16 de Mayo de 2012

VII. Obstáculos para la aplicación del derecho penal

Mejor no llamo a la policía; mejor no digo nada.
—Marisol Z., trabajadora agrícola de Nueva York , agosto de 2011.
Si hubiera llamado a la policía, no me hubieran ayudado, porque soy indocumentada.
—Mónica V., trabajadora agrícola de Nueva York , agosto de 2011.

Muchos de los actos de violencia y acoso sexual que sufren los trabajadores agrícolas también pueden clasificarse como delitos, y están tipificados por el derecho penal. Sin embargo, en la mayoría de los casos que investigamos, los trabajadores no denunciaron a la policía que se había cometido un delito, o lo hicieron sólo después de comunicarse con una oficina de servicios sociales que los instó y apoyó activamente. Human Rights Watch no realizó entrevistas exhaustivas en una jurisdicción específica y, por motivos de confidencialidad, no pudimos hacer un seguimiento con los departamentos de policía sobre casos concretos. Si bien, por lo tanto, no podemos sacar conclusiones acerca de si los esfuerzos de un departamento de policía específico u otro organismo encargado de la aplicación de la ley son adecuados, los incidentes que se describen demuestran que tales organismos pueden y deberían hacer mayores esfuerzos para investigar y juzgar los actos de violencia sexual contra trabajadores agrícolas.

El temor a la policía aumenta cuando sus miembros participan en la aplicación de las normas inmigratorias

Una gran cantidad de inmigrantes y defensores denunciaron que los inmigrantes no autorizados suelen ser reticentes a denunciar delitos ante la policía. Lourdes Carrillo, líder de una organización comunitaria latina en Carolina del Norte, manifestó: “Conozco a víctimas de violencia doméstica que no hacen la denuncia [a la policía]… Conozco el caso de tres mujeres… Temen que la policía las deporte”[307]. Diversos funcionarios de policía también reconocen que el temor a la deportación es un importante obstáculo. El sargento Kevin Smith, del Departamento del Alguacil del condado de Fresno, expresó que cuando se presentan denuncias, “[p]arte de lo que se denuncia es de segunda mano. Las familias temen que se les deporte… No vienen de inmediato a la policía, por lo menos, no al principio”[308].

Como se señaló antes, la creciente colaboración de los organismos locales encargados de la aplicación de la ley con los servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) no ha tenido otro efecto que incrementar los temores de los trabajadores agrícolas inmigrantes. En los últimos años, el ICE  ha impulsado la adopción de programas como el Programa sobre Extranjeros que Participan en Delitos (Criminal Alien Program), 287(g), y el de Comunidades Seguras (Secure Communities). A través de estos programas, se ha verificado si inmigrantes no autorizados que entran en contacto con organismos encargados de la aplicación de la ley, por lo general, debido a incidentes menores, como infracciones de tránsito, figuran en una base de datos de inmigración, y luego se les envía al ICE para someterlos a un proceso de deportación[309]. Según el ICE, la gran mayoría de los inmigrantes deportados en el marco de estos programas eran peligrosos delincuentes, pero surge de los propios datos de dicho organismo que, al 30 de abril de 2011, un tercio de las personas arrestadas administrativamente o asignadas a la custodia del ICE a través del programa Comunidades Seguras no tenía condenas penales[310].

Cada vez es mayor la identificación de los organismos locales encargados de la aplicación de la ley con los agentes de inmigración, a medida que los gobiernos estatales dictan leyes que exigen la participación de estos organismos locales en el control de las normas inmigratorias. Arizona, Alabama, Carolina del Sur, Georgia y Utah han dictado leyes que obligan o autorizan a los organismos de aplicación de la ley a controlar la condición migratoria de las personas cuando estas son interceptadas o detenidas legalmente[311]. Hasta el momento, Alabama es el único estado donde tales disposiciones no fueron invalidadas poco después por la justicia, y Human Rights Watch recibió, con posterioridad, denuncias de incidentes en Alabama en los cuales, debido a la nueva ley, las víctimas de delitos no deseaban denunciarlos ante la policía[312].

