IV. Consecuencias de la Ley Beason-Hammon en los niños

Alguien debería luchar por los derechos de los niños.

—Alma R., inmigrante no autorizada, residente en Alabama durante 14 años y madre de dos niños estadounidenses, 30 de octubre de 2011

La ley sobre inmigración de Alabama también pone en peligro el bienestar de los niños. Al generar incentivos para que los padres eviten tener contacto con autoridades o incluso ser vistos en público, ha creado nuevos obstáculos que se interponen a la posibilidad de que sus hijos —muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses [164] — reciban atención de la salud y educación.

Tanto el derecho constitucional estadounidense como las normas internacionales de derechos humanos reconocen la situación especial de los niños y sus necesidades específicas de protección y cuidado. En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso Plyler v. Doe que los hijos de inmigrantes no autorizados tenían derecho a recibir educación en escuelas públicas. La Corte señaló que aun si un estado preveía consecuencias para los adultos que ingresaran a Estados Unidos de manera ilegal, “cualquier ley que extendiera a los hijos la responsabilidad por la conducta indebida de sus padres no sería compatible con los conceptos fundamentales de justicia” [165] . Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de los niños. El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a los niños el derecho a “las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” [166] . El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “[s]e debe conceder a la familia... la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición” [167] . La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal” [168] .

La ley de Alabama no toma en cuenta ninguno de estos conceptos sobre derechos de la niñez, e incrementa la posibilidad de que se separe a padres de hijos que tienen ciudadanía estadounidense. Intensifica las medidas de aplicación de la ley sin que esto se acompañe con una reforma de la política inmigratoria, lo cual exacerba las falencias del sistema federal de inmigración en lo que respecta a la preservación de la unidad familiar [169] . Los inmigrantes no autorizados cuyos hijos tienen ciudadanía estadounidense se enfrentan a la difícil situación, en caso de ser deportados, de decidir si dejar a sus hijos en Estados Unidos, sabiendo que pueden perder la custodia de sus hijos y el contacto con ellos [170] . Los inmigrantes no autorizados que residen en Alabama son conscientes de estos riesgos, y en respuesta algunos han otorgado poderes a familiares y amigos estadounidenses para el supuesto de que sean detenidos, deportados y separados de sus hijos [171] .

Consecuencias para el acceso a servicios básicos y la atención de la salud

Cuando se niega a padres que son inmigrantes no autorizados el acceso a necesidades básicas de la vida cotidiana, como agua y vivienda, también se niega inevitablemente estos derechos a sus hijos. Algunos padres de Alabama dijeron a Human Rights Watch que, a causa de la Ley Beason-Hammon, se habían visto obligados a limitar severamente sus actividades, con consecuencias negativas para la salud de sus hijos.

Una recepcionista de un consultorio pediátrico en Albertville, que trabaja además en un centro de salud rural, informó haber registrado un incremento de la cantidad de cancelaciones y que hay menos pacientes desde que entró en vigor la ley de Alabama [174] . La madre de una niña de 9 años que padece una enfermedad cardíaca grave intentó contener las lágrimas cuando nos contó que había cancelado la cita de seguimiento a la cual su hija debe acudir cada seis meses, porque sentía que no podía arriesgarse a conducir hasta el hospital en Birmingham, que quedaba a una hora y media de distancia [175] . Otras personas contaron que también tenían temor de llevar a sus hijos a citas médicas necesarias [176] . Una persona dijo que conocía varias madres que temían conducir para ir a recoger la leche para sus hijos que entrega el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (conocido como WIC), un programa federal que brinda alimentos a mujeres embarazadas de bajos ingresos y niños de hasta cinco años que están expuestos a riesgo de desnutrición. Si bien ella también reside en el país sin autorización, se arriesgaba a recoger la leche para sus vecinos [177] . El intérprete Luis Robledo denunció ante ACLU que una mujer y su hijo pequeño, este último de nacionalidad estadounidense, ambos VIH positivos, habían decidido irse de Alabama y trasladarse a Guatemala luego de que la ley entró en vigor, pese a que el centro médico más próximo a la localidad de donde era originaria la mujer quedaba a tres horas en automóvil [178] .

Como se señaló anteriormente, la decisión de los padres de evitar conducir y de mantener el menor contacto posible con los agentes encargados de la aplicación de la ley también ha repercutido profundamente en las actividades de sus hijos. Varios padres señalaron que ya no llevan a sus hijos a reuniones o partidos para actividades como fútbol, entrenamiento de porristas y Boy Scouts [179] . A los niños que quieren salir durante Halloween a pedir dulces o asistir a los carnavales organizados durante el festival local del maní se les dice que es demasiado peligroso, y las familias tampoco salen a pescar ni van a la playa [180] . Muchos padres dijeron a Human Rights Watch que sus hijos entendían que ya no podían formar parte del equipo de fútbol ni de los Boy Scouts, pero que aún tenían secuelas emocionales. Cuando Ana S. explicó a sus hijas de 6 y 11 años que si las llevaba a entrenamientos o partidos de fútbol podían detenerla, “ellas entendieron, pero se pusieron a llorar” [181] . Otra madre contó acongojada que su hija ya no siente que pertenezca al estado donde nació y pregunta: “¿Por qué estamos aquí? No nos quieren” [182] .

