IV. Obstáculos a la justicia luego de un hecho de violencia de género

Puedes intentar conseguir justicia, pero no conseguirás nada cuando amenacen cobrar venganza contra tus hijos.

— Ximena A., Bogotá, 24 de febrero de 2012.

El gobierno colombiano ha realizado importantes esfuerzos en la respuesta del sector de justicia y seguridad pública a la violencia de género, incluida la creación de unidades especializadas de atención integrada de víctimas de violencia de género, denominadas CAVIF en el caso de víctimas de violencia intrafamiliar y CAIVAS para las víctimas de violencia sexual [190] .

No obstante, Human Rights Watch identificó diversos impedimentos que continúan enfrentando las mujeres y niñas desplazadas cuando intentan obtener justicia tras sufrir un hecho de violencia de género, incluido el maltrato de algunas autoridades, las dificultades probatarias, remisiones ineficaces, obstáculos económicos y temor a presentar denuncias.

Human Rights Watch también comprobó que la escasez de recursos del Estado genera obstáculos específicamente para las víctimas de violencia de género. Varios funcionarios judiciales se refirieron al efecto paralizante que suponían el gran volumen de causas a su cargo y los recursos insuficientes para procesar los delitos de violencia de género. Los fiscales colombianos también manejan un gran volumen de causas vinculadas con todo tipo de delitos. Sin embargo, para los fiscales que intervienen en delitos de violencia de género, a veces es más fácil relegar ciertas causas—y víctimas— que no cuentan con pruebas físicas, y dar prioridad a casos donde sí se han conseguido este tipo de pruebas. En los delitos de violencia de género, por lo general es difícil obtener evidencia física y las leyes colombianas permiten acertadamente que las investigaciones puedan avanzar aún cuando no se cuente con tales pruebas. No obstante, tanto mujeres como funcionarios han señalado que numerosos fiscales descartan los casos de violencia de género cuando no hay pruebas físicas. Ello redunda casi indefectiblemente en la impunidad de estos delitos, y lleva a que mujeres y niñas renuncien a la posibilidad de obtener justicia.

Para la mayoría de las mujeres con quienes habló Human Rights Watch y que habían presentado una denuncia penal, el principal problema que afrontaron en el sector judicial era que, una vez presentada la denuncia, nunca más tenían novedades. No sabían si sus casos habían sido archivados o si la investigación aún estaba en curso. Pero lo que sí sabían es que los responsables quedaron impunes.

Maltrato por parte de autoridades

El maltrato de víctimas por parte de funcionarios de seguridad pública y de la justicia frustra las medidas introducidas por el gobierno colombiano a través de sus leyes y políticas sobre violencia de género. Para algunas mujeres y niñas, el maltrato continúa representando un grave obstáculo para la posibilidad de obtener justicia. Varias víctimas y defensores relataron a Human Rights Watch casos de maltrato por parte de funcionarios judiciales y de seguridad pública. Una líder de derechos de la mujer de Cartagena, que también había sido a su vez una víctima, considera que son pocas las mejoras en el trato que los fiscales imparten a las víctimas:

Hace 12 años que acompaño a mujeres a la fiscalía. El trato que reciben depende del funcionario. Algunos hacen siempre las mismas preguntas: de qué modo estabas vestida, de qué manera provocaste al agresor. Esas preguntas no muestran ninguna actitud de apoyo, ningún rasgo de humanidad [191] .

Ximena A. sintió que no fue tratada dignamente cuando denunció que había sido violada en 2009. Dijo a Human Rights Watch que le hicieron preguntas “estúpidas” y “ofensivas” durante la entrevista con el fiscal en Bogotá. Contó por ejemplo: “Fui violada por miembros de un grupo paramilitar, pero [el fiscal] continuaba preguntándome si mi esposo me golpeaba” [192] . Si bien es posible que el fiscal estuviera intentando determinar si existía violencia doméstica en el hogar, Ximena afirma que no le hicieron preguntas sobre los verdaderos agresores o el acto de violencia sexual. En cambio, el interrogatorio se centró en la relación con su esposo. Esto hizo que se sintiera incómoda, y le pareció además que el fiscal no creía su relato.

Varias víctimas de violencia de género dijeron a Human Rights Watch que funcionarios judiciales y de seguridad pública habían sugerido que los abusos eran culpa suya. Incluso los propios defensores que acompañan a mujeres y víctimas contaron a Human Rights Watch que a veces los fiscales hacen preguntas humillantes para conocer sus antecedentes sexuales y sus parejas anteriores. En algunos casos también preguntaron qué vestimenta llevaba la víctima y que había hecho para provocar la agresión. Este tipo de preguntas indican que se adopta un concepto de la violencia de género que considera como elemento central a la violencia, en vez de la falta de consentimiento.

En un caso de violencia intrafamiliar, un fiscal dijo a Dolores G., una mujer desplazada de 38 años que vivía en Cartagena, que ella había buscado que se produjera el abuso. Dolores describió a Human Rights Watch las golpizas que desde 2003 y durante años le propinó su esposo. Dijo que, cuando comenzó a amenazar a su hijo en 2003, denunció el abuso a un fiscal, pero que este la culpó por lo sucedido. Explicó al respecto:

Mi esposo también maltrataba a mi hijo mayor y lo insultaba, y yo le dije que prefería que me golpeara a mí. Y él lo hizo... Cuando me reuní con el fiscal, leyó mi declaración. Y me dijo: “Usted dijo ‘golpéame’, y él lo hizo. ¿Qué pretende que yo haga?” [193] .