La importancia de las iniciativas policiales de contacto con  la comunidad para fortalecer la confianza

Cuando un organismo encargado de la aplicación de la ley adopta medidas para tratar de vencer la desconfianza de una comunidad de inmigrantes y les asegura que está trabajando para proteger a todos los residentes de delitos, independientemente de su condición migratoria, esto puede marcar una gran diferencia.

El sargento Dave Shaw, del Departamento de Policía de Salinas, de Salinas, California, expresó que: “Si son víctimas, no nos importa su situación”[313]. Para transmitir ese mensaje, el departamento de policía ha llevado adelante una gran cantidad de actividades de extensión, con presentaciones en radio y televisión, artículos periodísticos y apariciones en iglesias latinas por parte del jefe de policía. Cuando el sargento Shaw comenzó en 1987, no existían este tipo de actividades de contacto con la comunidad. Sin embargo, considera que desde entonces, gracias a ellas, más víctimas se han atrevido a denunciar sus casos, incluso aquellos de agresión sexual.

El sargento Shaw recordó un caso en especial en donde había interceptado a un hombre y una mujer que se encontraban dentro de un vehículo e interrumpido lo que, más adelante, supo que era un intento de violación. En ese momento, la mujer simuló que mantenía una relación sentimental con el hombre, pero al día siguiente, se presentó y denunció la agresión. El sargento Shaw manifestó: “Sinceramente, creo que, gracias a todo lo que hemos hecho en estos años, la mujer denunció la agresión. Cuando yo empecé aquí, ella hubiera tenido más miedo de la policía que de su agresor”[314].

Sin embargo, el sargento Shaw es consciente de que todo el trabajo que ha realizado el departamento podría revertirse de un momento a otro: “Tienes que actuar en función de lo que dices. Puedes tardar 10 años en conseguir que la gente confíe en ti y luego, con un sólo incidente, traicionar esa confianza”[315].

Diversos trabajadores agrícolas y defensores de todo el país informaron que el comportamiento de la policía varía significativamente según la jurisdicción. Sin embargo, en las zonas en que la policía en general denuncia ante las autoridades de inmigración a los inmigrantes no autorizados que intercepta, los trabajadores agrícolas saben que incluso un control de tránsito de rutina[316] o una llamada telefónica para denunciar una situación de violencia doméstica[317] puede llevar a un proceso de deportación. En California y Carolina del Norte, dos estados que fueron visitados por Human Rights Watch, el Programa de Comunidades Seguras (Secure Communities) actualmente está activo en todos los condados[318].

En Nueva York, el Programa de Comunidades Seguras se puso en marcha en la mitad de los condados, incluidos muchos donde se desarrollan actividades agrícolas, pero en junio de 2011 Nueva York suspendió su participación, con alcance en todo el estado[319]. Incluso después de la suspensión, varios defensores de trabajadores locales en Nueva York señalaron que miembros de la policía local continuaban llamando a la Patrulla Fronteriza para solicitarle ayuda con interpretaciones, con lo cual, por ejemplo, cuando una víctima hispanohablante llame a la policía para pedir ayuda, acudirán al lugar para actuar como intérpretes autoridades de inmigración que tienen la facultad de deportarla[320]. También indicaron que es común que agentes de policía y funcionarios de la Patrulla Fronteriza se posicionen fuera de iglesias, lavanderías y otros lugares donde se reúnen inmigrantes latinos[321].

