16 de Mayo de 2012

V. Un sistema de inmigración disfuncional

Las normas internacionales de derechos humanos exigen que las garantías de los derechos básicos se apliquen a todas las personas que se encuentren en el territorio de un Estado, incluso a todo extranjero que se halle en el país con autorización o sin ella. Esto es fundamental para proteger tanto a trabajadores que son ciudadanos estadounidenses como a aquellos que no lo son, ya que minimiza los incentivos para que los empleadores contraten a trabajadores inmigrantes a quienes pueden explotar fácilmente[186].

Aun así, cuando los trabajadores agrícolas inmigrantes experimentan situaciones de violencia y acoso sexual, muchos deciden no denunciar esos abusos a través del sistema civil o penal. Si bien son muchos los factores que disuaden a los trabajadores agrícolas de denunciar abusos, como por ejemplo, la desesperación originada en la pobreza y en la falta de apoyo de la comunidad, uno de los más significativos es su condición de inmigrantes. Ya sea que estén trabajando en forma irregular o con visas de trabajo temporal, los trabajadores agrícolas inmigrantes viven con el temor constante de ser deportados.

Varios trabajadores agrícolas que entrevistamos contaron que el temor a la deportación era el motivo principal por el cual decidían no denunciar situaciones de violencia o acoso sexual, u otros abusos en el lugar de trabajo[187]. Incluso algunos trabajadores agrícolas con permiso de trabajo que habían presentado denuncias por acoso sexual expresaron que, si no tuvieran tales permisos, no lo habrían hecho[188]. Algunos abogados señalaron que el temor a la deportación es mayor entre las mujeres con hijos, ya que temen separarse de sus hijos que son ciudadanos estadounidenses y perder la capacidad de mantener a sus familias[189]. Otra abogada de un servicio de asistencia legal señaló que el temor a la deportación también puede afectar la voluntad de los testigos de participar en investigaciones[190]. Blanca Rodríguez, abogada que representa a trabajadores agrícolas en una demanda por acoso sexual, informó que el mayordomo acusado en el caso había trabajado para la empresa en cuestión durante más de 40 años y que todo ese tiempo había acosado sexualmente a mujeres, quienes no lo habían denunciado porque se encontraban en situación irregular y estaban atemorizadas[191].

Una condición migratoria incierta aumenta, por un lado, la vulnerabilidad del trabajador frente a la explotación y, por el otro, reduce su deseo de interactuar con funcionarios gubernamentales. Si bien denunciar ante las autoridades de inmigración a los empleados por buscar defender sus derechos en el lugar de trabajo constituye una represalia ilegal, los trabajadores aún tienen motivos para temer que los empleadores puedan hacerlo. La creciente participación de las fuerzas de orden público locales en las medidas de control de la inmigración alimenta el temor de los trabajadores de que entrar en contacto con la policía pueda terminar en una deportación. Si, no obstante ello, decidieran presentar una demanda civil, los trabajadores en situación irregular deben enfrentarse a un sistema que prevé para ellos un trato distinto al de otros trabajadores, con acceso más restringido a servicios legales y recursos limitados, entre otras cosas. El Gobierno de Estados Unidos, en lugar de implementar una estrategia directa para abordar el problema, continúa demorando la indispensable reforma migratoria y permite que el sector dependa de una fuerza laboral vulnerable.

Limitaciones del actual sistema inmigratorio

Cuando las personas exigen que los alimentos se produzcan de manera justa, les digo que se comuniquen con su representante en el Congreso que se ocupa de temas de inmigración.
—Sandy Brown, sector de Recursos Humanos de Swanton Berry Farm, California , 21 de julio de 2011.

En la actualidad, la única manera de inmigrar legalmente a Estados Unidos para trabajar en  la agricultura es mediante el programa para trabajadores agrícolas temporales H-2A[192]. En 2011, hubo en Estados Unidos aproximadamente 68,000 trabajadores extranjeros temporales en virtud del programa H-2A, lo cual representó tan sólo un pequeño porcentaje de la fuerza laboral agrícola total[193]. Diversas organizaciones de defensa como Farmworker Justice y el Southern Poverty Law Center han criticado al programa H-2A debido a que permite la discriminación por edad y sexo[194]. Ninguna de las trabajadoras agrícolas entrevistadas para este informe manifestó ser una trabajadora incluida en el programa H-2A.

