Metodología

En enero de 2008, Perú se convirtió en uno de los primeros diez países en el mundo que adoptaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y demostró así su compromiso de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, dos años después de la adopción de la CDPD, a más de 20,000 personas con discapacidad intelectual y psicosocial [2] se les negó el derecho a votar en las elecciones locales y nacionales, por ser consideradas legalmente incapaces.

Human Rights Watch escogió a Perú para elaborar este informe en razón de la política que estuvo vigente hasta octubre de 2011 y que permitió que se privara del derecho a voto a personas con discapacidad intelectual o psicosocial. A su vez, los esfuerzos que realiza actualmente este país para reformar las leyes y políticas internas y adecuarlas a la CDPD ayudan a identificar los desafíos que existen cuando se busca garantizar la igualdad de derechos a la participación política y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Diversas organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en discapacidad de Perú también señalaron este tema como una oportunidad para que Perú implemente cambios internos y se transforme en un modelo de buenas prácticas en la estrategia para abordar los mismos obstáculos que enfrentan otros países de la región y del mundo.

El informe se centra en los obstáculos legales, físicos, de comunicación y actitudinales que impiden que personas con distintas discapacidades ejerzan su derecho a la participación política al igual que cualquier otro miembro de la sociedad. También documenta el modo en que las restricciones a la capacidad jurídica limitan particularmente a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial en el ejercicio de una amplia gama de derechos, incluido el derecho a poseer o heredar bienes, tener un empleo o representar legalmente a sus hijos. Se basa en investigaciones llevadas a cabo entre abril de 2011 y enero de 2012, incluidas dos visitas de campo realizadas por investigadores de Human Rights Watch a Perú en julio de 2011, y luego en octubre y noviembre del mismo año. La investigación de campo se llevó a cabo principalmente en Lima y en las regiones de Cusco y Puno. Estas regiones fueron elegidas en función de su diversidad geográfica y demográfica (que incluye a personas de comunidades rurales e indígenas), y porque en ellas existe un grupo de organizaciones activas que trabajan con personas con discapacidad y se ofrecieron a realizar gestiones para facilitar las entrevistas.

Dos investigadores de Human Rights Watch permanecieron en Perú durante cuatro semanas y realizaron más de 100 entrevistas personales y telefónicas con una gran variedad de actores interesados, entre los cuales se contaban 65 personas con discapacidad o familiares de estas, representantes de organizaciones de personas con discapacidad, especialistas en derecho, legisladores y funcionarios gubernamentales.

Todas las entrevistas fueron facilitadas por organizaciones locales de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos de discapacidad. En todos los casos, Human Rights Watch realizó entrevistas a personas con discapacidad y procuró obtener su testimonio directo sobre experiencias relacionadas con el derecho a la participación política. Durante las entrevistas a 29 personas con discapacidad estuvieron presentes sus padres u otros familiares. Estos eran casos de personas con discapacidades que les impedían participar con seguridad en la entrevista o tenían dificultad para comunicarse o recordar detalles de sus experiencias.

Los entrevistados presentaban distintas discapacidades: físicas, sensoriales (personas ciegas, sordas o sordociegas), intelectuales y mentales. Algunas personas presentaban discapacidades múltiples.

Además, Human Rights Watch entrevistó a nueve funcionarios del gobierno local y nacional, entre los cuales estuvieron la ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social [3] y funcionarios clave del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y tres legisladores. También se entrevistó a 31 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, ONG locales e internacionales, donantes y organismos de las Naciones Unidas.

Las entrevistas fueron semiestructuradas y versaron sobre diversos temas de participación política. Antes de cada entrevista, se informó a los entrevistados sobre la finalidad del estudio y los temas que se tratarían, y se les preguntó si tenían interés en participar. Se les informó que podían interrumpir la entrevista en cualquier momento o negarse a responder preguntas concretas sin ningún tipo de consecuencia. No se ofrecieron ni brindaron incentivos a las personas entrevistadas. Se preguntó a las personas si deseaban que se mantuviera la confidencialidad de su identidad; pero todos los entrevistados que se citan en este informe optaron por que se usara su nombre real en lugar de seudónimos.

En el informe, las personas con discapacidad y sus familiares, salvo contadas excepciones, son identificadas únicamente por su nombre de pila, y en los casos en que dos o más personas tienen el mismo nombre, se agregó una inicial después del nombre.

Las entrevistas fueron realizadas por investigadores de Human Rights Watch en inglés, español y quechua, con intérpretes cuando fue necesario.

Uno de los desafíos durante la investigación fue poder inspirar confianza a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial para lograr que brindaran un testimonio completo. Esto fue particularmente complejo en los casos en que las personas tenían dificultades para comunicarse o una comprensión limitada de su entorno y los acontecimientos de la vida cotidiana. Para abordar este problema, Human Rights Watch trabajó en estrecha colaboración con organizaciones locales de personas con discapacidad, a fin de generar la confianza necesaria con las personas que serían entrevistadas. También consultamos a especialistas en discapacidad locales e internacionales sobre las buenas prácticas que resultaban adecuadas para entrevistar a personas con discapacidad intelectual o psicosocial.

Otra limitación de la investigación fue la falta de información disponible sobre personas con discapacidad. El Gobierno de Perú reconoció este problema en su informe al Comité de la CDPD de julio de 2010, y afirmó estar trabajando para superarlo.

Human Rights Watch también hizo consultas más generales a especialistas internacionales en derechos de personas con discapacidad durante diversas etapas de la investigación y redacción del informe. También se examinaron documentos oficiales del gobierno peruano e informes relevantes de donantes bilaterales y multilaterales, organismos de la ONU y ONG.