Anexo 2: Carta enviada por Human Rights Watch a Alejandro Poiré Romero, ex Secretario de Gobernación, 1 de marzo de 2012

El 1 de marzo de 2012, el director para las Américas José Miguel Vivanco entregó la carta que se transcribe a continuación al entonces Secretario de Gobernación de México Alejandro Poiré Romero, durante un reunión entre Human Rights Watch y la Secretaría de Gobernación.

La carta se redactó en respuesta a otra que fue enviada a Human Rights Watch por Poiré el 10 de enero de 2012, en la cual el Secretario cuestionó las principales conclusiones de nuestro informe de noviembre de 2011, Ni Seguridad, Ni Derechos.

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Washington D.C., 1 de marzo de 2012

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación

México DF

México

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a V.E., con el propósito de dar respuesta a su carta del 10 de enero de 2012 relativa a nuestro informe titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”[481], que presentamos el 9 de noviembre de 2011 en México.

Atendiendo a la gravedad de los asuntos que trata nuestro informe quisiéramos confiar en que, como V.E. afirma en su carta, el gobierno mexicano está dispuesto a participar en un diálogo constructivo sobre los temas incluidos en el mencionado informe. De hecho, durante nuestra reunión con el Presidente Felipe Calderón en noviembre pasado, tuvimos un intercambio de opiniones sumamente honesto y constructivo sobre nuestras conclusiones y nos resultó alentadora la actitud del Presidente, quien pareció comprender que tiene la responsabilidad de abordar los graves problemas que documentamos.

Por ello, su carta nos causó desconcierto y preocupación ya que, en vez de favorecer este diálogo, se intenta restar importancia a nuestras conclusiones, al afirmar que estas se basan en “múltiples imprecisiones y afirmaciones sin sustento”[482]. Desde entonces, en varias ocasiones V.E. ha cuestionado públicamente nuestras conclusiones, al señalar que el informe contiene “deficiencias metodológicas”, “errores” y “datos imprecisos”[483] y que realiza “afirmaciones categóricas y generalizadas… [que] no reflejan la situación real de México”[484], y ha aseverado que su carta contiene pruebas de tales señalamientos.

Desde luego consideramos positivas todas las críticas sobre nuestro trabajo que puedan ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de los problemas de derechos humanos e incrementar nuestra eficacia en la promoción de políticas públicas adecuadas para lograr avances en México. También consideramos fundamental nuestro deber de examinar cualquier falencia o inexactitud en que hayamos incurrido al elaborar nuestro informe.

No obstante, tras un examen minucioso de su carta, hemos concluido que ninguna de sus críticas acerca de nuestro informe supera un examen serio y riguroso. Y nos preocupa que, al señalar públicamente que en su carta se exponen pruebas que demuestran la falsedad de nuestras conclusiones, se desinforme a la opinión pública y no se realicen esfuerzos serios para solucionar estos problemas. De hecho, en vista de la magnitud de los abusos y la impunidad documentados, el contenido y el tono de su carta—y de sus comentarios públicos—podrían interpretarse como una demonstración de que el gobierno del Presidente Calderón no está tomando en serio su obligación jurídica de corregir y sancionar prácticas reprochables en el ámbito de los derechos humanos.

Abusos sistemáticos y generalizados

Una de las principales conclusiones del informe es que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido abusos generalizados en el marco de operativos contra el narcotráfico, que incluyen la aplicación sistemática de torturas en cinco estados. Su carta rechaza esta conclusión al señalar que los abusos documentados en el informe “constituyen una verdadera excepción”[485]. No estamos de acuerdo con esta afirmación. Nuestro informe documenta más de 230 casos en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en abusos graves; se trata de casos que provienen de cinco estados diferentes y que comprometen a las distintas fuerzas de seguridad que intervienen en operativos contra el narcotráfico (Ejército, Marina, Policía Federal, policía local y de los estados). 

