Contexto

El VIH sigue representando una grave amenaza para la salud pública en Estados Unidos, donde 1.2 millones de personas viven con VIH y una de cada cinco no sabe que está infectada. Cada año, aproximadamente 50,000 personas contraen VIH, y esta enfermedad afecta especialmente —en forma desproporcionada— a las minorías raciales y étnicas[1]. A treinta años del comienzo de esta epidemia, se ha establecido claramente que las intervenciones dirigidas al comportamiento individual no resultan suficientes si no se tienen en cuenta aspectos sociales, económicos, legales y otros factores estructurales que influyen en la vulnerabilidad al VIH[2]. Para abordar la epidemia entre las poblaciones vulnerables, es necesario comprender el entorno de riesgo en el cual estas se manifiestan, y diseñar intervenciones estructurales como respuesta. Como escribió Kevin Fenton, director del Centro Nacional para la Prevención del VIH/sida, Hepatitis Viral, Enfermedades de Transmisión Sexual y Tuberculosis (National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de Estados Unidos:

Aunque las intervenciones dirigidas a personas específicas han tenido resultados relativamente satisfactorios, es evidente que su éxito mejora sustancialmente cuando la prevención del VIH aborda factores estructurales más amplios, tales como la condición de pobreza o riqueza, el género, la edad, las políticas públicas y el poder[3].

Los trabajadores sexuales y las personas transgénero comparten muchos elementos de un entorno que define su nivel de riesgo de contraer VIH; por ejemplo, el aislamiento físico, social y cultural, la estigmatización y un entorno legal y de políticas públicas que criminalizan su conducta y, muchas veces, también su condición[4]. Las personas transgénero, por ejemplo, sufren discriminación en casi todos los ámbitos, el rechazo de familiares, estigmatización y pobreza, factores que explican en cierto modo la escasez de datos que existe respecto de la prevalencia del VIH entre este grupo. Hace poco tiempo, un grupo de defensores de personas transgénero publicaron la encuesta “Injustice at Every Turn” (Injusticias en todas partes), que entrevistó a casi 6,500 personas transgénero en Estados Unidos[5]. El informe indicó que la discriminación es generalizada, que existe un nivel de pobreza cuatro veces más alto que entre la población general y que se registra una tasa de desempleo que duplica la observada entre las personas no transgénero, lo cual hace que, muchas veces, el trabajo sexual sea la única alternativa para poder sobrevivir. Todos estos factores fueron aún más marcados entre las personas transgénero de color, al igual que la vulnerabilidad frente al VIH y el sida. Entre las personas entrevistadas, la tasa de prevalencia del VIH informada por los propios entrevistados era cuatro veces más alta que la de la población general de Estados Unidos, y la tasa entre las personas que en algún momento se dedicaron al trabajo sexual era superior al 15 por ciento[6].

Las consecuencias de las detenciones son graves para los trabajadores sexuales, las mujeres transgénero y otras personas LGBT, dado que, mientras se encuentran bajo custodia policial y en la cárcel, suelen ser sometidas a altos niveles de abuso, acoso y violencia[7]. Numerosos trabajadores sexuales inmigrantes señalan, además, otras razones para temer ser detenidos, ya que el Gobierno de Estados Unidos tiene en la mira específicamente a los “extranjeros que participan en delitos” para expulsarlos[8]. Tanto para los inmigrantes documentados como para los indocumentados, la prostitución y el ofrecimiento de sexo pueden ser motivos de expulsión y declaración de inadmisibilidad conforme a las leyes federales de inmigración[9]. Por tratarse de un “delito de inmoralidad”, una condena por prostitución, merodeo con la intención de ejercer la prostitución u ofrecimiento de sexo puede constituir un motivo de expulsión del territorio de Estados Unidos. Existe además otra disposición específica que establece que la prostitución es un delito que puede dar lugar a la deportación[10]. En virtud de esta disposición, no es necesario que se haya dictado una condena penal por prostitución para que se declare la inadmisibilidad, si las autoridades inmigratorias determinan, por otras razones, que alguien ha “participado en actos de prostitución”[11]. Una condena por prostitución o la determinación de que una persona ha participado en actos de prostitución puede hacer que se la declare inadmisible, lo cual significa que quienes se encuentran en Estados Unidos y salen del país no pueden volver a ingresar y, además, pueden tener dificultades para regularizar su situación legal. Estos motivos también pueden dar lugar a la aplicación de los requisitos de detención obligatoria de las leyes de inmigración, tanto para los inmigrantes documentados como para los indocumentados[12].

Los preservativos constituyen un método comprobado para prevenir la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, han demostrado reducir sustancialmente el riesgo de transmisión de VIH y son avalados por autoridades de salud de Estados Unidos e internacionales como un componente esencial de los programas de prevención del VIH[13]. En muchas jurisdicciones, incluso en Estados Unidos, se brindan preservativos como un método esencial para la prevención del VIH entre poblaciones que practican actos que están penalizados, o a personas que tienen prohibido mantener relaciones sexuales, como los reclusos[14]. De hecho, en las cuatro ciudades analizadas en el presente informe, el departamento de salud pública distribuye millones de preservativos cada año como parte de campañas de prevención del VIH de alta visibilidad, y en cada una de ellas se ofrecen preservativos a los internos de las cárceles[15].

La prostitución —definida como el intercambio de sexo por dinero u otra contraprestación— es ilegal en 49 estados de Estados Unidos, y está prohibida en todas las ciudades consideradas en este informe[16]. La policía tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, y esto incluye las normas contra la prostitución. No obstante, la aplicación de las normas debe ser coherente con las obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la libertad y la seguridad de las personas y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los gobiernos pueden adoptar medidas —y de hecho lo hacen— para garantizar que las leyes penales no obstaculicen la protección de los derechos humanos ni la salud pública, principalmente promoviendo programas de reducción de daños para usuarios de drogas, que incluyen la provisión de jeringas de sustitución y centros de consumo seguro de drogas inyectables[17]. Cada una de las ciudades analizadas en este informe cuenta con programas de sustitución de jeringas que operan en el marco de excepciones a las leyes estatales sobre materiales vinculados con el consumo de drogas. Estos programas tienen por objeto promover el tratamiento de la drogodependencia y evitar que se compartan agujas —un modo de transmisión del VIH—, protegiendo a las personas que usan drogas de la intervención policial en situaciones específicas. Tales programas reflejan la colaboración entre las comunidades afectadas, las autoridades de aplicación de la ley y los funcionarios de salud pública, un enfoque que debería aplicarse también al problema del uso de preservativos como prueba de prostitución.