16 de Mayo de 2012

IX. Obligaciones jurídicas internacionales

La violencia y el acoso sexual como violaciones de derechos humanos

Las normas de derechos humanos imponen a los Estados la obligación de adoptar medidas para proteger a todas las personas contra las violaciones de derechos humanos, incluidos actos de violencia y acoso sexual cometidos por actores privados, así como de proporcionar una vía de acción cuando se hayan violado garantías fundamentales, como las relacionadas con el derecho a la vida y a la integridad física.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos en 1992, declara que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”[381]. Este derecho se ha interpretado en el sentido de que protege la seguridad de una persona incluso cuando la amenaza surge de un actor privado. El PIDCP también prohíbe la discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”[382]. Tanto la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“Convención contra la Tortura”) como el artículo 7 del PIDCP garantizan el derecho a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes[383].Los tribunales internacionales y otros organismos han establecido que la violación sexual está contemplada por estas prohibiciones sobre la tortura[384].

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) ha expresado claramente que los Estados Partes del PIDCP y de otras convenciones incumplen sus obligaciones no sólo cuando actores de ese Estado son responsables de la violación de disposiciones del tratado, sino también cuando el Estado no adopta las medidas necesarias para evitar las violaciones causadas por actores privados. La Observación General 31 del CDH sobre el PIDCP señala que los Estados partes deben “adopta[r] las medidas apropiadas o... ejerc[er] el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado”[385] por actores o entidades privadas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) obliga a los Estados Partes a luchar contra la discriminación de las mujeres[386]. Si bien Estados Unidos aún no ha ratificado la CEDAW, en tanto Estado signatario, está obligado a abstenerse de realizar actos que sean contrarios al objeto y al fin de dicho tratado[387]. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el órgano creado en virtud del tratado que interpreta y controla el cumplimiento de la CEDAW, ha afirmado que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminarlas, y que los Estados Partes deberían contar con medidas efectivas legales, preventivas y de protección a fin de ofrecer justicia a las víctimas, juzgar a los responsables y proteger a la sociedad de futuros actos de violencia sexual[388]. La CEDAW exige que los Estados Partes tengan en cuenta los problemas específicos que enfrentan las mujeres del ámbito rural, y el Comité ha recomendado, específicamente, que se proporcione asistencia legal, capacitación para policías y otras personas que trabajan con víctimas de violencia, así como servicios de asesoramiento en áreas rurales[389].

El artículo 11 de la CEDAW garantiza, específicamente, el “derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo”[390]. El comité ha emitido dos declaraciones específicamente sobre acoso sexual: la Recomendación General N.° 12, que identifica la prevención del acoso sexual como una obligación asumida por los Estados Partes, y la Recomendación N.° 19, que señala que el acoso sexual perjudica gravemente la igualdad en el lugar de trabajo[391].

De manera similar, Estados Unidos ha firmado, pero no ha ratificado, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)[392]. Como signatario de la CDN, Estados Unidos está obligado a abstenerse de realizar actos que sean contrarios al objeto y fin de dicho tratado[393]. La CDN establece las garantías mínimas a las cuales tienen derecho los niños (definidos como aquellas personas menores de 18 años). El artículo 32 de la CDN establece específicamente que todo niño tiene derecho “a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”[394], mientras que el artículo 34 exige que los Estados Partes “se compromet[a]n a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales”[395].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha determinado que, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en determinadas circunstancias un Estado puede ser considerado responsable por los actos cometidos por actores privados. En especial, la CIDH ha reconocido que: “La violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, la cual impide y nulifica de forma severa el ejercicio de los derechos de la mujer”, y que “la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación, y una negación de su derecho a la igual protección de la ley”[396].

Normas de derechos humanos acerca de los trabajadores inmigrantes, incluidos trabajadores en situación irregular

Las garantías de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del PIDCP se aplican a “todas las personas”, incluidos trabajadores inmigrantes, independientemente de su situación legal. Asimismo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) afirma la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe a los gobiernos discriminar por motivos étnicos en las políticas o en la práctica[397]. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que fiscaliza el cumplimiento de la ICERD por los Estados, ha interpretado que la convención prohíbe leyes y políticas que tengan “consecuencias injustificables distintas” sobre minorías raciales y étnicas[398]. En Estados Unidos, las desventajas de una protección insuficiente en materia de legislación laboral para trabajadores agrícolas recaen, desproporcionadamente, en los ciudadanos e inmigrantes latinos.

[381]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (N.° 16) en 52, Doc. de la ONU. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992.

[382]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. A.G. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (N.° 16) en 52, Doc. de la ONU. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, ratificado por Estados Unidos el 8 de junio de 1992.

[383]PIDCP, art. 7; y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), adoptada el 10 de diciembre de 1984, Res. A.G. 39/46, anexo, 39 U.N. GAOR Supp. (N.° 51) en 197, Doc. de la ONU. A/39/51 (1984), en vigor desde el 26 de junio de 1987.

[384]Ver, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Aydin v. Turkey, sentencia del 25 de septiembre de 1997, 25 Informes Europeos de Derechos Humanos [European Human Rights Reports, EHRR] 251, párrs. 62 a 88; y TEDH, Prosecutor v. Furudnija, ICTY, sentencia del 10 de diciembre de 1998, Caso N.° IT-95-17/1-T, párrs. 163 a 186.

[385]PIDCP, CDH, Comentario general 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 9, Doc. de la ONU. CCPR/C/21/Rev. 1/Add.13 (2004).

[386]Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), A/60/38 parte I. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, Res. A.G. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (N.° 46) en 193, Doc. de la ONU. A/34/46, en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

[387]Ver Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscripta el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331, en vigor desde el 27 de enero de 1980, art. 18.

[388]Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), Recomendación General N.° 19, La violencia contra la mujer (11.° período de sesiones, 1992), Doc. de la ONU A/47/38, párr. 24 (t).

[389] CEDAW/C/TZAA/CO/6 (CEDAW, 2009); CEDAW/C/CZE/CO/3 (CEDAW, 2006), CEDAW/C/BGD/CO/7 (CEDAW, 2011).

[390]Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, Res. A.G. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (N.° 46) en 193, Doc. de la ONU. A/34/46, en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

[391]Comité de la CEDAW, Observación General N.° 12, , La violencia contra la mujer, Doc. De la ONU A/44/38 en 75 (1989); Comité de la CEDAW, Observación General N.° 19, La violencia contra la mujer, Doc. De la ONU A/47/38 en 1 (1993).

[392]Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Res. A.G. 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (N.° 49) en 167, Doc. de la ONU. A/44/49, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990.

[393]Ver Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscripta el 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331, en vigor desde el 27 de enero de 1980, art. 18.

[394]CDN, art. 32.

[395] CDN, art. 34.

[396]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 80/11, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros (Estados Unidos), 21 de julio de 2011, párrs. 110-111.

[397]Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD), adoptada el 21 de diciembre de 1965, Res. A.G. 2106 (XX), anexo, 20 U.N. GAOR Supp. (N.° 14) en 47, Doc. de la ONU. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, en vigor desde el 4 de enero de 1969, ratificado por Estados Unidos el 20 de noviembre de 1994.

[398]Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación General N.° 14, párr. 2.