Como prueba de que estos casos representan una “verdadera excepción”, afirma su carta que tan sólo 90 de las 5.814 quejas contra el Ejército recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2007 y 2011 se tradujeron en recomendaciones, lo cual pareciera insinuar que el resto de las quejas se consideraron infundadas[486]. Este argumento se basa en una premisa falsa: el hecho que no se formule una recomendación en un determinado caso no implica necesariamente que no se haya cometido una violación de derechos humanos. De hecho, también podría significar que la CNDH resolvió la queja a través de un mecanismo alternativo, o que aún la está investigando, o que no la investigó adecuadamente, como ha sucedido en numerosas ocasiones, según se demuestra en nuestro informe.

La carta de V.E. cuestiona, además, nuestra afirmación que la tortura constituye un problema “sistemático” en los cinco estados estudiados. Luego de haber encontrado evidencias de que se aplican torturas en todos los estados examinados, mediante los mismos métodos específicos (descargas eléctricas, asfixia por ahogamiento y tortura sexual), en  similares circunstancias (cuando las víctimas fueron detenidas supuestamente en flagrancia o sin la correspondiente orden de aprensión), en lugares similares (bases militares o estaciones de policía) y con la misma finalidad (obtener información o confesiones por medios coercitivos), creemos que queda demostrado que se trata de una práctica sistemática.

Asimismo la carta de V.E. señala que el informe pretende “…generalizar sobre toda la Nación”[487] a partir de las investigaciones llevadas a cabo en solo cinco estados. No obstante, el informe no pretende pronunciarse sobre la situación en todo el país. Por el contrario, se examinan abusos ocurridos en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”—que ha afectado algunas regiones del país mucho más que a otras—en función de los resultados obtenidos en cinco de los estados donde ha habido una mayor intervención de fuerzas de seguridad federales y donde se registra el 43 por ciento de los hechos de violencia vinculada al narcotráfico en todo el país (según las últimas estadísticas oficiales disponibles)[488]. Estos cinco estados—Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco—pertenecen a distintas regiones del país, están gobernados por partidos políticos diferentes y en ellos se desarrollan cerca de un tercio de los operativos a gran escala contra el narcotráfico dispuestos por el gobierno federal. Aún si fuera realmente posible que los abusos documentados se produzcan únicamente en estos estados y no ocurrieran en ninguno de los demás, de todos modos estaríamos ante un problema de proporciones nacionales.

Otra de las afirmaciones que contiene la carta de V.E. es que “…en el Informe se cuantifican casos con evidencia mínima y sin una descripción de las particularidades de los mismos, por lo que no es posible identificar a las víctimas [o] determinar la fuente de las presuntas violaciones”[489]. Se trata de un señalamiento curioso y sin sustento, ya que en la gran mayoría de los casos el informe identifica a las víctimas y a las entidades estatales específicas implicadas[490]. Asimismo, contrariamente a lo señalado en su carta, el informe sí ofrece una descripción detallada de los casos sobre la base de las numerosas evidencias recogidas de distintas fuentes, que incluyen pericias médicas, fotografías tomadas en el lugar de los hechos, testimonio de testigos, sentencias judiciales, comunicaciones verbales y escritas de servidores públicos, y grabaciones de video de procedimientos judiciales, entre otras.

También V.E. afirma que “…lamenta[n]…” que “…no se haya permitido al Gobierno Federal y a ninguna autoridad mexicana, ya no digamos dar su versión de los hechos, sino que ni siquiera se les haya brindado la oportunidad de conocer las imputaciones”[491].De hecho, en el curso de nuestra investigación, que se extendió durante dos años, intentamos en reiteradas oportunidades reunirnos con las autoridades relevantes para conocer su versión de los hechos. Funcionarios de Human Rights Watch se reunieron con autoridades de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial de la Federación, así como con funcionarios municipales y de los estados, incluidos alcaldes, procuradores generales, jefes de policía y visitadores de las comisiones estatales de derechos humanos, para analizar casos concretos, además de los patrones más generales de abuso e impunidad documentados. Cada una de estas autoridades están debidamente citadas a lo largo del informe.

