I. Situación

Discapacidad en Perú

En Perú, no existe demasiada información sobre las personas con discapacidad, como por ejemplo, cuál es la cantidad real de hombres, mujeres y niños con discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen y en qué situación económica se encuentran. Las estadísticas disponibles son diversas y de lo más variadas, y mientras algunas señalan que el 1.3 por ciento de la población tiene alguna discapacidad[4], otras afirman que esta proporción es del 8.6 por ciento[5] o incluso del 31.3 por ciento[6]. El censo nacional más reciente, realizado en 2007, encontró que el 10.9 por ciento de la población —lo cual representa aproximadamente tres millones de personas— tenía alguna discapacidad[7].

El propio gobierno ha reconocido que la falta de estadísticas fiables y detalladas ha menoscabado su capacidad de establecer prioridades en los planes destinados a cumplir sus obligaciones conforme al derecho nacional e internacional [8] .

Al igual que en numerosos países, en Perú existe una estrecha correlación entre pobreza y discapacidad [9] . La pobreza, por sí misma, puede provocar y agravar las condiciones que conducen a la discapacidad. Y, como lo ha reconocido el Gobierno de Perú, la asociación de la discapacidad con conceptos como enfermedad, castigo e incapacidad contribuye a la discriminación y marginación de las personas con discapacidad, lo cual limita su acceso al empleo, la educación, los servicios de salud y otros bienes sociales básicos [10] . A pesar de las disposiciones constitucionales y legales que protegen el derecho a trabajar, las personas con discapacidad de Perú se ven afectadas en forma desproporcionada por altos índices de desempleo, en comparación con la población en general [11] .

Durante las dos décadas del conflicto armado interno en Perú, que se extendió entre los años 1980 y 2000, fueron más de 69,000 las personas que murieron o “desaparecieron”, y otras miles sufrieron como resultado discapacidades físicas, además de traumas profundos y problemas psicosociales vinculados [12] . En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al gobierno la creación de programas de salud gratuitos para personas que hubieran sufrido problemas de salud física o mental a causa del conflicto armado [13] . El gobierno nacional también se ha comprometido a brindar servicios integrales a esta población [14] .

Si bien no existe una definición legal internacionalmente aceptada de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” [15] . La Ley N.° 27050 de Perú establece un marco legal para la protección de personas con discapacidad [16] . Esta norma define a una persona con discapacidad como aquella que tiene “una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad” [17] .

Así, la ley nacional encuadra la discapacidad como una característica individual y no reconoce, como lo hace la CDPD, que la discapacidad es un concepto cambiante que resulta de la interacción entre personas con impedimentos visuales, mentales, intelectuales o auditivos y los obstáculos ambientales y actitudinales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás [18] .

En Perú, al igual que en muchos otros países, las personas con discapacidad perciben que, en algunas ocasiones, los demás las consideran incapaces de tomar decisiones o de actuar o hablar por sí mismas. Por ejemplo, si una persona en silla de ruedas está acompañada por otro individuo, es posible que funcionarios y personas de la comunidad dirijan sus preguntas al acompañante en vez de hablar directamente con la persona que tiene la discapacidad. Esta experiencia es más común entre personas con discapacidad intelectual o psicosocial, ya que sus padres o familiares suelen hablar o toman decisiones en su nombre. Respetar la dignidad y el derecho a la igualdad de todas las personas con discapacidad y garantizar que gocen de los mismos derechos que las demás personas sin discapacidad implica que los Estados deberán tomar medidas enérgicas para erradicar esta actitud paternalista mediante actividades de concienciación y estrategias para empoderar a las personas con discapacidad a fin de que actúen por sí mismas y tomen decisiones sobre la base del consentimiento libre e informado. Esta es la obligación de los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Marco electoral nacional

El sistema electoral peruano está integrado por tres entidades independientes, creadas en virtud de la Constitución, que se encargan de coordinar y llevar a cabo todas las elecciones [19] . El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio y de los procesos electorales, asegura el cumplimiento de las normas jurídicas y declara electos a los candidatos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza las elecciones y tiene la responsabilidad, entre otras, del diseño de cédulas de sufragio y del establecimiento de mesas de sufragio. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se encarga de confeccionar el padrón electoral que, una vez aprobado por el JNE, se entrega a la ONPE. Existe cierto grado de superposición de funciones, especialmente entre la ONPE y el JNE, en las áreas de educación pública durante el proceso electoral, acceso equitativo para todos los partidos a medios que reciben fondos del Estado y fiscalización de los presupuestos de los partidos políticos [20] .