El abuso físico continuó hasta que lo dejó en forma definitiva, en 2011. La mala experiencia de 2003 hizo que no intentara obtener más ayuda en el sector judicial. Durante este tiempo, no volvió a presentar otras denuncias penales.

Otra mujer aseveró que por temor a ser maltratada por funcionarios gubernamentales desistió de denunciar actos de violencia de género a la fiscalía. Clara V. acudió a la fiscalía para presentar una denuncia sobre violencia sexual, pero finalmente desistió. Mientras esperaba para ser atendida por un fiscal, escuchó que otras personas en la fiscalía hablaban de ella y comentaban el motivo por el cual estaba allí. Se dio cuenta de que el personal administrativo que la atendió cuando se acercó para ver a un fiscal probablemente había contado por qué se encontraba allí, pese a su obligación de mantener la confidencialidad. “Acudí al fiscal, pero no denuncié lo sucedido. No pude tolerar la humillación pública de estar ahí frente a todos, sentir los insultos, y decidí no hacerlo” [194] .

Human Rights Watch recibió información de defensores sobre casos en que funcionarios judiciales reprendieron a mujeres que denunciaban hechos de violencia intrafamiliar sin presentar lesiones visibles. En un caso reciente registrado en Medellín, una mujer se presentó en una casa de justicia para denunciar que su esposo había abusado de ella. Según los defensores, los funcionarios le dijeron que no era posible que hubiera violencia intrafamiliar, dado que no tenía lesiones [195] . Cuando la mujer acudió a una organización local de derechos de la mujer, preguntó angustiada, “¿Acaso debo esperar a que me mate para que el gobierno me crea?”.

Varios defensores manifestaron que los comisarios de familia, que intervienen en numerosos aspectos civiles de la respuesta del sistema de justicia a la violencia doméstica, también a veces culpan a las víctimas. Una líder que acompaña a víctimas que acuden a las autoridades para denunciar actos de violencia explicó: “Si presentas una denuncia formal a los comisarios de familia, ellos dicen ‘Si te golpeó es porque habrás hecho algo’” [196] . Miludes N., una joven de 14 años que debió desplazarse hacia Bogotá, también contó que fue maltratada por funcionarios de una comisaría de familia. En 2011, Miludes denunció en la comisaría que había sido amenazada y manoseada por un agresor no identificado, que luego la había seguido hasta su casa. Cuando denunció lo ocurrido, acompañada por su madre, Miludes sintió que los funcionarios se mostraban indiferentes; la interrumpían, no la escuchaban y restaban importancia al temor que había sentido durante el incidente. Le dijo a Human Rights Watch que el funcionario que la atendió no había sido respetuoso. “Nos trataron como si fuéramos menos que ellos”, contó. “Me sentí incómoda y mal” [197] .

Otras mujeres también comentaron a Human Rights Watch que algunos investigadores penales no habían tenido un comportamiento adecuado. Andrea S., por ejemplo, fue entrevistada por los investigadores a cargo del caso de su amiga Analía C., que fue violada en 2012. Según Andrea, los investigadores le hicieron preguntas sobre la conducta social de su amiga y sus hábitos de consumo de alcohol, y luego le preguntaron si creía que su amiga era lo suficientemente atractiva sexualmente como para haber sido violada:

Los investigadores me dijeron, “Pero si realmente no tiene tan buen cuerpo”... Para que te violen tienes que ser una modelo [198] .

Andrea contó a Human Rights Watch que los mismos investigadores le mostraron un artículo de un periódico donde aparecía su amiga y le preguntaron por qué estaba sonriendo si había sido violada [199] . También hicieron preguntas similares a otros amigos y familiares y les dijeron que Analía había sido violada, incumpliendo así el deber de mantener la confidencialidad [200] . Algunas personas, incluida la madre de Analía, se enteraron de lo sucedido de este modo.

Human Rights Watch supo a través de algunas víctimas y defensoras de derechos de la mujer que los médicos forenses a veces hacían preguntas inadecuadas y abusivas. En un caso, Human Rights Watch obtuvo evidencias de esto a través del informe forense elaborado sobre una víctima de violación en Bogotá en el año 2011. El informe contenía preguntas sobre la fecha en que la víctima había tenido su primera experiencia sexual, la cantidad de parejas que había tenido a lo largo de su vida y su último encuentro sexual antes de la violación. Estas preguntas contravienen lo dispuesto en el protocolo del INMLCF y no son relevantes para la investigación [201] . Pese a ello, en la actualidad el informe, que incluye las respuestas a esas preguntas, integra la prueba aportada a su causa y podría ser usado en una audiencia pública.

El Dr. Pedro Emilio Morales Martínez, subdirector de Servicios Forenses del INMLCF, reconoce que no todos los exámenes se practican siguiendo el protocolo, e identifica algunos aspectos que podrían ser mejorados por el INMLCF:

No podemos negar que algunos [médicos forenses] no completan los formularios como es debido. Tomamos acciones para controlar la calidad de los servicios, pero es difícil examinar el 100 por ciento de los casos. Hay aspectos que deben ser abordados… En particular, debemos trabajar con personas que no ven este tipo de casos con mucha frecuencia... Las zonas rurales son particularmente difíciles [202] .

