16 de Mayo de 2012

Resumen

Cientos de miles de mujeres y niñas en Estados Unidos trabajan actualmente en el campo, en plantas de empaque y en establecimientos de producción agrícola donde se enfrentan a un riesgo grave y real de violencia y acoso sexual[3]. Si bien es difícil determinar con exactitud cuál es la incidencia de los hechos de violencia y acoso sexual que sufren los trabajadores agrícolas en el lugar de trabajo debido a los obstáculos que supone el encuestar a una población estacional, migrante y que a menudo se encuentra en el país en forma clandestina, se trata sin duda de un problema grave[4].

Durante las investigaciones realizadas para este informe, entrevistamos a 160 trabajadores agrícolas, productores, funcionarios encargados de la aplicación de la ley, abogados, proveedores de servicios y otros expertos en establecimientos de trabajo agrícola de ocho estados quienes, casi sin excepción, identificaron a la violencia y el acoso sexual como un factor sumamente preocupante. Si bien es común que las víctimas de violencia y acoso sexual se muestren renuentes a relatar estas experiencias, casi todos los 52 trabajadores que entrevistamos, incluidos muchos que no se habían identificado en un primer momento como víctimas de estos abusos, dijeron que ellos u otros trabajadores que conocían habían experimentado violencia o acoso sexual.

La violencia y el acoso sexual en el trabajo agrícola son alentados por un profundo desequilibrio de poder entre los empleadores y supervisores, y los trabajadores inmigrantes y con bajos salarios que están a su cargo. A menudo las víctimas[5] enfrentan obstáculos sistémicos —agravados por su condición de trabajadores agrícolas y, en muchos casos, también indocumentados— que se interponen a la posibilidad de denunciar estos abusos y juzgar a los responsables. A fin de cumplir su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de estos trabajadores agrícolas que son objeto de violencia y acoso sexual, el gobierno estadounidense y los empleadores del sector de la agricultura deberían adoptar medidas tendientes a reducir o eliminar estos obstáculos. Este informe documenta las experiencias sobre violencia y acoso sexual de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola, se enfoca especialmente en los casos de inmigrantes no autorizados y brinda recomendaciones concretas para mejorar sus condiciones de trabajo y su acceso a servicios y recursos legales.

Varias trabajadoras agrícolas, como Patricia M. (cuya historia se relató precedentemente), denunciaron haber sufrido violaciones y otras formas de conducta sexual coercitiva. Ángela G., una madre soltera de California, contó a Human Rights Watch haber sido violada por un supervisor que posteriormente la amenazaba a diario[6]. Una joven indígena de 18 años originaria de Oaxaca, México, que no hablaba inglés y apenas se expresaba en español, denunció haber sido violada a una organización local de trabajadoras agrícolas, pero abandonó la zona antes de que la organización pudiera ayudarla a obtener justicia. Según se informó, la víctima dijo a la joven que intentó ayudarla: “Quisiera poder hablar como tú, pero no puedo defenderme”[7].

Muchas otras trabajadoras agrícolas denunciaron incidentes de humillación, acoso persistente a través de manoseo sin consentimiento, presión para mantener relaciones sexuales y hostigamiento verbal. Una mujer en Nueva York contó que recolectaba papas y cebollas bajo las órdenes de un supervisor que tenía la costumbre de manosear a todas las mujeres y, si intentaban resistirse, las amenazaba con llamar a las autoridades de inmigración o con despedirlas. Varias mujeres que trabajaban empaquetando coliflor en California contaron que tenían un supervisor que les mostraba sus partes íntimas y hacía comentarios como, “¡[Esa mujer] necesita que la cojan!”[8]. Estas mujeres saben que posiblemente serán vistas como “objetos sexuales”, y por ello es común que vistan prendas que les cubran el rostro y el cuerpo. Susana J., una trabajadora agrícola que cosechaba brócolis, contó: “Las mujeres no se pueden vestir normalmente... piensas, ‘por Dios, ¿qué sucederá si me pongo esto?’ Y es así como los acosadores terminan afectando tu vida cotidiana”[9].