Los ciudadanos peruanos deben contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), una acreditación de identidad única y personal que se exige para todo tipo de gestiones civiles, comerciales, administrativas y judiciales [21] . Según cálculos del gobierno, son 129,000 los adultos indocumentados (sin documento de identidad) [22] . Dado que contar con un documento de identidad es sumamente importante para establecer la existencia legal de una persona y, a su vez, para acceder a servicios públicos y privados, en 2004 y 2010, el gobierno adoptó una serie de planes de acción orientados a asegurar que las personas indocumentadas recibieran un DNI. Los planes de acción reconocen a las personas con discapacidad como uno de los principales grupos que permanecen indocumentados [23] .

La Constitución peruana establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años [24] . Los ciudadanos peruanos también tienen la obligación de desempeñarse como “miembros de mesas de sufragio”, que consiste en verificar las identificaciones y validar y contar las boletas el día de las elecciones [25] . Entre las personas que quedan dispensadas del deber de actuar como miembros de mesas de sufragio se incluyen las personas con “notorio o grave impedimento físico o mental” [26] . Quienes pretendan quedar eximidos de esta obligación deben hacerlo por escrito [27] .

Se prevé una multa para los ciudadanos que, sin invocar una justificación, incumplan su deber de votar o de desempeñarse como miembros de las mesas de sufragio. En 2010 y 2011, las multas fueron de entre 18 y 72 soles (US$ 6-12) para quienes no votaran, y de 180 soles (aproximadamente US$ 60) para quienes no cumplieran su obligación de actuar como miembros de las mesas de sufragio [28] . Varias personas con discapacidad y sus familiares, así como defensores que trabajan en estrecha colaboración con ellos, manifestaron a Human Rights Watch que les preocupa la posibilidad de que se apliquen sanciones económicas a personas con discapacidad que sean incluidas en el padrón electoral, pero que no acudan a votar [29] . En la actualidad, un grupo de trabajo integrado por actores interesados clave, que incluye al RENIEC, la ONPE y el JNE, está evaluando cuál podría ser la solución administrativa para resolver este problema [30] . El JNE ha propuesto una modificación del código electoral que permitiría a todas las personas con discapacidad que no ejerzan el derecho de voto solicitar que se les exima del pago de multas [31] .

Normas y políticas peruanas e internacionales relativas a la participación política de personas con discapacidad

Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 30 de enero de 2008, y el tratado entró en vigor el 3 de mayo de 2008 [32] . Conforme al derecho peruano, los tratados ratificados por el gobierno y que están en vigor a nivel internacional forman parte de la legislación nacional [33] . Los derechos constitucionales deben interpretarse en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales de los cuales Perú sea parte [34] .

Capacidad jurídica y asistencia para la toma de decisiones

El artículo 12 de la CDPD exige a los Estados partes “reconoce[r] que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” [35] . La capacidad jurídica es el derecho de las personas a tomar decisiones y ejercer derechos por sí mismas. Sin embargo, la legislación peruana considera que las personas con ciertas discapacidades, incluidas algunas de tipo sensorial e intelectual o psicosocial, son incapaces de ejercer algunos derechos por sí mismas y necesitan de un curador o tutor que las proteja. A través de un proceso de interdicción, la justicia puede ordenar la tutela de personas con dichas discapacidades y privarlas así de su capacidad jurídica [36] . Sin embargo, el artículo 12 de la CDPD rebate cualquier presunción de que las personas con discapacidad no son idóneas para el ejercicio de su personalidad jurídica, y aclara que no sólo pueden actuar en interés propio, sino que además, cuando sea necesario, deben recibir asistencia para ello.

