16 de Mayo de 2012

IV. El impacto duradero de la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo

Incluso cuando la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo cesan, quienes sobreviven a esos abusos siguen padeciendo sus consecuencias. Pueden sufrir lesiones y trauma psicológico. A veces, los abusos destruyen los vínculos familiares, en especial, con esposos y parejas. Además, a muchos trabajadores agrícolas les resulta muy difícil obtener el tratamiento médico que necesitan para aliviar  sus lesiones físicas y traumas psicológicos. Quienes han sido víctimas de esos abusos y los denuncian a la gerencia de la empresa o rechazan insinuaciones corren el riesgo de ser despedidos y de sufrir otros tipos de represalias, como ser denunciados ante las autoridades de inmigración.

Lesiones físicas, trauma psicológico, ostracismo social y alteración de la vida familiar

Varias personas que fueron víctimas de acoso y violencia sexual en el lugar de trabajo contaron a Human Rights Watch que sufrieron profundos traumas físicos y psicológicos como consecuencia del abuso al cual habían sido sometidas:

  • María A. dijo que, al principio, tenía miedo de denunciar que la habían violado en el verano de 2010; pero como tres meses después de la violación aún se sentía dolorida, acudió a un hospital para recibir tratamiento médico, y de allí la mandaron a una oficina de servicios sociales. Dice sobre su situación actual: “trato de ser fuerte… A veces, cuando estoy triste, me pongo a llorar. Le pido a Dios que no deje que esto me vuelva a pasar y que me proteja de la gente mala. Voy a consultar a un médico porque cada vez que mantengo relaciones con mi novio, siento dolor y sangro. Creo que algo se lastimó o se hizo daño[152].
  • Patricia M. (cuya historia se presenta al inicio de este informe) dijo que aún padece dolores a causa de la agresión física y la violación que sufrió. Se siente afortunada de mantener, en la actualidad, una relación sentimental positiva, pero “a veces, recuerdo [cuando me violaron] y no puedo mantener relaciones con mi esposo”[153].
  • Verónica Z., quien denunció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con un supervisor, sufrió una profunda depresión, según cuenta el trabajador social que la atiende: “Solía venir a verme todos los días, sumamente deprimida. Apretaba los dientes de la presión que sentía”[154].

En un caso de acoso sexual interpuesto por la EEOC contra una plantación forestal, un tribunal federal de Oregón decidió que el juicio debía avanzar aun cuando una de las mujeres que alegaba haber sido violada no había presentado su demanda dentro del plazo legal de prescripción de 300 días. El tribunal concluyó que el daño psicológico que había sufrido la víctima (que incluía trastorno por estrés postraumático, depresión profunda, pensamientos suicidas, aislamiento social y ataques de pánico) justificó su demora[155].

El acoso verbal también puede tener efectos debilitantes. Cuatro años después de haber dejado de trabajar en un lugar donde era objeto de acoso, Lucía A. relató su historia con lágrimas en los ojos. Durante más de 10 años, dijo, sufrió diariamente acoso mientras empacaba brócoli: “Cada vez que iba al baño, [mi supervisor] hacía comentarios sobre mi trasero y observaciones vulgares… Es muy doloroso recordar esto”. Si bien deseaba conversar con un terapeuta profesional, no creía estar en condiciones de pagarlo[156].

Varios trabajadores agrícolas que fueron víctimas de violencia y acoso sexual, así como defensores de trabajadores agrícolas, informaron a Human Rights Watch que sus comunidades y familias tenían reacciones negativas cuando se enteraban de que habían sufrido abusos. En cualquier cultura es difícil hablar sobre violencia y acoso sexual, pero puede serlo aun más en aquellas comunidades que a menudo asumen que son las víctimas quienes tienen la culpa. Un trabajador agrícola que se ha desempeñado como supervisor y mayordomo declaró al respecto: “También las mujeres son responsables de eso. Las veo solas, solteras, sin pareja. Veo que les gusta que les digan esas cosas”[157]. Varias trabajadoras agrícolas, como Carolina M., opinaban sobre este tema: “Los hombres piensan que es nuestra culpa, creen que les sonreímos, nunca nos creen”[158].