En los casos en que no se incluyen versiones oficiales, esto se debe principalmente a que algunas autoridades se rehusaron a responder nuestras consultas, o bien proporcionaron información incompleta o manifiestamente imprecisa. Por ejemplo, durante la gestión de V.E. como vocero de seguridad nacional le escribimos solicitándole información sobre investigaciones federales de casos de homicidios, y nos negó la información solicitada con el argumento de que se trataba de información “estrictamente reservada”[492]. Si bien presentamos nuevamente el pedido y señalamos que en nuestra opinión la información no tenía carácter reservado conforme a la ley, lamentablemente no recibimos respuesta de su oficina[493].

Impunidad por abusos

Otra de las conclusiones fundamentales de nuestro informe es que casi ninguno de los soldados y policías responsables de los abusos documentados ha rendido cuentas por sus actos, en gran parte debido a fallas sistemáticas en las investigaciones. Su carta se refiere a esta conclusión como “una de las aseveraciones más temerarias”[494] del informe, y procura refutarla señalando que los funcionarios federales sí investigan todos los casos de derechos humanos de los cuales tienen conocimiento. Sin embargo, su respuesta no aborda nuestra preocupación de fondo, que no tiene que ver con la cantidad de las investigaciones, sino con su calidad.

Nuestro informe presenta un número importante de ejemplos detallados sobre omisiones inaceptables y sistemáticas por parte de autoridades que investigan casos de derechos humanos. Estas omisiones incluyen, entre otras, la falta de pericias balísticas o recolección de evidencias en el lugar de los hechos en casos de presuntos asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, falta de pericias médicas que la ley exige para las víctimas de tortura, y negligencia frente a denuncias sobre personas desaparecidas.

El informe también ofrece datos oficiales que demuestran que son muy pocos los precedentes en que las investigaciones de casos de derechos humanos redundan en condenas. Por ejemplo, de las 3.671 investigaciones iniciadas entre enero de 2007 y julio de 2011 en el sistema de justicia penal militar sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por soldados[495], tan sólo en 29 casos hubo condenas[496]. Solamente dos funcionarios han sido condenados por la justicia federal por cometer torturas entre 1994 y junio de 2010 (la fecha más reciente sobre la cual hay datos disponibles)[497]. Asimismo, el informe alude al record de reconocidos organismos intergubernamentales que han llegado a conclusiones similares, como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Dicho grupo concluyó el año pasado que la “…impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones”[498]. 

Con respecto a sus observaciones acerca del número de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos a nivel federal, cabe destacar que las estadísticas que menciona en su carta en verdad corresponden a la cifra total de investigaciones penales por crímenes comunes que se encuentra en el fuero federal, y no necesariamente a casos de violaciones de derechos humanos.[499] De manera similar, los únicos tres casos que menciona como prueba del compromiso de las autoridades para llevar a los responsables de abusos ante la justicia no son en realidad casos de violaciones de derechos humanos, sino delitos comunes cometidos presuntamente por actores no estatales como son los narcotraficantes.[500] Y, de hecho, el único de estos casos en el cual se obtuvo una condena—me refiero al asesinato de un grupo de estudiantes en Villas de Salvárcar—[501] es un claro ejemplo del tipo de abusos e impunidad que documentamos en nuestro informe. En efecto, de acuerdo a nuestra investigación y las conclusiones de la CNDH, al menos uno de los presuntos autores en este caso fue torturado para que confesara su participación en este crimen[502]. Más aún cuando el supuesto autor intentó retractarse durante el juicio—y declaró que había confesado tras ser sometido a golpizas, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte—la jueza rechazó su testimonio y aceptó su confesión inicial como válida[503]. 

La inclusión del caso de Villas de Salvárcar en la carta de V.E. para rebatir nuestros señalamientos sobre graves violaciones de derechos humanos e impunidad en México, sugiere que el gobierno no ha tomado en cuenta seriamente el contenido de nuestro informe ni las conclusiones de la CNDH.