Consecuencias para el acceso a la educación

El artículo 28 de la Ley Beason-Hammon tuvo consecuencias inmediatas para los niños, al exigir que las escuelas verificaran la condición migratoria de sus estudiantes. El derecho a la educación es un derecho fundamental que corresponde a todos los niños, con independencia de su condición migratoria, y se encuentra protegido por el derecho estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos [183] . Si bien la ley de Alabama no prohíbe expresamente que los niños asistan a la escuela, la disposición ha tenido un fuerte efecto disuasivo y se desconocen cuáles serán totalmente los efectos. Desde que la ley entró en vigor, el 28 de septiembre de 2011, hasta el momento en que el Tribunal de Apelaciones del 11°Circuito dispuso en forma preliminar la inaplicabilidad del artículo 28, el 14 de octubre de 2011 [184] , la asistencia de niños de origen hispano a las escuelas públicas ha sido bastante menor de lo habitual. Según el Departamento de Educación del estado, más de 5,000 niños de origen hispano se ausentaron de la escuela, en un momento en que el ausentismo esperable era de cerca de 1,000 [185] . La población escolar de origen hispano en Alabama asciende a cerca de 31,000 estudiantes, algunos de ellos con ciudadanía estadounidense [186] . El procurador general Strange recomendó en diciembre a la legislatura que derogara esta disposición [187] , pero como se demuestra en los relatos que se presentan a continuación, el impacto negativo que ha tenido la ley respecto del derecho a la educación de los niños no ha sido resultado del artículo 28 únicamente.  

Las autoridades escolares que hablaron con Human Rights Watch dijeron que luego de que la justicia resolvió la inaplicabilidad del artículo 28, algunos niños regresaron a la escuela pero otros ya se habían dado de baja formalmente. Algunos estudiantes que formaban parte de Head Start, un programa federal de nivel preescolar para niños de sectores menos favorecidos, no pudieron reinscribirse ya que perdieron su lugar [188] . Algunos estudiantes que cancelaron su inscripción presuntamente se habrían mudado a otros estados, pero aun suponiendo que hayan conseguido reinscribirse en escuelas en otros lugares, esto supuso la pérdida de tiempo y valiosas oportunidades educativas [189] . Una maestra que enseña inglés como segunda lengua en Birmingham comentó al respecto: “Tuve que hablar con un niño pequeño cuyo padre iba a sacarlo de la escuela... Le dije que su padre estaba haciendo lo que consideraba mejor, pero igualmente se sentía desolado por tener que dejar a sus amigos” [190] .

La mayoría de los padres que son inmigrantes no autorizados y que hablaron con Human Rights Watch dijeron que las autoridades de las escuelas habían instado a sus hijos a que continuaran asistiendo luego de que la ley entrara en vigor [191] , y la Junta Educativa de Birmingham emitió una resolución en la cual repudiaba la ley [192] . No obstante, algunos docentes informaron que hay niños que aún no han regresado a clases porque sus padres temen conducir hasta la escuela, y una ciudadana estadounidense dijo que se encarga de llevar a la escuela a la hija de otra mujer que tiene miedo de conducir [193] . Una de las razones principales de este temor es la presencia de policías en las escuelas. Patricia Armour, que trabaja como docente en Foley, señaló que ya había policías en las escuelas antes de la aprobación de la ley sobre inmigración de Alabama, pero que tras su aprobación su presencia ha adquirido un nuevo significado, y que los padres llaman y dicen haber visto a policías y que no quieren acercarse a dejar a sus niños [194] . En otra localidad, como se explica más adelante, una mujer contó que deja a su hija en la escuela a las 6:30 a.m. para evitar tener contacto con la policía [195] . Human Rights Watch visitó la escuela y comprobó que la policía tiene una presencia visible, con patrullas aparcadas en los caminos de acceso a la institución [196] .

Varios docentes y un director de una escuela informaron que algunos de los niños que continúan asistiendo a clases están consternados y que les cuesta entender por qué muchos de sus compañeros ya no están. La escuela primaria Foley Elementary School, donde el 20 por ciento del alumnado es de origen latino, tuvo que implementar su “estrategia de respuesta ante casos de crisis” durante los días siguientes a la entrada en vigor de la Ley Beason-Hammon para brindar asistencia a los niños que lloraban y se sentían atemorizados [198] . Una madre expresó su profunda preocupación porque las calificaciones de su hijo de 12 años habían empeorado y ya no tenía interés siquiera en las actividades que sí podía continuar [199] . Una docente de Birmingham contó lo difícil que fue tratar de consolar a una niña pequeña que, luego de llegar a la escuela, quería regresar inmediatamente a su casa para ver que estuvieran sus padres, pese a que ellos son residentes legales permanentes [200] . Esa misma maestra comentó que algunos estudiantes le habían preguntado a ella y a otros docentes si los adoptarían si algo les sucedía a sus padres [201] .

Incluso en los casos de estudiantes que pueden continuar asistiendo habitualmente a la escuela, muchos padres indicaron que cada vez eran más comunes los actos de hostigamiento y abuso. Patricia T., nacida en Estados Unidos pero de ascendencia portorriqueña, contó que a su hijo, también ciudadano estadounidense, un compañero le preguntó: “¿Tienes una green card?” Cuando respondió espontáneamente que no, su compañero le dijo: “Vas a tener que irte del país” [202] . Otros compañeros le preguntaron: “¿Por qué estás aquí?” [203] . Otros seis padres, que viven en distintas localidades de Alabama, ofrecieron relatos similares sobre niños que hacían comentarios como “¿Qué haces aquí? ¿Por qué no regresas?”, en tanto un docente de Foley contó que algunos vecinos arrojan objetos y gritan a los estudiantes cuando estos caminan hasta las paradas de autobuses [204] . En algunos casos, las autoridades escolares mostraron una actitud de colaboración y tomaron medidas para poner fin al hostigamiento, pero en dos escuelas hubo padres que se mostraron decepcionados porque los docentes no hicieron nada y respondieron con comentarios como “Son sólo cosas de niños” [205] .