de más de una decena de vehículos, la mayoría de ellos con insignias oficiales, además de entre dos y cuatro vehículos sin ninguna insignia. Cortaron el tránsito en las calles cruzando vehículos para impedir el paso. Luego miembros de la Marina fuertemente armados y encapuchados ingresaron a las viviendas, a menudo por la fuerza, sin mostrar ninguna orden de allanamiento o detención. Según los familiares, las personas que vestían uniforme de la Marina no dijeron el nombre de aquellos a quienes estaban buscando. En vez de ello, se llevaron a hombres jóvenes y comunicaron a sus familiares que estaban siendo detenidos para ser interrogados y que serían liberados si demostraban su inocencia.

José Fortino Martínez Martínez , de 33 años, quien junto con su esposa administraba una cooperativa escolar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 de junio de 2011 se encontraba durmiendo en su vivienda con su esposa y cuatro hijos (de 16, 12, 7 y 3 años) cuando fueron despertados a la 1 a.m. al sentir que abrían la puerta de su casa con violencia. La esposa de Martínez, Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, dijo a Human Rights Watch que cuando encendió la luz vio a siete u ocho hombres encapuchados en la habitación [4] . Los hombres llevaban armas largas y vestían chalecos antibalas con la inscripción “Marina”. Luego de revisar todas las habitaciones, uno de los hombres se acercó a otro que parecía ser un comandante y le dijo “es pura familia” [5] . El hombre se disculpó con la esposa de Martínez por haber roto la puerta de la vivienda. Le entregó 200 pesos para cubrir los daños provocados y le dijo “es que nos denunciaron que aquí había algo y por eso entramos así” [6] . El oficial no aclaró quién había hecho la denuncia.

A continuación, los soldados de la Marina llevaron a Martínez afuera para hacerle preguntas. Desde el hall de entrada, su esposa afirma haber contado 14 vehículos que llevaban insignias de la Marina—en su mayoría camionetas pick-up, varias de ellas con armas posicionadas en la parte trasera—y cuatro automóviles sin insignias [7] . Tras hacerle preguntas durante varios minutos, los soldados de la Marina dejaron que Martínez ingresara nuevamente en la vivienda. Pero pocos minutos después le ordenaron que saliera una vez más, argumentando que debían corroborar sus huellas dactilares. Dijeron a su esposa que esperara dentro de la vivienda con los niños. Aproximadamente media hora después, la esposa escuchó el chirrido de neumáticos. Según dijo, cuando salió los vehículos del convoy se estaban alejando. Varios vecinos que salieron a la calle dijeron a la esposa de Martínez que habían visto cuando los soldados de Marina lo subían al asiento trasero de un automóvil que luego inició la marcha.

La esposa de Martínez subió inmediatamente a su automóvil y comenzó a dar vueltas por Nuevo Laredo buscando al convoy de vehículos, controlando metódicamente todos los caminos principales. Cuando logró cruzarse con el convoy en una autopista cerca del aeropuerto, dijo que siguió a los vehículos manteniendo distancia y pudo ver que continuaban efectuando requisas en otras viviendas. Durante una de ellas, la mujer de Martínez se acercó a un hombre armado y encapuchado que vestía un chaleco que decía “Marina”. Le preguntó por qué habían detenido a su esposo y adónde lo llevaban. El hombre respondió que no habían detenido a nadie.

La esposa de Martínez dijo que vio a cuatro hombres esposados en la parte trasera de una de las camionetas [8] . A uno le habían colocado una bolsa en la cabeza, otro estaba vendado y los otros dos tenían la camiseta por sobre sus cabezas. Cuando miró a los detenidos, el hombre con quien hablaba le advirtió que dejara de seguir al convoy. De lo contrario, dispararían contra su vehículo. Le dijo además que habían sido autorizados para disparar a su arbitrio, incluso a mujeres y niños [9] . Entonces la mujer regresó al vehículo.