Por ende, la CDPD reemplaza el modelo tradicional de tutela o adopción de decisiones a través de representantes por un modelo de asistencia para la toma de decisiones [37] .

La mayoría de las personas procura obtener asesoramiento y apoyo de familiares, amigos o especialistas al tomar decisiones importantes sobre su vida. Como señaló la Defensoría Pública de Victoria, Australia:

En nuestra sociedad, depender del asesoramiento de otras personas no se percibe como una indicación de que la persona carece de capacidad intelectual para adoptar sus propias decisiones. Por ende, se afirma que la idea de personas que deciden en forma independiente y autónoma, al menos en lo que respecta al proceso de toma de decisiones, no es más que un mito, y que la mayoría de nosotros actúa a partir de la interdependencia en la toma de decisiones. El grado de apoyo y asistencia que solicitan y reciben las personas para tomar decisiones varía según la capacidad, la personalidad y las circunstancias de la persona, y de la decisión en particular que deba adoptar. Algunas personas requieren más asistencia y apoyo que otras[38].

La asistencia para la toma de decisiones permite que personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con los demás[39]. Podría decirse que los mecanismos de asistencia para la toma de decisiones equivalen a adoptar medidas de adecuación razonables para responder a las necesidades de personas con discapacidad. El artículo 2 de la CDPD se refiere a los ajustes razonables y los define como “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”[40]. No existe un estándar universal sobre medidas de adecuación razonables. Mientras que una persona con una discapacidad física puede necesitar que se implementen cambios estructurales como la construcción de una rampa para ingresar en un edificio, una medida de adecuación razonable para una persona con discapacidad intelectual o psicosocial podría incluir la asistencia de un familiar o amigo para tomar una decisión informada, a través de un canal de comunicación que permita la comprensión mutua.

La asistencia para la toma de decisiones puede darse bajo distintas modalidades. Según el Manual de la Organización de las Naciones Unidas sobre la CDPD,

La persona discapacitada es la que toma la decisión. La persona o personas de apoyo explican las cuestiones, cuando sea necesario, e interpretan las señales y preferencias de la persona discapacitada. Aun cuando una persona que tenga una discapacidad necesite apoyo total, la persona o personas de apoyo deben permitir que aquella ejerza su capacidad jurídica en la mayor medida posible, según sus deseos… El párrafo 4 del artículo 12 pide la instauración de salvaguardias para proteger contra el abuso de esos mecanismos de apoyo[41].

En el contexto del derecho a la participación política, es posible que una persona con una discapacidad intelectual deba revisar previamente la cédula de sufragio con la ayuda de otra persona, y familiarizarse con el proceso electoral, por ejemplo, mediante una simulación de los pasos necesarios para votar [42] . Pero independientemente de cuál sea el método, la asistencia debe tener en cuenta las necesidades específicas de la persona [43] . Un requisito fundamental para la asistencia en la toma de decisiones es asegurar que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona.

El artículo 29 protege el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública, incluido el derecho a votar y a ocupar cargos públicos [44] . La CDPD no admite excepciones por cuestiones de discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el organismo especializado que fiscaliza la implementación de la CDPD, ha señalado que la discriminación en razón de la discapacidad de una persona debería estar prohibida en todas las leyes, “en particular las relativas a las elecciones”, y recomienda “que se adopten con urgencia medidas legislativas para que las personas con discapacidad, incluidas las que están en régimen de tutela o curatela, puedan ejercer su derecho a voto y participar en la vida pública en pie de igualdad con las demás” [45] .

La CDPD explica que los Estados deben asegurar que sus “procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar” [46] . También dispone que los Estados partes deben adoptar “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales” [47] .