Rosana C., una trabajadora agrícola en Nueva York, contó que, cuando fue víctima de violencia y acoso sexual, notó que la relación con su esposo se deterioró de inmediato. Fue violada por un compañero de trabajo hace aproximadamente cinco años,  y en los últimos tiempos ha sido objeto de acoso diario por parte de un compañero de trabajo que le envía mensajes de texto varias veces al día. Rosana se siente aún peor con la reacción de su marido: “Es machista… Me culpa, cree que yo lo provoqué [a quien la violó]. Ahora le digo que este hombre me está acosando en el trabajo, pero [no hace] nada para protegerme”[159].

Irma Luna, trabajadora comunitaria de California Rural Legal Assistance, se ha reunido con otras víctimas cuyos maridos también las han culpado de la situación: “Teníamos una mujer que trabajaba en una planta de empaque con su marido, en la zona de Arvin/Lamont. El mayordomo la acosaba… Ella intentó decírselo a su marido, y las cosas se pusieron bastante feas. Ella se desmoralizó y finalmente desapareció”[160].

Acceso limitado a servicios sociales necesarios

Varias personas que sobrevivieron a situaciones graves de acoso y violencia sexual en el lugar de trabajo informaron que habían procurado recibir terapia y otros servicios de salud mental. Si bien algunas consiguieron cierto grado de asesoramiento y apoyo emocional, la gran mayoría no pudo acceder a estos servicios, a menudo, cruciales. Varias pensaban que sería demasiado caro, sin saber que existe atención gratuita. Aquellas a quienes se ofrecía atención gratuita, se encontraban con que la lista de espera era demasiado larga o la atención gratuita era inadecuada[161]. A Rosana C. le ofrecieron este tipo de servicios, pero cuando intentó llamar al número de un centro de acogida, no encontró a nadie que hablara español[162].

Muchos defensores de víctimas concuerdan y expresan que se necesita urgentemente ampliar los servicios de salud mental y de apoyo, como por ejemplo, facilitando el transporte a las sesiones de terapia. No es frecuente que haya terapeutas particulares que hablen español en zonas rurales, e incluso si los hay, suelen encontrarse a varias horas de distancia de las comunidades que los necesitan[163]. Como dijo un abogado: “Una mujer que experimenta un trauma, que trabaja y que tiene una familia, no va a viajar dos horas para hablar con un terapeuta”[164].

En los casos en que se ofrece asesoramiento individual gratuito a trabajadores indocumentados y sin seguro, este suele limitarse a víctimas de violaciones que están dispuestas a colaborar con los fiscales o que necesitan servicios de emergencia. Quienes fueron víctimas de formas menos graves de violencia o acoso sexual, y no reúnen los requisitos para recibir servicios para víctimas financiados por el Estado, por lo general, no pueden acceder a la atención que necesitan[165].

Es probable que las experiencias de las mujeres con quienes conversamos no reflejen la verdadera dimensión del problema, ya que ellas, en algún momento, por lo menos se pusieron en contacto con un organismo de servicios sociales. Posiblemente muchos trabajadores agrícolas que son víctimas de violencia y acoso sexual nunca entren en contacto con estos organismos. Líderes Campesinas, una organización que ha estado trabajando por mejorar los servicios para trabajadoras agrícolas en todo California, dijo a Human Rights Watch que la cultura de los centros y servicios telefónicos de asistencia a víctimas de violación sexual puede resultar “incomprensible” para las trabajadoras agrícolas: “Cuando una mujer llama al número, se le pide que llame a otro número distinto. O los números forman palabras [en inglés], como ‘GET HELP’ (consigue ayuda)”[166].

