Conclusión

Al momento de la redacción del presente informe, la nueva ley sobre inmigración de Alabama ha estado en vigor desde hace poco más de dos meses, pero las consecuencias han sido inmediatas y severas. El impacto económico se ha propagado en todo el estado: algunos agricultores y otras empresas afirman que no hay suficientes trabajadores, los negocios que dependen de la comunidad de inmigrantes han tenido una merma en su actividad y algunas empresas que no son de la región están reconsiderando sus planes de invertir en el estado. Los funcionarios estatales y locales se ven obligados a cumplir con un mandato infundado de aplicar la ley en un momento en que el estado no cuenta con suficiente presupuesto para gastos adicionales.

Las primeras consecuencias de la ley en términos humanos han sido devastadoras, si bien aún se desconoce cuál será su impacto total. Un sector de la población se ve imposibilitado de vivir del modo en que lo ha hecho durante años. Algunas personas han sido excluidas del acceso a servicios básicos como agua , y a muchas más les han advertido que no podían vivir en las casas de las cuales son propietarias. Si bien ha habido cambios en la interpretación de algunas disposiciones o éstas han sido invalidadas por los tribunales, aún subsisten otros artículos que niegan a inmigrantes no autorizados la protección igualitaria conforme a la ley. Esto ha disuadido a algunos inmigrantes no autorizados de denunciar delitos y otros hechos como la retención de sus salarios. Entre los más gravemente afectados por la ley se encuentran los hijos de inmigrantes no autorizados —un sector de la población especialmente vulnerable— muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Los legisladores afirman que se trata de “consecuencias no deseadas” de la ley, pero los promotores de la ley de Alabama fueron claros desde el comienzo sobre su intención de conseguir que a los inmigrantes no autorizados les fuera imposible vivir en el estado.

La responsabilidad de subsanar los problemas del sistema inmigratorio de Estados Unidos le compete en última instancia al Congreso estadounidense y al Presidente. El gobierno federal no ha asumido su responsabilidad frente a una situación en la cual la sociedad estadounidense obtiene provecho de un sector de la población cada vez más numeroso, y a la vez niega sus derechos. Sin embargo, no puede continuar permitiendo que las economías locales dependan del trabajo de inmigrantes no autorizados sin reconocer a esos residentes algún tipo de proceso que garantice el pleno respeto de sus derechos humanos.

La solución no puede consistir en la negación generalizada de sus derechos en el ámbito local. Alabama debe asumir su responsabilidad por haber adoptado una ley abusiva y con fines claramente desacertados. Otros estados y localidades han aprobado leyes similares, pero en la mayoría se han evitado las consecuencias gracias a que las disposiciones más gravosas fueron invalidadas por los tribunales. Los legisladores de Alabama están debatiendo actualmente la posibilidad de reformar la ley, y aún es posible que la justicia declare su nulidad o invalide las disposiciones más inadmisibles. No obstante, el impacto que ha tenido la ley de Alabama para el estado y sus residentes durante los dos primeros meses ha dejado una enseñanza a todos los gobiernos de los estados que buscan una solución al problema de los inmigrantes no autorizados. Si bien en Estados Unidos los gobiernos de los estados no tienen facultades para promulgar leyes que brinden la posibilidad de obtener ciudadanía para inmigrantes no autorizados, los estados deberían hacer lo que está a su alcance: asegurar que se respeten los derechos humanos fundamentales de quienes viven en sus comunidades, con independencia de su condición migratoria, y ejercer presión política sobre el gobierno estadounidense para que se adopte una solución integral.

Los electores estadounidenses también tienen la obligación de asegurar que se protejan los derechos de todas las personas dentro del país, incluidos los inmigrantes no autorizados. Las consecuencias de la ley de Alabama dejan en claro que las medidas que procuran negar los derechos de inmigrantes no autorizados afectan a la población en general, en particular los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes que mantienen vínculos familiares, comerciales y comunitarios con estos inmigrantes.

Paolo B., un joven de 27 años que vive en Alabama desde los 15, sigue creyendo en el estado que tanto le ha dado: una familia, un hogar y un empleo que lo hace feliz. Dijo a Human Rights Watch: “Las personas que impulsaron la ley no representan a todas las personas del estado” [207] . Instamos a los ciudadanos de Alabama a que exijan a sus representantes que deroguen la ley y demuestren que son merecedores de esta confianza.