I. Violencia de género y desplazamiento

Uno escucha que en Colombia las leyes son buenas, y luego uno descubre la verdad y se da cuenta de que no son más que papel.

—Olga M., mujer desplazada y víctima de violencia de género, Cali, mayo de 2012.

La violencia de género no afecta únicamente a mujeres y niñas desplazadas en Colombia, pero sí supone para ellas consecuencias mucho más profundas. Los datos disponibles sugieren en forma clara que esta violencia tiene mayor prevalencia entre este grupo que entre la población que no ha sido desplazada. Diversos estudios (detallados más adelante) han concluido que es más común que las mujeres desplazadas sufran incidentes de violación sexual y otros abusos físicos por sus esposos y otras personas, en comparación con las mujeres que no están en situación de desplazamiento. En general, la mayoría de las mujeres y niñas desplazadas viven en condiciones de extrema desigualdad socioeconómica. Esto agrava el riesgo al cual están expuestas y representa un obstáculo para su acceso a servicios del gobierno cuando son víctimas de actos de violencia de género.

Condiciones de desplazamiento

Junto con Sudán e Irak, Colombia es una de las regiones del mundo con mayor población de desplazados. La mayoría de las estadísticas estiman que este grupo representa casi el 10 por ciento de la población total [5] . Los cálculos sobre el tamaño total de la población desplazada son diversos: mientras el gobierno habría registrado cerca de 3,9 millones [6] de personas desde 1997, una importante ONG colombiana informa que desde 1985 hay casi 5,5 millones de personas desplazadas [7] . Esta última cifra incluye a personas que no han sido incorporadas al registro de desplazados internos del gobierno (anteriormente denominado Registro Único de la Población Desplazada, RUPD, y que ahora se ha combinado con el registro general de víctimas del gobierno, el Registro Único de Víctimas, creado por la Ley N.º 1448 de 2011).

Si bien hay datos del gobierno que indican que los índices de nuevos desplazamientos se han reducido en los últimos años, continúan siendo elevados: el gobierno registró a 143.116 [8] personas como nuevos desplazados durante 2011, mientras que CODHES, una renombrada organización de la sociedad civil colombiana, informó 259.146 [9] nuevos desplazamientos durante ese mismo año.

Varios estudios han comprobado que entre las personas desplazadas el nivel de educación y alfabetismo es inferior al de la población general [10] . Por ejemplo, un estudio efectuado en el departamento del Valle del Cauca determinó que en 2008 y 2009 más del 50 por ciento de las mujeres desplazadas en la región tenían cinco años de escolaridad o menos, y el 6 por ciento no había recibido ningún tipo de educación formal [11] . En ese mismo departamento, el promedio de escolaridad de la población general entre 20 y 34 años era de 10 años [12] . Un menor nivel de escolaridad implica un mayor índice de analfabetismo. El Departamento para la Prosperidad Social calcula que el índice de analfabetismo entre los jefes de hogar desplazados sería cercano al 20 por ciento [13] , mientras que a nivel nacional la tasa total de analfabetismo es del 6,3 por ciento entre las personas de 15 años o mayores [14] .

Un amplio porcentaje de la población desplazada son personas indígenas y afrocolombianas, y esto podría suponer para algunas personas desplazadas un nivel adicional de discriminación. El gobierno calcula que, en noviembre de 2011, había 105.818 desplazados internos que eran indígenas, y 383.924 eran “negros o afrocolombianos” [15] . No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil calculan que la cifra real podría ser muy superior, y que la discrepancia posiblemente se deba a que el nivel de registro es inferior entre las personas indígenas y afrocolombianas. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado establecida por la Corte Constitucional calcula que en 2010, el 22 por ciento de los desplazados internos eran afrocolombianos, y el 6,1 por ciento eran indígenas [16] . Asimismo, mientras las cifras del gobierno apuntan a una tendencia nacional de menores desplazamientos desde 2006, el número de desplazados internos entre afrocolombianos alcanzó su mayor nivel en 2007 y 2008 [17] .

La Comisión de Seguimiento determinó en 2010 que solamente el 11 por ciento de las personas desplazadas que tenían empleo percibían el salario mínimo establecido por el gobierno, y que casi el 60 por ciento cobraba menos de la mitad de esa cantidad, una situación que entre las mujeres víctimas de desplazamiento interno alcanzaba incluso al 68 por ciento [18] . A su vez, las personas desplazadas tienen más del doble de probabilidades de vivir por debajo de la línea de la pobreza que la población general. Según esta comisión, en 2010 el 97,6 por ciento de las familias desplazadas que estaban registradas y el 96 por ciento de aquellas no registradas percibían ingresos por debajo de la línea de la pobreza, mientras que entre la población general esta proporción era del 45 por ciento (según datos del mismo estudio y en esa misma fecha) [19] . La cantidad de personas en condición de extrema pobreza entre las poblaciones desplazadas es aun mayor y en 2010 casi el 79 por ciento de las familias registradas como desplazadas vivían por debajo de la línea de la pobreza extrema, a diferencia de tan sólo el 17 por ciento entre la población general. Los índices de pobreza extrema entre los hogares integrados por personas desplazadas y que están a cargo de mujeres era incluso superior, y alcanzaba al 86 por ciento [20] .