En la mayoría de los casos en que las trabajadoras con quienes hablamos denunciaron delitos, lo hicieron porque varias organizaciones de servicios sociales y legales habían llevado adelante enérgicas actividades de extensión y finalmente “alguien de la comunidad les dijo ‘puedes acudir a ellas, puedes confiar en esa gente’”[167]. Por lo general, no es posible ganar esa confianza solamente a través de actividades de extensión tradicionales. Así, por ejemplo, los organismos que atienden a víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales suelen crear grupos de apoyo para quienes sobrevivieron a estos abusos, pero estas cuestiones son un tema tabú en muchas comunidades agrícolas. De acuerdo con la opinión de Cindy Marroquin de CALCASA, “lo más efectivo es tener grupos en general donde la gente pueda reunirse… Se trata de pasar un cierto tiempo con tu vecino, sin un programa específico”[168]. Amparo Yebra, directora de un organismo con fuerte presencia en una pequeña comunidad del Valle Central de California, coincide y expresa que su estrategia es organizar grupos de apoyo todos los viernes con invitados que hablen sobre diversos temas, como nutrición y administración de la economía doméstica. Los clientes de su organismo “permanecen aquí por años, incluso cuando sus problemas [se han] solucionado; vuelven si tienen una carta en inglés que no comprenden, con facturas… Cualquier cosa que necesitan, pueden venir a nuestra oficina”[169]. La Alianza contra la Violencia Familiar y las Agresiones Sexuales (Alliance Against Family Violence and Sexual Assault), un organismo ubicado en Bakersfield que, de a poco, ha ido formando grupos de apoyo en las localidades más pequeñas cercanas a Bakersfield, señaló que “realmente [tuvieron] que salir a la calle” y, para conseguir la confianza de la comunidad, realizan reuniones de apoyo constantemente, incluso si no se presenta nadie[170].

Desarrollar la capacidad para atender a trabajadores agrícolas que no hablan inglés representa, obviamente, un gran desafío, en especial en aquellos estados donde hay pocas personas bilingües que hablen español, y donde es mucho más difícil encontrar personas que dominen otros idiomas relevantes. En la región norte de Nueva York, una trabajadora comunitaria descubrió, mientras visitaba los sitios web de diversos organismos locales, “que no contienen información en español ni en criollo haitiano, y no cuentan con defensores ni intérpretes”[171].

Si bien para aumentar el acceso a terapia y servicios similares se necesitarán en un principio inversiones financieras, y esto es difícil de conseguir cuando los presupuestos gubernamentales son escuetos, tales servicios podrían marcar una enorme diferencia para quienes han sido víctimas de violencia y acoso sexual. Como se relata al inicio de este informe, Patricia M. contó que acudió por primera vez a un organismo porque esperaba poder solicitar el seguro por discapacidad, debido a que no podría trabajar durante su embarazo. Los trabajadores con quienes se encontró allí fueron los primeros que escucharon su historia, y el organismo la ayudó a presentar una denuncia ante la policía, algo que, según dice, nunca podría haber hecho sin ellos. “Durante un año, vine todo el tiempo. Me dieron fuerzas para seguir adelante con mi hija”[172]. Además, mayores servicios de extensión y prevención pueden, en última instancia, reducir los costos económicos relacionados con la violencia sexual[173].

Despido y otras formas de represalia

Muchos de los casos que fueron descritos a Human Rights Watch involucraban víctimas que fueron despedidas, ya sea por denunciar el abuso o por rechazar insinuaciones. Mónica V., por ejemplo, contó que un contratista le hizo propuestas varias veces en la época en que trabajaba en la industria del tabaco. Cuando ella se negó (y dijo al respecto: “quiero ganarme el dinero con el sudor de mi frente”), el contratista le prohibió ir al baño o incluso tomarse descansos breves para ponerse de pie tras estar trabajando encorvada. Llegó un momento en que tuvo tanto dolor que se vio obligada a pararse y descansar, y “él me dijo que ya no tenía trabajo”[174].