En una pequeña localidad del Valle Central de California, varios trabajadores agrícolas dijeron que no confiaban en la policía porque sentían que esta fuerza había “arrestado y deportado [a personas] sin motivo” o por infracciones como conducir sin la licencia correspondiente[322], y que un funcionario específico de la policía “a quien no le gustan los mexicanos... ayuda al ICE”[323]. En 2011, en el condado de Kern, California, una importante área agrícola, un agente de la oficina del alguacil fue condenado por detener a inmigrantes no autorizados y robarles dinero[324]. En el condado de Jackson, Carolina del Norte, un defensor de trabajadores agrícolas contó que le habían llegado rumores de que un agente en particular, apodado “El Gordo”, tiene la costumbre de “golpear a las personas y les dice cosas desagradables”[325]. Poco tiempo atrás, el Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que organismos locales de aplicación de la ley habían tomado determinaciones en función de factores raciales en el condado de Maricopa, Arizona, y en East Haven, Connecticut[326]. La percepción de que la policía puede detener a trabajadores en situación irregular y deportarlos “sin motivo” es un poderoso factor que los disuade de denunciar delitos.

Si bien nadie nos informó sobre incidentes en los que trabajadores agrícolas víctimas de actos de violencia o acoso sexual hubieran sido puestos a disposición de las autoridades de inmigración después de denunciar delitos ante la policía, varias personas relataron incidentes de interacciones menores con la policía, como una llamada telefónica para informar un hecho de violencia doméstica, que habían llevado a indagaciones acerca de la condición migratoria de la víctima y, en algunos casos, a que se iniciaran procesos de deportación[327]. Varios trabajadores agrícolas y defensores de trabajadores agrícolas expresaron que esas historias incrementan el temor entre las comunidades inmigrantes[328].

No se investigan casos de agresión sexual

Quienes sobreviven a agresiones sexuales en Estados Unidos, independientemente de su origen étnico, ocupación o situación legal, enfrentan importantes obstáculos cuando intentan obtener justicia, como lidiar con departamentos de policía que no investigan sus quejas de manera adecuada[329].

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi una de cinco mujeres en Estados Unidos, y uno de cada 71 hombres, han sufrido una violación durante su vida[330]. Los índices de denuncias de agresiones sexuales entre la población en general son bajos. Según la Oficina de Estadísticas de Justicia del Departamento de Justicia, solamente el 41 por ciento de las víctimas de violación o agresión sexual denunciaron estos incidentes a la policía[331]. En 2010, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), tan sólo el 24 por ciento de las violaciones denunciadas a la policía culminaron con arrestos[332].

El índice de denuncias es aun más bajo en la comunidad latina. De acuerdo con una encuesta reciente entre mujeres latinas sobre agresiones sexuales, solamente el 6.6 por ciento de quienes habían experimentado alguna situación de victimización sexual (cuya definición incluye la agresión sexual, el intento de agresión sexual y el manoseo) informaron que se habían puesto en contacto con la policía; y sólo el 21 por ciento afirmó que había buscado ayuda formal de algún tipo (definida como atención médica, participación de la policía o de una oficina de servicios sociales, el dictado de una orden de restricción o la presentación de denuncias penales)[333]. El estudio encuestó a mujeres en áreas con gran cantidad de residentes latinos; es probable las cifras son aún más crudas en el caso de trabajadoras agrícolas latinas, e incluso peores entre trabajadoras agrícolas latinas en situación migratoria irregular[334].

Incluso cuando se denuncian violaciones, los organismos de aplicación de la ley de Estados Unidos a menudo no investigan los hechos adecuadamente. Human Rights Watch ha documentado previamente que las autoridades de los condados de Illinois y Los Ángeles no analizaban las muestras recogidas de los estuches de violación (los resultados de exámenes médicos que tienen por objeto recabar evidencias de ADN)[335], mientras que una investigación reciente del Baltimore Sun dejó al descubierto problemas serios y generalizados en la respuesta de la policía de Baltimore a las denuncias de agresión sexual, incluida una tasa inusualmente alta de clasificación de tales denuncias como “infundadas” (lo cual significaba que la policía no creía que se hubiera cometido un delito), así como interrogatorios policiales durante los cuales las víctimas recibían un trato agresivo y desagradable[336].

