Resumen

En la actualidad, hay en Colombia cerca de cuatro millones de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar debido a violencia y abusos aberrantes asociados a un conflicto armado interno que ya tiene casi cinco décadas. Para muchos, el sufrimiento no termina después de que dejan su hogar. Deben comenzar una nueva vida en ciudades que no conocen, con pocos recursos y casi sin apoyo. Viven ahora en casas precarias en barrios peligrosos, afectados por altos índices de desempleo y servicios públicos limitados, y se enfrentan a la amenaza de violencia por parte de grupos armados, que a veces son los mismos por los cuales tuvieron que escapar.

A menudo, esta difícil situación se ve exacerbada por otro grave problema relacionado con los derechos humanos: la violencia de género. En Colombia, cada hora se producen en promedio nueve actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Según una encuesta de 2010 financiada  parcialmente por el Estado, el 37 por ciento de las mujeres colombianas afirman sufrir violencia por parte de sus parejas. En el caso de las mujeres y niñas desplazadas, las pruebas señalan de manera contundente que la prevalencia de este y otros tipos de violencia de género es incluso mayor y, de acuerdo con una encuesta de USAID y Profamilia, afecta a casi una de cada dos mujeres desplazadas. La Corte Constitucional colombiana observó que los patrones de violencia y discriminación en la sociedad colombiana se ven “potenciados y degenerados por el [desplazamiento], impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas”.

En los últimos años, Colombia ha conseguido avances importantes en la adopción de un marco jurídico y de políticas públicas que proteja a mujeres y niñas de la violencia de género y promueva el derecho a la salud y la justicia de quienes sobreviven a estos hechos, si bien aún subsisten algunas deficiencias en materia de garantías jurídicas. En 2008, el Congreso sancionó una de las leyes más exhaustivas sobre violencia contra las mujeres en la región. Ese mismo año, la Corte Constitucional ordenó a varios ministerios que abordaran el problema de la violencia de género contra las mujeres y niñas desplazadas. En 2011, el gobierno emitió una serie de reglamentaciones para implementar las leyes y los pronunciamientos judiciales, y desarrolló una “ruta para la atención de víctimas”, con amplio alcance, a fin de asegurar que los proveedores de servicios puedan orientar a las víctimas de violencia de género sobre todos los servicios que se ofrecen como parte de la respuesta integral y multisectorial del gobierno a este problema, incluidos servicios de salud, justicia, protección y apoyo psicosocial.

A efectos de determinar si este marco jurídico y la ruta de atención han ayudado significativamente a personas desplazadas que son víctimas de violencia de género, Human Rights Watch llevó a cabo un trabajo de campo en cuatro ciudades importantes de Colombia y entrevistó a 80 mujeres y niñas desplazadas que, casi en su totalidad, habían sido víctimas de violencia de género. Estos hechos incluían desde violaciones individuales y colectivas por miembros de grupos armados, hasta la violencia y la violación sexual por parte de esposos o parejas. También entrevistamos a 46 funcionarios gubernamentales y profesionales de la atención de la salud, además de 65 defensores de derechos humanos, proveedores de servicios y otros representantes de la sociedad civil que han trabajado extensamente con víctimas.

Nuestra investigación reveló que, cuando su aplicación es adecuada, las rutas de atención y el marco jurídico pueden ser sumamente efectivos, en tanto permiten que funcionarios gubernamentales ayuden a que las víctimas de violencia de género desplazadas puedan acceder a la justicia y a los servicios de salud. Sin embargo, en los casos examinados por Human Rights Watch, en general tanto el marco como las rutas de atención no se aplican adecuadamente, las víctimas no reciben la atención médica que por derecho les corresponde y los responsables no son llevados ante la justicia.

Obstáculos a la atención médica

Cuando se producen hechos de violencia sexual o doméstica, es fundamental asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y oportunos, tanto para el bienestar de las víctimas como para recabar las pruebas forenses necesarias para juzgar a los responsables. No obstante, los servicios a los cuales acceden las personas desplazadas que son víctimas de violencia de género en Colombia con frecuencia no reúnen en la práctica tales características.