En el caso de Natalia B., su negativa a aceptar las insinuaciones de su supervisor llevó, a la larga, no sólo a su despido, sino también al de sus compañeras de trabajo y amigas que intentaron defenderla. El acoso se intensificó hasta que, un día, Natalia no pudo más y comenzó a llorar. Su compañera de trabajo Ana D. la consoló y le dijo al supervisor: “Te has excedido”, a lo cual este le respondió “Al que no le guste, que se vaya a la fregada”. Y a continuación despidió a Natalia, a Ana y a otras dos compañeras de trabajo que la habían defendido[175].

Muchos trabajadores agrícolas trabajan con otros familiares, y el despido no sólo pone en riesgo los medios de subsistencia de una persona, sino de todos los miembros del hogar. Como se relató previamente, Ana D., una joven de 16 años que trabajaba en la industria del tabaco en Carolina del Norte, contó haber sido despedida dos veces, junto con su madre y la pareja de su madre, por haber rechazado las insinuaciones que se le hacían[176]. En forma similar, Sergio Guzmán, secretario-tesorero de la Unión de Campesinos, contó que se había reunido con una mujer de Oaxaca que le había contado, con lágrimas en los ojos, que el mayordomo le exigía insistentemente que mantuviera relaciones sexuales con él, y que ella no sabía qué hacer, ya que la última vez que había rechazado insinuaciones, el supervisor había despedido a toda su familia y había dejado a cinco personas sin ingresos[177]. Varias demandas de la EEOC han involucrado a familias en las cuales una sola persona alegaba haber sido objeto de acoso sexual, pero toda la familia había sufrido las represalias cuando se denunció el hecho[178].

El despido como forma de represalia suele ser difícil de probar debido a que el trabajo agrícola es estacional. En algunos casos, no se despide a un trabajador agrícola de inmediato sino que, simplemente, no se le vuelve a contratar la temporada siguiente, cuando se reinician las labores. Lucía A. contó que había trabajado alrededor de 17 años para la misma empresa empacando brócolis y coliflor durante la temporada, por lo general de noviembre a marzo, cuando finalmente decidió denunciar el acoso que había tolerado durante más de 10 años. No volvió a ser contratada el siguiente noviembre[179]. De manera similar, Marcela V. relató que se había desempeñado como mayordoma en una planta de empaque de cebollas durante 11 años cuando intentó ayudar a Verónica Z. a denunciar la situación de acoso sexual permanente ante la gerencia de la empresa. La siguiente temporada ninguna de las dos volvió a ser contratada[180].

Muchos trabajadores agrícolas reciben alojamiento de sus empleadores, con lo cual el despido ilegal por denunciar una situación de acoso puede conllevar el desalojo ilegal y la pérdida de la vivienda. El juicio por acoso sexual contra Giumarra Vineyards, uno de los productores de uva más importantes del país, incluye denuncias de que, luego de que una adolescente fuera acosada sexualmente, todas las personas que la defendieron, incluidos sus familiares, fueron despedidas un día después de que se presentaron quejas y se les obligó a desocupar de inmediato el alojamiento proporcionado por sus empleadores. El caso aún se encuentra pendiente de resolución[181]. Mark Heller, abogado de Ohio, describió un caso similar de acoso sexual de una mujer que acudió a él para informar había sido desalojada luego de ser acosada y despedida[182].

Algunos trabajadores agrícolas manifestaron su temor de que, si denunciaban el abuso, no sólo perderían sus empleos, sino que además se les incluiría en las listas negras de otros empleadores. Desde que presentó una demanda contra una planta de empaque de cebolla en 2005, Verónica Z. informó que ha tenido dificultades para conseguir un trabajo estable: “En cada planta de empaque en donde obtuve empleo, trabajé un par de días y después me despidieron. Creo que están verificando mis antecedentes. Mi hijo y yo solicitamos empleo en una enlatadora de tomates; a mi hijo lo contrataron, pero a mí no”[183].