La Fiscalía General ha adoptado medidas para corregir la posible conducta indebida de su personal, y en diciembre de 2011 hizo circular un memorando entre todos sus empleados donde se analizó la necesidad de cambiar la mentalidad de los empleados respecto de delitos de violencia de género, se estableció qué conductas son adecuadas en el trato con las víctimas y se instó a respetar su privacidad y dignidad [203] . El memorando reconoce que los prejuicios del personal podrían redundar en servicios inadecuados y, por ende, en la impunidad de los hechos [204] . Exige que los empleados tomen en cuenta las circunstancias particulares de cada víctima, lo cual implicaría contemplar si son personas desplazadas. Si bien en la práctica aún no se puede apreciar qué impacto ha tenido el memorando en la Fiscalía General de la Nación, una funcionaria que trabaja en el Centro de Atención de Víctimas de Medellín cree que este ha tenido un efecto positivo respecto del modo en que se expresan los funcionarios judiciales. No obstante, cree que los prejuicios aún subsisten de un modo menos visible:

En todos los sectores —policía, fiscales, ministerios públicos, jueces— hay personas que creen que la mujer es culpable por lo que le sucedió. Creen que se lo buscó... Esto no se dice oficialmente, y no aparece en los registros, y por ello es difícil de probar. Es en los pasillos, al pasar [que se escuchan estos prejuicios]. Tenemos que trabajar en ese sentido [205] .

Dificultades para presentar pruebas

Varias víctimas dijeron a Human Rights Watch que creían que los fiscales e investigadores no tomaban en serio su caso si no contaban con pruebas físicas de la violencia de género. En función del trato con funcionarios judiciales, estas mujeres y niñas creían que los fiscales no consideraban que su testimonio pudiera constituir prueba suficiente.

Varios fiscales confirmaron a Human Rights Watch que pueden llevar a cabo investigaciones penales sobre la base de pruebas no físicas, y que para ello pueden basarse en otras pruebas admisibles, como el testimonio de testigos y otras formas de prueba [206] . Los fiscales no deberían determinar la viabilidad de los casos únicamente considerando si existe o no prueba física. Una asesora en temas de género de la Fiscalía General de la Nación indicó a Human Rights Watch que el tipo de prueba que usan depende de cada investigación y cada caso: “Debe haber pruebas que sustenten la acusación, pero estas varían según el caso. Para algunos, bastará el informe del INMLCF, mientras que otros darán mayor relevancia al testimonio de la víctima” [207] . No obstante, la percepción que tienen algunas víctimas de que los fiscales únicamente avanzarán si reciben pruebas físicas las disuade de atreverse a contar lo sucedido cuando no tienen este tipo de pruebas. Por ejemplo, Ximena contó a Human Rights Watch: “[Los fiscales] no nos tratan con credibilidad... cuando acudes a ellos, debes llevar tu propia prueba” [208] . El caso de Socorro, que fue violada en 2009, se archivó debido a que no había pruebas físicas, y no sabía quiénes eran sus agresores [209] .

Varias víctimas culparon al gobierno por la ausencia de pruebas físicas, e indicaron que los funcionarios habían demorado los exámenes forenses durante tanto tiempo que, en algunos casos, ya no quedaban pruebas de este tipo. Dolores G. contó que en 2003, luego de desplazarse a Cartagena, su esposo la golpeó brutalmente y le dejó marcas en el rostro. Si bien los fiscales la remitieron al INMLCF para que se practicara un examen, afirma que la enviaron de regreso dos veces y que recién fue atendida tres semanas después de haber sufrido las lesiones. Para entonces, la prueba que quedaba era casi inexistente. Dijo al respecto:

Tuve que ir al IMLCF para demostrar que había sido golpeada. Tenía el rostro enrojecido y dolorido. El lunes fui al IMLCF, pero no me atendieron. Me dieron un nuevo turno para 8 días después. Cuando regresé, el médico no estaba porque hubo una emergencia. Me dieron otro turno para que regresara en 5 ó 6 días. Cuando me examinó, el médico me presionó el rostro. “No tienes nada. Has venido por nada”... Como podrán imaginar, no regresaré nunca más [210] .

Dolores permaneció en esta relación abusiva durante más de seis años.

Ximena A. fue obligada a practicar sexo oral a varios agresores, a punta de pistola, en 2009 en Bogotá [211] . Pese a que no demoró en denunciar lo sucedido, las autoridades programaron la pericia para varios días después del ataque. Para entonces, ya no quedaba semen ni otros fluidos en su boca. Frustrada porque cree que el fiscal no analizó seriamente su caso al no tener este tipo de pruebas, Ximena dijo Human Rights Watch:

La única prueba que el fiscal cree que sirve para iniciar una investigación es la prueba científica aportada por el IMLCF. Pero el IMLCF no tiene a su disposición todos los medios para decir la verdad. ¿Si me golpearon en el rostro pero ellos no ven sangre ni heridas? ¿Qué sucede entonces? Pues no pasa nada. ¿Si no hay inflamación de la vagina? Lo mismo. ¿Y qué sucede si usó un preservativo? Lo mismo. En mi caso, llevó tanto tiempo acceder al IMLCF que ya no había pruebas [212] .

Analía C., que fue víctima de violación sexual en dos oportunidades durante 2012, denunció ambos hechos inmediatamente. En enero de 2012, ella y sus defensores de la Defensoría del Pueblo de Colombia afirmaron que el INMLCF recién la examinó 10 días después de la última violación [213] . Para entonces, ya no quedaban pruebas físicas [214] .