Las entrevistas efectuadas por Human Rights Watch a mujeres, proveedores de salud, defensores y funcionarios revelaron que existe un espectro desalentador de obstáculos para el acceso de las víctimas a servicios médicos. Entre estos obstáculos se pueden mencionar establecimientos de salud que no implementan debidamente las leyes y políticas relevantes, lo cual redunda en un examen inadecuado para la identificación de signos de violencia de género, maltrato de víctimas y la negación o demora arbitraria en la prestación de servicios esenciales. En algunos casos, las víctimas de violación sexual dijeron que sólo pudieron programar turnos médicos mucho tiempo después del plazo dentro del cual resultarían efectivos los tratamientos para evitar el embarazo o la infección por VIH. En otros, las pruebas forenses fueron recogidas demasiado tarde, cuando ya no quedaban evidencias físicas del delito.

Otro obstáculo fundamental es el desconocimiento generalizado sobre los servicios médicos obligatorios, tanto entre las mujeres y niñas destinatarias de tales servicios como, peor aún, entre funcionarios y profesionales de la salud responsables de brindarlos. El propósito de la “ruta para la atención de víctimas” fue justamente superar esta falta de conocimiento por parte de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, el desconocimiento que existe entre funcionarios y profesionales impide que la ruta funcione como debería. Dado que no reciben formación adecuada sobre cómo actuar ante casos de violencia de género—pese a que la ley establece la obligatoriedad de esta capacitación—los trabajadores de atención de la salud no remiten a las víctimas a los servicios que necesitan.

Para muchas mujeres y niñas desplazadas, los obstáculos causados por un servicio deficiente y la falta de información se ven agravados por las precarias condiciones en que viven. A diferencia de la población general, a menudo no conocen suficientemente las instituciones y los proveedores de servicios de salud que existen en los lugares donde se han reubicado, tienen menos dinero para solventar gastos de transporte y sienten un mayor temor ante la posibilidad de represalias de sus victimarios si solicitan atención.

Obstáculos a la justicia

Nuestras entrevistas también revelaron la existencia de una variedad de obstáculos para las mujeres y niñas desplazadas que procuran obtener justicia luego de un hecho de violencia de género, tales como el maltrato de algunas autoridades, las dificultades probatorias y el temor a represalias.

Varias mujeres y niñas desplazadas informaron a Human Rights Watch que los policías y fiscales no habían atendido sus casos seriamente. Por ejemplo, Dolores G. contó a un fiscal que cuando su esposo (que había abusado de ella durante años) amenazó con golpear a su hijo, le pidió que en vez de agredir al niño la golpeara a ella, y que su esposo hizo lo que le pedía. La respuesta del fiscal fue: “Usted dijo ‘golpéame’, y él lo hizo. ¿Qué pretende que yo haga?”. El fiscal no adoptó ninguna medida. Otra mujer contó que los investigadores parecían tener dudas sobre la denuncia presentada por una amiga que había sido violada, y que le dijeron al respecto: “Pero si realmente no tiene tan buen cuerpo”.

Según informaron otras personas, les habrían dicho que no se iniciarían acciones penales en sus casos a menos que presentaran pruebas físicas del abuso, lo cual en algunos casos fue imposible debido a demoras en el acceso a los exámenes forenses. Si bien el derecho colombiano permite llevar a cabo investigaciones penales sobre la base de pruebas no físicas, varios funcionarios judiciales y defensores de derechos que trabajan con víctimas de violencia de género informaron que es habitual que los fiscales rechacen abrir estos casos, instalando así una práctica que contribuye a que mujeres y niñas renuncien a la justicia.

Deficiencias de la asistencia humanitaria y las medidas de protección

El gobierno colombiano ha establecido medidas de asistencia humanitaria para las familias desplazadas, así como medidas de protección innovadoras destinadas a víctimas de violencia de género y líderes de derechos humanos. Estos programas brindan apoyo esencial—incluso vital—a personas desplazadas, víctimas de violencia y personas expuestas a riesgo de violencia. Sin embargo, las mujeres desplazadas, al igual que los defensores de derechos y proveedores de servicios, identificaron deficiencias en su implementación que merecen ser abordadas.