Derecho a la participación política y capacidad jurídica

La Constitución de Perú establece que la participación electoral es obligatoria para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años [48] . El artículo 7 de la Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad: “La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad” [49] . El ejercicio de la ciudadanía en Perú está estrechamente vinculado a la participación política. En el artículo 30 de la Constitución se define a la ciudadanía como un derecho que corresponde a todos los peruanos mayores de 18 años, y se establece que el ejercicio de la ciudadanía requiere la inscripción electoral [50] . Conforme al artículo 31 de la Constitución, todos los ciudadanos tienen “el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes” [51] . El derecho a votar se garantiza a todos los ciudadanos “en goce de su capacidad civil” y se considera “nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos” [52] . La Constitución peruana prohíbe cualquier suspensión del derecho a la participación política que no se sustente en una decisión judicial [53] .

La Ley General de la Persona con Discapacidad de Perú (Ley N.° 27050) dispone que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que la población en general, sin perjuicio de derechos especiales que se deriven de lo establecido en el artículo 7 de la Constitución [54] . Sin embargo, la Constitución permite la suspensión del derecho a la participación política en casos de interdicción judicial [55] . Conforme al Código Civil de Perú, las personas con ciertos tipos de discapacidad podrían quedar sujetas a interdicción y, por ende, se les negaría el derecho a ejercer sus derechos civiles. Entre estas personas se incluyen aquellas con múltiples discapacidades sensoriales que no pueden expresar su voluntad “de manera indubitable” y aquellos individuos que se encuentran “privados de discernimiento”, que se consideran “absolutamente incapaces” [56] . Las personas con discapacidad intelectual y quienes “adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad” se consideran “relativamente incapaces” [57] . El artículo 45 del Código Civil dispone que “los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de estos” [58] .

Habitualmente se invocan dos objeciones a la participación política universal de personas con discapacidad —en particular, aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial— que señalan que carecen de la capacidad mental necesaria para votar y que son vulnerables a la manipulación o el fraude.

No existe, ni podría existir, una medida clara y objetiva del conocimiento vinculada con la participación en un proceso electoral [59] .   En cualquier elección, las personas votan por diversas razones, como su afinidad con el programa de un determinado candidato, su imagen o en función de factores como clase, religión o pertenencia étnica. Algunos incluso declaran abiertamente su intención de votar por candidatos al azar o por indicar en las boletas el nombre de un candidato ficticio. El comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, señaló en 2011: “[La CDPD] no deja margen para que se instauren procedimientos a través de los cuales jueces o profesionales médicos determinen la aptitud de una persona para votar y, en función de esto, autoricen o denieguen tal posibilidad” [60] . Concluyó que cualquier prueba de capacidad que no se aplique a todos los ciudadanos sería claramente discriminatoria.

La segunda objeción, que a menudo se plantea en relación con personas con discapacidad intelectual, se basa en la creencia de que estas tienen un particular interés en agradar y, por ende, serían más susceptibles a influencias externas. No obstante, las experiencias en Austria, los Países Bajos y Suecia —que han adoptado medidas para proteger constitucionalmente los derechos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial— han demostrado que los temores de que esta posibilidad cause inconvenientes genuinos eran infundados [61] . En respuesta a las inquietudes sobre manipulación, la convención exige a los Estados proporcionar salvaguardias para impedir abusos y asegurar que las medidas destinadas a apoyar el ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; no estén afectadas por conflictos de interés ni influencia indebida; sean proporcionales y adaptadas a la decisión en cuestión y se apliquen durante el plazo más breve posible; y estén sujetas a revisión periódica [62] .

Hay numerosas formas de apoyar la toma de decisiones y, a la vez, lograr que los procesos electorales sean más accesibles para personas con discapacidad. Algunas medidas son difundir información sobre el proceso de votación y los candidatos en un formato accesible (por ejemplo, empleando un lenguaje simple, materiales de apoyo visuales o dando instrucciones en forma verbal), y brindar capacitación a quienes están a cargo de la supervisión de las elecciones en el ámbito local para brindar esta información durante el proceso de votación, a fin de asegurar que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones informadas [63] . Deben incorporarse medidas contra el fraude para impedir la manipulación de votantes.