Estos hechos de violencia y acoso no suelen ser aislados; muchas mujeres señalaron que los responsables habían abusado y acosado a varias víctimas durante un cierto período. La investigación de Human Rights Watch comprobó que, en la mayoría de los casos, los responsables eran mayordomos, supervisores, contratistas de mano de obra agrícola, propietarios de empresas y cualquier otra persona con poder para contratar y despedir trabajadores, así como para conceder determinados beneficios, como un horario de trabajo más conveniente o permisos para tomar descansos. Es común que los trabajadores agrícolas dependan de sus empleadores para el alojamiento y el transporte, lo cual genera más oportunidades de que estos últimos se aprovechen de los empleados más vulnerables. Otras veces los agresores son los mismos compañeros de trabajo, alentados en parte por un entorno que pareciera tolerar estos abusos. Durante las entrevistas con Human Rights Watch, varios trabajadores agrícolas indicaron que algunas personas que laboran en este sector están mucho más desamparadas y tienen mayores probabilidades de ser agredidas que otras, como las niñas y mujeres jóvenes, inmigrantes que llegaron al país recientemente, mujeres solteras que trabajan solas y trabajadores indígenas.

Las consecuencias de estos actos de violencia y acoso pueden ser devastadoras. Quienes sobreviven a hechos de violencia sexual responden de distinta manera al trauma, y muchos sufren depresión, dolor físico y un deterioro de la relación con sus parejas y familiares. Si bien varios de los trabajadores agrícolas que denunciaron los abusos afirman haberlo hecho luego de consultar con un centro para atención de víctimas de violación u otras entidades similares que brindan asistencia a víctimas de agresiones sexuales, son pocos los trabajadores agrícolas que tienen acceso a estos establecimientos. Incluso cuando tales entidades tienen presencia en comunidades agrícolas, no siempre pueden brindar servicios adecuados a víctimas inmigrantes con un dominio limitado del inglés.

Algunos trabajadores agrícolas que se defienden de los abusos o que denuncian los incidentes a sus empleadores afirman ser objeto de represalias como reducción del horario laboral, un trato más abusivo o, en el peor de los casos, directamente la pérdida del empleo. Dado que muchos trabajadores agrícolas trabajan con otros familiares, a veces la represalia puede implicar el despido de la persona junto con el resto de su familia, lo cual supone la pérdida de ingresos para todos los miembros del hogar. Quienes reciben alojamiento de sus empleadores pueden incluso perder la vivienda. Algunos trabajadores agrícolas que habían interpuesto demandas por acoso sexual denunciaron haber sido incluidos en “listas negras” y afirman que se les negó el trabajo en otras granjas.

En general, quienes sobreviven situaciones de acoso o agresiones sexuales en Estados Unidos tienen dificultades para denunciar la agresión u obtener justicia. En este país, casi una de cada cinco mujeres ha sido violada en algún momento de su vida[10]. Sin embargo, pese a la prevalencia de la violencia sexual y a décadas de reformas legales orientadas a que quienes cometen abusos respondan ante la justicia,  en 2008 solamente el 41 por ciento de las víctimas de violación o agresión sexual denunciaron los delitos ante la policía[11], y en 2010 menos de la cuarta parte de los casos denunciados terminaron en una detención[12]. De manera similar, una encuesta que Washington Post-ABC News llevó a cabo en 2011 mostró que una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres han sufrido acoso sexual en su lugar de trabajo, pero solamente el 41 por ciento de las mujeres que habían sido víctimas de acoso manifestaron haberlo informado a sus empleadores[13].

Los trabajadores agrícolas que han sobrevivido a hechos de violencia sexual en el trabajo enfrentan los mismos obstáculos que los demás sobrevivientes de este tipo de actos, pero además deben lidiar con las dificultades específicas de los trabajadores agrícolas e inmigrantes. Durante muchos años, las leyes laborales de Estados Unidos dieron un trato diferente a la industria agrícola. Los trabajadores agrícolas están excluidos de protecciones básicas como el pago de horas extras y el derecho a la negociación colectiva. Las leyes que efectivamente existen no se aplican de manera rigurosa, y varios estudios —incluidos informes previos de Human Rights Watch— demostraron que la retención de salarios, el trabajo infantil y la exposición a plaguicidas son situaciones que ocurren con una frecuencia alarmante. En ese contexto, resulta poco probable que los trabajadores agrícolas tengan confianza en la capacidad de las autoridades para corregir los abusos.