Una abogada que representa a personas desplazadas que son víctimas de violencia de género en Cali y Buenaventura relató un caso reciente en el cual había intervenido, sobre una joven que fue víctima de violencia sexual. La joven fue violada un viernes, el hecho se denunció a la policía y el responsable fue apresado. La joven tenía marcas y mordeduras en el cuerpo. Como era viernes, el turno para ser atendida por el INMLCF se programó recién para el lunes siguiente. Si bien intentó seguir las instrucciones y no asearse, para el lunes todas las evidencias habían desaparecido. “No había semen. La vagina no estaba inflamada. No había prueba”, contó la abogada a Human Rights Watch. El caso se dio por concluido. La demora en los exámenes también provocó otros problemas. La abogada dijo que la joven está recibiendo asistencia psicosocial debido a que quedó profundamente afectada por el trato que le habían dado. “Después de lo ocurrido, se sentía completamente sucia”, contó la abogada. “Le afectó profundamente el hecho de tener que esperar para que la vieran... volvió a sentirse victimizada por la ineficiencia de la ruta de atención” [215] .

En otros casos, el ataque fue perpetrado de un modo que no dejó rastros físicos. Clara V. fue víctima de violencia sexual en 2004 y desde entonces ha estado expuesta a amenazas de nuevos hechos de violencia. Ha denunciado estos delitos. Pero uno de los casos se cerró por falta de pruebas físicas. Explicó al respecto: “El caso se cerró... No había pruebas, ni testigos, pero cómo se supone que uno [la víctima] puede saber los nombres, cómo puedes saber todo... Son los investigadores quienes deben averiguarlo” [216] . Ante la falta de una investigación exhaustiva, Clara creía que las amenazas continuarían. De hecho, Clara sigue recibiendo amenazas y, en octubre de 2012, un hombre no identificado la siguió hasta su casa, pero logró entrar antes de que este pudiera hablarle.

Isabel P. contó que fue agredida sexualmente, manoseada, maltratada y amenazada a fines de 2011 por un hombre de Medellín que mantiene vínculos con grupos armados, pero que no hubo penetración peniana ni eyaculación [217] . Señaló que los fiscales e investigadores no parecían considerar seriamente su caso debido a que no había pruebas físicas.

Ximena A. trabaja con personas que sobrevivieron a hechos de violencia sexual y contó que conoce varios casos en que los responsables usaron preservativos al violar a sus víctimas, para evitar dejar rastros [218] . Una médica que practica exámenes forenses a víctimas de violencia sexual en Medellín mostró a Human Rights Watch datos tomados de exámenes efectuados durante el mes previo a la entrevista, que mostraban que menos del 10 por ciento de los exámenes permitían obtener pruebas físicas [219] .

Suzanna M., una mujer desplazada de 31 años que vive en Medellín, informó a la fiscalía haber sufrido violencia intrafamiliar en octubre de 2011 [220] . Dijo que su ex esposo, de profesión policía, la acosaba y amenazaba con lastimar a ella y a sus hijos. A su vez, cree que está involucrado en el asesinato de su novio, ocurrido recientemente. No presentaba lesiones ni otra evidencia física, y cree que a falta de estos elementos su caso no está siendo investigado. Suzanna afirma no haber recibido información sobre el avance de la investigación en su caso. Dijo a Human Rights Watch: “Desde la declaración, hay una falta total de información. Tal vez no saben cómo dar información a las personas” [221] .

Clasificación de la violencia intrafamiliar como delito de acción privada durante 2011 y 2012

Uno de los principales obstáculos que se interponen a la investigación y el juzgamiento efectivos de los delitos de violencia intrafamiliar se generó en 2011, con la sanción de la Ley N.º 1453 de 2011 [222] . Esta ley reformó algunas secciones del Código de Procedimiento Penal, incluida la reclasificación de los “delitos que requieren querella”, lo cual implica que las víctimas deben presentar una denuncia para que se inicien acciones, a diferencia de los delitos perseguibles de oficio,que pueden ser investigados por los fiscales sin que medie una denuncia [223] . Durante más de un año, se consideró que la violencia intrafamiliar era un delito que requería denuncia (a menos que la víctima fuera un menor), si bien anteriormente se consideraba un delito de investigación oficiosa [224] .

Afortunadamente, los legisladores cuestionaron esta reforma. En noviembre de 2011, la senadora Alexandra Moreno, con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso, presentó un proyecto que proponía clasificar nuevamente a la violencia intrafamiliar como un delito de investigación de oficio. El proyecto fue aprobado y entró en vigor en julio de 2012 [225] . El proyecto no sólo elimina la violencia intrafamiliar de la lista de delitos de acción privada, sino que establece expresamente que las autoridades judiciales deberán investigar de oficio todos los casos de violencia contra la mujer cuando los funcionarios tomen conocimiento de tales delitos [226] .

Si bien ciertamente resulta positivo que terceros y funcionarios judiciales puedan iniciar causas y continuarlas aún cuando las víctimas retiren los cargos (por temor u otros motivos), durante más de un año las víctimas de violencia intrafamiliar estuvieron en situación vulnerable a presiones y amenazas para que desistieran de las denuncias. Varios defensores comentaron a Human Rights Watch que este cambio repercutió de manera particularmente negativa en casos de mujeres desplazadas. Muchas de ellas dependen económicamente de sus abusadores, temen a las autoridades y enfrentan amenazas continuamente, lo cual puede provocar que no se atrevan a presentar denuncias y mantener los cargos penales [227] .