Algunos trabajadores agrícolas nos comentaron que a veces la policía parecía mostrarse indiferente cuando denunciaban otros delitos, o bien que no entendían del todo los hechos que se denunciaban debido a las diferencias idiomáticas[337]. Líderes Campesinas, una organización dedicada a la defensa de trabajadoras agrícolas, informó que, cuando un departamento de policía sólo tiene un funcionario que habla español, esa persona suele quedar “encasillada en este rol” y finalmente “termina abrumada”[338]. Líderes Campesinas ha ofrecido realizar actividades de extensión con los departamentos de policía locales, pero estos no han estado interesados, lo cual demuestra su poco “compromiso institucional para prestar servicios”[339]. María A., quien contó haber sido violada, también señaló que se comunicó telefónicamente con la policía porque había recibido, antes de la violación, llamadas telefónicas acosadoras, pero que la policía no había demostrado interés en ayudarla[340].

Dos trabajadoras agrícolas de diferentes estados, que denunciaron ante la policía haber sido violadas, nos contaron que los autores del delito fueron deportados, pero que no fueron acusados penalmente. Rosana C. afirmó que la policía nunca dio seguimiento a su denuncia, y nunca arrestaron al responsable, tal como le prometieron después de que ellas les proporcionara su nombre y otros datos. En lugar de ello, Rosana se enteró a través de terceros que el agresor había sido deportado. “Cuando regrese a México, me va a hacer pagar. ¿De qué sirve exigir justicia cuando esta no existe? Deberían haberlo mandado a la cárcel”[341], expresó. Si bien Patricia M. no se mostró igualmente indignada, dijo que estaba preocupada porque un familiar de la persona que la había violado le contó que este hombre tenía previsto regresar a visitarla a ella y a su hija[342].

A veces, la policía y los fiscales pueden optar por no realizar investigaciones ni impulsar la vía judicial por diversos motivos. Jeff Ponting, abogado de California Rural Legal Assistance, considera que la inacción de las autoridades es más probable cuando existen prejuicios generalizados contra los inmigrantes no autorizados y debido a las ideas equivocadas que se tienen sobre ellos[343]. La fiscal de distrito del condado de Kern, Lisa Green, hizo hincapié en otros problemas, como la pérdida de evidencias que se produce cuando la agresión sexual no se denuncia de inmediato y las dificultades para integrar jurados con personas que sientan empatía con víctimas de habla hispana y comprendan por qué quienes son víctimas de agresión sexual en el lugar de trabajo muchas veces vuelven a trabajar a ese mismo lugar[344].

[307]Entrevista de Human Rights Watch con Lourdes Carrillo, directora de HOLA, Wilkesboro, Carolina del Norte, 24 de agosto de 2011.

[308] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el sargento Kevin Smith, del Departamento del Alguacil del condado de Fresno (Fresno County Sheriff’s Department), 25 de julio de 2011.

[309]American Immigration Lawyers Association, “Immigration Enforcement Off Target: Minor Offenses with Major Consequences”, agosto de 2011, http://www.aila.org/content/fileviewer.aspx?docid=36646&linkid=236762 (consultado el 13 de abril de 2012).

[310]Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement), “Secure Communities: IDENT/IAFIS Interoperability Monthly Statistics through 30 de abril de 2011”, 23 de mayo de 2011, http://www.ice.gov/doclib/foia/sc-stats/nationwide_interoperability_stats-fy2011-feb28.pdf (consultado el 5 de marzo de 2012). Otro 38 por ciento tenía condenas por “delitos no agravados”.

[311]Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (Immigrants’ Rights Project) de la American Civil Liberties Union, “SB 1070-Type Legislation”, actualizado al 1 de noviembre de 2011, http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv1/groups/public/@nyu_law_website__centers__bickel_brewer_latino_institute_for_human_rights/documents/documents/ecm_pro_070426.pdf (consultado el 29 de febrero de 2012).

[312]Human Rights Watch, Estados Unidos—Vivir sin dignidad: La Ley sobre Inmigración de Alabama, 14 de diciembre de 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/12/14/no-way-live.