Falencias en la “guerra contra el narcotráfico”

La principal conclusión de nuestro informe es que la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el Presidente Calderón, al no abordar los problemas de abuso e impunidad, ha exacerbado el clima de violencia, inseguridad y temor que prevalece en numerosas regiones del país.

Para intentar refutar esta conclusión, entre otros argumentos, su carta critica el uso de la expresión “guerra contra el narcotráfico”, y señala que se trata de “una imprecisión de la que parten muchas otras”[504]. Coincidimos plenamente con que “guerra” es un término incorrecto para describir la crisis de seguridad por la que atraviesa actualmente México. Y contrariamente a lo señalado en su carta, en ningún momento afirmamos o sugerimos que en la actualidad se esté desarrollando en México una guerra propiamente tal (conforme a la definición del derecho internacional humanitario).

El motivo por el cual empleamos este término, siempre entre comillas, es porque es utilizado con gran frecuencia en México, incluso por parte de las máximas autoridades, para aludir a las medidas  y políticas contra el narcotráfico adoptadas por el gobierno del Presidente Calderón. De hecho, en más de 50 ocasiones el propio Presidente Calderón se refirió a su estrategia de seguridad pública calificándola directamente como una “guerra” contra los narcotraficantes o la delincuencia organizada, y la mayoría de estas declaraciones pueden encontrarse fácilmente en el sitio web oficial de la presidencia[505]. Resulta extraño que V.E. cuestione de manera tan vehemente el uso de una denominación que el propio Presidente Calderón ha utilizado con gran frecuencia a lo largo de su sexenio para describir su política anti drogas.

Asimismo, su carta intenta descalificar nuestra evaluación crítica de la estrategia de seguridad pública del Presidente Calderón, al atribuirnos la posición absurda “…que [en México] no se debió combatir a la criminalidad sin antes reformar las instituciones”[506]. Nuestro informe no contiene ninguna afirmación de esta naturaleza. En ningún momento hemos sostenido que México deba optar entre enfrentar a los carteles o fortalecer sus débiles instituciones. Por el contrario, hemos argumentado que para hacer frente a la grave amenaza que representa la delincuencia organizada, México debía abordar los problemas crónicos de abuso e impunidad en las fuerzas de seguridad, así como fortalecer y respaldar a las instancias judiciales, que desempeñan un rol clave en la desarticulación de organizaciones delictivas. Lamentablemente, es justamente en estas iniciativas de reforma y fortalecimiento institucional que el gobierno del Presidente Calderón no ha conseguido resultados significativos.

Estrategia a futuro

Afortunadamente, existe un aspecto del informe en el cual sí pareciéramos estar de acuerdo: nuestras recomendaciones para abordar los problemas de derechos humanos que afectan a la política de seguridad pública de México. Su carta reconoce que “la gran mayoría de [las recomendaciones] están en la dirección correcta” y que “el Presidente de la República ha ordenado que muchas se pongan en práctica de manera inmediata”[507]. En efecto, consideramos positivo el anuncio realizado por el Presidente Calderón en diciembre pasado[508]—y reiterado en su discurso en febrero de este año ante la CNDH— [509]   cuando afirmó que estaba adoptando diversas medidas tendientes a terminar con las prácticas abusivas, tales como: ordenar que las fuerzas de seguridad pongan inmediatamente a los detenidos, incluidas aquellas personas detenidas en flagrancia, a disposición de los agentes del Ministerio Público del fuero común; ordenar a las fuerzas de seguridad que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen las directivas sobre uso de la fuerza, cadena de custodia y preservación de evidencias; y crear una base de datos federal intergubernamental sobre personas desaparecidas.