Si una víctima renunció a una acción por violencia intrafamiliar durante el período en que estuvo vigente la Ley N.° 1453 de 2011, entonces la fiscalía también lo hizo. Un fiscal comentó a Human Rights Watch que había visto casos en que responsables de hechos de violencia doméstica habían amenazado a las víctimas para que retiraran la denuncia, o bien habían amenazado a los hijos para que obligaran a su madre a hacerlo [228] . La Fiscalía General de la Nación posiblemente deba revisar causas de violencia intrafamiliar que fueron archivadas, para identificar casos en que las víctimas puedan continuar en peligro, y reiniciar esas acciones. Este paso es importante debido a que, como fue explicado por el fiscal de Cartagena (mientras la ley aún estaba en vigor) “[la clasificación de la violencia intrafamiliar como delito de acción privada] debilita los avances conforme a la Ley N.° 1257 de 2008. ¿Qué diferencia hay entre la violencia doméstica y el homicidio? Porque así es como puede terminar [este tipo de violencia]... si la mujer retira la denuncia...” [229] .

Recursos públicos limitados

Algunos funcionarios gubernamentales manifestaron que no había recursos suficientes para investigar y juzgar con éxito delitos de violencia sexual o intrafamiliar, ya que había demasiados casos y muy pocos fiscales, investigadores y peritos forenses. Otros dijeron que sus entidades no podían ayudar a las víctimas si no se invertían recursos en asistencia psicológica.

Una funcionaria de uno de los CAIVAS contó a Human Rights Watch: “El problema es que la justicia es lenta. Hay muchos casos, y pocos funcionarios y fiscales. Somos muy pocos” [230] .

En Cartagena, hay dos fiscales que intervienen en todos los casos de violencia intrafamiliar. Entre los dos, llevan 4.000 causas. Cada fiscal tiene que efectuar la investigación y preparar la causa para exponerla al tribunal. Un fiscal expresó su preocupación y dijo que, a veces, “estamos paralizados” por el volumen de trabajo [231] . El CAVIF en Bogotá recibe cada mes cerca de 1.600 casos de violencia intrafamiliar, y cuenta con 19 fiscales asignados a su investigación. Si bien muchos de los casos posteriormente se archivan debido a que las parejas se reconcilian, los fiscales continúan teniendo a su cargo un enorme volumen de casos [232] . Un empleado del CAIVAS en Bogotá contó a Human Rights Watch que, según cálculos extraoficiales, tendrían 11.000 causas iniciadas, con cerca de 37 fiscales a cargo [233] . El gran número de causas que se ven obligados a llevar los fiscales refuerza la presión para impulsar únicamente aquellos casos donde existen pruebas físicas.

También los recursos del INMLFC son limitados, en términos geográficos. En 30 ciudades principales, el proceso de examen de víctimas de violencia sexual o intrafamiliar que aplica el INMLCF funciona bastante bien. No obstante, es común que en los municipios rurales los estudiantes que cumplen su práctica profesional como parte del Servicio Social Obligatorio realicen pruebas médicas forenses. Algunos de ellos tienen escasa formación en violencia de género. Una representante de un organismo de la ONU  que brinda asistencia técnica a Colombia en derechos y salud de la mujer señaló a Human Rights Watch que en los centros académicos la formación en medicina forense es muy limitada, y algunos médicos no están interiorizados con aspectos de anatomía básicos vinculados con este tipo de exámenes. “Esto no forma parte del programa académico universitario... no saben qué buscar” [234] .

Otros defensores y funcionarios también dijeron a Human Rights Watch que no hay suficientes recursos para brindar apoyo psicológico a las víctimas de violencia de género cuando se acercan a presentar una denuncia. Una funcionaria de la Procuraduría General de la Nación en Medellín (que recibe a víctimas desplazadas) contó a Human Rights Watch que la falta de psicólogos en esa institución perjudicaba a las víctimas y dificultaba la labor del personal:

En las delegaciones donde tenemos víctimas, necesitamos psicólogos. Es algo necesario. Yo soy abogada, pero debo actuar como psicóloga [aunque no estoy capacitada para ello]. Las víctimas deben revivir todo [lo que les sucedió] para verificar su denuncia cuando vienen aquí [235] .

Remisiones ineficaces

Para maximizar el acceso a la justicia por parte de mujeres desplazadas que son víctimas de violencia de género, es necesario que funcionarios de otros sectores—incluido el sector de salud— efectúen las remisiones correspondientes. Los centros de salud y los hospitales que atienden a víctimas posiblemente sean la única institución gubernamental en la cual estas confían en un primer momento. La detección de abusos y la remisión que efectúen los proveedores de salud puede incidir significativamente en que las víctimas tengan acceso a la justicia y reciban protección.

En el último capítulo, mostramos que algunas mujeres y niñas desplazadas contaron a Human Rights Watch que habían intentado recibir atención médica tras sufrir lesiones provocadas por hechos de violencia doméstica, pero que no revelaron al proveedor de salud que habían sido víctimas de abuso. Algunas dijeron que el proveedor de salud no indagó sobre la posibilidad de que existiera abuso, y las víctimas regresaron a un entorno de violencia. Según explicó una defensora: “Las mujeres desplazadas en su situación tienen mayor dificultad para acceder a servicios. Pero tienen otras prioridades además de acceder a servicios de justicia donde se examine el hecho de violencia, ya que viven atemorizadas, presionadas y bajo amenaza” [236] . Cuando no se examina a los pacientes para identificar signos de violencia de género, esto implica que las víctimas no serán remitidas al sector de justicia, y los agresores no deberán rendir cuentas por su delito.

En vista de lo anterior, es indispensable que los trabajadores de atención de la salud orienten a mujeres y niñas sobre su derecho a un recurso judicial y el proceso que deben seguir para obtener justicia. De hecho, los diagramas de flujo de la “ruta para la atención de víctimas” de Colombia indican que se trata de un elemento clave de la respuesta a la violencia de género.