El programa H-2A no goza de popularidad entre los empleadores ni los defensores de trabajadores agrícolas. Los primeros sostienen que el programa es demasiado limitado y complejo para sus necesidades laborales. Al solicitar visas para trabajadores según el programa H-2A, los empleadores deben certificar que no pueden encontrar trabajadores locales y que traer trabajadores extranjeros temporales no afectará en forma adversa los salarios ni las condiciones laborales de trabajadores estadounidenses[195]. Quienes tienen visas H-2A pueden ingresar en Estados Unidos por un período limitado, por lo general, de menos de 10 meses, y luego deben regresar a sus países de origen antes de poder volver a Estados Unidos.

La crítica que los defensores de trabajadores agrícolas hacen al programa es que no protege los derechos de los trabajadores y alienta a los empleadores a preferir contratar trabajadores temporales vulnerables antes que a trabajadores estadounidenses. Quienes tienen visas H-2A dependen de sus empleadores para poder permanecer en Estados Unidos, ya que no pueden transferir la visa a otros empleadores[196]. Un trabajador temporal con visa H-2A no tiene posibilidades de convertirse en residente permanente, y los trabajadores en situación irregular que ya se encuentren en Estados Unidos no pueden regularizar su status mediante el programa H-2A. Este programa contiene algunos requisitos respecto de salarios, alojamiento y transporte, cuyo objeto es proteger a los trabajadores extranjeros temporales contra abusos en el lugar de trabajo. Sin embargo, los trabajadores extranjeros temporales quedan excluidos explícitamente de la protección que proporciona la Ley de Protección a Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales (AWPA), lo cual significa que no tienen derecho en virtud de esa norma a iniciar acciones ante tribunales federales por pérdida de salarios, beneficios de vivienda ni otros requisitos del contrato H-2A[197]. Como en el caso de otros trabajadores agrícolas, tampoco tienen derecho a participar en negociaciones colectivas[198].

En vista de estas limitaciones, algunos defensores de los trabajadores agrícolas consideran que, a pesar de que su situación es legal, en algunos casos los trabajadores con la visa H-2A pueden estar más expuestos a sufrir abusos que los trabajadores inmigrantes en situación irregular. Algunos de los casos más aberrantes de trabajo forzado en Estados Unidos han estado relacionados con trabajadores que contaban con visas H-2A, y a quienes sus empleadores los han sometido a situaciones que prácticamente constituían esclavitud[199]. Jenifer Rodríguez, abogada de un servicio de asistencia legal, ha comprobado que “[los trabajadores con visa H-2A] no tienen ningún poder… además, están muy aislados. No tienen apoyo local… Me cuentan historias espantosas sobre las propuestas que reciben [de un agricultor], pero nunca quieren hacer nada al respecto”[200]. En una demanda interpuesta en agosto de 2011 en Luisiana se alegó que trabajadoras mexicanas que llegaron al país con visas H-2A para trabajar en una planta de procesamiento de cangrejos de río eran objeto de propuestas sexuales por parte de sus empleadores, así como de amenazas de violencia, negación de salarios, trabajo forzado y discriminación racial[201]. La demanda también sostiene que el empleador solicitó al departamento de policía local que detuviera a dos de las demandantes, y que estas fueron detenidas en forma ilegal[202].

Dadas las limitaciones del programa H-2A, numerosos defensores de trabajadores agrícolas, así como empleadores, ejercieron presión para que se promulgue legislación que, por un lado, revisara el programa H-2A y, por el otro, creara un mecanismo de legalización para a trabajadores agrícolas en situación irregular que ya se encontraran en Estados Unidos. La Ley de Oportunidades Laborales, Beneficios y Seguridad en el Sector Agrícola (Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security Act, AgJOBS) fue negociada por defensores de trabajadores agrícolas, bajo la conducción de Unión de Campesinos, y algunos de los principales empleadores agrícolas, y en un principio gozó de amplio apoyo de ambos bloques legislativos[203]. Hoy, 10 años más tarde, la posibilidad de que sea aprobada sigue siendo tan remota como cuando se introdujo por primera vez en 2003. Fue presentada por última vez en el marco de un proyecto de reforma inmigratoria integral planteado en 2011, pero, debido al actual clima político, es poco probable que un proyecto de ley de ese tipo sea aprobado por el Congreso en el futuro próximo[204].