En Perú, al igual que en numerosos países, los “autodefensores” tienen un rol importante en la concienciación de personas con discapacidad, autoridades electorales, partidos políticos y representantes gubernamentales sobre la importancia de la participación política de las personas con discapacidad, así como sobre los tipos de medidas de adecuación que pueden facilitar su participación política.

Diversas políticas implementadas por el RENIEC entre 2001 y 2011 excluyeron a personas con discapacidades intelectuales y psicológicas del padrón electoral [64] . Una política de 2001 exigió que los adultos con “impedimento mental” que no habían sido objeto de interdicción debían presentar una “declaración registral” (que posteriormente se denominó “declaración de asistencia”) al solicitar un documento de identidad. Esta declaración era firmada por un progenitor, abuelo u otra persona responsable. La política también exigía que el documento de identidad debía “conten[er] las restricciones de ley y las observaciones declaradas” [65] . Otra política del RENIEC de 2004 estableció que quienes recibieran su documento de identidad a través de los procedimientos de 2001 debían ser excluidos del registro de votantes, y justificaron esta medida afirmando que la declaración era similar a la interdicción [66] .

En diciembre de 2004, el Defensor del Pueblo señaló al RENIEC que su política resultaba violatoria de las garantías constitucionales y legales de Perú contra la discriminación, ya que solamente un juez, y no el RENIEC, podía limitar el derecho de sufragio [67] . Y en septiembre de 2010, la Defensoría del Pueblo inició varias investigaciones sobre este asunto.

Diversos funcionarios gubernamentales señalaron que, al eliminar del padrón electoral los nombres de personas con discapacidad, se evitaría que se apliquen sanciones a estas personas por no participar [68] , pero la Defensoría del Pueblo concluyó que esta exclusión era ilegítima y pidió al RENIEC que revirtiera esta política. En noviembre de 2010, el RENIEC reconoció haber excluido a más de 20,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocial del padrón electoral [69] .

El 2 de diciembre de 2010, el RENIEC notificó al Defensor del Pueblo que permitiría la reinscripción de personas con discapacidad [70] . Sin embargo, el padrón electoral se cerró el 11 de diciembre [71] , y debido a la poca antelación con que se anunció esta medida y a la escasa difusión que recibió, menos de 60 personas con discapacidad pudieron volver a registrarse en el padrón antes de las elecciones. Como resultado, miles de personas con discapacidad no pudieron votar en las elecciones nacionales de abril y junio de 2011.

El RENIEC emitió una resolución el 10 de octubre de 2011 por la cual declaraba inválidas las políticas de exclusión de personas con determinadas discapacidades mentales e intelectuales de las listas electorales. La resolución señala que la inclusión de información sobre discapacidad tiene carácter voluntario y que el RENIEC emitiría documentos de identidad donde constara el respectivo grupo de votación a personas con discapacidades psicosociales o intelectuales que habían sido excluidas de los padrones. El RENIEC también se comprometió a trabajar con los organismos gubernamentales relevantes para dar pronta resolución a esta situación [72] .

El RENIEC ya no exige una declaración de asistencia a adultos con discapacidad intelectual o psicosocial para obtener un documento de identidad [73] . Sin embargo, quienes requieran asistencia podrán pedir a un tercero que firme por ellos o los ayude a tomar decisiones [74] .

El 14 de octubre de 2011, María Alejandra Villanueva, una joven con síndrome de Down que es miembro activo de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, fue la primera persona con una discapacidad en recibir un nuevo documento nacional de identidad donde se indicaba el dato del grupo de votación. En diciembre de 2011, el RENIEC lanzó una campaña nacional para volver a emitir documentos de identidad donde constara el grupo de votación a las 23,272 personas mayores de edad con discapacidad psicosocial o intelectual que habían sido excluidas del registro electoral [75] .