No obstante, los proveedores de salud no siempre brindan este apoyo. Sofía V., una mujer desplazada que vive en Bogotá, dijo que procuró obtener tratamiento médico en varias oportunidades, después de que su esposo la golpeara y le dejara lesiones. En un determinado momento, un médico le preguntó por qué no lo denunciaba. Sofía le dijo que estaba casada con una persona maligna y que le preocupaba lo que podría sucederle a sus hijos si lo denunciaba. El médico no indagó más allá de esta respuesta, y tampoco le proporcionó información sobre sus derechos ni la remitió a otros servicios. En vez de ello, Sofía regresó con su esposo y continuó tolerando sus abusos durante años. Finalmente lo dejó en 2011, luego de que le fracturara la nariz durante una de sus golpizas [237] .

Elena L. también toleró durante años los abusos de su pareja, que era miembro de un grupo armado irregular. Luego de tres años de abusos, intentó recibir atención médica cuando sufrió un aborto. Una defensor que trabajó con Elena explicó: “ella se encontraba embarazada por primera vez, a causa de una golpiza sufrió un aborto por muerte fetal. A pesar de los golpes y las marcas en su cuerpo en el Hospital nunca indagaron por lo sucedido” [238] . En el hospital tampoco remitieron a Elena a ningún mecanismo de justicia. Elena regresó a su hogar, donde continuaron las golpizas y las violaciones por parte de su esposo. Durante uno de estos episodios, sufrió un embarazo no deseado.

Algunos profesionales de la salud no remiten a los pacientes al sector de justicia correspondiente ni denuncian ellos mismos los casos debido a que temen por su propia seguridad. Una organización de salud femenina de Cali recibió un pedido del gobierno para que instruyera a profesionales de la salud en seis municipios del Valle de Cauca sobre el protocolo para la atención de víctimas de violencia sexual. Los capacitadores notaron que algunos proveedores se resistían a cumplir los protocolos cuando los agresores eran actores armados. Una de las capacitadoras comentó: “Cuando el agresor es peligroso, no quieren presentar una denuncia formal sobre ningún aspecto, ya sea la violencia sexual o la violencia intrafamiliar” [239] . Indicó asimismo que algunos médicos llegan incluso a denunciar que las lesiones tuvieron otra causa, para evitar verse en la situación de tener que prestar su testimonio en el marco de una investigación o proceso [240] . Si bien desconoce cuál es exactamente la magnitud del problema, la capacitadora sabe que esto sucede en algunos casos, y que en esos casos las mujeres no son remitidas al sector judicial como correspondería.

Los costos de acudir a la justicia

Si bien el gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas para limitar los costos asociados con acudir a la justicia luego de hechos de violencia de género, estos continúan siendo prohibitivos para las mujeres y niñas más pobres, incluidas aquellas que además han sido desplazadas. Según comprobó Human Rights Watch, numerosos defensores, funcionarios y víctimas coincidían en que uno de los obstáculos que se interponían a la posibilidad de justicia en casos de delitos de género eran los costos de transporte para las víctimas y testigos, y en algunos casos también los vinculados con la aportación de pruebas. Paola E., quien fue víctima de violencia intrafamiliar y es madre de una niña que sufrió violencia sexual, manifestó al respecto: “ser víctima es muy caro” [241] .

En la mayoría de las ciudades y localidades, las víctimas de violencia de género deben afrontar los gastos de transporte hasta las estaciones de policía, fiscalías, tribunales y otras instituciones judiciales. Las mujeres y niñas desplazadas con frecuencia viven en sitios alejados de los centros urbanos, donde se encuentran gran parte de las instituciones judiciales, y deben recorrer largas distancias a un alto costo. Debido a que entre las mujeres desplazadas hay altos índices de pobreza, pagar el trasporte público hasta estos sitios puede resultar difícil. Además, estas mujeres tienen otra limitación económica que se produce al tener que restar tiempo de actividades que generan ingresos para concretar estos viajes. Muchas de ellas incluso se ven obligadas a pagar para que alguien cuide a sus hijos mientras están de viaje, o solventar gastos adicionales de transporte para llevar a sus hijos con ellas.

Alejandra C., quien tuvo dificultades para afrontar el costo de intentar obtener justicia luego de que su hija fue violada sexualmente en mayo de 2011, contó a Human Rights Watch: “La Fiscalía está en un [barrio que no es donde yo vivo]. Tardo más de una hora. Me cuesta cerca de 1.500 pesos (aproximadamente US$ 0,80) el pasaje de ida en un minibus. Pero a veces si los niños regresan de la escuela tengo que estar en casa antes y debo tomarme un taxi. Los taxis son más caros, cuestan 20.000 pesos (más de US$ 10). Si los niños están conmigo, no voy [a la fiscalía]. Cuando sí lo hago, necesito dinero para comida y bebidas” [242] . Otra mujer dijo que tenían que pagar el transporte para prestar testimonio, o para traer a testigos a declarar durante las investigaciones [243] .

La falta de coordinación en las remisiones puede significar mayores costos de transporte para las víctimas. El propósito de los centros de servicios integrados, CAIVAS y CAVIF, es reducir la cantidad de viajes que deben efectuar las víctimas para recibir servicios. No obstante, en la mayoría de las ciudades las víctimas aún afrontan los costos de transporte hasta estos centros y otras instituciones, como las sedes donde se realizan pruebas médicas forenses. Un fiscal contó a Human Rights Watch que algunas víctimas no están en condiciones de pagar el viaje hasta el INMLCF [244] . Medellín es una excepción a esta situación, ya que el CAIVAS de esa ciudad cuenta con un vehículo para trasladar a víctimas. Sin embargo, este vehículo no es suficiente para dar transporte a todas las víctimas [245] . En Cartagena, el CAIVAS y el CAVIF funcionan en el mismo edificio, pero las víctimas deben pagar el transporte hasta el edificio del INMLCF [246] .