En respuesta, el Congreso ha debatido recientemente diversos proyectos legislativos en los cuales se proponían revisiones al programa H2-A de trabajadores extranjeros temporales[205]. Si bien la precaria condición migratoria de muchos trabajadores agrícolas sólo podría abordarse plenamente mediante una reforma integral, la modificación del programa H2-A para que proteja de manera más efectiva los derechos de los trabajadores ayudaría a garantizar una mayor seguridad en el lugar de trabajo para quienes realizan tareas en el sector agrícola, incluida la prevención de situaciones de violencia y acoso sexual.

Intereses del gobierno en conflicto: el control de la inmigración frente a la protección de los trabajadores

En los últimos años, el gobierno federal ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración, y durante la gestión de Obama se ha realizado una cantidad récord de deportaciones[206]. De conformidad con un informe de 2009 del Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project, NELP), estas acciones para el control de la inmigración han incidido significativamente en las iniciativas tendientes a proteger los derechos de los trabajadores. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) ha realizado requisas con gran repercusión en establecimientos investigados por infracciones a los derechos de los trabajadores; hubo casos en que agentes del ICE incluso se han hecho pasar por funcionarios de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y organizaron  reuniones informativas en las cuales arrestaron a los concurrentes; y agentes de la policía local han arrestado, a pedido de los empleadores, a trabajadores para luego ponerlos a disposición de las autoridades de inmigración[207]. Una trabajadora agrícola entrevistada por Human Rights Watch fue deportada antes de que concluyera el juicio por acoso sexual que había iniciado contra su empleador, y temía que su empleador la hubiera denunciado a las autoridades de inmigración con el propósito de intimidarla[208].

Existe un conflicto fundamental entre las prioridades del ICE y las de otros organismos de protección de los trabajadores, como el Departamento de Trabajo (DOL), la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y otras agencias. El ICE ha adoptado algunas medidas importantes para abordar el conflicto, pero estas son insuficientes para tratar integralmente el alcance del problema.

El DOL ha actualizado recientemente su Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU) con el ICE para brindar una mayor protección a los trabajadores en situación irregular. En una parte, el memorando actualizado indica que “el ICE se compromete a abstenerse de realizar actividades civiles de fiscalización en lugares de trabajo que sean objeto de una investigación del DOL en relación con una disputa laboral mientras dicha investigación se encuentre en curso, así como en cualquier procedimiento relacionado”[209]. Sin embargo, no se han suscripto acuerdos similares con otros organismos encargados de la fiscalización del cumplimiento de los derechos en el lugar de trabajo, como la EEOC, y que posiblemente reciban denuncias por acoso sexual, así como tampoco con organismos laborales de los estados. Por lo tanto, es improbable que el ICE tome conocimiento sobre trabajadores cuya reclamación esté siendo investigada por otros organismos federales o estatales[210].

Un memorando reciente del ICE también establece pautas acerca de cómo debe ejercerse las facultades discrecionales en los procesos legales en casos que implican a víctimas y testigos de delitos, y personas que buscan la protección de sus derechos civiles y laborales. Establece que “[s]i no median circunstancias especiales o agravantes, resulta contrario a la política del ICE iniciar procesos de deportación contra quien se sepa que es la víctima inmediata o testigo de un delito”[211]. El memorando, sin embargo, no establece una política de análisis de la situación de los inmigrantes para determinar si estos reunirían los requisitos para que las autoridades ejerzan su facultad discrecional en virtud este memorando, y los inmigrantes deberían brindar afirmativamente esta información a los agentes de ICE. Si bien los abogados que estén informados sobre el memorando de facultades discrecionales podrían brindar esta información al ICE, no se reconoce a los inmigrantes involucrados en procedimientos de deportación el derecho a un abogado designado por la justicia y, por lo tanto, es posible que nunca se identifique a muchos de aquellos que reunirían estos requisitos.

La Instrucción Operativa 287.3 del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) también exige que los funcionarios del ICE determinen si la información laboral de las personas indocumentadas se proporcionó al ICE con la intención de interferir en los derechos de los empleados de “formar o incorporarse o asistir a organizaciones laborales, o ejercer su derecho a no hacerlo; a que se les pague un salario mínimo y horas extras; a contar con lugares de trabajo seguros; a recibir una indemnización por lesiones relacionadas con el trabajo; a no ser discriminados por motivos de raza, sexo, edad, nacionalidad, religión o discapacidad; y a no ser objeto de represalias por intentar reivindicar estos derechos”[212]. Por lo menos en un caso los defensores han logrado aplicar la Instrucción Operativa, ya que pudieron convencer a los funcionarios del ICE y a los policías locales que habían sido llamados a declarar por el empleador durante una disputa relativa a una reclamación salarial[213]; sin embargo, otros incidentes descritos a NELP por defensores de todo el país indican que los funcionarios no han recibido capacitación en relación con la Instrucción Operativa[214].