[313]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el sargento Dave Shaw, de la Unidad de Servicios Comunitarios (Community Services Unit) del Departamento de Policía de Salinas (Salinas Police Department), 22 de junio de 2011.

[314] Ibíd.

[315] Ibíd.

[316]En julio de 2011, el alcalde de Boston, Thomas Menino, envió al Departamento de Seguridad Nacional una carta en la que solicitaba retirarse del Programa de Comunidades Seguras, en parte, debido a que el ICE había detenido y arrestado a numerosos inmigrantes después de haberlos interceptado por violaciones de tránsito. Julia Preston, “Resistance Widens to Obama Initiative on Criminal Immigrants”, The New York Times, 13 de agosto de 2011, http://www.nytimes.com/2011/08/13/us/politics/13secure.html?pagewanted=all (consultado el 6 de marzo de 2012).

[317]María Bolanos, una inmigrante no autorizada de Maryland, fue identificada como tal por el programa Comunidades Seguras tras llamar a la policía para denunciar una disputa doméstica y fue arrestada por vender ilegalmente una tarjeta telefónica, acusación que, finalmente, se retiró. Shankar Vendantam, “Call for help leads to possible deportation for Hyattsville mother”, The Washington Post, 1 de noviembre de 2010, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2010/11/01/ST2010110106818.html?sid=ST2010110106818 (consultado el 6 de marzo de 2012).

[318]US Immigration and Customs Enforcement, “Activated Jurisdictions”, actualizado el 6 de marzo de 2012, http://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/sc-activated.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012).

[319]Carta del gobernador Andrew M. Cuomo a John Sandweg, asesor de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (US Department of Homeland Security), 1 de junio de 2011, http://www.governor.ny.gov/assets/Secure%20Communities.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012). Otros estados también han expresado su renuencia a participar en el Programa de Comunidades Seguras, pero no queda claro si se permitirá que Nueva York continúe optando por mantenerse al margen. Si bien, inicialmente, el ICE describió al programa en cuestión como un programa voluntario, el ICE envió un memorando en respuesta a una petición en virtud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) en el cual indicaba que tenía previsto hacer el programa obligatorio antes de 2013. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (US Immigration and Customs Enforcement), Memorando a Beth N. Gibson, subdirector auxiliar, “Secure Communities—Mandatory in 2013”, 2 de octubre de 2010, http://images.politico.com/global/2012/01/icefoiaoptoutdocs.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012).

[320]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Lew Papenfuse, director, y Cheryl Gee, trabajadora comunitaria de Farmworker Legal Services of New York (ahora denominada Worker Justice Center of New York), 5 de mayo de 2011. Se denunció que existía la misma práctica en Ohio. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Mark Heller, abogado gerente del Programa de Inmigración y Trabajadores Agrícolas Migrantes de Advocates for Basic Legal Equality, 29 de agosto de 2011.

[321] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Lew Papenfuse, director, y Cheryl Gee, trabajadora comunitaria de Farmworker Legal Services of New York (ahora denominada Worker Justice Center of New York), 5 de mayo de 2011; entrevista de Human Rights Watch con Alina Díaz, defensora de trabajadores agrícolas, Rochester, Nueva York, 20 de agosto de 2011. Human Rights Watch ha intentado comunicarse con el Servicio de Aduanas y Patrullas Fronterizas (Customs and Border Patrol) para conocer su opinión, pero, a la fecha de publicación de este informe, no hemos recibido ninguna respuesta.

[322] Entrevistas de Human Rights Watch con Lupe S. (seudónimo), California, junio de 2011; Juliana T. (seudónimo), California, junio de 2011; Lorena U. (seudónimo), California, junio de 2011.

[323]Entrevistas de Human Rights Watch con Emilio R. (seudónimo), California, junio de 2011; director de una oficina de servicios sociales (nombre reservado), California, junio de 2011. Los llamados de Human Rights Watch al departamento de policía de esta localidad no recibieron contestación.