Contó a Human Rights Watch que, a pesar de la amenaza, continuó siguiendo al convoy hasta que llegó al Motel Santa Mónica, en el centro de Nuevo Laredo. A medida que corría la voz de que había personas detenidas allí, más de una decena de amigos y familiares de personas que habían sido llevadas por la fuerza se congregaron afuera del motel, junto con miembros de la prensa local. Las personas se reunieron cerca del acceso al estacionamiento del hotel, que estaba perimetrado por un muro. La esposa de Martínez, sus hijos y otras personas esperaron allí durante cerca de dos horas [10] .

La presencia de la esposa de Martínez y otros testigos afuera del hotel fue captada por grabaciones de video y fotografías tomadas esa noche, las cuales fueron proporcionadas a Human Rights Watch [11] . En el video se ven al menos cuatro camionetas de la Marina en el estacionamiento del Motel, que pueden identificarse por las insignias en las puertas [12] . Aparecen también varias decenas de hombres armados y encapuchados, vestidos con uniformes con la inscripción “Marina”, que caminan de un sitio a otro afuera del motel. En el video se puede observar una camioneta con insignias de la Marina en la puerta, identificada como unidad número 600160, detenida en la entrada al estacionamiento [13] . La camioneta estaba detenida en dirección hacia calle, donde se habían reunido las personas [14] . Varias fotografías muestran a un hombre encapuchado con uniforme de la Marina manipulando de pie un arma montada en la caja de la camioneta [15] . En las fotografías se ve que, en un momento, otro hombre encapuchado con uniforme de la Marina sale a la calle junto al motel y comienza a tomar fotografías de la multitud que se había agolpado allí [16] .

Uno de los hijos de Martínez, de 16 años, que también se encontraba fuera del motel, contó a su madre que pudo ver a su padre a través de una de las ventanas de una habitación en el segundo piso [17] . El hijo indicó que, apenas su padre pasó caminando junto a la ventana, un hombre con uniforme de la Marina corrió rápidamente la cortina. Aproximadamente a las 6 a.m., tras varias horas de espera, el convoy se fue del hotel. A partir de los videos y fotografías tomados por familiares de víctimas cuando el convoy se retiró del hotel, Human Rights Watch pudo identificar insignias de la Marina y los números de unidades correspondientes a cinco de las camionetas, además de la matrícula de varios vehículos no oficiales [18] .

La esposa de Martínez continuó siguiendo al convoy después de que este abandonó el motel. Dijo haber visto que los vehículos se detenían al llegar a un domicilio en el barrio Mirador de Nuevo Laredo [19] . Contó que los vehículos de la Marina bloquearon los dos extremos de una calle residencial, tal como lo habían hecho en su cuadra cuando se llevaron al esposo.

Human Rights Watch entrevistó por separado a la madre de Martín Rico García, de 41 años, quien contó que su hijo había sido detenido arbitrariamente en la mañana del 5 de junio de 2011 por personas que vestían uniformes de la Marina, también en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de Rico García confirmó que la calle donde la esposa de Martínez había visto que miembros de la Marina efectuaban otra requisa esa mañana era la calle donde ella vivía, lo cual refuerza la credibilidad de ambos relatos [20] . También confirmó que la requisa se produjo aproximadamente a las 6 a.m.

Al relatar cómo se produjo esta detención arbitraria, la familia de Martín Rico García describió tácticas similares. Su madre dijo que varios hombres armados y encapuchados con uniformes de la Marina se habían presentado en su vivienda y exigieron que abriera la puerta [21] . Al abrirles, los hombres se identificaron como miembros de la Marina y dijeron que estaban llevando a cabo una investigación. Les preguntó si tenían una orden para allanar la vivienda, pero dijeron que no la necesitaban. Revisaron la casa y detuvieron a su hijo y a su nieto. Según relató, los soldados le preguntaron qué edad tenía su nieto [22] . Cuando les respondió que tenía 17 años, los hombres lo soltaron. Dijeron a la madre de Rico García que llevarían a su hijo hasta la base de la Marina, y no le entregaron ninguna constancia de la detención.