Para satisfacer sus necesidades en materia de fuerza laboral, el sector agrícola se nutre, en gran medida, de inmigrantes no autorizados, que representan aproximadamente el 50 por ciento —y quizá más— de los trabajadores de esta industria. Si bien los productores y trabajadores agrícolas están de acuerdo en que la situación actual resulta insostenible, el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado leyes que permitan a los trabajadores agrícolas que ya se encuentran en el país obtener permisos de trabajo ni ha reformado el sistema actual de trabajadores huéspedes para empleados agrícolas. Incluso numerosos inmigrantes con autorización para trabajar carecen de educación y no dominan el idioma inglés, y los que tienen visas de trabajadores temporales dependen de su empleador para poder mantener su situación legal. Esto puede disuadir a los trabajadores de denunciar abusos en el lugar de trabajo.

Cuando no existe una posibilidad inmediata de poder legalizar su situación, los trabajadores agrícolas en situación irregular ven afectada su capacidad de denunciar la violencia sexual, el acoso sexual y otros abusos diversos en el lugar de trabajo. Si bien las leyes estadounidenses otorgan protección en el lugar de trabajo a los trabajadores en situación irregular, y los organismos de fiscalización laboral afirman que la aplicación amplia de la ley es la manera más efectiva de salvaguardar los derechos de todos los trabajadores, el interés del Gobierno de Estados Unidos en defender de abusos a los trabajadores en situación irregular se contradice con su intención de deportar a estas personas. Estos intereses contrapuestos afectan la capacidad de los trabajadores irregulares de ejercer sus derechos de varias maneras clave.

Los trabajadores en situación irregular suelen tener dificultades para acceder a asistencia legal, ya que las organizaciones de servicios legales financiadas por el gobierno federal tienen prohibido (salvo contadas excepciones) representar a inmigrantes no autorizados. Asimismo, en un fallo de 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en el caso Hoffman Plastic v. National Labor Relations Board, que un trabajador en situación irregular que sea despedido de su trabajo por organizarse sindicalmente no tiene derecho a recibir una indemnización por la pérdida de su empleo en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act, NLRA). Este fallo planteó interrogantes acerca de si los trabajadores en situación irregular tienen derecho a acceder a los mismos recursos por abusos sufridos en el lugar de trabajo que los trabajadores autorizados. El Gobierno de Estados Unidos y los defensores de los trabajadores sostienen que este fallo está estrictamente limitado a una disposición específica de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor relations Act,NLRA) y no afecta la aplicación de otras leyes laborales. No obstante, la decisión obliga a los abogados a ser prudentes respecto de los recursos que interponen y, al mismo tiempo, brinda confianza a los empleadores inescrupulosos, que pueden sentir que tienen menos que perder al maltratar a los trabajadores no autorizados, y coadyuva a tolerar el acoso sexual en el lugar de trabajo.

La existencia de la visa de categoría “U” —una visa especial sin fines de inmigración que se otorga a víctimas de determinados delitos que colaboran en investigaciones— atenúa en cierta medida las falencias anteriores. Sin embargo, la utilidad de esta visa se ve limitada por la falta de uniformidad por parte de los organismos de aplicación de la ley al certificar la colaboración de las víctimas, así como también por la falta de disponibilidad de este tipo de visas para la mayoría de los testigos.

Y si bien se supone que la policía debe investigar enérgicamente los delitos contra todas las víctimas, sin tener en cuenta su condición inmigratoria, la creciente participación de la policía local en las iniciativas federales para hacer cumplir las normas inmigratorias ha incrementado los temores de los inmigrantes respecto de esta fuerza y ha profundizado su renuencia a tener contacto con la policía, aun cuando se trata de denunciar delitos. Los esfuerzos de los gobiernos estatales por involucrarse en el cumplimiento de las normas inmigratorias, a través de leyes como la SB 1070 de Arizona o la HB 56 de Alabama, han acrecentado aún más el temor a la policía y han desalentado la denuncia de delitos en las comunidades de inmigrantes.