Incluso si no se despide a los trabajadores, quienes los acosan pueden complicar su situación. Pueden prohibirles que tomen descansos o que vayan al baño, o pueden reducirles el horario o la paga. Guadalupe F., una trabajadora en una planta avícola, dijo que, cuando le informó a la empresa que su supervisor la acosaba, este comenzó a hacer cosas para complicar su situación. Se le asignó cumplir tareas cerca de líquidos a los cuales era alérgica, el supervisor se negó a darle permiso cuando necesitó unos días para cuidar de sus hijos y amenazó con ir a la oficina y decir que estaba trabajando con papeles ajenos[184]. De manera similar, Belén F., quien sufrió acoso por ser transgénero, informó que fue degradada de mayordoma a trabajadora de línea, con la consiguiente reducción de la paga[185].

[152]Entrevista de Human Rights Watch con María A. (seudónimo), California, junio de 2011.

[153]Entrevista de Human Rights Watch con Patricia M. (seudónimo), California, junio de 2011.

[154]Entrevista de Human Rights Watch con el trabajador social (nombre reservado), California, junio de 2011.

[155]“Oregon Tree Farm Settles EEOC Lawsuit Over Sexual Harassment and Retaliation”, comunicado de prensa de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (US Equal Employment Opportunity Commission), 21 de abril de 2011; ver también EEOC v. Willamette Tree Wholesale, Inc., cv-09-690-pk, 2011 U.S. Dist. LEXIS 25464 (D. Or. 2011).

[156]Entrevista de Human Rights Watch con Lucía A. (seudónimo), California, abril de 2011.

[157]Entrevista de Human Rights Watch con Emilio R. (seudónimo), California, junio de 2011.

[158]Entrevista de Human Rights Watch con Carolina M. (seudónimo), California, agosto de 2011.

[159]Entrevista de Human Rights Watch con Rosana C., Nueva York, agosto de 2011. Otra trabajadora mexicana inmigrante, que realiza tareas a una remuneración por debajo de los niveles aceptables y que fue violada por un conocido fuera de su lugar de trabajo, contó que su marido decidió separarse cuando se enteró de la violación. Entrevista de Human Rights Watch con Tricia (seudónimo), California, agosto de 2011.

[160]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Irma Luna, trabajadora comunitaria del Proyecto de Trabajadores Rurales Indígenas de California Rural Legal Assistance, 22 de julio de 2011. Otros defensores de trabajadores agrícolas relataron historias similares. Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Victoria Mesa, abogada de Florida Rural Legal Services, 2 de agosto de 2011; Juanita Ontiveros, defensora del sector de educación y servicios de extensión a la comunidad de California Rural Legal Assistance Foundation, 7 de julio de 2011.

[161]Entrevistas de Human Rights Watch con Ángela G. (seudónimo), California, junio de 2011; Lucía A. (seudónimo), California, abril de 2011; Miriam G. (seudónimo), California, agosto de 2011. Si bien Miriam G. no es trabajadora agrícola, como inmigrante no autorizada su experiencia en la búsqueda de servicios tras haber sido violada fue similar a las de los trabajadores rurales.

[162]Entrevista de Human Rights Watch con Rosana C. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011.

[163]Entrevistas telefónicas de Human Rights con Jenifer Rodríguez, abogada de Colorado Legal Services, 5 de agosto de 2011; Liz Chacko, abogada de Friends of Farmworkers, 29 de julio de 2011. Entrevista de Human Rights Watch con Amparo Yebra, directora ejecutiva de la Red de Servicios de Protección de la Familia de Westside (Westside Family Preservation Services Network), Huron, California, 17 de junio de 2011; con Raye Bugnosen, gerenta de Servicios Clínicos de la Alianza contra la Violencia Familiar y las Agresiones Sexuales (Alliance Against Family Violence and Sexual Assault), Bakersfield, California, 27 de junio de 2011; Lorena Reyes, asesora del equipo de Alliance Against Family Violence and Sexual Assault, Bakersfield, California, 27 de junio de 2011.

[164]Entrevista de Human Rights Watch con Michael Meuter, director del sector de Litigios, Defensa y Capacitación del Proyecto para Trabajadores Rurales Migrantes de California Rural Legal Assistance, 5 de abril de 2011.

[165]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Laura Contreras, abogada, Columbia Legal Services, y Blanca Rodríguez, abogada, Northwest Justice Project, 17 de marzo de 2011.