Con respecto a la asistencia humanitaria, el gobierno colombiano brinda a las familias desplazadas alimentos, vivienda y otros beneficios. Para poder solicitarlos, las familias deben inscribirse como una unidad y consignar como referencia el nombre de un suscriptor principal, quien luego en la práctica controla el acceso de la familia a estos beneficios. Cuando el suscriptor principal es el esposo, como sucede a menudo, las víctimas de violencia doméstica a veces creen que deben optar entre permanecer en un hogar abusivo o perder beneficios indispensables. Dulcea A., por ejemplo, dijo que toleraba las golpizas de su esposo luego de que fueron desplazados, pero que lo dejó cuando violó sexualmente a su hija. A causa de esto, perdió su vivienda y la ayuda alimentaria, entre otros tipos de asistencia.

Si bien las mujeres pueden intentar modificar su inscripción después de que toman la decisión de abandonar a un esposo abusivo, varias víctimas de violencia de género que procuraron hacerlo contaron a Human Rights Watch que el proceso era lento y a veces no llegaba a completarse.

Existen varias normas sobre violencia de género que prevén medidas de protección para estas víctimas. Las víctimas pueden iniciar un proceso para solicitar que se dicten medidas de protección a través de distintos organismos gubernamentales, incluidos funcionarios municipales, comisarios de familia, juzgados o fiscales. Pero lamentablemente, el sistema no siempre funciona de manera eficiente.

Desde 1997, Colombia cuenta además con una unidad especializada adscrita al Ministerio del Interior, encargada de proteger a defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Se trata del programa de este tipo más avanzado de la región. Luego de años de problemas y fuertes críticas, en 2011 esta unidad de protección implementó profundas reformas. No obstante, varias líderes dijeron a Human Rights Watch que el sistema aún presenta problemas. Un reclamo común entre las líderes es que en la práctica el programa no se extiende a sus familias, si bien Human Rights Watch espera que las reglamentaciones adoptadas en mayo de 2012 ofrezcan un principio de solución a este problema.