Algunos empleadores también han incumplido su obligación de proteger a los empleados del acoso sexual. Entre los trabajadores agrícolas a los que entrevistamos, pocos afirmaron haber recibido capacitación sobre acoso sexual o información acerca de cómo denunciar el acoso. En los casos en que los trabajadores agrícolas efectivamente denunciaron los abusos ante los empleadores, muchos supervisores y empleadores hicieron caso omiso a estas denuncias o bien tomaron represalias contra ellos, incluso amenazándolos con la deportación.

Tanto las normas internacionales de derechos humanos, así como la legislación de Estados Unidos, establecen que todos los trabajadores, independientemente de su condición inmigratoria, tienen derecho a la protección contra el acoso sexual y otros abusos en el lugar de trabajo, así como también al derecho a recibir una reparación cuando se producen este tipo de arbitrariedades. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Asimismo, el PIDCP prohíbe también la discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Las leyes de Estados Unidos prohíben específicamente el acoso sexual en el lugar de trabajo como una forma de discriminación laboral en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, y las leyes penales que prohíben la violencia sexual tienen por objeto proteger a todas las víctimas, incluso a los inmigrantes no autorizados. Pero la existencia de estas leyes no es, por sí sola, suficiente. El PIDCP también exige que los Estados Partes garanticen que se pueda interponer “un recurso efectivo” cuando se vulneren estos derechos. Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre exige que Estados Unidos actué con la debida diligencia para prevenir, sancionar y ofrecer recursos ante actos de violencia, ya sea por parte de actores privados o estatales.

La violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo en el sector agrícola constituyen un problema complejo que debe abordarse de manera integral. El Gobierno de Estados Unidos y los empleadores del sector agrícola deben adoptar medidas para asegurar que los trabajadores de este ramo, incluso aquellos en situación irregular, tengan la posibilidad de acceder a un “recurso efectivo” y así obtener protección genuina conforme a estas leyes.

[3] Los términos “violencia sexual” y “acoso sexual” se usan en conjunto en este informe porque ningún término en lo individual, como se usan coloquialmente, captura de manera complete la naturaleza de los abusos descritos por los trabajadores agrícolas (ver Definiciones, p.12).

[4] Una encuesta realizada en 2010 a 150 mujeres que trabajan en el sector rural comprobó que el 80 por ciento había sufrido algún tipo de acoso sexual, mientras que un informe del Southern Poverty Law Center determinó que la mayoría de las 150 personas entrevistadas también habían sido víctimas de acoso sexual. Irma Morales Waugh, “Examining the Sexual Harassment Experiences of Mexican Immigrant Farmworking Women”, Violence Against Women, enero de 2010; Southern Poverty Law Center, “Injustice On Our Plates: Immigrant Women in the U.S. Food Industry”, 2010, http://www.splcenter.org/get-informed/publications/injustice-on-our-plates (consultado el 7 de abril de 2012).

[5] Los términos “víctima” y “sobreviviente” se usan indistintamente en el informe.

[6] Entrevista de Human Rights Watch con Ángela G. (seudónimo), California, junio de 2011.

[7] Entrevista de Human Rights Watch con Inés R. (seudónimo), California, agosto de 2011.

[8] Entrevista de Human Rights Watch con Natalia, Magdalena, Ana y Soledad (seudónimos), California, abril de 2011.

[9] Entrevista de Human Rights Watch con Susana J. (seudónimo), California, junio de 2011.

[10] Centros para el Control de Enfermedades, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, "National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Summary Report", noviembre de 2011.

[11] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de Justicia, "National Crime Victimization Survey, 2008".

[12] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Buró Federal de Investigaciones (FBI), " Crime in the United States 2010".

[13] Gary Langer, “One in Four U.S. Women Reports Workplace Harassment”, ABC News, 15 de noviembre de 2011, http://abcnews.go.com/blogs/politics/2011/11/one-in-four-u-s-women-reports-workplace-harassment (consultado el 12 de abril de 2012).