[324]Jason Kotowski, “Some local law enforcement have fallen on wrong side of the law”, The Bakersfield Californian, 4 de abril de 2011, http://www.bakersfield.com/news/local/x529880740/Some-local-law-enforcement-have-fallen-on-wrong-side-of-the-law (consultado el 5 de febrero de 2012). Se han arrestado en todo el país policías que extorsionaban a inmigrantes no autorizados con el propósito de sacarles dinero. Ver Cynthia Roldán, “Lantana cop charged with robbery for allegedly pulling over, shaking down Hispanic men”, Palm Beach Post News, 29 de junio de 2011, http://www.palmbeachpost.com/news/crime/lantana-cop-charged-with-robbery-for-allegedly-pulling-1484923.html?cxntcid=breaking_news (consultado el 5 de febrero de 2012).

[325]Entrevista de Human Rights Watch con defensor de trabajadores agrícolas (nombre reservado), Carolina del Norte, 25 de agosto de 2011. Cuando se le pidió una respuesta, Shannon Queen, titular de la Oficina del Alguacil del condado de Jackson (Jackson County Sheriff’s Office), expresó que no había recibido quejas por este tipo de conducta indebida. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Shannon Queen, titular de la Oficina del Alguacil del condado de Jackson, 21 de marzo de 2012.

[326]Carta enviada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a Bill Montgomery, fiscal del condado de Maricopa, Arizona, 15 de diciembre de 2011, http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/mcso_findletter_12-15-11.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012); Carta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al jefe Joseph Maturo, Jr., East Haven, Connecticut, 19 de diciembre de 2011, http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/easthaven_findletter_12-19-11.pdf (consultado el 7 de marzo de 2012).

[327]Entrevistas de Human Rights Watch con Alejandro Celorio, Cónsul de Protección, consulado mexicano, Sacramento, California, 4 de abril de 2011; líder comunitario, Carolina del Norte, agosto de 2011; Paz B. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011; Carlos U. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011.

[328]Entrevistas de Human Rights Watch con Ana I. (seudónimo), Carolina del Norte, julio de 2011; Marisol Z. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011; Bárbara L. (seudónimo), California, agosto de 2011. Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Leoncio Vásquez, director del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, 21 de abril de 2011; Lew Papenfuse, director, y Cheryl Gee, trabajadora comunitaria de Farmworker Legal Services of New York (ahora denominada Worker Justice Center of New York), 5 de mayo de 2011; Laura Contreras, abogada de Columbia Legal Services, y Blanca Rodríguez, abogada del Proyecto Justicia de Northwest, 17 de marzo de 2011; Lourdes Carrillo, HOLA, Wilkesboro, Carolina del Norte, agosto de 2011.

[329]Human Rights Watch, “I Used to Think the Law Would Protect Me: Illinois’s Failure to Test Rape Kits, julio de 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/07/07/i-used-think-law-would-protect-me-0; Human Rights Watch, Testing Justice: The Rape Kit Backlog in Los Angeles City and County, marzo de 2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/03/31/testing-justice-0.

[330]Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones (National Center for Injury Prevention and Control), Departamento de Prevención de Violencia (Division of Violence Prevention), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control), Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (US Department of Health and Human Services), “National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Summary Report”, noviembre de 2011, http://www.cdc.gov/violenceprevention/nisvs/index.html (consultado el 4 de enero de 2012).

[331]Departamento de Justicia de Estados Unidos (US Department of Justice). Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics), “National Crime Victimization Survey, 2005,” http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cv05.pdf (accessed 12 de marzo de 2012).

[332]Departamento de Justicia de Estados Unidos (US Department of Justice), Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation), “Crime in the United States 2010”, http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010 (consultado el 13 de marzo de 2012). Hace poco, el FBI amplió su definición de violación más allá de la “violación por la fuerza” a fin de asemejarla a las definiciones contenidas en las leyes estatales, pero esta nueva definición aún no ha sido incorporada en las estadísticas del FBI. “Attorney General Eric Holder Announces Revisions to the Uniform Crime Report’s Definition of Rape”, comunicado de prensa del Buró Federal de Investigaciones, 6 de enero de 2012, http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/attorney-general-eric-holder-announces-revisions-to-the-uniform-crime-reports-definition-of-rape (consultado el 13 de marzo de 2012).