Si bien es sumamente importante para el ICE suscribir un Memorando de Acuerdo y cumplir sus propios memorandos e instrucciones operativas, estas políticas solamente pueden aplicarse si los trabajadores denuncian los abusos en el lugar de trabajo. Ocurre muy a menudo que los trabajadores inmigrantes en situación irregular están demasiado atemorizados para denunciar abusos, y estas políticas no llegan a aplicarse.

Limitaciones de las visas de categoría “U”

Algunas disposiciones de las leyes sobre inmigración de Estados Unidos reconocen que el temor a la deportación puede intimidar a las víctimas al punto de impedirles denunciar delitos. En los casos en que la violencia o el acoso sexual incluyen violaciones sexuales, trata de personas, agresión sexual o ciertos delitos violentos, es posible que la víctima reúna los requisitos para recibir una visa de categoría “U”, de carácter temporal, que le permite regularizar su situación en Estados Unidos e incluso, en algunos casos, solicitar la condición de residente permanente[215]. La visa no se ofrece a víctimas de aquellos abusos sexuales que no se encuentren enumerados en la lista de delitos. En la actualidad, únicamente pueden expedirse hasta 10,000 visas U por año; y dicho máximo se alcanzó en los ejercicios 2010 y 2011, tan sólo unos pocos años después de que se ofreciera esta visa por primera vez[216].

Varios trabajadores agrícolas que entrevistamos habían solicitado o estaban en proceso de solicitar visas de categoría U. Por lo general, las organizaciones de servicios legales financiadas por la organización federal Legal Services Corporation (LSC) no pueden representar a inmigrantes no autorizados[217]. Sin embargo, pueden representar a quienes reúnen los requisitos para recibir la visa U y, por consiguiente, contar con tal visa ha sido fundamental para que algunos trabajadores agrícolas pudieran obtener representación legal.

Sin embargo, varios representantes de las autoridades encargadas de aplicar la ley y defensores de quienes sobrevivieron a abusos expresaron su preocupación y frustración con el proceso de solicitud de las visas U, en especial, con la exigencia de que un funcionario de la autoridad encargada de aplicar la ley o un juez certifique que la víctima “ha sido útil para el organismo certificante, lo es en este momento o probablemente lo sea en el futuro, en relación con la investigación o el juzgamiento” de un delito[218]. Varios defensores de víctimas informan que los organismos certificantes han interpretado esta disposición de maneras distintas e incongruentes en las diversas jurisdicciones. Ileana Herrera, defensora de víctimas en Fresno, California, expresa que algunos policías se quejan de tener que firmar certificaciones para “tarjetas verdes” (green cards) y acusan a las víctimas de “usar los delitos para obtener una visa de inmigración”[219]. Además, a veces, interpretan el término “cooperación” de una manera limitada y arbitraria. En un caso, un defensor se quejó de que la policía se había negado a certificar que había cooperado debido a que no habían podido localizar a la víctima, pese a que esta se encontraba en un centro de acogida[220]. Ana Vallejo, abogada de un servicio de asistencia legal en Florida, describió un caso en que una víctima de violencia doméstica había llamado a la policía, que llegó y arrestó a todos los miembros del hogar y nunca investigó la denuncia de violencia doméstica. La mujer, aunque fue víctima de un crimen, es parte ahora en un procedimiento de inmigración sin que exista constancia alguna que demuestre que hubo una investigación, y por lo tanto sin la posibilidad de solicitar una visa U[221].

La interpretación puede ser distinta incluso entre organismos de una misma localidad. Si bien el fiscal de distrito del condado de Riverside ha implementado recientemente una nueva política que permite certificar una gran cantidad de casos, y que responde a una interpretación literal de las reglamentaciones[222], un defensor de víctimas informó que la Oficina del Alguacil del condado de Riverside se niega a certificar solicitudes de visas U[223].