[166] Entrevista de Human Rights Watch con Daniela Ramírez, directora ejecutiva en ese momento; Suguet López, directora de programas en ese momento y actual directora ejecutiva; y Ramona Félix, coordinadora estatal de los Programas contra las Agresiones Sexuales, el Acoso y la Trata de Personas, Oxnard, California, 29 de junio de 2011.

[167]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Laura Contreras, abogada, Columbia Legal Services, y Blanca Rodríguez, abogada, Northwest Justice Project, 17 de marzo de 2011.

[168]Entrevista de Human Rights Watch con Cindy Marroquin, coordinadora de Servicios de Defensoría de la Coalición de California contra las Agresiones Sexuales (California Coalition Against Sexual Assault, CALCASA), Sacramento, California, 4 de abril de 2011.

[169]Entrevista de Human Rights Watch con Amparo Yebra, directora ejecutiva de la Westside Family Preservation Services Network, Huron, California, 17 de junio de 2011.

[170]Entrevista de Human Rights Watch con Raye Bugnosen, gerenta de Servicios Clínicos de la Alliance Against Family Violence and Sexual Assault, Bakersfield, California, 27 de junio de 2011.

[171]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Lew Papenfuse, director ejecutivo, y Cheryl Gee, trabajadora comunitaria de Farmworker Legal Services of New York (ahora fusionada con Workers’ Rights Law Center y denominada Worker Justice Center of New York), 5 de mayo de 2011.

[172]Entrevista de Human Rights Watch con Patricia M. (seudónimo), California, junio de 2011.

[173]Para obtener más información sobre el impacto económico de las violaciones, con especial énfasis en violencia por parte de parejas, consulte el Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones (National Center for Injury Prevention and Control), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (US Department of Health and Human Services), “Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States”, marzo de 2003.

[174]Entrevista de Human Rights Watch con Mónica V. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011.

[175]Entrevista de Human Rights Watch con Natalia B., Magdalena C., Ana D., y Soledad E. (seudónimos), California, abril de 2011.

[176]Entrevista de Human Rights Watch con Ana (seudónimo), Carolina del Norte, julio de 2011.

[177]Entrevista de Human Rights Watch con Sergio Guzmán, secretario-tesorero de Unión de Campesinos, Salinas, California, 30 de junio de 2011.

[178]“Oregon Tree Farm Settles EEOC Lawsuit Over Sexual Harassment and Retaliation”, comunicado de prensa de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (US Equal Employment Opportunity Commission) de Estados Unidos, 21 de abril de 2011; “Giumarra Vineyards Sued by EEOC for Sexual Harassment and Retaliation Against Farm Workers”, comunicado de prensa de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, 13 de enero de 2010, http://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/1-13-10.cfm (consultado el 3 de abril de 2012); ver también EEOC v. Giumarra Vineyards Corporation, Demanda, Caso N.° 1:09-cv-02255 (E.D. Calif. 2009).

[179]Entrevista de Human Rights Watch con Lucía A. (seudónimo), California, abril de 2011.

[180]Entrevista de Human Rights Watch con Marcela Z. (seudónimo), California, junio de 2011.

[181]EEOC v. Giumarra Vineyards Corporation, Caso N.° 1:09-cv-02255 (E.D. Calif. 2009); entrevista de Human Rights Watch con Megan Beaman, abogada del Proyecto para Trabajadores Rurales Migrantes de California Rural Legal Assistance, 27 de abril de 2011.

[182] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Mark Heller, abogado gerente del Programa de Inmigración y Trabajadores Agrícolas Migrantes de Advocates for Basic Legal Equality, Inc., 29 de agosto de 2011.

[183]Entrevista de Human Rights Watch con Verónica Z. (seudónimo), California, junio de 2011.

[184]Entrevista de Human Rights Watch con Guadalupe F. (seudónimo), Carolina del Norte, agosto de 2011.

[185] Entrevista de Human Rights Watch con Belén F. (seudónimo), California, agosto de 2011.