[333] Carlos A. Cuevas y Chiara Sabina, Sexual Assault Among Latinas (SALAS) Study, abril de 2010, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/230445.pdf (consultado el 27 de marzo de 2012).

[334] Departamento de Justicia de Estados Unidos (US Department of Justice). Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics), “National Crime Victimization Survey, 2005”. El 73 por ciento de las mujeres víctimas de violación o agresión sexual denunciaron haber sido agredidas por una persona a la que conocían. El estudio SALAS advirtió tasas similarmente altas de victimización por parte de personas conocidas: 44.1 por ciento de las víctimas de violencia sexual denunciaron que los autores del delito fueron una pareja o cónyuge; el 48.7 por ciento denunció que el responsable fue alguna otra persona que la víctima conocía. El estudio también llegó a la conclusión de que las inmigrantes informaban en la encuesta índices de victimización sexual menores que las latinas nacidas en Estados Unidos y que quienes ya estaban más adaptadas a este país. El estudio no ofreció ninguna conclusión sobre el motivo de esta diferencia, pero planteó, entre otras explicaciones, que existían más posibilidades de que las mujeres latinas nacidas en Estados Unidos reconocieran la victimización en respuesta a una encuesta telefónica que las mujeres latinas extranjeras. Carlos A. Cuevas y Chiara Sabina, Sexual Assault Among Latinas (SALAS) Study, abril de 2010.

[335] Human Rights Watch, “I Used to Think the Law Would Protect Me, julio de 2010; Human Rights Watch, Testing Justice, marzo de 2009.

[336]Justin Fenton, “City rape statistics, investigations draw concern”, The Baltimore Sun, 27 de junio de 2010, http://www.baltimoresun.com/news/bs-md-ci-rapes-20100519,0,5338041.story (consultado el 13 de marzo de 2012). La investigación del Philadelphia Inquirer de 1999 encontró problemas similares en el accionar de la policía de Filadelfia ante denuncias de violaciones. Mark Fazlollah, Michael Matza, Craig R. McCoy y Clea Benson, “Women victimized twice in police game of numbers”, Philadelphia Inquirer, 17 de octubre de 1999, http://inquirer.philly.com/packages/crime/html/sch101799.asp (consultado el 13 de marzo de 2012).

[337]Entrevistas de Human Rights Watch con Belén F. (seudónimo), California, junio de 2011; Santiago I. (seudónimo), California, junio de 2011; Pilar D. (seudónimo), Carolina del Norte, julio de 2011; Isabel H. (seudónimo), Carolina del Norte, julio de 2011; Cristina N. (seudónimo), California, agosto de 2011.

[338]Entrevista de Human Rights Watch con Daniela Ramírez, directora ejecutiva (en ese momento); Suguet López, directora de programas; y Ramona Félix, coordinadora estatal de los Programas contra las Agresiones Sexuales, el Acoso y el Tráfico, Oxnard, California, 29 de junio de 2011.

[339] Ibíd.

[340]Entrevista de Human Rights Watch con María A. (seudónimo), California, junio de 2011.

[341]Entrevista de Human Rights Watch con Rosana C. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011.

[342]Entrevista de Human Rights Watch con Patricia M. (seudónimo), California, junio de 2011. En estos casos, Human Rights Watch no se puso en contacto con los departamentos de policía a fin de proteger la identidad de Rosana C. y Patricia M.

[343]Entrevista de Human Rights Watch con Jeff Ponting, director del Programa de Trabajadores Agrícolas Indígenas, California Rural Legal Assistance, Oxnard, California, 29 de junio de 2011.

[344]Entrevista de Human Rights Watch con la fiscal de distrito del condado de Kern, Lisa Green, Bakersfield, California, 28 de junio de 2011.