Según la esposa de Martínez, después de que los hombres con uniforme de la Marina se detuvieron en la vivienda de Rico García, siguieron hasta una gasolinera, donde pudo acercarse hasta uno de los hombres uniformados para preguntarle qué le sucedería a su esposo [23] . El hombre le respondió: “Él va a ser investigado. Si no tiene nada, se lo va a soltar”. Cuando la mujer le dijo que su esposo no había hecho nada malo, este replicó: “Muchos decían que no hacían nada. Pero hacen una cosa en la casa y otras en la calle. No todos son blancos palomitos”. Luego, el hombre le advirtió que le dispararían si continuaba siguiendo al convoy. Atemorizada por que pudiera sucederle algo a sus hijos, se quedó en la gasolinera cuando partió el convoy. Nunca más volvió a ver a su esposo.

La SEMAR ofreció versiones contradictorias acerca de si había mantenido algún tipo de contacto con Martínez, Rico García y al menos otros cuatro hombres que fueron detenidos arbitrariamente el 4 y el 5 de junio de 2011. Luego de que diversos medios informaran que la Marina había detenido arbitrariamente a estos hombres, la institución emitió un comunicado de prensa el 14 de junio donde indicaba que “[c]on relación a diversas notas informativas difundidas en distintos medios de comunicación escritos y electrónicos, sobre la presunta detención arbitraria de personas por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, se niega categóricamente que personal naval haya participado en dichos aseguramientos” [24] . Aproximadamente dos semanas después, la SEMAR emitió un segundo comunicado de prensa en el cual contradijo su declaración inicial al señalar:

Al operar información de inteligencia que apuntaba que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el [5 de junio], se reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas, de nombres José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera. Hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado y, menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas. Asimismo, debe señalarse que no se encontraron elementos que permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal [25] .  

El comunicado de prensa sugería que los seis hombres podrían haber sido aprehendidos por miembros de la delincuencia organizada después de haber mantenido contacto con miembros de la Marina ese mismo día “presumiblemente con el fin de promover indirectamente imputaciones que distraigan las operaciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población” [26] . En otras palabras, la SEMAR insinuó que las víctimas podrían haber desaparecido a manos de organizaciones criminales, que actuaron con la intención de aparentar que los delitos fueron cometidos por la Marina para dañar la reputación de esta institución.

La SEMAR modificó su versión de los sucesos por tercera vez al relatar lo acontecido a la Procuraduría General de la República, en noviembre de 2011. En esta versión, indicó que efectivamente había mantenido contacto con los seis hombres desaparecidos en Colombia, Nuevo León (un lugar distinto del identificado en un comunicado anterior) [27] . También señaló que los seis hombres habían contado a miembros de la Marina que “...eran obligados, bajo amenazas, a trabajar para el grupo delictivo Los Zetas, motivo por el cual se les invitó [a las seis víctimas] a colaborar para que proporcionaran información del área, en forma voluntaria; se les ofreció protección durante la estancia de las fuerzas navales en ese lugar. Así, fueron trasladados al poblado de Miguel Alemán, Tamaulipas, por su seguridad” [28] .

Una de las varias contradicciones entre esta versión y las anteriores es que, mientras los comunicados previos de la SEMAR aseveraban que las víctimas no habían tenido contacto con la delincuencia organizada [29] , la versión última indicó que habían sido obligadas a trabajar para los Zetas. Tampoco queda claro por qué la Marina habría trasladado a los seis hombres hasta la estación de autobús en Miguel Alemán, Tamaulipas, “por su seguridad”. Ninguna de las víctimas vivía en Miguel Alemán [30] . Asimismo, esta ciudad tiene fama de ser una de las más violentas del estado (por ejemplo, poco antes de este incidente, hubo enfrentamientos armados entre militares y bandas de delincuencia organizada en zonas públicas concurridas), y se sabe que allí existe una fuerte presencia de estas organizaciones delictivas, especialmente los Zetas [31] .