Documentos de identidad conforme al derecho peruano

El artículo 2 de la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la identidad y a la igualdad ante la ley [76] . El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se encarga de emitir el documento nacional de identidad que constituye, entre otras cosas, el único documento que las personas deben presentar para ejercer el derecho de voto [77] . La ley orgánica y el reglamento del RENIEC establecen, asimismo, que para que el documento nacional de identidad surta efectos legales, deberá contener una constancia de que el titular votó en las últimas elecciones en las cuales estaba obligado a participar, o estar acompañado de dicho comprobante; de lo contrario, deberá mostrarse la correspondiente dispensa de la obligación de sufragio [78] .

La persona que no vote o no obtenga una dispensa válida podría ser multada y enfrentar además la posibilidad de “muerte civil”, es decir, que no se le permita realizar actos civiles, comerciales, administrativos ni judiciales [79] . Los titulares de registros públicos, notarios y otras personas pueden ser objeto de sanciones penales, incluidas multas y posibles penas de prisión, cuando no exijan la presentación de un documento de identidad que contenga una constancia de voto, o bien la correspondiente dispensa, en los casos en que la ley requiere dicha prueba de identidad [80] . La falta de un documento de identidad no sólo restringe el ejercicio del derecho de voto, sino además la posibilidad de hacer otras cosas como abrir una cuenta bancaria, tener acceso al sistema de salud, contraer matrimonio, viajar, poseer o heredar bienes, conseguir empleo o firmar documentos oficiales en representación de los hijos. También afecta el acceso a los beneficios de la seguridad social [81] .

En 2006, el Congreso aprobó una ley que anuló la reglamentación del RENIEC que exigía que, para llevar a cabo determinados actos, como firmar un contrato, comparecer en procedimientos administrativos o judiciales, obtener un pasaporte e inscribirse en un programa de seguridad o bienestar social, se presentara una constancia de haber votado o la dispensa correspondiente [82] . Esta ley redujo, además, las multas previstas para los casos de personas que no hubieran votado y no tuvieran una justificación [83] . Sin embargo, existe un debate jurídico acerca de si la ley de 2006 derogó las restricciones de la ley orgánica del RENIEC y las sanciones previstas en la ley electoral [84] . Debido a esta falta de claridad, numerosos empleados públicos y privados, incluidos titulares de registros públicos, notarios y personal del sector bancario, continúan exigiendo la presentación de un documento de identidad que contenga una constancia de votación para realizar gestiones.

Derecho a medidas de adecuación

El derecho peruano exige que se adopten medidas de adecuación para facilitar la participación de personas con discapacidad en los procesos electorales, tales como asegurar que los centros de votación se ubiquen en la planta baja, que las personas con discapacidad no sean obligadas a esperar en fila para votar y que se les permita asistir con un familiar o amigo que les brinde asistencia durante la votación, y que se proporcionen boletas en braille a personas ciegas [85] . Las normas de la ONPE exigen que su personal y los miembros de mesas de sufragio sean capacitados sobre medidas de adecuación y que la publicidad electoral incluya información sobre la atención preferente que deben recibir los votantes con discapacidad [86] .

El derecho peruano también indica que la ubicación de las mesas de sufragio debe permitir que personas con discapacidad permanente que estén incluidas en los padrones puedan ejercer su derecho a votar [87] .

La ley dispone que las mesas de sufragio deben funcionar en edificios públicos, en el siguiente orden de preferencia: escuelas, delegaciones municipales, juzgados y edificios públicos [88] . De manera más general, toda infraestructura de uso comunitario —sea pública o privada— que se construya deberá estar dotada de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad [89] . Se prevén sanciones y multas para casos de incumplimiento de estos requisitos [90] .

La ONPE mantiene un registro de personas con discapacidad para facilitar la provisión de las medidas de adecuación necesarias. Las personas con discapacidad pueden presentar esta información a través de formularios que se encuentran disponibles en las oficinas locales de la ONPE y en los centros de votación, y pueden descargarse del sitio web de la ONPE [91] . Durante las elecciones de 2010 y 2011, se inscribieron 22,000 personas, de las cuales, según informes, 12,000 habrían ejercido su derecho de voto [92] .