III. Iniciativas de actores internacionales y la sociedad civil nacional

Actores internacionales

Los donantes internacionales y las ONG han desempeñado un papel sumamente activo en la consolidación de la democracia y la gobernabilidad en Perú, y tienen una oportunidad única de asegurar que estos programas incluyan a las personas con discapacidad. No obstante, los organismos de desarrollo y las ONG internacionales que cuentan con programas destinados a promover la información y el compromiso entre la ciudadanía, especialmente durante las elecciones de 2010-2011, podrían haber realizado mayores esfuerzos por incluir a este grupo marginado en sus iniciativas.

Por ejemplo, el informe de la misión de la Unión Europea (UE) que supervisó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2011 apenas se refirió a la discapacidad. La misión llevó a cabo un análisis exhaustivo del proceso electoral, que incluyó el marco legal, el rol de los miembros de las mesas de sufragio, el papel de las instituciones del Estado, las actividades de campaña, la votación y los procesos de denuncias y apelaciones[231]. El experto de la misión manifestó a Human Rights Watch que los observadores de la UE reciben capacitación con “especial atención a la participación política de grupos vulnerables, tales como las personas con necesidades especiales y con discapacidad”[232]. A pesar de los obstáculos legales, de comunicación y de accesibilidad que enfrentaron las personas con discapacidad antes de las elecciones recientes y durante su desarrollo, el informe de 29 páginas de la misión señaló que Perú es parte de la CDPD, pero mencionó sólo superficialmente la discapacidad, al hablar de la labor de la Defensoría del Pueblo en relación con la participación política de grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad[233]. Las recomendaciones técnicas del informe instan al gobierno a considerar la posibilidad de constituir centros de votación más cerca de los votantes, para evitar que estos tengan que desplazarse o trasladarse a lugares alejados. El informe también insta a los medios de comunicación a “redoblar sus esfuerzos para ofrecer a los electores información completa y detallada sobre los programas de los partidos políticos”[234]. Sin embargo, las recomendaciones no abordan explícitamente los obstáculos específicos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como la exclusión del padrón electoral, la falta de información en formatos accesibles y la falta de capacitación para supervisores electorales y miembros de mesas de sufragio sobre cómo garantizar el derecho de voto de las personas con discapacidad[235]. El experto de la misión de observadores de la UE explicó que los observadores electorales se habían puesto en contacto con varias organizaciones de derechos humanos, Transparencia y la Defensoría del Pueblo, y que ninguna de ellas había señalado ninguna infracción[236]. No se estableció contacto con organizaciones de personas discapacitadas. No obstante, como parte en la CDPD, la UE tiene la obligación de promover los principios y derechos consagrados en el tratado, tales como luchar contra la discriminación y garantizar la consulta con personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, incluso a través de sus programas de asistencia técnica[237].

Existe una tendencia progresiva entre las agencias de asistencia a adoptar un enfoque de desarrollo que incluya a personas con discapacidad. Sin embargo, Human Rights Watch observó que pocos programas de desarrollo que promovían la buena gobernabilidad y la democracia abordan específicamente las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la política sobre discapacidad de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) hace hincapié en la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad en el “diseño y la implementación de los programas de USAID”, como así también en “las actividades de incidencia y extensión a las personas con discapacidad” [238] . Si bien USAID apoya una serie de proyectos en Perú, en el área de democracia y gobernabilidad, ninguno de ellos se centra específicamente en la discapacidad [239] . Uno de esos proyectos, administrado por el National Democratic Institute [240] en asociación con organizaciones cívicas locales de Perú y con el JNE, se dedicó a promover que “los partidos políticos nacionales y los movimientos regionales y locales tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos y fueran más sensibles a estas” [241] . El trabajo consistió, entre otras cosas, en desarrollar herramientas relativas a medios de comunicación para lograr una mayor comunicación con los votantes, organizar debates y realizar ferias electorales móviles donde los ciudadanos podían obtener información sobre los candidatos y las plataformas de campaña [242] . En todos estos esfuerzos, las necesidades específicas de las personas con discapacidad estuvieron prácticamente ausentes.

Buenas prácticas entre miembros de la sociedad civil

Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra.

— María Alejandra Villanueva Contreras, joven con síndrome de Down, 7 de septiembre de 2011.

Las organizaciones de personas con discapacidad en Perú tienen un rol bastante activo en la promoción de estos derechos, especialmente el derecho a la participación política, y sirven como modelo para la comunidad de personas con discapacidad de toda la región (de América del Sur) respecto de cómo la sociedad civil puede promover los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, varios grupos, en particular la Sociedad Peruana de Síndrome Down y el Centro Ann Sullivan del Perú, colaboraron con la Defensoría del Pueblo en los esfuerzos por revertir la política del RENIEC que excluía a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial del padrón electoral. La Sociedad Peruana de Síndrome Down tuvo un papel muy activo en la capacitación y el apoyo de “autodefensores”, personas con síndrome de Down que reclaman por sí mismas los derechos consagrados en la CDPD y que consiguieron, mediante su incidencia en el RENIEC, que este revirtiera su política sobre el padrón electoral. Una joven, María Alejandra Villanueva, compartió su experiencia sobre lo que significaba estar excluida del padrón electoral durante la Conferencia de la ONU de Estados Partes de la CDPD celebrada en septiembre de 2011, y posteriormente apareció en una serie de artículos en varios medios de comunicación de Perú [243] .