Asimismo, estamos complacidos por las recientes declaraciones públicas del Secretario de la Defensa General Guillermo Galván Galván, quién reconoció que las Fuerzas Armadas han cometido “errores” en el cumplimiento de sus tareas y que “reconocerlos” —al igual que sancionar a los responsables—es una muestra de lealtad a la institución.[510] Además valoramos la declaración de General Galván Galván al señalar que, “…los órganos del fuero de guerra…[se]… han pronunciado…” a favor de transferir casos sobre derechos humanos al sistema de justicia penal ordinario, un paso importantísimo para reducir la impunidad por los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.[511]

Sin embargo, estas importantes declaraciones públicas no han resultado aún en cambios en la práctica y las citadas iniciativas de reforma no comprenden ciertas áreas clave. El ejemplo más notable de lo anterior es la falta de reforma del sistema de justicia penal militar. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en cuatro sentencias recientes) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dispuesto que las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares deben ser investigadas y juzgadas por la justicia penal ordinaria, debido a la probada falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal militar en el juzgamiento de estas causas. Sin embargo, en vez de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana, en octubre de 2010 el Presidente presentó una iniciativa que propone excluir tan sólo tres tipos de violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar, reconociéndole amplias facultades discrecionales al fuero militar para la clasificación de las denuncias recibidas, pese a que en el pasado han calificado crímenes graves como delitos menores (que justamente continuarían en la jurisdicción militar según el proyecto del Presidente Calderón)[512].

A su vez, el gobierno del Presidente Calderón y las autoridades militares continúan actuando y expresándose de un modo contradictorio con su compromiso de fortalecer la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho. Por ejemplo, el Presidente se ha comprometido a reconocer a los derechos humanos un papel central en su estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo compara a los presuntos criminales con “cucarachas” que hay que “limpiar”[513]. Y si bien el Presidente insta a las Fuerzas Armadas a transferir casos de la jurisdicción militar al Ministerio Público, el Secretario de la Defensa, por su parte, impulsa una apelación ante la justicia ordinaria en la cual se objeta precisamente ese principio, en un caso emblemático: la ejecución extrajudicial de un civil, Bonfilio Rubio Villegas, quien fue asesinado por militares en Huamuxtitlán, Guerrero, en 2009.[514] Por otro lado, sólo tres días después que el Presidente Calderón dictara instrucciones para que “…desde la Procuraduría Militar se insista, precisamente, en esos procedimientos de declinación de competencia…”[515], el Procurador General de Justicia Militar declaró que los procuradores militares no puedan transferir los casos de supuestas violaciones de los derechos humanos a los procuradores civiles hasta que el Código de Justicia Militar sea reformado.[516]  Por eso es que estábamos muy preocupados con su carta y con sus recientes críticas públicas a nuestro informe, que constituyen otro ejemplo del mensaje contradictorio del gobierno y coloca en entredicho el compromiso de abordar estos temas.

Sin embargo, estamos dispuestos a colaborar con su gobierno para contribuir a diseñar una política de seguridad pública que permita reducir las graves violaciones a los derechos humanos y asegurar que los servidores públicos respondan por sus abusos. Creemos que es fundamental que las victimas de los casos que hemos documentado, al igual que innumerables víctimas que no mencionamos en nuestro informe, tengan una oportunidad real de justicia. También creemos que una política de seguridad que respeta los derechos fundamentales es más eficaz para reducir la violencia y restaurar la confianza en las instituciones democráticas, propósito que coincide con los intereses de todos los mexicanos.

En los últimos meses, el gobierno de V.E. ha mostrado una gran apertura en la forma a la que se refiere a los derechos humanos, lo cual podría impactar positivamente las prácticas de los funcionarios y la actitud de la opinión pública. Sin embargo, a pesar de estos importantes compromisos públicos, mucho queda aún por hacer. Si, contrariando toda la evidencia, su gobierno continúa minimizando la prevalencia de los abusos, o alegando que ha tomado medidas adecuadas para investigarlos, se perderá una última oportunidad para remediarlos. Por el contrario, si decidiera traducir sus recientes discursos en acciones concretas—reformando el fuero de justicia miliar o impulsando medidas dirigidas a reducir la incidencia de desapariciones, ejecuciones y torturas—colocará a México en la dirección de un cambio que es urgente. Sinceramente esperamos que su gobierno escoja esta última opción y podamos trabajar juntos en un esfuerzo serio que permita encontrar soluciones constructivas.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a V.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

 

José Miguel Vivanco