Casos representativos

• Lucía M., de 37 años, escapó de una pequeña comunidad rural donde vivía en Antioquia con su esposo y sus seis hijos después de que miembros de un grupo armado amenazaron a su hijo cuando este se negó a ser reclutado por el grupo en 2010. Su esposo la había maltratado anteriormente; era un hombre violento, y dos de sus embarazos se produjeron cuando la obligó a mantener relaciones sexuales. El trato violento se agravó después de que la familia debió trasladarse a Medellín. Lucía informó los abusos a la fiscalía y presentó una denuncia penal. Se ocultó con sus seis hijos en un refugio transitorio pero, una vez transcurrido el plazo, un organismo de protección infantil se llevó a los niños hasta que ella pudiera encontrar una vivienda y un empleo estable. Lucía intentó cambiar su inscripción como persona desplazada ante las autoridades gubernamentales, para que constara que se había separado y así poder acceder directamente a la asistencia humanitaria para ella y sus hijos. El organismo nunca respondió a su pedido. Y Lucía y sus hijos actualmente no reciben los beneficios. Lucía continúa recibiendo amenazas de su esposo y no tiene esperanzas de que el gobierno la ayude. Según dijo a Human Rights Watch, se pregunta si habría sido mejor quedarse con su esposo, aun cuando él la lastimaba.
• Mónica N., de 28 años, ha sido desplazada en siete oportunidades. Sus tíos fueron asesinados por grupos armados, su hermano y su madre fueron desaparecidos y sus primos fueron reclutados por la guerrilla cuando tenían apenas 11 años. En 2008, Mónica había asumido un rol de liderazgo en su comunidad en Cartagena  y comenzó a recibir amenazas para que desistiera de estas actividades. “Cuando salía de mi casa, había personas esperándome”, contó a Human Rights Watch. En 2009, su pareja fue asesinada presuntamente por miembros de un grupo armado. Mónica escapó a Bogotá, y envió a su hijo mayor a Chocó para que estuviera seguro. En 2011, Mónica fue violada por un agresor no identificado en Bogotá, y cree que este hecho fue en represalia por su actuación como líder. Denunció lo sucedido inmediatamente a las autoridades. El instituto de medicina legal del gobierno demoró 10 días en atenderla, un plazo demasiado prolongado como para que pudieran tomarse pruebas físicas. Ningún funcionario remitió a Mónica para que obtuviera tratamiento de salud durante el período en el cual podría haber recibido profilaxis adecuada para evitar un embarazo o infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Cuando Mónica finalmente pudo acceder a atención de la salud, un médico le recetó medicamentos para tratar una micosis vaginal provocada por la violación y para intentar tardíamente evitar una infección por VIH. Debido al costo, Mónica únicamente pudo pagar el medicamento para tratar la micosis. No se han producido avances en la causa penal.
• Mercedes D., de 44 años, vivía en una comunidad rural en 1997 cuando la guerrilla intentó reclutar a su esposo. Atemorizados por el hecho, la familia decidió dejar el lugar y no denunció el incidente ni tampoco el desplazamiento. En 2004, su esposo fue asesinado por paramilitares que creían que simpatizaba con la guerrilla. En ese mismo período fue violada Beatriz, la hija de Mercedes, de 16 años, quien quedó embarazada a raíz del hecho. Mercedes escapó con sus hijos a Medellín. Como Mercedes no había recibido formación para trabajar en la ciudad, consiguió un empleo en una finca en las afueras. A fines de 2009, cuando se dirigía a su trabajo, fue violada por un hombre a quien identificó como miembro de un grupo paramilitar. Mercedes no intentó obtener tratamiento médico ni acudió a la policía tras la violación. Cuatro meses después, Mercedes advirtió que estaba embarazada. Preocupada porque no sabía si podría seguir trabajando y alimentando a sus hijos y al niño que nacería, se acercó al personero municipal para los derechos humanos, quien la remitió a un refugio para víctimas de violencia de género. El programa de refugio la ayudó a volver a poner en orden su vida.  Luego, en 2011, Beatriz murió al ser alcanzada por disparos durante una balacera que se produjo en su barrio. Si bien existe una investigación en curso, Mercedes desconoce en qué estado se encuentra. Sus dos hijos más pequeños fueron llevados por las autoridades a una institución, hasta que obtenga un empleo. “Tengo miedo todo el tiempo, en todo momento”, dijo a Human Rights Watch.
• María Claudia M., de 42 años, fue desplazada a Cartagena. Tiene dos hijos; una mujer y un varón. Durante seis años mantuvo una relación con un ex miembro de un grupo paramilitar que se había desmovilizado, quien abusaba verbalmente de ella. Sin embargo, ella nunca denunció el maltrato. En julio de 2011, esta persona violó a su hija, que entonces tenía 13 años y había nacido de otra relación. María Claudia intentó detenerlo. Dijo que cuando lo descubrió, la acorraló contra la pared, le puso un machete en la garganta y le advirtió que no debía contarle a nadie lo ocurrido. “Si haces algo te mato”, le dijo. María Claudia llevó inmediatamente a su hija para que denunciara el hecho y recibiera atención médica. Su hija y su otro hijo más pequeño fueron asignados a una institución de bienestar infantil durante un mes para recibir servicios psicosociales. María Claudia no tuvo acceso a este tipo de servicios. Su ex pareja huyo de Cartagena, pero continuó manteniendo fuertes contactos en el barrio de María Claudia por haber sido antes miembro de un grupo paramilitar. María Claudia consiguió posteriormente que sus hijos le fueran devueltos y, según afirma, no recibió de las autoridades ninguna medida de protección adicional que pudiera evitar cualquier represalia por haber denunciado lo sucedido. María Claudia había expresado claramente al fiscal sus temores en relación con el caso de su hija, pero dijo que este no le informó sobre posibles medidas de protección, como cerraduras más seguras para su vivienda, un teléfono celular con un contacto directo con la policía u otras medidas de seguridad. María Claudia contó a Human Rights Watch que temía por su seguridad y la de su hija. “Me da miedo que esté libre”, afirmó. “Es un hombre agresivo y peligroso. Tiene vínculos con paramilitares”. Dos meses después de hablar con Human Rights Watch, su ex pareja regresó y amenazó a María Claudia, a sus hijos y a las mujeres que la habían ayudado.
• Dolores G., de 38 años, fue desplazada a Cartagena con su esposo y sus dos hijos en 2002. En menos de un año, su esposo comenzó a golpearla violentamente. Cuando también empezó a amenazar a su hijo, Dolores denunció el abuso a la policía, y allí fue remitida a un fiscal. En vez de investigar su denuncia, el fiscal sugirió que la situación era culpa suya al responderle: “Usted dijo ‘golpéame’, y él lo hizo. ¿Qué pretende que yo haga?”. Dolores escapó de su casa y decidió ocultarse durante 3 meses, ya que su marido salió a buscarla con un machete por el barrio. Una noche, cuando la encontró en casa de una amistad, la tomó por el cuello y la violó mientras la amenazaba con un cuchillo.
• Tras la experiencia previa con la policía y el fiscal, sintió que allí no obtendría ayuda. Acudió en vez a Acción Social (ahora Departamento para la Prosperidad Social), el organismo a cargo de asuntos humanitarios que atiende a desplazados. “Necesito una solución para mi problema”, les dijo, “este hombre va a matarme y no va a pasar nada”. En junio de 2004, Acción Social entregó dinero a Dolores para que se instalara con sus hijos en su pueblo natal. Durante ocho meses, vivió tranquilamente con sus hijos en la vivienda de sus padres, hasta que fue amenazada por dos hombres armados, quienes le dijeron que debía irse del pueblo en 24 horas. Una vez más, debió huir a Cartagena y, creyendo que no tenía otro sitio donde ir, se mudó nuevamente con su esposo. Poco tiempo después comenzó una vez más a abusar de ella, pero Dolores decidió que ya no valía la pena acudir al gobierno y toleró esta situación otros seis años. Durante el período en que toleró los abusos, Dolores fue atendida por médicos y otros profesionales de la salud, en algunos casos por lesiones vinculadas con el maltrato sufrido. En ningún momento se intentó identificar si era víctima de abusos, ni tampoco fue remitida a otros servicios destinados a víctimas de violencia doméstica. Recién en 2011 consiguió salir de esta relación abusiva.