Las condiciones de vida son también difíciles para numerosas familias desplazadas. Si bien el gobierno ha subsidiado y construido, en ciertos casos, viviendas para poblaciones desplazadas en algunas ciudades, muchas familias desplazadas viven hacinadas en viviendas precarias ubicadas a gran distancia de escuelas, centros de salud, mercados de alimentos y centros urbanos. Conforme señala un estudio de 2009, tan sólo el 5,5 por ciento de los hogares desplazados que han sido registrados por el gobierno viven en viviendas decentes [21] .

Más de la mitad de quienes han sido registrados como desplazados en Colombia son mujeres, incluidas mujeres adultas, adolescentes y niñas [22] . Aproximadamente el 50 por ciento de los grupos familiares que han sido desplazados están a cargo de mujeres, una proporción que duplica el promedio nacional [23] . Muchas de las mujeres y niñas desplazadas con quienes habló Human Rights Watch se identificaron como jefas de hogar, pero tenían problemas para encontrar empleo formal en las ciudades a las cuales habían tenido que trasladarse. Una gran cantidad de estas mujeres tenían empleos inestables y mal remunerados, como trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, artesanas o recicladoras [24] . Una mujer dijo que se desempeñaba como trabajadora sexual para mantener a su familia [25] .

Además de los desafíos que supone a diario el desplazamiento, las mujeres y niñas desplazadas se enfrentan a un grave riesgo de sufrir otra experiencia traumática: la violencia de género. Si bien todas las mujeres de Colombia están potencialmente expuestas al riesgo de la violencia de género, el problema se manifiesta con mayor intensidad entre las mujeres y niñas desplazadas.

Alcance de la violencia de género, en Colombia en general y en relación con el conflicto y el desplazamiento

La violencia de género es un problema extendido en toda Colombia. Cada cinco años, Profamilia (una organización de salud colombiana) celebra a pedido del gobierno la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) en colaboración con varios organismos internacionales, como USAID, y con entidades gubernamentales. La encuesta, que alcanza a cerca de 50.000 hogares e incluye preguntas sobre violencia intrafamiliar y sexual entre la población general, ha relevado altos índices de violencia.

Entre 2005 y 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) efectuó casi 420.000 exámenes forenses a víctimas de violencia intrafamiliar [26] . Conjuntamente con el sector de salud, durante 2011 el INMLCF realizó aproximadamente 19.000 exámenes a víctimas femeninas de violencia sexual, una cantidad mayor respecto de las menos de 17.000 que se practicaron en 2010. Según el INMLCF, el índice total de casos de violencia sexual aumentó un 11 por ciento desde 2010 y alcanzó el promedio más alto en 10 años, con 49 cada 100.000 habitantes [27] .

Ni la ENDS ni el INMLCF distinguen si los encuestados o víctimas son personas desplazadas, o si los hechos de violencia estuvieron vinculados con el conflicto. El INMLCF ha reconocido que se sabe muy poco sobre la verdadera dimensión de la violencia sexual sufrida por mujeres y niñas en relación con el conflicto y el desplazamiento [28] . En junio de 2012, el Instituto Nacional de Salud puso en marcha un programa de información sobre salud pública [29] . El programa exige que los establecimientos médicos informen el tratamiento de casos de violencia sexual o intrafamiliar como un problema de salud pública, del mismo modo que los mecanismos de información que se aplican a algunas enfermedades transmisibles. La información se presenta desglosada e identifica los casos vinculados con el conflicto [30] .

Si bien es difícil determinar la magnitud de la violencia de género asociada con el conflicto y los desplazamientos en Colombia debido a que algunos casos no se informan y a los problemas en la recolección de datos por el gobierno, diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos independientes han efectuado sus propios estudios. Varias investigaciones independientes sugieren de manera vehemente que existe un alto índice de hechos de violencia vinculados con el conflicto, y que las mujeres y niñas desplazadas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género que otros sectores de la población. Un estudio efectuado en 2011 por Profamilia y USAID que analizó específicamente la salud sexual y reproductiva de dos comunidades marginadas ─ personas pobres y desplazadas— comprobó que los índices de violencia intrafamiliar y sexual entre mujeres desplazadas eran superiores a los informados en la ENDS respecto de la población general [31] . La encuesta determinó que casi el 48 por ciento de las mujeres desplazadas que habían estado casadas o en pareja informaron haber sufrido violencia a manos de sus parejas íntimas [32] . Más del 9 por ciento de las mujeres desplazadas informaron haber sido violadas por una persona distinta a su pareja [33] . Estos datos contrastan con el 37 por ciento de las mujeres entre la población general que estaban o habían estado casadas o en pareja y que, conforme a la ENDS de 2010, habían sufrido violencia física a manos de sus parejas, y con casi el 10 por ciento que indicó que esta violencia implicó violación sexual [34] . Casi el 6 por ciento de las mujeres relevadas entre la población general dijeron que habían sido violadas por una persona distinta a su esposo o pareja en ese momento [35] .