Human Rights Watch entrevistó a familiares de otros dos hombres que fueron detenidos arbitrariamente la misma noche que Martínez, quienes corroboraron el orden en que se produjeron las detenciones y describieron tácticas similares. Por ejemplo, Yadira Alejandra Martínez Ramírez, de 23 años, dijo que su esposo, Diego Omar Guillén Martínez, de 24, fue detenido tarde en la noche del 4 de junio de 2011 por ocho hombres armados y encapuchados con uniformes de la Marina que ingresaron por la fuerza en la vivienda de los padres de este y se lo llevaron sin ofrecer ninguna explicación [32] . Desde esa noche, se desconoce el paradero de los seis hombres.

Las desapariciones ocurridas el 4 y 5 de junio de 2011 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, guardan notables similitudes con otras que se produjeron en los estados vecinos de Nuevo León y Coahuila ese mismo mes. En esos casos, hay evidencias contundentes aportadas por distintas fuentes que señalan que miembros de la Marina habrían tenido participación en los sucesos, lo cual sugiere que todas estas desapariciones podrían formar parte de un operativo regional. Por ejemplo, el 23 de junio de 2011, cerca de las 4 p.m., Jesús Víctor Llano Muñoz, de 22 años, quien trabajaba como conductor de taxi en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, fue interceptado en un retén de la Marina que se había instalado a la salida de un hotel donde se encuentra la terminal de la empresa de taxis [33] . Su padre, también taxista, se encontraba en la terminal en ese momento. Cuando vio que personal de la Marina obligaba a descender del taxi a su hijo y lo hacía subir a una camioneta de la Marina, se acercó y preguntó por qué estaban deteniendo a su hijo. Un oficial respondió: “Si no tiene nada que ver horita (sic) te lo entrego” [34] . Minutos después, la camioneta donde tenían detenido a su hijo partió junto con un convoy de aproximadamente 20 vehículos. Los familiares presentaron denuncias en la sede del Ministerio Público estatal en Sabinas Hidalgo, donde les indicaron que no tenían información sobre el caso [35] . También consultaron en la base de la Marina, donde se les informó que Jesús no se encontraba detenido allí. Hasta hoy se desconoce cuál fue la suerte de Llano, y ningún miembro de la Marina ha sido consignado en relación con el caso.

Menos de una semana después—el 28 de junio—René Azael Jasso Maldonado, de 26 años, también taxista, fue detenido arbitrariamente en mitad de la noche en la vivienda de su familia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León [36] . Según el relato de los hechos ofrecido por su madre, su padre y su hermano, que estaban en la vivienda en ese momento, 10 hombres armados y encapuchados que vestían uniformes de la Marina requisaron la casa. Los hombres armados ingresaron a la vivienda sin una orden judicial y primero aprehendieron al hermano de René, Oziel Antonio Jasso Maldonado, obligándolo a permanecer boca abajo y a punta de pistola mientras gritaban: “¡Tu eres halcón!”—nombre que se usa para designar a quienes trabajan como vigías de organizaciones delictivas—hasta que otro hombre con uniforme de la Marina entró y dijo que Oziel no era la persona que estaban buscando. Luego agarraron a René, que estaba en la habitación contigua, y lo subieron a un vehículo oficial de la Marina [37] . Esa fue la última vez que lo vieron.

Desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la policía local

En la mayoría de los casos de desaparición forzada documentados por Human Rights Watch, en general los miembros de la fuerza pública implicados pertenecen a la policía local. En 95 casos, Human Rights Watch identificó evidencias contundentes de que miembros de la policía local participaron en forma directa o indirecta en desapariciones forzadas [38] .