Algunos funcionarios entregan a las víctimas su propio dinero para ayudarlas. Por ejemplo, el CAIVAS en Medellín realiza colectas de fondos entre el personal para pagar los gastos de transporte de víctimas que no pueden hacerlo, e incluso para comprar refrigerios a aquellas que deben permanecer varias horas en el centro mientras se procesa la denuncia [247] .

Otras víctimas también comentaron a Human Rights Watch que les resultaba difícil afrontar el costo vinculado con la aportación de pruebas en sus casos [248] . Dolores G. dijo que en 2003 tuvo que pagar para mecanografiar su declaración, para lograr que el fiscal aceptara su denuncia:

Cuando finalmente decidí dejar a mi esposo... hablé con una amiga y ella aceptó alojarme. Me dio dinero para ir a la fiscalía. Cuando llegué, dijeron que no podía presentar una denuncia porque no había donde escribirla. Tuve que ir a un rincón donde había un extraño y pagarle para que tipiara lo que yo iba a decirle al fiscal [249] .

Una destacada defensora de los derechos de la mujer, cuya organización ha trabajado con cientos de víctimas, dijo que este problema sigue siendo habitual:

La situación económica de la víctima es importante. [A menudo la víctima] no tiene medios económicos para llevar un seguimiento de la causa, es decir, contratar un abogado, presentar pruebas y testigos, e incluso peritos. Si quieres que el sistema de justicia funcione, como víctima del delito tienes que hacer todo eso [250] .

Temor a represalias

Varias mujeres y niñas desplazadas contaron a Human Rights Watch que el temor a que quienes las habían violado o sus esposos abusivos tomaran represalias demoraba o directamente frustraba su decisión de denunciar la violencia. Una mujer comentó a Human Rights Watch que incluso después de denunciar lo sucedido continúa sintiéndose atemorizada y tal vez retire los cargos [251] .

Las mujeres y niñas desplazadas se han visto obligadas a abandonar su hogar a causa de experiencias aterradoras, en muchos casos en comunidades donde hay grupos armados que ejercen amplia influencia y control social. En estos sitios—especialmente donde hay presencia de paramilitares o grupos sucesores— puede suceder que las mismas autoridades que reciben denuncias de delitos tengan vínculos con los presuntos responsables [252] . Las mujeres y niñas desplazadas, que ya no confían en las autoridades, pueden dudar de que el proceso de denuncia sea seguro, incluso en las ciudades a las cuales se han trasladado o en relación con delitos ocurridos con posterioridad al desplazamiento.

El temor a represalias es particularmente profundo entre mujeres que creen haber sido agredidas por miembros de grupos armados irregulares, y entre aquellas que conviven con esposos abusivos. A fines de 2009, Socorro Y., una mujer desplazada de 40 años, fue violada en Bogotá por hombres armados que, según cree, mantendrían vínculos con grupos sucesores de los paramilitares. Dice que prefirió no presentar una denuncia formal del delito porque quienes la violaron amenazaron con matarla: “No denuncié porque sentía vergüenza y temor, y porque dijeron que me matarían. Pensé en mis hijos” [253] . Socorro cree que algunos grupos armados irregulares mantienen vínculos con la policía, y que denunciar la violencia solamente la expondría a que la situación de riesgo se agrave.

Paloma L. llamó a la policía luego de ser violada por hombres armados en las afueras de Medellín, en marzo de 2012. Cuando la policía llegó se sentía atemorizada, y les dijo que había sido un error llamar para denunciar la violación. Paloma afirma que los policías dijeron que tenía razón. “Primero me indicaron que fuera a la fiscalía a presentar una declaración, y luego se fueron. No me hicieron preguntas acerca de quién lo había hecho”, dijo [254] . Al analizar la reacción de los policías, que no le dieron garantías sobre su seguridad, decidió no denunciar el caso a la fiscalía.

Gloria L., una mujer que fue violada por un grupo de hombres armados en 2012, y que a raíz de este hecho quedó embarazada, también decidió que era demasiado peligroso denunciar la violación. Dijo sobre lo sucedido:

El temor es inmenso. No puedes imaginártelo. No quiero morir. Matan a las personas de un modo espantoso. Eso es lo más preocupante: descuartizan a las personas. Más de 10 mujeres fueron asesinadas por denunciar que fueron violadas. Y luego, mataron a sus hijos. Eso es lo que [los agresores] me dijeron [después de violarme] [255] .