El estudio más amplio sobre violencia vinculada con el conflicto—que examinó actos de violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y esterilización forzada— fue un relevamiento efectuado por Intermón Oxfam, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, incluida Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Fundsarep y Vamos Mujer [36] . En forma conjunta, y a partir de entrevistas realizadas a 2.693 mujeres, efectuaron el primer estudio sobre prevalencia de la violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto en los años 2001 a 2009. El estudio, divulgado en 2011, determinó que en 407 municipios donde tenían presencia grupos armados, el 17,6 por ciento de las mujeres, es decir, casi medio millón de mujeres, eran víctimas directas de violencia sexual [37] . La muestra se tomó en forma aleatoria y sistemática e identifica a una cantidad reducida de municipios que se incluyen en la encuesta, pero luego las estadísticas pueden ser extrapoladas a la población general que vive en los 407 municipios del área de estudio. Este cálculo es levemente superior al de un estudio más acotado efectuado en 2008 por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que se basó en una muestra de conveniencia sobre cuatro municipios y cerca de 2.000 encuestados, y comprobó que casi el 16 por ciento de los participantes indicaban haber sido víctimas de violencia sexual [38] .

Otros estudios sobre departamentos o municipios específicos también concluyeron que entre las mujeres y niñas desplazadas se observan mayores índices de violencia de género. Por ejemplo, un estudio reducido sobre 98 mujeres desplazadas en el departamento del Valle del Cauca efectuado entre 2009 y 2010 comprobó que el 38 por ciento de las encuestadas afirmaron haber sido víctimas de relaciones sexuales forzadas, y el 51 por ciento indicaron que habían sufrido agresiones sexuales [39] . Otro estudio sobre 187 mujeres de Bogotá y de los departamentos de Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Tolima y Valle de Cauca determinó que en algunas regiones entre el 50 y el 88 por ciento de las mujeres habían sido víctimas de violencia intrafamiliar luego del desplazamiento [40] . Ese mismo estudio comprobó que una proporción de hasta el 58 por ciento de las mujeres de esas regiones habían sido víctimas de violencia sexual desde el desplazamiento [41] .

El desplazamiento exacerba los efectos de la violencia de género

Si bien cualquier víctima de violencia de género en Colombia podría enfrentarse a obstáculos al procurar obtener justicia o acceder a servicios tras sufrir un hecho de violencia, las mujeres y niñas desplazadas deben lidiar con obstáculos vinculados específicamente con el desplazamiento. La Corte Constitucional ha identificado al menos 18 aspectos diferentes del desplazamiento forzado que afectan de manera particular a las mujeres [42] . La Corte identificó patrones estructurales de violencia de género y discriminación que se agravan a causa del desplazamiento, además de problemas específicos que afrontan las mujeres debido a su mayor vulnerabilidad y que no afectan a las mujeres que no han sido desplazadas [43] . También comprobó que, de por sí, el desplazamiento supone mayores obstáculos para el acceso a la atención de la salud [44] . El Representante Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas observó en su informe sobre Colombia que la violencia doméstica y otras formas de violencia de género se agravan considerablemente durante los conflictos y, cabe suponer también, durante los desplazamientos [45] .

Las difíciles condiciones generadas por el desplazamiento, sumadas al alto riesgo de violencia, hacen que exista una necesidad particularmente urgente de que las mujeres y niñas desplazadas puedan acceder a servicios. No obstante, debido a su mayor vulnerabilidad, las mujeres y niñas desplazadas tienen dificultades para acceder a estos servicios. Las mujeres y niñas desplazadas a menudo llegan a nueva zonas urbanas con escasas pertenencias y sin ningún contacto. Ana María, una mujer de 27 años que debió desplazarse hacia Bogotá acompañada solamente por sus hijos pequeños, contó a Human Rights Watch: “Si te dan 24 horas para irte [de tu casa], no demoras 24 horas en irte. Te vas con lo que tienes a mano” [46] . Con frecuencia se reubican en comunidades marginadas, en la periferia de centros urbanos. Algunas deben enfrentar la estigmatización asociada con el desplazamiento [47] .

Cuando las mujeres y niñas desplazadas necesitan acceder a servicios del gobierno en Colombia, deben esforzarse para conseguirlos. Un órgano de la ONU  creado en virtud de tratados y que controla el desempeño de Colombia conforme a la CEDAW comprobó que las cabezas de familia están “en situación de desventaja y [...] vulnerables en lo que respecta al acceso a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo y otras oportunidades económicas, así como en peligro ante todas las formas de violencia” [48] . Tal como fue explicado a Human Rights Watch por una representante de Profamilia que coordina los programas de salud destinados a mujeres desplazadas, cuando una de estas mujeres es cabeza de familia, vive sola en una comunidad en la periferia de una gran ciudad, no tiene dinero y tiene seis hijos, puede ser difícil ir hasta un hospital [49] . Asimismo, lo más probable es que el temor a sufrir nuevos abusos provoque que estas mujeres se abstengan de denunciar casos de violencia de género a las autoridades [50] .