Por ejemplo, Israel Torres Lazarín, de 21 años, trabajaba en un centro de tratamiento destinado a drogodependientes en Gómez Palacios, Durango. El 18 de junio de 2009, Torres se trasladaba junto con otros cinco compañeros de trabajo para buscar a un paciente cuando su automóvil fue interceptado por policías municipales en Matamoros, Coahuila [39] . Torres se comunicó por radio con el director del centro de tratamiento para informarle que el grupo había sido retenido por policías afuera de una tienda de la cadena mexicana Soriana, quienes les indicaron que se trataba de una “revisión de rutina” [40] . Posteriormente, el director contó a la madre de Torres que cuando se comunicó nuevamente por radio con Torres tres minutos después, la policía estaba confiscando los dispositivos de radio y los teléfonos celulares de los detenidos. Cuando el director intentó por tercera vez comunicarse por radio, no hubo respuesta. El director se trasladó inmediatamente hasta el sitio y habló con varias personas que trabajan en las inmediaciones, quienes le dijeron que habían visto a policías detener el automóvil y subir a seis personas a una camioneta con la insignia de la policía municipal [41] . Desde entonces, se desconoce el paradero de Torres y sus cinco colegas de trabajo.

En otro caso, los comerciantes de oro Eduardo Cortés Cortés, de 27 años, José Manuel Cortés Cortés, de 21, Carlos Magallón Magallón, de 30, y David Magallón Magallón, de 28, fueron detenidos arbitrariamente tras dejar sus hogares en la localidad de Pajacuarán, Michoacán, mientras se dirigían hacia el estado de San Luis Potosí para comprar y vender oro, algo que hacían habitualmente como parte de su trabajo, según contó el padre de las víctimas Eduardo y José Manual Cortés Cortés [42] . En la noche del 29 de septiembre de 2009, llegaron a Río Verde, San Luis Potosí, se alojaron en un hotel y llamaron a sus familias, conforme se establece en el informe correspondiente a la investigación preliminar efectuada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí [43] .

A las 12:45 p.m. del 30 de septiembre, David Magallón envió un mensaje de texto a su esposa donde le decía que habían sido interceptados por policías en la localidad de Cárdenas, en San Luis Potosí. ““Otraves (sic) nos agarro (sic) la poli cualquier cosa estamos en Cardenas SanLuis (sic) Potosí”, decía el mensaje [44] . Poco después, David llamó a su esposa y le dijo que él y los demás habían sido detenidos y eran trasladados a la estación de policía en Cárdenas [45] . Luego la llamada se cortó en forma abrupta. Cuando su esposa intentó comunicarse, ya no tuvo respuesta [46] . Ese fue el último contacto que todas las familias tuvieron con los cuatro hombres.

Hay más evidencias que apuntan a la participación de policías en la desaparición. Otro comerciante de oro de Pajacuarán—que estaba trabajando en Cárdenas con su socio en el momento en que desaparecieron los cuatro hombres—dijo a los familiares que había visto a las víctimas cuando eran interrogadas por policías el 30 de septiembre [47] . También señaló que él y su socio habían sido robados por policías locales el mismo día que desaparecieron los hombres. Según contó, los policías les advirtieron que no les gustaban las personas de Michoacán y les dijeron que ya no regresaran. Los familiares de las víctimas indicaron que, si bien aportaron esta información a agentes del Ministerio Público en San Luis Potosí el 17 de noviembre de 2009, estos no adoptaron medidas para localizar a los supuestos testigos [48] . Cuando Human Rights Watch examinó el expediente de la investigación, no había constancia de que los agentes del Ministerio Público hubieran entrevistado—o intentado localizar—a estos potenciales testigos clave. La Policía de Cárdenas negó haber interrogado a los cuatro hombres y ningún funcionario ha sido consignado en la causa [49] . En octubre de 2011, el director de seguridad pública de Cárdenas, dos policías y el jefe de una unidad policial fueron detenidos y consignados por haber colaborado con los Zetas para llevar a cabo robos, actos de extorsión y secuestros [50] . Algunos familiares de las víctimas reconocieron entre los acusados al policía que los había amenazado cuando viajaron a Cárdenas en octubre pidiendo información sobre sus familiares desaparecidos [51] . Informaron sobre esto al Ministerio Público pero, a la fecha de este documento, ningún funcionario había sido consignado por el delito [52] .