Desde la perspectiva de algunos funcionarios encargados de aplicar la ley, el gobierno federal no ha proporcionado suficientes pautas sobre lo que se necesita para la certificación. Rachel Sorratos del Departamento de Policía de Salinas expresó: “No nos dieron nada, nada de ayuda. Investigué en Internet lo que necesitaba saber. Ni siquiera sé a quién debo llamar”[224]. Pamela Patterson, del departamento de Servicios a las Víctimas de la Fiscalía de Distrito del condado de Monterey (Monterey County District Attorney’s Office) coincidió en que hay una confusión generalizada respecto de qué es la visa U[225].

La EEOC y el DOL también tienen autoridad para certificar solicitudes de visas U, pero varios defensores han expresado su decepción con la decisión del DOL de limitar la certificación únicamente a cinco delitos que el departamento detecte durante el curso de investigaciones sobre salarios y jornada laboral: servidumbre involuntaria, trabajo forzado, trata de personas, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos[226]; los defensores esperaban que el DOL también certificara los delitos de violencia física y perjurio. Con respecto a la EEOC, un abogado informó que el proceso es engorroso y lento, y que: “debilita diariamente la función de protección que cumple la visa, a medida que el trabajador toma decisiones fundamentales para seguir adelante”[227].

Otra importante limitación de la visa de categoría U es que no protege a testigos en situación migratoria irregular que no son víctimas directas o indirectas del delito[228]. Incluso si la víctima desea seguir adelante, la amenaza de deportación puede obstaculizar la investigación al impedir que los testigos presten testimonio. La abogada Jenifer Rodríguez explicó que ella misma había visto en su trabajo ese temor, cuando en un caso los testigos dijeron que habían olvidado lo que había ocurrido. Como explicó respecto de uno de los testigos: “[T]rataba de mantener un bajo perfil, intentando que nadie lo notara en una comunidad pequeña”[229].

[186] La Corte Suprema de Estados Unidos expresó en el caso De Canas v. Bica, 424 US 351, 356-57 (1976), “[L]a aceptación por parte de extranjeros ilegales de trabajos con salarios y condiciones de trabajo deficientes pueden redundar en un serio deterioro de las escalas salariales y las condiciones de trabajo de quienes son ciudadanos y de los extranjeros admitidos legalmente”.

[187] Entrevistas de Human Rights Watch con Claudia L. (seudónimo), California, junio de 2011; María A. (seudónimo), California, junio de 2011; Marisol Z. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011; Mercedes A. (seudónimo), Nueva York, agosto de 2011.

[188] Entrevistas de Human Rights Watch con Lucía A. (seudónimo), California, abril de 2011; Natalia B., Magdalena C., Ana D. y Soledad E. (seudónimos), California, abril de 2011.

[189] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Daniela Dwyer, abogada de planta del Proyecto de Justicia para los Trabajadores Agrícolas Migrantes (Migrant Farmworker Justice Project) de Florida Legal Services, 12 de mayo de 2011; Mercedes Lorduy, abogada de VIDA Legal Assistance, 18 de mayo de 2011.

[190] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Jenifer Rodríguez, abogada de planta de Colorado Legal Services, 5 de agosto de 2011.

[191]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Laura Contreras, abogada, Columbia Legal Services, y Blanca Rodríguez, abogada, Northwest Justice Project, 17 de marzo de 2011.

[192]Título 8, Código de Estados Unidos (US Code), artículo 1101(a)(15)(H)(ii)(a); Título 20, Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations), artículos 655 y sig.

[193]Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US Department of Labor), “H-2A Temporary Agricultural Visa Program, FY 2011 Select Statistics”, http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/h_2a_selected_statistics.pdf (consultado el 23 de febrero de 2012).

[194] Farmworker Justice, “No Way to Treat a Guest: Why the H-2A Agricultural Visa Program Fails U.S. and Foreign Workers”, septiembre de 2011, http://farmworkerjustice.org/images/stories/eBook/pages/fwj.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012); Southern Poverty Law Center, “Systematic Discrimination”, Close to Slavery: Guestworker Programs in the United States, abril de 2007, http://www.splcenter.org/get-informed/publications/close-to-slavery-guestworker-programs-in-the-united-states (consultado el 5 de marzo de 2012).

[195] Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US Department of Labor), División de Salarios y Jornada Laboral (Wage and Hour Division), “Fact Sheet #26: Section H-2A of the Immigration and Nationality Act (INA)”, febrero de 2010, http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs26.htm (consultado el 24 de febrero de 2012).