Dulcea A., una mujer indígena de 45 años en situación de desplazamiento, que además fue víctima de violencia doméstica, intentó por distintos medios que consideraran seriamente su caso y, luego de radicar una denuncia vivía constantemente atemorizada. Presentó una denuncia penal contra su esposo por abuso físico por primera vez en 2005 [256] . Contó a Human Rights Watch que, si bien dejó a su esposo, este comenzó a llevar un arma, machetes o incluso piedras, y cuando la encontraba la amenazaba con estas armas. Cada vez que la amenazaba, Dulcea presentaba una denuncia. “Presenté denuncia, tras denuncia, tras denuncia... siento como si hubiera hecho la denuncia mil veces”, dijo a Human Rights Watch [257] . Recién en diciembre de 2011, cuando su esposo ingresó forzando la puerta, se tomaron acciones en la causa, y fue puesto en prisión preventiva hasta que comenzara el juicio [258] . Si bien aún continúa encarcelado, no está segura de que al final se haga justicia. Su abogado sigue llamándola por teléfono a su casa, le dice que es una mala mujer por haber encarcelado al padre de sus hijos y la presiona para que retire los cargos [259] . “Para mí, no existía una ley verdadera”, dijo Dulcea a Human Rights Watch [260] . Aún no retiró los cargos, pero se siente atemorizada. “Es una persona que ha matado gente”, expresó a Human Rights Watch. “Formó parte de un grupo armado ilegal. La ley no sabe cuán mala persona es verdaderamente. Durante 16 años, he tolerado la situación... ‘Deja que regrese a casa’, dice el abogado, pero no voy a hacerlo” [261] .

Algunas mujeres que dialogaron con Human Rights Watch habían sufrido violencia sexual casi una década atrás, pero recién se atrevieron a presentar una denuncia formal recientemente, a raíz de la Ley N.° 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Para algunas de esas mujeres, esta postergación podría llevar a que los responsables no sean juzgados. Por ejemplo, Ana E. fue violada por paramilitares en 2001, y fue además víctima de desplazamiento forzado. Durante los años siguientes, su esposo abusó físicamente de ella y la culpaba por la violación, asegurando que seguramente había buscado lo que le sucedió [262] . Debido a este abuso, y al temor a represalias, Ana esperó 10 años para presentar una denuncia formal sobre el delito. Cuando acudió a la Fiscalía General para radicar una denuncia en mayo de 2011, la fiscal que tomó su declaración la felicitó por atreverse a contar lo sucedido. Sin embargo, no remitió a Ana al INMLCF para que efectuaran pruebas, ya que había transcurrido demasiado tiempo. En enero de 2012, la fiscal pidió a Ana que aportara una lista de testigos. “Le dije ‘mis testigos son los paramilitares que me violaron, es todo lo que tengo’”, contó Ana a Human Rights Watch [263] . Pero ella no sabe cuáles son sus nombres, sino que solamente conoce sus rostros. Ana cree que, al no haber testigos, su caso está predestinado a no prosperar. Si bien sería difícil impulsar un caso de este tipo incluso en sistemas jurídicos que funcionan de manera óptima, le resulta desalentador que, pese a haberse animado a superar el temor, igualmente no haya ningún resultado.

Muchas víctimas de violencia doméstica dijeron además que temían que tanto ellas como sus hijos pudieran sufrir represalias de sus esposos si denunciaban el abuso. Marlise L., quien fue víctima de violencia de género y es ahora líder en su comunidad, integrada por personas desplazadas que viven en Cartagena, dijo a Human Rights Watch:

Donde vivo hay mucha violencia intrafamiliar. Hay programas, pero la gente no va porque tiene miedo. El temor es un gran obstáculo que frena a quienes piensan en denunciar... Las mujeres aceptan que cuando cuenten lo sucedido, nadie de afuera las ayudará y esto agravará su inestabilidad [264] .

Un estudio de 2011 efectuado por Profamilia comprobó que son pocas las víctimas de violencia de género en Colombia que cuentan lo sucedido a las autoridades [265] . Mientras el 45 por ciento de las mujeres encuestadas que habían sufrido violencia física procuraron obtener ayuda de amigos o familiares, fueron muchas menos las que denunciaron la violencia a las autoridades. Entre las mujeres desplazadas encuestadas, solamente cerca del 25% informaron a las autoridades sobre la violencia padecida [266] . En general fueron las mujeres desplazadas, en mayor proporción que la población general, quienes confesaron que el temor a sufrir nuevos abusos o a la separación las disuadía de formular denuncias [267] .

El temor a la separación puede comprender el supuesto en que las mujeres son separadas de sus hijos, cuando su custodia es asignada a otras personas para garantizar su protección. Algunas de las mujeres y niñas desplazadas que hablaron con Human Rights Watch contaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) había reubicado a sus hijos durante un tiempo después de que denunciaron hechos de violencia intrafamiliar o sexual. Si bien es importante que se adopten medidas de protección infantil, incluida la separación temporaria de sus padres cuando resulta necesario, el temor a perder a sus hijos y que sean puestos bajo la custodia de terceros hace que algunas mujeres posterguen la decisión de denunciar actos de violencia intrafamiliar, o directamente no lo hagan.

Lucía M. afirma que se escondió de su esposo junto con sus hijos por más de 18 meses, durante los cuales estuvo en un hogar de acogida municipal en Medellín, desde 2010. Cuando dejó de reunir los requisitos para poder permanecer en el hogar, tuvo que mudarse a otro sitio. Según afirma, no pudo conseguir alojamiento adecuado ni consiguió un trabajo permanente, y entonces el ICBF puso a sus hijos bajo custodia de terceros [268] . Lucía no sabe cómo hará para recuperarlos:

El ICBF se llevó a mis seis hijos porque no tengo donde vivir. Tengo que trabajar para que me devuelvan a mis hijos. Necesito una casa amplia, porque dicen que en la casa [que alquilo actualmente] no hay suficiente espacio... Pasé del campo a vivir aquí. No sé casi nada. ¿Cómo voy a conseguir un empleo? Sin un empleo, no puedo recuperar a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? No lo sé... [269] .

Lucía dijo que a veces se pregunta si no estaría mejor si no hubiera denunciado el abuso [270] .