Desapariciones forzadas perpetradas por miembros de la Policía Federal

Human Rights Watch encontró evidencias persuasivas de que 13 desapariciones forzadas habrían sido perpetradas por policías federales, incluidos los casos de los adolescentes Roberto Iván Hernández García y Yudith Yesenia Rueda García, ambos de 17 años [53] . Hernández y Rueda eran novios y el 11 de marzo de 2011 se encontraban en la vivienda de la abuela de Rueda, en Monterrey, Nuevo León, cuando cerca de las 9 p.m. ingresaron varios hombres armados y encapuchados que violentaron la puerta de acceso [54] . Los ocho hombres vestían uniformes que decían “Policía Federal”, según fue relatado por la abuela y la tía de Rueda, que estaban en ese momento en la vivienda, y dijeron que buscaban a alguien llamado “Piña”. Cuando la familia contestó que no había nadie con ese nombre allí, los hombres con uniformes de policía llevaron hasta la casa a un detenido que estaba esposado y lo llevaron hasta donde estaban Hernández y Rueda [55] . Uno de los hombres uniformados hizo un gesto señalando a Hernández y preguntó al detenido: “¿Es él?”. “No”, contestó el hombre. Entonces uno de los uniformados le dijo a otro: “Bueno, si quieres, sácalos”. Dicho eso, los presuntos policías se llevaron por la fuerza a Hernández y Rueda de la vivienda—mientras golpeaban a Hernández y jalaban del cabello a Rueda—y los subieron en automóviles que aguardaban afuera [56] . Según la abuela y la tía de Rueda, había dos camionetas y un tercer vehículo con la insignia de la Policía Federal esperando afuera, además de un taxi y un automóvil sin insignias. Según indicaron, ninguno de los automóviles tenía matrícula. La abuela de Rueda dijo haber visto a otros detenidos en los automóviles de la policía federal [57] .

Una hora después de la detención arbitraria, los familiares de Hernández y Rueda acudieron a la dependencia de la policía federal en Monterrey para preguntar si estaban retenidos allí [58] . Los policías que los atendieron les dijeron: “No sabemos nada al respecto. A los detenidos no los traen acá. Vayan a la policía municipal”.

Complicidad entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada en casos de desapariciones

En más de 60 casos, Human Rights Watch encontró evidencias contundentes de que las desapariciones habían ocurrido como resultado de la cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada. Por ejemplo, 19 hombres [59] que trabajaban para una empresa constructora fueron detenidos arbitrariamente en Pesquería, Nuevo León, el 28 de mayo de 2011 [60] . Una vecina que vivía enfrente del pequeño edificio de departamentos donde se alojaban los trabajadores durante la ejecución de la obra vio que llegaban policías municipales al edificio inmediatamente antes de la detención arbitraria, según contó a los familiares de las víctimas [61] . La testigo dijo que posteriormente los automóviles policiales regresaron al edificio con varios de los trabajadores, quienes comenzaron a cargar artículos de valor de sus habitaciones en los vehículos. Algunos testigos también señalaron haber visto a un grupo numeroso de trabajadores que eran retenidos afuera de la estación de la policía municipal de Pesquería el 28 de mayo [62] .

Esa tarde, los captores se contactaron con el capataz de la empresa constructora, Julio Rodríguez Torres, que se había alojado en otro hotel en Pesquería y no estaba con los trabajadores cuando fueron llevados. Los secuestradores dijeron a Rodríguez que si quería negociar la liberación de sus trabajadores debía reunirse con ellos la mañana siguiente en un puente en las afueras de la ciudad. Un empleado que lo llevó en un vehículo hasta allí dijo que al llegar había dos automóviles sin matrícula que estaban esperando, uno de ellos con insignias de la policía municipal [63] . Rodríguez se subió a uno de los automóviles, que luego se puso en marcha y se alejó. Desde entonces, se desconoce el paradero tanto de él como de los 19 trabajadores.