[196]Farmworker Justice, “Fact Sheet: The H-2A Temporary Agricultural Guestworker Program”, http://farmworkerjustice.org/var/www/html/files/H-2AFactSheet.pdf (consultado el 24 de febrero de 2012).

[197]Protección a Trabajadores Agrícolas Migrantes y Estacionales, Título 29, Código de Estados Unidos, secciones 1801-1872. Ver también Farmworker Justice, “No Way to Treat a Guest: Why the H-2A Agricultural Visa Program Fails U.S. and Foreign Workers”, septiembre de 2011, http://farmworkerjustice.org/images/stories/eBook/pages/fwj.pdf (consultado el 6 de marzo de 2012).

[198]Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act ), artículo 2(3); Título 29, Código de Estados Unidos, artículo 152(3).

[199]Por ejemplo, la empresa de reclutamiento de trabajadores según el programa H-2A, Global Horizons Manpower, Inc., ha sido demandada por trata de personas y esclavitud. US v. Orian et al., Auto de procesamiento (Indictment), N.° 1:10-CR-576 (Dist. Hi., presentada el 1 de septiembre de 2010). Ver también Farmworker Justice, “No Way to Treat a Guest: Why the H-2A Agricultural Visa Program Fails U.S. and Foreign Workers”, septiembre de 2011.

[200]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Jenifer Rodríguez, abogada de planta de Colorado Legal Services, 5 de agosto de 2011.

[201]Huerta et al. v. L.T. West, Inc., et al., Demanda y Petición de Juicio por Jurado (Complaint and Jury Demand) (W.D. La. 31 de agosto de 2011), Caso 6:11-cv-01589.

[202]Ibíd.

[203]Ley de Oportunidades Laborales, Beneficios y Seguridad en el Sector Agrícola (AgJOBS) de 2003, proyecto de ley de la Cám. de Rep. N.° 3142 y del Sen. N.° 1645.

[204]Ley de Reforma Inmigratoria Integral (Comprehensive Immigration Reform Act) de 2011, art. 1258.

[205]Ley para que la Agricultura Reciba Empleados Verificables en Forma Segura y Temporal (Helping Agriculture Receive Verifiable Employees Securely and Temporarily, HARVEST) de 2011, proyecto del Sen. N.º 1384; Ley Estadounidense de Agricultura Especializada (American Specialty Agriculture Act) de 2011, proyecto de la Cám. de Rep. N.° 2847; Ley de Fuerza Laboral Agrícola Legal (Legal Agricultural Workforce Act) de 2011, proyecto de la Cám. de Rep. N.° 2895.

[206]Brian Bennett, “Obama administration reports record number of deportations”, Los Angeles Times, 18 de octubre de 2011, http://articles.latimes.com/2011/oct/18/news/la-pn-deportation-ice-20111018 (consultado el 3 de abril de 2012).

[207]National Employment Law Project (Proyecto para una Legislación Laboral Nacional), AFL-CIO y American Rights at Work Education Fund, “ICED OUT: How Immigration Enforcement Has Interfered with Workers’ Rights”, octubre de 2009, http://nelp.3cdn.net/75a43e6ae48f67216a_w2m6bp1ak.pdf (consultado el 29 de febrero de 2012).

[208]Entrevista de Human Rights Watch con Ángela G. (seudónimo), California, junio de 2011.

[209]Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US Department of Labor) y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), “Revised Memorandum of Understanding Between Departments of Homeland Security and Labor Concerning Enforcement Activities at Worksites”, 7 de diciembre de 2011, http://www.dol.gov/asp/media/reports/DHS-DOL-MOU.pdf (consultado el 5 de febrero de 2012).

[210] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Eunice Cho, becaria de Skadden Foundation, Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), 5 de abril de 2012.

[211]Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (US Department of Homeland Security), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), “Prosecutorial Discretion: Certain Victims, Witnesses, and Plaintiffs”, 17 de junio de 2011, http://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/domestic-violence.pdf (consultado el 6 de abril de 2012).

[212]Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), Instrucción Operativa 287.3, “Questioning Persons During Labor Disputes”, http://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-53690/0-0-0-61072/0-0-0-61097.html (consultado el 7 de abril de 2012).