El Centro Ann Sullivan del Perú desarrolló un programa para apoyar a las personas con discapacidad intelectual durante el proceso electoral. Este programa incluía una simulación de voto para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a familiarizarse con los procedimientos electorales, como por ejemplo, el uso de boletas, cuarto oscuro y urnas simuladas. Algunos estudiantes se desempeñaron como miembros de las mesas de sufragio, para verificar los nombres y las firmas de quienes participaban en el simulacro de elecciones. Representantes de la ONPE visitaron el centro para proporcionar información sobre el proceso electoral. A pesar de haberse preparado, muchos de ellos fueron excluidos del padrón electoral y, por lo tanto, no pudieron votar. Sin embargo, más de 80 personas con discapacidad intelectual que forman parte del Centro Ann Sullivan participaron en las elecciones municipales o presidenciales, o en ambas.

SENSE International Perú, que trabaja principalmente con personas con dificultades visuales y auditivas, lanzó poco tiempo atrás una campaña de incidencia para promover los derechos de estas personas. En octubre de 2011, un grupo de personas sordociegas prepararon pancartas y letreros en reclamo por sus derechos, y marcharon hasta la oficina del gobierno municipal de San Borja para reunirse con el jefe de la OMAPED. Como lo explicó Tonio, un hombre de 37 años con dificultad auditiva y visión limitada: “Vamos a pedir que ayuden a las personas sordociegas en diferentes áreas. Vamos a pedir que ayuden a que realmente podamos ejercer nuestros derechos” [244] . Esta fue la primera vez que miembros de la comunidad de sordociegos participaron en una acción de incidencia política.

La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, que congrega a otras organizaciones sobre discapacidad, también ha participado activamente para promover la participación política de la comunidad de personas con discapacidad. Por ejemplo, antes de las elecciones presidenciales de 2011, la CONFENADIP instó al partido político Gana Perú a que tuviera en cuenta los derechos de las personas con discapacidad en su plataforma, y este fue el único partido que lo hizo [245] . La CONFENADIP también organizó el primer congreso de mujeres con discapacidad en 2010, en que reunió a líderes de organizaciones de mujeres con discapacidad para debatir posibilidades de desarrollar su capacidad y fortalecer sus vínculos.

En las elecciones de 2001, la Federación Internacional de Sistemas Electorales se asoció con Transparencia, una importante organización de supervisión de elecciones, y con Aproddis (Asociación Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad), una ONG que promueve el desarrollo económico y social de los peruanos con discapacidad, para capacitar a más de 300 ciudadanos con discapacidad como observadores electorales [246] . Este esfuerzo no sólo ayudó a integrar las cuestiones de discapacidad en el proceso de supervisión de elecciones, sino que también promovió una mayor conciencia sobre las contribuciones y las capacidades de las personas con discapacidad.

Wilfredo Chrono, subdirector de la OMAPED en Puno, señaló que esta oficina, mediante actividades de incidencia, logró que los funcionarios electorales se comprometieran a garantizar la accesibilidad en las elecciones de 2011. La OMAPED, junto con defensores de los derechos de las personas con discapacidad, ejerció presión para que se adoptaran medidas de adecuación acordes con las leyes sobre discapacidad durante todo el ciclo electoral. En los casos en que no se tomaban las medidas de adecuación necesarias, la OMAPED organizaba una reunión con la ONPE para analizar el tema antes de las elecciones nacionales de junio de 2011. Chrono manifestó a Human Rights Watch: “Nosotros hicimos saber nuestras necesidades. Yo les dije: ‘Siempre nos dicen que va a haber un tablero braille o una plantilla. Pero nunca hay’. Creo que estoy en mi derecho a exigir” [247] . Las iniciativas de incidencia de la OMAPED tuvieron éxito: Wilfredo estuvo entre las personas que votaron con una boleta en braille en la elección de junio de 2011.

En conclusión, aún queda mucho por hacer en Perú para asegurar que las personas con discapacidad gocen de un acceso igualitario a los procesos políticos y puedan hacer oír su voz. El Congreso peruano debería reformar el Código Civil para reflejar los estándares legales internacionales que disponen que todas las personas con discapacidad deben tener la misma capacidad jurídica que otros ciudadanos, a fin de cumplir sus obligaciones en virtud de la CDPD y acatar la directiva de la OEA. El gobierno, junto con organizaciones de personas con discapacidad, debe desarrollar e implementar un sistema de asistencia para la toma de decisiones. En un sentido más amplio, los ministerios y organismos gubernamentales relevantes deberían procurar sistemáticamente la participación de personas con discapacidad y organizaciones que las representan en los procesos de adopción de decisiones y reforma legislativa.

El Gobierno de Perú también debe asegurar que la infraestructura y los procesos electorales sean accesibles para personas con distintas discapacidades, y que todos aquellos que participen en la administración y gestión de comicios cuenten con capacitación adecuada para facilitar el derecho a la participación política de tales personas en igualdad de condiciones con las demás. De lo contrario, se negaría a personas con discapacidad sus derechos, su ciudadanía y su dignidad .