El 9 de junio de 2011 fueron arrestados 17 policías de Pesquería por la detención arbitraria de los trabajadores en connivencia con la delincuencia organizada, y la semana siguiente se dispuso su arraigo [64] . A la fecha de este documento, nueve policías habían sido consignados por la desaparición y la investigación aún se encontraba en curso [65] .

Otro ejemplo de connivencia entre autoridades y la delincuencia organizada es el caso de los hermanos José Carlos y Juan Rogelio Macías Herrera, de 39 y 37 años, que administraban un negocio de venta de automóviles usados, y el 27 de diciembre de 2011 fueron interceptados en un retén policial mientras conducían entre los municipios de Apodaca y Juárez, en Nuevo León [66] . La esposa de uno de los hermanos vivía junto a la carretera donde la policía había instalado el retén. Contó que, a las 4:30 p.m., vio que los dos hombres eran subidos a la parte trasera de un automóvil de la policía municipal de Juárez, que era seguido por otro vehículo policial [67] . Pudo tomar nota de los números de las dos patrullas. Como tras varias horas los hermanos no regresaban a su casa, los familiares acudieron a la dependencia de la policía municipal de Juárez para preguntar si estaban allí detenidos. Los familiares contaron que la policía negó tener información sobre su detención.

El 3 de enero de 2012, cinco hombres, entre ellos tres policías de Juárez, fueron detenidos por secuestrar a estos dos hombres [68] . En declaraciones ofrecidas por los policías a agentes del Ministerio Público, señalaron que habían llevado a cabo la detención “por órdenes” del líder de una organización delictiva local, y que esposaron a los hermanos “a una parte de la estructura de la caja de determinada unidad policía, y posteriormente emprendimos la marcha hasta un corralón…en el que prolonga el cautiverio de estos últimos [hermanos], hasta que son trasladados a un lugar desconocido” [69] . Cinco hombres fueron consignados por el delito de “privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro”, y tres de ellos también por robo [70] . Según las declaraciones de los policías acusados, los hermanos fueron entregados al líder de una célula local de los Zetas [71] . Aún se desconoce su paradero.

También policías de Juárez habrían colaborado con la delincuencia organizada en la desaparición de Israel Arenas Durán, de 17 años, Adrián Nava Cid y los hermanos Gabriel y Reynaldo García Álvarez, que trabajaban en un vivero en Juárez, Nuevo León. Los cuatro jóvenes desaparecieron la noche del 17 de junio de 2011 cuando, al culminar la jornada de trabajo, concurrieron a un bar para tomar unos tragos [72] . Israel llamó a su hermano más joven, Irving, desde el bar y le pidió que trajera dinero para pagar la cuenta [73] . Al conducir hasta el lugar, Irving vio el automóvil de su hermano aparcado en la banquina de la carretera, con un automóvil policial detenido detrás. Cuando Irving se acercó, vio que su hermano estaba esposado y era subido a la parte trasera de un automóvil de la policía, identificado como patrulla 131. Irving preguntó a uno de los policías por qué estaba siendo detenido, pero el policía quiso saber si Irving lo conocía. Cuando Irving, atemorizado, dijo que no, el policía le dijo que se retirara del lugar.

Irving volvió rápidamente a su casa y contó a sus padres lo que había visto, y luego los tres acudieron juntos a la dependencia de la policía municipal de Juárez. Los agentes que los atendieron negaron que la policía hubiera detenido a alguien llamado Israel Arenas. Sin embargo, mientras esperaban, Irving vio que uno de los policías que habían detenido a su hermano entraba en la delegación. También pudo ver el automóvil policial al cual habían subido a su hermano—la patrulla 131—aparcado afuera. La mañana siguiente, la familia regresó a la dependencia policial, donde los policías continuaron negando tener conocimiento de la detención de Israel, y les recomendaron que acudieran otras delegaciones policiales en la zona. Sin embargo, la familia pudo identificar la camioneta de Israel en un corralón de vehículos incautados junto a la dependencia policial, y los propietarios dijeron a los familiares que había sido dejada allí por policías de tránsito.