[213]Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), AFL-CIO y American Rights at Work Education Fund, “ICED OUT: How Immigration Enforcement Has Interfered with Workers’ Rights”, octubre de 2009,

[214]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Eunice Cho, becaria de Skadden Foundation, Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), 5 de abril de 2012.

[215]Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act), artículo 101(a)(15)(U), Título 8, Código de Estados Unidos, artículo 1101(a)(15)(U)(i).

[216]“USCIS Reaches Milestone: 10,000 U Visas Approved in Fiscal Year 2010”, comunicado de prensa de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 15 de julio de 2010, http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=5d5d58a734cd9210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=68439c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD (consultado el 7 de marzo de 2012); “Relief Provided to Thousands of Victims of Crimes”, comunicado de prensa de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 19 de septiembre de 2011, http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=ea0c39d112b72310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=68439c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD (consultado el 7 de marzo de 2012).

[217] Ley Ómnibus Consolidada de Rescisiones y Apropiaciones (Omnibus Consolidated Rescissions and Appropriations Act) de 1996, Ley Pub. N.° 104-134, art. 504 (11), Ley 100, 1321.

[218]Título 8, Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations), artículo 214.4(b)(2).

[219]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Ileana Herrera, defensora de proyectos del Marjaree Mason Center, 22 de julio de 2011; seguimiento posterior a entrevista personal, Fresno, California, 8 de abril de 2011.

[220]Ibíd.

[221]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Ana Vallejo, abogada de VIDA Legal Assistance, 6 de mayo de 2011.

[222] Entrevista de Human Rights Watch con Lachelle Crivello, subdirectora de Servicios a las Víctimas, Fiscalía del condado de Riverside (Riverside County District Attorney’s Office), Riverside, California, 9 de agosto de 2011.

[223]Entrevista de Human Rights Watch con un defensor de víctimas, Riverside, California, agosto de 2011. La Oficina del Alguacil del condado de Riverside indicó en un mensaje de correo electrónico posterior que: “La Oficina del Alguacil de Riverside recibe y examina todas las certificaciones de solicitudes de visa U presentadas. La revisión está a cargo del jefe del área en la cual se presentó la solicitud. Todas las solicitudes se tienen en cuenta para determinar si se cumplen los requisitos de la certificación para la visa U”. Comunicación por correo electrónico del Subalguacil Alberto Martínez, funcionario de información al público de la Oficina del Alguacil del condado de Riverside (Riverside County Sheriff’s Department), a Human Rights Watch, 11 de abril de 2012. Human Rights Watch preguntó cuántas certificaciones para la visa U se habían otorgado en los últimos 5 años. Al momento de publicación de este informe, la Oficina del Alguacil aún no había respondido.

[224] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Rachel Sorratos, del Departamento de Policía de Salinas (Salinas Police Department), 20 de junio de 2011.

[225]Entrevista de Human Rights Watch con Pamela Patterson, gerente del Programa de Ayuda a Testigos y Víctimas de la Fiscalía de Distrito del condado de Monterey (Monterey County District Attorney’s Office), 16 de junio de 2011.

[226] Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US Department of Labor), División de Salarios y Jornada Laboral (Wage and Hour Division), “Field Assistance Bulletin No. 2011-1: Certification of Supplement B Forms of U Nonimmigrant Visa Applications”, 28 de abril de 2011, http://www.dol.gov/whd/FieldBulletins/fab2011_1.htm (consultado el 23 de febrero de 2012); Proyecto para una Legislación Laboral Nacional (National Employment Law Project), “Protection for Immigrant Victims of Workplace Crimes: United States Department of Labor Protocol for U Visa Certification”, 3 de mayo de 2011, http://www.nelp.org/page/-/Justice/2011/ProtectionforImmigrantVictimsofWorkplaceCrimes-Uvisas.pdf?nocdn=1 (consultado el 23 de febrero de 2012).

[227]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con un abogado de un servicio de asistencia legal, 29 de abril de 2011.

[228]Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con Jenifer Rodríguez, abogada de planta de Colorado Legal Services, 5 de agosto de 2011; Ana Vallejo, de VIDA Legal Assistance, 6 de mayo de 2011. La visa de categoría “S” está disponible en forma limitada para personas que no sean ciudadanas y que colaboren en investigaciones sobre organizaciones criminales o terroristas. Título 8, Código de Estados Unidos (US Code), artículo 1184(k)(1).

[229]Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Jenifer Rodríguez, abogada de planta de Colorado Legal Services, 5 de agosto de 2011.