Recomendaciones
clave
Al Gobierno de
Perú
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Revisar exhaustivamente todas las leyes
internas e implementar reformas para cumplir plenamente con la CDPD,
incluidas las siguientes:
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Revisar la definición de discapacidad
contenida en la Ley General de la Persona con Discapacidad N.° 27050.
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Reformar de manera sustancial la ley sobre
capacidad jurídica para crear un sistema en el cual todas las personas
con discapacidad reciban asistencia para la toma de decisiones en vez de ser
privadas de la posibilidad de ejercer sus derechos, incluida la
modificación de los artículos 43 y 44 del Código Civil, de
modo que la interdicción judicial que redunda en la privación de
la capacidad legal de las personas no pueda ser dictada con base en una
discapacidad.
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Adoptar
medidas urgentes para garantizar que el sistema jurídico no permita
la aprobación de nuevos casos de interdicción con base en
una discapacidad.
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Adoptar medidas
para garantizar que todos los edificios abiertos al público y utilizados
como centros de votación o espacios públicos de reunión
sean accesibles para todos.
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Asegurar que la
capacitación de funcionarios electorales, miembros de mesas de sufragio,
policías, jueces, abogados y líderes de partidos políticos
incluya información y educación sobre los derechos y las
necesidades de las personas con discapacidad.
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Procurar la
participación activa de personas con discapacidad en la
capacitación de funcionarios y administradores electorales,
policías y líderes de partidos políticos sobre los derechos
de participación política de las personas con discapacidad.
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Difundir
información accesible sobre elecciones, plataformas de partidos
políticos y participación en la vida política (incluida información
en braille, lenguaje de señas y formatos de fácil lectura).
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Llevar a cabo
campañas de sensibilización pública sobre los derechos de
las personas con discapacidad y asegurar que las personas con discapacidad y
sus familiares conozcan sus derechos, incluido el derecho a un documento
nacional de identidad donde no consten restricciones.
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Consultar a
personas con discapacidad, a organizaciones que las representan y a sus
familiares para comprender y apoyar de manera más efectiva sus
necesidades relativas al derecho de participación política.