Medidas necesarias

El gobierno colombiano debería adoptar las siguientes medidas para proteger los derechos humanos de mujeres y niñas desplazadas que son víctimas de violencia de género:

• Crear una comisión independiente que efectúe una evaluación rigurosa de las prácticas que prevalecen en las instituciones que brindan atención o servicios directos a mujeres y niñas desplazadas víctimas de violencia de género, a fin de abordar la implementación ineficaz del marco jurídico y las políticas públicas vigente;
• Recabar datos precisos sobre la magnitud de la violencia de género vinculada con el conflicto y el desplazamiento, para poder así comprender más cabalmente el contexto actual de violencia que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas y contar con datos de referencia para monitorear el impacto que tienen las políticas y efectuar los ajustes necesarios a tales políticas para que brinden una respuesta más efectiva a esta población;
• Ampliar, fortalecer y asegurar la continuidad de los programas de capacitación destinados a empleados de los sistemas de salud y justicia, y efectuar campañas públicas de concienciación que informen a mujeres y niñas desplazadas cuáles son sus derechos y los servicios a los que pueden acudir, para procurar subsanar el desconocimiento que existe respecto de los derechos de las desplazadas que son víctimas de violencia de género;
• Sancionar el proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso sobre acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, y contribuir así a que se juzgue a los responsables de delitos de violencia de género.

Muchos de los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas cuando intentan acceder a servicios de salud, justicia y protección después de sufrir hechos de violencia de género no afectan únicamente a las víctimas desplazadas. Por consiguiente, estas recomendaciones ayudarán a víctimas de todos los sectores sociales. No obstante, las mujeres y niñas desplazadas viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, y la respuesta que ofrezca el gobierno debe tomar en cuenta sus necesidades concretas. Esto podría implicar adoptar medidas proactivas adicionales para superar la falta de confianza que ha estado asociada históricamente con las instituciones gubernamentales, la profunda marginación social y económica, y la preocupación por la seguridad que sienten las mujeres y niñas desplazadas.

Si no se resuelve esta brecha entre las leyes y políticas progresivas del gobierno y la difícil realidad con que se enfrentan las víctimas al pedir ayuda, se perpetuará la impunidad de los abusos contra mujeres y niñas desplazadas y subsistirán los obstáculos que se interponen a su acceso a la atención médica básica. El temor y el desánimo continuarán formando parte de la vida diaria de miles de mujeres y niñas desplazadas. “Todo lo que me sucedió es difícil, pero lo peor es el temor que sigo sintiendo”, contó a Human Rights Watch Ángela D., quien había sido víctima de violación sexual. “Es una maldición... Desde que me fui de mi lindo pueblito, no he encontrado un sitio donde pueda estar tranquila”.