Cuando los familiares regresaron a la dependencia de la policía de tránsito de Juárez por tercera vez, los atendió un oficial de civil que se identificó como un comandante. Dijo que Israel había sido detenido por chocar un vehículo policial y que estaba siendo retenido en la dependencia. Les dijo a los padres de Israel que los policías le habían estado dando “unas cachetaditas”, pero que sería liberado el día siguiente por la tarde [74] . Según Irving, antes de que la familia se fuera, el policía de civil lo llevó a un costado y le dijo: “Ya saben lo que les pasa a los que hablan de más” [75] . Irving interpretó la advertencia como una amenaza para que no contara que había visto cuando su hermano era detenido por policías.

Cuando la familia regresó al día siguiente, los policías le dijeron que—contrariamente a lo informado el día anterior—Israel nunca había sido detenido. También afirmaron que en la policía no trabajaba ninguna persona que tuviera las características del hombre con quien habían hablado el día anterior [76] . El 24 de junio, el padre de Israel vio la camioneta de su hijo circulando por la calle y la siguió hasta un domicilio residencial, que posteriormente informó a la policía. El conductor resultó ser un ex policía ministerial.

Ocho hombres de León, Guanajuato—José Diego Cordero Anguiano, de 47 años; Juan Diego Cordero Valdivia, de 22; Ernesto Cordero Anguiano, de 37; Alan Josué Bocanegra García, de 19; Sergio Sánchez Pérez, de 32; Mario Alberto Reyes, de 26; José Javier Martínez, de 46; y Héctor González Cervantes, de 37—fueron detenidos ilegalmente el 6 de diciembre de 2011 por policías locales en el municipio de Joaquín Amaro, en Zacatecas, cuando regresaban de una excursión de caza [77] . Según dos personas que estaban entre los cazadores y lograron escapar de los captores, el grupo fue detenido inicialmente cerca de las 6 p.m. del 6 de diciembre, cuando conducían por Joaquín Amaro. Los sobrevivientes dijeron que en la detención habrían intervenido policías municipales de Joaquín Amaro y Tabasco (otro municipio de Zacatecas) [78] . La policía confiscó sus teléfonos celulares y sus armas, y los trasladó a la dependencia policial, donde fueron vendados, golpeados y acusados de integrar una organización criminal que había llegado con la intención de tomar el control de nuevos territorios [79] .

Cerca de las 11 p.m., los policías entregaron a los cazadores a un grupo de hombres armados que circulaban en seis vehículos todoterreno, cerca de una gasolinera en Fresnillo, Zacatecas [80] . (Uno de los cazadores detenidos arbitrariamente logró escapar, mientras que otro—un adolescente—fue liberado). La entrega de los cazadores fue registrada por las cámaras de seguridad de la gasolinera, y en la grabación se ve cuando los policías entregan a los hombres detenidos a otros hombres que esperan en vehículos [81] . Según declaró luego el Procurador General de Justicia de Zacatecas, los policías habrían admitido posteriormente a agentes del Ministerio Público que detuvieron ilegalmente a los cazadores y los entregaron a un “grupo delictivo” [82] . El 18 de enero de 2011, siete policías fueron consignados por agentes del Ministerio Público del estado por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio, robo calificado y asociación delictuosa”, y fueron posteriormente condenados por la justicia del estado [83] . A la fecha de redacción de este informe, conforme indicaron defensores de derechos humanos locales, los policías también habían sido acusados por agentes de la PGR por colaborar con la delincuencia organizada, pero aún no había comenzado el juicio.